La Calidad de la Política en Chile by Fundación Chile 21

LA CALIDAD DE LA POLITICA EN CHILE* Manuel Antonio Garretón M.**

COLECCIÓN IDEAS AÑO 5 N° 42 Mayo 2004

*Este trabajo, realizado en el marco del proyecto "La Calidad de la Política en Chile. Problemas y propuestas de la Fundación Chile 21" y que retoma otros estudios y artículos del autor contó con la colaboración de Tatiana Hernández en su elaboración y de Angélica Cruz en la revisión y redacción final **Manuel Antonio Garretón: Sociólogo; Director Programa Político, Chile 21; Profesor Titular Facultad Ciencias Sociales, Universidad de Chile; Director Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile

Presentación Hace un tiempo que desde diversos ángulos y a partir de numerosos acontecimientos públicos, parece hacerse sentido común una imagen muy negativa de la actividad política. Los análisis de encuestas de opinión también parecen confirmarlo. No se trata sólo del problema más general del vaciamiento o pérdida de centralidad de la política que se observa en diversas sociedades, vinculado a los procesos de globalización y a las transformaciones sociales y culturales que debilitan la referencia al Estado y a la acción colectiva misma. Nos enfrentamos, además, a una crítica a la política tal como ella se vive en nuestro país y en la que se mezclan los fenómenos anteriores con las herencias institucionales y culturales de la dictadura militar. A ello se agrega una serie de problemas más específicos: cierta desorientación y perplejidad de la clase política, las relaciones opacas entre dinero y política, la presencia de poderes fácticos en el quehacer de la política, la ausencia de proyectos de país y la denominada distancia entre los ciudadanos y la política. Con el fin de ir más allá de la mera denuncia o la repetición de "lugares comunes" sobre el tema, en el 2003 la Fundación Chile 21 desarrolla un proyecto orientado a indagar más profundamente sobre la calidad de la política en Chile y a sugerir ideas para mejorarla. En este marco se sitúa el presente documento, agrupando los problemas de calidad de la política en tres ejes: a) institucionalidad; b) sociedad civil y ciudadanía y c) representatividad y clase política.

Introducción La problemática sobre la calidad de la política, no sólo preocupa a quienes hacen de ella su profesión y a quienes se dedican a analizarla, también es un tema recurrente en la población chilena. Lo que cambia es cómo se expresa tal preocupación. Los políticos combinan indiferencia con inquietud respecto del "desprestigio" de la política, los analistas se ocupan de cuantificar y cualificar el problema de la calidad de la política, y la población chilena expresa un malestar creciente respecto de las prácticas que su ejercicio conlleva. Así, la calidad de la política, para algunos, estaría referida al grado en que las prácticas "reales se acercan (o se alejan) de las expectativas compartidas por las y los ciudadanos/as sobre cómo debiera ser o funcionar la política"1. En otras palabras, el mejoramiento de la calidad de la política es también una tarea que implica a los ciudadanos/as en la consecución del fin de la política democrática. Es lo que desde los clásicos se ha conocido como el pensar y hacer la "buena sociedad". La deliberación juega un rol fundamental en la construcción de "la buena sociedad". Una política de calidad se juega en la creación y recreación de espacios públicos que permitan a los ciudadanos/as -desde una condición de iguales- interactuar e intercambiar ideas sobre el ordenamiento de la sociedad chilena y sobre la comunidad política que deseamos e imaginamos conjuntamente. Entre los procesos que enmarcan la problemática de la calidad de política encontramos los ligados a la globalización, en todas sus dimensiones, y los de individuación e identidades que desafían, todos ellos desde distintos ángulos, la idea una comunidad de ciudadanos que toman las decisiones relevantes de la sociedad y eligen sus representantes. No obstante, particularmente para el caso latinoamericano, y en especial para el chileno, hay que señalar también la experiencia de la dictadura militar, que no sólo marcó los cuerpos de los sujetos, sino que dejó sus huellas en el cuerpo de la nación: los llamados "enclaves autoritarios" y la naturaleza particular de la democratización política son algunas de tales marcas. La crítica a la política, las denuncias de su baja calidad, de la cantidad de recursos dedicados a ella, de la corrupción que le rodea, de la ineptitud de la clase política, de su alejamiento de la gente y los problemas cotidianos, de los principios éticos e ideológicos, de la falta de confianza que generan sus arreglos y negociaciones, hacen parte del sentido 1

Cullell Jorge Vargas, Evelyn Villarreal Fernández, y Miguel Gutiérrez Saxe, "Auditorías ciudadanas sobre la calidad de la democracia: una herramienta para la identificación de desafíos democráticos", en: Guillermo O'Donnell , Osvaldo M. Iazzetta, Jorge Vargas Cullell (Comps.), Democracia, Desarrollo Humano Y Ciudadanía. Reflexiones Sobre La Calidad De La Democracia En América Latina. Homosapiens Ediciones, Santa Fe Argentina, 2003.

común en las encuestas de la opinión pública en prácticamente todo el mundo occidental. Es casi de buen tono hacer siempre una afirmación crítica de la política o los políticos, se tenga o no fundamento para ello, se consideren o no otras actividades de la vida social que funcionan peor. Estamos obligados a ir más allá de tales estados de ánimos y a entender si verdaderamente existe un problema respecto de la calidad de la política. Si es así, cuáles son sus características y cómo puede resolverse. Porque lo cierto es que también la política refleja, en parte y de modo complejo, a la sociedad misma. Podemos preguntarnos, entonces, por la calidad de una sociedad en la que todos admiten una deficiente calidad de la política. I. Calidad e Institucionalidad de la política

El cambio universal de la política

En el mundo de hoy parecen haber dos fuentes entrelazadas del malestar, la baja calidad o la crisis de la política. La primera tiene que ver con las transformaciones estructurales y culturales que han debilitado los lazos políticos y estatales de la sociedad. Hubo épocas y sociedades, especialmente las latinoamericanas y entre ellas la chilena, en que la política era el acceso más importante de las grandes masas al Estado, y en que éste era el principal proveedor de bienes, servicios, legalidad y protección para estas masas, aún cuando ello se cumpliera en forma inadecuada. Política y Estado no sólo ofrecían bienes materiales y una institucionalidad protectora, tales logros se habían obtenido a costa de luchas sociales y políticas, luchas que llenaban de sentido la vida de hombres y mujeres. Se trataba entonces, de fuentes de acceso al bienestar material y de fuentes de sentido para la vida social, pero además eran elementos dirigentes de la vida de una sociedad o un país, lo que en el caso chileno se daba en un contexto democrático. Estado y política eran los referentes básicos de las identidades y las acciones colectivas. Y por ello, los principales actores políticos, los partidos políticos, eran agentes centrales de la sociedad y tanto el Estado como los partidos daban el sello fundamental a la identidad nacional y a las identidades sociales, respectivamente. Las otras referencias identitarias eran excluídas o débiles o se refugiaban en lo privado o se subordinaban a la política estatal. No insistiremos en lo que ya es un dato: esta centralidad de la política y este rol del Estado han cambiado. Ni han desaparecido ni han dejado de ser importantes, pero ya no lo son de la misma manera, tampoco tienen el monopolio ni del acceso de la gente al bienestar material -aunque sí para vastos sectores de pobreza y exclusión-, ni del sentido de la vida social. Sin embargo, no reconocer la indispensabilidad de la política y del Estado para la conformación de estas comunidades históricas que llamamos países, ha llevado a muchos a intentar llenar el vacío de la antigua política con la ilusión del mercado, los poderes fácticos, los aparatos mediáticos o el simple refugio particularista (ya sea identitario o sobre todo individualista). La consecuencia más evidente es que como la política no puede dejar de existir, al debilitarse su sustrato ético y cultural la construcción de "la buena sociedad" empieza a copiar las prácticas de los mercados, de los poderes fácticos, del mundo mediático y de los intereses individuales o se transforma en una actividad profesional

cupular en la que se habla en nombre de un país y de una gente que no se reconoce en tales apelaciones. De ahí el distanciamiento y la critica a la política. La particularidad de la política chilena

La segunda fuente de crisis de la política tiene que ver con características propias del contexto chileno. Ninguno de los fenómenos anteriores ocurre sólo en un nivel abstracto, sino enraizados en una sociedad y una política concretas. No basta con analizar la crisis de la política exclusivamente en un plano general válido para todas las realidades, porque dicho nivel sólo existe históricamente. Por lo tanto, lo que cabe es examinar cómo operan los rasgos mencionados para el caso chileno. Quizás el principal rasgo específico de la política chilena, y, por ende de su crisis, sea que en lo grueso ella está conformada por la institucionalidad, los actores y las problemáticas heredadas de la dictadura militar -apenas corregidos por los procesos de democratización y los gobiernos democráticos- y que se revelan totalmente inadecuados al tipo de país y sociedad que los chilenos quisieran poder construir y que el país mismo necesita para insertarse autónomamente en el mundo globalizado. Ante la ausencia de un enfrentamiento directo a la raíz del problema, el resultado ha sido una mezcla de política de arreglos - los mal llamados consensos-, de enfrentamientos entre actores sin proyecto por cuotas de poder y de soluciones parches que arrastran los problemas hasta que se presentan otros. Más allá de los comportamientos y las prácticas individuales que existirán siempre, no hay ningún problema serio con la política en Chile que no derive del fenómeno anterior. Por lo mismo, ninguna de las soluciones ensayadas han tenido éxito debido precisamente a que quedan entrapadas entre dispositivos, mecanismos, bloqueos, orientaciones y cálculos que tienen como origen la política legada por la dictadura. Los ámbitos del problema.

Puede ilustrarse lo afirmado con diversos ejemplos. Si hay problemas relativos a la calidad de la representación de las instituciones, elemento clave de la política democrática, ello se explica porque el sistema electoral no permite la presencia de la diversidad ni la expresión adecuada de mayorías y minorías. Si hay problemas con la oferta política, ello tiene que ver con la rigidez del sistema competitivo (que a su vez se origina en el primer problema). Tal rigidez impide la aparición de nuevos actores y propuestas, precisamente porque los que están en el escenario tienen asegurado al menos un 50% de los puestos electivos, que usan para aumentar sus posiciones, lo que es desvirtúa la idea democrática. De este modo cada actor político tiene que obtener posiciones al interior de la propia coalición, lo que convierte a los socios de ésta en sus peores adversarios electorales, transformando la lucha por el poder en el elemento central que deja de lado el debate de las ideas y las propuestas que vayan más allá de lo electoral.

Si se alude a las relaciones perversas o simplemente irregulares entre el dinero y la política, como fueron los casos de coimas, sobresueldos u otros, todos ellos tienen su origen en una pésima institucionalidad heredada de la dictadura y no transformada por los gobiernos democráticos, lo que colapsó con algunos escándalos. La reacción fue una solución "parche", bien intencionada, pero que sólo tocó parcialmente el problema esencial del financiamiento de la política y dejó pendiente el tema de la delimitación de los ámbitos de la política y el mercado y de las influencias indebidas entre dinero y política. Si se trata de la calidad de los actores políticos - lo que se conoce como "la clase política"-, su falta de renovación o sus tentaciones mediáticas, ello se explica, en parte, también por la naturaleza del sistema electoral. Éste genera una pequeña elite que tiene su porvenir político asegurado. Las razones radican en una institucionalidad inadecuada, tanto de los partidos políticos que dificulta su democratización y modernización, como de todo el sistema que mantiene indefinidamente a las personas en los cargos electos y que privilegia a los que los detentan por encima de quienes aspiran por primera vez. A su vez, la ausencia de una regulación sobre política y medios de comunicación y la concentración de éstos en un par de grupos económico-ideológicos es otra de las causas del problema. Todo ello es parte de la herencia política de la dictadura. Finalmente, si se trata del alejamiento de la gente de la política, lo que conduciría a su irrelevancia, el problema radica en que estamos en presencia de un orden institucional impuesto, del que muchos no se sintieron parte cuando hubo que terminar con la dictadura, ni aún ahora, especialmente en los momentos de elecciones2. Las reglas y mecanismos de ese orden impuesto se aceptaron sólo para luego poder cambiarlos de acuerdo a nuevas alternativas, pero ello no ocurrió. Por otra parte, este sistema político que gran parte de los chilenos no siente como propio no los deja opinar sobre sus fundamentos y reglas básicas y es, además, extremadamente conservador respecto de las formas de participación a nivel tanto de las democracias locales y regionales como del sistema político central. Así, en el caso chileno, el origen de la crisis de la política o de sus problemas de calidad, radica básicamente en un orden constitucional, del que se deriva una institucionalidad completa, impuesto y ajeno a los ciudadanos, que no pueden sino aceptar, pero con el cual no se identifican. Y la clase política de gobierno y oposición, por razones diferentes, ha sido incapaz de modificar ese orden político, con lo que se consolida un círculo vicioso. Las políticas y medidas correctivas que se han aplicado, algunas muy importantes, corren el riesgo de terminar consolidando este sistema, puesto que hacen cada vez más difícil su transformación sustantiva. El mejor ejemplo ha sido la ley de financiamiento de campañas electorales: sin duda fue un avance, pero parece haber cerrado el debate en la materia, sin que puedan superarse sus deficiencias por largo tiempo. Si bien hay muchos otros problemas que no se explican en su totalidad por las razones que hemos señalado, no podrá haber una solución de los "nuevos problemas de calidad" si no se enfrenta la cuestión central a que hemos aludido.

En el caso de los jóvenes que no participan, el problema es estrictamente de una institucionalidad heredada que les obliga a inscribirse previamente. 5

La institucionalidad y el mejoramiento de la calidad de la política chilena La institucionalidad es el núcleo central del mejoramiento de la política en Chile por las razones anotadas. Ello nos lleva a la necesaria reforma institucional o reforma política. De lo dicho hasta ahora se desprende que la principal propuesta en esta materia es la generación democrática de una Constitución que tiene como referente opuesto la de 1980, aunque pudiera tomar algunos elementos de ella si así se aceptara por la voluntad popular. Un orden constitucional es el acuerdo sobre los fundamentos de la convivencia, es lo que constituye a un país como tal. Mientras éste no se funde consensualmente, todo acuerdo previo es precario y frágil desde un punto de vista ético y ello a la larga tiene serias consecuencias. No obstante, en un régimen democrático, la existencia de una Constitución legítima generada por la voluntad ciudadana es tan importante como el modo cómo ella se logra. Hay muchas maneras de consensuar un nuevo orden constitucional y no cabe aquí entrar en detalles. Sin embargo, hay al menos dos elementos claves que no podemos eludir. Primero, hoy por hoy, Chile es el único país del mundo democrático que tiene una Constitución heredada de una dictadura y dónde, además, quienes hoy la están modificando en el Senado son los que luego serán candidatos a los puestos que ellos mismos determinen. Es un escándalo que no contribuye al prestigio de la política. Segundo, debe haber alguna forma de ratificación ciudadana en la generación de una nueva Constitución. Es a partir de este cambio institucional fundamental que pueden realizarse todas las demás transformaciones que el país necesita en materia política, como los referidos, entre otros, al sistema electoral que debiera ser proporcional y asegurar la representación de minorías significativas o de la diversidad política del país, los partidos políticos, el financiamiento, la regulación de las mutuas influencias entre política y dinero y la regulación del papel de los medios en política. La institucionalidad política tiene también efectos en la participación ciudadana en política, a lo que nos referiremos en el próximo capítulo, en la medida que establece los espacios que pueden y deben abrirse a nivel de la democracia local y regional, cuyos sistemas de gobierno debieran ser enteramente transformados. A nivel nacional, debiera abrirse un registro de organizaciones sociales que permita la realización de debates nacionales o de comisiones representativas, por citar algunos ejemplos. En esta materia, el desafío no es sólo para la clase política sino para la misma sociedad civil, la que muchas veces se desentiende de los temas nacionales y políticos. Aquí cabe también la discusión sobre el papel de los medios de comunicación masivos, especialmente los públicos, en el fortalecimiento de la conciencia cívica y la participación ciudadana. También hay una dimensión institucional respecto de la calidad de la "clase política", que abordamos en el último capítulo, como, por ejemplo, una legislación que, entre otras cosas, respecto de los partidos los dignifique, democratice y financie sus actividades básicas (especialmente las referidas a investigación y educación cívica), que, respecto de la representación asegure la paridad entre hombres y mujeres y que limite los periodos de reelectibilidad de los cargos, entre otros temas.

II. Política, Sociedad Civil y Ciudadanía3

Una síntesis de percepciones sobre la política

La población en general como también la sociedad civil organizada tienen una visión crítica de la política en tanto práctica. Sin embargo, a la política, como elemento central de constitución de comunidad, se le atribuye una importancia considerable. Algunos datos. •

Para el 67% de los encuestados por CERC en 1999, la política es una actividad importante. Para la sociedad civil, el problema es que la política se ha convertido en un espacio no transparente, donde los actores sociales tienen que releer, volver a escuchar lo que se dice o hace en política para poder decodificar el real sentido de la acción política que está de por medio. El diagnóstico de la política provoca, en quienes participan de la sociedad civil, una sensación de malestar que afecta las prácticas políticas de los sujetos frente a determinadas situaciones y actos, por ejemplo, no querer votar. A través de los documentos de la sociedad civil uno puede observar que lo que se pretende es lograr una mayor implicación en los temas públicos. De ahí que si bien la práctica de la política es criticada, esto no implica que a la población no le interese la política.

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Desde el punto de vista de la ‘calidad de la política’, la comunidad en general opina que ésta es de bajo nivel. Esto en la medida que existiría una gran distancia entre lo que se anhela y lo que aparece como la política real. Ello se traduce en una desconfianza hacia las instituciones de representación social y también hacia la clase política. El nivel de adhesión a los partidos políticos según las encuestas de CEP 1991-1999, arrojan como dato significativo que la opción de ‘ninguno’ incrementó su apoyo entre los sujetos encuestados en 15 puntos porcentuales (en 1991 era de un 21% y en 1999 ascendió a un 36%.). Mientras que la encuesta CERC del 2001 arrojó una baja confianza para las instituciones de senadores, diputados y partidos políticos, 12%, 12% y 10% respectivamente.

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Por otra parte, se piensa que los políticos sólo utilizan a las personas y que no representan a nadie. Sumando las respuestas ‘muy de acuerdo’ y ‘de acuerdo’, se obtiene que un 92% de la población en diciembre del 2001 contestó como primera preferencia, que los políticos sólo se acuerdan de las personas cuando hay elecciones.

Utilizamos parcialmente en este capítulo material de uno de los documentos encargados por el Proyecto "La Calidad de la Política en Chile. Problemas y Propuestas de la Fundación" Siglo XXI "La calidad de la política en Chile. Elementos para su reflexión desde los estudios de opinión y documentos de la sociedad civil organizada" de Roxana Muñoz y Danae Mlynarz.

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Una opinión generalizada es que no hay igualdad ante la ley, que no hay espacios para manifestar una opción contraria o que no hay capacidad de tomar parte en los asuntos públicos, en otras palabras, la forma en que se está realizando la política en Chile no es del gusto de sus habitantes. La adhesión a la democracia parece ligarse a los beneficios que se obtengan de ella, principalmente en lo relativo al bienestar económico. Existe una diferencia de 19 puntos porcentuales entre la aplicación de la encuesta FLACSO 1989 y la encuesta PNUD 1999. En la primera la respuesta respecto a ‘la democracia es preferible a otro régimen’ es de un 64%; mientras que en la segunda, la misma alternativa de respuesta baja a un 45%.

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Existe la percepción que la clase política no cuenta con autonomía de los poderes fácticos a la hora de gobernar, quedando la sensación que la toma de decisiones no pasa exclusivamente, ni necesariamente, por la acción de la clase política. En la encuesta FLACSO 2001, se obtiene que el poder fáctico más influyente sobre las decisiones que toma el gobierno son los ‘empresarios’, con un 69.7% de respuestas, lo siguen las Fuerzas Armadas con un 47.2, la Iglesia Católica con un 40.8%, y los medios de comunicación con un 40.6%. De esta forma, pareciera que la política pierde centralidad y sentido.

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Por otro lado, aparece el escollo institucional, referido a la carencia de una Carta Fundamental de origen y contenido democrático. En la encuesta FLACSO 2001, un 79% de las personas encuestadas respondió que el gobierno debería llamar a plebiscito para que la gente decidiera sobre asuntos que fomenten la democracia, como reformas a la Constitución de 1980. La actual Constitución limitaría la representación de la soberanía popular y limitaría los espacios y mecanismos de participación ciudadana. Por otro lado, es preocupante el desconocimiento de las implicancias que posee el texto: al preguntar en la encuesta FLACSO 2001 sobre las consecuencias para la democracia de las distintas instituciones creadas por la Constitución de 1980, un 30.2% no conoce la institución del COSENA y un 28.6% no conoce la institución del sistema de elección binominal.

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El sentimiento de impotencia frente a la política - según la encuesta PNUD 2001 más de la mitad de los chilenos siente un grado alto o muy alto de impotencia política, 31% y 21% respectivamente- y la percepción de desigualdad ante la ley -en la encuesta FLACSO 2001, al preguntar por el grado de acuerdo con la frase: ‘en este país se aplica la ley a todos por igual’ la respuesta fue abismaste, un 79% de los encuestados respondió muy en desacuerdo-, son elementos que disminuyen la auto-percepción de control ciudadano, por tanto podrían limitar o disminuir el querer hacer algo.

Posición de los jóvenes respecto de la política

Las relaciones entre jóvenes y política están atravesadas por dos visiones ideológicas, en torno a cada una de las cuales se constituyen diferentes posiciones muchas veces contradictorias entre sí. Tales visiones o posiciones no corresponden exclusivamente unas a los adultos o los políticos y las otras a los jóvenes. La primera visión, desde la política, dice: algo anda mal con los jóvenes que no se interesan en la política y ello se debe

básicamente a la incomprensión de éstos de lo que es la política. La segunda, desde los jóvenes, dice: algo anda mal con la política, y por eso los jóvenes no se interesan por ella, debido a la actitud y comportamiento de los políticos que son pocos creíbles y confiables en general, y, en particular, no les ofrecen oportunidades ni nada interesante a los jóvenes4. Veamos algunos datos. •

Entre las afirmaciones más corrientes figura el distanciamiento juvenil hacia la política, medido por la paulatina disminución de la inscripción de los jóvenes en los registros electorales. De acuerdo a los datos del Registro Electoral entre 1993 y 1996, el porcentaje de inscritos respecto a la población potencial en el tramo etáreo de 18 a 19 años disminuyó de un 28,8% a un 6,5%; entre 20 a 24 años bajó del 71,5% al 53,2 y entre 25 a 29 años descendió del 95,9% al 83,7%. Los datos, en efecto, muestran una drástica disminución de la inscripción, especialmente para el tramo de 18 a 19 años

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Para la elección presidencial de diciembre de 1999 los porcentajes de inscritos para los tramos de edad 18-19, 20-24 y 25-29 años, eran 15,7%, 32,5% y 68,2% respectivamente. Mientras que para la elección parlamentaria del año 2001, los porcentajes de inscritos respecto a la población potencial en el tramo etáreo de 18 a 19 años era de un 11,1%, (4.6 puntos porcentuales de diferencia de elección anterior), entre los 20 y 24 años fue de 26,4% (6.1 puntos porcentuales menos de la elección previa), mientras que para el tramo de 25 a 29 años fue de 56.9% (11.3 puntos porcentuales menos que la última elección). Esta subrepresentación del grupo etáreo joven en el universo electoral contrasta con la situación de la población mayor de 30 años que está casi por completo inscrita en el registro electoral y, por lo tanto, representada en las elecciones5.

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En la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (2003)6, de los jóvenes en edad de votar (18 años y más) un 80.9% dice no estar inscrito en el Registro Electoral.

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Respecto de factores incidentes en la inscripción, diversos estudios muestran que no hay diferencias significativas según sexo y estrato socioeconómico y que sólo la edad aparece como relevante dado que el nivel de inscripción aumenta con la edad7.

Utilizamos en esta sección material y reflexiones del estudio de M. A. Garretón, Política y jóvenes en Chile. Una reformulación. Fundación Fiedrich Ebert-Participa, 1999.

Cálculos hechos a través de los datos de población por tramo de edad de la CASEN de 1996 y los datos de inscritos por tramo a diciembre de 1997 del registro electoral, y cruce entre los datos proporcionados por la Biblioteca del INE respecto de los datos de población del CENSO país 2003 y los datos de www.servel.cl respecto del padrón electoral de las parlamentarias del 2001. 6

INJUV, Encuesta de Opinión, ¿En qué están los jóvenes?, Santiago de Chile, Enero 2003. Amerita considerar que la unidad de análisis en esta encuesta fueron mujeres y hombres jóvenes hasta los 24 años de edad.

INJUV, op. cit. "Caracterización de la realidad juvenil de los 90"; C. Lehmann "La voz de los que no votaron", en: CEP, Puntos de Referencia. N°197. Abril 1998. Santiago. 9

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Con motivo de las elecciones parlamentarias de 1997, se hizo un sentido común la afirmación que la baja inscripción de los jóvenes y el aumento del grupo de los que no votaron (abstenciones y no inscritos) -que se duplicó entre 1989 y 1997 (13,2% y 27,2%)y de quienes votaron blanco o nulo -que casi se triplicó (4,8% y 12,9%) en el mismo período-, hizo disminuir de un 82% a un 59,9% a los que votaron marcando preferencias. Esto fue interpretado en general como una muestra de rechazo a la política. Para algunos, éste era un dato "normal" que formaría parte de una tendencia que se observa en varios países: a medida que se estabilizan las democracias y se alcanza un crecimiento económico sostenido, la gente concurre menos a votar en tanto hay menos cosas en juego. Así, la política perdería relevancia8. Para otros, ello expresaría una carencia democrática y un cuestionamiento por parte de los jóvenes a la efectividad del entramado institucional para representar la realidad de sus opciones políticas, por lo que la votación no sería sino una rutina para elegir autoridades sin relación con problemáticas o proyectos sustantivos. Habría aquí un cierto desencanto que se comprobaría especialmente entre los jóvenes mayores de 25 años9.

La revisión de estos datos sobre participación política juvenil y de los estudios al respecto, nos motiva dos reflexiones. La primera apunta a la incorrección de sumar no inscripción y abstención, siendo el nivel de esta última bastante bajo en términos históricos y de comparación internacional. La abstención corresponde al no ejercicio de un derecho y se decide en relación a un acto electoral determinado. En tanto la inscripción aparece como un acto abstracto y lejano respecto de elecciones concretas y como una dificultad más si se quiere acceder a un derecho. Tampoco puede usarse la no inscripción para argumentar que los jóvenes son los más alejados de la política - ya que en las actitudes hacia la política y sus actores no hay mayor diferencia entre los diversos grupos etáreos- por cuanto ése es un recurso que no tienen los mayores que ya están inscritos. Por último, la no inscripción disminuye rápidamente a medida que aumenta la edad. En tal sentido, ¿cómo interpretar estos datos? La existencia de una distancia, malestar o desinterés en relación a la política, puede ser un hecho cierto y a nuestro juicio lo es, pero no se deduce en absoluto de la no inscripción ni tampoco es el motivo real de ella: si la gente se inscribiera automáticamente, se habría eliminado un supuesto indicador de desinterés, pero éste subsistiría. De ahí que el problema de la no inscripción, que sólo existe para los jóvenes, se resuelve con la inscripción automática y el voto obligatorio, como ocurre en la mayoría de los países democráticos. La segunda reflexión tiene que ver con las razones que se dan para explicar la menor participación política de los jóvenes. Entre ellas se mencionan, por un lado, actitudes respecto de la política y la sociedad en general, por ejemplo, el desinterés, rechazo o apatía respecto de la política por ser irrelevante para sus vidas y destinos o, más marginalmente, la posición y 8

C. Lehman, art.cit. CED, "Encuestas Deliberativas ¿Por qué no participan los jóvenes?". Informe Final Santiago, 1998; Cruz, María Angélica, "La identidad generacional", ISPAJ, 1998. Santiago.

actitud antisistémica o anómica de los jóvenes no sólo frente a la política sino respecto de toda la sociedad. Por otro lado, una visión crítica de la política chilena como no expresiva de la voluntad de la población, que hace que esa participación o el voto mismo sea considerado inútil, es decir, un rito que se agota en designar autoridades sin que eso afecte en realidad la marcha del país. Ello se debería, a su vez, o a los rasgos de la institucionalidad política chilena que no expresa a la mayoría sino a los poderes y minorías fácticas, o a la falta de credibilidad de los políticos preocupados de negociaciones cupulares, dueños de un doble discurso, o a la ausencia de ofertas y oportunidades de participación que atraigan a los jóvenes. El primer tipo de explicaciones se refiere a la lejanía y poca relevancia de la política, independientemente de la calidad de ésta, e implica que en la gente, sobre todo en los jóvenes, se ha producido una disociación entre el interés por lo social, por lo público, en síntesis, por "lo político" (aquéllos problemas y cuestiones que tienen que ver a la vez con sus vidas y con el destino general de una colectividad, en este caso, nacional) y las actividades de "la política". Sin embargo, la actitud anti-sistema, vale decir, el rechazo a lo político y no sólo a la política, no es algo generalizado sino marginal, como lo confirman la mayor parte de los estudios. El segundo tipo de explicaciones apunta a una crítica específica a la política y los políticos chilenos, es decir, aquí no se quita relevancia a la política en sí misma ni se le niega su carácter de expresión de lo político, pero se denuncia que en Chile la política no cumple esa función y que ha sido menoscabada tanto por los políticos como por la institucionalidad que los regula. Ninguno de los diversos elementos que se invocan bajo estos dos tipos de argumentaciones explican por sí solo el fenómeno de la participación política ni siquiera electoral y en todas estas explicaciones ambas formas de participación aparecen entremezcladas y confundidas. A lo más, cada uno de los argumentos ilumina parcialmente un sector particular y no es generalizable al conjunto de jóvenes Agendas ciudadanas v/s agenda político institucional

Existe la percepción de parte de los distintos movimientos sociales y grupos organizados del país, que los problemas públicos expuestos por ellos no son considerados por la agenda político-institucional. Dicho de otra forma, las decisiones que se toman en el espacio político-institucional poco tendrían que ver con las demandas ciudadanas. Un ejemplo de lo anterior es lo que sucede entre el movimiento de mujeres y feminista y los respectivos partidos políticos de la Concertación y el gobierno. La agenda de este movimiento está compuesta principalmente por dos dimensiones: la feminista y la de género. La primera abarca aquellas demandas que las mujeres organizadas no están dispuestas a negociar con ningún poder. Una de las problemáticas que aquí se incluyen son los derechos sexuales y reproductivos, entre los que se encuentra el derecho sobre los propios cuerpos de las mujeres. Puntos controversiales en torno a estos derechos son el aborto y la “píldora del día después”. La segunda, es aquella elevada por las organizaciones de mujeres que están en permanente diálogo con los partidos políticos y con el gobierno. Es la llamada agenda consensuada.

El punto crítico que cuestiona la calidad de la política en Chile, se produce específicamente frente al grupo social mujeres, cuando quienes toman las decisiones respecto de los problemas que contiene la agenda feminista acuerdan técnicamente lo que se debe hacer. Para este caso, no se consideran los derechos sexuales y reproductivos como un tema político, que amerita deliberación. La discusión contiene tantas especificidades técnicas, que al ciudadano(a) común, aunque quisiera intervenir, le resulta imposible comprender los códigos en los que se mueve la conversación. Participación, sociedad y mejoramiento de la política

Teniendo en mente lo discutido más arriba pueden avanzarse algunas ideas en torno al mejoramiento de la política en el campo de las relaciones entre sociedad civil y la vida política. Respecto de la participación ciudadana es un mecanismo para mejorar la calidad de la política de nuestro país, sin embargo para ello se deben resolver variadas dificultades, que no sólo son estructurales, sino también de orden cultural. Por otro lado, se debe evitar convertir la participación ciudadana en la panacea que todo lo resuelve. El objetivo es una ciudadanía que intervenga en las decisiones de los asuntos públicos, como también una ciudadanía vigilante de la política; por lo cual, no se trata de fortalecer una ciudadanía que sólo demande respuestas del Estado sin co-responsabilizarse de ellas. Se trata de fomentar ciudadanos informados, conscientes de lo que sucede tanto en la micro política, como en el espacio macro. De tal manera que puedan intervenir en los procesos de toma de decisiones de los asuntos que comprometen a su comunidad, como también ejercer un control sobre las personas y gestiones que éstas llevan a cabo en nombre del poder que se les ha cedido por medio del voto popular. Respecto del nivel de información, se necesita regular la difusión de los resultados de las encuestas de opinión y la producción de dichos estudios, mediante la obligatoriedad de dar a conocer enteramente y de modo perfectamente transparente los respectivos diseños muestrales, con sus ventajas y límites. Respecto de la participación misma, la iniciativa popular de ley a nivel nacional y los referendums de iniciativa popular y presupuestos participativos a nivel local son expresiones concretas, entre otras, de los principios indicados. Se trata de multiplicar, desde el ámbito local hasta el nacional, los esquemas de democracia directa y semi-directa. Para estimular la participación electoral, es crucial disminuir los costos (en tiempo y energía) que significa la inscripción en los registros electorales, de modo de transitar hacia un sistema de inscripción automática. Como lo hemos adelantado antes, el voto debiera ser obligatorio dado el carácter menos democrático del voto voluntario que deja entregada la cuestión de la expresión de la voluntad popular sólo a los interesados y no al conjunto de la ciudadanía. Los estudios realizados en países desarrollados confirman el valor del voto obligatorio. A juicio de la sociedad civil, la política es fundamental para la constitución de la comunidad política y social. El punto es que las prácticas políticas actuales están

encarnadas en los sujetos que las ejercen. Por lo mismo, para mejorar la calidad de la política es necesario un recambio que no provenga exclusivamente de la clase política actual ni pasada. Sólo con un recambio real, la confianza, la acción de creer -“palabra central en la política”- será posible. En este campo, debe pensarse, por ejemplo, en el tema de la paridad de género en los cargos públicos -un avance respecto del sistema de cuotas- y en la autonomía de representación política de los pueblos originarios, la que varía según se trate de niveles locales, regionales o nacionales. Otro tema pendiente es la generación de espacios de debate en el país. Es a través del debate que se va detectando las diversas dimensiones de nuestra realidad. En este sentido, la idea es promover, crear y recrear espacios públicos que permitan la deliberación de la multiplicidad de subjetividades y/o comunidades al interior del país, una región, una municipalidad o un barrio. Aquí puede plantearse la idea de abrir registros nacionales y regionales de organizaciones sociales para la articulación de debates sobre los grandes temas que tengan algún tipo de vinculación institucional con los gobiernos municipales, gobiernos regionales y el Congreso Nacional. Con relación a los medios masivos de comunicación el desafío es redefinir su poder de influencia. La relación entre el poder y las personas está mediada actualmente por los medios de comunicación. Es más, hoy se observa una estructura distinta respecto de cómo un problema llega a ser parte de la agenda pública. En el pasado, la agenda ciudadana era procesada por los partidos políticos para luego pasar a constituir parte de la agenda pública, y sucesivamente llegar a integrar la agenda político-institucional. Ahora, las demandas ciudadanas pasan por la agenda de los medios de comunicación y dependiendo cómo éstos procesen tales demandas, éstas tiene la posibilidad de pasar o no a formar parte de la agenda político-institucional. En tal sentido, el subsidio del Estado a los medios alternativos o las cláusulas sobre pluralismo en los medios son mecanismos que corresponden a esta problemática. Por último, es necesario adoptar una política de Estado que establezca como obligatoria la enseñanza de formación cívica durante la educación escolar, la cual incremente el conocimiento de deberes y derechos, así como también entregue una visión de comunidad nacional donde los intereses colectivos se encuentren en forma prioritaria o al menos dialoguen con los intereses individuales. Es decir, existe la necesidad de consolidar un proyecto de país y para ello la educación, la información y la opinión sobre asuntos públicos es crucial. De nuevo ello es correlativo con la inscripción automática y el voto obligatorio, pues el voto es no sólo un derecho sino un deber.

III. La Clase Política y la Representatividad10 Los problemas de la representatividad

Como se sabe, el sistema binominal que fue promulgado en 1989 opera eligiendo dos diputados por distrito y dos senadores por circunscripción. Sin embargo, lo que pudiera parecer equitativo y representativo de las mayores fuerzas políticas del país (la Concertación de Partidos por la Democracia y la Alianza por Chile) no lo es. Se trata de un sistema permite que un partido que obtiene un 66% de los votos y otro que obtiene el 34% tengan la misma representación en un distrito y se eliminan las otras opciones que no pertenecen a estos dos grandes conglomerados.. A juicio de la Unión Demócrata Independiente (UDI), entre las razones que justifican su decisión de no cambiar el actual sistema electoral binominal se encuentran lo “bueno que ha sido para el país. Le ha dado estabilidad política y ha hecho posible el progreso económico valiéndose de su característica central: induce a los partidos políticos y a los candidatos a sostener posiciones moderadas” (Radar, Junio de 2003, en http://www.lyd.cl). Detrás de esta argumentación hay una suerte de chantaje: si perdemos, no habrá estabilidad. Por lo demás, gran parte de las amenazas a la inestabilidad política provienen precisamente del sistema electoral, en la medida que al identificarse empate con estabilidad, ésta pasa a ser un obstáculo para el cambio y aleja a quienes se identifican con esta opción, debilitándose así la legitimidad de la política. Ni la estabilidad proviene del sistema electoral ni es un valor en sí mismo, sino un medio para lograr los verdaderos fines de la política. No obstante, el argumento de fondo que justifica esta irrazonable postura antidemocrática, que también impide la representación de las minorías políticas en el parlamento, es el cálculo técnico que se ha hecho. Éste concluye que cualquiera sea el cambio que se introduzca al sistema binominal, la UDI no resultaría favorecida con más representantes que los que actualmente tiene en ambas cámaras11.

Utilizamos parcialmente aquí material del documento del Proyecto La Calidad de la Política en Chile. Problemas y Propuestas, "Profesionalización de la política y política de calidad: elementos de análisis”, elaborado por Alfredo Joignant". 11 “Se ha argumentado que las propuestas para elegir nuevos senadores, tanto en su variante trinominal como en la de senadores nacionales, tiene la ventaja de ‘romper el empate’ lo que incluso sería bueno en un eventual gobierno de la centroderecha encabezado por Joaquín Lavín. Antes hemos argumentado en el sentido que este empate no es tan malo para el país. Pero si no cambiamos de lógica y miramos la conveniencia del sector, francamente la propuesta del Presidente de Renovación Nacional se torna incomprensible. Porque si queremos romper el empate, se supone que queremos hacerlo para ganar y no para perder. Pues bien, en todas las simulaciones realizadas por Libertad y Desarrollo con distintos escenarios que modelan posibles resultados de elegir senadores con sistema trinominal o con variantes de senadores nacionales (35 en total), excepto en una, la Concertación obtiene más senadores que la Alianza por Chile. en la única que no es desfavorable para el sector, se produce un empate” (Radar, Junio de 2003, en http://www.lyd.cl) 14

Algunos estudios12 comprueban que el actual sistema electoral binominal más allá de ser poco representativo de las mayorías, “incentiva a los partidos a alejarse más que buscar el voto del centro. Los partidos precisan sólo obtener un 33.4% de los votos para asegurarse un escaño en la Cámara o en el Senado. (...) en el sistema chileno, basta con un tercio de los votos para [obtener] (...) el 50% de los escaños en cada distrito”. Lo cierto es que no sólo el sistema actual no impide la polarización, sino que, por el contrario, el sistema binominal “tiene incentivos para polarizar el espectro político”. Más allá de todas las objeciones que pudiera tener el sistema binominal, lo más preocupante es “lo difícil que resulta a los partidos pequeños [y minorías políticas] obtener representación en el parlamento. Dado que la barrera efectiva de representación es alta (...) los partidos tienen incentivos para formar coaliciones y presentar candidatos en conjunto”. Mientras no se cambie el actual sistema electoral, la subrepresentación e incluso exclusión de muchos sectores políticos y sociales de nuestro país, podría revertirse con la ampliación de los pactos políticos al nivel electoral. Pero en esta materia ha faltado la voluntad política de los sectores incluidos de hacer primar el valor de la igualdad y el pluralismo a la hora de pensar la constitución de un parlamento democráticamente representativo. 13

El financiamiento de la política. .

La cuestión principal respecto del financiamiento de la política en Chile no se ha referido históricamente a los escándalos en torno a fórmulas y estilos que violan o abusan de principios y normas establecidos por la sociedad y conocidos por todos, sobre los cuales existe consenso o legitimidad. Más bien el problema ha sido, por un lado, precisamente la ausencia de toda norma al respecto y, por el otro, la falta de un financiamiento público de la política. Los debates en torno a estos dos temas y la historia de las respectivas propuestas fracasadas y la que ha resultado relativamente triunfante durante 2003, constituyen el núcleo de la cuestión del financiamiento de la política en el caso chileno o del tema de las relaciones entre dinero y política. Sobre lo que ocurre realmente, es decir, sobre cómo se financian las campañas electorales y los partidos sólo pueden hacerse aproximaciones, dado que, precisamente, la ausencia de los dos puntos señalados ha arrojado un misterio y un manto de opacidad cómplice que impide datos fidedignos e investigaciones serias. Las iniciativas de los Proyectos de Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral presentados por el Gobierno de Ricardo Lagos, tenían por intención romper con la relación perversa que se establece entre quienes hacen donaciones en dinero para las campañas electorales y los partidos políticos:

Ver P. Navia, "Una propuesta para terminar con el sistema binominal" Colección Ideas, Chile 21, No. 16. Diciembre 2001. 13 Retomamos ideas desarrolladas en M.A. Garretón. "Explorando la opacidad. El financiamiernto de la política en Chile", Manuscrito, Santiago 2003. 15

“No hay duda alguna que la institucionalidad política puede verse seriamente deteriorada por la influencia muchas veces desmedida del dinero. No se trata de abominar el financiamiento político, sino de reconocer que la forma en que éste y la actividad política se relacionan puede dar origen a situaciones que escapen de las formas éticamente correctas, tanto por la acción de quien financia como de quien es financiado”14 Los objetivos particulares del Proyecto de Ley mencionado son: •

Fijar los montos máximos de gastos en campañas electorales para garantizar la igualdad de oportunidades económicas de los candidatos y partidos políticos que los postulen.

•

Regular el financiamiento privado de las campañas electorales, con el objeto de conocer los orígenes de esos recursos, para garantizar la independencia de quienes ocupen dichos cargos.

•

Externalizar la administración de los recursos y gastos electorales, encargando de ellos a las personas naturales que designen los candidatos y partidos políticos, a fin de establecer claramente las responsabilidades en el cumplimiento de la ley.

•

Crear un completo sistema de control externo del origen de los recursos empleados en las campañas electorales y de los gastos de propaganda evitando los riesgos de corrupción

•

Consagrar un mecanismo de publicidad de los recursos y gastos con el fin de garantizar la necesaria transparencia

Respecto de los límites se advierte que ninguna candidatura, exceptuando la de Presidente de la República, puede sobrepasar, en su gasto electoral, la cantidad que resulte de multiplicar por 0.02 UF el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales en la circunscripción senatorial, el distrito o la comuna correspondiente (Mensaje N° 81-344, 2001: 17-18). Sobre las candidaturas a Presidente de la República, el límite será igual a la cantidad que resulte de multiplicar por 0.02 UF el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales del país (Mensaje N° 81-344, 2001: 18) En el caso que un(a) candidato(a) excediera los límites impuestos sería sancionado con una multa, a beneficio fiscal, igual al quíntuplo del exceso en que hubiese incurrido (Mensaje N° 81-344, 2001: 18). Lo más insólito es lo que se indica en el apartado “de los aportes de campaña electoral”. En él se dice que “se entenderá que constituye aporte de campaña electoral toda contribución de dinero, o estimable en dinero, que las personas naturales o jurídicas de derecho privado15, efectúen a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la 14

Mensaje de S.E el Presidente de la República con el que se inicia el Proyecto de Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, Santiago, 4 de julio de 2001, Mensaje N° 81-344.

La cursilla es nuestra. 16

forma de mutuo, de donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales” (Mensaje, N° 81-344, 2001: 19). En este sentido se entiende que la relación perversa entre quienes tienen el dinero (los empresarios) y los(as) políticos(as) que lo reciben se mantiene, sólo se intenta controlarla fijándole un límite. Vale la pena destacar algunos elementos del proyecto finalmente aprobado: •

La ley sobre Transparencia, límite y control del gasto electoral promulgada el día 5 de agosto de 2003 establece subsidios estatales, lo que permite avanzar en el tema de la igualdad de oportunidades entre los(as) candidatos(as). Evidentemente esto se evalúa de manera positiva, aquí hay un avance significativo.

•

De extrema gravedad es que la nueva Ley, a diferencia del proyecto emanado por el Gobierno, no contempla sanciones para quienes infrinjan o superen el límite de gastos electorales. La razón que se aludió es que la Ley aprobada por el Senado en el tercer trámite legislativo (20 de mayo) fue cuestionada constitucionalmente por el Tribunal Constitucional, porque no establecía un mecanismo para resolver disputas, es decir, el proyecto no garantizaba que los candidatos acusados de infringir la ley contaran con algún mecanismo para ser escuchados (a decir, un tribunal electoral)16. Con el fin de promulgar rápidamente la Ley, el Ejecutivo optó por eliminar las sanciones.

•

Los topes máximos en gasto electoral son distintos entre los cargos de senadores, diputados y alcaldes, manteniéndose la distinción al cargo de Presidente. En esta materia de límites, la intención originaria era limitar gastos electorales que ascendían a sumas muy altas de dinero. Sin embargo, la nueva ley contempla como límite el gasto de la última elección realizada, es decir, repite el padrón que precisamente se está criticando. Es decir, “la nueva Ley no establece estímulos o incentivos para los (as) candidatos(as) para reducir sus gastos” 17

•

Respecto a la transparencia y rendición de cuentas, se establece un cierto grado de transparencia sobre donaciones de privados, generando un mecanismo de publicidad respecto de las donaciones que superan el monto estipulado. Además se establecen mecanismos de rendición de cuentas, ingresos y gastos electorales, supervisados por el Servicio Electoral (Ley 19884, Título III Del control de los ingresos y gastos electorales).

Fuentes y Villar, "Financiamiento electoral: la necesaria modernización de la democracia moderna". Colección Ideas, Fundación Chile 21, Año 4, Santiago, Abril 2003 17 Fuentes y Villar, art.cit. 16

Calidad de la clase política

Frente a las transformaciones sociales, políticas y culturales, en tanto efectos de procesos externos como internos, nos enfrentamos a una situación de perplejidad de la clase política. En parte, la clase política chilena fue formada para una época en que la política y lo político coincidían, en que la política era globalizante e ideológica, en que los actores e instituciones se correspondían con los problemas que había que representar y enfrentar, en que la ciudadanía no era multidimensional. En parte también, la clase política fue formada en la situación de dictadura o lucha contra ella o de transición. Cuando estos escenarios cambian, los políticos no saben como actuar en los nuevos contextos. Esta incomprensión de lo propiamente político se expresa en la autocrítica (aunque en general dirigida a los otros políticos) expresada en el "estamos alejados de los problemas de la gente", como si la política fuera una cuestión de servicio social o asistencial. Por el contrario, la principal tarea de la clase política debiera ser reformar la política, de modo que ésta genere las condiciones para que la gente y los actores sociales resuelvan sus propios problemas. Entre las críticas que se le hacen a la clase política, la principal es que su preocupación básica es la obtención y mantención de puestos y cuotas de poder en vez de los problemas del país. Pero, hay sobre todo, un problema de orden moral-político que concierne a los actores política. Si la derecha chilena no hace, como de algún modo lo han hecho los militares, el corte con su pasado de apoyo al régimen militar, una parte significativa del país los seguirá considerando como responsables de los crímenes relacionados con la represión política Ello no permite lo que algunos llaman la "amistad cívica". Por su parte, la Concertación enfrenta otro desafío: si las posiciones de poder siguen predominando por sobre las ideas y propuestas para el país, su propia política irá decayendo. En ambos casos, y de naturaleza totalmente diferente, hay un mandato principal de la calidad de la política para los actores que hasta ahora han monopolizado el juego político en Chile. Con todo lo anterior en mente, podemos señalar algunos de los cambios que hay que considerar para mejorar la calidad de la clase política en Chile: Por una parte se necesita una definición precisa y periódicamente reactualizable de las incompatibilidades de desempeño entre la actividad política electiva y la ocupación de determinadas posiciones gubernamentales por un lado, y el ejercicio de oficios y profesiones particulares por el otro. Relacionado con lo anterior, urge una regulación de las lógicas de salida del sector público, especialmente después de haber ocupado posiciones estratégicas o sensibles en los sectores económicos gubernamentales, y de entrada al ámbito privado, generalmente empresarial. Junto al financiamiento público de las campañas electorales finalmente materializado en Chile, cabe introducir un sistema de financiamiento público de la actividad política

propiamente tal (financiamiento de partidos), regulando y transparentando los mecanismos privados de financiamiento. En el ámbito parlamentario, considerando el fuerte y paulatino deterioro de la credibilidad del parlamento (especialmente de la Cámara de Diputados) según la mayoría de las encuestas de opinión existentes en Chile, resulta importante no sólo hacer formalmente público sino solemnizar la oficialización del reajuste anual del sistema de remuneraciones (la “dieta”) de los parlamentarios, a través de prácticas de pedagogía cívica mediante las cuales se expliquen los fines de dicho sistema de remuneraciones para que ellos cobren sentido en la población. En sintonía con lo anterior, hay que introducir la obligatoriedad de la rendición pública y solemne de cuentas anuales de la actividad de cada autoridad política electa (en el sistema político chileno, Presidente –ya establecido a través del mensaje del 21 de mayo-Senadores, Diputados, Alcaldes y Concejales). En otro ámbito sería conveniente incorporar el referendum de revocación del mandato electivo en situaciones calificadas Del mismo modo, habría que reducir la posibilidad de ser electo diputado, senador, alcalde o concejal a dos períodos consecutivos. Finalmente, urge cambiar el sistema electoral binominal, por uno que de cuenta de la multiplicidad de posiciones políticas que existen en nuestro país, es decir, un sistema electoral proporcional, específicamente con un umbral de voto ni muy alto ni muy bajo. En esta misma lógica debiera cambiar la estructuración distrital y de las circunscripciones heredadas por la dictadura.

Conclusión: El debate necesario De lo que se trata es de priorizar la reforma de la política, promoviendo un gran debate nacional sobre la política y su calidad con la disposición a cambiar todo lo necesario, incluso lo que afecta a los titulares de los puestos de poder, en torno a tres ejes, institucionalidad, participación ciudadana y representatividad, Es cierto que ello supone como punto de partida un acto de renovación del conjunto de la clase política al aceptar este debate y sus consecuencias. Sin embargo, también se necesita de las organizaciones de la sociedad y de la ciudadanía una mayor implicación en vez de la situación actual que tiende más bien a la retirada de los debates políticos aunque, en el fondo, los demande.