Auditoría Contraloría: el arrendamiento del edificio del MICM fue irregular

Socorro Arias Redactora senior

La funcionaria se reunió ayer con una comisión del Senado

SANTO DOMINGO. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, consideró ayer que las faltas halladas en las auditorías emitidas por la Contraloría General de la República “no son graves” y se pueden subsanar.

Antes de participar como invitada en la reunión de una comisión del Senado, Ortiz Bosch expresó que las auditorías servirán para que los funcionarios “sepan que hay vigilancia”, aunque reiteró que los resultados no revelan faltas graves.

Al hablar sobre las docenas de auditorías que involucran a funcionarios de la actual gestión gubernamental, Ortiz Bosch explicó que los hallazgos de la Contraloría son enviados a las instituciones públicas involucradas para que se apliquen los correctivos y se subsanen las fallas. Puntualizó que algunos funcionarios “deberán informarse y educarse” sobre manejo de las auditorías para que así puedan replicarlas.

En ese sentido, precisó que, si las auditorías se hubieran ejecutado desde mandatos anteriores, el país “no hubiera sufrido el deterioro de los fondos públicos”.

“Gobierno de transparencia”

También, dijo que es la primera vez que en un Gobierno audita a sus propias instituciones y atribuyó esta acción a un ejercicio de transparencia que se impulsa desde el Poder Ejecutivo. Asimismo, sugirió que las auditorías sean tomadas en cuenta como un recurso educativo y formativo para que las instituciones puedan cumplir sus roles con transparencia.

“Hacía falta demostrar más transparencia porque la transparencia es sinónimo de democracia”, acotó al considerar que en los años que tiene la Contraloría, nunca se había publicado documentos similares para fines correctivos.

“Infinito orgullo” Como directora de integridad gubernamental, dijo que siente “un orgullo infinito” por la transparencia que se ha difundido y destacó que la misma claridad se traduce en la publicación de los informes que son accesibles al pueblo. 

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Inspecciones exponen vicios

Ortiz Bosch se refirió a a las 18 auditorías publicadas por la Contraloría General de la República que sugieren ‘mejor administración” en la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), el Gabinete Social, el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Ministerio de la Juventud, entre otras entidades que manejan fondos.

SANTO DOMINGO. La Contraloría General de la República ha señalado como una irregularidad que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes tenga un contrato de arrendamiento con opción a compra del edificio que aloja sus instalaciones, firmado en el año 2017, por un monto de 31 millones de dólares, equivalentes a RD$ 1,464,750,000.

Tal como lo había denunciado Diario Libre en febrero de 2021, la auditoría practicada por la Contraloría a la institución confirma que el arrendamiento vulnera los procedimientos de la Ley 340-06 para la correcta aplicación y ejecución de las contrataciones públicas de bienes y servicios por parte de instituciones públicas.

Considera que el alto costo por el arrendamiento impacta negativamente el presupuesto anual de Industria y Comercio.

Se indica que en la revisión del expediente del contrato de arrendamiento “se pudo detectar la inobservancia del marco legal regulatorio contemplado en el numeral 7 del artículo 7 de la Ley 10-07 sobre los principios de economía, el cual estipula que los procesos se manejen con el costo mínimo razonable”.

La auditoría, realizada durante el periodo septiembre 2020 hasta abril del 2021, se- ñala que la cuota mensual que paga el MICM de unos 20,414,323.95 es un alto costo, pues con ese monto la institución podría adquirir una planta física con capacidad para alojar adecuadamente sus instalaciones.

Incumplieron normas

Les preocupa a los auditores que el MICM incurra en gastos extremos porque se incumplió con las normas de la libre competencia que procura la Ley 340 de Compras y Contrataciones.

El contrato de arrendamiento del edificio con el Banco de Reservas se firmó en el 2017 durante la gestión de Temístocles Montás, documento que fue firmado y avalado por el administrador general del banco, Simón Lizardo, y el subadministrador de Negocios Gubernamentales, José Ml. Guzmán Ibarra.

El Banco de Reservas compró el inmueble a la empresa Diseño Integral

S.R.L., propiedad del ingeniero Freddy Pérez, luego de que su Consejo de Directores, mediante la cuarta Resolución de la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2016, la aprobara.

¿Qué recomienda la Contraloría?

Los auditores del órgano de

MICM dio respuesta a auditores

4 La respuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a los auditores y que está contenida en el informe, explica sobre el contrato de arrendamiento del edificio que se estaban realizando los procedimientos de lugar para incluir en los informes financieros la referida información bajo las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Asimismo, indica que, para la fecha, había logrado reducir la tasa de interés de un 16 % a un 10.5 anual a partir de marzo de 2021. También que se hizo la tasación y se realizaban las gestiones para ejercer la opción a compra, como establece el contrato.

Fallos, también, en Procompetencia

La Contraloría analizó el último año del periodo de Yolanda Martínez

Pedro M. Sánchez

SD. La entrega de combustibles a personas fuera de lo establecido por la ley, incumplimiento de las normas en la asignación de gastos de representación, expedientes de empleados incompletos y falta de supervisión de la caja chica fueron las anomalías detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoría realizada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia).

La experticia fue realizada entre el 1 de septiembre de 2020 al agosto de 2021, cuando para ese entonces, la entidad era dirigida por Yolanda Martínez.

En la evaluación a compensación de beneficios, se evidenció la entrega de RD$5,280,000.00, por con- cepto de asignación de combustible a colaboradores que no calificaban para el beneficio.

Yolanda Martínez.

“La condición evidenciada de entrega de combusti- control interno del Estado recomiendan verificar en el entorno de la ubicación del inmueble donde se alojan las oficinas del MICM, los diferentes precios que por concepto de arrendamiento se pagan en edificios de iguales condiciones y características, buscando con esto, hacer más eficiente el gasto público, a través de una contratación razonablemente aceptada.

Igualmente, realizar una tasación al edificio que determine el precio real del mercado y hacer las comparaciones de conveniencias en materia de eficiencia y economía para el MICM.

También recomienda el informe pericial realizar una evaluación técnica financiera que determine el grado de conveniencia en cuanto a la permanencia de las instalaciones del MICM en el edificio arrendado.  ble a colaboradores que no ostenten cargos de alto nivel es contraria a lo establecido en la Ley No. 105-13 sobre regulación salarial del estado; la Ley No. 41-08 de Función Pública”, indica la auditoria.

Otra violación encontrada por la Contraloría en Procompetencia fue de RD$3, 116,668.18 por concepto de asignación fija para gastos de representación, una violación, según los analistas a la Ley 105-13 sobre regulación salarial del estado y la 41-08 de Función Pública.

En su defensa, Procompetencia indicó que la asignación fue dejada sin efectos en abril del 2021. 