Diálogo No. 2 cuarta época "La democracia que tenemos" by FLACSO Guatemala

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Cuarta Época

No.2

diálogo Guatemala, 2 de marzo de 2014

La democracia que tenemos

fotoimagenes.org

“Guatemala: la lucha por el Estado de derecho”, Luis Raúl Salvadó C. – “Democracia y desarrollo rural en Guatemala”, Virgilio Reyes -“Democracia y pueblos indígenas”, Claudia Dary – FLACSO en la academia - Agenda académica - Reseñas - Novedades en Librería de Ciencias Sociales.

NOTA EDITORIAL

©Flacso - Guatemala marzo 2014

stimada lectora, estimado lector, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO–Sede Guatemala tiene el gusto de poner en sus manos el segundo número de diálogo en su cuarta época. En esta entrega, que prevemos como la primera de una serie, nos hemos propuesto aportar al debate de un tema de gran relevancia en el contexto nacional: la calidad de la democracia en Guatemala. Si bien es cierto que el régimen político derivado de los acuerdos de paz se considera democrático, particularmente en lo relativo a sus formas y procedimientos, también lo es que las instituciones de esta democracia son, hoy por hoy, endebles e ineficientes.

En el contexto regional, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático 2012 (KAS / Polilat, 2012), Guatemala ocupa el penúltimo lugar (17) en una lista de 18 países. Como debilidades principales del sistema se señalan el irrespeto a las libertades civiles y los derechos políticos, la insuficiente rendición de cuentas, la debilidad de los partidos políticos, y la precaria situación económica y social, que se enmarcan en la incapacidad institucional de generar políticas que garanticen el bienestar de la población. Las contribuciones que en este número presentamos abordan precisamente estos temas. En el artículo principal, Luis Raúl Salvadó reflexiona sobre la relación entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia en Guatemala,

y evidencia la estrecha vinculación que existe entre la garantía de los derechos fundamentales y la realización plena de la democracia. Por su parte, Virgilio Reyes discute el rol del desarrollo rural para el robustecimiento de la democracia y Claudia Dary abunda sobre el tema de la aún débil e insuficiente inclusión de los pueblos indígenas en el quehacer democrático nacional. Es nuestra aspiración que estas propuestas y reflexiones, cuya lectura esperamos disfrute, contribuyan a la formulación de una agenda seria de discusión sobre los alcances y desafíos de nuestras instituciones políticas. Beatriz Zepeda PhD Directora de FLACSO-Guatemala

Guatemala: la lucha por el Estado de derecho

l concepto de Estado de derecho no es unívoco. Se habla de definiciones formales o “débiles” en una especie de escala que va de ellas hasta las “definiciones fuertes”, y el debate no finaliza con la toma de posición al respecto, sino se extiende a muchos aspectos más, algunos resaltados en las presentes notas. Una de las llamadas definiciones fuertes de Estado de derecho señala que éste es una organización política cuyos principales mecanismos han sido diseñados para orientar, poner límites, dirigir a la administración para que reconozca, respete y garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía y la población de su territorio, para lo cual, entre otros procedimientos, establece mecanismos de control a su propio poder (J. F. Ruiz Valerio: 2009; 49 ff.) Esto es, derechos fundamentales y autocontrol que se encuentran en el centro de la caracterización. Si con base en lo anterior se hace una reflexión sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, la reacción puede ser, cuando menos, de desaliento, al percatarse de la distancia que media entre las características consignadas en la definición previa y las que presenta nuestro Estado. Efectivamente, cuando se lee o discute algún informe sobre la situación de los derechos humanos o sobre su grado de garantización como derechos fundamentales, se tiende a enfatizar

Luis Raúl Salvadó C. lrsalvado@flacso.edu.gt en las múltiples violaciones de que son objeto; muy pocas veces se reconocen avances, aunque los haya, posiblemente porque son menos perceptibles o porque, pese a todo, son insatisfactorios. Los énfasis que pudiesen encontrarse van a depender de quién haya producido el informe y de la coyuntura sobre la cual se rinde cuentas, pero siempre se presenta, como mínimo, una marcada insatisfacción sobre la forma en que el Estado articula su relación con la ciudadanía y sobre cómo organiza marcos, leyes y procedimientos, para que las relaciones de los ciudadanos entre sí, en especial en temas de fuerte conflictividad, puedan transitar sobre procedimientos modernos, consensuales.

Más allá de las definiciones académicas, la perspectiva de los derechos humanos es un indicador de la calidad de las relaciones sociales. Si se acepta esto, se destaca la importancia del rol del Estado y sus instituciones en los impulsos de reordenamiento de las mismas (instituciones y relaciones) para que la dignidad –la dignificación– de la ciudadanía y de los habitantes del país sea realidad cotidiana. Y acá de nuevo las insatisfacciones ciudadanas parecen crecer. Basta leer los dos artículos del Título I de nuestra constitución política, y luego contrastarlos con las cifras y tendencias que muestran los informes, gubernamentales o no, sobre el contenido de los artículos mencionados para comenzar a explicarse tales insatisfacciones. Éste es un ámbito en que el Estado aún está en deuda con la ciudadanía. Si en la misma línea argumental se intenta explicar cómo se encuentra la relación entre nuestro Estado y las tendencias existentes para el disfrute de la vida democrática, la sensación predominante también es de descontento. El Estado de derecho, es, para decirlo en alguna forma, “el traje de domingo de la democracia”. Es la institucionalidad de la democracia, dice el profesor Elías Díaz, y por ella entiende la existencia viva de una doble participación de la ciudadanía plena, hombres y mujeres, tanto en la toma de

frentamiento armado interno, pero también es innegable que la vida ciudadana no está siendo regida por un Estado de vocación democrática, y ambas cuestiones pueden demostrarse con diversidad de ejemplos sin que haya contradicción en ello. No se trata únicamente de constatar la existencia de instituciones surgidas al tenor del proceso de paz y búsqueda de la democracia pues, como nos recuerda Hermet, en relación con esta última, frecuentemente “se suele confundir extensión con profundidad” (Guy Hermet, 2008). El Estado del postconflicto muestra avances, pero también tiene carencias, ausencias y lastres que no permiten entenderle del todo como un Estado de derecho “versión fuerte”. Como se sugirió, no se trata de la inexistencia de las instituciones necesarias, sino de la forma que asume su funcionamiento real. Y para hablar del funcionamiento real hay,

sin duda, que situarlo como uno de los resultados de la cultura política predominante, tanto en las clases y sectores dominantes como en la alta burocracia de los diferentes gobiernos que se han tenido. Esta cultura, definida por algunos como autoritaria, por otros como premoderna, por otros más como atrasada, clientelar, excluyente, etc., se ha ido formando a lo largo de la historia, pero se enraíza con fuerza durante el conflicto armado interno y se prolonga durante los regímenes de la llamada “etapa democrática”, antes y después de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera. Si eso es así, y parece serlo, se ven afectados directamente el disfrute y la

garantización de los derechos humanos, así como la posibilidad de recibir y proteger derechos nuevos. A la vez, esto impacta a negativamente las posibilidades de la democracia, las limita. Por ello, si se pregunta por qué el Estado guatemalteco no ha sido capaz de cumplir con su mandato constitucional no debe responderse única ni principalmente enfatizando en las “fallas en el diseño”, sino también con el análisis de las fuerzas sociales que han mostrado más capacidad para cooptar, influir, en espacios clave de ese diseño. Y por supuesto, también de aquellas que, por múltiples razones, se encuentran excluidas del juego político o lo juegan con enormes desventajas. Los avances hacia un Estado de derecho, cuando menos acorde al mandato constitucional, su fortalecimiento y el encuentro con la democracia son una necesidad, pero esto plantea una serie de interrogantes nuevas, así como nuevas formas de abordar y solucionar viejos problemas. En este momento ya no se enfrentan, como durante el conflicto armado, “democracia contra dictadura”, “Estado de derecho contra Estado de noderecho”, sino aparecen en escena diferentes proyectos de Estado, algunos exigentes y otros débiles, unos más restrictivos y otros más amplios, que compiten en diferentes formas por imponerse. Y pensar escenarios a futuro e intervenir en ellos es vital para la forma en que se resuelva lo anterior. La alternativa “Estado de derecho contra Estado de no derecho” no es ahora el principal ni el único punto de debate. El tipo de organización de la vida social que se ha alcanzado, se le diga como sea, no es irreversible. Pueden sucederse restauraciones reaccionarias, pero el mayor riesgo en este momento es que se produzcan formas políticas que mantengan la institucionalidad nominal, aunque vaciándola del sentido y las posibilidades democráticas. También cabe la posibilidad de avanzar hacia formas de organización que, es de esperar, puedan llamarse sin duda alguna Estado democrático de derecho.

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las decisiones como en el disfrute de los resultados (Díaz: 1998). Se trata de una relación social que exige la garantía de los derechos fundamentales como requisito para la participación ciudadana plena, a la vez que reclama un verdadero involucramiento de la ciudadanía en los procesos sociopolíticos. En contraste con lo anterior, hay suficientes pruebas para afirmar que existen sectores de población con una fuerte carga de apatía ciudadana, otros que cuestionan la calidad de la democracia realmente existente o de alguno de los aspectos en que debería verse reflejada tanto en la cotidianeidad como en los eventos y procesos críticos; también hay quien, en dirección contraria, recela de cualquier posibilidad de rebasar los límites de la democracia electoral y, por supuesto, otros más para quienes el pasado autoritario debería ser el futuro. Como suele suceder con las explicaciones en éste y otros temas similares, las variables independientes siempre son muchas. Dejando por el momento el recurso explicativo que ofrecen los factores estructurales de largo plazo, hay que detenerse y reflexionar a grandes rasgos en el proceso que corre desde el momento de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera, que sintetiza los acuerdos previos que se negociaron entre el Estado y la insurgencia guatemalteca en un proceso de varios años de duración, en el que las partes, particularmente el Estado, se comprometieron a cumplir una serie de acuerdos cuyo sentido profundo era encauzar al país en un proceso de transición hacia formas democráticas de vida, en el marco de una Constitución moderna, claramente rectora de la transición, portadora de una propuesta de Estado social de derecho. Se trataba de iniciar un proceso que debería contribuir para que Estado y sociedad salieran de la larga etapa de las dictaduras militares, para hacernos descubrir, o redescubrir, según la edad y la experiencia de quien evalúe, la vida en democracia, a la vez que abrir espacios para neutralizar y hacer retroceder las causas que dieron origen al enfrentamiento armado. Al momento actual, el proceso aparece a ojos de muchos estancado; a los ojos de otros, muerto. Es indiscutible que ya no prima el Estado del período del en-

Democracia y desarrollo rural V R en Guatemala vreyes@flacso.edu.gt

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irgilio

eyes

En tanto, el movimiento social que se articula en torno a la problemática del desarrollo rural, viene canalizando sus demandas e impulsando la iniciativa 40-84 a través de los espacios políticos que garantiza la Constitución de la República, pese a no contar con el apoyo de la clase política y de los sectores económicos organizados, en un proceso que está cerca de llegar a un década de lucha por conseguir un marco regulatorio que apoye el desarrollo rural desde la base social. En este este contexto surge la duda ¿qué significa para la población rural canalizar sus demandas a través de instituciones democráticas, como el ejecutivo y el legislativo, si éstas no la representan en sus intereses y tampoco la atienden en su ejercicio ciudadano? Cuando se promulgó la nueva Luis Alejandro de León Soto Constitución de la República en 1985, se esperaba que el recién inaugurado régimen democrático a Organización de Naciones canalizara la conflictividad social a traUnidas para la Alimentación y la vés de la creación de espacios de neAgricultura (fao, por sus siglas gociación y concertación política, mecaen inglés), ha declarado el 2014 nismos distintos a los empleados por los como el Año Internacional de la Agriculanteriores gobiernos autoritarios y repretura Familiar. Con ello se busca posiciosivos, que respondieron con violencia a nar al centro de las políticas sectoriales la demanda social de cambios en las esta forma de agricultura a pequeña escala y el rol que juega en la erradica- condiciones de vida de la población y a ción del hambre en las zonas rurales del la participación política de la ciudadanía. No obstante, las problemáticas vinmundo. culadas al desarrollo rural y dentro de En Guatemala, la atención a la agriellas la cuestión agraria, no encontraron cultura familiar ha sido una demanda de mayor salida sino hasta 1986, cuando la sociedad civil a través de la Política se suscribió el Acuerdo SocioeconómiNacional de Desarrollo Rural Integral co y Situación Agraria entre el gobier(pndri), aprobada por el gobierno de Álno y la Unidad Revolucionaria Nacional varo Colom, mediante el Acuerdo GuGuatemalteca ( urng). Este nuevo pacto bernativo 196-2009 y la iniciativa 40-84 político, logrado con la participación de de la Ley del Sistema Nacional de Dedistintos sectores, retomaba la problesarrollo Rural Integral, que, pese a los mática del desarrollo rural y esfuerzos realizados por diversos sectocreaba una nueva institucionares sociales, académicos y campesinos, no ha sido aprobada por el Congreso de lidad para abordar los rezagos la República, y ha suscitado acaloradas históricos del sector, como la expresiones de rechazo por parte del tenencia de la tierra, la asistensector empresarial, que ha expresado cia técnica y el financiamiento, reserva por considerarla un instrumento por citar algunos, los cuales de confrontación ideológica, o simple- también han sido focos de conmente como una ley que por sí misma, flictividad social. Son la Constitución de la Reno puede resolver problemas complejos, pública y los Acuerdos de Paz, como los que intentan solucionar en el las bases sobre las cuales la mismo plano, las políticas relacionadas sociedad civil formula la iniciaticon la seguridad alimentaria o la gestión va de ley 40-84 y la pndri, para de riesgos.

que las instituciones públicas intervengan a fondo en una problemática compleja que demuestra la injusticia con la cual se ha tratado la problemática rural y a la población que la padece, con inseguridad alimentaria, migraciones trans nacionales, pérdida de los medios de vida, vulnerabilidad a los cambios del clima, etc. Es por ello que la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, las mujeres indígenas y campesinas, los asalariados permanentes o temporales, lo artesanos, los pequeños productores rurales, así como los micro y pequeños empresarios rurales, son el sujeto priorizado en la iniciativa 40-84, en el entendido que el marco institucional vigente beneficia a la producción agroindustrial. Hasta el momento, el Estado no ha tenido la capacidad de atender la demanda ciudadana y cumplir con el precepto constitucional de garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Los partidos políticos tampoco han logrado canalizar los intereses públicos en instrumentos de desarrollo sostenible a largo plazo, en los que se reconozca a la población rural, indígena o no, como un actor con voz propia. Es claro que la democracia que tenemos en Guatemala no ha representado para la población rural pobre una salida a sus condiciones precarias de vida. Ante este escenario, las preguntas que surgen son: ¿Qué democracia se necesita entonces? y ¿qué actores tendrían que definirla? Sin lugar a dudas, la población rural, campesinos, cooperativistas, mujeres, artesanos tendrán algo que decir al respecto, y de forma muy distinta a los eslóganes panfletarios de las campañas políticas de quienes hablan de democracia, pero que en realidad la hunden. En tanto, el fortalecimiento de la agricultura familiar en Guatemala debería constituirse en el presente año, como un acto de dignificación de la población rural, principalmente de aquella que se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria.

Luis Alejandro de León Soto

Democracia y pueblos indígenas Claudia Dary F. cdary@flacso.edu.gt

legales, tales como la Ley de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal, Ley de idiomas nacionales, el decreto 57-2002 que penaliza la discriminación y otras; segundo, la apertura de varias dependencias gubernamentales que abordan asuntos atinentes a los pueblos indígenas y, tercero, el desarrollo de un funcionariado indígena que labora en estas dependencias. Algunos consideran que tanto estas oficinas como sus empleados representan un avance. Otros afirman acremente que ello constituye una fachada cosmética, que solamente diluyó al “movimiento maya”, cuyos líderes lograron una plaza en el gobierno, olvidándose de sus comunidades. Éstas son posiciones extremas que menosprecian el impacto simbólico de la presencia de los indígenas

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a Constitución Política de 1985 reconoce por primera vez en la historia que Guatemala está conformada por varios grupos étnicos con derecho a su identidad cultural. La Carta Magna consigna que el Estado tiene la obligación de “reconocer, respetar y promover” las culturas indígenas. El tema que se plantea desde entonces, por parte de las organizaciones indígenas, es que para un ejercicio ciudadano pleno, deben reconocerse no solo sus derechos individuales, contenidos en el capítulo 1 de la Constitución, sino también los colectivos. Este planteamiento, que es respaldado por el Convenio 169 de la oit y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas (2007), ha generado una agria polémica entre distintos sectores del país, principalmente en lo que compete a la autogestión del territorio y al ejercicio del derecho indígena, temas incluidos en ambos instrumentos internacionales. Para las élites conservadoras, el reclamo por la garantía de los derechos colectivos, así como por el reconocimiento de la diversidad étnica, representan una amenaza a la democracia, el desarrollo económico y la unidad del país. Sin embargo, desde el momento en que en una sociedad democrática existe el reconocimiento legal y explícito del carácter multiétnico y pluricultural de la nación, el Estado tiene la obligación de crear o reformar las instituciones para que garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la pluriculturalidad. Desde el ángulo del Estado, lo que cambia fundamentalmente, a partir de la firma de los acuerdos de paz, particularmente del de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995), es el discurso político y los performances en el espacio público, pues desde entonces se definió al país como multiétnico,

pluricultural y multilingüe y se le concibe integrado por cuatro pueblos: maya, garífuna, xinka y ladino. El modelo multicultural se impuso, pero, salvo algunas excepciones, la mayoría de los cambios son formales y menos ostensibles en la práctica sociopolítica. Se han creado nuevas instituciones que funcionan con magros presupuestos y escaso personal, que no permite cumplir con lo amplio de su mandato. La política multicultural del reconocimiento a la diferencia étnica, que se inaugura en Guatemala en la década del 90 del siglo XX, ha implicado tres aspectos importantes para el país: primero, la creación de una serie de instrumentos

en el Estado y no ven la relevancia del fogueo político y la adquisición de experiencia laboral de profesionales indígenas en la administración pública. Pero los temas centrales que juegan pulso con el ejercicio de la ciudadanía intercultural son, por una parte, las consultas populares en torno a la extracción minera y las hidroeléctricas y, por otra, la participación política electoral. En cuanto al primero, las actividades extractivas chocan de frente con las necesidades e intereses de los pueblos indígenas en cuyos territorios se localizan tales empresas. El clima de conflictividad social y la criminalización de las protestas ponen en jaque la capacidad de resolución de conflictos por la vía democrática. El efecto de las presiones de los negocios transnacionales sobre las comunidades locales y los territorios indígenas es la generación de una mayor conciencia ecológica por parte de la población, la necesidad de autogobierno, la experiencia en la toma de decisiones y la creación de redes regionales y transnacionales de apoyo. En cuanto a la participación política, es evidente que hay más alcaldes indígenas elegidos en las últimas elecciones que en los años 80. Esto refleja que los espacios de toma de decisiones en el ámbito municipal, sobre todo en el occidente del país, están siendo asumidos por indígenas. Asimismo, hay más votantes indígenas y, principalmente mujeres. En el proceso electoral del 2011, para las candidaturas de presidente y vicepresidente, se presentaron dos indígenas. Además, desde hace doce años existe una Misión Indígena de Observación Electoral, iniciativa pionera en América Latina. Estos datos marcan un hito histórico relevante. Sin embargo, aún hay poca presencia indígena en el Congreso y la participación de indígenas en la estructura de los partidos políticos es escuálida, pues éstos todavía no les abren sus puertas para las posiciones relevantes. La forma de operar, empresarial y clientelar, de los partidos refleja el carácter excluyente del sistema político. Para muestra un botón: para el periodo 2012-2016, de un total de 158 curules, 19 están ocupadas por diputadas indígenas –tres de las cuales son mujeres. Esto refleja la necesidad de una revisión del sistema político imperante para que responda a esa realidad multi e intercultural que fue enunciada y proclamada hace veintinueve años.

Flacso en la Academia Panel-foro: La re significación del campesino en el mundo rural en tiempos de globalización

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En el contexto del Año Internacional de la Agricultura Familiar, el 10 de enero de 2014, la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales –FLACSO– conjuntamente con OXFAM, realizaron el panel-foro “La re significación del campesino en el mundo rural en tiempos de globalización”, como parte del proyecto Seguridad Alimentaria, Políticas y Acceso a Mercados de Pequeños y Pequeñas Productoras Agrícolas. El punto de partida del panel-foro fue la conferencia “Acaparamiento de tierras y procesos territoriales rurales de América Latina en el siglo XXI”, dictada por el Dr. Luis Llambi. Los participantes del panel fueron académicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Colectivo de Estudios Rurales IXIM, y un analista del Programa de Naciones Unidad en Guatemala –PNUD-.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional ( SESAN) y FLACSO-Guatemala unen esfuerzos para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional El secretario de la SESAN, Lic. Luis Enrique Monterroso y la directora de FLACSO-Guatemala, Dra. Beatriz Zepeda, firmaron el 17 de enero de 2014 un Convenio de Cooperación Técnica, que tiene como objetivo principal fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN). Con este convenio se amplían las relaciones entre ambas instituciones, se apuesta principalmente a la formación de cuadros del sector público y de la sociedad civil (en los ámbitos local y nacional) y se sientan las bases para impulsar proyectos de cooperación para la formación e investigación interinstitucional en temas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional del país. Una de las primeras actividades, que se espera llevar a cabo a corto plazo, es la realización de un diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en Planificación Participativa, el cual estará dirigido principalmente a integrantes de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN).

La Dra. Beatriz Zepeda y el Lic. Luis Enrique Monterroso al momento de firmar el convenio.

Firma de carta de entendimiento miseal-instituciones colaboradoras

Primera fila de izquierda a derecha, Paola González (AMEF), Beatriz Zepeda (FLACSO), Vivian Salazar (IIARS); Segunda fila de izquierda a derecha, Alenka Barreda (DIGEU), Maite Rodríguez (Fundación Guatemala), Milvia Almaraz (Proyecto MIRIAM); Tercer fila, de izquierda a derecha, Ana Lucía Ramazzini (FLACSO), Walda Barrios (FLACSO) Miriam Maldonado (IUMUSAC), Cecilia Garcés (EducaGuatemala).

El miércoles 29 de enero, en el auditorio “René Poitevin” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tuvo lugar la firma de una carta de entendimiento entre las representantes de instituciones que colaboran con el proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior de América Latina (MISEAL), que es desarrollado dentro del programa de Estudios de género y feminismos de esta Facultad. Con esta firma se formaliza una alianza que apoya un proyecto que busca impulsar medidas que promuevan e implementen procesos de inclusión social y equidad, hacer más viables los mecanismos de acceso a la educación superior y crear condiciones para la permanencia y movilidad de personas que pertenecen a grupos históricamente desfavorecidos. Las instituciones firmantes son: FLACSO-Guatemala, Dirección General de Extensión Universitaria (DIGEU-USAC), Instituto Universitario de la Mujer (IUMUSAC), Asociación de Mujeres para Estudios Feministas (AMEF), Proyecto Miriam/Instituto de Investigación para la Incidencia en Educación y Formación Docente, EducaGuatemala, Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS) y Fundación Guatemala.

Maestría en Gestión social para el desarrollo local se inaugura en la ciudad de Quetzaltenango

Presentación y discusión teórico-metodológica de propuestas de tesis El 11 de febrero, como parte de las actividades formativas de la Unidad de estudios internacionales del Área de estudios sociopolíticos de FLACSO-Guatemala, se realizó la presentación y discusión teórico-metodológica de las propuestas de tesis de los pasantes canadienses Gwendolyn Muir, aspirante al grado de maestría en Geografía en la Universidad de Concordia, Canadá y Marck-André Anzueto, aspirante al grado de doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Québec, Canadá. En esta presentación y discusión participaron por parte de FLACSO-Guatemala los doctores Oscar López, Coordinador de investigación, Dirk Bornschein, Coordinador del Área de estudios sociopolíticos y el maestro Jacobo Vargas-Foronda, asesor de tesis de los estudiantes canadienses antes mencionados.

Foro Derechos de la niñez y cultura de paz

Al fondo, Marck-André Anzueto, Gwendolyn Muir, Jacobo Vargas Foronda; en primer plano, Dirk Bornschein.

En el marco del Acuerdo de Cooperación entre el PARLACEN y FLACSO-Guatemala, se celebró los días 24 y 25 de febrero en la ciudad de Guatemala, el foro Derechos de la niñez y cultura de paz, organizado por ambas instancias, en el que se examinó, especialmente, la movilidad humana en la región, con atención a la situación de la niñez y la adolescencia, enfocado a la definición de una estrategia del PARLACEN. La inauguración del foro estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Paz, Seguridad y Derechos Humanos, Honorable diputado, Hugo Torres y de la Dra. Beatriz Zepeda, directora de FLACSO-Guatemala. Entre los disertantes estuvieron el Dr. Abelardo Morales, investigador de FLACSO-Costa Rica y el Mtro. Marcel Arévalo, coordinador del Programa de pobreza y migración de FLACSO Guatemala.

Conversatorio “Mujeres e institucionalidad: avances y retos actuales” El Programa de Estudios de Género y Feminismos realizó el 26 de febrero el conversatorio “Mujeres e institucionalidad: avances y retos actuales”, actividad que inaugura su agenda académica 2014. Las invitadas a exponer sus puntos de vista fueron tres profesionales que en distintos momentos fungieron en la administración pública, la Dra. Lily Caravantes, primera Secretaria presidencial de la Mujer, la Licda. Ana López, directora ejecutiva de la Defensoría de la Mujer Indígena, y la Mtra. Ruth Del Valle, quien se desempeñó como Presidenta de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDEH. Participó, además, Alma Odette Chacón integrante de la Organización de Mujeres Tierra Viva. Las expositoras dieron cuenta del camino recorrido por las organizaciones de mujeres a lo largo de dos décadas, cuyo accionar ha fructificado en políticas e instituciones a favor de los derechos de las mujeres en los tres organismos estatales. Sin embargo, según las expositoras, estos avances están riesgo, pues en la coyuntura actual se observa una debilidad institucional y un retroceso en la respuesta que el Estado guatemalteco está obligado a brindar a las mujeres en toda su diversidad.

Ruth del Valle, Ana López, Ana Silvia Monzón, Alma Odette Chacón y Lily Caravantes.

El lunes 3 de febrero, con la lección inaugural “Gestión social para promover desarrollo social y humano en el ámbito local”, impartida por el Dr. Oscar López, dio inicio la maestría en Gestión social para el desarrollo local, organizada por FLACSO-Guatemala, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI, por sus siglas en inglés). Esta maestría, que será impartida en el Campus regional Quetzaltenango de la Universidad Rafael Landívar, forma parte del programa docente de equiparación afirmativa de oportunidades para grupos y sectores sociales tradicionalmente excluidos y marginados y está orientada fundamentalmente, a profesionales procedentes de áreas rurales de distintas regiones del país. El acto de inauguración fue presidido por la Dra. Beatriz Zepeda, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Arq. Manrique Sáenz, director de la Universidad Rafael Landívar, Sede Quetzaltenango y el Dr. César Eduardo Ordoñez, director de la Maestría

RESEÑA El campo de atención a la discapacidad en Guatemala Anneliza Tobar Editorial de Ciencias Sociales ISBN: 978-9929-585-20-1 No. de págs: 243 1ª Edición, 2013 Guatemala-Guatemala

El libro de Anneliza Tobar, publicado por FLACSO, que hoy se reseña, es un aporte importante para la comprensión del problema de la discapacidad en el país. La mirada que hace desde las ciencias sociales permite ver cómo este problema –que ha sido relegado al estudio de la medicina y la pedagogía– debe tener otros ángulos de percepción, como el político, el antropológico y el económico. Por primera vez en Guatemala, un texto sobre el tema reúne un panorama tan amplio, complejo, pero a la vez diverso y analítico. En lo concreto, el texto aporta a la discusión en el terreno epistemológico y explora las concepciones que alrededor de la discapacidad se han construido. Al contextualizar cómo la discapacidad como concepto y vivencia se construye a partir del empobrecimiento cotidiano es uno de los mayores aportes heurísticos de la obra, ya que entreteje los mecanismos, conexiones, pero sobre todo responsabilidades. Por otro lado, el recorrido histórico que hace sobre cómo las personas con discapacidad se han constituido en sujetos u objetos de atención por diversos sectores, instituciones y disciplinas, contribuye al reconocimiento de que esa situación de empobrecimiento no es una consecuencia de la deficiencia, por lo cual el problema no es de las personas portadores de deficiencias, sino un problema social, y por lo tanto, de múltiples responsabilidades y actores. Donald Solís

NOVEDAD Editorial de Ciencias Sociales El Guatemalazo Gregorio Selser Prólogo: Jorge Solares Editorial de Ciencias Sociales ISBN: pend. No. de págs: 128 2ª Edición, 2014 Guatemala-Guatemala

La obra El Guatemalazo. La primera guerra sucia del analista político argentino, Gregorio Selser, enfoca la guerra encubierta, y luego abierta de la administración Eisenhower para derribar al Presidente guatemalteco democráticamente elegido Jacobo Arbenz. En el contexto de la conmemoración del centenario del nacimiento del malogrado Presidente Arbenz, FLACSO-Guatemala y la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala decidieron publicar una segunda edición de esta importante obra, que es significativa de un proceso político continental de primera magnitud; libro profusamente informado y trepidante de indignación. Fue escrito durante la temprana revolución cubana, capítulo siguiente al de la revolución guatemalteca, ambas sujeto de estudio sociopolítico de América Latina en su relación con el poder supranacional de Estados Unidos. Librería de Ciencias Sociales 3a. calle 4-44 zona 10, ciudad de Guatemala PBX (502) 2414 7444

AGENDA ACADÉMICA FLACSO Jueves 6 de marzo, 16:00 horas (Aula Magna, Campus Quetzaltenango, Universidad Rafael Landívar): Foro público: Mujeres, paz y seguridad: retos para el avance de la Resolución 1325 en Guatemala. Información: cordonez@flacso.edu.gt Jueves 3 de abril, 17:00 horas (Auditorio René Poitevin FLACSO): “Reclutando trabajador extranjero: una exploración del programa de trabajo agrícola temporal de Canadá en Guatemala” Información: Jacobo Vargas Foronda jvargas@flacso.edu.gt Jueves 10 de abril (FLACSO): Inicia la serie de conferencias “Desafíos del sistema de justicia en Guatemala”. Información: Luis Raúl Salvadó lsalvadó@flacso.edu.gt Martes 29 y miércoles 30 de abril (FLACSO GUATEMALA): “Foro Guatemala: Historia reciente, 1954-1996”. Información: Hugo de León hdeleon@flacso.edu.gt Viernes 6 de junio (FLACSO): Inicia curso “Análisis social de la discapacidad”. Información: Anneliza Tobar Estrada atobar@flacso.edu.gt

FORMACIÓN DE CIENTISTAS SOCIALES DE EXCELENCIA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE MAESTRÍAS FLACSO 2014-2016 Maestría en ciencias sociales Virgilio Reyes: vreyes@flacso.edu.gt Maestría en desarrollo rural Licerio Camey Huz: kamey@flacso.edu.gt Maestría en estudios culturales Maite Andicoechea: mandicoechea@flacso.edu.gt Maestría en estudios de género y feminismo Ana Silvia monzón: amonzon@flacso.edu.gt Maestría en políticas públicas Jorge Calvo: jcalvo@flacso.edu.gt Maestría en relaciones internacionales bzepeda@flacso.edu.gt

Publicación bimestral de FLACSO-Guatemala Directora: Dra. Beatriz Zepeda Consejo editorial: MSc. Marcel Arévalo • Lic. Hugo Leonel de León • Dra. Ana Silvia Monzón • MSc.Luis Raúl Salvadó PBX (502) 2414 7444 - flacsoguate.edu.gt - http:www.flacso.edu.gt Se autoriza su reproducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente.