Marzo 2021
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Defensa del 2762 La reconstrucción de Providencia y Santa Catalina necesita de muchos brazos foráneos para poder llevarse a cabo. Eso es indiscutible. Sin embargo, esto no puede constituirse en disculpa para no cumplir la normativa especial que rige para el archipiélago en materia de control a la densidad poblacional. El decreto 2762 de 1991, no nació de un capricho sino de una necesidad. Hay razones suficientes y experiencias históricas para preocuparse por cualquier reforma que pueda afectar su esencia. Recordemos que uno de los cambios más dramáticos que se dieron en las islas en la segunda mitad del siglo XXI, ha sido el vertiginoso crecimiento de su población, a raíz del flujo incontrolado de mano de obra califi-
cada y no calificada. El influjo turístico derivado de la creación del puerto libre implicó enormes e irremediables consecuencias en materia poblacional y de tipo ambiental. Pues, a la isla llegaron sin ningún orden miles de personas (de manera temporal, en gran medida) a trabajar en la construcción de hoteles, vivienda y demás infraestructura local, y otros tantos a establecerse atraídos por dicho influjo. En virtud de lo anterior, la población de la isla pasó de 3.705 habitantes en 1951, a 14.413, según el censo de 1964. En 1993 la población estaba ya en 56.361 y en 2002 llegó a 74.669 habitantes. Este enorme y desaforado crecimiento de la población fue posible debido a la falta de medidas regulatorias del ingreso de estas personas a un territorio con capacidad limitada de apenas 26 kilómetros cuadrados, en el caso de la isla de San Andrés. Según el censo de 1964 los
inmigrantes representaban entonces el 50.6% de la población. Entre los muchos efectos negativos que esta avalancha humana causó está el deterioro del ecosistema de la isla, según Coralina. Los problemas de esta índole identificados por la Defensoría del Pueblo incluyen la extracción ilegal de arena de las playas, la explotación incontrolada de la fauna (aun en períodos de veda), la tala y poda de árboles, la construcción de obras que afectan la dinámica poblacional del cangrejo y otras especies endémicas, el uso masivo de plaguicidas, y la contaminación por ruido. Y otros de tipo social, como la tugurización, inseguridad, el desempleo, etc. Este evento, sin embargo, también pone sobre el tapete nuevamente la discusión acerca de los ajustes que necesita el 2762. Reorganizar la oficina emanada de dicho decreto se ha vuelto un imperativo, ya que no siempre ha estado a la
altura de la responsabilidad encomendada, ni ha podido protegerse debidamente de la peste de la corrupción. Fortalecerla es vital para sus fines, puesto que no ha sido hasta ahora todo lo efectivo que se esperaba para el control poblacional. En este momento, Providencia será su prueba de fuego. Pues tiene la gran oportunidad de mostrar su importancia para el presente y el futuro del archipiélago. Por lo tanto, tiene que ser exitosa en la gestión de conseguir que todas las personas con permiso temporal que ingresen a la isla retornen a sus lugares de origen cuando la reconstrucción haya concluido. Sumativo.- La isla Bermuda con un área de 52 km y una densidad de 1.260 habitantes por km2, es comparable a la isla de San Andrés en 1985, con 1.217 habitantes en un área de 28 kilómetros cuadrados.
Un deber histórico Ante el sinsabor que dejó la audiencia pública realizada el 25 de febrero a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la Asamblea Departamental, en el cual se evidenció que una parte importante del territorio emergido tanto de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está en manos de esta entidad, y frente a los riesgos que representa la enajenación temprana de los mismos, tal como lo describe el Código de Extinción de Dominio, Ley 1849 de 2017… … y que para muchas sociedades en procesos de extinción de dominio aplicaría debido a que tienen acreencias importantes o pasivos laborales que están por encima de otras leyes; es un deber histórico que tanto la Gobernación, la Alcaldía, la Asamblea Departamental y la Autoridad Raizal tomen medidas conjuntas para detener esta nueva avanzada para el despojo territorial del pueblo raizal. El narcotráfico y la corrupción
STAFF
DIRECTOR Eduardo Lunazzi EDICIÓN Billy Lunazzi Celis
como nuevo delito sujeto de secuestro de bienes, han dejado huellas importantes en el pueblo raizal y en la comunidad isleña en general, las cifras de muertes, desaparecidos, encarcelamiento y el saldo social están más que estudiados y reseñados en distintos informes, en especial en la Alerta temprana 046 de 2018 que ha realizado la Defensoría del Pueblo. Al contar con la posibilidad de que los bienes incautados retornen al territorio se consideraba una victoria frente a los derechos territoriales del pueblo raizal. Sin embargo, escuchar de la propia voz del presidente de la SAE que hay 14 bienes en venta, que están valorizados aproximadamente en nueve mil millones de pesos de los cuales se deben un poco más de seis mil millones por acreencias con los trabajadores de la sociedad propietaria de estos bienes, deja de manifiesto que esa restitución de bienes prometida esta seriamente en riesgo. Se dice que el dinero sobrante después del pago de acreencias se deposita a una cuenta que “podría llegar a la gobernación”, sin embargo, en 27 kilómetros cuadrados que es más importante ¿la tierra o el diPERIODISTAS
Janeth Raga Molina Ethel Bent Castro Laura Restrepo
nero? El cual muchos sabemos ha llegado en años anteriores y no se sabe a ciencia cierta como se ha gastado.
rritorio podremos tener un banco de tierras importante que a largo plazo le va a garantizar a nuestros hijos un lugar que habitar.
Sin desconocer la necesidad de restauración de derechos individuales y colectivos que por concepto de indemnizaciones laborales o de otra naturaleza que puedan tener sobre estos bienes, los derechos colectivos del pueblo raizal, deberían primar y tanto el Gobierno Nacional como el Departamental deben garantizar la forma del pago de estas acreencias sin afectación al bien. Y esto debe ser algo que va más allá del fondo raizal, existen mecanismos, o deberían crearse, para que todas estas sociedades sean saneadas y el pueblo resarcido.
Por último, creo que las personas competentes en el tema deberían ir avanzando en la petición de medidas cautelares para frenar la venta y los arrendamientos de estas sociedades y bienes sin que antes se evalúen la pertinencia y oportunidad para el pueblo de las islas que desde principios del 2020 se encuentra en estado de emergencia; primero por las afectaciones de la erosión costera, segundo por las medidas para prevenir y mitigar el Covid 19 y por último por los efectos del paso de los huracanes ETA e IOTA, que valió la modificación del Decreto 2762 de 1991 que regula la circulación y residencia en el territorio.
Cómo reconozco la responsabilidad privada e individual en estas causas, también propongo la creación de un fondo privado, para la conservación territorial y ambiental, donde las personas podamos aportar dinero que se dedique única y exclusivamente a la compra de estos bienes con beneficios y usos colectivos. Si comenzamos a comprar de manera colectiva estos y otros bienes en venta en el te-
FOTOGRAFÍA Edward Lunazzi Celis Edgar Barragán
DIAGRAMACIÓN Temis Rodríguez DISEÑO EDITORIAL Jesse Lunazzi Celis
Parafraseando al pastor Alberto Gordon podría concluir que es evidente que las normas y acciones que afectan al territorio y al pueblo raizal son rápidas en su implementación, pero aquellas llamadas a protegerlos requieren demasiado trámite y tiempo. Espero que este también no sea el caso.