EL ARTÍCULO DEL MES (MAYO-2022)

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

Abg. Anyelo Sampen Tume

1

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

2

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

El autor analiza los diversos pronunciamientos jurisprudenciales, en cuanto a la norma contenida en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, teniendo como relevancia, la orientación jurisprudencial a la valoración del principio de Supremacía Constitucional.

“(…) La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios.” El Federalista N° 78.

3

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

INTRODUCCIÓN Desde el inicio de los albores del Derecho, se ha hecho necesario una constante evolución, ello en cuanto a la posición adoptada, al momento de efectuar una interpretación jurídica, más aún, si el objeto, sobre la cual, se aplica puede ser diverso, sin embargo, la tarea resulta más compleja, cuando la interpretación contempla a la Constitución.

Dentro de esta labor, y a través de diversos pronunciamientos el Tribunal Constitucional ha sustentado los principios que deben tenerse en cuenta, al momento de efectuar una interpretación constitucional, asimismo, ha precisado determinados presupuestos, para determinar, la necesidad de aplicación del Control Constitucional.

Es así que, uno de los problemas del Derecho, que ha requerido una interpretación desde la Constitución y la aplicación del control difuso, es la aplicación del artículo contenido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, respecto a la exigencia como requisito de procedibilidad de la demanda, de encontrarse al día, en el pago de la pensión de alimentos.

Por tanto, a través de las líneas precedentes, tratare de describir la situación general, en cuanto a la aplicación de la norma en mención, los diversos Plenos Jurisdiccionales que se han realizado, así como los pronunciamientos jurisdiccionales, que vienen produciéndose, que han puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en este importante tema, a fin de buscar una solución que busca equilibrar los derechos en conflicto; por lo que, dejo a consideración dicho reto a los acuciosos lectores.

1.

Panorama actual

El día 23 de diciembre de 2009, se publicó la Ley N° 29486, en la cual se incorporó el artículo 565-A del Código Procesal Civil, señalando como requisito especial para la admisión de las demandas de reducción, variación, prorrateo o exoneración de la pensión alimenticia, acreditar encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia.

Debe destacarse que, uno de los temas profundamente importantes, en el derecho de familia, lo constituye el derecho a los alimentos, que tiene dentro de sus características, ser inherente a toda persona, más aún, si se trata de menores de edad o población vulnerable, a quien la Constitución, otorga un amparo especial, por lo que, en principio, se identifica a la norma en comentario, como aquella, que tiene por finalidad favorecer a los acreedores alimentarios, a fin de que, no se afecten con el incumplimiento de la pensión alimenticia.

El autor Cornejo Chávez, señala que los alimentos, son aquellos derechos que corresponden a la persona humana por el simple hecho de serlo, que se dirigen a amparar y garantizar a la persona misma en su sustantividad y dignidad, que no son variables en dinero, por mucho

GUASTINI R., Teoría e Dogmática, Milano, Giuffré, 1998, p. 12. Respecto a los diferentes significados del término interpretación en virtud del objeto sobre el que recae ver, Guastini, R., Le fonte del diritto, Milano, Giuffrre, 1993, p. 324.

KONRAD Hesse., Escritos de Derecho Constitucional, Madrid, 2012. Para el Derecho constitucional la importancia de la interpretación es fundamental pues, dado el carácter abierto y amplio de la Constitución, los problemas de interpretación surgen con mayor frecuencia que en otros sectores del ordenamiento cuyas normas son más detalladas.

4

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

que su obligación pueda originar una obligación indemnizatoria, que subsisten en tanto subsista la persona misma, y que imponen a los demás sin deudor determinado, prohibiciones o restricciones.

No debe olvidarse además, que los procesos de alimentos son un tema recurrente en nuestro país, y a nivel de esta Corte Superior de Justicia de Huaura, debido a la especialización de los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Huaura, existe dos Juzgados de Paz Letrados de Familia Permanentes que cuentan con una carga aproximada de seis mil expedientes (tramite y ejecución), por lo que, a nivel legislativo, se han desarrollado diversos mecanismos, para asegurar, que no se afecte la subsistencia de los acreedores alimentarios, entiéndase como tales a los menores alimentistas o aquellos que la ley dispone la facultad para solicitar alimentos, siendo uno de dichos mecanismos, el propio artículo 565-A del Código Procesal Civil.

Sin embargo, la mención de dicha finalidad, no resulta suficiente para legitimarla; puesto que, en la jurisprudencia se vienen sentando diversos pronunciamientos que, permiten avizorar que la norma en mención, viene generando más conflictos que soluciones, e incluso, se viene postulando por una derogación de la misma.

Conforme lo he precisado en el tema del presente artículo, resulta conveniente, distinguir que, dentro de los diversos procesos, que indica el artículo 565-A del Código Procesal Civil, nos referiremos en específico a los procesos de Exoneración de Alimentos, puesto que, permitirá identificar una relevancia mayor a los otros procesos (reducción, prorrateo, variación).

En efecto, dicha elección, con respecto a los otros procesos de aumento, reducción, prorrateo, no resulta antojadiza, sino más bien, al hecho de que, en los procesos citados, aún existe, la necesidad de procurarse alimentos, en particular, si se trata de menores de edad, y en tal sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha precisado que “la verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño”; siendo pues, una de estas medidas positivas, el requisito especial, previsto en la Ley N° 29486, que incorpora el artículo 565-A del Código Procesal Civil.

2.

El proceso de Exoneración de Alimentos

La finalidad del presente proceso implica la suspensión temporal o definitiva de la obligación alimentaria a petición del demandado, siempre que, los ingresos Constitución Política del Perú.

Artículo 4°. Protección a la familia. Promoción del Matrimonio “(….) La Comunidad y el Estado, protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. (…).”

Artículo 6°.- Politica Nacional de población. Paternidad y maternidad responsables “(….) La Comunidad y el Estado, protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. (…).”

CORNEJO H. Derecho Familiar Peruano, 7ª ed. Lima Studium, 1988.

5

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

económicos del obligado disminuyan de modo que no pueda atenderse sin poner en peligro su propia subsistencia, por lo que, debe acreditarse dicha disminución.

Asimismo, cuando cesa el estado de necesidad efectiva, debe dejarse sin efecto la pensión, ya que, no puede permitirse que una persona se subvencione indebidamente a costa de otra, pese a poder costear sus propias necesidades con sus propios recursos, además que, la presunción del estado de necesidad, sólo es aplicable hasta los 18 años de edad, por lo que, para continuar gozando de la pensión alimenticia debe acreditarse su estado de necesidad o los supuestos del artículo 424° del Código Civil como resulta ser, seguir estudios exitosos para una profesión u oficio y las hijas e hijos solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental, debidamente comprobadas.

La Casación N° 1371-96- Huánuco, señala que: “Atendiendo a la naturaleza del derecho alimentario éste se encuentra sujeto a las variaciones que podrían ocurrir en el tiempo respecto al estado de necesidad de los beneficiados o a las posibilidades del obligado, es por ello que la ley autoriza a solicitar la modificación o la exoneración de la pensión alimenticia.”

En cuanto al supuesto normativo, el artículo 483° del Código Civil, prevé: “El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no puede atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad. Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobada o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente” De lo expuesto, es posible determinar que, en el proceso judicial de exoneración de alimentos, se deben cumplir determinados requisitos legales, como el hecho de que, el alimentista llegue a la mayoría de edad y no continúe estudios superiores exitosos, asimismo, si disminuyen los ingresos que percibe el obligado alimentario o, por último, si ha desaparecido el estado de necesidad de alimentos.

Ante este escenario, y la probable posibilidad de que, se haya incumplido con el pago de pensiones alimenticias, corresponde al Estado y propiamente al Poder Judicial, hacer accesible el sistema de justicia a los accionantes, en este tipo de procesos, máxime, si el hecho de que, se ponga en peligro la subsistencia del acreedor alimentario, no solo implica la afectación al derecho a la vida de éste, sino también, a los acreedores alimentarios, por el no cumplimiento de las pensiones alimenticias.

Hasta aquí, se vislumbra que el hecho de limitar el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva de fecha 28 de agosto de 2002.

Fundamento 8 de la Opinión, véase en https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/OC/OC-17.pdf, consultado el 02 de octubre de 2021.

6

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

esto es, la posibilidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales, vulnera una de las características principales de la pensión de alimentos, esto es, su variabilidad, ya que, las causas del incumplimiento de la pensión, no solo tiene como único factor, la voluntad del demandado, sino factores externos, tales como la culminación intempestiva de su vínculo laboral, el estado grave de salud, o incluso, hechos externos, como la recesión social o crisis como la ocasionada por la pandemia de la COVID -19.

3.

Plenos Jurisdiccionales

Uno de los principales derroteros, donde se postula la problemática del artículo 565-A del Código Procesal Civil, resulta ser los Plenos Jurisdiccionales, convocados a tenor del artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto prevé: “Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial”, por lo que, procederé a detallar, los más relevantes: a) Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima – 2011 En este Pleno se propuso la siguiente interrogante: Puede admitirse una demanda sobre exoneración o reducción de alimentos no obstante lo dispuesto por el artículo 565-A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29486, cuando el obligado alimentario se ha visto imposibilitado de cumplir el pago de las pensiones alimenticias.

Destacándose dos ponencias Primera Ponencia Si procede, amparándose en el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.

Total de votos = 22 Segunda Ponencia No procede, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29486.

Total de votos = 01 El Pleno adoptó por MAYORIA, la primera ponencia Fundamento: El requisito previsto en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29486, debe ser entendido como un requisito de admisibilidad, sobre cuyo cumplimiento el demandante deberá pronunciarse en los actos postulatorios.

Sin embargo, en atención al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva a que se refiere el numeral

En base al artículo 400° del Código Procesal Civil, que señala: “La Sala Suprema Civil puede convocar al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varié un precedente judicial.

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificado por otro precedente. (…)”

Es posible determinar que, respecto a la aplicación del artículo 565-A del Código Procesal Civil, no es dable la existencia de un Pleno Casatorio, ya que, los procesos de alimentos y en el caso particular de exoneración de alimentos, son materias que resultan de competencia en primera instancia, por los Juzgados de Paz Letrado y en segunda instancia por el Juzgado de Familia o quien haga sus veces, y más no, llegan a la instancia suprema

7

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y teniéndose presente que los casos de Familia deben ser analizados como problemas humanos, el Juez podrá admitir la demanda a fin de debatir la existencia de fundamentos razonables en lo expuesto, resolviendo lo pertinente en la sentencia. a) Acta de Reunión Plenaria entre los Jueces de Paz Letrado y los Jueces de Familia de la ciudad de Ica En este Pleno, se propuso lo siguiente: El requisito especial de admisión de las demandas de reducción, variación, prorrateo o exoneración de alimentos, contemplado en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, destacándose tres posiciones: Posición a): Sólo en algunas de las pretensiones previstas en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, es aplicable el requisito especial de admisión de la demanda, el pro de la tutela jurisdiccional efectiva (las pretensiones específicas se precisaran en el conversatorio).

Posición b): En todas las pretensiones previstas en el artículo 565-A del CPC, es aplicable el requisito especial de admisión de la demanda, al no evidenciarse vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva.

Posición c) posición ecléctica: En los casos en donde se haga imposible para el demandado presentar el requisito de admisibilidad de acreditarse encontrarse al día en el pago de las pensiones, se permitirá al Juez de Paz Letrado, admitir la demanda al amparo del principio de razonabilidad y proporcionalidad, los derechos de acción y de tutela jurisdiccional efectiva, según cada caso en concreto.

Luego de las votaciones, los intervinientes de este Pleno, llegaron al siguiente acuerdo: El Pleno adoptó por MAYORIA, la tercera ponencia, con la siguiente redacción: En los casos de prorrateo de alimentos, no será necesaria la aplicación estricta del artículo 565-A del Código Procesal Civil. En los casos de reducción de alimentos, cuando el alimentista sea menor de edad, el Juez deberá aplicar el artículo el artículo 565-A del CPC, en cada situación en concreto, teniendo en cuenta ciertas variables, como la calidad de adulto mayor o situación de vulnerabilidad del obligado, la imposibilidad del obligado de acreditar estar al día en el pago o la existencia de duda razonable sobre ello.

Disponible en https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/08/Consulta-10978-2020-Lambayeque-LP.pdf, consultado el 02 de octubre de 2021.

8

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

De la lectura de estos Plenos Jurisdiccionales, se advierte que, se ha tratado de consensuar en los órganos jurisdiccionales, la situación problemática generada por la Ley N° 29486, que incorpora el artículo 565-A del Código Procesal Civil, ello en razón de evitar fallos contradictorios, puesto que, resulta evidente que, se ha identificado a la norma, como aquella que vulnera el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.

4.

Pronunciamientos Jurisdiccionales

Resulta importante mencionar en este punto, el pronunciamiento emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Consulta del Expediente N° 10078-2020 – Lambayeque, donde desarrolla el análisis respecto a la decisión adoptada por el Sexto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en cuanto inaplica el artículo 565-A del Código Procesal Civil, por incompatibilidad constitucional.

En dicho proceso, se indica que, doña María del Carmen Concepción García Seclen en su condición de madre del demandado Dante Jhonatan Kamt García inició un proceso sobre pensión de alimentos, en donde se fijó una pensión de alimentos del 25% del haber mensual que percibe el ahora demandante Guillermo Enrique Kamt Changa, como miembro retirado de la Policía Nacional del Perú, lo que equivale a seiscientos trece con 64/100 soles (S/ 613.64); se agrega que, el demandado en la actualidad cuenta con veintitrés años de edad, no cursa estudios superiores regulares o técnico, pues estuvo cursando música profesional en la Escuela Superior de Formación Artística Pública de esa ciudad, habiendo concluido sus estudios, encontrándose trabajando y percibiendo una remuneración en beneficio propio; siendo que, el Juzgado de Paz Letrado del distrito de La Victoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declaró improcedente la demanda, debido a que, el demandado no adjunto la constancia de estar al día en el pago de la pensión alimenticia, empero, conforme se ha señalado, ello ha sido inaplicado por el Superior Jerárquico.

A través de dicha sentencia, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, hace mención a lo dispuesto en el artículo 138°, segundo párrafo de la Constitución, en cuanto determina que, sin importar jerarquías, se encarga a los Jueces el respeto a los principios de Supremacía de la Constitución y también de Jerarquía de Normas, por lo que, resultan los principales controladores de la legalidad constitucional.

Esta referencia y la referencia con el presente artículo, se ha vislumbrado al inicio, con la descripción de la publicación efectuada por el Federalista o The Federalist Papers en su número 78, donde se hace referencia al control de constitucionalidad, en la vertiente del En adelante, Sala Suprema.

Revista Chilena de Derecho, Vol. 30, pp. 491. Año 2003: “El Federalista o The Federalist Papers, es una serie de ochenta y cinco artículos escritos entre octubre de 1787 y mayo de 1788. Los ensayos fueron publicados simultáneamente en varios periódicos del estado de Nueva York, en forma anónima, bajo el seudónimo de Publius. El Federalista se escribió y publicó para incitar a los ciudadanos

9

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

Control difuso, que efectivamente, se ha realizado en dicha sentencia, determinando que, la aplicación del artículo 565-A del Código Procesal Civil vulnera el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, así como el debido proceso.

Conforme se puede advertir además en dicho pronunciamiento, la Sala Suprema, hace mención de diversa jurisprudencia sentada por dicha Corte, para efectos de establecer los presupuestos que deben concurrir, para efectos de determinar la aplicación del control difuso, sin embargo, para fines del presente artículo, resulta importante destacar, el test de proporcionalidad aplicado por dicho Órgano Supremo.

Para ello, resulta importante mencionar que, según Alexy, los derechos fundamentales pueden colisionar entre sí o entrar en colisión con bienes colectivos. Precisa que en sentido estrecho, una colisión entre derechos fundamentales tiene lugar cuando el ejercicio o la realización del derecho fundamental por parte de su titular tiene una repercusión negativa en el derecho fundamental del otro titular. Por lo que, cuando entra en colisión, lo cual sucede en el caso de que su aplicación conduzca a resultados incompatibles, debe utilizarse el principio de proporcionalidad para establecer entre ellas una relación de precedencia condicionada.

Siguiendo la línea de Alexy, se puede afirmar que el principio de proporcionalidad exige examinar la colisión a la luz de los juicios, máximas o sub principios de adecuación o idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, por tanto, dicho test, se realiza a través de tres subprincipios: i). subprincipio de idoneidad o de adecuación; se evalúa el medio empleado por el juez que inaplica una norma por control difuso para la consecución del fin constitucional, es decir, se analiza si la medida resulta adecuada para la consecución de la finalidad constitucional, constituyendo una observación “medio fin”; ii). subprincipio de necesidad; comprende una comparación entre los medios empleados por el legislador para la consecución del fin constitucional y otros hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin, de modo tal que se evalúa si los otros medios alternativos serían igualmente idóneos; constituyendo un análisis medio-medio; y, iii). Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto; en el cual se realiza un juicio de comparación entre el grado de realización del fin constitucional y el grado de intensidad en la intervención en el derecho fundamental que configura su contrapartida y que se ha afectado, de modo tal que se evalúa el nivel de satisfacción de uno de los derechos en juego, en relación a la afectación del otro derecho en conflicto, pues cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro.

de Nueva York a ratificar la Constitución de los Estados Unidos que había sido redactada en Filadelfia durante el verano de 1787. (…) A fin de motivar la opinión pública del estado de Nueva York, que se mostraba renuente, Alexander Hamilton, secretario de Washington, James Madison, el futuro presidente – que fueron miembros de la Convención Constitucional – y John Jay, ex presidente del Congreso Continental, todos ellos autores de dichos ensayos, los publicaron y en su conjunto llegó a convertirse en un clásico de la doctrina del Derecho Constitucional y la Ciencia Política.”

ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Ob. cit., p. 81. (NACHDR. 1997, 2001). Nueva traducción al español de Carlos Bernal Pulido. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.

10

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

Es así que, con respecto al examen de idoneidad, se determina que el legislador a través de dicho requisito trata de impedir que el obligado alimentista que incumple con el pago de la pensión alimenticia pueda interponer una demanda a fin de que se lo exonere del pago de la misma, restringiéndose los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que existen mecanismos y garantías propios e idóneos para asegurar el pago de la pensión de alimentos, y el resguardo de los derechos fundamentales a la vida, integridad y a una pensión de los acreedores alimentarios, tales como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por la Ley N° 28970, así como la prohibición al demandado de ausentarse del país, si previamente no este garantizado debidamente el cumplimiento de la pensión alimenticia, regulado por la Ley N° 29279, por lo que, al no superar dicho requisito, no resulta necesario examinar los demás requisitos y determina que la inaplicación del artículo 565-A del Código Procesal Civil, se encuentra arreglada a derecho.

5.

Conclusiones Conforme se ha descrito, hasta este punto, la norma contemplada en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, no puede aplicarse de manera mecánica por los Juzgadores, sino más bien, corresponde a través de los Plenos Jurisdiccionales, así como los pronunciamientos jurisdiccionales, realizar un análisis concienzudo de las circunstancias que dieron origen al incumplimiento de la obligación.

Más aún, cuando se trate de circunstancias que no obedezcan a una decisión personal del obligado alimentario, sino a circunstancias razonables, determinando de ser el caso, la aplicación del control difuso, ya que, la norma comentada, como requisito de admisibilidad, representa un requisito que limita de forma irrazonable o desproporcional la tutela jurisdiccional efectiva, más aún, si a través del propio proceso, se permitirá al justiciable acreditar o argumentar los motivos, por los cuales, no se encuentra al día, en el pago de la pensión de alimentos, así como la propia procedencia o improcedencia de su demanda, Asimismo, se determina que aún, cuando la norma descrita en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, puede tener por finalidad, proteger al acreedor alimenticio, también puede generar un perjuicio, ya que, conforme se puede vislumbrar, el hecho de no permitir el debate judicial, ni mucho menos la consideración y valoración de los medios probatorios que pueden presentar las partes, puede involucrar, que en caso de ser ciertos los presupuestos que permiten la exoneración, como el peligro a la subsistencia del obligado alimentario o la desaparición del estado de necesidad de los acreedores alimentarios, puede agravar en el primer caso, la integridad física y el derecho a la Vida, y en el segundo caso, la existencia de un perjuicio mucho mayor, como el hecho de aumentar la obligación, ser impagable la misma y la probable prisión por deudas alimentarias, con el consecuente abuso de derecho de parte de los alimentistas que no cuentan con estado de necesidad. derecho

Fundamento Décimo tercero de la Consulta, págs. 13-14.

11

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

Debe tenerse en cuenta además que, a través de la Resolución Ministerial N° 0070-2018-JUS de fecha 05 de marzo de 2018, se ha dispuesto la publicación del Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil, constituido mediante Resolución Ministerial N° 0181-2017-JUS, donde se propone la reforma de dicho artículo, con el siguiente texto: “Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimentaria. Esta exigencia se extenderá a los demás actos procesales que deba hacer el demandante. Si llegada la fecha en que el juez deba dictar sentencia y el demandante no haya acreditado hasta esa fecha estar al día en el pago de los alimentos, el juez dispone la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, imponiendo una multa al demandante no mayor de 10 URP. Dictado el auto de conclusión del proceso, el demandante no puede plantear la misma pretensión dentro del plazo de un año.”, conforme se puede apreciar, se pretende extender el cumplimiento de dicho requisito, con lo que, la situación problemática antes analizada se agudizaría, en caso de aprobarse dicha reforma.

Conforme se ha mencionado, el análisis constitucional de la norma contenida en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, no resulta ser una actividad antojadiza o carente de sentido, sino que, más bien tiene en consideración un cambio estructural conocido como la “constitucionalización del derecho” y que representa la transformación al Estado Constitucional de Derecho, pues permite un cambio de paradigma en la interpretación extensiva de dicha norma e incluso la aplicación directa de las normas constitucionales, por parte de los Jueces.

Aguilo Regia, J., Atienza, M. y Ruíz Manero, J., 2007, p. 113

12

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Abg. Anyelo Sampen Tume

6.

Referencia bibliográfica 6.1.

Fuentes documentales

Alexy, R., (1993) Teoría de los derechos fundamentales, trad. de Ernesto Garzón Valdéz, C.E.C., Madrid, España.

Bidart Campos, G., y Carnota, W. (2001) Derecho Constitucional Comparado, Tomo I, Buenos Aires, Argentina, Ediar Ediciones.

6.2.

Fuentes bibliográficas

Aguilo Regia, J., Atienza, M. y Ruíz Manero, J. (s.f.) Fragmentos para una teoría de la Constitución. Madrid, España: Iustel.

De la Cueva, M. (2008) Teoría de la Constitución, Ciudad de México, México, Editorial Porrua.

Dworkin, R., m (1984) El imperio de la justicia, trad. de Claudia Ferrari, Gedisa, Barcelona.

Fernández Rodriguez, J.J. (2007). La justicia constitucional Europea ante el siglo XXI (Segunda ed.). Madrid, España: Editorial Tecnos.

Garcia de Enterria, Eduardo (1983). La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid, España: Jurista Civitas.

Haberle, Peter (2003). El Estado Constitucional. Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial.

Pérez Luño, A. (1998). Los derechos fundamentales. Editorial Tecnos S.A. Edición Madrid-España.

Varsi, E. (2013). Tratado de Derecho de Familia (1era ed., Vol. IV). Miraflores, Lima, Perú: Gaceta Jurídica S.A. 6.3.

Fuentes hemerográficas

Aragón, R. M. (1987). El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. En Revista Española de Derecho Constitucional N° 19.

Carbonell, M. (2007). El Neoconstitucionalismo en su laberinto. Ensayos recogidos, Madrid, Trotta.IIJ – UNAM. Fix Z. H. (1979). El derecho de amparo en México y en España. Su influencia recíproca. Revista de Estudios Politicos. Ciudad de México, México. Universidad Autonoma de México.

13

EL ARTÍCULO DEL MES - MAYO 2022 Dr. Angelo Abg. AnyeloSampen SampenTume Tume

Dr. Osman Ernesto Sandoval Quesada PRESIDENTE

Av. Echenique N°898 - Huacho www.pj.gob.pe

14