Manifeste de la Ciudades

MANIFIESTO DE LAS CIUDADES “SEGURIDAD Y DEMOCRACIA” 1. Queremos unas ciudades de calidad, activas, seguras, ciudades que sean propicias a la armonía del desarrollo. La inseguridad y el sentimiento de inseguridad, el sentimiento de abandono, la violencia pueden comprometer de manera grave y duradera el desarrollo y la renovación de la ciudad.

2. El desafío consiste en garantizar una seguridad legitima par uno mismo y para los suyos, para la familia, el vecindario, la comunidad, la ciudad. La lucha contra la delincuencia no debe conducir a posturas fanáticas, racistas o a prácticas discriminatorias, a la designación de chivos expiatorios en aquellos grupos más vulnerables : los jóvenes, los drogodependientes, inmigrantes o minorías étnicas racistas. Este camino llevaría a la fragmentación de las ciudades ; sería el final de una Europa de las ciudades.

3. La Unión Europea, después de la creación de un mercado interior y una moneda única y después de haber sentado las premisas para una Europa social, ha definido de la creación de un “espacio de libertad” uno de sus objetivos prioritarios. Este espacio no se llevará a cabo sin las ciudades de Europa.

Ciudades de libertad 4. Nuestras ciudades no son igualitarias. Barrios ricos, capas medias y barrios pobres coexisten.

Esta coexistencia debe ser organizada sobre otra base que impida la creación de fosos físicos o simbólicos en el urbanismo, el acceso a los servicios o el acceso a las decisiones. Afirmamos la idea de “ciudad de inclusión”, donde la participación de los ciudadanos en las políticas locales sea un derecho.

5. Las ciudades son heterogéneas y las diferentes formas de vivir de unos y otros entran en tensión. Esta diversidad es nuestra riqueza y, los eventuales conflictos deben encontrar su solución en las políticas de prevención y de inclusión social, así como en la concepción y organización del propio espacio público. La definición de criterios de calidad de los espacios físicos puede ayudar a garantizar mejor la seguridad de las personas, sin tener que recurrir a un urbanismo de fuerte amurallado, que manifiesta temor por la presencia de personas “diferentes”.

Los espacios públicos, residenciales y de comercio deben ser espacios de encuentro.

6. Queremos unas ciudades hospitalarias con los ciudadanos del mundo, con los inmigrantes, con los nómadas. Los problemas de la inmigración no pueden ser resueltos mediante la criminalización o el rechazo a la diversidad. La confianza exige que se establezcan reglas claras de admisión y de residencia para los extranjeros (sobre todo referidas al reagrupamiento familiar); también exige combatir la inmigración clandestina, enfocando esta lucha contra las redes criminales que organizan el tráfico de seres humanos; exige la definición jurídica de las condiciones de llegada masiva de refugiados víctimas de la guerra y de la inseguridad, así como unas condiciones de acogida dignas para los demandantes de asilo.

7. Nuestras ciudades de libertad son ciudades tolerantes que rechazan cualquier estrategia extremista para erradicar los conflictos. Quieren desarrollar una educación de la legalidad y solidaridad que transforme la violencia y el miedo en motivos de desarrollo de uno mismo, en apertura sobre el mundo, en tolerancia hacia los demás. Educar es ayudar los jóvenes a

transformar su natural agresividad en una energía que pueda mejorar su situación, su vida y la de los demás.

Ciudades de justicia 8. La inseguridad no es simplemente el temor al robo o a la agresión. Puede nacer también del peligro provocado por el automóvil, por un entorno nocivo o precario y sobre todo por el temor a no disponer del apoyo de una ayuda, de un servicio que aporte protección o reparación.

9. Los ciudadanos no tenemos un acceso igual a la seguridad. Según nuestro origen, estatus, género, edad o condición el miedo puede ser mas o menos fuerte ; la desigualdad frente a los riesgos en la calle, en los espacios públicos o en el propio domicilio, la desigualdad en el recurso a la justicia contra la violencia, la desigualdad en el acceso al derecho, la desigualdad en el reconocimiento de los derechos propios, son desigualdades que requieren el compromiso de todos los niveles de gobierno.

10. No podemos depender únicamente de las leyes del mercado para compensar las desigualdades. Si el interés comercial llega a dominar la capacidad de los grupos y de los individuos para mantener el orden y dominar la criminalidad, la seguridad dependerá de la riqueza, de la capacidad de acceso a las nuevas tecnologías y a los espacios preservados.

11. El gobierno democrático de la seguridad sólo podrá reforzar el sentimiento de justicia si construimos, con la participación de todos aquellos que habitan nuestras ciudades, las modalidades y las formas de gestión colectivas de las inseguridades reales, de las inquietudes y de los problemas sociales. Parte de la respuesta se encuentra en como se organiza la sociedad civil : familias, adultos, habitantes y comunidades. El recurso a la conciliación, a la mediación, al arbitraje apacigua las relaciones sobre la base de unas reglas y normas cercanas a nuestras tradiciones y a nuestros usos. Este recurso refuerza los lazos de proximidad, de convivencia y de comunidad y produce el sentimiento de pertenecer a una ciudad comunitaria.

12. La ciudad ha de contribuir a la garantía a cada uno de sus habitantes de las condiciones de vida conformes a los derechos fundamentales de las personas : acceso a la vivienda, al empleo, a la educación y a la justicia debe ser igual para todos. Una ciudad de la ciudadanía abre el acceso a deberes y derechos.

13. La armonización de los derechos y deberes cívicos, locales, nacionales u europeos, estimulará la confianza entre los ciudadanos. Ella contribuirá a que las luchas contra todas las formas de discriminación sexual y racial sean más eficientes.

Ciudades en seguridad 14. La seguridad es un bien común esencial para el desarrollo sostenible. Es a la vez signo y condición de la inclusión social, del acceso justo a otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la salud, la calidad del medio ambiente. Promover la seguridad es desarrollar un bien común y no consiste ante todo en “hacer policía” o en recurrir al sistema penal.

15. Nuestras políticas de seguridad son primero y ante todo políticas de prevención, de multiplicación de los servicios y de reducción de los riesgos.

16. Estas políticas necesitan y renuevan la participación entre los actores económicos y sociales

de las ciudades; vuelven a otorgar un papel a la familia y a la escuela, a la calle y a los espacios públicos, a la solidaridad y a la sociedad civil.

17. Estas políticas se apoyan en un sistema de justicia criminal que ayude a introducir responsabilidad allí donde se ejerce violencia destructora en la familia, en la empresa o en la calle, y que contribuya a la prevención de la inseguridad y a la reducción de los riesgos.

18. Políticas que se apoyan en unos servicios públicos de proximidad que funcionen con transparencia y respeto a los derechos de los usuarios.

19. La ciudad tiene la obligación de velar por las víctimas, debe acogerlas, ayudarlas y acompañarlas en el proceso de reparación de los daños producidos.

20. Estas políticas requieren una fuerte implicación de los diferentes niveles de gobierno, así como el desarrollo de políticas de refuerzo de las ciudades.

Europa y las ciudades 21. Las ciudades del Forum europeo suscriben el proyecto de declaración de Naciones Unidas sobre las normas de buen gobierno urbano que invitan a las autoridades locales a implicarse en la preparación de estrategias de prevención de la inseguridad, con la participación de los actores sociales, tomando en cuenta el derecho de los ciudadanos pobres y marginados en la definición de estas estrategias.

22. Las ciudades de la Unión deben implicarse en la definición de la seguridad como parte del gobierno de la ciudad. Respetando el principio de subsidiariedad, la Unión Europea debe integrar las políticas de prevención y seguridad en los programas de desarrollo urbano.

23. Europa debe promover los intercambios entre ciudades, animar la formación de los actores locales, desarrollar políticas comunes en torno a los fenómenos transnacionales, como la violencia en el deporte, el racismo, las drogas, la explotación de personas y las relaciones entre la pequeña delincuencia y las organizaciones delictivas.

24. Esta voluntad de Europa debe encontrar su expresión en la creación de un Órgano europeo que reúna a todos los actores de las políticas de seguridad en Europa, y en particular a los representantes de la sociedad civil. Este órgano debe tener como vocación elaborar los instrumentos necesarios para la comparación entre ciudades con el apoyo de un Observatorio, debe facilitar la formación, así como promover las mejores prácticas en materia de seguridad urbana.

25. Un presupuesto europeo que movilice las políticas locales de seguridad debería ser aprobado.

26. Las ciudades europeas desean que esta colaboración entre las ciudades se desarrolle con las ciudades del mundo y que la Unión tome en cuenta esta necesaria universalización de las políticas de seguridad.

1. Seguridad, urbanismo y desarrollo sostenible La seguridad urbana no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad. La inseguridad es una problemática compleja : - está ligada a los problemas de sanidad, de medio ambiente, de urbanismo, de formación; - es el resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los recursos; - pone en juego conflictos de intereses, sobretodo por lo que se refiere a la división y al uso del espacio y de los ritmos de la ciudad (tiempo libre por la noche, deporte, prostitución) La inseguridad constituye un riesgo urbano al que hay que darle respuestas civiles.

En consecuencia, las ciudades están de acuerdo sobre los principios de acción siguientes: 1.1. La seguridad exige el establecimiento de una política global de gestión de los riesgos: - enfoque global de los problemas - reducción de los riesgos ligados a la inseguridad - respuesta interdisciplinaria - pilotaje político de esta complejidad que impone la organización del diálogo entre delegaciones municipales a menudo desunidas, particularmente entre la delegación "Urbanismo" y la delegación "Seguridad urbana" 1.2. Cualquier proyecto de nueva urbanización y de rehabilitación urbana tiene que integrar la dimensión seguridad, en la fase de la programación y de la gestión.

- Un estudio del impacto social debe ser insertado en cada proyecto urbano - Cada proyecto urbano debe ser acompañado por una gestión social (política y técnica) - Desde el principio del proyecto hay que pensar en la gestión postproyecto 1.3. El trámite de calidad tiene que privilegiar a la negociación más bien que al trámite normativo y prescriptivo. La autoridad local tiene que asegurarse de que: - Se establezca una negociación entre la sociedad civil y las instancias políticas y administrativas locales - Que todos lo grupos pertenecientes a la sociedad civil así cómo todos los barrios de la ciudad puedan gozar de condiciones iguales para participar a la preparación, la estimación y a la ejecución de los proyectos - Que todos tengan acceso a la información y a los servicios urbanos, lo que constituye una condición imprescindible para la participación de los ciudadanos.

1.4. La seguridad urbana exige el desarrollo de los servicios urbanos de calidad y accesibles para todos. Exige particularmente la calidad de los espacios públicos y su gestión.

2. Las opciones en materia de seguridad La seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida humana. La criminalidad amenaza la calidad de vida de los habitantes, traumatiza a las víctimas y pone en peligro la vitalidad cívica.

Demasiado a menudo se ha recurrido a los servicios policiales, a la justicia penal y al encarcelamiento para reducir la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Es inaceptable el incremento registrado en el número de personas encarceladas en Europa desde hace veinte años (por ejemplo: un 43% en Inglaterra y un 39% en Francia). Es fundamental respetar tanto los intereses de las víctimas, como los de las colectividades e infractores.

Es preciso restablecer el equilibrio entre el control, las sanciones y la prevención, de modo que se pueda otorgar mayor importancia a la prevención social y coyuntural, no sólo desde un punto de vista organizativo sino también financiero. Según los análisis realizados, los enfoques preventivos que apoyan la integración de los jóvenes en nuestras colectividades, con la consiguiente atenuación de las causas profundas de la criminalidad, reducen la violencia y el número de víctimas. Se ha demostrado que es más rentable que la mera aplicación de la ley y el encarcelamiento (unos 5 euros por cada euro invertido).

En consecuencia, las ciudades acuerdan las siguientes líneas de actuación: 2.1. Programa de prevención y tolerancia “O” para la marginación Los gobiernos nacionales deben centrarse en situaciones como las que se derivan del abismo cada vez mayor entre ricos y pobres, la marginación juvenil, la desigualdad por razón de sexo, la discriminación racial, la rápida urbanización, la concepción de los bienes de consumo, así como el acceso a las armas de fuego, a las drogas ilegales y al alcohol.

Si el gobierno local pretende combatir las causas de la delincuencia y la inseguridad, debe consolidar las estrategias que movilizan al mismo tiempo sectores como las escuelas, la vivienda, los servicios sociales, la policía, la justicia y los ciudadanos. El objetivo es aislar las causas de los problemas locales mediante el desarrollo de coaliciones operativas que generen cambios organizativos, la elaboración de diagnósticos de la inseguridad y evaluaciones sobre la rentabilidad.

Los esfuerzos desplegados por los gobiernos locales deberían contar con el apoyo financiero y técnico de otras esferas gubernamentales.

2.2. Unas respuestas y sanciones eficaces que favorecen la integración Los gobiernos locales tienen que aplicar programas de prevención de la reincidencia basados sobre todo en el desarrollo social, la resolución de conflictos por mediación y la reparación de los daños por parte de los infractores.

2.3. Los límites del encarcelamiento El encarcelamiento debe ser una excepción y no una norma y debe estar justificado por unos imperativos concretos, objeto de consenso social. Los detenidos no deben ser apartados de la comunidad sino encarcelados cerca de sus familias y de los servicios que puedan apoyar su futura reinserción en la colectividad. Se trata de facilitar el acceso a las cárceles de los servicios sociales, formativos, educativos y de ayuda al empleo.

Las colectividades locales deben implicarse en el desarrollo de trabajos que sean de interés general y sanciones que puedan limitar el recurso al encarcelamiento.

2.4. Una mejor comunicación y consolidación de la implicación ciudadana

Los ciudadanos no sólo deben participar en la elaboración de estrategias de reducción de la delincuencia y la inseguridad sino que merecen ser informados sobre lo que es eficaz y beneficioso. La policía y la justicia tienen que ser más conscientes del conjunto de las preocupaciones de los ciudadanos.

2.5. La clave de nuestras estrategias: el intercambio de conocimientos Todas las decisiones en materia de seguridad urbana deben basarse en los conocimientos. Estos deben apoyarse en un análisis preciso de los costos y beneficios de cada programa a corto, medio y largo plazo, sobre todo comparado con los resultados del encarcelamiento y del reparto de los efectivos policiales.

Existen varios ejemplos en materia de seguridad urbana que ponen de manifiesto la posibilidad de causar un impacto en la reducción de la delincuencia y la inseguridad. Es importante facilitar la organización de debates y ofrecer oportunidades de formación para el conjunto de los actores locales de modo que estas soluciones prácticas estén al alcance de las colectividades. Proponemos la creación de un observatorio europeo de prevención de la criminalidad y de seguridad orientado hacia la Europa ampliada.

3. Los jóvenes, la ciudad y la ley Hay que trabajar para los jóvenes pero también con ellos. No todos los jóvenes son delincuentes potenciales. La sociedad tiene que confiar en ellos evitando las generalizaciones y las condenas a esta parte de la población.

Deseamos una seguridad que sea respetuosa con los jóvenes: - Debe ser proporcional a los problemas existentes.

- Los jóvenes deben implicarse en los dispositivos de seguridad y de prevención para convertirse así en verdaderos actores.

3.1. La confirmación del papel de las familias como primeras encargadas de la prevención En general los delincuentes son cada vez más jóvenes. Parece ser que a partir de cierta edad, los dispositivos preventivos orientados hacia los jóvenes son menos eficaces. Es preciso actuar junto a los más jóvenes mediante un enfoque individualizado.

De acuerdo con este objetivo, es fundamental el papel de los padres en la educación y la transmisión de las reglas y valores. Sin embargo, algunos padres piden ayuda para entender a sus hijos, no alejarse de ellos y poder asumir su papel plenamente. Tenemos la responsabilidad de apoyar y ayudar a estas familias, sin acusarlas de ser malos padres.

La transmisión de las reglas y valores de nuestra sociedad no podrá llevarse a cabo sin la escuela.

3.2. Las ciudades como motor de una colaboración imprescindible El enfoque a favor de la colaboración se ha convertido en un elemento clave para el éxito y la eficacia de las acciones de prevención y seguridad. Esta colaboración debe incluir a todos los actores locales de una misma ciudad y debe ser asimismo interurbana para permitir: - el intercambio de experiencias entre ciudades, - la aplicación del principio de “pedagogía de la ruptura”, que ofrece a los jóvenes la posibilidad de salir de su entorno cotidiano.

3.3. La protección de los jóvenes No debemos olvidar que los jóvenes son también las primeras víctimas de la violencia.

La prevención de la delincuencia no puede escatimar recursos en la creación de un mejor sistema de ayuda a las víctimas, que sepa identificar mejor a los jóvenes que sufren. Por consiguiente, parece ser necesario sensibilizar e incluso formar a los actores locales para que sean capaces de detectar dicho sufrimiento y de ayudar a las víctimas a expresarse.

La importancia de esta medida se ve corroborada por numerosos estudios que demuestran la existencia de un vínculo innegable entre la violencia que se padece y la que se inflinge.

3.4. La evaluación: garantía de una mayor eficacia Aun cuando tengamos grandes conocimientos sobre la delincuencia juvenil, no son suficientes para llevar a cabo acciones concretas y eficaces. Es necesario explotar mejor nuestros conocimientos.

Sólo con un buen diagnóstico previo y con una evaluación nuestras acciones serán más eficaces.

Esta evaluación debe plantear la cuestión de la rentabilidad pero también la del valor añadido de nuestros dispositivos.

Debemos armonizar nuestros sistemas de evaluación para permitir el desarrollo de una cultura común de la evaluación y favorecer los intercambios.

4. Movilidad, seguridad: una ciudad acogedora Existe un estereotipo recurrente que aúna el tema de la inmigración y el de la seguridad y, en este sentido, suscita críticas y oposición.

Para salir airosos de la batalla contra este prejuicio no deben pasarse por alto ni menos preciarse los casos en los que existe una superposición entre la ilegalidad y algunos aspectos relativos a la inmigración. Un buen conocimiento de la realidad es necesario para mejorar la situación y poder utilizar todos los instrumentos que puedan acabar con el prejuicio de la identificación: por ejemplo, deben progresar al unísono las medidas destinadas a afirmar la identidad de las personas o a conferir verdadera eficacia a las penas y aquellas destinadas a diversificar las propias sanciones o a prevenir la reincidencia o incluso aquellas intervenciones cuyo objetivo es combatir la explotación de los inmigrantes.

Por consiguiente, las medidas de carácter social por sí solas no pueden dar respuesta a los problemas derivados de la ilegalidad generalizada pero sin las cuales no se puede aspirar a obtener resultados positivos y duraderos.

En consecuencia, las ciudades se ponen de acuerdo sobre los siguientes campos de acción: 4.1. Una nueva política común de inmigración en Europa De conformidad con las nuevas competencias atribuidas por el Tratado de Amsterdam en materia de inmigración pedimos a la Unión Europea la adopción rápida de una política de inmigración común de los quince Estados miembros. Es alentador que la Comisión Europea haya presentado hace dos días al Consejo y al Parlamento unas comunicaciones relativas a sus estrategias en materia de inmigración. Manifestamos nuestra disposición en participar activamente en el debate sobre estos documentos, celebramos el planteamiento innovador propuesto hasta ahora, mediante un enfoque exhaustivo que tiene en cuenta todos los temas (económicos, sociales, políticos y humanitarios). Éstos son los ejes de este nuevo enfoque: - las nuevas vías para la inmigración legal y el consiguiente abandono de la opción de fronteras cerradas, - la lucha contra la inmigración ilegal, - las políticas de integración en sentido amplio, - la colaboración con los países de origen, - la admisión por razones humanitarias.

4.2. La lucha contra el tráfico de inmigrantes Solicitamos un esfuerzo extraordinario en todos los ámbitos de la lucha contra el tráfico de seres humanos que, junto con el contrabando de inmigrantes, se ha convertido en uno de los mercados ilegales más rentables del crimen organizado. Señalamos la importancia de la firma de la primera Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado que tendrá lugar la próxima semana en Palermo. Más de cien países firmarán no sólo la Convención sino también los Protocolos sobre el tráfico y contrabando de inmigrantes, sentando las bases de la cooperación judicial y policial que permita luchar contra la criminalidad que desde hace tiempo ya no conoce fronteras.

Asimismo, expresamos nuestro máximo interés en que se presione a los parlamentos para que ratifiquen lo antes posible las disposiciones contempladas en la Convención.

4.3. Medidas a favor de la integración y contra la discriminación Se vuelve a plantear con mucha fuerza a escala comunitaria y en los Estados miembro la iniciativa que pretende garantizar a los inmigrantes unas condiciones de vida y de trabajo comparables a las de los ciudadanos comunitarios. Se insiste en la lucha contra la marginación social que atañe

sobremanera a los inmigrantes, incluido un número excesivo de encarcelamientos. Se adoptan normas claras en materia de reagrupación familiar (en relación con la directiva europea) y se precisan unas normas relativas a la admisión y permanencia tanto de inmigrantes como de refugiados. Se llevan a cabo todas las acciones necesarias para luchar contra la discriminación y la xenofobia, previstas en el plan de acción y en las dos directivas de la Comisión Europea. Dichas acciones se complementan con programas específicos a escala nacional, regional y local. Se concede una atención particular al tema de los desplazados y a su calidad como pueblo existente y dotado de identidad propia, compuesto en Europa por aproximadamente diez millones de personas, así como a la promoción de una sociedad intercultural resulte de un proceso de adaptación no sólo por parte de los inmigrantes sino también de la sociedad de acogida. Se concede una atención especial al tema de los niños, sobre todo en relación con los derechos recogidos en la Convención internacional de derechos del niño. Es preciso fomentar todas las formas de representación y participación de los inmigrantes en la vida política local, partiendo del reconocimiento del derecho de voto en las elecciones administrativas para los residentes legales.

A pesar de no tener fuerza vinculante, la Carta de derechos fundamentales aprobada ayer en la Cumbre de Niza puede convertirse en una ocasión para construir una nueva noción de ciudadanía civil ampliada a los inmigrantes, con un conjunto común de obligaciones y derechos fundamentales.

4.4. Un nuevo modelo de referencia Las políticas de integración y de lucha contra la marginación precisan de la proposición de un modelo de cooperación y participación que se centre sobre todo en la implicación activa de los inmigrantes y de sus representantes junto con todos los sujetos institucionales y asociativos que trabajan en ese ámbito. Desde este punto de vista, se destaca la experiencia obtenida por el Reino Unido en el ámbito de la lucha contra la discriminación gracias a la acción de la Comisión para la igualdad racial (Commission for racial equality).

5. ¿Con quien asociarse para una ciudad mas segura?

La referencia correcta que permite identificar los miembros y redefinir las acciones por unas ciudades mas seguras es la descentralización. Es gracias a la descentralización que las ciudades pueden ejercer su papel de liderazgo de la seguridad, asimismo hay que destacar como otras realidades institucionales pueden concurrir en la construcción de una política unitaria, en el marco de las competencias de cada nivel administrativo.

Esta ubicación central de las ciudades permite y exige la construcción de “políticas desde la base”, una gestión del territorio en la que la participación activa de sus habitantes, bajo múltiples formas, individuales y colectivas, es necesaria.

Constatamos que las ciudades se han convertido en laboratorios de democracia y de experimentación de las nuevas políticas que, de modo concreto y eficaz, han aportado soluciones a algunos problemas de seguridad que los poderes centrales no son capaces solucionar. La prevención y la seguridad son dos capítulos fundamentales para el gobierno, para la reducción de la marginación urbana y social y para la protección efectiva de los derechos individuales y colectivos. La participación de los habitantes constituye una parte indisociable de este nuevo enfoque de las autoridades locales. Otras experiencias como la “tolerancia cero”, no han supuesto resultados satisfactorios que a menudo han sido contraproductivos para la vida social y política de las ciudades.

Las políticas de participación deben implicar a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de su renta y independientemente que sean o no destinatarios de políticas de integración y de protección.

Por consiguiente, las ciudades se comprometen a trabajar para:

5.1. Desarrollar e impulsar un conjunto de políticas nuevas encaminadas a la promoción de la seguridad de las personas y a la prevención de la criminalidad y de los comportamientos violentos. Algunas de estas iniciativas ya se aplican en las ciudades europeas.

5.2. Impulsar la creación de coaliciones permanentes, en las comunas y entre éstas, para la seguridad urbana, bajo responsabilidad de las autoridades políticas y en las que participen: - el sector público y sobre todo las autoridades judiciales, la policía, los responsables de las políticas para la vivienda, el urbanismo, la acción social, la sanidad, la educación, - el voluntariado, - el sector privado: las empresas de transporte, las cámaras de comercio y de industria, etc.

5.3. Alentar a los profesionales de la seguridad urbana y de las múltiples profesiones de este ámbito, con la implicación de todos en el campo de la prevención y de la seguridad, según un enfoque basado en la comunidad y no un enfoque policial.

5.4. Desarrollo de nuevas modalidades de calificación y profesionalización de los actores que contribuyen a la seguridad urbana en sus diferentes niveles. En particular la creación de un nuevo marco legislativo y un título universitario destinado a apoyar las nuevas profesiones surgidas de la propia comunidad con el objetivo de resolver con métodos más adecuados los problemas vinculados a la seguridad.

5.5. Mejorar la organización de las relaciones con el mercado privado de la seguridad.

5.6. Las ciudades ponen de relieve la necesidad de que el Estado trabaje a favor de las políticas de prevención y apoye: - las políticas locales de seguridad, - la creación de estructuras de prevención a todos los niveles, - la elaboración de instrumentos de conocimiento: diagnóstico local de seguridad, observatorios sociales, evaluaciones de las intervenciones y de los procesos, - la transformación de los servicios centrales en servicios de proximidad.

6. Violencia y ciudad de las mujeres En todas partes debe reconocerse el carácter sancionable de los malos tratos sufridos por las mujeres a manos de los hombres. Es preciso seguir actuando desde los gobiernos locales, nacionales e instancias internacionales para que las autoridades políticas asuman sus responsabilidades en cuanto a la aplicación de la legislación correspondiente.

Los malos tratos de que son víctimas las mujeres por parte de los hombres, ya sea en público o privado, son interdependientes. Reflejan la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres.

De ahí que, por una parte, todos los programas de acción destinados a reducir la inseguridad deban tener en cuenta el enfoque por sexos y, por otra parte, deban desarrollar programas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Los actores de la seguridad urbana incluyen el enfoque por sexos en su plan de acción, que debe tener unos objetivos precisos y unos indicadores de evaluación.

Las ciudades hacen un llamamiento a favor de los siguientes campos de acción prioritarios:

6.1. Reconocer las violencias de género Los malos tratos por razón de sexo son poco conocidos o incluso desconocidos. Es necesario que las estadísticas sobre todos los tipos de seguridad se construyan adoptando un enfoque por sexos.

Dado que las mujeres padecen actos violentos y también malos tratos “simbólicos”, las informaciones suministradas deben proceder de las propias mujeres: conversaciones cualitativas, relatos sobre sus vidas, rutas de exploración, datos dispersos, etc.

También hay que fomentar la puesta en común de las experiencias a escala internacional.

6.2. La evolución de las culturas, de las representaciones y de las mentalidades para luchar contra la inseguridad de las mujeres La educación de los niños y de los adultos es una prioridad: - educación en la escuela (niños y niñas) - educación continua - formación de profesionales para promover las referencias comunes 6.3. Con la contribución de cada uno y cada una a la seguridad urbana, es importante que hombres y mujeres inicien juntos el establecimiento de las políticas correspondientes y que participen juntos y en condiciones de igualdad.

Para alcanzar este objetivo, hay que garantizar el acceso de las mujeres a los poderes políticos y la participación de los ciudadanos y los colectivos de mujeres en la toma de decisiones relativas a las políticas urbanas.

6.4. Para garantizar la coherencia y el éxito de dichas acciones, se considera que puede ser eficaz y quizás imprescindible la creación de partenariados entre los colectivos de mujeres, los organismos técnicos, la justicia penal y los poderes públicos.

6.5. La existencia de unos recursos financieros precisos y con una finalidad concreta es la única garantía de aplicación de dichos consejos.

Ante la urgencia, la complejidad y el desconocimiento de los malos tratos que sufren las mujeres, es necesario que los poderes públicos concedan recursos financieros: - para responder a las situaciones de urgencia, para ofrecer amparo y estructuras de acogida, - para desarrollar programas de prevención que deben ser una de las principales preocupaciones de la comunidad.

6.6. Las ciudades promocionaran una aproximación de género en las políticas de seguridad urbana suscritas en este Manifiesto. Y pondrán especial atención en la trata de blancas, en el tema de las mujeres inmigrantes y de los solicitantes de asilo, víctimas de la violencia doméstica.

Referencias - Consejo de Europa. Declaración final. Conferencia sobre la reducción de la inseguridad urbana, 1720 de Noviembre, 1987, Barcelona, España.

- Foro Europeo para la Seguridad Urbana, Federación Canadiense de Municipalidades, The United States Conference of Mayors. Agenda for Safer Cities, Final Declaration. Conferencia europea y norte-americana sobre la seguridad urbana y la prevención de la criminalidad, 10-13 de Octubre 1989, Montreal, Canadá.

- Foro Europeo para la Seguridad Urbana, Federación Canadiense de Municipalidades, The United States Conference of Mayors. Declaración Final.

Segunda conferencia internacional sobre la Seguridad Urbana, las drogas y la prevención de la delincuencia. 18-20 de Noviembre 1991, Paris, Francia.

- Foro Europeo para la Seguridad Urbana, Programa de Gestión Urbana (PNUD, CNUEH-Habitat, Banco Mundial), Ayuntamiento de Saint-Denis de la Réunion.

Conferencia internacional Justicias, Ciudades, Pobrezas. 4-8 de Diciembre,1995, Saint-Denis de la Réunion , Francia.

- Foro Europeo para la Seguridad Urbana, Declaración de Dakar. Creación del Foro Europeo Africano para la Seguridad Urbana, 7 de Fevrero 1998, Dakar, Senegal.

- Naciones Unidas, PNUD/UNCHS/Habitat, Conferencia " Safer Cities " Johannesburg, 1997.

- Naciones Unidas, Centro para los Establecimientos Humanos (UNCHS). Texto " The Global Campaign for Good Urban Governance " (Proyecto, situación al 1° de Maio 2000).

Seminarios preparatorios de la Conferencia de Napoles Jóvenes y violencia, 1) de Octubre del 1999, Bruxelas, Bélgica.

Mujeres, violencia y inseguridad urbana, 9-10 de Marzo del 2000, Sintra, Portugal.

Participación de la sociedad civil (I), 2-3 de Diciembre del 1999, Brent (London Borough), Reino-Unido.

Participación de la sociedad civil (II), 4 y 5 de Maio del 2000, Torino, Italia.

Medias y seguridad urbana, 11-12 de Maio del 2000, Mulhouse, Francia.

Urbanismo y Seguridad (I), 6-7 de Abril del 2000, Roubaix, Francia.

Urbanismo y Seguridad (II), 15-16 de Junio del 2000, Roma, Italia.

Urbanismo y Seguridad (III), 23-24 de Octubre del 2000, Alcobendas, España.

Relaciones entre oferta pública y oferta mercantil de seguridad, 12-13 de Octubre del 2000, Cascais, Portugal.

Colegio de Expertos , 28-29 de Octubre del 2000, Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Nuevas profesiones de la seguridad, un tema que, desde hacen 4 años, es objeto de un trabajo muy importante de parte del FESU sobre las nuevas profesiones de proximidad y sobre los managers de la seguridad : los SeguCiudades Manager.

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