40 años de municipalismo - Enrique Berzal

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marzo de 2019 EL NORTE DE CASTILLA

Cuatro décadas de municipalismo en Castilla y León

Luciano Sánchez Reus, alcalde de Segovia en 1976-1977. :: AMV

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uiso la casualidad que el 19 de noviembre de 1975, víspera del fallecimiento del Jefe del Estado, general Francisco Franco, se aprobara la Ley de Bases del Régimen Local con objeto de «dar solución a los problemas con que se enfrenta la vida local, consecuencia de la profunda transformación que en las últimas décadas ha experimentado el mundo». En consecuencia, el alcalde ya no sería designado directamente por el gobernador civil, como dictaminaba hasta entonces la normativa, sino mediante sufragio corporativo de los concejales presentes en la corporación.

Aquellos ayuntamientos que despidieron al dictador y asistieron al arranque de la Transición democrática poco tenían que ver con los de los años 40 o 50, caracterizados por la lealtad total al Régimen y a los Principios del Movimiento Nacional.

Varios factores explican esta circunstancia: el desarrollo económico, que a su vez comportó cambios trascendentales en la cultura política de los españoles; el afán del régimen de legitimarse ante Europa como «democracia orgánica»; y, sobre todo, el relevo generacional en el seno de las Corporaciones, que propició la aparición de concejales ligados a movimientos de oposición democrática, la mayoría elegidos por el llamado «tercio familiar» y muy sensibles a la presión ciudadana en clave democrática.

Tampoco se puede obviar el proceso de reforma política que, anunciado de boquilla por Carlos Arias Navarro, cobró nuevo rumbo y velocidad definitiva con la designación de Adolfo Suárez, en julio de 1976, como presi-

Francisco Fernández Santamaría, alcalde de Valladolid hasta finales de 1977. :: AMV

Manuel Vidal García último alcalde de Valladolid del franquismo. :: ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID

LOS ÚLTIMOS DE LA DEMOCRACIA ORGÁNICA El retraso de los comicios democráticos en los ayuntamientos, con alcaldes elegidos según la legislación franquista, generó episodios de tensión entre 1976 y 1979

ENRIQUE BERZAL

dente del gobierno, lo mismo que la aprobación, dos años antes, del Estatuto de Asociaciones, pues hizo que un buen número de ediles se reacomodara entre los grupos permitidos por la dictadura: Unión del Pueblo Español (UDPE), Unión Democrática Española (UDE), Reforma Social Española (RSE), Unión Nacional Española (UNE), Frente Nacional Español (FNE) y Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales (ANEPA), principalmente.

Por decreto de 26 de diciembre de 1975 quedó fijada la fecha de las elecciones a alcalde para el 25 de enero de 1976. Junto a la elección

del nuevo regidor por votación secreta de los concejales, la Ley de Bases del Régimen Local incrementaba su número mínimo de tres a seis y el máximo de veinticuatro a treinta y seis, y establecía un mandato edilicio de seis años, permitiendo la retribución de los alcaldes.

Sin embargo, enseguida pudo comprobarse cómo el férreo dirigismo del gobierno yugulaba todo atisbo de competencia política. Así, aunque cualquier vecino de la municipalidad, fuera concejal o no, podía ser proclamado candidato a alcalde, para que ello fuera posible debía solicitarlo de la Junta

vidad propios de la democracia orgánica –los concejales continuaban articulados en los tres tercios: sindical, familiar y entidades–, y todo lo relacionado con la propaganda en los medios de comunicación del Estado y del Movimiento se regulaba por decreto.

Aquel 25 de enero de 1976 fueron llamados a la elección 4.253 municipios en toda España. El continuismo fue la tónica dominante, pues en la mayor parte de los Ayuntamientos repitió el alcalde saliente y en varios se presentó un único candidato –casi siempre el regidor del momento–. De ahí que la máxima expectación la concitaran aquellos Consistorios en los que la elección hubo de disputarse entre fieles al Régimen pero con distintas «sensibilidades», más o menos próximos a las demandas de aquellos colectivos ciudadanos que pugnaban por la democracia.

Ayuntamientos continuistas Municipal del Censo y reunir algunas de estas condiciones: ser o haber sido alcalde o concejal de ese ayuntamiento, ser propuesto por vecinos incluidos en el censo electoral en número no inferior a mil o al 1% del total de electores, y ser propuesto por cuatro consejeros locales del Movimiento o por las asociaciones reguladas por el Estatuto de 1974, todas ellas fieles al legado de Franco. Además, la elección se limitaba solo a los alcaldes, que serían elegidos por los concejales del régimen local de 1955, por lo que los vecinos no intervendrían, se mantenían los principios de representati-

Que la continuidad se impuso en Castilla y León lo demuestra el hecho de que ninguno de los seis alcaldes que se presentaron a la reelección (en Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora) tuvo problemas para repetir mandato.

Por eso el principal motivo de animación, cuando no de morbo electoral, fue la presencia de candidatos que, aun leales al legado de Franco, pertenecían a asociaciones políticas diferentes; eso sí, todas ellas permitidas por el régimen.

Eso explica que diez días antes de la cita, el diario ‘ABC’ incluyera a cinco ayuntamientos de la región

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Ricardo Rodríguez Castañón, sucesor de Gamazo Pelaz en Zamora.

José María Garrachón, alcalde de Palencia entre 1975 y 1979. :: J. RUIZ

entre las «diez elecciones a seguir». En Burgos, por ejemplo, aventuraba cierta rivalidad entre dos organizaciones franquistas, UDPE y ANEPA, representadas, respectivamente, por el médico José Muñoz Ávila, alcalde desde julio de 1973, y la aspirante María Eugenia Yagüe Martínez del Campo, hija del general Juan Yagüe y directora de la Escuela Graduada que llevaba el nombre de su progenitor. El tercero en discordia era el industrial Leonardo Carcedo Ojeda, concejal por el tercio familiar cercano a los colectivos sociales más avanzados.

La elección final, sin embargo, fue entre Muñoz Ávila y Carcedo, y precisó de una segunda vuelta, puesto que para ser elegido alcalde se requería el voto favorable de las dos terceras partes de concejales en primera votación, y mayoría simple en la segunda. Muñoz Ávila, a quien apoyaban también concejales de UDE, obtuvo en primera vuelta 13 votos frente a los 8 de su adversario, mientras que en la segunda, paradójicamente, vio reducido su apoyo a 12 votos frente a 9 de Carcedo. Militante de FET-JONS y consejero provincial del Movimiento, Muñoz Ávila no dejaría el bastón de mando hasta 1979.

Más reñidas parecían las elecciones en Zamora, donde Miguel Gamazo Pelaz, procurador en Cortes y alcalde en ese momento, se medía con el librero Julio Román de la Higuera Alonso, miembro de UDE que confesaba estar «más a la izquierda de esa formación» (de hecho, será candidato del PSOE al Senado en junio de 1977). El Norte de Castilla presagiaba varios votos en blanco a tenor de las simpatías que despertaba Ro-

mán de la Higuera entre la población, no en vano llegaba avalado por 333 vecinos y apostando por una «reforma democrática». Hubo, en efecto, cuatro votos en blanco en primera vuelta, pero ninguna sorpresa: nueve papeletas fueron para Gamazo y una sola para Román; incluso aquel incrementaría su ventaja con dos votos más en la segunda ronda, mientras Román, con un único sufragio a su favor, impugnaba sin suerte el resultado. Meses después, Gamazo Pelaz cesaba en el cargo al concurrir a las elecciones generales de junio de 1977 en las listas de Alianza Popular, por lo que cedió el testigo al teniente de alcalde Ricardo Rodríguez Castañón, futuro militante y senador de UCD. De otro tenor era la expectación suscitada en Valladolid, donde ninguno de los dos contendientes despertaba demasiada simpatía.

Eran el industrial Francisco Fernández Santamaría, socio de ANEPA y abanderado de la continuidad absoluta, y el médico José Miguel Arrarte Ayestarán, presidente de los Círculos José Antonio cuya candidatura era

Concejales del tercio familiar animaron la elección de alcalde de 1976 abanderando reformas El continuismo se impuso claramente en Segovia y Ávila, con un solo candidato a la alcaldía

José Muñoz Ávila, alcalde de Burgos de 1973 a 1979. :: ARHIVO MUNICIPAL DE BURGOS

considerada un «lanzamiento hacia la Jefatura Provincial del Movimiento». También aquí fueron necesarias dos votaciones, pues la primera arrojó once votos para Fernández Santamaría, siete para Arrarte y tres en blanco. Finalmente, catorce de diecisiete votos dieron la alcaldía al socio de ANEPA, que en diciembre de 1977, por motivos de salud, cedería el bastón de mando al conocido empresario metalúrgico Manuel Vidal García.

Firmemente apoyado por Reforma Social Española se presentaba en León el candidato a la alcaldía José María Suárez González, decano del Colegio de Abogados, presidente del Consejo Provincial del Instituto Nacional de Previsión y hermano del ex ministro de Trabajo, Fernando Suárez. Avalada su candidatura por miles de firmas, derrotó en primera vuelta al primer teniente alcalde, Alberto Quiñones Álvarez, por catorce votos frente a siete.

Uno de los mayores atractivos de la jornada en Soria fue la presencia del extrovertido Fidel Carazo Hernández, propietario del periódico ‘Soria. Hogar y Pueblo’, como candidato a regidor. Procurador en las Cortes franquistas y hombre muy conocido por su exaltado sorianismo, Carazo no había dudado en emplear su periódico como ariete implacable contra las autoridades sorianas. La votación, no obstante, estuvo reñida, pues el propietario de ‘Soria. Hogar y Pueblo’ acabó imponiéndose por un solo voto (cinco a cuatro) a Domingo Hergueta Modrego, presidente del Consejo Provincial de Empresarios; el tercero en liza, el cirujano José Luis Calvo Morales, se quedó con tres apoyos. Carazo dimitiría en abril de 1977

Miguel Gamazo Pelaz, alcalde de Zamora hasta 1977.

Fidel Carazo, alcalde de Soria hasta abril de 1977.

Momento en que José María Suárez es elegido alcalde de León por los concejales, enero de 1976.

Óscar Rodríguez Cardet, a la derecha, sustituyó a José María Suárez como alcalde de León en diciembre de 1977.

para ir en las listas del Senado como independiente, lo que consiguió dos meses después, dando el relevo a Hergueta.

El continuismo se impuso en los cuatro ayuntamientos restantes, especialmente en Segovia y Ávila, donde se presentaron como únicos candidatos los entonces alcaldes Luciano Sánchez Reus y Luis Gómez de Pablo, respectivamente.

Destinos políticos superiores les impedirían, no obstante, terminar el mandato: el nombramiento, en febrero de 1976, del militar Gómez de Pablo como gobernador civil de Cáceres motivó su relevo por Fernando

Pablo Beltrán de Heredia y Onís, alcalde de Salamanca desde 1971 hasta 1979.

López Muñoz, mientras que Sánchez Reus, candidato de UCD en las elecciones generales de 1977, sería suplido en abril de ese año por Maximiliano Fernández García.

Tampoco el abogado José María Garrachón Juárez, alcalde de Palencia desde principios de 1975, tuvo dificultad alguna para imponerse, por quince votos a uno, al director comercial Mariano Pascual Maté, quien impugnó sin suerte el resultado.

Más tiempo que Garrachón llevaba el catedrático de Derecho Civil Pablo Beltrán de Heredia y Onís al frente del Ayuntamiento salmantino, donde había sido nombrado regidor en 1971; y tampoco

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Valladolid. Manifestación de vecinos en el barrio de Las Delicias en los 70. :: ARCHIVO MUNICIPAL 

tuvo problema alguno para revalidar, por catorce votos a siete, el cargo de alcalde ante el batallador Rafael González-Cobos Dávila, abogado y concejal por el tercio familiar que venía tiempo presionando, en nombre de los vecinos de las barriadas más degradadas, por un ayuntamiento verdaderamente democrático.

Ruina y presión La principal dificultad de aquellos ayuntamientos estaba en los libros de contabilidad: la mayoría atravesaba por situaciones económicas calamitosas, con crecientes dificultades presupuestarias, si es que no estaban en franca bancarrota. Una situación agónica a tenor de las urgentes necesidades que demandaban los colectivos más concienciados: pavimentación de calles, construcción de grupos escolares y de zonas verdes, más infraestructuras deportivas y parques infantiles, frenar el deterioro de los cascos históricos, reordenamiento del urbanismo a través de los correspondientes planes generales, etc.

Sobre este cúmulo de urgencias presionaba la ciudadanía a través de las asociaciones de vecinos, que también eran foco de actuación

de la oposición política. Por si fuera poco, el mandato de los alcaldes y concejales predemocráticos se solapó con el proceso de reforma política emprendido por Adolfo Suárez tras su nombramiento como presidente del Gobierno en julio de 1976, retomado con mayor brío tras la victoria en las elecciones generales de junio de 1977 al frente de UCD. La labor reformista de Suárez aplazó la renovación de los ayuntamientos, que estaba prevista para noviembre de 1976, dilatando con ello las elecciones municipales hasta después de las generales. Este hecho terminó prorrogando de manera indefinida el mandato de los alcaldes que habían tomado posesión en virtud de la Ley de Bases del Estatuto del Régimen Local de 1975 y de los concejales nombrados en los procesos de 1970 y 1973.

La conclusión era sangrante: mientras los principales órganos de poder a nivel nacional avanzaban hacia la democracia (Ley para la Reforma Política, elecciones generales…), los ayuntamientos quedaban como reductos del pasado y como instituciones carentes de legitimidad. Una doble presión se cernió entonces sobre los alcaldes: la de los vecinos que demandaban corporaciones verdaderamente de-

mocráticas y representativas, y la de determinados concejales, elegidos por el tercio familiar y muy identificados con los colectivos vecinales más batalladores, que no dudaron en pedir su dimisión. Y todo ello en un contexto de intensa conflictividad social y laboral.

Tampoco en las nueve provincias que hoy forman Castilla y León faltaron protestas vecinales a favor de una auténtica democracia municipal y como reacción a decisiones edilicias que afectaban negativamente al urbanismo y a la vida cotidiana de los ciudadanos. Colectivos de Burgos hicieron oír su voz cuando en los primeros meses de 1976, el Ayuntamiento que presidía José Muñoz Ávila planteó el trazado de la autovía Ronda II entre la Plaza del Rey y el nudo Landa, amenazando con ello la integridad del parque de Fuentes Blancas; hasta crearon una plataforma autodenominada ‘Salvar Fuentes Blancas’, apoyada luego por diversos grupos

Vecinos de Gamonal y Capiscol, en Burgos, lograron mejoras urbanísticas gracias a la presión social

políticos de izquierda. Además, a la presión de asociaciones como las de Gamonal y Capiscol se debieron mejoras como la apertura, en septiembre de 1978, de una nueva vía pública para descongestionar el tráfico en la ciudad por el barrio de Gamonal.

El concejal Leonardo Carcedo se erigió en uno de los principales portavoces de los intereses vecinales, llegando a solicitar una moción a favor de la amnistía y presentando su dimisión en julio de 1977, y solicitando de paso la de toda la Corporación, para persionar a favor de la democracia.

Aún más impactantes fueron las movilizaciones protagonizadas por varios colectivos vallisoletanos en contra del Ayuntamiento, regido, sucesivamente, por Francisco Fernández Santamaría y Manuel Vidal García. Entre los momentos de mayor tensión figura la impactante huelga de los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza –la famosa huelga de las basuras–, que abarcó desde finales de junio a la segunda semana de julio de 1976, convocada en petición de un mayor aumento salarial y alentada por las plataformas sindicales clandestinas de la extrema izquierda, en especial por la CSUT, sindicato del PTE. A ella se sumaron incidentes como la manifestación vecinal contra la cerámica de la calle de Silió, en octubre de 1976, a la que culpaban de una indeseable y perjudicial emisión de humos, la ocupación de las viviendas sociales del Barrio de España, entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 1977, y las airadas protestas, desde principios de ese mismo año, de los vecinos del barrio de La Rondilla en contra del Plan ‘Ribera de Castilla’, que, a su juicio, sepultaba la barriada en cemento, colmaba las ansias especulativas de los promotores y recortaba aún más las zonas verdes. También las asociaciones de Delicias y Pilarica destacaron por sus acciones reivindicativas en ese mismo sentido. La presión vecinal se hizo aún más fuerte en 1978, con episodios como las movilizaciones contra el Plan Parcial de los alrededores de la iglesia de La Antigua, que pretendía «abrigar» el templo insertándolo en el casco urbano, o la manifestación de 10.000 personas, en junio de 1978, contra su política urbanística.

Concejales aperturistas León. Manifestación de las Asociaciones de Vecinos de la ciudad el 20 de junio de 1978.

Estas presiones tuvieron su correlato en el interior del

La campaña en la barriada de Chamberí, en Salamanca, se intensificó tras la riada de 1976 Consistorio vallisoletano a través de concejales muy identificados con el aperturismo, como Manuel Martín Luquero, que ya en el verano de 1975 propuso crear una comisión encargada de los asuntos de los barrios. Luego, el 30 de septiembre de 1976, Martín Luquero y Rafael González Yáñez presentaban un escrito solicitando la retirada del Ayuntamiento de los símbolos que no fueran de la ciudad, de la región o que no fueran escudos y banderas nacionales, en referencia implícita al yugo y las flechas.

Salamanca fue, junto a Valladolid y Burgos, la tercera capital castellana y leonesa donde las presiones sociales democráticas fueron más intensas. Especialmente impactante fue la protesta de la asociación del barrio de Chamberí tras la riada que lo anegó a principios de 1976, con manifestaciones reivindicativas en los meses de septiembre y octubre, y más aún el escándalo causado al saberse, en los primeros meses de 1977, que el retraso edilicio en el pago a la empresa suministradora de cloro había provocado la contaminación del agua potable, generando trastornos intestinales, mareos y vómitos a muchos salmantinos. Ante esto último, varios vecinos acudieron a protestar al salón de plenos y fueron expulsados con violencia por la policía municipal.

También en el Consistorio salmantino las asociaciones contaban con un aliado de excepción, el concejal Rafael González-Cobos Dávila, a quien ya vimos disputar la alcaldía a Pablo Beltrán de Heredia en enero de 1976.

Miembro de la Junta Democrática de Salamanca y candidato al Congreso en las generales de 1977 por el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, en mayo de 1977, conocidas las causas de la contaminación del agua potable, GonzálezCobos pidió la dimisión del alcalde y que se abriera el salón de sesiones al «pueblo».

A la negativa de la mayoría de ediles respondió con el abandono del salón de sesiones, la dimisión de sus cargos y un escrito reclamando que la comisión de investigación nombrada por el primer regidor incluyera a representantes vecinales y partidos políticos. Días después, concretamente en la

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Zamora. Manifestación del Barrio de San José, liderada por Demetrio Madrid. 

sesión del 21 de mayo de 1977, el Ayuntamiento, por 17 votos contra 3, declaraba a González-Cobos «persona non grata»; con él se solidarizaron los concejales Antonio Lucas Verdú, José Hernández y Antonio Rubio Andrade. Al mes siguiente, varias asociaciones de vecinos volvían a pedir la dimisión del alcalde y organizaban una nueva manifestación reivindicativa.

Cuando a primeros de abril de 1978 el juzgado de distrito condenó a ediles y técnicos municipales, con el Ayuntamiento como responsable civil subsidiario, por el suceso del agua potable, los concejales Antonio Lucas Verdú, Luis Cortés Vázquez, Damián Mateos y Antonio Rubio Andrade pidieron de inmediato el cese de Beltrán de Heredia. Sorpresivamente, éste respondió el 12 de abril presentando su dimisión y la de toda la Corporación en pleno. Aunque PSOE, UCD y PCE prepararon una comisión gestora para controlar el Ayuntamiento, el gobernador civil primero y la Audiencia Territorial de Valladolid después anularon la dimisión. La que sí fue efectiva fue la del propio González-Cobos, que el 11 de marzo de 1978 abandonaba el Ayuntamiento alegando el intolerable retraso en la convocatoria de elecciones municipales. Por el contrario, Beltrán de Heredia, que venía rigiendo la Corporación salmantina desde 1971, no cesaría en el cargo hasta enero de 1979, momento en que fue nombrado vicepresidente del Consejo Nacional de Educación y notificó que iría en las listas de UCD al Senado en las generales del mes de marzo.

En Segovia, la protesta social más destacada la impulsaron en el verano de 1976 colectivos ciudadanos y asociaciones ecologistas contrarias al proyecto presentado por el Ayuntamiento, que regía Luciano Sánchez Reus, de construir un embalse en el corazón del

Colectivos cristianos en Zamora y ecologistas en Soria alentaron la lucha democrática Pinar de Valsaín. Las asociaciones reunieron más de 2.200 firmas y enviaron cerca de 4.300 instancias contra unas obras que, concebidas para paliar la grave carencia de agua que sufría la capital segoviana, amenazaban con destruir uno de los mejores pinares de Europa, situado entre Navacerrada y la Granja de San Ildefonso.

Soria Nuclear, no También de inspiración democrática y ecologista fueron las protestas sorianas del verano de 1976 contra la decisión de instalar en Cubo de la Solana, en la ribera derecha del Duero, entre Soria y Almazán, un Centro de Investigación Nuclear. Frente al alcalde Fidel Carazo, que lo consideraba una oportunidad ineludible para una provincia en franco retroceso, la oposición política y ciudadana abanderó el lema «Soria Nuclear No» para expresar su rechazo por medio de conferencias y mesas redondas en el Colegio Universitario, recogida de firmas, reclamaciones judiciales y manifestaciones: si a finales de octubre de 1976 unas 300 personas eran disueltas con violencia por la policía, la protesta del 13 de agosto de 1977 aglutinó a 5.000 manifestantes liderados por el diputado de UCD, Juan Ignacio Sáez, que se definía como ecologista, y los senadores Ramiro Cercós Pérez y José María García Royo. Meses antes, concretamente en marzo de 1977, dicho malestar ciudadano se había trasladado al Consistorio con la presentación, por parte de once concejales, de una moción de censura contra Carazo por entender que su labor

Zamora. Primera manifestación de los barrios, en septiembre de 1976. :: ÁNGEL BARIEGO

era demasiado personalista.

En León, la presión del asociacionismo vecinal se redobló en mayo de 1978 con motivo de la interrupción del abastecimiento de agua en el barrio del Crucero, lo que animó a la coordinadora de asociaciones a movilizar a más de 2.000 personas y organizar dos manifestaciones para pedir la dimisión del Ayuntamiento y protestar contra otras gestiones relacionadas con el transporte urbano, zonas verdes, centros sociales y limpieza de la vía pública; contaban, además, con el apoyo de AP, UCD, PSOE y PCE. Ni siquiera en Palencia, donde el alcalde José María Garrachón gozaba de bastante popularidad, faltaron conatos de oposición vecinal contra el Ayuntamiento, como la impulsada en mayo de 1976 en la barriada del Cristo del Otero, en plena romería de Santo Toribio, donde varios vecinos recibieron

al regidor con abucheos en protesta por su situación de marginalidad y abandono.

Especial atención se merece, finalmente, la Asociación de Desarrollo Comunitario del barrio zamorano de San José, aglutinadora, desde mediados de los años sesenta, del clero más progresista y de futuros líderes de la oposición política, como el propio Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta de Castilla y León. Estrechamente vigilada por las autoridades franquistas, la asociación saltó a la prensa en septiembre de 1976 por organizar una multitudinaria manifestación exigiendo el vallado de la avenida de Galicia y La Morana, donde se reiteraban los atropellos a peatones, así como la construcción de parques, jardines y zonas verdes.

Lo relatado hasta ahora da cuenta de la creciente movilización social contra unos ayuntamientos a los que muchos ciudadanos,

Valladolid. Manifestación en 1977 a favor de viviendas sociales en La Pilarica. :: ARCHIVO MUNICIPAL

Salamanca. Manifestación en el barrio de Garrido contra el Ayuntamiento. :: CANDY

también en Castilla y León, tildaban de anacrónicos y carentes de legitimidad por haber sido constituidos conforme la legislación franquista de 1975. Que esa presión llegó a extremos preocupantes para las autoridades lo demuestra el clima vivido en la reunión de la Asociación Española de Alcaldes de junio de 1978, donde hasta el gobernador civil de León se vio obligado a aplacar la desazón de muchos de los asistentes animándoles a mantenerse en sus cargos con «moral, entusiasmo y sin complejos», sin dejarse «intimidar ni engañar, porque los legítimos representantes del pueblo, hoy por hoy, sois vosotros».

Aun así, fue precisamente en el ayuntamiento de León, el 3 de diciembre de 1977, donde José María Suárez hizo oficial su dimisión alegando la anómala situación de los Ayuntamientos y la dilación de las elecciones municipales; a Suárez le sustituyó Óscar Rodríguez Cardet, a quien tampoco dejaron de asediarle las demandas vecinales. No es improbable, además, que el cese de Francisco Fernández Santamaría como alcalde de Valladolid, en noviembre de 1977, justificado por motivos de salud, se debiera en realidad a la creciente tensión política y social.

Y si en Salamanca la presión vecinal llevó a la Corporación en pleno a presentar la dimisión el 12 de abril de 1978, un mes más tarde era el Ayuntamiento soriano, presidido por Domingo Hergueta, el que presentaba su cese al gobernador civil, quien, al igual que en el caso salmantino, no la aceptó. El que no dio marcha atrás fue el alcalde zamorano Ricardo Rodríguez Castañón, que el 11 de noviembre de 1978, tras varios meses amagando con dimitir, hizo efectivo su cese; hasta las municipales de 1979 su puesto fue ocupado por el primer teniente de alcalde, Fernando Chacón Antón.

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ra verano, de 1977, y la paradoja no podía ser más hiriente: un país con Cortes democráticamente elegidas desde el mes de junio carecía aún de corporaciones locales verdaderamente representativas. No solo permanecían los alcaldes elegidos conforme la Ley franquista de 1975, sino también los representantes de los famosos tercios orgánicos, unos desde 1971 y otros desde 1974, consecuencia de la renovación por mitades de los miembros de estas instituciones.

Ante las reacciones adversas de no pocos ediles, y más aún de partidos de oposición y colectivos vecinales, el gobierno anunció la convocatoria de elecciones generales para el 15 de junio de 1977, con lo que se esperaba que las municipales tuvieran lugar poco después. Pero no fue así: tras la victoria de UCD en las legislativas, el tiempo comenzó a transcurrir sin atisbo de anuncio electoral alguno. Al mes siguiente, la firma de los Pactos de la Moncloa retrasó más si cabe la cuestión e introdujo una novedad: la convocatoria municipal no se haría antes de aprobarse la Constitución.

Las razones de fondo para tamaño retraso hay que buscarlas en el temor del ejecutivo centrista al comprobar que los sondeos que manejaba daban un avance galopante de la izquierda en las capitales de provincia, y que buena parte de la ciudadanía confiaba en las fuerzas de oposición para gestionar con eficacia los Ayuntamientos. Además, en el recuerdo de no pocos centristas estaban aquellas elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que, aun otorgando la victoria a las fuerzas monárquicas en la mayoría de las provincias, precipitó el cambio de régimen político y la proclamación de la República gracias al triunfo de republicanos y socialistas en las principales capitales del país.

Sea como fuere, lo cierto es que hasta principios de 1978 no comenzó a debatirse en el Congreso la nueva ley municipal, que, a pesar de tramitarse por la vía de urgencia, no estuvo lista hasta el mes de julio. Entre sus novedades destacan el incremento del número de concejales, la fijación de la mayoría de edad electoral a los 18 años, la desaparición de la fianza obligatoria de 5.000 pesetas a todo candidato a concejal y, sobre todo, la aceptación de la enmienda del grupo parlamentario del PCE, obra del diputado Jordi Solé Tura, consistente en la elección del alcalde por los concejales y, en

LA IZQUIERDA SE CUELA EN LA ‘FIESTA’ DE UCD Aunque el partido de Adolfo Suárez arrasó en las provincias castellanas y leonesas en las municipales de 1979, acabó desbancado de la alcaldía en Valladolid, Salamanca y León ENRIQUE BERZAL

caso de no obtener ninguno mayoría absoluta, ser proclamado el número uno de la candidatura que obtuviese más sufragios en las urnas. Asimismo, se emplearía el sistema proporcional para distribuir los concejales entre los partidos que hubiesen logrado al menos el 5% de apoyo electoral.

Poco después, el gobierno, guiado por sondeos que aventuraban buenos resultados de la UCD en unos comicios generales, decidió anteponer una convocatoria legislativa el 1 de marzo de 1979 para favorecer sus intereses en la disputa local.

Finalmente, el Real Decreto de 26 de enero de 1979 convocaba las elecciones más democráticas de la historia de España para el 3 de abril.

El momento, ciertamente, no era el más propicio: al clima generalizado de desencanto se sumaba cierto hastío ciudadano tras las legislativa. Los principales protagonistas de aquellos comicios insisten, no obstante, en la ilusión que suponía estrenar de verdad la democracia y recuerdan su falta de experiencia política y electoral.

riódico Francisco Jambrina, primer alcalde democrático de Palencia por UCD, al rememorar aquellos comicios 30 años después. «Fue un momento excepcional en mi vida, y creo que también en la de la ciudad. Se recuperaba la tradición democrática y se hacía además con un alcalde socialista, como socialista fue el último que tuvo Valladolid antes del franquismo», recordaba, por su parte, el recientemente fallecido Tomás Rodríguez Bolaños, triunfador por el PSOE en Valladolid aquel 3 de abril de 1979.

También el socialista Jesús Málaga, primer alcalde democrático de Salamanca, reconoce en sus memorias que desconocía casi por completo todo lo relacionado con el entramado político y administrativo municipal, que ni siquiera sabía lo que era un depositario, pero que contaba con un combustible inagotable: el entusiasmo. De igual manera, el zamorano Andrés Luis Cal-

vo, que iba en las listas municipales del PSOE, tuvo que estudiar el ‘Manual del concejal’ elaborado desde la federal madrileña porque desconocía casi todo en materia de municipalismo.

La campaña electoral comenzó el 12 de marzo de 1979. Fueron 21 días de promesas, papeletas, banderolas, debates radiofónicos y, sobre todo, campañas a pie de calle. En Castilla y León, sólo cuatro ex alcaldes tardofranquistas encabezaron listas para presidir los primeros Ayuntamientos democráticamente elegidos desde aquel 12 de abril de 1931: Fidel Carazo (Soria) y José María Suárez (León) por Coalición Democrática; Pedro García Burguillo, regidor del Ayuntamiento segoviano de Villacastín entre 1969 y 1976, al frente de la UCD abulense; y Manuel Vidal García como líder de la Candidatura Independiente en Valladolid. Aunque políticos y ciudadanos estaban exhaustos tras las

Incertidumbre «Recuerdo que fue una época de incertidumbre tremenda, porque no teníamos experiencia ninguno de los que acudíamos a aquellas primeras elecciones. Y recuerdo los días previos elaborando el programa que había que patear la ciudad desde el punto de vista municipal, no desde el punto de vista del ciudadano normal», confesaba a este pe-

Jesús Málaga, primer alcalde democrático de Salamanca, con el ex ministro de Justicia e Interior Juan A. Belloch.

generales del 1 de marzo, todos coincidían en la necesidad urgente de solucionar problemas de hondo calado, especialmente en los barrios del extrarradio: pavimentación y zonas verdes, limpieza de calles, abastecimiento de agua potable con regularidad, más y mejores dotaciones escolares y deportivas, regularización urbanística, mejora del transporte urbano y de muchos servicios básicos, etc.

Por esa vereda discurrirían los mensajes lanzados en una campaña electoral que todos los partidos, casi sin excepción, focalizaron en los barrios más degradados. Ya entonces, aquella primigenia sopa de letras había menguado lo suficiente como para centrar la liza en dos formaciones mayoritarias: la Unión de Centro Democrático, partido liderado a escala nacional por el presidente Adolfo Suárez y vencedor en las generales de junio de 1977 y marzo de 1979; y el Partido Socialista Obrero Español, a cuyo frente estaba Felipe González, que ya entonces galopaba firme hacia la meta de la presidencia. Les acompañaban Coalición Democrática, aglutinante de diez partidos entre los que destacaban la Alianza Popular del ex ministro franquista Manuel Fraga y la Acción Ciudadana Liberal del ex embajador José María de Areilza, cuyos resabios franquistas la confinaban en un lugar testimonial; y el Partido Comunista de España, que aunque en las generales de marzo había obtenido una leve mejoría en relación a 1977, aún arrastraba el fracaso de ver cómo la ciudadanía daba la espalda a la formación que había sostenido la lucha antifranquista durante cuarenta años. Más a la izquierda del PCE figuraban organizaciones minoritarias como el Movimiento Comunista o la Organización Revolucionaria de Trabajadores, sin olvidar determinadas agrupaciones electorales nacidas en los barrios más reivindicativos.

Un análisis muy somero de las candidaturas castellanas y leonesas arroja claves que no desentonan demasiado con lo conocido en otras provincias. En general, quienes lideraban las listas por Coalición Democrática y la Unión de Centro Democrático eran personas con elevada formación profesional y relevancia social y económica en las distintas provincias, incluso en varios casos atesoraban una destacada experiencia política, técnica y administrativa en el Régimen anterior. Estamos, no debemos olvidarlo, ante la etapa de mayor fortaleza

de la UCD, que había repetido triunfo en las generales del 1 de marzo y que en Castilla y León contaba con cerca de 12.000 afiliados.

Haciendo gala de una composición interclasista, al frente de sus listas municipales en Castilla y León figuraban el profesor de EGB Pedro García Burguillo, que había sido alcalde de Villacastín entre 1969 y 1976 y que ahora se presentaba por Ávila, y tres candidatos que habían desempeñado destacados puestos técnicos y administrativos en el tardofranquismo: el economista José María Peña, que fue gerente del Polo de Desarrollo de Burgos; el ingeniero agrícola Francisco Jambrina, presidente del Plan de Tierra de Campos y líder de la lista centrista en Palencia; y Juan Morano Masa, letrado de los sindicatos verticales que disputaba la alcaldía leonesa. Por su parte, el médico segoviano Juan Antonio López Arranz, que aunque no había desempeñado cargos políticos de relevancia ya formaba parte de la ejecutiva provincial de UCD, se beneficiaba en gran medida de la carrera política de su padre, el conocido José López Miguel, que además de alcalde de Segovia había sido procurador en las Cortes franquistas.

Empresarios Entre los centristas también figuraban dos empresarios muy conocidos en sus respectivas provincias: Victoriano Martín Fiz en Zamora, que era dueño de la empresa de autobuses ‘Zamorana del Oeste’, y el industrial y miembro de una conocida familia soriana José Luis Liso Marín, que se había formado en Estados Unidos en actividades de investigación y prospección petrolíferas antes de desarrollar un próspero negocio dedicado a la venta de maquinaria y suministros industriales en Soria. Muy distinto fue lo ocurrido en Valladolid, donde UCD tenía pensado presentar como candidato al reputado abogado Antonio Martín Descalzo, hermano del conocido sacerdote y escritor José Luis Martín Descalzo y profesional muy reconocido en la ciudad. La estrategia, sin embargo, se chafó cuando don Antonio, que defendía a la empresa constructora Imperial, ganó una polémica demanda interpuesta por la batalladora asociación de vecinos de La Rondilla: la mala imagen que este hecho podía generar en el populoso barrio y en otros muchos de la periferia, tan reivindicativos como La Ron-

marzo de 2019 EL NORTE DE CASTILLA

dilla, llevó al partido a poner en su lugar a José María del Río Hortega, sobrinonieto del histólogo Pío del Río Hortega y técnico de empresas que, sin embargo, no gozaba de tanto predicamento entre los vallisoletanos: según destacados militantes de la formación centrista, esta circunstancia terminaría influyendo en la derrota de la UCD en la capital del Pisuerga.

Claro que la apuesta centrista más novedosa, y para muchos más desconcertante, se produjo en Salamanca, donde la formación de Suárez presentó a Pilar Fernández Labrador, a quien entonces solo se conocía por ser la esposa del abogado del Estado Juan Bermúdez de Castro y por su labor al frente de la Acción Católica local. Fernández Labrador fue la única mujer que encabezó una lista electoral en las nueve capitales de Castilla y León.

Como ha escrito Jonathan Hopkin, la UCD, al ser el «partido del gobierno» y controlar los recursos del Estado, estaba en una posición privilegiada para presentar listas de candidatos en una gran cantidad de municipios españoles. De ahí que la UCD fuera el partido con mayor número de candidatos en las municipales, llegando a presentar listas en más del 80% de los municipios de la región.

Nada de eso se dio en Convergencia Democrática, aglutinante de formaciones de derecha que aún seguía lamiéndose las heridas de los malos resultados obtenidos en las convocatorias anteriores. Su debilidad era manifiesta: presentó tarde sus listas y no pudo hacerlo en capitales como Ávila y Segovia.

Entre sus cabezas de lista en Castilla y León sobresalían empresarios relevantes y hombres conocidos por haber ejercido cargos políticos en el tardofranquismo.

Este era el caso, por ejemplo, del líder leonés José María Suárez, que había sido alcalde en 1976 y 1977; el soriano Fidel Carazo, propietario del periódico ‘Soria.

Hogar y Pueblo’, procurador en las Cortes franquistas, concejal y alcalde de Soria en 1976 y 1977; y el vallisoletano Fernando Velasco de Andrés, que además de presidir la Diputación había sido Jefe Provincial del Movimiento. A ellos se sumaban cuatro empresarios muy destacados, algunos de ellos con cargos sindicales en el Franquismo. Eran Ricardo González, que a última hora reemplazó como cabeza de lista por Salamanca al abogado y empleado municipal Francisco García Hernández; el ingeniero in-

Cuatro décadas de municipalismo en Castilla y León grafía e Historia, y el historiador Luis Castro Berrojo, cabeza de lista en Soria y autor de relevantes libros sobre la Guerra Civil y la represión franquista. Muy conocido en Valladolid era el economista Pascual Felipe Fernández, funcionario primero de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (antiguos sindicatos verticales) y luego de la Junta de Castilla y León que terminaría militando en el PSOE, y más aún en Segovia el ingeniero de montes Luis Peñalosa Izuzquiza, que lideraba la lista como independiente.

Todos los partidos centraron sus actos de campaña en los barrios más degradados dustrial y directivo de Firestone Enrique Plaza Fernández-Villa, candidato de CD por Burgos; el zamorano Alberto Fernández Ferrero, que desde principios de los 70 presidía la Unión de Empresarios dentro del sindicato vertical; y el potente industrial Juan José Cot, que además de ostentar cargo en la organización sindical franquista a finales de los 50, con la democracia recién estrenada sería miembro de la directiva de la Agrupación Empresarial palentina.

Profesores, médicos y trabajadores de distintos sectores lideraban las listas del PSOE en Castilla y León. La mayoría de sus principales candidatos en las municipales de 1979 pertenecían a generaciones de militantes jóvenes que, identificados con el sector renovador del interior, liderado por Felipe González, habían tenido un especial protagonismo en las protestas sociales y vecinales y en la reconstrucción tanto del partido como de la Unión General de Trabajadores.

En Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños, técnico de la empresa automovilística FASA, se había dado a conocer por su actuación en las impactantes huelgas desarrolladas en la factoría a partir de septiembre de 1974.

José Luis Blázquez Canales, que entonces trabajaba como electricista, no tardaría en convertirse en un referente de la política municipal abulense, lo mismo que el emblemático socialista soriano Juan Cascante y que el empleado de banca Miguel Valcuende González, crucial este último para la reconstrucción del socialismo democrático en Palencia y primer secretario provincial del PSOE. Tampoco el resurgimiento del Partido Socialista burgalés habría sido posible sin el concurso del candidato Aurelio Rubio Marcos.

Profesores y médicos A la docencia se dedicaban, por su parte, Gregorio Pérez de Lera, que lideró la lista socialista leonesa tras la renuncia del catedrático de Derecho Dionisio Llamazares, primer presidente de las Cortes de Castilla y León en 1983; y Domingo Mañanes, histórico del socialismo za-

Centrados en los barrios

Tomas Rodríguez Bolaños, primer alcalde democrático de Valladolid en 1979. :: ARCHIVO MUNICIPAL

José Antonio López Arranz, primer alcalde democrático de Segovia, en una foto de 2003. :: ICAL morano. Menos conocido que los anteriores era el médico Jesús Málaga Guerrero, cacereño de nacimiento que al poco tiempo de nacer se trasladó con su familia a Salamanca, cuya elección para liderar la lista electoral obedeció a la renuncia de dos compañeros con mayor ascendencia en la capital charra: el abogado Alfredo Marcos y el periodista, y director de ‘El Adelanto’, Enrique de Sena. Médico de profesión era también Miguel Ángel Trapero, que encabezaba la lista segoviana.

Algo más heterogénea era la composición de las candidaturas comunistas, que también en Castilla y León acusaban la crisis interna creada a partir de 1979. De hecho, hubo capitales como en Zamora donde el PCE no pudo presentar candidatura. Entre sus cabe-

zas de lista figuraban militantes que habían forjado su compromiso en la Universidad, actuando en diversas revueltas estudiantiles y sufriendo por ello persecución y detenciones. En Salamanca era muy conocido José Castro Rabadán, abogado y empresario de turismo que luego pasaría a las filas del PSOE, y abogado era también el leonés Roberto Merino Sánchez. Al igual que el electricista Mauricio Velayos Fraile, de intenso compromiso en los barrios periféricos, el médico palentino Antonio Herreros, que más adelante sería el principal representante de Izquierda Unida en Castilla y León, era muy estimado en los «barrios extremos de la ciudad».

Otros candidatos eran el burgalés Fernando García Romero, licenciado en Geo-

Los candidatos centraron su campaña electoral en requerir la confianza de los ciudadanos para desarrollar una gestión municipal honesta y eficaz y paliar las graves carencias del momento: saturación del tráfico en el centro histórico, déficit de dotaciones, pavimentación, zonas verdes, alumbrado, limpieza, guarderías y centros escolares en los barrios, escasez de viviendas, escasa industrialización, incremento del paro, etc.

La campaña fue ganando en animación con el paso de los días, con los candidatos recorriendo las calles, convocando ruedas de prensa, acudiendo a debates organizados por las asociaciones de vecinos, insertando publicidad en radios y periódicos y llenando las paredes de carteles. Claro está, la mayor disponibilidad de recursos económicos hizo que UCD se erigiese en la formación política que más dinero gastó en publicidad.

Los barrios más necesitados se erigieron enseguida en lugares de peregrinación electoral, y no faltaron iniciativas originales para atraer la atención. José María de Aza, miembro de UCD que estaba en las listas de las municipales vallisoletanas, no dudó en un impartir un mitin con frases en caló en el llamado poblado de La Esperanza, creado para albergar temporalmente a población gitan.

Incluso Convergencia Democrática se esmeró en ello y el 26 de marzo de 1979 levantó, en un solo día, un «bello jardín» en un solar urbano del barrio burgalés de Gamonal «como aportación práctica del hermoseamiento de la ciudad». Y es que el «contacto directo» con el «pueblo» sumaba votos: mientras el PSOE multiplicaba los mítines en los barrios periféricos, el centrista José María Peña, por ejem-

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plo, no dudaba en repartir propaganda electoral en el campo municipal de «El Plantío», en pleno partido de fútbol entre el Burgos y el Barcelona, al tiempo que la UCD vallisoletana organizaba una caravana ciclista por el centro de la ciudad para difundir su propuesta de construir un carril-bici.

Abultada abstención Las primeras elecciones municipales democráticas tras la dictadura franquista vinieron marcadas por una abultada abstención, cercana al 38%. Para El Norte de Castilla, ello era debido al «cansancio y al gran desencanto de buena parte del pueblo español ante la retórica y la ineficacia de la clase política, ante tres campañas electorales seguidas que han saturado hasta la saciedad el ambiente».

Aunque los comicios arrojaron una nueva victoria del partido de Adolfo Suárez, el notable avance socialista y las consecuencias del pacto de izquierdas PSOE-PCE en las grandes ciudades enfriaron la euforia centrista. En efecto, con una participación del 62,5%, UCD obtuvo el 30,6% de los votos y 28.960 concejales, y los socialistas, el 28,2% y 12.059 respectivamente. Coalición Democrática volvió a hundirse con un 3% de apoyos y 2.339 concejales, y el Partido Comunista fue la tercera fuerza más votada con el 13,1% de sufragios y 3.727 ediles.

La izquierda fue mayoritaria en las grandes capitales, mientras que la formación centrista siguió reinando en el entorno rural, donde los sectores oligárquicos tradicionales, estrechamente vinculados al partido gobernante, seguían operando y mantenían sus contactos e influencias.

Este predominio de UCD en el ámbito agrario, que algunos autores no han dudado en calificar como «caciquil», se tradujo en un triunfo incontestable en ocho de las nueve provincias de Castilla y León, en una jornada electoral marcada también por la alta abstención: solo participó el 60,9 % del electorado. El partido de Suárez fue el más votado en todas las provincias y ganó en ocho de las nueve capitales. En términos globales, obtuvo el apoyo del 41,9% de los castellanos y leoneses que votaron aquel 3 de abril de 1979, lo que se tradujo en 7.911 concejales; el PSOE fue la segunda fuerza más votada con el 23,3% de sufragios y 1.429 concejales, seguida muy de le- 

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marzo de 2019 EL NORTE DE CASTILLA

Cuatro décadas de municipalismo en Castilla y León

 jos por Convergencia Democrática, con el 6,4% de los votos y 785 ediles y, en último lugar, el PCE, con un 6% de apoyo y 133 concejales.

Arrolladora fue la victoria centrista en Ávila y Segovia, provincias estrechamente vinculadas al presidente del gobierno, no en vano Adolfo Suárez, abulense de Cebreros, fue gobernador civil en la ciudad del Acueducto entre 1968 y 1969: en Ávila, la UCD obtuvo el 58,9% de votos en la provincia y el 67’9% en la capital, y en Segovia, el 57,1% y 57,5% respectivamente. Ambas fueron, además, donde se registraron los mayores índices de participación.

Prácticamente incontestable en el espacio rural, también en Castilla y León UCD vio cómo el PSOE reducía las distancias en el ámbito capitalino, salvo, claro está, Ávila y Segovia: en León, por ejemplo, la ventaja centrista fue de un solo punto a su favor. Mucho peor le fueron las cosas en Valladolid, donde ganó por un solo punto en la provincia (33,5% frente a 32,1% del PSOE) y resultó severamente derrotada en la capital (39,8% del PSOE frente al 27,9% de UCD). De esta forma, en contra de los tópicos al uso que tildaban a la ciudad del Pisuerga de ser el feudo franquista y de extrema derecha por los episodios de violencia que protagonizaba un reducido número de jóvenes de Fuerza Nueva –de ahí el calificativo de «Fachadolid»-, el apoyo ciudadano a los socialistas fue evidente. Para los líderes centristas, la principal causa de su derrota obedeció a la desmovilización del centro-derecha y al poco entusiasmo que despertaba el nuevo candidato impuesto por el partido, el técnico de empresas José María del Río Hortega, en lugar del reputado abogado Antonio Martín Descalzo.

Y es que el sabor de la victoria suarista se tornó agridulce cuando llegó el momento de constituir los Ayuntamientos, pues si bien es cierto que en algunos donde no hubo claro vencedor funcionó el acuerdo entre UCD y CD, decantando la balanza del lado centrista, también lo es que en varias localidades de relevancia, ya fuera poblacional, económica o meramente simbólica, salió adelante, con mucha mayor disciplina y fidelidad, el pacto entre PSOE y PCE para apoyar al cabeza de lista de la fuerza de izquierda más votada.

Este acuerdo, firmado en Madrid el 18 de abril de 1979 entre Alfonso Guerra (PSOE) y Santiago Carrillo

(PCE), permitía a socialistas y comunistas, aliados en ocasiones con ediles de ORT-PTE, controlar 1.800 municipios españoles. El dato más significativo es que esos 1.800 municipios agrupaban al 70% de la población del país. ¿Cómo se plasmó todo esto en Castilla y León, donde en seis de las nueve capitales fueron proclamados alcaldes de UCD? En Burgos, los doce concejales centristas recibieron el apoyo de los tres de CD y los dos independientes para proclamar alcalde al líder de UCD, José María Peña San Martín, mientras que en Zamora, el centrista Victoriano Martín Fiz pudo ser investido gracias al voto de sus once ediles y a los cinco en blanco de CD (tres) y UZI (dos), dejando en segundo lugar al PSOE con 9 votos. Más ajustada estuvo la elección en Palencia, donde solo uno de los dos ediles de CD votó a favor de la investidura del centrista Francisco Jambrina Sastre (el otro votó en blanco); ello condujo a un empate a 12 concejales (11 de UCD y 1 de CD frente a 9 del PSOE y 3 del PCE), por lo que hubo de recurrirse al peso de la candidatura más votada, que era la de Jambrina.

Algo parecido ocurrió en Soria, donde el industrial José Luis Liso Marín, cabeza de lista de UCD, fue elegido en segunda vuelta por ser la lista más votada y no haber conseguido la mitad más uno de los concejales en la primera votación, repartidos entre UCD (8), PSOE (6), CD (3), PCE (1), Movimiento Ciudadano de Soria (1), Grupo Independiente Soriano (1) y Agrupación Electoral Independiente (1).

Los que no precisaron de acuerdo alguno ni de segunda ronda de votos fueron los Ayuntamientos de Ávila y Segovia, puesto que la victoria de UCD por mayoría absoluta facilitó la proclamación como alcaldes del maestro Pedro García Burguillo y del odontólogo José Antonio López Arranz respectivamente.

El partido de Suárez contó además con regidores en otras localidades relevantes de Castilla y León, como Medina de Rioseco en Valladolid (Manuel Fuentes), Burgo de Osma (Martín Na-

UCD ganó en ocho de las nueve provincias, pero el pacto de izquierdas le arrebató capitales importantes

José María Peña, primer alcalde democrático de Burgos.

A la desmovilización del electorado y a la alta abstención se sumó, en este caso, la desunión de la derecha, repartida entre Coalición Democrática y Candidatura Independiente: el mismo Fernando Velasco de Andrés, candidato a la alcaldía por CD, reconocía a El Norte de Castilla que los ataques de su partido se dirigían mayoritariamente contra Manuel Vidal, líder de Coalición Independiente al que apoyaba también la extrema derecha, pues «el electorado de Vidal y el nuestro es común».

No se lo esperaba

José Luis Liso Marín, primer alcalde democrático de Soria. :: AHP SORIA

Francisco Jambrina, primer alcalde democrático de Palencia.

Victoriano Martín Fiz, primer alcalde democrático de Zamora.

vas) y Cuéllar en Segovia (Luis Zarzuela), Toro (José Luis Ortiz-Latierro) y Villalpando (Carmen Allende) en Zamora, y Aranda de Duero (Ricardo García GarcíaOchoa) en Burgos.

Aun así, también en Castilla y León el pacto entre PCE y PSOE introdujo un desagradable amargor en el partido de Suárez, al que arrebató la alcaldía de tres capitales y de otras localidades relevantes. Ocurrió así en Valladolid, donde los 13 concejales del PSOE y los 4 del PCE dieron la alcaldía al socialista Tomás Rodríguez Bolaños, que se mantendría en el cargo hasta 1995.

También en la capital salmantina, donde UCD ganó con el 43,03% de los votos y obtuvo trece concejales, los once del PSOE pudieron proclamar candidato a su líder, el médico Jesús Málaga Guerrero, merced al apoyo de los tres ediles del Partido Comunista. Lo más curioso es que ni siquiera el candidato socialista se lo esperaba, pues, como reconocería tiempo después, «fui entrenado para ser oposición». Ya es significativo, como ha escrito Ignacio Francia, que cuando el 19 de abril de 1979, ya de madrugada, se supo que socialistas y comunistas podían arrebatar la alcaldía charra a la UCD, los concejales socialistas tuvieran que llamar a Málaga a su domicilio, pues ya estaba dormido.

El de León fue el tercer Ayuntamiento capitalino donde prosperó la alianza municipal de izquierdas, en esta ocasión por medio del apoyo de los cuatro concejales del PCE a los diez socialistas, superando en un voto al acuerdo entre UCD (10 concejales) y CD (3). Sin embargo, el mandato del PSOE en la figura de Gregorio Pérez de Lera apenas duró unos meses.

Todo comenzó el 22 de mayo de 1979, cuando la Audiencia Territorial de Valladolid estimó parcialmente el recurso presentado por Convergencia Democrática, que pedía anular los resultados como consecuencia de determinadas anomalías registradas en las votaciones, ordenando repetirlas en cuatro mesas electorales donde se detectaron irregularidades: La Asunción, El Egido, Colegio Nacional Quevedo y escuelas de La Palomera.

Celebrados los nuevos comicios, CD arrebató un concejal al PCE y, merced al pacto con la UCD, cuya candidatura encabezaba Juan Morano Masa, éste pudo ser proclamado alcalde de León el 20 de octubre de 1979.

Pilar Fernández, en Salamanca, fue la única mujer al frente de una candidatura capitalina

El pacto de izquierdas triunfó también en otras localidades importantes de la región, como Benavente, en Zamora, donde fue proclamado alcalde el líder del PSOE, Juan Calvo Martín; Béjar, en Salamanca, en la persona del socialista Juan Belén Cela; en las localidades leonesas de Ponferrada (Celso López Gavela) y San Andrés del Rabanedo (José Luis Ropero); en Miranda de Ebro, donde ORT se sumó al pacto de PSOE y PCE dando la alcaldía al socialista José Luis Anuncibay; y en las vallisoletanas de Medina del Campo (Ignacio Cano de la Fuente) y Tordesillas (José Elías Pérez Barragán).

Bastante curiosidad despertó, por otro lado, el triunfo de la unión electoral de izquierdas Pueblo Unido en la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso, cuyos cuatro concejales, unidos al del Partido Socialista, auparon a la alcaldía al conocido neurólogo Luis Erik Clavería. Pero más impactante fue aún el resultado en Venta de Baños, donde, por amplio número de votos, fue investido el pri-

Gregorio Pérez de Lera, primer alcalde democrático de León.

Juan Morano se hizo con la alcaldía de León tras la repetición parcial de las elecciones

mer alcalde comunista de la historia de Palencia, el funcionario de Correos José Hernández García, cuyo partido obtuvo siete concejales frente a cuatro de UCD y dos independientes.

Otra peculiaridad de las municipales de 1979 fue que el reparto de concejalías se hizo de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido, por lo que al frente de los diferentes departamentos y responsabilidades municipales figuraron concejales de la oposición.

Sin recursos El principal problema de las nuevas corporaciones, en las que todo estaba por hacer, era su situación económica, en concreto su elevada deuda y un déficit presupuestario que a nivel nacional se cifraba en más de 200.000 millones de pesetas. No por casualidad, a finales de enero de 1979, el gobierno de Adolfo Suárez había autorizado a las corporaciones aprobar un presupuesto extraordinario de liquidación de deudas asumidas o legalmente devengadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1978, recurriendo para ello a un préstamo del Banco de Crédito Local con un tipo de interés del 10,20%.

Los consistorios de Castilla y León no fueron una excepción, y también recurrieron a ese préstamo. Incluso en Zamora, como recordaba en 2004 Victoriano Martín Fiz, primer alcalde democrático por UCD, él y los concejales recién elegidos asumieron el compromiso de no cobrar un solo duro hasta poder saldar del todo la deuda, lo que tardaron un año en solventar.

Y es que las perentorias necesidades de los nuevos Ayuntamientos no podían esperar. De ahí que en localidades como Palencia, fuera necesario recurrir a la emisión de deuda para financiar obras: significativamente, como ha recordado el mismo Francisco Jambrina, solo una caja de ahorros se atrevió a comprar los bonos.

En otros casos, como en la capital segoviana, la negativa de los ciudadanos a abonar impuestos como el de matriculación acentuó el quebranto de las arcas municipales.

Incluso hubo ediles que se vieron obligados a bordear, cuando no a vulnerar, la legalidad vigente: en Zamora, concejales de uno y otro signo firmaron un crédito de diez millones de pesetas con el Banco Popular para subir el sueldo de los funcionarios, que todos consideraban excesivamente bajo.

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Cuatro décadas de municipalismo en Castilla y León

marzo de 2019 EL NORTE DE CASTILLA

AL SERVICIO DE LOS VECINOS 1. Complejo industria Calidad Pascual en Aranda de Duero.

2. Una de las líneas de leche brik en la fábrica arandina. :: FOTOS CALIDAD PASCUAL

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E

NTRE la creación de Industrias Lácteas Pascual y la actual Calidad Pascual han transcurrido 50 años y una única filosofía: mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Entre medias, el proceso pionero de uperisado y envasado en tetrabrik, las primeras leches desnatadas y semidesnatadas, los yogures pasteurizados, la primera certificación de la UE para comercializar leche en todos los países, o el primer certificado de producción de leche con bienestar animal. Medio siglo de innovación nutricional y compromiso saludable que ha cambiado la forma de consumir leche en España.

En 1969, Tomás Pascual Sanz cerró la compra de una cooperativa envasadora de leche en Aranda de Duero. Ahí empezó todo. El empresario comenzó su andadura junto a cuatro empleados, otras tantas bicicletas, una motocicleta y una furgoneta. Ya para entonces tenía el mismo afán de investigar que convertiría a ese proyecto de fábrica en el mayor referente español de la innovación láctea.

«Viajé un poquito por el extranjero para ver qué leches se vendían fuera, porque yo no quería hacer la leche que se estaba haciendo en España, y que básicamente consistía en ordeñar, embotellar y vender», recordaría Tomás Pascual muchos años después.

«Hice un viaje a Inglaterra y allí descubrí la leche uperisada. Conocí la empresa donde se produjo el primer uperisador que se envió a la central lechera de Berna. Llegamos a un acuerdo y llevamos otro igual a Aranda, el primero de España».

A partir de ahí, la innovación ha sido la constante profesional y vital de Tomás Pascual. Si hay alguien adelantado a su tiempo, y que ha lle-

Calidad Pascual. 50 años mejorando la calidad de vida de las personas

Innovación nutricional y compromiso saludable Esta empresa ha cambiado la forma de consumir leche en España

vado a cabo un auténtico regreso al futuro, sin duda ha sido él. Al menos esa es la opinión que mantiene su hijo y hoy presidente de la compañía, Tomás Pascual Gómez-Cuétara.

«Tuve a favor la fascinación por las cosas tan asombrosas que le veía hacer, y sobre todo por la magia con que las explicaba. Mi padre tenía un prodigioso poder de convicción».

Innovar para sobresalir Muchos años después, ese entusiasmo se mantiene intacto y sin necesidad de frío, como buena parte de su cartera de productos. Kantar Worldpanel acaba de designar a Calidad Pascual la empresa de bebidas más innovadora en uno de sus últimos Radares de la innovación. De algún modo, Pascual lleva la innovación en el ADN desde que, en 1973, democratizara el consumo de leche en España a través de la uperisación y del brik. Otro de sus hitos fue introducir en el gran consumo la bebida de soja, bajo la marca Vivesoy, allá por 2002.

Mar Doñate, directora de Marketing e I+D de Calidad Pascual, considera que la fórmula sigue siendo válida. «La innovación, aplica a todos los ámbitos de nuestro negocio, es la estrategia más efectiva para diferenciarnos, crecer y aportar valor al consumidor.

Las empresas debemos enamorar a nuestros consumidores todos los días».

El empuje innovador no ha cesado con los años. A finales de 2017, Calidad Pascual entraba en una categoría inexplorada hasta la fecha, la de los smoothies vegetales, con su nueva marca The Goods, revolucionando el mercado.

Sector primario

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TRADICIÓN E INNOVACIÓN Pascual es de esas empresas españolas tradicionales de toda la vida que lleva casi 50 años proporcionando productos de calidad, accesibles para todos los públicos. Y precisamente uno de los factores que ha hecho posible estar presentes en los hogares españoles durante esos 50

años, ha sido la innovación. Es la base sobre la que pivota el sector y gana protagonismo año tras año. La compañía intenta aplicarla de forma coordinada desde dos frentes: una innovación más sostenible, basada en su experiencia en productos líderes de gran consumo, con ampliaciones de gama y actualizaciones casi constantes de formatos y sabores; y otra más disruptiva, que busca nuevas oportunidades en categorías o mercados inéditos o con

posibilidades de desarrollo. Esa segunda línea creativa ha dado lugar desde 2016 al programa pionero en el sector Pascual Startup, que busca el desarrollo de la innovación de la mano de los emprendedores, y ligada a la transformación digital, entendida como una cuestión de visión, estrategia, cultura organizativa y rediseño de procesos. Las empresas tienen la misión de crear valor a través de toda su cadena productiva, innovando en cada uno de sus eslabones.

La compañía está muy vinculada desde sus orígenes al sector primario, comprometida para mejorar su competitividad y la calidad de ganaderos y granjeros mediante modelos de colaboración sostenibles y renovables a largo plazo. Más del 90% de las ganaderías que aprovisionan de leche a la empresa colaboran desde hace 15 años o más. Y hay programas activos de colaboración y eficiencia productiva con más de 170 ganaderías, lo que representa más de doscientos millones de litros de leche ‘eficiente’ al año.

El último hito en ese compromiso con la eficiencia y el respeto medioambiental ha sido el certificado de leche de bienestar animal. Hoy toda la leche que producen las granjas proveedoras de Pascual cuenta con el sello de respetar las condiciones de vida de los animales. Pascual, además, es el único gran fabricante con la totalidad de sus granjas certificadas, con el sello de AENOR Conform en Bienestar Animal.