Sentencias Destacadas 2008

Editor

ANUARIO DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA Libertad y Desarrollo es un centro de estudios privado, independiente de todo grupo político, económico, social, empresarial, religioso y de gobierno, cuyo objetivo principal es el estudio, análisis y proposiciones de políticas públicas desde el punto de vista de una sociedad de libertades.

Como centro de estudios e investigación, Libertad y Desarrollo nació hace 16 años para promover la libertad en los campos económico, social y político, a través de propuestas concretas para el perfeccionamiento de una sociedad libre. En diversas áreas de acción los investigadores combinan una sólida formación académica con el conocimiento de las tareas de gobierno.

Arturo Fermandois Vöhringer

Máster en Políticas Públicas, Universidad de Harvard Profesor Visitante Facultad de Derecho, Universidad de Harvard Profesor Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile

Rodrigo Delaveau Swett

Analizar los fallos más importantes de cada año desde la perspectiva de la sociedad libre es la intención del grupo de prestigiosos abogados y académicos que conforman el Consejo Editorial. Sabemos que la sociedad libre se levanta sobre principios como el debido proceso, el derecho de propiedad, la libertad de enseñanza, la libertad de emprender y un Estado con poderes limitados, entre tantos otros.

Todos ellos son de aplicación diaria en los tribunales, los que, a través de sus sentencias, los protegen, configuran o, en ocasiones, afectan gravemente. Son estas sentencias las que pretendemos destacar o criticar en este número y en los sucesivos que se editen anualmente.

Máster y Doctorando en Derecho, Universidad de Chicago Magíster y Profesor de Derecho, Universidad Católica de Chile Director Programa Justicia, Libertad y Desarrollo

Autores

Felipe Bahamóndez Prieto

Máster en Derecho, Universidad de Harvard Profesor y Director del MDE, Universidad Católica de Chile

Jorge Baraona González

Profesor de Derecho Civil, Universidad de los Andes Universidad de Chile

José Manuel Bustamante Gubbins

Máster en Derecho, Universidad de Chicago Profesor de Derecho de la Competencia, Universidad de los Andes

Edesio Carrasco Quiroga

Máster (c), Universidad de Berkeley Profesor de Derecho, Universidad Católica de Chile

El análisis que año a año se hará de los fallos colabora a fortalecer el prestigio de los tribunales de justicia y es un medio eficaz para contribuir a una institución de enorme importancia en la vida nacional. Un Poder Judicial eficiente, transparente y consistente en sus decisiones es fundamental para el progreso de una sociedad, y de todos y cada uno de los individuos que la componen. Por ello, destacar las buenas sentencias es un camino concreto para incentivar los análisis bien enfocados de los magistrados. Al mismo tiempo, criticar aquellos que se alejan de los principios es una forma de detener la mirada sobre decisiones jurídicas con consecuencias negativas que no debieran repetirse.

José Manuel Díaz de Valdés Juliá

Máster en Derecho universidades de Harvard y Cambridge Director de Investigación, Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo

Olga Feliú de Ortúzar

Abogada, Facultad de Derecho, Universidad de Chile Consejera del Colegio de Abogados y Arbitro de la Cámara de Comercio de Santiago

María Cristina Gajardo Harboe

Magíster Universidad Adolfo Ibáñez Profesora, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

Héctor Humeres Noguer

Magíster, Universidad de Chile Profesor, universidades de Chile, del Desarrollo y Gabriela Mistral

Macarena Letelier Velasco Abogada, Universidad de Chile

Arturo Matte Izquierdo

Abogado, Universidad Católica de Chile

Manuel Antonio Núñez Poblete

Doctor en Derecho, Universidad Santiago de Compostela Profesor y Director Facultad de Derecho, Universidad Católica del Norte

Alejandro Parodi Tabak

Corte Suprema • Cortes de Apelaciones • Tribunal Constitucional Tribunal de la Libre Competencia

Abogado, Universidad Católica de Chile Profesor, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile

Gonzalo Rencoret Portales

Abogado, Universidad Católica de Chile Profesor, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile

Sebastián Soto Velasco

Máster en Derecho, Universidad de Columbia Director Programa Legislativo, Libertad y Desarrollo

Sebastián Zárate Rojas

Doctorando en Derecho, Universidad de Bristol Profesor, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile

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Sentencias Destacadas 2008 Una mirada desde la perspectiva de las políticas públicas

Primera edición de 1.000 ejemplares Agosto 2009 Registro Propiedad Intelectual Inscripción Nº 182.906 ISBN: ISBN:978-956-7183-54-8 978-956-7183-31-9 Derechos Reservados.

Toda reproducción total o parcial está prohibida sin la debida autorización, excepto para citas o comentarios.

Diseño e impresión: Alfabeta Artes Gráficas Carmen 1985 - Fono Fax: 364 9242

Sentencias Destacadas • 2008 •

Rodrigo Delaveau Swett Libertad y Desarrollo

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P. Universidad Católica de Chile

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Arturo Fermandois Vöhringer

Consejo Editorial

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Víctor Manuel Avilés Hernández

Pablo Kangiser Gómez Libertad y Desarrollo

Guillermo Bruna Contreras

Francisco Orrego Bauzá

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Universidad de Chile

Axel Buchheister Rosas

Claudio Osorio Johannsen

Rodrigo Delaveau Swett

Juan José Romero Guzmán

Álvaro Fernández Díaz P. Universidad Católica de Chile

Jorge Vial Álamos P. Universidad Católica de Chile

Sebastián Soto Velasco

José Francisco García García

P. Universidad Católica de Chile

Libertad y Desarrollo

Libertad y Desarrollo

Libertad y Desarrollo

Libertad y Desarrollo

Universidad Adolfo Ibáñez

P. Universidad Católica de Chile

Universidad del Desarrollo

Arturo Fermandois Vöhringer P. Universidad Católica de Chile

Índice Prólogo.............................................................................................9

I. Tribunal constitucional 1. La Ley de Presupuestos ¿Es Propiamente una Ley? Olga Feliú De Ortuzar y Macarena Letelier Velasco..............17

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2. El Abogado de Turno: Un Trabajo Forzoso Hector Humeres......................................................................37

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3. La Píldora del día después: Principales aspectos

de un Fallo polémico e incómodo

José Manuel Díaz De Valdés Juliá............................................69

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En torno al Daño Moral: Entre los Principios, las Reglas y las Excepciones. Un comentario crítico al Fallo del Tribunal Constitucional que declaró inaplicable el artículo 2331 del Código Civil Jorge Baraona Gonzalez......................................................145

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4. Límites al Financiamiento de las Políticas Públicas en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

(Transantiago I y II). “El de atrás paga” Manuel Antonio Núñez Poblete...........................................123

6. Fallo Isapres: Una mirada a los Derechos Sociales

y al rol de los Jueces Sebastián Soto Velasco.........................................................171 7. Acceso a la justicia, igualdad ante la ley y el término

del solve et repete: un valioso cambio en la

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Edesio Carrasco Quiroga.....................................................215

II. Corte suprema 8. Las sentencias de la ley de subcontratación: una lección

laboral del principio de legalidad de la administración María Cristina Gajardo Harboe............................................239

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Sentencias Destacadas 2008

9.

Sanciones disciplinarias por agresiones desplegadas por alumnos a través de un fotolog. Jurisprudencia constitucional sobre bullying en Chile Arturo Matte Izquierdo.......................................................261

10. La solución constitucional de un conflicto de

hermenéutica legal

Alejandro Parodi Tabak........................................................279

III. Tribunal de defensa de la libre competencia

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11. La resolución del Tribunal de Defensa de la Libre

Competencia respecto del proyecto de fusión de

Falabella y D&S

José Manuel Bustamante Gubbins y Gonzalo Rencoret Portales.................................................309

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IV. Justicia arbitral

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12. La Libertad Económica y Estado Empresario:

cuando la interpretación importa Sebastián Zárate Rojas. .........................................................327

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13. Fallo Gasatacama: El Cambio de Circunstancias en

los Contratos. Quo Vadis?

Felipe Bahamondez Prieto. ....................................................351 Biografías de los editores...............................................................409 Biografías de los autores................................................................411 Sentencias analizadas...................................................................417

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Prólogo Cinco años de crítica técnica a los jueces Hemos llegado nuevamente a puerto: ofrecemos a la comunidad jurídica, económica, intelectual y política una nueva edición de Sentencias Destacadas, libro anual de jurisprudencia que edita Libertad y Desarrollo.

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Trece comentarios a fallos judiciales dan forma a nuestro volumen de 2009, quizá el más extenso, minucioso, variado y controversial de todos los editados en este quinquenio, iniciado en 2005 sobre fallos del año judicial 2004.

Revisemos algunos elementos que hacen a esta quinta edición una muy singular.

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Primero, la consistencia del trabajo de los equipos humanos de Libertad y Desarrollo, de sus colaboradores y académicos invitados. Con crecientes grados de diversidad, eficiencia y vocación, en torno a este libro se han venido convocando y cobijando profesores y abogados, algunos jóvenes, otros experimentados, y todos muy calificados, que desean contribuir al análisis del mundo judicial desde la perspectiva de la libertad.

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El trabajo entusiasta de estos equipos permite asegurar que este libro no es un intento, es una realidad; no es una aventura, es un proyecto que se extiende anualmente al presente y al futuro en una zona de grandes carencias en Chile: la crítica técnica a las decisiones judiciales. Cuando comenzamos en 2004 esta idea quisimos emular el prestigiado Supreme Court Review, del Cato Institute en Estados Unidos. Hoy, en 2009, sabemos que la semilla está sembrada y avanza.

Un segundo elemento peculiar de esta edición es su variedad. Además de los tradicionales comentarios a decisiones de los máximos tribunales que usualmente se han escrutado en estas páginas –Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia–, ahora se incluye una sentencia arbitral de máxima relevancia económica y energética pronunciada en 2008 (caso GasAtacama). Hemos convidado entonces a la jurisdicción arbitral a la mesa de nuestro esfuerzo por la libertad en este libro.

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Sentencias Destacadas 2008

En tercer lugar, esta Edición 2009 refleja el inmenso impacto público de cuatro o cinco decisiones que traumatizaron fuertemente el debate político, jurídico y moral de Chile en 2008. Así, nuestros expertos comentan los fallos Píldora II, Transantiago II e ISAPRE del Tribunal Constitucional, del cual también emanaron los no menos trascendentes Turno de Abogados y Art. 2331 del Código Civil. Todos ellos, junto a decisiones sobre ley de presupuestos, sometieron a la Magistratura Constitucional a una fuerte prueba institucional, al exterior –intensa crítica pública– e interior –divergencias, disensos, prevenciones, empates y dirimencias– todo lo cual lo hizo atravesar con éxito, a nuestro juicio, por trances inéditos.

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La Corte Suprema, por su parte, ofreció entre otros sus trascendentales fallos en materia de Subcontratación (recursos de protección), que la colocaron en primera fila del debate laboral, empresarial y organizacional del país. La agresiva forma de interpretar el Código del Trabajo por las inspecciones del trabajo llevó a las empresas una tensión que, para rescate de una mínima libertad de contratación y de autonomía empresarial, el máximo tribunal resolvió con decisión y acierto.

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En materia antimonopólica, esta edición trae el comentario de aquella decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que, con ocasión de una consulta, impidió la fusión entre las empresas D&S y Falabella. Trátase de la primera vez que, en lugar de imponer requisitos a una operación, derechamente se le prohíbe.

Identificando la línea de la libertad El objetivo fundante de esta publicación es rescatar las sentencias que más contribuyen a una sociedad de libertades. Para esto, se hace necesario usar instrumentos sofisticados de análisis: teoría de los derechos fundamentales, políticas públicas y análisis económico del derecho.

A veces, identificar el lugar genuino de la libertad en un conflicto complejo, no es fácil. Así por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 2.331 del Código Civil, que impide la indemnización por daño moral en caso de daño a la honra, ¿sirvió a la libertad? Por una parte, como lo sostiene el ministro Bertelsen en ese dictamen, parece no avenirse con una adecuada protección de la persona la norma legal que excluye, siempre y en toda

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Prólogo

circunstancia, el daño moral por afectación de la honra. La libertad parece ahí comprometida. Pero, como lo planteará el respectivo comentarista, si Bello obró de esta forma al redactar el Código Civil para favorecer el libre flujo de opiniones en una sociedad democrática, otra perspectiva libertaria emerge.

Otros casos nos llevarán a una duda razonable similar. En el caso de la sentencia arbitral GasAtacama, ¿qué se aviene mejor con la libertad, proteger a la empresa generadora que enfrenta un gravoso cambio de circunstancias en la generación de energía, o a la distribuidora que atribuye al contrato el valor supremo depositario de la autonomía de la voluntad? ¿Y si ambas partes prefirieron no prever estos riesgos? El comentarista planteará el óptimo económico y aportará este elemento a la solución del problema.

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En materia pública, la libertad celebra con entusiasmo el voto de mayoría en Transantiago II y el voto unánime en Turno de Abogados, pero se lamenta en el fallo sobre las ISAPRE. En el primer caso, si concordamos en que un principio constitucional básico es exigir una ley para el endeudamiento público (arts. 63 Nºs 7, 8 y 9 de la Carta Fundamental), la declaración de inconstitucionalidad de los simples decretos que autorizaron el cuantioso crédito contratado con el BID respalda el derecho de las personas para participar en el debate público, en el Congreso. Ello, máxime si el empréstito excede el período presidencial. En la sentencia Turno de Abogados, una sociedad libre también celebra el que hoy, en el siglo XXI, la ley no pueda imponer cargas públicas gravosas y sin retribución alguna, soportadas solo por un sector de la ciudadanía. Pero como subrayará nuestro comentarista en las páginas centrales, el fallo de las ISAPRE del Tribunal Constitucional no parece feliz para la libertad si, con ocasión de realizar un positivo desarrollo dogmático de los derechos sociales, queda sin efecto una ley, sin valor un contrato libremente celebrado, sin financiamiento una cobertura privada de salud y sin fortaleza suficiente el sistema de control concreto de constitucionalidad. Ello, al reconocerse en la sentencia que la ley que permite el alza de planes de salud por aplicación de la tabla de factores de riesgo, es razonable y no inconstitucional en abstracto.

En fin, es tarea de nuestros académicos invitados persuadir al lector sobre lo acertado o errado de cada decisión judicial analizada, y de este último adherir o no a nuestros planteamientos libertarios. En eso consiste el debate al que convidamos en esta edición.

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Sentencias Destacadas 2008

Las sentencias y sus comentarios

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En el interesante trabajo sobre la Ley de Presupuesto de las juristas doña Olga Feliú y Macarena Letelier, destacan las autoras que a través de las leyes de presupuestos, se han puesto en ejecución numerosos proyectos de trascendencia, con alta inversión de fondos públicos, sin la debida discusión legislativa, denunciando el hecho que ha ido en aumento la creación de múltiples programas en los presupuestos con cientos de normas de excepción a las leyes generales vigentes, establecidas en simples glosas presupuestarias. La mera inclusión de recursos del Estado y de glosas en la ley de presupuestos no sería el medio constitucionalmente admisible para otorgar nuevas funciones a los órganos públicos o para disponer normas de excepción a las reglas generales para los servidores públicos y el manejo de recursos públicos, ya que permitiría sustraer de la debida discusión parlamentaria la puesta en marcha de proyectos analizados solo por el Gobierno.

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El comentario de profesor de derecho laboral Héctor Humeres sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ya comentada institución del abogado de turno, concluye que es positiva, porque estamos frente a un trabajo forzoso. Ello porque se impone a los abogados, en forma gratuita, una carga pública de carácter personal, afectando con dicha medida radicalmente su libre ejercicio profesional. Humeres se hace igualmente cargo de los reclamos del Colegio de Abogados ante la Corte Suprema y la OIT, por vulnerarse aquí el Convenio Nº 129 sobre trabajo forzoso. Más interesantes aún son las propuestas que el autor recoge para sustituir esta institución, entre las que se encuentran la posibilidad de crear un voucher judicial que subsidie a la demanda –y no a la oferta– haciendo conciliables el pleno respeto a la igualdad ante las cargas, por un lado, y al derecho constitucional de igual acceso en el ejercicio de los derechos para personas que no puedan procurarse un abogado por sus propios medios.

Como anunciamos, un comentario ineludible para esta edición es de la sentencia del TC sobre la llamada píldora del día después, escrito por el profesor José Manuel Díaz de Valdés. Consideraciones de supremacía constitucional, protección de derechos fundamentales, funcionamiento institucional, coherencia del sistema jurídico, entre otros, indican que contundente y controversial fallo debería producir efectos más allá de la sola invalidación del Decreto Supremo impugnado. En el artículo, el autor concluye que a consecuencia de esta sentencia una ley de aborto necesariamente requeriría de una reforma constitucional previa, develando la incómoda posición de

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Prólogo

zanjar un conflicto particularmente bullado y cruzado de elementos extrajurídicos (morales, religiosos, valóricos), sin contar con hechos científicos incontrastables que le sirvan de fundamento, pero que no obstante se transformó en un deber ineludible para el TC, lo que asimismo puede resaltar su dificultad contramayoritaria.

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Igualmente ineludible para esta edición resultan los análisis sobre las sentencias del Transantiago. El académico Manuel Antonio Núñez realiza un gran trabajo al develar la organización cuestionada de este sistema de transporte, el que se traduce en una compleja red de sujetos y contratos concernidos en una actividad empresarial donde la multiplicidad de roles que asume el Estado juega en contra de las posibilidades de control jurídico y parlamentario. El fallo Transantiago II representa un hito relevante en la jurisprudencia constitucional sobre sujeción al principio de reserva legal en materia financiera estatal, donde ni el legislador, a través de la creación de supuestas cuentas privadas de repago con capacidad de endeudamiento, ni el gobierno a través de la gestión de créditos nacionales e internacionales, pueden sustraerse al cumplimiento de las normas constitucionales sobre administración financiera y presupuestaria del Estado.

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Por su parte, el profesor Jorge Baraona comenta sobre la sentencia que declaró inaplicable el artículo 2331 del Código Civil, relativo al daño moral. El artículo destaca que la necesaria estabilidad que deben darse en las relaciones jurídicas se ve amenazada cuando la justicia constitucional niega el derecho al legislador para ponderar las situaciones, y proclama que el daño moral tiene rango constitucional, no solo desde el punto de vista de su justificación general, sino que, además, para considerar ilícito cualquier restricción al mismo. El autor pone la mirada sobre el otro bien que parece estar bajo amparo, la libertad de opinión y de prensa en general, afirmando que es razonable que la moderación del conflicto quede entregada al legislador, pues ello favorece la libre circulación de las ideas.

El artículo del abogado Sebastián Soto sobre el fallo de las ISAPRE, realiza una mirada sobre la naturaleza jurídica de los denominados “derechos sociales” y sobre el rol de los jueces en relación con aquellos. El artículo se detiene brevemente en la forma en que el TC declaró inaplicable por inconstitucional el mecanismo de alza de precios a los planes de salud que el Congreso había ideado hace algunos años. Para ello primero se da una mirada a la discusión actual en torno a los derechos sociales. El autor prefiere profundizar en el verdadero rol que estos derechos –con características y ámbitos de

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Sentencias Destacadas 2008

aplicación especiales– juegan en una sociedad libre. Especial énfasis se da al rol de los jueces en su aplicación y ponderación y al papel que le cabe al Estado y a los particulares en su concreción.

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Cerrando los comentarios sobre sentencias del TC, el profesor Edesio Carrasco escribe sobre la institución del llamado solve et repete (paga y reclama), donde declara inconstitucional el inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo, que establece que para reclamar judicialmente una multa impuesta por la Dirección del Trabajo, se debe previamente pagar una tercera parte de ella. El derecho al acceso a la justicia, señala el autor, como la igualdad ante la ley, especialmente cuando se litiga contra el Estado, han salido fortalecidos al examinar la sentencia objeto de este trabajo. Resalta igualmente que el TC, rompiendo con una jurisprudencia anterior a veces contradictoria, haya fijado un criterio más estable, lo cual también es una positiva señal para el legislador.

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En cuanto a las sentencias de la Corte Suprema, la abogada María Cristina Gajardo hace una magnífica descripción de las sentencias dictadas por la Corte Suprema, con ocasión del conflicto suscitado entre la Dirección del Trabajo y la fiscalización efectuada por algunos de sus inspectores a las empresas CODELCO Chile y Minera Escondida en relación con la “Ley de Subcontratación”. El artículo vincula el resultado de estos casos con el Estado de Derecho, donde finalmente las actuaciones de los órganos de la administración del Estado deben ajustarse al ordenamiento jurídico vigente sin excepciones, y no es lícito a dichos órganos automarginarse del ordenamiento jurídico, bajo el pretexto de perseguir fines sociales, morales, políticos u otros, porque con estas actuaciones se debilita el Estado de Derecho.

El profesor Alejandro Parodi comenta otra sentencia de la Corte Suprema, esta vez sobre el cambio de criterio que tuvo en máximo tribunal en cuando a la procedencia del recurso de apelación en relación a las multas cursadas por la Dirección del Trabajo, para cuyo fundamente se utilizó el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución. Subraya el autor que el fallo lega un efecto, un fundamento y una señal virtuosa. Al afirmar que uno de los elementos básicos del debido proceso es el derecho de los litigantes de recurrir en contra de las resoluciones que estimen agraviantes, el fundamento virtuoso es la invocación de normas constitucionales para zanjar un conflicto de hermenéutica legal. La Corte además demostró, para Parodi, que está dispuesta a cambiar su jurisprudencia con tal de proteger los derechos de las personas.

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Prólogo

En un área poco estudiada en nuestro Derecho, el abogado Arturo Matte analiza la jurisprudencia de la Suprema Corte en cuanto al denominado “Bullying” o el acoso escolar por medio de internet, como fotolog, myspace y otros. En estos casos, a pesar de la sofisticación de los medios empleados, la Corte no se confunde y mantiene su criterio en cuanto al reconocimiento que ha dado a la autonomía los establecimientos educacionales, sin perjuicio de las limitaciones que esta posee, fundamentalmente, en lo que se refiere al cumplimiento del Reglamento interno de los colegios, reafirmando la vigencia y solidez que tiene en nuestra jurisprudencia la aplicación de la garantía constitucional de libertad de enseñanza en relación con las facultades disciplinarias de los colegios.

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En materia de Libre Competencia, hemos dicho que fue caso emblemático el llamado “D&S / Falabella”, analizado desde una perspectiva profesional por los abogados especialistas José Manuel Bustamante y Gonzalo Rencoret, quienes comentan sobre el “retail integrado.”

El rechazo a dicha fusión por el tribunal de Defensa de la Libre Competencia sentó un importante precedente en materia de control de concentraciones en Chile, ya que el Tribunal elevó a la categoría de mercado de referencia las relaciones entre los distintos negocios involucrados. Plantean los autores que, si hubiera centrado el análisis en los distintos mercados específicos afectados, pudo haber abierto la posibilidad de aprobar la operación adoptando determinadas medidas de mitigación. El fallo, por tanto, abre interrogantes respecto de la forma en que los particulares deben analizar la factibilidad de operaciones de concentración desde la perspectiva de libre competencia.

También en el área de la libre competencia, el profesor Sebastián Zárate se refiere al tema de la especialidad del giro empresarial estatal comentando tres acciones intentadas en contra de CONAF en las que se le imputa la realización no autorizada de un ejercicio empresarial.

El comentario se centra en la importancia que tiene para el ejercicio de la libertad económica la correcta interpretación de aquellos conceptos de los que deben pronunciarse los tribunales, y que inciden directamente en el resultado de la acción intentada. El autor se sumerge en conceptos tales como empresa y lucro, órgano público, servicio público o el alcance de la subsidiariedad y el principio de proporcionalidad. Así, la interpretación tiene una importancia esencial para la defensa de la libertad, y el control de cualquier acto en el que un órgano del Estado pretenda ingresar a una esfera de libertad preferentemente confiada a los particulares, como lo es la actividad empresarial.

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Sentencias Destacadas 2008

Finalmente, llegamos a nuestra sentencia arbitral, primicia de la Edición 2009. El profesor Felipe Bahamóndez ahonda en un texto profundo detallado sobre el fallo del juicio arbitral entre la generadora de electricidad GasAtacama, dirigida a obtener la declaración de no encontrarse obligada a dar cumplimiento a los contratos pactados con las demandadas, grupo de empresas distribuidoras pertenecientes al grupo Emel. El comentario aborda diversas instituciones, como el principio de buena fe contractual, la diligencia debida; la doctrina de la imprevisión y el caso fortuito, teniendo como trasfondo la crisis del gas natural y sus efectos en Chile, todo bajo un sólido análisis doctrinal.

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2008 fue año de decisiones judiciales trascendentes en Chile. Un año de controversias públicas agudas y decisiones que las resolvieron, unas con brillo y persuasión a la luz de las políticas públicas de la libertad. Otras, sin hacer gala de estos elementos. Unas y otras se comentan aquí para promover un año más de debate serio y constructivo en el Chile judicial objeto de nuestro libro Sentencias Destacadas.

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Arturo Fermandois V. Rodrigo Delaveau S. Editores

Católica de Chile

La ley de presupuestos ¿es propiamente una ley?

Olga Feliú de Ortúzar Macarena Letelier Velasco Abogadas

RESUMEN

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El presente artículo recae en el fallo del Tribunal Constitucional que acogió un reclamo de 32 Diputados respecto de una norma de la ley de presupuestos para el año 2008, que reglaba la conducta de los funcionarios de exclusiva confianza y que disponía que la participación de estos en actividades de proselitismo político infringía gravemente el principio de probidad administrativa y debía ser sancionada con la destitución.

En su sentencia el Tribunal declaró inconstitucional el precepto, por razones de forma, por ser ajeno a las ideas matrices de la ley de presupuestos.

En el comentario, si bien se coincide con lo resuelto por el Tribunal al declarar la inconstitucionalidad, se destacan las especiales características constitucionales de las leyes de presupuestos y sobre la base de esas peculiares condiciones se concluye que la inclusión de normas ajenas a los ingresos y gastos del Estado, no se ajusta a la Constitución Política.

Se destaca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en sentencia recaída en los autos rol Nº 1, de 1972, cuya tesis se comparte.

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SUMARIO

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I. Introducción. 1.2. La norma objetada y el requerimiento. 1.3. Observaciones del Ejecutivo. 1.4. Prevenciones. 1.5. Disidencia. 1.6. Disidencia. II. Consideraciones sobre el fallo. 2.1. Principio de legalidad de los gastos del Estado. 2.2. La ley de presupuestos. 3. Ideas matrices de los proyectos de ley. 4. La sentencia recaída en los autos rol 1005, que se comenta. 5. Fallo de 19 de enero de 1972, del Tribunal Constitucional, recaído en el presupuesto para 1972. 6. Observaciones generales en relación con las leyes de presupuestos. 6.1. La situación del Transantiago. 6.2. El aumento de funcionarios a contrata en la Administración. 6.3. Tipificación de delitos. 6.4. Programas “Mejoramiento de la Calidad de la Educación” o “Mece”, “Chile Crece Contigo” y otros similares. 6.5. Coordinación General de Concesiones. III Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN 1. Por sentencia recaída en los autos rol 1005, dictada el 27 de noviembre de 2007, el Tribunal Constitucional, en adelante el Tribunal, acogió el requerimiento formulado por la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados y declaró inconstitucional la segunda parte del artículo 24 del proyecto de la ley de presupuestos del Sector Público para el año 2008, por el vicio formal de contener materias ajenas a las ideas matrices de la ley.

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Sentencias Destacadas 2008

1.2. La norma objetada y el requerimiento

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La norma declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional es la segunda parte del artículo 24 de la ley Nº 20.232 cuyo tenor era el que se indica entre comillas, en forma destacada: Con la excepción del financiamiento y los reembolsos previstos en la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, considérase que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa cualquier uso de los gastos incluidos en el artículo 1° de la presente ley en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección popular, lo que será sancionado con la destitución del infractor, de conformidad al procedimiento y las normas generales que rijan al órgano en que se produjo la infracción. “Asimismo, considérase que vulnera gravemente la probidad administrativa, sancionándose con la misma medida, la participación de todo funcionario público de exclusiva confianza del Presidente de la República, en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad a las normas generales aplicables”.

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Los parlamentarios recurrentes formularon su requerimiento fundados en razones de fondo y de forma.

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En cuanto al fondo, según expresaron, la norma aprobada contravenía los derechos de igualdad ante la ley, a la vida privada, la libertad de conciencia y los derechos de reunión, de opinión, como asimismo, el de asegurar que el legislador debe respetar los derechos en su esencia, derechos todos asegurados en los números 2, 4, 6, 13, 12 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto a la forma, señalaron en su requerimiento que la norma antes transcrita había sido incorporada por una indicación parlamentaria en el segundo trámite en el Senado, transgrediendo el artículo 69 de la Constitución Política, en adelante Constitución, pues la norma aprobada no tiene relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

1.3. Observaciones del Ejecutivo El Vicepresidente de la República, por su parte, adhirió al requerimiento de los actores, y solicitó se acogiera tanto por los vicios de fondo esgrimidos cuanto por los de forma. En relación con estos últimos agregó que él debía ser acogido, además, pues la materia, propia de ley orgánica constitucional, estaba sometida al control preventivo

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La ley de presupuestos ¿es propiamente una ley?

de constitucionalidad, que no había cumplido, y recaía en materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Hizo presente, también, que “El presupuesto no puede convertirse en una ley que aborde cualquier asunto. Su contenido, por mandato constitucional, es selectivo”. En este sentido, recordó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del año 1972 que había aplicado esa tesis.

1.4. Prevenciones

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Concurrieron al fallo los Ministros señora Peña Torres y señor Fernández Fredes previniendo que el precepto, además, incurre en inconstitucionalidad de forma porque él complementa o modifica los artículos 19 y 62 de la ley Nº 18.575 y 27 de la ley Nº 19.884, de carácter orgánico constitucional y que no se dio cumplimiento al control preventivo ante el mismo Tribunal.

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1.5. Disidencia

El Ministro Fernández Baeza estuvo en contra del fallo de mayoría.

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A juicio de este magistrado, el Tribunal no debía limitar su pronunciamiento al eventual vicio de forma sino rechazarlo teniendo en consideración razones de fondo. En este sentido hace presente, en su disidencia, que la norma objetada por el fallo no excede la idea matriz del proyecto más que otros preceptos del mismo cuerpo legal, como es el caso del artículo 22 que dispone que los contratados a honorarios para ciertos cometidos tienen la calidad de “agentes públicos”, o de la primera parte del mismo artículo.

Más adelante el disidente considera que el requerimiento debe rechazarse porque el contenido del artículo impugnado incide en la probidad administrativa cautelada por nutridas normas constitucionales y legales y que la norma viene a precisar en cuanto a la naturaleza del desempeño político de quienes ostentan tales cargos, aun cuando lo hace con nivel de generalidad que –ese disidente– intenta reducir.

En ese sentido, agrega que “Los funcionarios públicos de exclusiva confianza del Presidente de la República no pueden ser privados de su derecho a realizar proselitismo, en el sentido referido, en todo momento y lugar, pero sí deben abstenerse de participar en campañas electorales durante el cumplimiento de sus funciones, conducta que de ejecutarse debe ser sancionada con las medidas que establece el

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Biografía de los editores Arturo Fermandois Vöhringer Abogado. Licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Chile. Recibió el Premio Monseñor Carlos Casanueva (Facultad Derecho UC) en 1985. Beca Comisión Fulbright de Chile (1993). Máster en Políticas Públicas, Universidad de Harvard (1994). Profesor Adjunto de planta en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile en las cátedras de Derecho Constitucional (carrera de Pregrado), desde 1994; Orden Público Económico (Magíster en Derecho de la Empresa), desde 1996; y Derecho Constitucional Avanzado I (Magíster y Postítulo en Derecho Público), desde 1999. Miembro del Comité Editorial de la Revista Chilena de Derecho, desde 2001. Autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y del libro Derecho Constitucional Económico: Garantías, Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I, Ediciones Universidad Católica, 2001 y en edición revisada 2006; y de Derecho Constitucional Aplicado, Ediciones Universidad Católica, 2008. Profesor visitante, Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, 2004-2005. Socio de Fermandois, Evans & Cia abogados. Miembro del Consejo de Expertos en Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, desde 2006.

Rodrigo Delaveau Swett Abogado. Máster y Doctorando en Derecho de la Universidad de Chicago. Licenciado y Magíster en Derecho Público Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 2004 y de Análisis Económico del Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez desde 2008. Investigador visitante en el Institute for Justice de Washington D.C. (2007). Es Director del Programa de Justicia de Libertad y Desarrollo, desempeñándose anteriormente en el Programa Legislativo de dicha institución a cargo de la oficina de LYD en el Congreso Nacional. Anteriormente se desempeñó como abogado en diversos estudios jurídicos. Coeditor del libro Sentencias Destacadas 2005 y autor de numerosos artículos en revistas especializadas y publicaciones jurídicas.

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Biografía de los autores Felipe Bahamóndez Prieto Abogado, Licenciado en Derecho de la Universidad de Chile. Becario Fulbright (1992). Máster en Derecho de la Universidad de Harvard (1993). Director del Magíster en Derecho de la Empresa y Profesor de Derecho Comercial de la Universidad Católica de Chile.

Autor de diversas publicaciones en revistas especializadas de Derecho y autor del libro La Prelación de Créditos, Editorial Jurídica de Chile (1993). Es socio de Bahamóndez, Alvarez & Zegers Ltda. desde el año 2000.

Jorge Baraona González Abogado. Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile (1985) y Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (1996). Su tesis doctoral se publicó como libro bajo el título “El retraso en el cumplimiento de las obligaciones”, por la Editorial Dyckinson, Madrid, en 1998. Ha editado dos libros: “Responsabilidad Civil de Entidades Corporativas”, en la serie Cuadernos de Extensión Jurídica Nº 7, Universidad de los Andes, Santiago, 2003, y “La responsabilidad pro accidentes del trabajo”, Cuadernos de Extensión jurídica Nº 10, Universidad de los Andes , Santiago 2005. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de los Andes y la P. Universidad Católica. Profesor visitante de la P. Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Piura. Profesor honorario de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Perú. Autor de varios trabajos científicos en Derecho Civil.

José MAnuel Bustamante gubbins Abogado. Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997, y Máster en Derecho (LL.M.) en The University of Chicago Law School, el 2002. Socio de Urenda, Rencores, Orrego y Dörr. Entre los años 2002 y 2003, trabajó como abogado en la firma Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton en Nueva York. Desde el año 2004 se desempeña como Profesor de Derecho de la Libre Competencia en la Universidad de los Andes. Entre otros artículos, ha

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Sentencias Destacadas 2008

publicado Trends in Chilean Antitrust Law, en The Antitrust Review of the Americas 2007, Global Competition Review, y Competencia Desleal: Inducción al Incumplimiento de Contratos y Ejercicio Abusivo de Acciones Judiciales, Cuadernos de Extensión Jurídica, U. de los Andes, 2007 (coautor). En 2007 The International Who’s Who of Competition Lawyers and Economists, publicada por Who’s Who Legal, lo nombró como uno de los lideres chilenos en materias relativas a competencia.

Edesio Carrasco Quiroga Abogado. Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile (2006), con certificado de especialidad en Derecho Público. Magíster (c) en Derecho Universidad de Berckley. Es Profesor Ayudante de Derecho Constitucional en dicha casa de estudios y actual becario Conycit para estudios de Magíster en el extranjero (2009-2010). Abogado asociado a Allende Bascuñán y Cía. desde el 2006.

José Manuel Díaz de Valdés Julia Abogado, Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Premios Tocornal, Montenegro y Rosas). Magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Premio Alejandro Silva Bascuñán y Becario CONICYT). Máster en Derecho de la Universidad de Cambridge (Becario British Council). Máster en Derecho de la Universidad de Harvard (Becario Fulbright y Becario Presidente de la República). Director de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor del Magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Olga Feliú Segovia Abogada. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ex Jefa de Coordinación e Información Jurídica y de Toma de Razón y Registro de la Contraloría General de la República Senadora de la República de 1990 a 1998. Consejera del Colegio de Abogados y Arbitro del Centro de Arbitrajes y mediación de la Cámara de Comercio de San-

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Biografía de los autores

tiago. Ganadora del Premio “Asociación de Avisadores”. Autora de diversos artículos vinculados al Derecho Público en revistas especializadas. Socia principal de Feliú y Asociados.

María Cristina Gajardo Harboe Abogada. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Durante 1989 realizó estudios de especialización en Seguridad Social en España, y el año 2005 obtuvo el grado de Magíster en Planificación y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez . Es profesora de Derecho del Trabajo, desde 1996, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, ha impartido cursos en la Academia Judicial a Jueces y Funcionarios del Poder Judicial y ha participado como expositora en diversos seminarios y conferencias sobre temas de derecho del trabajo. Miembro de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Directora del área laboral de Larrain y Asociados.

Héctor Humeres Noguer Abogado. Licenciado en Derecho de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho Laboral por la misma Universidad. Profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social en las Universidades de Chile, del Desarrollo y Gabriela Mistral. Autor del libro “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” de la Editorial Jurídica de Chile.

Redactor de la Sección Laboral de la Revista de Derecho y Jurisprudencia. Integrante de la Comisión Laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio. Integrante del Círculo de recurso Humanos de ICARE. Consejero Nacional del Colegio de Abogados de Chile. Asesor Jurídico de la Asociación Gremial de AFP. Socio de Arthur, Pizarro, Humeres y Cía.

Macarena Letelier Velasco Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Premio Mejor alumna Derecho Constitucional 19951996. Socia del Estudio S y L Abogados desde el año 2005. Antes estuvo por más de 6 años con la abogada Olga Feliú, trabajando y especializándose en temas de Derecho Constitucional y Derecho Público, entre otros.

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Sentencias Destacadas 2008

Arturo Matte Izquierdo Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó en el estudio Vial y Cía y fue profesor adjunto de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como abogado de Empresas Coipsa S.A., asesorando en temas comerciales y medioambientales. Es miembro del Comité Político de Independiente en Red. Ganador del premio Sociedad Libre de LYD. Manuel Antonio Núñez Poblete Abogado. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Recibió el premio R. P. Eduardo Lobos (Escuela de Derecho PUCV) en 1996. Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (2005). Es Diplomado en Estudios de la Defensa Nacional por el Centro de Estudios de la Defensa Nacional de Madrid (2004). Ha cursado estudios de profundización en la II Università degli Studi di Roma Tor Vergata (1997-1998, Becario del Ministero degli Affari Esteri), Instituto Universitario Europeo de Florencia (2003, Becario del IUE) y Academia de Derecho Internacional de La Haya (2004). Es autor, entre otras publicaciones, de Las universidades católicas. Estudios jurídicos y filosóficos sobre la educación superior católica (con J. L. Cea, J. García Huidobro, J. Precht, C. Salinas y E. Soto Kloss, Antofagasta, 2007), Evaluación de las Leyes (con O. Oelckers, A. Bronfman, J. Pascual y J. Vrsalovic , Valparaíso, 2002), Integración y Constitución (Valparaíso, 2000) y Lecciones de Derechos Humanos (con J. García-Huidobro y J. Martínez Estay, Valparaíso, 1997). Miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y de la Asociación Española e Iberoamericana de Profesores e Investigadores de Derecho Administrativo.

Ha sido Profesor de Derecho constitucional en las Universidades Católica de Valparaíso, de Valparaíso y Central de Chile, además de participar en los programas de postgrado de la U. de Antofagasta, Pontificia U. Católica de Valparaíso, U. Adolfo Ibáñez y U. de los Andes. Actualmente se desempeña como Profesor de Derecho constitucional en la Universidad Católica del Norte, de la cual además es su Director.

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Biografía de los autores

Alejandro Parodi Tabak Abogado. Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile (2004), con mención de especialidad en Derecho Público.

Recibió el premio Monseñor Carlos Casanueva (Facultad de Derecho UC, año 2004). Profesor de Derecho Constitucional de dicha casa de estudios. Socio de Vergara, Labarca y Cía. se especializa en conflictos civiles, comerciales, constitucionales, societarios, medioambientales y regulatorios.

Gonzalo Rencoret Portales

Abogado. Licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, recibió el título de abogado el año 2002. Desde el año 2005 es profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado Asociado de Urenda, Rencores, Orrego y Dörr. Ejerciendo su profesión en materias societarias, comerciales, fusiones y adquisiciones, derecho tributario y laboral.

Sebastián Soto Velasco Abogado, Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001). Máster en Derecho (LL.M) con mención especial del Parker School of Foreign and Comparative Law en la Universidad de Columbia, Nueva York. Entre los años 2002 y 2005, estuvo encargado de la oficina que Libertad y Desarrollo tiene en el Congreso Nacional. Posteriormente recibió una beca de la Fundación Fulbright para participar del Congressional Fellowship Program en Washington D.C (2005-2006). Este programa le permitió desempeñarse como investigador visitante en la Universidad de Georgetown y como miembro del staff legislativo del Senador Norman Coleman (MN) en el Capitolio. Ha sido profesor de cursos vinculados al derecho público en diversas universidades y es autor de variadas publicaciones en revistas especializadas. Actualmente se desempeña como Director del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo y como profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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Sentencias Destacadas 2008

Sebastián Zárate Rojas Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Candidato a Doctor en Derecho, Universidad de Bristol, Reino Unido; título de tesis doctoral: “A Socio-Legal response to the constitutional problems of independent regulators in UK and Spain”. Candidato a Doctor en Ciencia Política, Universidad de Salamanca, España; título de tesis doctoral: “Análisis de las comisiones de investigación como instrumentos de control gubernamental en Chile y el Reino Unido”. Magíster en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro del Centro de Libre Competencia UC. Académico de jornada completa y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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Sentencias Analizadas I. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1. Sentencia Rol Nº 1005-2007, de fecha 24 de diciembre de 2007, que se pronuncia respecto del requerimiento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 3º, de la Constitución, para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 24, segunda parte, de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2008.

(Análisis de Olga Feliú).

2. Sentencia Rol Nº 976-07-INA, de fecha 26 de junio de 2008, que se pronuncia sobre el requerimiento, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 6, de la Constitución, declare la inaplicabilidad del artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933, conocida como Ley de Isapres, en el recurso de protección deducido en contra de la Isapre ING Salud S.A., Rol de Ingreso Nº 4972-2007, de la Corte de Apelaciones de Santiago, por vulnerar los derechos asegurados en los numerales 2º, 9º y 24º del artículo 19 de la Constitución. (Análisis de Sebastián Soto).

Sentencia Rol Nº 1035 – 2008, de fecha 22 de mayo de 2008, que se pronuncia sobre el requerimiento, en conformidad con lo que dispone el artículo 93, inciso primero, Nº 16, de la Constitución, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo que reviste “la forma de unos oficios y que fueron expedidos con fecha 2 de enero de 2008, aprobando el endeudamiento de la Cuenta de reembolso del Transantiago, y (d) el Decreto Supremo Nº 1.797 de Hacienda, publicado en la misma fecha, que extendió los sujetos y los fines susceptibles de recibir un aval de la Corporación de Fomento de la Producción.” (Análisis de Manuel Antonio Núñez).

4. Sentencia Rol Nº 1153-2008, de fecha 30 de septiembre de 2008, que se pronuncia sobre requerimiento, en conformidad con lo que dispone el artículo 93, inciso primero, Nº 16, de la Constitución, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los siguientes actos administrativos: a) Decreto Supremo N° 46, de 20 de mayo de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que modifica las condicio-

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SENTENCIAS DESTACADAS 2008

nes y plazos aprobados para la línea de crédito ya pactada por el Banco del Estado de Chile con la Cuenta Especial de Reembolso a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 20.206, conforme al Decreto Supremo Nº 19, del mismo Ministerio y año. b) Decreto Supremo N° 45, de 16 de mayo de 2008, de la misma cartera, que aprobó las condiciones y plazos de una línea de crédito por parte del BID a la cuenta antes mencionada, por hasta US$ 400.000.000. c) Decreto Supremo Nº 583, de 21 de abril de 2008, del Ministerio de Hacienda, que incrementó el cupo para que la Corporación de Fomento de la Producción otorgue coberturas o subsidios contingentes a la misma cuenta, en $150.400.000.000. (Análisis de Manuel Antonio Núñez).

5. Sentencia Rol Nº 740-07-CDS, de fecha 18 de abril de 2008, que se pronuncia sobre el requerimiento, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, Nº 16, de la Constitución Política de la República, que solicita se declare la inconstitucionalidad de “todo o parte” del Decreto Supremo Reglamentario Nº 48, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial, en su edición del día tres de febrero del año dos mil siete, que aprueba las “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”. (Análisis de José Manuel Díaz de Valdés).

6. Sentencia Rol Nº 755-2007, de fecha 31 de marzo de 2008, que se pronuncia sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales. (Análisis de Héctor Humeres).

7. Sentencia Rol N° 946 – 2007, de fecha 1 de julio de 2008, que se pronuncia sobre el recurso de inaplicabilidad, recaído sobre el inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo, que establece que para reclamar judicialmente una multa impuesta por la Dirección del Trabajo, se debe previamente pagar una tercera para de ella. (Análisis de Edesio Carrasco).

8. Sentencia Rol Nº 943-07, de fecha 10 de junio de 2008, Rol, por la cual acogió un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el abogado don Luis Carlos Valdés C., con la finalidad de que el Tribunal Constitucional declarase inaplicable el artículo 2331 del Código Civil, en la causa civil Rol Nº 2429-2007, caratulada “Valdés con Jaime Irarrázabal y Otros”, que se tramitaba ante el Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago. (Comentario de Jorge Baraona).

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SENTENCIAS ANALIZADAS

II. CORTE SUPREMA 1. Ana Lanchipa Nieve contra Director del Colegio North American College (2006): Corte de Apelaciones de Arica, 16 de mayo de 2006, Rol N°209-2006 (recurso de protección), confirmado por la Corte Suprema el 17 de julio de 2006, Rol N° 2.619-2006.(Análisis de Arturo Matte).

2. Cea Miriam contra Colegio San Mateo de Osorno (2006): Corte de Apelaciones de Valdivia, 9 de junio de 2006, Rol N°351-2006 (recurso de protección). Esta sentencia no fue apelada, pero el recurso de apelación fue declarado inadmisible por la Corte Suprema. (Análisis de Arturo Matte).

3. Jorge Alberto Velozo Rencoret contra Colegio Mayor de Peñalolén (2007): Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de marzo de 2007, Rol N° 6.469-2006 (recurso de protección), confirmado por la Corte Suprema el 17 de abril de 2007, Rol N° 1.469-2007. (Análisis de Arturo Matte).

4. Valenzuela Ricci, Jorge contra Sociedad del Colegio Alemán de Santiago (2008): Corte Suprema el 6 de agosto de 2008, Rol N°3.0442008, confirmado por la Corte Suprema el 6 de agosto de 2008, Rol N°3.044-2008. (Análisis de Arturo Matte).

5. Codelco Chile - División Salvador contra Dirección del Trabajo.

Rol 887-2008 (se hizo parte en el recurso la Confederación de Trabajadores del Cobre), revocando el fallo de primera instancia, dictado con fecha 29 de enero de 2008 por la Corte de Apelaciones de Copiapó, y que había acogido la posición de la Dirección del Trabajo (causa rol 381-2007). (Análisis de María Cristina Gajardo) 6. Codelco Chile - División Norte contra Dirección del Trabajo (se contienen los recursos de Consorcio Consultor Zañartu MC Ltda. y de CIMM Tecnologías y Servicios S.A., acumulados en la Corte de Apelaciones de Antofagasta causa rol 984-2007 y causa rol 3-2008, respectivamente). rol 953-2008, confirmando el fallo de primera instancia, dictado con fecha 28 de enero de 2008, por la Corte de Apelaciones de Antofagasta (causa rol 949-2007). (Análisis de María Cristina Gajardo) 7. Codelco Chile División El Teniente contra Dirección del Trabajo. rol 1074-2008, la recurrente fue y en ella se contienen los recursos de Conos Ltda. y CIMM Tecnologías y Servicios S.A., acumulados en la Corte de Apelaciones de Rancagua (causa rol 12-2008 y causa rol

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SENTENCIAS DESTACADAS 2008

23-2008, respectivamente). Se hizo parte en el recurso la Confederación de Trabajadores del Cobre, confirmando el fallo de primera instancia, dictado con fecha 8 de febrero de 2008 por la Corte de Apelaciones de Rancagua (causa rol 1197-2007). (Análisis de María Cristina Gajardo).

8. Codelco Chile División Ventanas contra Dirección del Trabajo. rol1063-2008. Esta sentencia confirmó el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 28 de enero de 2008 (causa rol 660-2007). (Análisis de María Cristina Gajardo).

9. Codelco Chile División Andina contra Dirección del Trabajo. Rol 1062-2008. Esta sentencia confirmó el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 28 de enero de 2008 (causa rol 659-2007). (Análisis de María Cristina Gajardo).

10. Codelco Chile División Norte (Radomiro Tomic) y CIMM Tecnologías y Servicios S.A. contra Dirección del Trabajo. Rol 1076-2008.

Esta sentencia confirmó el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 28 de enero de 2008 (causa rol 948-2007). (Análisis de María Cristina Gajardo).

11. Metso Minerals (Chile) S.A., contratista de Codelco Chile División Andina contra Dirección del Trabajo. Rol 1073-2008. Esta sentencia confirmó el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictado con fecha 28 de enero de 2008 (causa rol 6892007). (Análisis de María Cristina Gajardo).

12. Minera Escondida Ltda. contra Dirección del Trabajo. Rol 10752008. Se acumularon a dicha causa en la Corte de Apelaciones de Antofagasta las acciones de la misma índole interpuestas por Power Train Technologies Chile S.A., Vecchiola S.A., Ameco Chile S.A., Vulco S.A., Otraco Chile S.A., Geotec Boyles BROS S.A. y Servicios Industriales Comin S.A. (causas rol 9-2008, 988-2007, 17-2008, 182008, 8-2008, 20-2008 y 21-2008, respectivamente). Se hizo parte en el recurso la Confederación de Trabajadores del Cobre. Esta sentencia confirmó el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta dictado con fecha 6 de febrero de 2008 (causa rol 981-2007). (Análisis de María Cristina Gajardo).

13. Asociación Gremial de Empresas Andinas V Región, a favor de sus asociadas Apoyo de Ingeniería y Servicios de Construcción y Minería Ltda., Servicios de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ltda., Ingeniería y Construcción S.A., Rafael Cacciuotolo Pinochet, Luis Ibacache Moraleda, Egesa Ingeniería S.A., Constructora Araucanía Ltda.

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SENTENCIAS ANALIZADAS

y Transportes San Francisco Ltda. contra Dirección del Trabajo. Rol 1150-2008. Esta sentencia confirmó el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictado con fecha 5 de febrero de 2008 (causa rol 681-2007). (Análisis de María Cristina Gajardo) 14. Valparaíso S.A. en contra Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso. Sentencia de fecha 17 de abril de 2008. Rol 436-08.

(Análisis de Alejandro Parodi).

III. JUSTICIA ARBITRAL 1. Gasatacama contra Elecda, Emelari y Eliqsa, todas ellas pertenecientes al grupo Emel S.A., pronunciada por el árbitro Ricardo Peralta Valenzuela, con fecha 24 de enero de 2008.

IV. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA 1. Helicópteros del Pacífico Ltda. contra CONAF y Ministerio de Agricultura, Rol Nº 67, Rol C124-07, pronunciada con fecha 17 de junio de 2008.

2. Resolución N°24/2008 de 31 de enero de 2008 donde el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se pronunció sobre la consulta de los accionistas controladores de S.A.C.I. Falabella y de Distribución y Servicios D&S S.A.

VI. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 1. Inversiones Aéreas Patagonia Limitada con CONAF. Rol Nº 65942006, 26 de enero de 2007.

2. Aerozonal con CONAF, Rol Nº 34-2007, 10 de mayo de 2007.

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Toda referencia a cargos y compromisos laborales y académicos que desee realizar el autor deberá ser hecha inmediatamente después de la mención de sus grados académicos. Las demás filiaciones académicas, agradecimientos y dedicatorias, o referencias a proyectos científicos patrocinados institucionalmente, deberán incluirse como nota al pie de página, antes de las notas con numeración correlativa.

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SENTENCIAS DESTACADAS 2008

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