4 Editorial Comité editorial: Patricia Nieto Nieto, Jorge Alonso Sierra, Luis Carlos Hincapié, Raúl Osorio Vargas, Jaime Andrés Peralta Agudelo, Elvia Elena Acevedo Moreno, Gonzalo Medina Pérez., Natalia Botero. Dirección: Juan Camilo Jaramillo Acevedo. Dirección edición regional: Juan David Ortiz Franco. Edición y colaboración edición regional: Wilmar Vera Zapata. Redacción: Diana Marcela Serna, Lauren Ortiz Rodríguez, Luisa Fernanda Cañas Urrego, Manuela Córdoba Ruiz, Daniel Felipe Suárez Bedoya, Luis Alfonso Acevedo Escalante, María Cristina Flórez Yepes, María Isabel Flórez Yepes, Carlos Andrés Pérez Quintero, Katherine Arias Toro, Luisa Fernanda Acevedo Suaza, Adrian Ríos Olaya, Estrella Ríos Olaya, Daniel Vasco C., Luisa Quintero A., Juan Diego Salla Pereira, Janier Hernando Álvarez Pérez, Diana Paola Mejía Henao, Carolina Marulanda Arboleda, Katherine Molina Saldarriaga, Sandra Yaneth Machado Machado, Jazmín Elena Torres Tuberquia, Verónica Juliana Restrepo A., Juan Pablo Fernández Álvarez, José Andrés Rubiano. Diseño: Cristina Montoya Ramírez, Sara Ortega Ramírez. Fotografía: Rafael Zapata, Manuela Córdoba Ruiz, Lauren Ortiz Rodríguez, Luisa Fernanda Cañas Urrego, Janier Hernando Álvarez Pérez, Carlos Andrés Pérez Quintero, Adrian Ríos Olaya, Daniel Vasco C., Javier Mejía Londoño, Liciria Rodríguez, Ana Uribe, Su Neko, Jazmín Elena Torres Tuberquia, José Andrés Rubiano, Adolfo Echeverri Restrepo. Infográfico: Cristina Montoya Ramírez. Portada: Rafael Zapata. Impresión: La Patria, Manizales. Circulación: 2.500 ejemplares. Director TV: Jorge Alonso Sierra. Director Radio: Luis Carlos Hincapié. Director Digital: Wálter Arias. Director Especiales: David Santos Gómez. Universidad de Antioquia. Rector: Mauricio Alviar Ramírez. Decano Facultad de Comunicaciones: David Hernández García. Jefa Departamento de Comunicación Social: Deisy García Franco. Coordinador de Regionalización Facultad de Comunicaciones: Jorge Ignacio Sánchez Ortega. Las opiniones expresadas por los autores no comprometen a la Universidad de Antioquia. Universidad de Antioquia, Bloque 12, oficina 122. delaurbe.udea.edu.co, delaurbe@comunicaciones.udea.net.co, delau.prensa@gmail.com, www.facebook.com/sistemadelaurbe, www.twitter.com/delaurbe Teléfono: 219 59 12 FACULTAD DE COMUNICACIONES Ciudad Universitaria-Calle 67 N° 53-108 Medellín - Colombia
Número 1 Regiones Junio de 2015
No. 1 Junio de 2015
Memoria para pensar la paz A
unque el caso se encuentra menos documentado que el de otras regiones de Antioquia, la guerra en el Suroeste del departamento también dejó heridas difíciles de sanar. A los crímenes del frente 34 de las Farc se sumaron después los del bloque Suroeste de los paramilitares que hizo presencia en la zona, por lo menos con ese nombre, hasta su desmovilización en 2005. De lo sucedido en esa primera experiencia de reintegración se puede aprender para no cometer los mismos errores del pasado. El frente 34, que terminó desplazándose hacia el departamento de Chocó, fue el responsable, entre otros, de los asesinatos en Urrao del gobernador Guillermo Gaviria y del asesor de paz Gilberto Echeverri. Por su parte, a los paramilitares se atribuyen amenazas, extorsiones y asesinatos selectivos. Líderes sociales han hablado de más de 150 mil crímenes cometidos por el bloque Suroeste. A eso se suma el antecedente del grupo La Escopeta, una de las primeras organizaciones de autodefensa y limpieza social en la región. El recuerdo de esos acontecimientos sigue presente. Además, los habitantes de algunos municipios, después de más de once años de haber presenciado el proceso de desmovilización de los paramilitares, enfrentan hoy conflictos sociales por la conformación de grupos de
delincuencia común y de bandas criminales que heredaron los espacios que dejaron las autodefensas. En muchos casos, los responsables de esas manifestaciones violentas son antiguos integrantes de organizaciones armadas que siguieron delinquiendo, al servicio del mejor postor, pese a los beneficios que recibieron por su desmovilización. Esa experiencia puede ser un espejo para analizar el actual proceso de paz con las Farc, sobre todo, para que las víctimas conozcan la verdad, la misma que en muchos casos no encontraron luego de la desaparición del bloque Suroeste y del repliegue de la guerrilla en la región. Antioquia encabeza la lista a nivel nacional con 1,2 millones de personas afectadas por el conflicto y sus antecedentes con la desmovilización y las deudas con la reintegración deben servir para encausar el camino. Mientras no se garantice la verdad y el no retorno de los combatientes a las armas, será difícil explicar la paradoja de que antiguos integrantes de grupos ilegales reciban beneficios judiciales, e incluso económicos, mientras el grueso de la población, que se ha mantenido al margen, continúa con necesidades básicas insatisfechas. Por ahora, padres, abuelos, hijos, hermanos, en general las víctimas, esperan respuestas sobre la violencia de antes y la de ahora.
Opinión
Colombia,
la más barata de las putas Lauren Ortiz Rodríguez lauren.ortiz07@gmail.com
A
llí viene mi puta favorita, se alcanza a escuchar y se asoma Colombia con su exótica belleza. Sus tesoros se riegan como pan caliente y el panadero plata no vio y miseria le quedó. Los que habitamos el Suroeste antioqueño sabemos bien de esto. Muchas casas llevan en sus fachadas la bandera “No a la minería”, las organizaciones sociales se han movilizado e incluso alcaldes y concejos municipales, como los de Támesis y Jardín, han expresado abiertamente su oposición porque la vocación de la zona es agrícola y ecoturística. Por supuesto que el paisaje de la región es uno de los patrimonios más valiosos. A pesar de ello, el Gobierno Nacional expidió el 23 de diciembre de 2014 el decreto 2691 que arrebata a los municipios el poder de decidir sobre su territorio. Desde la fecha de publicación del decreto, las entidades territoriales solo tenían 90 días para presentar los estudios técnicos sobre los efectos económicos, sociales, culturales o ambientales que generaría la minería. Para completar, todo el costo de la investigación debía salir del bolsillo del municipio. Todo esos documentos que respaldan la desgracia que trae la minería pasan por el Ministerio de Minas y Energía y terminan en la Agencia Nacional Minera. Esas autoridades son las que tienen la última palabra sobre el destino de los territorios y las comunidades cuyo valor se mide en clave oro. Según Claudia Cadavid, secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, más del 90 por ciento del Suroeste está entre solicitado y titulado para exploraciones. Se supone que todos somos del mismo bando, que vivimos en el mismo país, pero pese a la oposición de las comunidades, el Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentra en trámite, insiste en mejorar las condiciones para la inversión privada en el sector minero. Que se le apunta a la paz, a la equidad y a la educación, pero quién sabe cuándo empezarán a defenderse esos pilares. Entonces, ¿qué nos queda? La experiencia de otros lugares de Colombia advierte sobre la desdicha que se esparce con la minería, pero no aplicamos la lección: como el caso de Chocó,
sellado con tinta de pobreza y violencia. El caso de Antioquia también demuestra que no necesariamente las zonas donde existen exploraciones o explotaciones mineras ofrecen una mejor calidad de vida para sus habitantes. Análisis como el del profesor Guillermo Rudas, consultor en el tema de minería y medio ambiente, indican que en el departamento los municipios mineros enfrentan mayores problemáticas de violencia. Según dice, los índices de homicidios en las localidades donde hay minería de oro duplican los de municipios donde no la hay. Los lugares dónde se explotan bienes primarios son más propensos al saqueo, a seducir los ojos de actores ilegales, a la corrupción, los crímenes y la violencia, esa misma que buscamos desaparecer. Además, en el centro del tema están las implicaciones ambientales. Las multinacionales pueden arribar al país con sus máquinas especializadas relatando su cuento, dicen que no afectan en gran manera el medio ambiente, y esos finales felices se los compra Disney y nadie más. Perdón, también el Gobierno que ya introdujo a Colombia en la industria del entretenimiento: Pendejollywood. El Gobierno comercializa los recursos naturales del país con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero la realidad se asemeja más al infortunio del panadero del principio, en todos los ámbitos: social, económico, ambiental y cultural. En Santa Rita, corregimiento de Andes, ya se perciben esos efectos de la minería. Por ejemplo, los vestigios de una mentalidad machista. Testigos de ello han sido la Corporación de Mujeres en Acción por Andes y la Mesa Ambiental del municipio, ambas organizaciones están amenazadas y tienen prohibido entrar a ese territorio. Entonces, ¿de qué calidad de vida estamos hablando?, ¿a qué desarrollo se le está apostando? El país se está prostituyendo y pasa por encima de la ley. En la sentencia 123 de 2014, la Corte Constitucional declaró que las autoridades nacionales deben acordar con las territoriales las medidas necesarias para la protección del medio ambiente, la salud y el desarrollo social y cultural de las comunidades, pero esto se escondió debajo de otros cientos de papeles. El único documento que se divisa en el escritorio de quienes deciden por la nación es el contrato de compra de un burdel barato para la despampanante Colombia.