Ocho de cada 10 municipios carecen de Atlas de Riesgos

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Mariana Flores ]

En Puebla, ocho de cada 10 municipios no cuentan con Atlas de Riesgos, lo que se traduce en un desconocimiento de las soluciones inmediatas a tomar en caso de un desastre natural, reveló la directora de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Cecilia Izcapa Treviño.

Durante la presentación de la Agenda de Protección Civil del Estado 2023, Izcapa Treviño ventiló que son 38 los municipios que cuentan con este informe preventivo; esto es, que sólo una quinta parte de las demarcaciones municipales tiene elaborado un Atlas de Riesgos.

Además, añadió que en los últimos 14 años ningún muni - cipio elaboró ni actualizó su informe, toda vez que la última actualización de los atlas elaborados fue en el 2009.

La mayoría de las demarcaciones sin Atlas de Riesgos, de acuerdo con el Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se encuentran en las Sierras Negra, Norte y Nororiental, además de la zona de la Mixteca poblana.

“En el Atlas se deben de ver reflejados los peligros que existen en el estado, basados en un sistema geográfico, cuáles son los sistemas expuestos, su vulnerabilidad y la combinación de estos factores para determinar el riesgo, y que nos sirva para el reordenamiento territorial”, dijo.

Esto, dijo, representa un peligro para la población, toda vez que las autoridades desconocen los protocolos de actuación ante eventos naturales, como ocurrió con el huracán Grace. Agregó que la elaboración de un Atlas de Riesgos debería ser un tema prioritario para los ayuntamientos.

Finalmente, la Coordinación propuso al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina instalar un comité científico asesor que pueda acompañar a las autoridades municipales para garantizar la oportuna atención de la población en caso de desastres naturales.

“Cuenta con nosotros. Somos un equipo con un gran compromiso. Entendemos al estado de Puebla y sabemos dónde se nos requiere y estamos preparados. Daremos capacitación necesaria ante una eventual emergencia”, sostuvo.

En su comparecencia ante el Congreso Local como parte del análisis del Cuarto informe de Gobierno, la secretaria de Bienestar detalló que los municipios con pobreza alimentaria están en la Sierra Negra, como Eloxochitlán, Chiconcuautla, Chilchotla, Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec, Teopatlán, Tepango de Rodríguez, Tlalnepantla y Zoquitlán, más comunidades urbanas del municipio de Puebla capital.

En respuesta a las preguntas de los diputados, la funcionaria señaló que se han invertido más de 29 millones de pesos en acciones de bienestar en esas comunidades.

Confió que en los resultados que arroje el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para 2025, “Eloxochitlan ya no aparezca en el primer lugar de los municipios más pobres”.

En respuesta a los cuestionamientos del diputado Eduardo Alcántara Montiel, en representación del grupo parlamentario del PAN, precisó que en el municipio de Puebla, gobernado por el albiazul, la Secretaría ha invertido más de 358 millones de pesos, sólo de recursos estatales para comunidades urbanas con más personas en pobreza, y dijo desco-

Un millón 480 mil 800 litros de producto lácteo 750 Viviendas

Mil 500 pisos

Mil 400 techos de lámina galvanizada

4 mil 58 personas beneficiadas con electrificación no convencional

9 mil estufas ecológicas

6 mil 206 calentadores solares nocer cuánto ha invertido el ayuntamiento de Puebla en el rubro.

Informó que la Secretaría de Bienestar recibió un presupuesto de 930 millones 358 mil pesos para 2023, que representan 7% menos de los recursos del 2022, año en que la dependencia utilizó el 79% del gasto en beneficio de la población de comunidades pobres. Sobre la pregunta de la diputada Isabel Merlo Talavera, a nombre del grupo parlamentario del PRI, sobre cómo protegerá la dependencia el uso de los recursos públicos frente al proceso electoral del 2024, Sánchez García señaló que los paquetes de ayuda llevan la leyenda “sin fines partidistas” y evitan la entrega de apoyos mediante intermediarios para evitar manipulación electoral de programas sociales.