Jueza envía a juicio de fondo a militares y policías acusados en Operación Coral

 Admitió acción civil de abogados del Estado; rechazó Fundación Alfredo Nobel

Marisol Aquino

SANTO DOMINGO. La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó apertura a juicio contra los policías y militares, que junto a familiares y amigos supuestamente estafaron al Estado con más de 4,500 millones de pesos, en la alegada red que el Ministerio Público nombró como Operación Coral. La estafa al erario público se habría producido a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) durante las gestiones del mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Róbiou, respectivamente, durante el período 2012-2020.

Lista larga

Cáceres Silvestre y Torres

Robiou encabezan la extensa lista de imputados que se enfrentarán ahora a un juicio de fondo en donde podrían ser condenados por la sustracción de los recursos de los contribuyentes. También pasan al siguiente proceso judicial, al no poder lograr un no ha lugar, catorce empresas de las 18 señaladas de ser creadas para lavar los recursos sustraídos al Estado. En las restantes cuatro, el Ministerio Público no presentó conclusiones y se les continuará la etapa preliminar en otras audiencias.

A dos de las 30 personas físicas imputadas se les

“La forma más fácil de evaluar un proceso son las pruebas y en este y otros casos de corrupción el MP sobreprueba los casos”.

Wilson Camacho

continúa sus procesos de la etapa preliminar en casos separados. Estas son Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael Núñez de Aza. Disla, según sus abogados, tiene problemas de salud. Asimismo, al acusado Alejandro José Montero, la jueza decidió que la Presidencia de la Cámara Penal escoja el tribunal que conocerá su caso debido a que se le señala por el porte y tenencia de armas de forma ilegal, delito diferente de los que se acusa a los demás vinculados en Coral.

La lectura del fallo, con el envío a juicio, se conocerá el 21 de agosto.

La acusación

A todos los imputados se les atribuye la distracción de fondos públicos en la compra de raciones alimenticias, combustibles y en el nombramiento de policías y militares a los cuales se les pagaba menos del 30 por ciento del salario y el restante se quedaba en las manos de la red. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) también los imputa de sustraer los fondos de inteligencia del Cusep y Cestur.

Demanda del Estado sí, pero privada no

La magistrada Rivas rechazó declarar inadmisible la constitución en acción civil a los abogados del Estado que reclaman indemnización por la sustracción de los recursos del erario.

El equipo demanda RD$20,974 millones por daños y perjuicios presunta- mente ocasionados por el supuesto entramado.

No obstante, Rivas declaró inadmisible la acción civil incoada por la Fundación Alfredo Nobel.

“Ahí lo que hubo fue una línea política”

Un abogado de dos de los acusados calificó el dictamen de la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional como el acatamiento de una “línea política”.

Waldo Paulino, quien representa a los acusados Boanerges Reyes Batista y Franklin Mata Flores, afirmó que el juicio preliminar fue “político y, por vía de consecuencia, la juzgadora cogió la línea”.

“No es verdad que 48 acusados en este proceso sean enviados a juicio, ¿o todos sus abogados son unos analfabetos jurídicos?”, reaccionó Paulino.

En tanto que uno de los representantes de Adán Cáceres dijo que esperarán que salga la lectura de la decisión para conocer los detalles de la motivación que tuvo la magistrada para enviar a juicio de fondo a todos los acusados.

Romel Jiménez sostuvo que muchas de las solicitudes que plantearon no fueron respondidas. 