Colección Ideas N° 109

IMPACTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA EN EL VECINDARIO COLECCIÓN IDEAS Alejandro Iturra1 Año 11 Nº 109 Agosto 2010

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Taller Regional de Relaciones Internacionales, Fundación Chile 21

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INTRODUCCIÓN El presente artículo analiza la política de defensa nacional y su impacto en los países vecinos, demostrando una vez más la estrecha relación existente con la política exterior.

Se trata de una aproximación inicial, que pone sobre la mesa un tema tabú que, por lo mismo, ha permanecido en una nebulosa para la gran parte de los ciudadanos. La falta de información sobre estos tópicos, alimenta el mito, muy extendido, que supone que este ámbito del quehacer público es propio de expertos. Un argumento que resulta cómodo y que avala la neutralidad ambiente sobre este tema, en circunstancias que se trata de un ámbito estrechamente vinculado con los objetivos políticos del período de construcción democrática.

Es preciso, entonces, preguntarse sobre las principales definiciones y los objetivos de la política de defensa, sin dejar de tener presente los esfuerzos desarrollados y los logros en materia de profesionalización y modernización del sector. Ello implica estudiar el presente a la luz de la experiencia histórica y tener en cuenta los cambios en el escenario internacional.

Por ello, el propósito de estas páginas es contribuir a ampliar la información y los espacios de análisis y debate sobre las políticas de defensa. No se encontrarán acá, opiniones definitivas, pero sí algunos elementos que permitirán cuestionar los enfoques más tradicionales. El déficit democrático de la sociedad chilena, se expresa también en estos temas.

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Abstrac

This article analyzes the national defence politics and its impact on the neighbour countries, showing once again the existing narrow relationship with the foreign politics. It is concerning an initial approximation, which puts over the table a taboo subject that, for the same reason, it is being kept away in a shadow for the majority of the citizenship. The lack of information on these topics, feeds the large extended myth, which supposes that this scope of the public tasks, is only for experts. An argument becoming comfortable and that guarantees the environmental neutrality on this issue, in circumstances dealing with a much closed background related with political objectives of the period of democratic building.

Then, it is necessary, to question on the main definitions and objectives of the defence politics, without having into account to present the developed efforts and the accomplishment regarding matters of professionalism and modernization of the area. That means to study the present in the light of the historic experience and having into account the changes of the international scenario.

So, the purpose of these pages is to contribute to extend the information and the analysis areas and debate on the defence politics. You will not find here, definitive opinions, but some elements that will allow make questions of the most traditional focussing. The democratic deficit of the Chilean society, it is also expressed on these issues.

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PRESENTACIÓN Para estudiar la manera como impacta la actual política de defensa de Chile en los países vecinos es preciso analizar primero sus rasgos principales, y luego situarla en el marco del proceso de construcción del Estado democrático chileno. Esta dinámica, del todo compleja, en los temas propios del sector defensa ha sido más bien opaca, lenta y está inconclusa.

Debe recordarse que Chile modela hasta 1990, con prolongaciones hasta nuestros días, un sector defensa en donde la condición transformadora de la democracia no existe o constituye un bien irrelevante. El resultado es una expresión sectorial que concibe al Estado de una manera aparentemente estática (Chile puede ser una democracia o una dictadura, un Estado teocrático o una monarquía, pero los intereses nacionales no cambian), inserto en una realidad que postula asumirse como “natural” (el país tiene amigos y enemigos naturales) y sin una mirada estratégica por la falta de políticas explícitas y estructuras dotadas de atribuciones cabales (Ministerio de Defensa débil) entre otros factores.

Tal realidad no funciona en un contexto político vacío de contenidos; por el contrario, toda política de defensa está anclada en posturas teóricas, pensamiento ideológico y político respecto del ordenamiento social, el carácter del conflicto, del Estado y del sistema internacional. Ese anclaje es promovido por actores públicos y privados gravitantes que definen e instalan un orden basado en la auto/ referencia de los intereses nacionales, el apego al territorialismo, la desconfianza permanente frente a los vecinos y la relevancia de un instrumento militar con vitales espacios de autonomía que condicionan la percepción de las amenazas y oportunidades, la estructuración de la fuerza, la modalidad del gasto militar y el tipo de apoyo ciudadano.

No es extraño, entonces, el considerable atraso en la institucionalidad democrática que se manifiesta en una subordinación sólo nominal del poder militar a la autoridad civil y en la falta del control y conducción civil en los asuntos propios de la defensa. La dictadura entierra aún más la concepción de Estado construido y definido desde una mirada autoritaria porque coloca al instrumento militar como el eje de un modelo bajo la férula de la Doctrina de Seguridad Nacional.

El proceso es descrito como lento, opaco e inconcluso (así definido desde una mirada renovada, crítica o alternativa a la tradicional) porque quedan por materializar cruciales tareas en la institucionalización de una democracia de calidad que se agrupan en tres macro-iniciativas complementarias: 1) La construcción de un horizonte estratégico renovado con consecuencias en el espacio global, regional o vecinal y el desempeño en las políticas de Operaciones de Paz y Desminado Humanitario.

2) La profundización de la calidad democrática mediante la reformulación del Ministerio de Defensa –está en sus inicios- la mejor integración profesional de la mujer en las Fuerzas Armadas, el apoyo a la capacitación del conocimiento civil y la necesaria reforma de la Justicia Militar.

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3) La optimización de la gestión institucional mediante el reemplazo de la Ley del Cobre, la modernización de la Carrera Militar, la actualización del Servicio Militar Obligatorio y la Contratación de Soldados Profesionales, el Progreso en Lo Conjunto, la revisión del gasto en Previsión Militar y una Política Tecnológica y de Industria Militar.

El impacto de la política de defensa en el vecindario está ligado con la elaboración de una mirada estratégica renovada que propone los siguientes contenidos: 1) Persigue como intereses nacionales ulteriores del país la consecución de la paz y la integración, más allá de la necesaria prevención y el control de la crisis y el conflicto ante situaciones críticas inducidas por manifestaciones públicas o privadas de intereses propios o ajenos.

2) Afirma que en el escenario internacional de fines del siglo XX e inicios del XXI debe construirse una nueva manera de entender la interacción entre seguridad, defensa y desarrollo. En este contexto el dilema central de la seguridad contemporánea plantea una inédita articulación entre nuevas dimensiones, la simultaneidad, el alcance global y los impactos múltiples.

Las Nuevas Dimensiones son producto de la maduración de los riesgos globales generados por una modernidad en donde hay una lógica de expropiación de los recursos naturales y humanos en un afán de búsqueda irrefrenable del crecimiento económico y una acumulación compulsiva que hoy tienen plena visibilidad. Allí los abordajes desde las políticas estatales no se agotan ni son totalmente abarcados desde la defensa, sino con un grupo de satisfactores estatales y no estatales.

Existe Simultaneidad en la medida que el concepto vigente de desarrollo se ha hecho hegemónico y ha movido la viabilidad de las opciones alternativas hacia los márgenes de las políticas públicas, instalándolas en un terreno de la casi excentricidad. Si a esta condición se agregan los factores de la instantaneidad, conectividad, informatización, lo que se tiene es una ecuación que induce el escalamiento y la contaminación de la crisis a altas velocidades.

El Alcance Global responde a una realidad que se materializa en la figura de un Capitalismo Mundial Integrado donde los márgenes se constituyen en meras resistencias algunas de las cuales, incluso, buscan una integración exitosa mediante la negociación.

En pocas palabras, la seguridad se entiende por requerimientos que trascienden las fronteras para instalarse en los espacios de la supervivencia global. Los Impactos Múltiples ocurren porque generan interconexión y tienen derivaciones en distintos ámbitos. Si un territorio sufre modificaciones climáticas se alterará la producción de alimentos, lo que provocará desplazamientos descontrolados que pueden instalar una crisis humanitaria cuya solución demandará recursos humanos y financieros, etc. En consecuencia, una afinada lectura comprensiva de lo que está ocurriendo en el vecindario debería conducir a la apreciación estratégica a proponer la construcción de entornos seguros “en conjunto con el otro” de manera asociativa y no “a costa del otro”, lo cual requiere la voluntad y el

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compromiso de todas las partes desde la óptica de las oportunidades convergentes más que desde la percepciones de amenazas de origen auto/referentes. a) La defensa y el instrumento militar tienen que dar cuenta de los desafíos que plantea el siglo XXI para un país pequeño cuya potencialidad de inserción es marginal en los asuntos mundiales y depende solamente de su capacidad para forjar asociaciones estratégicas y de largo plazo desde los espacios mayores a los vecinales. En lo global propone fortalecer la creación de regímenes internacionales desde Naciones Unidas que acoten la discrecionalidad de los grandes poderes mediante alianzas que avancen hacia la construcción de reglas claras y transparentes para todos. En la región plantea una Carta de Seguridad Cooperativa Flexible que edifique una institucionalidad multilateral con atributos supranacionales, capaz de articular a todos los actores que necesiten entornos seguros y desarrollos efectivos. En lo vecinal propone la superación del enfoque interdependiente con Argentina y la aplicación del estricto realismo con Perú. Hay que definir una política en el eje disuasión-cooperación, teniendo presente un horizonte cargado de propósitos asociativos e integracionistas. b) Entiende que la disuasión y la cooperación constituyen actitudes estratégicas homologables - dotadas con el mismo peso específico- en tanto Modalidades de Empleo de los Medios de la Defensa desde los espacios globales a los vecinales, sustrayendo la condición privilegiada a lo disuasivo en la mirada tradicional.

PRESENTACIÓN DEL DISCURSO OFICIAL Es importante recabar aquellas orientaciones oficiales que sirven de base y explican los impactos de la política de defensa nacional en los países vecinos, las cuales se hallan en los textos oficiales generados en los gobiernos de la Concertación y en lo que propone la nueva administración del Presidente Sebastián Piñera.

AGENDA MINISTERIAL Los ejes que da a conocer el gobierno instalado en marzo se encuentran en la agenda del ministro de Defensa, Jaime Ravinet y en el programa presidencial. Según lo indicado por el secretario de Estado, las tareas principales se resumen de la siguiente manera: 1) Implementar la nueva ley del Ministerio de Defensa que sustituye una débil estructura de control burocrático sobre las Fuerzas Armadas y sin aquellas atribuciones que generan un control y una conducción civil real en los asuntos del sector.

2) Continuar con el trabajo de modernización de las Fuerzas Armadas : la doctrina, el equipamiento, el despliegue territorial, la planificación secundaria y la acción conjunta. Hay que preguntarse si la incorporación masiva de la voluntariedad al

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Servicio Militar Obligatorio resuelve los desafíos del Ejército (la Armada y la Fuerza Aérea emplean contingentes muy menores) en el cumplimiento de su misión con una fuerza potente, célere, flexible, especializada y operando en conjunto con la Fuerza Aérea, la Armada y fuerzas amigas. El desastre de Antuco el 2005 corrobora las debilidades del conscripto pese a todas las ayudas y perfeccionamientos. Hay que dimensionar la experiencia del soldado profesional desde la perspectiva institucional utilitaria y desde el cumplimiento de los beneficios pactados.

3) Elaborar una nueva carrera militar que implica corregir las distorsiones que tiene el sistema de pensiones, prolongar su vigencia hasta los 60 o 65 años y abrir canales de acceso alternativos para el ingreso de oficiales y personal calificado mediante la incorporación de graduados universitarios y centro de formación técnica que dan como resultado una carrera en donde el mérito, la antigüedad y el tiempo en los grados sirvan de base para los ascensos y promociones; postular el cambio en la línea de mando desde un modelo centralizado y uniforme a otro diferenciado de acuerdo a las necesidades institucionales; crear un lazo directo entre grado, responsabilidad, retribuciones y cargo; reorientar la administración del personal por un modelo de gestión por competencias y construir un sistema de calificaciones que premia la proyección del personal que evidencia mayores méritos profesionales y personales, como la excelencia en su desempeño.

4) Modificar la Ley Reservada del Cobre con el propósito de asegurar el financiamiento suficiente sobre la base de una planificación plurianual de cuatro años que no dependa de la volatilidad de los precios del cobre y de manera que se canalicen las decisiones con criterio de país y no sólo institucional.

5) Emplear la política de defensa como instrumento activo de la política exterior para generar confianza con los países vecinos y de la región, potenciar la cooperación entre las Fuerzas Armadas y apoyar en las catástrofes que generan los desastres naturales.

6) Evaluar y fortalecer la viabilidad de la industria militar –empresas estatales gestionadas por las Fuerzas Armadas- incorporando un alto potencial de tecnología e innovación, no tener pérdidas y eventualmente abrirse a empresas extranjeras que posibiliten un joint venture con objetivos exportadores.

7) Colocar en operaciones el Sistema Satelital para la Observación de la Tierra (SSOT) por un valor de US$ 72 millones, cuyo propósito es entregar la capacidad de contar con un proyecto estratégico orientado a la observación del territorio con un amplio espectro de objetivos, incluidos los temas de interés para la seguridad del país.

8) Revisar las prerrogativas que contempla el Código de Justicia Militar en su relación con los civiles y la aplicación de determinadas penas, atendiendo que el 2007 se aprueba un proyecto que restringe la competencia de los tribunales militares sobre los civiles y elimina la pena de muerte en tiempo de paz.

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Reconstrucción de las instalaciones militares con una mirada de futuro, así como proponer una nueva estructura institucional que permita encarar las calamidades a raíz del terremoto que afectó al territorio con una fuerza devastadora y dejó al desnudo las debilidades.

De lo indicado se pueden inferir dos apreciaciones generales. La primera es que el ministro desglosa en los ocho primeros puntos los cuatro ejes planteados por el Primer Mandatario en su programa. La segunda es que de los nuevo puntos, ocho no son más que la comprobación de un continuismo de la política que venían implementando los gobiernos del Presidente Lagos y la Presidenta Bachelet, en particular después del 2005, cuando la aprobación de las reformas constitucionales desata nudos histórico-políticos pendientes de la agenda político-militar y visibilizan una razonable masa crítica de la subordinación militar ante el poder civil.

Así, la nueva ley del Ministerio de Defensa que crea el cargo del Estado Mayor Conjunto y reorganiza su estructura estableciendo dos nuevas subsecretarías, de Defensa y de las Fuerzas Armadas que reemplazan las tres institucionales, fue promulgada por la Presidenta Bachelet poco antes de dejar su mandato de cuatro años. Lo mismo ocurre con el financiamiento parcial del sector en lo relativo al proyecto todavía no aprobado que sustituye la Ley Reservada del Cobre y supone un acuerdo de parte importante del espectro político y las Fuerzas Armadas. Es el propio Ministro Ravinet en el 2005, como ministro de Defensa del Presidente Lagos, quién inicia la preparación y discusión del proyecto de ley que aborda los problemas previsionales y los de la carrera militar.

Lo nuevo es lo referente a las tareas de reconstrucción como producto de los efectos del terremoto del 27 de febrero en la infraestructura militar y la redefinición de los roles y capacidades institucionales que hacen frente a las calamidades provocadas por los desastres naturales.

EJES PROGRAMÁTICOS DEL GOBIERNO Los cuatro ejes, explicitados en septiembre del 2009, son: 1) El primero, la transformación institucional. Tendrá como objetivo modernizar el Ministerio de Defensa Nacional generando las funciones y los procesos que permitan una conducción integrada del sistema. Otro aspecto se relaciona con la Justicia Militar y la modificación al Código de Justicia Militar.

2) El segundo tiene como objetivo perfeccionar los procesos de la defensa. Entre estos destaca la necesidad de hacer explícita la estrategia de seguridad del país.

Será la Subsecretaría de Defensa la instancia en la que se haría la coordinación interministerial para que, con una frecuencia de cuatro años, se promulgue el documento que haga explícita esa estrategia. El sistema de financiamiento a través de la Ley del Cobre debe ser sustituido por uno que otorgue estabilidad en el horizonte de mediano plazo y una vez que se hayan materializado las reformas estructurales del sector.

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3) El tercero será fortalecer el recurso humano, aspecto esencial para el desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas. Un aspecto central es estudiar la reformulación de la carrera militar, adecuándola a las nuevas realidades y modificando la estructura de incentivos inserta en ella, de tal forma de atraer y retener el perfil y calidad requerido de personas. Perfeccionaremos los beneficios del sistema previsional de la defensa.

4) El cuarto impulsará el desarrollo industrial, emprendimiento e innovación en el sector. Para ello modernizaremos el gobierno corporativo de las principales empresas estatales de la defensa (FAMAE, ASMAR, ENAER) velando por la designación de directores con experiencia empresarial, incluyendo civiles con los resguardos necesarios en materias de seguridad.

CONTENIDOS DEL LIBRO DE LA DEFENSA 2010 El tercer elemento que explicita la política oficial es el Libro de la Defensa 2010 (LDN 2010) cuyos contenidos reflejan, como producto de los tiempos, la cima declarativa de las políticas implementadas por los cuatro gobiernos de la Concertación. La influencia concreta que podrá tener en el diseño, materialización y evaluación de las políticas del gobierno constituye una incógnita, sin embargo, explicita aquellos elementos más permanentes de la política de defensa que, a diferencia del programa y la agenda ministerial, contienen mayores elementos conceptuales por las características propias del texto oficial.

A continuación se dan a conocer sus contenidos, especialmente aquellos que impactan en la política vecinal: La política de defensa consiste en el conjunto de orientaciones con que el Estado ejecuta su función de defensa. Define los objetivos de la defensa nacional, orienta el accionar de sus Fuerzas Armadas a través de una política militar y establece las prioridades y modalidades de inversión de recursos financieros, contribuyendo así al logro de los intereses y objetivos del país.

Es una política pública y, por lo tanto, debe estar sujeta a las condiciones generales de formulación, implementación y verificación, incluidos los requerimientos de transparencia y participación ciudadana.

MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA Anteriormente denominadas bajo el título genérico de Medidas de Confianza Mutua, surgen a partir de acuerdos entre dos o más estados con el propósito de disminuir las percepciones de amenaza mutua y evitar situaciones de sorpresa en sus relaciones militares. En el ámbito vecinal han contribuido a lograr una mayor transparencia y conocimiento entre las Fuerzas Armadas de Chile, Argentina y Perú.

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Pueden representarse en: a) Reuniones periódicas de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas chilenas con sus pares extranjeros con el fin de favorecer la cooperación e integración, el intercambio de conocimientos y experiencias y la planificación de actividades. b)

Ejercicios con unidades de Fuerzas Armadas de otros países.

c) Realización de ejercicios de simulación, actividades académicas bilaterales con participación de diplomáticos y oficiales militares. d) Fortalecimiento de los mecanismos de información y experiencia sobre aspectos doctrinarios, operaciones de paz y otros temas de interés mutuo. e) Establecimiento de procedimientos sobre materias de interés común entre las unidades militares desplegadas en zonas fronterizas. f) Intercambio de uniformados en áreas de personal, inteligencia, logística, asuntos civiles, asuntos jurídicos, procesamiento de datos y otras áreas de interés. g) Comunicaciones regulares entre mandos de fuerzas fronterizas. h) Visitas de intercambio de autoridades civiles ministeriales y militares, así como de unidades militares.

FOROS REGIONALES SOBRE DEFENSA Y SEGURIDAD La relación vecinal existe en un contexto institucionalizado de mayores dimensiones, lo regional, en donde concurren Chile, Argentina, Bolivia y Perú y que tiene influencia sobre lo que ocurre en las bilateralidades. Observemos cuáles son tales instancias y el alcance relativo de las mismas en una región que se tipifica por la baja probabilidad del conflicto armado interestatal, está libre de armas de destrucción masiva, tiene un gasto militar comparativamente bajo y Fuerzas Armadas dotadas de una autonomía no menor: a) Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA que se ocupa tanto de las materias de seguridad pública y de defensa en la región. b) Junta Interamericana de Defensa conformada por representantes militares de los estados miembros de la OEA, colabora en la identificación de soluciones a los retos comunes de seguridad y defensa y ofrece asesoría y servicios técnicos a la OEA. c) Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas instituida en la reunión fundacional realizada en 1995 en Williamsburg (EE.UU.) -la última en Banff (Canadá) el 2008- con el fin debatir, analizar e intercambiar experiencia sobre lo que propone la agenda que surge a partir de una proposición del país sede y el consenso alcanzado en una reunión preparatoria.

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d) Consejo de Defensa Suramericano integrado por los doce ministros de defensa de América del Sur, se materializa a iniciativa de Brasil en el contexto de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con una reunión constitutiva en Santiago, en marzo del 2009. Los objetivos generales son: consolidar Suramérica como una zona de paz, construir una identidad que tome en cuenta las características nacionales y generar consensos para fortalecer la cooperación. Su primer plan de acción que tiene como horizonte hipotético el 2010, contempla actividades agrupadas en cuatro ejes de trabajo: políticas de defensa, cooperación, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnología de defensa, y formación y capacitación.

e) Conferencias de Mandos Superiores de las Fuerzas Armadas Americanas congregan a los comandantes en jefe de las instituciones militares. La de los ejércitos (CEA) se ha focalizado en la educación y el entrenamiento combinado, el desarrollo de la tecnología y la protección del medio ambiente. La bianual de las marinas tiene el fin de estudiar, debatir y proponer iniciativas a problemas navales comunes. El SICOFAA de las Fuerzas Aéreas congrega el propósito de fortalecer lazos de amistad, de cooperación y apoyo mutuo.

RELACIÓN CON ARGENTINA Un elemento de cambio en las interacciones entre los estados sudamericanos ha sido la modificación del carácter de las relaciones que existieron entre Chile y Argentina durante buena parte del siglo XX, con reclamaciones limítrofes serias y desequilibrios estratégicos, y su evolución hacia un modelo de asociación e integración que se fue configurando desde 1984 con el Tratado de Paz y Amistad.

La última iniciativa de gran trascendencia fue la firma en octubre del 2009 del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina que amplía y complementa el de 1984. En este instrumento se incluyen materias referidas o relevantes para la defensa. Su texto destaca el trabajo en forma conjunta para la consolidación de una cultura de paz e integración, sobre la base de visiones culturales y sociales comunes, que promueva un legado compartido para las futuras generaciones; consolida la existencia del Grupo de Trabajo Bilateral de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”; da cuenta de la importancia del Comité Permanente de Seguridad Argentino-Chileno (COMPERSEG), y el Mecanismo de Consultas de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa (2+2). En su artículo 35 puntualiza que las partes desarrollarán, en un plazo de tres años, un Programa Bilateral de Cooperación en materia de producción para la defensa, a partir de proyectos conjuntos que incluyan las áreas terrestre, naval y aeronáutica.

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Los avances se han fundado en dos grandes pilares: 1) La construcción de confianzas que se advierte en la resolución pacífica y negociada de los asuntos territoriales no resueltos en la larga frontera compartida (Campos de Hielo), en las iniciativas destinadas a estabilizar el ámbito militar, en la consolidación de vínculos en otras áreas relevantes del sector y en la institucionalización de las relaciones de cooperación cuyo resultado más destacable es la configuración de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur”.

2) El desarrollo de políticas comunes en el ámbito global. Ambos países han seguido avanzando en la convergencia en materias de defensa, en donde destaca la importancia que asignan a la tarea de mantenimiento y construcción de la paz internacional bajo mandato de Naciones Unidas. Esto posibilita el desarrollo de ejercicios militares orientados a lograr una mayor interoperatividad entre sus fuerzas, a la participación conjunta de fuerzas chilenas y argentinas en misiones de paz en Chipre (UNFICYP) y la materialización de “Cruz del Sur”.

Los Mecanismos de Cooperación Bilateral desarrollados como parte del fomento de la confianza mutua desde 1994 son: a) Reuniones Binacionales de Ministros. Consignadas en el Tratado de Maipú es una reunión anual múltiple de ministros que puede incluir a los secretarios de Defensa, donde se evalúa se evalúa el proceso de integración y se adoptan las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del tratado y el cumplimiento de las directrices de los encuentros que realicen ambos Jefes de Estado. b) En 1997 se establecieron las reuniones 2+2 integradas por los Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, creadas para consolidar el avance de las relaciones bilaterales en el campo de la seguridad y defensa. c) En 1995, y por medio de un Memorándum de Entendimiento, se creó un Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG) con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral sectorial. Tiene una función ejecutiva respecto a las decisiones adoptadas por los Presidentes y los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. En su agenda aparecen los siguientes temas: el fortalecimiento de los canales de comunicación en defensa, la oportuna información de aquellas maniobras militares que las partes acuerden notificarse, la promoción de actividades académicas que alienten la cooperación en materias de interés mutuo. d) En 1994 y en el marco del Tratado de Paz y Amistad de 1984 se establecieron las reuniones de estados mayores institucionales y de la defensa como mecanismo de consulta y coordinación entre las Fuerzas Armadas. e) En 2001 se acordó la Metodología Estandarizada Común para la Medición de los Gastos de Defensa con el fin de establecer una comparación del gasto como medida de fomento de confianza mutua y de estímulo a la transparencia en materia de gasto.

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f) El 2005 se firma la Declaración Conjunta sobre Cooperación Técnica, Científica y de Desarrollo Logístico en materias de Defensa, instalándose una instancia de intercambio de informes periódicos relativos al avance de la agenda bilateral. g) El acuerdo que dio origen a la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur” data del 2005 y tiene como objetivo general poner a disposición de Naciones Unidas una fuerza especializada a la contribución de la paz, además de aumentar la cooperación entre Chile y Argentina y la optimización de los recursos humanos y materiales. Funcionará bajo el Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas (UNSAS) establecido en 1994, con un período de despliegue de 30 a 90 días tras la resolución del Consejo de Seguridad y la aprobación de ambos gobiernos. Estará conformado por un Estado Mayor Conjunto-Combinado y por una fuerza que integra medios de similares características de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de cada país. Se han previsto, entre otras, las siguientes tareas: proveer de personal para cuarteles generales, oficiales de enlace y observadores militares; instalar presencia de la ONU en áreas de crisis; prevenir un escalamiento de la violencia; cooperar, monitorear, asistir y facilitar un acuerdo de cese del fuego o tregua; otorgar seguridad a líneas de comunicación o aeropuertos; crear áreas de seguridad para la población civil o grupos vulnerables; otorgar seguridad en operaciones humanitarias. Cruz del Sur debe presentarse a fines del 2010 al Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, en principio. Su empleo ocurrirá a solicitud del Consejo de Seguridad en una misión que sea del interés nacional de ambos países.

RELACIÓN CON BOLIVIA Chile otorga especial atención al reforzamiento de los lazos con Bolivia que desemboca en la definición de la Agenda de los Trece Puntos acordada en La Paz en julio del 2006. En el plano de la defensa sirvió de impulso al acuerdo entre los ministerios de defensa que se materializa en un plan de trabajo firmado en Santiago el 2006 y el Memorándum de Entendimiento del 2008.

La Agenda de los Trece Puntos ya rinde frutos como la aplicación del Régimen de Libre Tránsito al puerto de Iquique y el desarrollo de un Corredor Interoceánico que uniría Arica/Iquique con Oruro-Santa Cruz-Corumbá-Cuiabá y Sao Paulo, junto al Mecanismo de Consultas Políticas al nivel de Vicecancilleres, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Bilaterales, el Comité de Frontera y el Grupo sobre Libre Tránsito.

El Plan de Trabajo suscrito en Santiago en noviembre del 2006 constituyó el primer acuerdo entre ambos países desde el siglo XIX. Las áreas a tomar en cuenta fueron: mecanismo de enlace, desminado humanitario, desastres naturales, misión en Haití, intercambio académico, agregaduría policial, Metodología Estandarizada para Medir el Gasto en Defensa y cooperación militar.

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En junio del 2008 se firma el Memorándum de Entendimiento que perfecciona el Plan de Trabajo y cubre adicionalmente estos aspectos: 1) Establecimiento de canales de comunicación en materia de defensa.

2) Intercambios profesionales.

3) Desarrollo de actividades académicas tanto para personal militar como civil.

4) Intercambio de conocimientos, experiencias y capacitación en operaciones de paz.

5) Promoción de la cooperación en áreas de interés mutuo entre ambas industrias de defensa.

6) Desarrollo de actividades culturales y deportivas.

7) Cooperación en otras áreas de la defensa que pueden ser de interés común.

En el contexto anotado Chile y Bolivia realizan en Octubre del 2009 el primer Ejercicio de Colaboración Militar en Caso de Desastres Hermandad, organizado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional de Chile y el Estado Mayor Conjunto de Bolivia en el Centro de Entrenamiento Operativo Táctico Computacional (CEOTAC) de la Academia de Guerra del Ejército chileno.

RELACIÓN CON PERÚ La bilateralidad está condicionada por una herencia histórica que se manifiesta en un imaginario colectivo escasamente reflexivo e identificado con la idea de países rivales per se. Esta trenza de objetividades y subjetividades se ha generado en un contexto de profundas desconfianzas y agudas diferencias en la construcción de ambos estados. El enfrentamiento permanente genera una lógica que tiende a preservar el statu quo.

Superar esta perspectiva supone inducir cambios estructurales de nociones consideradas básicas en la conformación de los países, así como sobrellevar pesadas desconfianzas y diferencias en la interacción bilateral.

Tales dificultades para avanzar no han impedido, sin embargo, progresar en la relación cooperativa dada la proximidad geográfica, los intereses mutuos y las posibilidades de desarrollo económico que la integración ofrece a ambos. En efecto, hoy se incorporan a la agenda elementos económicos de provecho mutuo con activa participación del sector privado (Chile es el tercer socio comercial de Perú y su principal zona de exportación en América Latina) y se valoran los factores culturales y el aporte de los inmigrantes. En Chile viven aproximadamente 100.000 ciudadanos peruanos que se encuentran insertos en el campo laboral, así como en lo social y cultural.

Paralelamente se manifiesta la interacción fronteriza, en particular a través del Comité de Fronteras que ha canalizado la participación de los organismos del Estado y las comunidades organizadas. También se plantea el desarrollo de una estrategia conjunta

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hacia el Asia-Pacífico, habiendo Chile abogado por la incorporación de Perú a la APEC a lo que se agrega la necesidad de considerar a Perú un actor en materia de corredores bioceánicos.

La presentación de la demanda ante la Corte de Justicia de La Haya en enero del 2008 constituyó un hecho que el Estado chileno lamentó y que culmina un esfuerzo peruano de revisión de los tratados vigentes, particularmente a partir de la adopción de una línea de base del dominio marítimo y el mapa que muestra la pretensión del Perú. La demanda desconoce el límite marítimo entre ambos países. Chile ha respondido que hará valer los antecedentes objetivamente respaldados ante La Haya.

La creación de mecanismos de cooperación chileno-peruano data del año 2001 a partir de la firma de un Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación.

Este instrumento creó el Comité de Seguridad y Defensa (COSEDE) y consideró además las siguientes materias: 1) Acordar un sistema estándar común de medición de los gastos de defensa.

2) Promover que los gastos en defensa se realicen con transparencia y pleno conocimiento público.

3) Contribuir a una gradual limitación de los gastos militares en la región El 2002 se complementó con otro instrumento similar sobre cooperación en materia de desastres y el 2006 con un tercer Memorándum de Entendimiento entre los Ministerios de Defensa que amplia la agenda a los siguientes temas: 1) Actividades y ejercicios bilaterales entre Fuerzas Armadas.

2) Creación de un grupo de trabajo para una eventual participación conjunta en operaciones de paz bajo mandato ONU y la generación de un proyecto para una fuerza de paz combinada-conjunta. Intercambio de planes de acción contra minas y establecimiento de un diálogo político respecto a los plazos de cumplimiento de la Convención de Ottawa.

Hay dos instancias no nombradas que requieren citarse por su importancia: 1) Las reuniones 2+2. Instrumentos de consulta y coordinación política que data del 2001 e integrada por los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa.

2) Reuniones de Estados Mayores. Mecanismo de intercambio y coordinación anual entre Estados Mayores Institucionales y de la defensa.

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SEGUNDA PARTE: EVALUACIÓN E IMPACTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN CONCEPTO VITAL EN LOS LDN.En América del Sur un tópico crucial que condiciona la relación con el vecino tiene que ver con la forma en que se manifiesta la disuasión y la cooperación frente al otro.

El Libro de la Defensa 2002 (LDN 2002) las identifica como Modalidades de Empleo de los Medios de la Defensa y el Libro de la Defensa 2010 (LDN 2010) las designa como Modalidades del Empleo de la Fuerza. Ambas, más lo que se denomina empleo coercitivo de la fuerza (LDN 2002) o uso de la legítima defensa ante un ataque externo (LDN 2010) conforman en su empleo la definición estratégica sobre la inserción externa de un país.

La utilización de la legítima defensa tiene su base jurídica en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

En el análisis de la naturaleza de la disuasión o la cooperación y su impacto en la política vecinal puede afirmarse que los contenidos del LDN 2010 muestran un retroceso respecto a lo indica el LDN 2002. Este texto oficial las hace comparables en tanto Modalidades de Empleo de los Medios de la Defensa; es decir, disuasión y cooperación son homologables porque representan actitudes estratégicas, si bien el LDN 2002 privilegia la disuasión en el espacio vecinal por el carácter auto referente más que asociativo de la política de defensa.

En el LDN 2010 la disuasión retiene su condición de actitud estratégica estrechamente vinculada a la protección del territorio. Cooperación “implica orientar parte de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas a colaborar con el propósito de la comunidad mundial para generar entornos internacionales seguros y sostener impulsos hacia la integración”, definiendo su naturaleza con tres tipos de intervenciones militares en territorios alejados y sin dar cuenta de una actitud estratégica: a) Operaciones de Cooperación Internacional: Operaciones de Mantenimiento de la Paz; de Imposición de la Paz; de Paz Multidimensionales; de Aplacamiento de Crisis Humanitarias. b) Operaciones Nacionales de Protección: de Evacuación o Protección de Tropas Nacionales; de Protección, Rescate y Evacuación. c) Operaciones Nacionales de Ayuda Humanitaria: de Asistencia Humanitaria, de Mitigación de Catástrofes o Desastres.

Así, mientras la disuasión conserva su naturaleza asociada a las funciones y misiones que históricamente han desarrollado y materializado las Fuerzas Armadas en ese espacio crítico y sensible de la defensa del territorio, el vecinal, la cooperación no retiene en el LDN 2010 su condición de actitud estratégica y pasa a conformar intervenciones de apoyo y asistencia militares en espacios “donde el país participa de la dinámica de la

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globalización y de la importancia creciente de las crisis internacionales originadas en conflictos interestatales o en amenazas no estatales”.

Se puede cooperar con el vecino, evidentemente, pero son acciones que no conforman una equivalencia con lo disuasivo.

Pareciera que la defensa del territorio confiere una calidad especial, un privilegio, factor que hace la diferencia en el status de de la disuasión y la cooperación.

EXAMEN DE LA AGENDA, EL PROGRAMA Y LA REALIDAD La debilidad de la agenda que lleva adelante el ministro Ravinet tiene que ver con la falta de elementos conceptuales que den sustento a las definiciones políticas e instalen un horizonte estratégico más claro y coherente a la defensa nacional.

En tal sentido no se advierte que el secretario de Estado avance según las directrices emanadas de los cuatros ejes programáticos. El segundo, que influye en el lazo vecinal, manifiesta que “tiene como objetivo perfeccionar los procesos de la defensa. Entre estos destaca la necesidad de hacer explícita la estrategia de seguridad de país”. El tema más contiguo en la agenda es aquel que instala la política de defensa como un instrumento activo de la política exterior. No aparece el requerimiento de hacer explícita una política de seguridad (de la cual se desprende la política de defensa). Y aparecen las preguntas: ¿La iniciativa no está contemplada en los esfuerzos del gobierno durante los próximos cuatro años y ratifica la falta de elementos conceptuales como sostén político en una agenda más bien de gestión, administrativa, como la que lleva adelante Ravinet?. ¿Hacia dónde va a apuntar la política de defensa? ¿Cómo entender el funcionamiento entre cooperación y disuasión en lo vecinal?

La defensa chilena se define en todos los tonos como una conducta “no agresiva pero si disuasiva”. El LDN 2010 declara en sus principios y objetivos que “la satisfacción de (los) Objetivos Nacionales impone al país la necesidad de tener una política diplomática activa a favor del desarrollo, la paz regional y la solución pacífica de las controversias. Asimismo, supone la manutención de una Política de Defensa no agresiva pero si disuasiva, con fuerzas suficientes para prevenir o neutralizar cualquier amenaza externa o repeler una eventual agresión externa en el lapso más corto y con los menores daños posibles para el país, e imponiendo condiciones favorables para el restablecimiento de la paz”. ¿Cómo puede explicarse la compra masiva y sistemática de sistemas de armas modernas durante la última década que inclinan la balanza inequívocamente a favor de Chile en el balance estratégico con Argentina, Bolivia y Perú?. ¿Podemos hablar de una disuasión muy sobredimensionada si adicionamos además el alto nivel de alistamiento del instrumento militar en comparación al de los vecinos?. ¿Chile está a la espera de un conflicto armado con algún vecino o más de uno en el corto plazo?. ¿El gobierno del Presidente Piñera va a seguir profundizando el desequilibrio con nuevas adquisiciones?, ¿va a mantener las políticas de los gobiernos de la Concertación?, ¿ va a morigerar la falta de balance? Estos son temas que requieren una definición política ministerial y no aparece por ninguna parte.

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Si el objetivo político es construir un todo coherente y complementario entre la política de defensa y la política exterior, según lo declara el Primer Mandatario en su programa cuando señala, “mi gobierno tendrá una política exterior que va a preservar nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra autodeterminación y a estar siempre a la altura de las exigencias de nuestra inserción en un mundo cada día más globalizado e interdependiente”, surge otra interrogante, ¿cuál es la coherencia entre ambas políticas de Estado?, ¿es necesario la incorporación de un arsenal que emplea materiales aéreos, navales y terrestres propios de los países del primer mundo para defender la soberanía, la identidad y la autodeterminación en una región donde el conflicto armado entre los estados tiene una escasa recurrencia?.

En los contenidos programáticos se indica, “nuestra política se va a manifestar por la vía del multilateralismo, que es un instrumento indispensable en los tiempos modernos para la preservación de la paz y la seguridad internacional y para la promoción del desarrollo económico, social y el bienestar de nuestros pueblos”. Sin embargo, la práctica muestra que el fantasma del armamentismo chileno ronda en nuestros vecinos y más allá. No es presentable seguir argumentando eternamente que sólo estamos en un proceso de reposición-modernización, cuando todo indica que las compras no son coherentes con las características y magnitud de las amenazas a la seguridad de Chile.

NOMBRAMIENTOS EN EL NUEVO MINISTERIO Si bien el perfil de las políticas gubernamentales puede considerarse continuista de manera general, hay una iniciativa que muestra diferencias respecto a lo que se venía implementando por los gobiernos anteriores y que está enlazada a la decisión del Presidente Piñera de nombrar tardíamente al general Oscar Izurieta Ferrer, ex comandante en jefe del Ejército, como subsecretario de Defensa.

Esto no sólo instala una incógnita política, sino que deja a las Fuerzas Armadas en una situación privilegiada en la reconstrucción del nuevo Ministerio de Defensa. El General Izurieta es técnicamente un civil, pero desde el punto de vista político, sociológico y simbólico es un militar. No hay por qué dudar de sus atributos profesionales, puesto que para ello desarrolló una larga y exitosa carrera, pero cabe preguntarse si eso mismo, como sucede con otros, podría utilizarse desde estructuras evidentemente asesoras tanto adentro como afuera del ministerio, en vez de un puesto eminentemente político como el de subsecretario de Defensa que controla los procesos de gestión de la política de defensa, la política militar y la planificación primaria.

Tampoco se puede colocar en duda el sello corporativo de las instituciones militares, así como sus tramados familiares, de amistad y subordinación cultural. ¡Cuántas veces hemos escuchado de la familiar militar! Si el día de mañana es sujeto de crítica, ¿se estará atacando al Ejército? Como si tal designación no fuera suficiente, se suma el hecho que el jefe de gabinete del ministro Ravinet es el almirante Rodolfo Codina, comandante en jefe de la Armada hasta junio del 2009.

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Pareciera que sigue siendo una tarea pendiente que requiere de un mejor y más profundo tratamiento la conexión de los militares con la política, tanto en servicio activo como en retiro. Un caso emblemático es el del almirante Jorge Arancibia, quién tempranamente abandona el cargo de comandante en jefe para presentarse como candidato a senador por la UDI en los tiempos que exige la ley. Hay que definir ciertas incompatibilidades en el ejercicio de las actividades de los ofíciales generales, por lo menos temporalmente, como cualquier otro empleo público de alta responsabilidad.

No es que no se entienda de la necesidad de contar con asesoramiento militar a la hora de definir materias relativas al personal, operativas, logísticas, de adquisiciones u otros ámbitos relevantes. No hay que olvidar cuál es el propósito de contar con Fuerzas Armadas bien equipadas en función de la cantidad y calidad de la amenaza. Su rol es defender la soberanía e impedir en conjunto con el poder político, hasta donde sea posible, el estallido del conflicto bélico y si ocurre, ganarlo.

El Estado democrático requiere Fuerzas Armadas profesionales, eficientes y que eviten a toda costa que la carrera termine en cargos políticos. Es imprescindible que el Ministerio de Defensa reformulado ejerza un claro liderazgo sobre la formación de las capacidades sectoriales y el instrumento militar. Más todavía cuando en el horizonte están planteados incordios diplomáticos con nuestros vecinos del norte que debieran examinarse a la luz de los nuevos instrumentos jurídicos y políticos hoy de uso común, descartando de plano cualquier aventura y escalamiento de la fuerza. ¿Puede pensarse, entonces, que el nombramiento del ex comandante en jefe del Ejército tiene que ver justamente con el manejo profesional de la fuerza en el marco de un conflicto percibido como inevitable con el Perú tras la resolución de La Haya el 2012?.

LO QUE REVELÓ EL TERREMOTO.Lo ocurrido en la noche del 27 de febrero en Chile fue una catástrofe imprevisible en todos los sentidos. Mostró con crudeza las debilidades del país y la escasa capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias por parte de las fuerzas encargadas de sostener la seguridad de la población, Fuerzas Armadas, Carabineros, Defensa Civil, ONEMI y otras.

En especial la aptitud para mantener las comunicaciones a lo largo del país, sobre todo mantener los enlaces del gobierno con la zona más afectada por el terremoto y el maremoto, una parte fundamental del denominado “núcleo vital”, lo que abre un margen de dudas e interrogantes importantes en demasiados chilenos.

Ante la evaluación pública de tales antecedentes pareciera que las autoridades todavía no asumen que lo develado por el terremoto es bastante más grave de lo que aparece, si pensamos que tales fuerzas son la que deben enfrentar el conflicto armado. No es un misterio que Chile ha gastado miles de millones de dólares en un arsenal de última generación, proceso que a la luz de los hechos demostró serias deficiencias dado el papelón que se visibilizó en materia de comunicación estratégica.

Tal realidad abre un debate sobre los costos del financiamiento de la reconstrucción, especialmente en la defensa ya que no es sólo un problema de ahorro, sino también de eficiencia en la inversión. No basta recuperar los cuarteles, la infraestructura y lo dañado

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por el violento movimiento de tierra, es necesario que el gasto se coloque en una perspectiva con coherencia estratégica. ¿Proseguirá la sobredimensión en la compra de sistemas bélicos de última generación o actualizados?, ¿se buscarán otras alternativas para construir un país más seguro, algunas de ellas impulsadas y ratificadas por Chile con su firma?.

En este sentido hay que preguntarse que ha materializado Chile en torno a los acuerdos suscritos de seguridad multidimensional?. En octubre del 2003, durante el gobierno del Presidente Lagos, se suscribió la Declaración sobre la Seguridad de las Américas, que apuntaba en esa dirección y en el inciso i señalaba: “las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y el alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, sociales, económicos, de salud y ambientales”.

Los hechos indican que a partir del 2004, cuando la agenda se trasladó a enfrentar los problemas vecinales, no hay evidencias que se hayan tomado con seriedad los acuerdos suscritos, lo que demuestra una vez más la existencia de ausencias, contradicciones y debilidades en la política exterior; iniciativa que debiera ser hoy cuestión de debate, la que el programa de gobierno promete de manera general y la misma que la agenda del ministro Ravinet obvió de manera elocuente. ¿No será el momento de iniciar la reflexión para definir en la región un modus operandi que encare las catástrofes naturales de forma multilateral desde la mirara de la seguridad multidimensional, con énfasis en el trabajo a desarrollar en lo vecinal por la cercanía, que involucre a las Fuerzas Armadas, instituciones policiales y las civiles que apoyan los esfuerzos de los estados en la materia?

CUÁLES ARMAS Y HACIA DÓNDE APUNTAN.Pese a todos los tratados, convenios y acuerdos amigables firmados por Chile con sus vecinos desde el nacimiento de los estados, refrendados a fines del siglo XX y los inicios del XXI por lo indicado en el LDN 2010, a lo que se suman las oportunidades actuales de complementariedad que se manifiestan en determinadas áreas fronterizas, lo concreto es que lo vecinal todavía constituye aquel espacio formado por los aparatos estatales y las sociedades civiles de Chile, Argentina, Bolivia y Perú donde aún existen rivalidades u odiosidades (hipótesis de conflicto en algunos casos) por la persistencia de inacabables desconfianzas ante percepciones de amenaza o riesgo que instalan grandes obstáculos al logro de la paz y la integración, limitando incluso las aspiraciones a una efectiva prevención de las crisis y el oportuno control del conflicto armado.

Este horizonte del que cuesta zafarse se ajusta a un contexto en donde puede estimarse que Chile opera militarmente con un enfoque interdependiente en su relación con Argentina, que tiene dos lecturas y se ciñe a un estricto realismo con Perú. Bolivia no es considerada una amenaza analizada individualmente. En palabras concretas, ejecuta una notoria disuasión hacia el norte y una calculada disuasión (constreñida por las medidas de confianza) o una calculada cooperación (sin descuidar la disuasión) hacia el este. El

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acercamiento con Argentina hace desaparecer aparentemente la máxima hipótesis de conflicto chilena, HV3, permitiendo la concentración de los medios más poderosos en otras direcciones.

Esta actitud estratégica se refleja en el despliegue de paz de las Fuerzas Armadas que trae aparejado cambios en la última década, particularmente el que ocupa más páginas en los medios de comunicación, la incorporación de sistemas de armas de última generación y que produce a fin de cuentas la asimetría en el balance estratégico vecinal.

La instalación de las principales bases de la Armada en el centro del país pone un velo respecto a sus consideraciones estratégicas en el despliegue de los medios. El discurso institucional ha puesto el énfasis en una presencia exitosa más allá territorialmente de los incordios con los países vecinos, en el área del Pacífico Central, la Zona del Canal de Panamá y el Pacífico Sur, que responde a fines de una política de país y demuestra fehacientemente el alto nivel de alistamiento para operar año a año con marinas de países desarrollados.

En la consecución de tal logro, que con dificultades puede alcanzar otra armada de la región, sobresale la renovación completa de la Escuadra con cinco fragatas de penúltima generación que son actualizadas, cuatro holandesas (US$ 350 millones) una británica (US$ 50 millones) y tres unidades británicas de última generación (US$ 540 millones); más la incorporación de dos modernos submarinos tipo Scorpene (US$ 480 millones) que se suman a los dos tipo 209 actualizados.

Con el fin de aumentar la proyección de la Escuadra arribó en el mes de abril un buque logístico de 42.000 toneladas que se empleará como petrolero (US$ 50 millones en su compra y modernización) aunque también puede transportar combustibles líquidos, carga seca, combustible y municiones. Es la nave de mayor desplazamiento en la región. El concepto de última generación comprende plataformas con una fecha de construcción reciente, sistemas operativos acordes a los últimos desarrollos, un apoyo logístico y administrativo que incluye las modernizaciones en astilleros locales y un recurso humano capacitado en Chile y el extranjero que tiene dos o tres veces las horas de navegación de sus pares en la región.

Los sistemas de armas que portan las fragatas son del nivel OTAN, responden a los empleos operativos de cada clase y son apoyados por sistemas logísticos integrados. La clase Almirante Latorre (dos holandesas) tiene dos lanzadores triples lanzatorpedos para ingenios antisubmarinos Mk 46 Mod.5, un lanzador simple de defensa antiaérea de zona (mediano alcance, único en Sudamérica) para 40 misiles RIM-66B SM-1, un lanzador óctuplo para el misil RIM-7 Sea Sparrow de corto alcance, dos lanzadores para ocho misiles Harpoon RGM-86C de superficie y un montaje de defensa antiaérea puntual Goalkeeper.

La clase Almirante Riveros (dos holandesas) porta un cañón multiuso Oto-Melara de 76mm, un sistema antiaéreo de corto alcance para el misil RIM-7 Sea Sparrow, dos plataformas para ocho misiles Harpoon RGM-86C, seis tubos lanzatorpedos para el tipo Mk 46 Mod.5 y un helicóptero AS-532 SC Cougar. La clase Williams (una británica, modernizada en Chile) dispone un cañón multiuso Oto-Melara de 76mm, dos lanzadores

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triples lanzatorpedos antisubmarinos, dos sistemas antiaéreos Barak de corto alcance, dos sistemas cuádruples Harpoon y un helicóptero embarcado AS-532 SC Cougar. La clase Almirante Cochrane (tres británicas) tiene dos plataformas triples lanzatorpedos, dos lanzadores cuádruples del sistema Harpoon, un sistema antiaéreo de corto alcance para 32 misiles Sea Wolf, un cañón de 114mm y un helicóptero AS-532 SC Cougar.

Los submarinos clase O’Higgins (Scorpene) utilizan los torpedos multipropósito A-184 Black Shark, los más avanzados disponibles en el mercado y sin rival en la región, a lo que se agrega la capacidad de emplear misiles anti-buque Exocet SM-39, 50 kilómetros de alcance, con la unidad sumergida.

La modernización alcanza también a las Fuerzas Operativas de Apoyo. La Infantería de Marina incorpora nuevos insumos que van desde el equipamiento de la tropa y los equipos de transmisiones hasta el material de artillería y blindados. La Aviación Naval adquiere helicópteros de búsqueda/rescate, transporte y evacuación aeromédica y tres aviones de exploración e interdicción marítima C-295 (US$ 120 millones) capaces de portar misiles anti-buque Harpoon AGM-84 y torpedos Mk 46 Mod.5, a los cuales pueden sumarse otras cinco aeronaves en el futuro. El control y la vigilancia del litoral y la Zona Económica Exclusiva se potencian con las aeronaves y los dos patrulleros de Zona Marítima construidos en ASMAR de Talcahuano por US$ 60 millones.

El talón de aquiles institucional se identifica con los graves daños sufridos por la principal base naval ubicada en Talcahuano, a consecuencias del terremoto y maremoto del 27 de febrero, que exigirá cuantiosos recursos económicos en su reparación y puesta a punto nuevamente.

La proyección de la Fuerza Aérea tiene más de una dimensión. En un extremo opera en el contexto global, regional o nacional adquiriendo helicópteros Bell 412EP como respuesta a las operaciones SAR, apoyo a la comunidad e interoperatividad con otras fuerzas aéreas en operaciones de paz. A ello podrían sumarse cinco helicópteros rusos M-17V5 a emplearse en tareas de largo plazo, apoyo en áreas aisladas y socorro frente a desastres naturales. La Fuerza Aérea entregó el visto bueno, pero la decisión de compra corresponde al nuevo gobierno. En todo caso la decisión de incorporar material ruso constituiría un hecho inédito en las Fuerzas Armadas chilenas.

En el otro extremo concentra el núcleo de su poder duro, rápido, preciso y flexible en el norte, 10 cazabombarderos F-16C/D Block 50 (US$ 680 millones), 16 F-16A/B MLU modernizados (US$ 180 millones) y 18 F-16A/B MLU actualizados a un nivel todavía superior (US$ 270 millones), asentado en dos bases principales, Chucumata (Iquique) y Cerro Moreno (Antofagasta). Mejora la eficiencia operativa racionalizando el despliegue y produciendo líneas de mando más ágiles con el apoyo de una red de radares tridimensionales que cubren el territorio.

La existencia de tres escuadrones multipropósito con material F-16 y un cuarto con 16 aviones F-5E/F Tigre III modernizados con misiles de corto alcance Python 4 y de mediano alcance Derby (50 Km.), trasladados recientemente a Punta Arenas (Brasil, un país de alcance global está actualizando su parque de F-5 al nivel del chileno) conforman un poder aéreo equivalente al de una potencia regional. El nivel se manifiesta de igual manera en la

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calidad de las tripulaciones, instruidas y entrenadas en Chile y el extranjero con un número de horas de vuelo anuales claramente superior al promedio regional. El aumento del radio de acción se está incrementando notablemente con la compra de tres avionestanque KC-135F (US$ 100 millones) en Estados Unidos.

La condición de potencia regional del poder aéreo chileno se transforma en un dato duro cuando se revisa la tecnología sofisticada incorporada en los sistemas de los F-16C/D Block 50: un radar multipropósito AN/APG-68(V)9 con un radio de búsqueda de 340 kilómetros; incorpora en el modo aire-aire las funciones de telemetría en búsqueda hacia arriba y hacia abajo, combate aéreo, búsqueda y traqueo simultáneo de 10 blancos, iluminación de blanco para misiles con guía semiactiva y varios otros modos; en la función aire-superficie tiene un modo de apertura sintética que permite el bombardeo de precisión en cualquier condición climática, traqueo preciso de blancos fijos y móviles en tierra y mar y telemetría de precisión aire-tierra.

Asimismo, el Sistema de Enlace de Datos Tácticos Link 11 mejorado, un computador modular de misión con procesadores de punta que permiten a la FACH introducirse en los programas con los códigos originales para optimizarlos, un Indicador de Blanco Integrado en el casco del piloto de última generación, una presentación de datos en tres pantallas a color multifuncionales, un tanque externo de 600 galones que aumentan un 60% el radio de acción, una sonda de reabastecimiento en vuelo transportada bajo las alas con una manguera retractable, el sistema integrado AN/ALQ211(V)4 de guerra electrónica, capaz de detectar, identificar/procesar y perturbar las emisiones de radares de superficie, aéreos y de misiles superficie-aire y aire-aire de guiado por radar activo o semiactivo, un motor de gran potencia (29.000 libras), confiabilidad y durabilidad, el General Electric F110-GE129, utilizado por el 75% de la flota de F-16C/D Block 50 en todo el mundo.

En la gama de armamento aire-aire destacan los misiles AIM-120C de alcance mediano (50 Km.) con guía activa, semiactiva e inercial, del tipo “dispara y olvídate” y los misiles Python 4 y Sidewinder AIM-9M de corto alcance y guía infraroja. Un dato a fijarse, el Phyton 4, de cuarta generación, tiene mejores prestaciones que los Sidewinder AIM-9M de tercera. Los aparatos F-16A/B MLU solamente emplean el Sidewinder. ¿Por qué se compraron?. Aparentemente, porque fue la moneda de cambio comercial que impuso Estados Unidos a cambio de facilitar una transferencia tecnológica que no poseen otros países de la región, junto a una eventual capacidad de la FACH para intervenir en los programas con los códigos originales.

En el arsenal aire-tierra destacan las armas “inteligentes”, son sistemas precisos a gran distancia que baten el blanco de día y noche bajo difíciles condiciones meteorológicas, alcanzan los objetivos bien protegidos al primer sobrevuelo y lanzan su carga bélica a una distancia segura. Los más costosos y sofisticados son los misiles como el Maverick AGM-65 de uso múltiple; en un rango intermedio se ubican los ingenios “inteligentes” con una mejor relación costo-eficacia y mayor flexibilidad. Son bombas convencionales a las cuales se le adosa una estructura de aletas/estabilizadores que les provee de una relativa capacidad de planeo y una cabeza de guiado que les proporciona la trayectoria hacia el blanco. La Fuerza Aérea utiliza miembros de la familia Paveway II, de guía lasérica, los ingenios Joint Direct Attack Munition con guía inercial/GPS y versiones no oficiales dan a

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entender que está interesada en la adquisición del ingenio Spice, de guía electro/óptica y GPS, un artefacto inmune a las interferencias que puede emplear el adversario.

La góndola de navegación y localización de blanco Litening permite concretar la misión de detección, reconocimiento, identificación y designación lasérica de blancos aire-tierra y marítimos. La góndola electroóptica Reccelite favorece la recopilación de imágenes en tiempo real durante las 24 horas del día y la transferencia de datos a tierra o un avión de mando y control a través del Sistema de Enlace de Datos Tácticos Link 11.

La última inversión importante de la FACH (US$ 100 millones) es un sistema de defensa de base de alcance medio (30 kilómetros). La oferta elegida corresponde al NASAMS (Norwegian Advanced SAM System), un proyecto noruego-estadounidense que utiliza una versión antiaérea del AIM-120, el SL-AMRAAM. Puede estar montado en posiciones fijas o vehículos autónomos. La compra consistiría en tres baterías, cada una con tres unidades de lanzadores séxtuples y un radar Giraffe de baja altura.

El despliegue del Ejército es visible porque ostenta una presencia de norte a sur y de mar a cordillera, de la cual no puede desprenderse en el contexto de un proceso de transformación y modernización simultáneo. El diseño de la nueva fuerza transita desde una presencia territorial política con efectivos incompletos a una realidad funcional de “armas combinadas”, con menos hombres, mayor disponibilidad, organizado bajo consideraciones de orden estratégico, operacionales, económicas y geohumanas (disminuyen los servicios logísticos y administrativos), constituyendo una estructura con un despliegue de paz más racional, razonablemente sustentable, concentrado y organizado sobre la base de sistemas operativos orientados a conformar unidades con un alto nivel de apresto, incluso expedicionarias, aptitudes multifuncionales (disuasión/ cooperación), equipadas con sistemas de mando y control, comunicaciones en tiempo real, apoyo logístico y de maniobra; amén que se materializan las necesidades de la instrucción y el entrenamiento con el consiguiente ahorro de recursos.

El nuevo orden de batalla incluye una Brigada de Operaciones Especiales, una Brigada de Aviación que incorporó recientemente ocho helicópteros de transporte AS-532 Mk1 Cougar (US$ 200 millones) y tres brigadas blindadas (más una cuarta en desarrollo en Punta Arenas con tanques Leopard 1) a la vez que proyecta unidades motorizadas, mecanizadas y de montaña en el resto del país con el objeto de materializar las tareas internacionales, acciones humanitarias o cualquiera que necesite la proyección de la fuerza. Hay un cambio en el centro de gravedad del despliegue vecinal. Mantiene una presencia en la zona cordillerana, pero actualiza y refuerza su presencia en el norte con el material adquirido en los años recientes.

La instalación de tres brigadas acorazadas en Arica, Iquique y Antofagasta hace visibles las intenciones. Son las unidades que operan como fuerza central los 140 tanques Leopard 2A4 (US$ 125 millones la compra y US$ 60 millones el reacondicionamiento); los 200 vehículos de combate de la infantería mecanizada Marder 1A3 de reciente introducción y los 24 obuses autopropulsados modernizados de artillería M-109, junto a las unidades de ingenieros mecanizados, exploración, de mando y antiblindajes dotadas con misiles Spike.

Los sistemas Leopard 2, Marder y M-109 conforman hoy la primera línea en el ejército alemán. De hecho hay un grupo de asesoramiento y apoyo de tal ejército en Chile que

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tiene por misión instruir en el aprendizaje e implementación del apoyo logístico al material Leopard 2 y Marder.

Paralelamente el Ejército trasladó a Iquique la Escuela de Caballería Blindada e inauguró en la misma ciudad el Centro de Entrenamiento Acorazado que posee simuladores básicos y avanzados. La falencia del mantenimiento del material blindado que provoca el retiro operativo en su momento de parte de la flota de Leopard 1, tiene como respuesta el apoyo directo de FAMAE con centros de mantenimiento ubicados en cada brigada.

En julio del 2009 una información proveniente de Estados Unidos indicaba que existía un proceso de compra por otros 24 obuses autopropulsados M-109, los radares de contrabatería Firefinder, y las centrales meteorológicas para reforzar el poder de fuego de las brigadas blindadas. Todo por un monto total de US$ 275 millones que incluía un número considerable de vehículos de apoyo operativo y logístico, una cantidad de armas medianas, repuestos y municiones. En el mismo sentido se especula que el Ejército se encontraría interesado en incorporar un avanzado sistema de defensa antiaérea móvil para proteger sus brigadas potentes y céleres, conformado por el blindado Avenger, misiles Stinger y radares Zentinel. No está prevista la adquisición de helicópteros de combate en el corto plazo.

En relación al empleo del recurso humano puede afirmarse que el 85% de los soldados profesionales está de guarnición en el norte, cubriendo a plenitud las dotaciones de blindados, infantería mecanizada y diversos sistemas de armas.

Una estimación conservadora es que el total de los montos económicos involucrados entre 1990 y el 2009 fluctúa entre los 9 mil y los 10 mil millones de dólares, incluyendo intereses. Es una cantidad sólo comparable a la inversión de Brasil, un estado con un tamaño, una población y un Producto Nacional tangiblemente superior, y al gasto que registra el gobierno Bolivariano de Venezuela merced a los ingentes ingresos petroleros.

Las compras chilenas preocupan a los peruanos porque se llevan a cabo con limitadas medidas de confianza mutua, un mecanismo de consulta 2+2 que no ha sido reanudado, sin procesos multilaterales de medición, estandarización y reducción del gasto militar y cuando instancias como la Organización de Estados Americanos o el naciente Consejo de Defensa Suramericano carecen de mecanismos o aparente voluntad real para encarar los hechos. Responden, en definitiva, a una Hipótesis de Conflicto verdadera. En este contexto asumen que su Fondo de Defensa que tiene por fin recuperar y actualizar su Núcleo Básico de Defensa (US$ 650 millones hasta 2011) constituye sólo un paliativo por la inalcanzable inversión chilena y la lenta entrega de los recursos.

A Sudamérica le cuesta entender las compras sistemáticas de armas desde aquella óptica que aspira a construir de forma asociada la seguridad regional, más todavía cuando generan grandes asimetrías en el balance estratégico y en un medio donde la mayoría de los actuales conflictos no tienen el carácter tradicional de la amenaza militar, sino que son conflictos infrastatales normalmente multidimensionales. Según Andrés Gómez de la Torre, politólogo peruano, en esta realidad desfavorable el Perú no tiene otra alternativa que fortalecer su posición negociadora en la comunidad internacional optando por la afirmación de una necesaria y apremiante seguridad regional compartida.

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Hay que poner atención a la relación con Argentina porque el fortalecimiento del poder aéreo y terrestre en Magallanes puede traer efectos dañinos. Debemos recordar que la negociación por la soberanía en Campos de Hielo todavía no está resuelta y el rol de Chile en el tema Malvinas siempre está bajo la lupa de la Casa Rosada.

CÓMO SE EXPLICA LA REALIDAD Hay siete razones que explican conjuntamente el carácter disuasivo de la política de defensa en el vecindario, el despliegue de paz y las compras sistemáticas de armas.

1) La primera tiene que ver con la instalación hegemónica de aquella idea conservadora de un poder nacional auto-referente que atraviesa el imaginario popular desde el siglo XIX, respaldada por un conjunto de actores públicos y privados determinantes en la construcción de las políticas del Estado democrático y aún gravitantes en su desarrollo y modo de construir la seguridad de país. Su carácter mayoritario provee una suerte de impunidad a la construcción de una interacción vecinal desconfiada en tanto cualidad de una identidad nacional que se levanta “a costa del otro”, sustentada en un concepto de Seguridad Nacional que tiende a sobredimensionar las percepciones de amenaza y riesgo por sobre las oportunidades de cooperación y termina instalando un status militar privilegiado como instrumento punitivo del Estado. Cuesta entender a sectores políticos exitosos que en el transcurso del siglo XX fueron vitales para democratizar el aparato del Estado, sus propias instituciones y la sociedad civil dejando atrás el viejo orden oligárquico y sin embargo, en el área de la defensa no generaron una reflexión crítica sistemática ni menos un pensamiento alternativo con el vigor y la lucidez que sirva de contrapeso a la primacía de conceptos y prácticas autoreferentes forjadas radicalmente desde el poder.

2) La segunda guarda relación con las falencias históricas de la agencia sectorial del Estado, el Ministerio de Defensa Nacional, que, antes de su reciente reformulación, ostentaba escasas atribuciones reales para materializar un control y una conducción civil “en forma” en los asuntos propios de la defensa, incluyendo por cierto un mando feble en el control burocrático sobre las Fuerzas Armadas. Los principios de la nueva secretaría de Estado dan a entender que se busca revertir las debilidades anotadas.

3) La tercera está vinculada con la menuda importancia que tiene el Congreso Nacional en la discusión anual del presupuesto ordinario sectorial porque no goza de facultades en la iniciativa de ley, no puede formular indicaciones modificatorias al proyecto. Además, el interés y el conocimiento temático de los legisladores en su calidad de representantes populares, salvo excepciones, ha demostrado ser limitado. El mecanismo de asignación automática de la Ley Reservada del Cobre sustrae a los parlamentarios su responsabilidad política.

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4)

La cuarta se explica por la relativa autonomía que tienen las Fuerzas Armadas en la implementación de políticas sectoriales debido a los privilegios y el conocimiento profesional que, en el proceso de toma de decisiones, prima sobre la debilidad del Ministerio de Defensa y el rol del Congreso. Las lógicas corporativas del instrumento militar se hacen sentir en diversas instancias; por lo demás, el prestigio institucional juega un rol con la posesión, exhibición y empleo de modernos arsenales frente a sus potenciales adversarios y la ciudadanía a defender.

5) La quinta corresponde a la lógica (asignación automática) de la Ley del Cobre, la cual dispone que el Fisco asigne a las Fuerzas Armadas para fines de desarrollo institucional (especialmente compra de armas) un monto equivalente al 10% de las exportaciones de cobre y sus subproductos, materializadas por CODELCO; si bien a partir del 2002 el Ministerio de Defensa crea un fondo de estabilización que administra los excedentes generados por el alto precio del cobre, más allá del piso anual establecido en 1989, sin exceder los lineamientos que exige Hacienda.

6) La sexta apunta al modo en que se ha desarrollado la relación política-militar en la transición chilena, se avanza en consenso con las Fuerzas Armadas. La incorporación de un moderno arsenal forma parte de lo que provee el nivel político a cambio de una relación constructiva, pero no se advierte la voluntad civil ilustrada, lúcida y dotada con el empuje necesario para llevar adelante “su” proyecto. El politólogo peruano, Andrés Gómez de la Torre, describe así la situación: “Las compras de armas son entonces un libre albedrío gubernamentalmente delegativo y concesional del nuevo poder político bajo estado de derecho en la línea de calmar las demandas de la corporación (militar), apostando a aquella relativa tesis de asumir el apoliticismo vía el “profesionalismo” militar. Estas teorías también fueron revestidas desde los propios partidos políticos oficialistas en su discurso como un asunto de Estado”.

7) La séptima afirma que Chile requiere una amplia superioridad estratégica como factor de seguridad porque su modelo de desarrollo económico abierto no puede ser perturbado ni menos interrumpido en un futuro previsible. Esta mirada, no compartida por el autor, presenta una condición de seguridad problemática con los países vecinos porque su instalación escala inevitablemente el conflicto; reduce el sentido de construir un entorno seguro multidimensional a lo meramente económico en un país desigual por definición, dificulta la cooperación e impide avanzar en la integración regional.

CONSTRUYENDO FUTURO Chile necesita mantener y proyectar la relación con Argentina con el fin de ensanchar las bases para consolidar un cambio en el marco estratégico de una todavía naciente asociación política bilateral. Las huellas que dejan los progresos en defensa son considerables y reconocidas en ambas vertientes de los Andes; sin embargo, al otro lado consideran que la agenda chilena se concentra en cuestiones económicas y comerciales, más que en una política bilateral amplia que preste apoyo a una alianza estratégica.

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Se valora la construcción de confianzas que se advierte en la resolución pacífica y negociada de Campos de Hielo (último diferendo fronterizo no resuelto que puede traer fricciones impensadas), en las iniciativas que estabilizan lo militar, en la consolidación de vínculos en otras áreas sectoriales vitales, en la institucionalización de instancias de cooperación como la configuración de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur”, en la implementación de una Metodología Estandarizada Común para la Medición de los Gastos en Defensa; así como en el desarrollo de políticas comunes en lo global.

Allí cobran importancia las tareas de mantenimiento y construcción de la paz internacional bajo la bandera de la ONU, como la intervención multinacional en Haití (MINUSTAH) y la participación conjunta en misiones de paz en Chipre (UNFICYP). En lo regional está por verse la complementariedad en el trabajo del Consejo Suramericano de Defensa dependiente de UNASUR, cuya secretaría general detenta Néstor Kichner.

El punto es que si se desea transitar hacia la consecución de la paz y el desarrollo sustentable como fines ulteriores, con el propósito de asegurar la condición de “socio confiable” real, todavía queda por despejar la hipótesis de conflicto vecinal que en rigor todavía existe. Basta observar el despliegue de paz de los ejércitos. Allí hay una deuda pendiente que puede escalar hacia una crisis con la reformulación del poder aéreo y terrestre chileno en la Zona Austral. ¿Ello tiene relación con el incordio no resuelto de Campos de Hielo y/o el rol de Punta Arenas en el tema Malvinas?.

No debemos olvidar que la última Reunión de Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores 2+2 ocurrió el 2006 y el encuentro más reciente del Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG) data del 2008. ¿Por qué no se construye un área de buena vecindad en la zona de Magallanes con la perspectiva de levantar una defensa compartida de los territorios antárticos ante un poder extra regional, que comprenda una negociación orientada a la estabilización de los medios terrestres, navales y aéreos de acuerdo a criterios homologados por ambas partes con mecanismos transparentes, verificables y probados?. No significa la formulación de un espacio desmilitarizado, no constituye un asunto fronterizo y no implica la manutención equivalente de los recursos militares en la zona.

Los progresos entre Chile y Bolivia caben en los márgenes que va proveyendo la relación bilateral, que si bien transcurre en un estado de desarrollo mejor que el de otras épocas, es de conocimiento público que al final del día su resultado estará marcado por la solución al tema de la reivindicación marítima, ahora incorporada en la nueva Constitución Política del Estado. La postura boliviana despierta simpatías mayoritarias en Latinoamérica y también en Europa. La resolución trinacional que involucra a Perú obliga a pensar que una perspectiva de ese tipo se hace necesaria para botar los lastres históricos y empezar a caminar asociativamente con el otro.

Hay un ancho espacio para avanzar con las Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad en las áreas ya institucionalizadas, como las lecciones aprendidas en el desminado humanitario, el tratamiento conjunto de los desastres naturales (existe la posibilidad de un gran terremoto que afecte el norte chileno, el sur peruano y el este boliviano), el intercambio académico entre las instituciones militares o la Implementación

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de una Metodología Estandarizada para el Cálculo del Gasto en Defensa y Cooperación Militar. La imbricación entre memoria, presente y futuro debe conducir a un diálogo equilibrado con el aporte organizado y responsable de una multiplicidad de actores estatales y no estatales de las capitales y las zonas fronterizas, de manera que sirva de base para la construcción de entornos seguros y un desarrollo sustentable para todos.

La relación con Perú es la más compleja y complicada de todas. Desde 1929 no hay guerra, pero la paz armada se niega a morir. Si bien la relación afloja su tirantez a partir del 2001 cuando se instalan las reuniones del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Ministerial 2+2 y el Comité de Seguridad y Defensa (COSEDE), instalando un umbral de transparencia y confianza inédito a nivel de los ministerios de defensa y aumentando los intercambios entre los militares, lo tangible es que todavía predomina una actitud que preserva el statu quo. Los esfuerzos para mejorar el tendido necesitan una reingeniería que incorpora el aporte de las agencias estatales, los partidos políticos y grupos organizados de la sociedad civil, encarando una agenda que asuma los desencuentros traumáticos, profundos y complejos porque su relegación impiden el tránsito hacia los fines asociativos que exige la contemporánea.

La adquisición planificada y sistemática de armas por parte de Chile, la actualización de otras y su concentración en la zona norte cuando no hay señales reales que ameriten la posibilidad de un conflicto armado en el corto y mediano plazo, si bien incrementa el prestigio de las Fuerzas Armadas y la estatura estratégica del país en el balance de poder tradicional, pone en evidencia la manutención de la hipótesis de conflicto bilateral, estimula las desconfianzas desde el momento que el 2+2 y el COSEDE no se reúnen desde el 2006, provee motivos odiosos a los sectores alarmistas de ambas sociedades, rinde pleitesía al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y alimenta y se re alimenta de la mirada auto-referente.

Los argumentos que buscan explicar las adquisiciones y este despliegue de paz tienen su anclaje en la posibilidad que Ollanta Humala alcance la Presidencia de Perú en las próximas elecciones y/o el estallido de un inevitable conflicto que ocurriría entre Chile y Perú tras el fallo de La Haya el 2012. Lo relevante es que Chile ha forjado una amplia y profunda red de apoyo a su política exterior desde 1990 en los cinco continentes, de modo que si la Cancillería no es capaz de prevenir y controlar la crisis y posteriormente el estallido de un conflicto armado con esa capacidad multinacional a tres años plazo, sencillamente no es perceptible la utilidad de esa secretaría en el tramado del Estado. La argumentación tiene un sentido porque los juicios belicistas de cualquier dirigente político se entregan en el marco de una hipótesis de conflicto abierta, nutrida al norte y sur de la Línea de la Concordia de distintas maneras, pero es totalmente insuficiente porque no da cuenta de la complejidad en el proceso de toma de decisiones y la construcción de los consensos necesarios en cada país para emprender tamaña aventura en el tiempo previsto.

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COMENTARIO ULTERIOR La superioridad militar en el balance estratégico de Chile con sus vecinos es categórica, de tal magnitud, que por primera vez en la historia tendría la capacidad de contener y derrotar a los tres simultáneamente, al menos en teoría.

El punto a considerar es qué tanto sirve atesorar un arsenal del primer mundo con una inversión millonaria en una región donde la recurrencia del conflicto interestatal es mínima, si las compras no son del todo coherentes con la magnitud y el tipo de riesgos y amenazas que afectan la seguridad de Chile –el terremoto del 27 de febrero lo puso en evidencia- y hay mecanismos multilaterales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA y el Consejo de Defensa Suramericano que tienen entre sus principios constituyentes la misión de prevenir y sancionar en la medida de sus capacidades el uso de la fuerza entre los estados miembros.

El conjunto de la política de defensa chilena, el despliegue de paz de las instituciones militares y la disuasión que conlleva, especialmente en la frontera norte, y que forma parte de aquella política que ya venían impulsando los últimos gobiernos de la Concertación, sirve políticamente a la mantención de una mirada de país que no da cuenta de los desafíos que plantea el siglo XXI, insufla el status del instrumento militar, y ayuda a poner en cuestionamiento las iniciativas cooperativas e integracionistas que dice tener la política exterior de Chile con los países vecinos. La revisión de los efectos de la agenda que propone el Ministro Ravinet no aparece contemplada en los próximos cuatro años.

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