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CRÉDITO
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DINERO
Autoferia Popular cerró con solicitudes por RD$10,350 MM
La autoferia Popular concluyó ayer con 5,592 solicitudes de créditos. F.E
VEHÍCULOS. El Banco Popular Domini-
cano informó que la vigésima séptima edición de la Autoferia Popular concluyó con un monto de RD$10,349.6 millones en solicitudes de préstamos, equivalentes a un total de 5,592 vehículos nuevos.
gadores de Evergo a los 100 primeros compradores de vehículos eléctricos. Además, hubo descuentos para quienes quisieron instalar un cargador Evergo residencial. El vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, Francisco Ramírez, destacó la trascendencia de la Autoferia Popular y su establecimiento como un referente en el mercado desde
Del volumen de créditos solifcitados,x hace más de dos décadas, atribuyendo el dijo que se han aprobado ya RD$6,912 éxito de esta edición al hecho de que “año millones en préstamos, según datos pre- tras año hemos trabajado de manera apaliminares de la organización financiera. sionada para promover el progreso de Las jeepetas o suburbanos fueron empresas, familias y personas, quielos autos más adquiridos, con nes nos honran con su confianun monto promedio de RD$1.9 za”. Asimismo, el ejecutivo millones por unidad finan- Facilidades bancario agradeció el resciada, representando el 70% Durante la feria se paldo que el Popular ha rede los autos comprados. En otorgaron tasas fijas y cibido de forma continua tanto, el plazo de financia- preferentes hasta por de los concesionarios y deamiento con mayor acogida cinco años lers en todo el país integrafue la tasa a 7 años. dos en la Asociación de Con-
Por grupo de edad, las per- cesionarios de Fabricantes de sonas de 40 años conformaron el Vehículos (Acofave) y en el Grupo colectivo que más automóviles adquirió, Unido de la Industria Automotriz de la seguido por los comprendidos entre 25 República Dominicana (GUIA-RD), el y 35 años. Según el género, los hombres cual “ha sido determinante y es una muesadquirieron 6 de cada 10 vehículos. El tra del gran trabajo que hemos realizado Leasing Popular, como alternativa de fi- juntos. elCaribe nanciamiento para empresas y profesionales, obtuvo solicitudes por los RD$1,600 millones en esta edición. LOS PROTAGONISTAS
Modelos híbridos
La edición de 2022 de la Autoferia Popular marcó un hito local al ser la primera feria automotriz que dispuso un total de 45 modelos de vehículos híbridos y eléctricos, que se pudieron financiar con tasas preferentes y fijas por hasta cinco años, siempre más bajas que las tasas que se ofrecieron para vehículos convencionales. n adición, se dedicó una jornada completa a la sola promoción especial de estos vehículos ecoamigables, en lo que fue denominado como el “Día Eco en la Autoferia Popular”. Este día se otorgaron recargas gratis de 1,500 kilómetros en car-
Concesionarios y dealers participaron en jornadas Un sistema de pagos y liquidación incluyente
El Banco Popular informó que cientos de dealers y distribuidores autorizados en todo el país trabajaron durante la feria en horario extendido junto a las oficinas del Popular para atender las solicitudes de los interesados en financiar un vehículo nuevo. Además, los usuarios pudieron también solicitar su préstamo desde el portal web Autoferiapopular.com.do y la app Autoferia Popular. El documento del BCRD indica que todas esas iniciativas, han impulsado el Sistema de Pago y Liquidación de Valores de la República Dominicana (SIPARD), conformado por un dinámico ecosistema que incluye múltiples actores bancarios y no bancarios, que opera pagos en tiempo real y diversidad de medios de pago, permitiendo la reducción de tiempos de acreditación y mayor seguridad y certeza jurídica.
Black Friday transó $9,488.9 MM con tarjetas de crédito y débito
PAGOS ELECTRÓNICOS. Durante los días
24 y 27 de noviembre pasado, en ocasión de la celebración del Black Friday se registraron transacciones con tarjetas de crédito y de débito por un monto de RD$9,488.9 millones, reveló el Banco Central.
En su sección Página Abierta, el
BCRD dice que ese monto implicó un incremento de RD$2,491.5 millones, equivalente a un extraordinario aumento de 35.6 % con respecto al año 2019, año prepandemia del Covid-19 y de RD$1,084.7 millones, un 12.9 % con relación al año 2021. En un análisis del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central, publicado en esa sección se destaca que “se mantiene el uso intensivo de los medios de pago electrónicos”, precisando que las transacciones con tarjetas en Black Friday se incrementaron 35.6% con relación al 2019 y 12.9% con respecto al 2021
Alta aceptación
El documento indica que una muestra de la alta aceptación de los medios de pago electrónicos, lo evidencia el volumen de transacciones realizadas con tarjetas de débito, crédito y prepagadas, entre los días 24 y 27 de noviembre del presente año, período de mayor actividad comercial por el denominado Black Friday, cuando se registraron transacciones con tarjetas por un monto de RD$9,488.9 millones, para un incremento de RD$2,491.5 millones, equivalente a un extraordinario aumento de 35.6 % con respecto al año 2019, prepandemia del Covid-19 y de RD$1,084.7 millones, un 12.9 % con relación al año 2021.
“Es importante destacar que además de la preferencia por el uso de medios de pago electrónicos, el repunte en las transacciones con tarjetas en el Black Friday del presente año es indicativo del incremento del consumo y de la actividad comercial, así como de la recuperación de los empleos en la economía, como resultado de las medidas dispuestas por el Banco Central de la República Dominicana y el Gobierno dominicano, en base a los lineamientos del presidente Luis Abinader Corona, fundamentales para contrarrestar el impacto sobre los agentes económicos y el público en general provocado por el entorno externo adverso generado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”, dice eldocumento.
Precisa que el Banco Central de la República Dominicana y la Junta Monetaria, desde hace más de una década, han venido promoviendo una serie de iniciativas orientadas a impulsar y fortalecer los sistemas de pago, tales como: la implementación de un Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), la puesta en funcionamiento de un servicio de pagos al instante para clientes bancarios, así como la aprobación y actualización constante del Reglamento de Sistemas de Pago y sus normativas complementarias. Dichas iniciativas han sido complementadas con la aprobación del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información y la puesta en marcha de un Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética y de la Información para el Sistema Financiero y de Pagos (SPRICS).
Asimismo, la Junta Monetaria, mediante la última modificación del Reglamento de Sistemas de Pago, aprobó la entrada al sistema de pagos de empresas de tecnología financiera (fintechs), dedicadas a la gestión de cuentas de pago electrónico, de las cuales ya hay una operando y otra autorizada a operar. Se espera que estas nuevas figuras, denominadas entidades de pago electrónico (EPE´s) contribuyan a fomentar la inclusión financiera en el país. elCaribe
UN PROCESO
DINERO
Populismo chileno en pensiones
ANDRÉS DAUHAJRE HIJO
Fundación Economía y Desarrollo, Inc.
El presidente Gabriel Boric, luego del rechazo del 62% de los chilenos al texto radical y extremo propuesto de una nueva Constitución, ha intentado darse un baño de populismo irresponsable con la presentación al Congreso, el pasado 7 de noviembre, de un proyecto de ley que reforma dramáticamente el sistema de pensiones chileno basado en la capitalización individual, un sistema que a la fecha, ha sido acogido por 46 países y generado balances de los fondos de pensiones propiedad de los trabajadores ascendentes a 40% del PIB mundial del 2021. Boric, con su decisión, trata de atender una de las principales demandas del estallido social de finales de 2019 en Chile: acabar con el actual sistema de pensiones. Los críticos del sistema de capitalización individual y administración privada lo consideran fallido porque las pensiones que termina pagando son relativamente bajas, cuando se comparan con las que pagan algunos países desarrollados de Occidente que tienen sistemas de reparto o sistemas mixtos que combinan el reparto con la capitalización individual. En sus análisis, los críticos del sistema chileno olvidan mencionar que las tasas de contribución consolidadas (incluyendo la contribución fiscal de los gobiernos al segmento de reparto) en los países que exhiben tasas de reemplazo (pensión como % del salario del último año) superiores al 70% son, en promedio, dos veces mayores que el 10% aportado por el trabajador chileno a su cuenta de capitalización individual. Es cierto que, en Italia, las pensiones brutas representan el 75% del último salario. Esa elevada tasa de reemplazo se debe, en gran parte, a que la tasa de contribución consolidada del cotizante es 33% del salario. La propuesta del presidente Boric desmantelaría las AFP; crearía un sistema estatal de reparto (inicialmente desfinanciado) para pagar pensiones durante las siguientes décadas; y establecería un sistema, también estatal, de “capitalización colectiva” para el muy largo plazo. La propuesta, en el ámbito del Pilar Contributivo, aumentaría la tasa de cotización previsional desde el 10% vigente a 16.5%; 0.5% lo aportaría el trabajador y 6.0% el empleador. El aumento de la tasa de cotización a ser pagada por el empleador se haría de manera gradual, 1% por año. El 10.5% de la cotización consolidada iría a la cuenta de capitalización individual propiedad del trabajador. Los ahorros previsionales en cuentas individuales acumulados en la actualidad y en el futuro seguirían siendo de propiedad individual y heredables, tal como ocurre en el sistema vigente.
El 6% restante, sería recibido por una nueva agencia pública monopólica (Administrador Previsional Autónomo, APA), una especie de nuevo Seguro Social, que asumiría monopólicamente todas las funciones de administración de los fondos (atención al afiliado, pagos, etc.) que hoy ejercen las AFP. La inversión del 10% (10.5%, en lo adelante) que actualmente realizan las AFP, sería realizada por nuevos Inversores de Pensiones Privados (IPP) o por el nuevo y gigantesco Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA). El cotizante podría elegir entre los IPP y el IPPA. El 6% adicional en la tasa de contribución que se destinaría a capitalización colectiva con cuentas artificiales, ficticias o nocionales, también iría al IPPA, el monopolio estatal que invertiría parte de los recursos provistos por esa contribución adicional de 6%. Los flujos futuros de la contribución de 10.5% serían manejados por el IPPA, por defecto, o por los IPP, cuando los cotizantes, de manera explícita, lo decidiesen.
Las cuentas nocionales no serían propiedad de los trabajadores (a diferencia de lo que sucede con la capitalización individual); solo servirían como referencia o soporte de la promesa del Estado chileno, de que entregaría una pensión al “titular” de la cuenta nocional. Para tratar de honrar la promesa, el IPPA, al recibir el 6% del porcentaje del salario que aportaría el empleador, lo depositaría en un Fondo Integrado de Pensiones (FIP), que sería administrado por un ente estatal. El 70% de los recursos recibidos por el FIP se invertiría en activos financieros ofrecidos en el mercado de capitales para hacer posible el pago futuro de pensiones a los beneficiarios de las cuentas nocionales y el 30% restante se gastaría para pagar los siguientes beneficios: a) los derechos de pensión, según el registro de cotización de cada afiliado en su cuenta nocional en el Seguro Social, pero ajustados por un algoritmo de solidaridad desde los que ganan más de US$1,275 al mes a los que perciben un salario menor a ese; b) incremento de las actuales pensiones para satisfacer las peticiones y demandas; y c) complementos a pensiones por género del beneficiario y para labores domésticas y de cuidados requeridos por este.
El monto de la pensión a ser recibida por el trabajador cuando alcance la edad de retiro dependería del monto de las cotizaciones realizadas y del porcentaje de rentabilidad nocional o ficticia que el IPPA (el Estado) fijará inicialmente en 2%, muy por debajo de la del mercado. Tendría que pagar una rentabilidad menor a la del mercado para poder financiar el déficit y garantizar la sostenibilidad del sistema de reparto y pagar la burocracia estatal que demandará el rol estelar que el nuevo sistema conferiría al Estado chileno. Si el nuevo Seguro Social percibe que el sistema de reparto va camino a la insostenibilidad, reduciría aún más la rentabilidad nocional o ficticia, con lo cual ajustaría a la baja las pensiones a pagar en el futuro. Lo mismo ocurriría cuando las inversiones en el mercado capitales que haga el IPPA reporten retornos negativos, como ocurrió en el 2009 y ha ocurrido este año, con las inversiones de todos los fondos de pensiones del mundo, lo que ha obligado a que países como Suecia, que tiene un sistema que incluye cuentas nocionales, hayan ajustado a la baja la rentabilidad nocional y, por tanto, el nivel de las pensiones pagadas.
En lo referente al Pilar Solidario, el cual sería financiado con los impuestos recaudados por el Gobierno chileno, la propuesta elevaría la Pensión Garantizada Universal mensual desde 193,917 a 250,000 pesos chilenos (desde US$219 a US$282 a la tasa de cambio del pasado viernes). Con esto termina el apretado resumen de las 403 páginas del Proyecto de Ley que crea un Nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el Pilar Contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece Beneficios y Modificaciones Regulatorias” de Boric, el cual, para el economista, profesor y consultor internacional Klauss SchmidtHebbel, Ph.D en economía del MIT, “es la peor propuesta de reforma previsional en medio siglo: es opaca, populista, ineficiente e injusta”.
Schmidt señala que “la eliminación de las AFP contradice la evidencia de que esta industria es razonablemente eficiente y aprovecha las economías de escala y de ámbito en el ejercicio de sus funciones. Destruir una industria privada que funciona y reemplazarla por una nueva industria predominantemente estatal y monopolista es muy ineficiente, porque implica gestión estatal con duplicación de costos, con contratación de miles de nuevos funcionarios públicos. Las AFP, en cambio, no cobrarían un peso adicional si administraran el 6% adicional.”
Un estudio del Banco Central de Chile de 2017, referido por Schmidt, estimó que un aumento de la tasa de cotización de 6%, como se propone ahora, pero sin modificar el sistema de capitalización individual bajo administración privada, produciría un aumento de 1.2% en el crecimiento del PIB de Chile. En cambio, si dicho aumento en la cotización fuese para alimentar un sistema de reparto, que es precisamente lo que propone Boric, el PIB disminuiría en 3.4%. Mario Marcel, el actual Ministro de Hacienda, presidía el Banco Central en el 2017. Ahora, desde Hacienda, sin hacer público los supuestos, datos, modelos utilizados ni resultados detallados, presenta estimaciones totalmente diferentes. Claro, en el 2017, Marcel era independiente del Poder Ejecutivo. Ahora, desde Hacienda, no lo es.
La mejor opción de reforma que tiene Chile consiste en a) el aumento gradual de las edades de retiro; b) un incremento gradual de la tasa de cotización en 6% destinado a las cuentas individuales en las AFP y c) el aumento de la actual Pensión Garantizada Universal financiado a través de las recaudaciones de impuestos. Según el Gobierno de Boric, un trabajador que durante la mitad de su vida laboral cotizó un sueldo de unos US$425 mensuales, recibe actualmente una pensión cercana a los US$280, arrojando una tasa de reemplazo de 66%, un nivel relativamente elevado para un sistema con una contribución definida de apenas 10% del salario. Con un aumento de 2 o 3 años en la edad de retiro y un aumento en la tasa de cotización de 6%, el sistema de capitalización individual de Chile generaría tasas de reemplazo similares a las más altas entre todas las socialdemocracias europeas.
Lo mejor que podría pasarle a Chile es que el proyecto Frankenstein de reforma previsional de Boric corra la misma suerte que el absurdo texto constitucional que sometió a referéndum. La aprobación del primero requeriría del financiamiento de una reforma tributaria poco probable de ser aprobada por la mayoría opositora en ambas cámaras, sin contar con el rechazo de algunos de los grupos de la coalición gobernante. Dado el panorama de crecimiento económico raquítico que Chile tiene por delante (-1.0% en 2023 y entre 2.0%2.5% para 2024-2027), la aprobación minúscula de 29% que tenía Boric el pasado 28 de noviembre y la preferencia enana del 8% de los cotizantes al sistema de pensiones que apoyan que el aumento de 6% en la cotización vaya a un Fondo Estatal, según la última encuesta Cadem, los chilenos, aparentemente, lograrán librarse de este nuevo disparate del actual gobierno.
