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El Manaba
VIERNES 13 DE MAYO DEL 2022
Actualidad
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Vacunate por ti y por tu familia El financiamiento para ejecutar la equiparación salarial de los docentes, en análisis de la Corte Constitucional Representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) hicieron una marcha desde la sede hasta las calles Lizardo García y Tamayo, donde se ubica la Corte Constitucional, para exigir el cumplimiento de las reformas realizadas a la Ley de Educación Intercultural (LOEI). Lozada escuchó en audiencia a las partes procesales, entre las que estuvieron los representantes del IESS, de la Presidencia de la República, de la Procuraduría General del Estado y de la Asamblea Nacional. Al iniciar, recordó el proceso de construcción de esta ley hasta llegar a las demandas de inconstitucionalidad que se plantearon y que fueron resueltas por la Corte en agosto del 2021. Aprovechó su mensaje para ratificar que el organismo es “independiente”. “La Corte Constitucional es totalmente independiente, no interviene en los conflictos sociales, de las demandas gremiales, salvo cuando se plantean procesos judiciales que corresponden a nuestra competencia”, afirmó el magistrado. Se presentaron 30 amicus curiae, pero, por razones de tiempo, se escuchó a diez representantes de gremios de los educadores y actores políticos,
exigiendo la equiparación. Por la Presidencia de la República se presentaron varios funcionarios para defender el veto presidencial, argumentando que el artículo se aprobó sin estudios técnicos y que debía ser declarado inconstitucional. Una de ellos, Olga Núñez, del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que el impacto al presupuesto del Estado era de $ 496 millones, en la equiparación de más de 162.000 docentes; y que para financiarla se requieren ingresos permanentes que no fueron contemplados en las reformas legislativas. Es así que los precios del petróleo o el ingreso por tributos a través de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal no podían considerarse como ingresos permanentes.
Aclaró, por ejemplo, que la reforma tributaria, que entró en vigencia por ministerio de la ley en diciembre del 2021, dispone contribuciones que regirán solo para el 2022. “No es un ingreso permanente y no permitirá cubrir gastos permanentes”, como los salarios, pues el próximo año el presupuesto que se requerirá aumentará, porque el escalafón docente se recategoriza, detalló Núñez. Yolanda Salgado, también representante del Gobierno, aseguró que el Legislativo no subsanó y que, en un “ejercicio mínimo, debió determinar en dónde están los fondos para equiparar los salarios. No es falta de voluntad política, sino de responsabilidad”. Pidió que se acepte la objeción total por inconstitucionalidad del Ejecutivo y se declare la inconstitucionalidad de esa disposición. “No es tan simple (…). Esto implica ser responsable con las expectativas de los docentes”, recalcó la funcionaria. Al contrario, el representante del Parlamento, Daniel Ruiz, defendió la actuación de los legisladores y aseguró que el Ejecutivo no participó en la construcción de la ley y solo remitía docu-
mentos —sin respaldos técnicos— informando que no existía presupuesto para equiparar los salarios. Explicó que en la elaboración de las primeras reformas se hablaba de un impacto fiscal de unos $ 2.000 millones; luego, fue de alrededor de $ 600 millones; y que, recién ahora, conocen que el impacto fiscal sería de $ 496 millones. En esa línea, insistió en que hay fuentes de financiamiento, pero que “no hay voluntad del Ejecutivo de subsanar”, y exhortó a los jueces a declarar la constitucionalidad de lo aprobado. Desde el otro lado, al menos diez organizaciones gremiales de los docentes pidieron a la CC que actúe en favor de sus pedidos y se disponga al Estado reconocer el incremento de sus salarios. La presidenta de la UNE, Isabel Vargas, reclamó que el presidente Guillermo Lasso “asumió una postura política de no cumplir con la sentencia de la Corte y la Constitución. Jamás acudió a los llamados de la Asamblea Nacional, nunca llegó el informe técnico de factibilidad económica, porque no quiere cumplir con los derechos y la Constitución”, aseveró.
REFUERZOS COVID-19 SE APLICAN CUATRO MESES DESPUÉS DE ÚLTIMA DOSIS ADMINISTRADA En Ecuador se acortaron los tiempos para la aplicación de primeras y segundas dosis de refuerzo contra la COVID-19. Semanas atrás
eran cinco meses después del último biológico aplicado. Hoy –según el último lineamiento- la vacunación de la primera dosis se administra a
los mayores de 12 años, con una temporalidad de cuatro meses desde la finalización de su esquema primario. La colocación del segundo refuerzo también se da con un lapso de cuatro meses. La diferencia es que a este pueden acceder poblaciones vulnerables y prioritarias, como mayores de 50 años, mayores de 12 años con inmunosupresión moderada o severa, grupos priorizados (bomberos, estudiantes del sector salud, Fuerzas Armadas, GAD (provincial, municipal, cantonal), personal de apoyo a respuesta de pandemia, personal de educación, personal de salud, personas en situación de movilidad (migrantes), Policía Nacional, Personas Privadas de Libertad (PPL), recolectores de basura y sectores estratégicos). A ellos se suman los grupos de riesgo: enfermedades crónicas, personas con patologías catastróficas, personas con discapacidad, cui-
dadores de personas vulnerables, personas con VIH y trabajadores sexuales; y mayores de 18 años vacunados en el exterior con Janssen que recibieron primera dosis de refuerzo hace cuatro meses. A los mayores de 18 años se les aplicará el primer y segundo refuerzo con AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y, en algunos casos, CanSino. En el caso de los adolescentes entre 12 y 17 años, 11 meses y 29 días recibirán el biológico: Pfizer y Sinovac. El MSP indica que la vacuna de la COVID-19 puede coadministrarse simultáneamente con otros biológicos del esquema regular como por ejemplo la vacuna de la Influenza. La cartera de Estado además recuerda que la inmunización es el escudo de protección contra esta enfermedad, por lo cual mantiene su compromiso con la salud y protección a la población en Ecuador.
