Los indígenas y campesinos exigen el funcionamiento de la democracia

El sistema de justicia opera de manera diferente no es lo mismo tener el respaldo de las elites, que ser indígena o una voz crítica.

El pasado 10 de febrero la lideresa Maya-Mam Thelma Cabrera y Jordán Rodas Andrade, binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) viajaron a Washington, a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde presentaron una denuncia por la violación del Estado de Guatemala a sus derechos humanos y políticos de elegir y ser electos garantizados en el Pacto de San José. Dado que el 28 de enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les negó la inscripción a pesar de cumplir con los requisitos que la ley demanda, dos días después, el 30 de enero, la dirigencia interpuso un recurso de nulidad en contra de la negativa, sin embargo, el 3 de febrero los magistrados del TSE confirmaron la no inscripción del MLP. Ante esta respuesta, el 5 de febrero, acudieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en donde interpusieron un amparo provisional para ejercer su derecho a participar, pero el resultado fue el mismo, la presidenta Silvia Valdez firmó el documento que falla en contra del MLP. El pasado 17 de febrero, ante la negativa de la CSJ, apelaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) demandando su derecho a participar.

Paralelo al uso de instancias nacionales e internacionales las bases del MLP han mantenido presión afuera de las instituciones y en las carreteras exigiendo que la democracia sea para todos, sin importar orientación ideológica o condición de clase, por mencionar dos de las opresiones históricas que la elite nacional activa cuando peligran sus intereses y privilegios.

Claramente existe una violación a los derechos individuales, pero también a los derechos de las comunidades a organizarse y a fortalecer la democracia, sobre todo, este proceso que recorre el

MLP está reafirmando que son los pueblos indígenas, los sectores campesinos o pobres a quienes se les niega los derechos garantizados en la Constitución. O sea, no están pidiendo privilegios. Así ha sido a lo largo de la historia, cuando las mujeres o los indígenas exigen el cumplimiento de las leyes, el sistema los reprime hasta masacrarlos. Un ejemplo es la quema de la Embajada de España (1980), cuando decidieron tomarla fue luego de hartarse de demandar al Estado que los escuchara y creara una comisión que investigara los crímenes que finqueros y el ejército cometía en sus territorios, pero al cerrarles todas las puertas no quedó otra opción. Sin embargo, la respuesta a esa demanda legal fue descomunal.

Eso está haciendo hoy el sistema de justicia -pilar de la democraciacerrarles todas las posibilidades, desde la CC hasta el TSE, a los pueblos de participar electoralmente con sus candidatos, mostrando, una vez más, que el Estado opera de manera diferente cuando se tiene poder o el respaldo de las elites, como Zury Ríos, quien teniendo impedimento constitucional se le inscribe. La democracia guatemalteca no solo es elitista, sino profundamente racista, clasista y represiva. Y ha sido creada para organizar la vida de las elites, pero no para las mayorías, quienes deben de seguir excluidas, ignoradas y reprimidas.