La Puya: Resistencia ante el Estado y la empresa

Más allá de las masivas protestas urbanas de índole más espontáneo y reactivo en contra de la corrupción, el desafío más sostenido y explícito a las políticas neoliberales en la Guatemala de la posguerra ha sido promovido por las comunidades rurales. Como ejemplifica el caso de Resistencia Pacífica La Puya y su oposición a un proyecto minero, esta forma de agencia ha trascendido los territorios indígenas para dar lugar a resistencias localizadas en áreas de población mixta. Conformada por habitantes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, el plantón de La Puya está a punto de cumplir 11 años organizándose contra las varias licencias en El Tambor, concesiones que busca extraer oro y plata en un área catorce veces más grande que el casco urbano de la Antigua Guatemala. Durante este tiempo, la Resistencia ha sufrido todo tipo de agresiones físicas y psicológicas, así como actos de difamación y crimi- nalización por su activismo ambientalista. Ahora, enfrentan otra amenaza: un proceso de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala iniciado por la empresa minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA). Esto representa un nuevo desafío para la Resistencia, ya que este proceso no permite la participación de la población directamente afectada por la extracción mineral.

La demanda de KCA contra el gobierno guatemalteco debería estar en el centro de atención nacional en Guatemala. En Kappes vs. Guatemala, el Estado actualmente está demandado por más de US$400 millones por reclamaciones por la suspensión de las licencia minera de Exmingua para el proyecto Progreso VII Derivada por parte de tribunales guatemaltecos. En 2016, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad, dictaron que el proyecto minero tenía irregularidades en su estudio de impacto ambiental. Además, la empresa no cumplió con la consulta “previa, libre e informada” obligatoria a la población afectada.

El arbitraje entre inversionistas y Estados ha sido criticado por carecer de transparencia y rendición de cuentas, favorecer a los inversionistas sobre los Estados y socavar la soberanía estatal. También se considera demasiado costoso y abierto al abuso, con opciones limitadas de consistencia y apelación, alentando tanto a los Estados como a las corporaciones a marginar a la oposición. De manera absurda, el sistema de arbitraje supranacional deja que las empresas y los gobiernos argumenten lo que quieran en los procedimientos, independientemente de los hechos reales sobre el terreno. En La Puya, KCA actuó con impunidad para obtener permisos y no demostró ninguna intención de respetar la ley guatemalteca. El gobierno, por su parte, se basó en los argumentos de las comunidades para construir su defensa y ahora parece estar dándole la espalda nuevamente a los residentes locales, excluyendo a miembros de las poblaciones afectadas directamente por la minería. Quiénes pagarán un precio tremendo si el tribunal de arbitraje ordena a Guatemala que indemnice a KCA, incluso una parte de su reclamo, o si la consulta es manipulada para reiniciar su proyecto de extracción, somos todos. A medida que aumentan las operaciones mineras en Guatemala, crece en todo el país un panorama cada vez mayor de resistencia a la extracción de recursos. Como reacción a este fenómeno, las comunidades que se oponen pacíficamente a la minería como modelo de “desarrollo” son objeto de represalias rutinarias, ya que la violencia y la intimidación son cada vez más la norma de mano dura del gobierno guatemalteco. Con el trasfondo del arbitraje excluyente, me uno al llamado para que las autoridades acrediten a todos los delegados de las comunidades con pleno respeto a sus derechos en la preconsulta con KCA. La Resistencia Pacífica La Puya, junto con otras comunidades organizadas en Guatemala, ha reiterado durante más de 10 años que lo que se necesita es un modelo que desafíe las convenciones sobre el progreso social, priorizando la vida sobre las lógicas economistas dictada por la codicia empresarial.

SERGIO RAMÍREZ