Donald Guerrero y José Ramón Peralta a prisión preventiva

 Jueza impuso arresto domiciliario contra Gonzalo Castillo y la mayoría del total de 20 imputados. También declaró el caso complejo

W“A un candidato que está puntero le llegan informaciones de todos los lados. La que tengo es que hay ataques de adentro y de fuera”

Mérido Torres Director de Titulación

El conocimiento de las medidas de coerción en el Caso Calamar se produjo a puerta cerrada, a solicitud de las partes involucradas y la prensa estaba apostada fuera de la sala del tribunal, consiguiendo información solo cuando los abogados litigantes salían a los pa- sillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Sin embargo, un abogado, que no representaba a nadie en el caso ni estaba en el lugar, se pasó las últimas dos audiencias tuiteando todo lo que sucedía dentro, incluyendo fotos de los imputados. ¿Y eso se vale?

T. Molina / M. Aquino

SANTO DOMINGO. Los supuestos actos de corrupción cometidos durante la gestión de Gobierno del expresidente Danilo Medina han llevado tras las rejas a varios de sus cercanos colaboradores y familiares.

En el más recientemente caso están los exministros Administrativo de la Presidencia y de Hacienda, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, respectivamente, a quienes la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, le dictó ayer 18 meses de prisión preventiva por su implicación en el caso Calamar.

Ambos deberán cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, en tanto que el exministro de Obras Públicas, González Castillo, también implicado en el caso, se le impuso una garantía económica de 20 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público había pedido prisión preventiva en contra de los tres exministros, pero la jueza consideró que, por la posición de Castillo en la trama descrita, no se advertía elementos concretos que evidenciaran que obstaculizaría la investigación. En total la jueza Romero dictó coerción consistente en garantía económica, prisión domiciliaria y/o impedimento de salida del país contra el resto de los 20 detenidos entre el 18 y 19 de marzo en lo que el Ministerio Público, específicamente la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), denominó Operación Calamar. El operativo describe un supuesto entramado de corrupción que habría estafado al Estado dominicano con unos 19,000 millones de pesos mediante presuntos pagos ilegales de deuda pública por expropiación de terrenos, así como por cobro irregular a bancas de apuestas, de loterías y a colmados con máquinas tragamonedas. Además de los exministros citados, en Calamar están imputados el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, a quien la jueza le impuso una fianza de 3 millones de pesos, más impedimento de salida; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, contra quien dictó arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica de 3 millones de pesos, así como el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, que tiene arresto domiciliario e impedimento de salida. Similar medida impuso la magistrada Romero contra el abogado Ángel Lockward, al que pide una garantía económica de 7 millones de pesos, así como al resto de los implicados en la supuesta estructura de corrupción descrita en Calamar. Son ellos los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández; así como los señores Aldo Antonio Gerbasi, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, los esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.

0 Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, junto a otros imputados en el caso Calamar, ayer.

Irán tras el diputado Gory

Tras la decisión de la jueza Kenya Romero, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, anunció que próximamente solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción para que le autorice iniciar la investigación contra el diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), quien también ha sido vinculado al caso Calamar.

Al ofrecer la información, Berenice

Reynoso dijo que todo el que haya comprometido su responsabilidad en el caso tendrá que responder ante la justicia.

Moya, quien ha sido propietario de las bancas Merengue Sport, era uno de los coordinadores del esquema de supuesta extorsión a las bancas de lotería que se habría creado desde el Ministerio de Hacienda, conforme han declarado algunos de los delatores que propone el Ministerio Público como testigos en el caso.

Igual a los hermanos Ana

Linda y Emir Fernández

De Paola, de 81 y 69 años de edad, respectivamente.

Al empresario Rafael Parmenio Rodríguez el tribunal le dictaminó la presentación periódica y prohibición de salida del país sin autorización judicial.

Romero también declaró la complejidad del caso como había solicitado el Ministerio Público.

Vinculados al expresidente

El arresto, sea domiciliario o de prisión preventiva, contra los exministros aumenta el número de cercanos al expresidente

Danilo Medina Sánchez que han tenido que ir tras las rejas por presuntas irregularidades en sus funciones públicas.

Desde su salida del Poder Ejecutivo en agosto de 2020, dos de sus hermanos, Alexis y Magali Medina Sánchez, guardaron prisión preventiva, igual que otros exfuncionarios, incluidos el exministro de Salud Pública, Eduardo Hidalgo; el presidente del Fondo Patrimonial de la Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, a quienes un juez los envió a un juicio de fondo por alegada participación en la

“Se configuran elementos iniciales coherentes que, sin prejuiciar el fondo, dejan claro que existe un señalamiento inicial que da lugar a una investigación”, Kenya Romero Jueza red de corrupción que habría cometido estafa contra el Estado.

En este caso también está el exdirector de la que fuera la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, contra quien ya pesa una condena de cinco años por su implicación en la supuesta red y sirve de testigo del Ministerio Público en el caso Calamar.

También el exprocurador general de la República designado por Danilo Medina, Jean Alán Rodríguez cumplió más de 18 meses de prisión preventiva por su vinculación en el conocido caso Medusa, lo mismo que Adán Cáceres, su jefe de Seguridad Presidencial, que encabeza la lista de los acusados en el caso Coral. 