sumario
Nº 64. II Época. Mayo - 2025
LDATOS
EDITORIALES.
Coordinación: Mónica Muñoz. Para este número: Tino Brugos. Responsable del área de Política Sindical de la CI Consejo de Redacción: Secretariado Confederal de la Confederación Intersindical
Diseño y maquetación: Mónica Muñoz Montejano. Área de Comunicación de la Confederación Intersindical. Diseño de la portada: Mónica Muñoz Montejano.
Edición y Distribución: Confederación Intersindical.
Publicación Trimestral - ISSN 1576-3862. Depósito Legal: M - 17898 - 2000.
C/ Carretas, 14, 7º F, 28012 MADRID. Tel.:91 523 15 10. Correo electrónico: comunicacion@intersindical.es
Miembro fundador de la Internacional Educación (I.E.) y afiliado al Comité Sindical Europeo de Educación (CSEE).
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[3] 1º de Mayo. Ahora más que nunca, UNIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA.
[5] Intersindical Sanidad analiza la gestión de la pandemia y sus consecuencias en la sanidad pública.
Aroha Nicolás García.
[7] Solidaridad con el personal sanitario en Gaza.
Intersindical Sanidad.
[9] No soy rara, soy diferente. Mujeres con discapacidad en el mercado laboral. Sonia Blanco Esquivias.
[10] Negando la realidad. Organización de Mujeres del SF.
[11] Por un ferrocarril público, social y de calidad. Rafa Escudero.
[12] Por la vida, por nuestra vida, hacemos huelga. Josep Vicent Codonyer Soria.
[14] Salario VS IPC. La pérdida de poder adquisitivo del colectivo docente. Lorenzo Alberca García.
[16] La clase trabajadora paga la cuenta: El rearme militar a expensas de nuestros derechos.
Aroha Nicolás y José Gayoso.
[19] Lecturas recomendadas.
[20] XXI Delegación Asturiana de verificación de Derechos Humanos y Paz en Colombia. Tino Brugos
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1º Mayo
Día Internacional de la CLASE OBRERA
Ahora más que nunca, UNIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA
Se acerca nuevamente la conmemoración del 1º de mayo, Día internacional de la clase obrera con el que recordamos a los mártires de Chicago, condenados a la pena de muerte por su lucha en defensa de reivindicaciones obreras como la jornada de ocho horas. Como cada año, el 1º de mayo es un buen momento para hacer un balance de la situación de las clases trabajadoras a nivel mundial.
El pasado año nos encontramos con una situación internacional que se había cargado de tensión y denunciábamos que nos estaba acercando a una coyuntura en la que el peligro de una guerra generalizada volvía a convertirse en un escenario posible. Desgraciadamente esta situación ha seguido agravándose. Seguimos teniendo dos graves conflictos en marcha, uno como consecuencia de la invasión de un estado soberano por otro vecino y el segundo como culminación de un proceso de colonización que se ha desarrollado hasta alcanzar niveles de genocidio. Lo más sorprendente es la desaparición del escenario político de organismos supranacionales y multilaterales que puedan intervenir para buscar treguas que faciliten el inicio de procesos de negociación para una solución pacífica de los problemas que originaron los enfrentamientos. Los poderosos han decidido que entidades como las Naciones Unidas (ONU) no tienen ningún papel que jugar en estos conflictos.
Llevábamos varias décadas sin que las amenazas belicistas alcanzaran un nivel de peligrosidad como el actual. Ante ello
tenemos que repetir, alto y claro, que la guerra no es la solución a ningún conflicto. Que la clase obrera no tiene ninguna necesidad de arriesgar sus vidas para defender los intereses de minorías especuladoras, corruptas y oligárquicas que viven a costa de la explotación que garantiza este sistema económico favorable, siempre, a los grandes capitalistas. También tenemos que recordar que impulsaremos la oposición a la militarización de los presupuestos del estado. Ni un euro más para la industria del armamento, ni una vida más para las guerras imperialistas. Conviene recordar la existencia de varios bloques imperialistas y que ningún gobierno de los existentes en el mundo satisface plenamente las aspiraciones emancipatorias de la clase obrera.
Todo esto ocurre en medio del torbellino generado por la aplicación de políticas neoliberales que tienen como objetivo desmantelar las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora tras décadas de luchas para defender unos derechos que nos permitan acceder a unas condiciones de vida dignas. Estos logros se concretan en la existencia de sistemas públicos de salud, de vivienda, de pensiones o de educación, entre otros. Su origen reside en la necesidad de garantizar unas condiciones de vida saludables. Hoy, la codicia de los grandes especuladores ha puesto a los diferentes sectores públicos en el centro de unas políticas que buscan acabar con ellos para proceder a su progresivo desmantelamiento y privatización.
Una cosa queremos dejar clara: la crisis económica global que
se está gestando no es un asunto en el que la clase trabajadora tenga alguna responsabilidad. Sabemos que la responsabilidad recae en esa alianza de millonarios que aspira a gobernar el mundo a su antojo, por encima de las necesidades reales de la gente. Se trata de la misma corriente que pone trabas a dejar el poder cuando las elecciones democráticas no le conceden la mayoría que se precisa mantenerse en el mismo. Es la misma corriente que cuestiona la necesidad de políticas de igualdad y no discriminación. La misma corriente que prefiere poner en peligro la integridad del planeta antes que reconocer los riesgos ambientales y climáticos a los que la humanidad tiene que hacer frente cada día. No somos equidistantes porque tenemos claro dónde están los responsables de la deriva actual que padecemos a nivel internacional. Ahora bien, esto no significa que no sepamos que el mundo actual ha llegado a una situación extrema a partir de la gestión económica de una élite que profundiza en las desigualdades entre el norte y sur del planeta, que fomenta la explotación intensiva de los recursos naturales, que es responsable de grandes desigualdades que fomentan terribles flujos migratorios y se permiten el lujo de condenar a la miseria a continentes enteros.
Por lo tanto, anunciamos nuestra disposición para rechazar cualquier política que busque trasladar al conjunto de la clase obrera sacrificios que no nos corresponden. Hoy el mundo está gestionado por una serie de bloques que aplican siempre políticas contrarias a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la crisis del capital que la paguen los capitalistas.
Por nuestra parte seguiremos reclamando mejoras en nuestras condiciones laborales y de vida:
· Reducción de la jornada para vivir un poco mejor.
· Reducción de la edad de jubilación. Rechazamos la ampliación del periodo laboral hasta los 67 años como hizo la reforma del año 2011.
· Adopción de medidas para poner fin a la precariedad laboral con empleos estables. Traspasar al sector público la directiva comunitaria que obliga a estabilizar al personal interino con más de tres años de eventualidad. Fin al abuso de temporalidad.
· Garantizar las prestaciones sociales para la población vulnerable. Por un verdadero escudo social.
· Garantizar el funcionamiento de las pensiones públicas
rompiendo con la brecha de género.
· Adopción de medidas económicas que ayuden a avanzar en la transición ecológica que permitan limitar los efectos de la crisis climática.
· Planes de vivienda pública y control de los precios de los alquileres.
Ahora más que nunca, unidad y movilización de la clase trabajadora.
Ante la crisis sistémica que atravesamos, ante las guerras imperialistas, la destrucción del planeta, la precarización de la vida y la ofensiva contra los derechos sociales y laborales, es más necesario que nunca organizarse, unir fuerzas y pasar a la ofensiva. La clase trabajadora no puede quedarse a la espera mientras los poderosos consolidan su dominio a costa de nuestra salud, nuestro trabajo y nuestras vidas.
Es urgente reconstruir las redes de solidaridad, fortalecer las estructuras sindicales y populares, y articular una alternativa de ruptura con el capitalismo, basada en la justicia social, el feminismo, el antirracismo, el ecologismo y el internacionalismo.
La lucha es el único camino. La historia nos ha enseñado que nada nos ha sido regalado: todo ha sido conquistado con organización, lucha y determinación. Hoy, como ayer, el futuro será nuestro si no nos resignamos y si convertimos el 1º de mayo no solo en una jornada de conmemoración, sino también en un día de combate, denuncia y esperanza colectiva.
¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el 1º de mayo!
¡Por los derechos de todas y todos, organízate y lucha!
Confederación Intersindical 1 de mayo 2025
AÑOS 5PANDEMIA
INTERSINDICAL SANIDAD ANALIZA
LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA
Y
SUS CONSECUENCIAS
EN LA SANIDAD PÚBLICA.
Aroha Nicolás García
Sector Sanidad de la CI
Cinco años después del inicio de la pandemia de COVID-19, es obligatorio realizar una evaluación crítica sobre las consecuencias que ha tenido en el sistema de salud público español, así como en las condiciones laborales del personal sanitario. Desde la perspectiva del Sindicato de Clase Intersindical Sanidad, se evidencia una clara disonancia entre las promesas gubernamentales de mejora del sector y la realidad que enfrenta diariamente el colectivo sanitario.
En primer lugar, es innegable que la pandemia puso de relieve las debilidades estructurales del sistema de salud público La falta de recursos humanos suficientes y de materiales adecuados se tradujo en un desbordamiento de las capacidades del sistema. A pesar de que se habían realizado llamamientos para aumentar la inversión en salud pública, muchas de las reivindicaciones históricas del sindicato fueron ignoradas. Esto llevó a una sobrecarga sin precedentes del personal sanitario, quienes se vieron obligados a lidiar con un aumento significativo de la carga de trabajo sin recibir el apoyo necesario.
A medida que la pandemia avanzaba, las condiciones laborales se deterioraron drásticamente. El personal tra-
bajador del sector, que ya enfrentaba un desgaste físico y emocional considerable, se vió empujado al límite.
El uso prolongado de equipos de protección, junto con los turnos extenuantes y la incertidumbre constante, provocó un aumento en las tasas de ansiedad, depresión y agotamiento profesional. Este fenómeno, conocido como “burnout”, se ha convertido en un tema recurrente en los foros de discusión del sindicato, alertando sobre la necesidad urgente de medidas efectivas para la salud mental del personal sanitario.
Otro aspecto crítico para señalar es la precarización laboral que ha afectado a multitud de profesionales durante y después de la pandemia. A pesar de que se prome-
tieron mejoras en las condiciones laborales y de contratación, la realidad ha sido muy diferente. Muchos contratos temporales han permanecido sin cambios, perpetuando la inseguridad en el empleo. Además, existe una alarmante falta de reconocimiento y valorización por parte de las instituciones El aplauso y las palabras de gratitud expresadas por la ciudadanía durante
los momentos más difíciles han quedado truncas ante la falta de acciones concretas que respalden dicho reconocimiento.
Desde la Intersindical Sanidad, denunciamos la falta de diálogo social efectivo en la toma de decisiones que afectan al sector.
Las instancias consultivas y las mesas de negociación han mostrado una eficacia limitada, resultando en descuidos que impiden abordar los problemas estructurales del sistema sanitario. Esta desconexión entre los responsables de políticas públicas y los sindicatos de clase impide no solo encontrar soluciones eficaces, sino también crear un entorno laboral donde se priorice el bienestar del personal sanitario.
han cobrado un protagonismo especial, pero sin el respaldo de un aumento de recursos económicos y humanos, estas iniciativas quedarán en buenas intenciones.
Desde la Intersindical Sanidad insistimos en que se deben aumentar las inversiones en sanidad pública y cerrar las puertas a las vías privatizadoras, priorizando una atención digna y un ambiente laboral saludable para todos los profesionales.
Por último, es fundamental recordar que la reconstrucción del sistema de salud tras la pandemia no puede realizarse a expensas de los derechos laborales del personal sanitario. Las lecciones aprendidas deben traducirse en un compromiso real por parte de las autoridades, que contemple no solo la proyección de recursos, sino también la promoción de modelos de gestión inclusivos y participativos. Solo así podremos garantizar un sistema de salud robusto, resiliente y capaz de enfrentar futuros desafíos sin dejar de lado la dignidad y el bienestar de quienes lo sostienen día a día.
En conclusión, desde la óptica del Sindicato de Clase Intersindical Sanidad, la reflexión crítica sobre la gestión de la pandemia debe ser un punto de partida para exigir cambios profundos que beneficien tanto al sistema público de salud como a las personas trabajadoras. Es hora de seguir exigiendo; las con- diciones actuales no son aceptables y demandamos que se tomen en serio las demandas históricas y actuales del sector.
Desde la Intersindical Sanidad, sector sanitario de la Confederación Intersindical, hacemos un llamamiento a la solidaridad con las valientes y dedicadas trabajadoras y trabajadores del personal sanitario en Gaza, que en medio del caos y la violencia, arriesgan sus vidas para salvar al pueblo. La reciente revelación sobre el ataque israelí a un convoy de ambulancias en Gaza, que resultó en la muerte de 15 miembros del personal de emergencia, es otro acto deleznable del por parte del sionismo israelí y sus cómplices EE. UU. y la UE.
Es inaceptable que quienes se dedican a brindar atención sanitaria se conviertan en objetivos para ser masacrados. El personal sanitario del convoy, no solo llevaba uniformes visibles, sino que también respondían a una llamada de auxilio, una acción noble que refleja su compromiso inquebrantable con la vida humana.
La impunidad y la falta de rendición de cuentas ante estos actos nos muestran la urgente necesidad de una investigación indepen-
diente y exhaustiva. No podemos permitir que la violencia desmedida continúe silenciando a quienes luchan por la vida en el campo de batalla. La comunidad internacional debe alzar su voz y exigir justicia para los palestinos y las palestinas asesinadas y protección para quienes aún arriesgan todo para atender a las personas heridas.
Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y condenamos cualquier acción que atente contra la dignidad y la
vida del personal sanitario. Como sanitarias, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la vida deben ser pilares fundamentales en nuestra lucha. Desde la Intersindical Sanidad, instamos a todas las organizaciones y colectivos a unir esfuerzos en pro de la paz y la justicia social. No podemos mirar hacia otro lado; su lucha es nuestra lucha.
Secretariado de la Intersindical Sanidad
No soy rara, soy diferente. MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO LABORAL
Sonia Blanco Esquivias Organización de Mujeres de la CI
Si hablamos de las mujeres más perjudicadas para acceder a un empleo, sin duda alguna son las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad (así lo confirma la OIT). Ellas se sitúan en una tasa de desempleo más alta, menores salarios, más contratos temporales y menos oportunidades para ascender al mercado laboral que los hombres con discapacidad o el resto de mujeres sin discapacidad. El informe de la Fundación Eurofirms destaca la diferencia de empleo entre las mujeres con discapacidad y los hombres sin discapacidad y alcanza un 31% lo que deja ver la doble discriminación que sufren estas mujeres: su discapacidad y ser mujeres. Señala que alrededor de 841.000 de estas mujeres se encuentran en edad de trabajar en nuestro Estado y aunque se han dado pasos en cuestiones de inclusión laboral de estas personas, todavía queda mucho hacer.
Las mujeres en general tienen todavía la losa de la desigualdad
salarial respecto los hombres, así como, siguen enfrentándose a su dificultad de acceso a puestos de responsabilidad y condiciones laborales justas, si somos mujeres con alguna discapacidad todo será más complicado. Ante el mismo puesto de trabajo al que acudan a la oferta laboral dos mujeres igualmente preparadas para este, en un alto porcentaje de casos sería la mujer sin discapacidad la elegida.
Iniciativas para promover la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad existen. Hay centros que tienen como objetivo el apoyar a estas mujeres para facilitar su inclusión laboral. No debemos olvidar que el sentirse queridas y valoradas para poder realizar cualquier trabajo es para ellas el “pequeño empujón” que les hace ver que nos son “raras sino diferentes” en un mundo en que la diversidad de personas es cada vez mayor.
Existen ya leyes en nuestro Estado, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada en el 2013 y que recoge el artículo
42. En ella se recoge que las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores y trabajadoras reserven el 2% por lo menos para personas con discapacidad. Además de esta Ley existen otras normativas que regulan la incorporación de estas personas al mercado laboral: Real Decreto 870/ 2007 (regula un programa de apoyo para facilitar la integración de personas con discapacidad en el mercado del trabajo).RD 2271/2004 ( regula el acceso al empleo público guardando plazas para el acceso por discapacidad).La Ley 3/2023 (establece medidas para mejorar el empleo y la inclusión social).
Aun así encontramos muchos problemas todavía y debemos exigir al Estado un marco normativo que fomente la inclusión, la accesibilidad en todos los aspectos del mercado laboral de manera efectiva y con medios económicos que avalen estos proyectos inclusivos de manera pública. Las leyes no son efectivas, si no se cumplen.
JORNADAS DE FORMACIÓN DE LA OM
La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical cada año se forma para poder crear un mundo más igualitario en cualquier ámbito laboral.
“ Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que le separa del hombre “ Simone de Beauvoir
Organización de Mujeres del Sindicato Ferroviario de la CI
La sociedad avanza minuto a minuto, pero muchas empresas, lideradas en su mayoría por hombres —sí, con el techo de cristal hemos topado — siguen enarbolando la bandera del inmovilismo. Es el caso de ADIF.
Estamos inmersas en la negociación del III Convenio Colectivo y, con una oportunidad histórica para avanzar en derechos, igualdad, inclusión y diversidad, lo que estamos viendo es una clara involución.
Un Plan de Igualdad para cubrir el expediente
El Plan de Igualdad está caducado desde diciembre de 2023 y no se está haciendo seguimiento alguno. ¿Funcionan las medidas? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el número de mujeres en la empresa no
au -
menta: seguimos sin alcanzar el 20%. En áreas como Infraestructura, la infrarrepresentación es escandalosa: un 2,37%.
También sabemos que siguen siendo mayoritariamente las trabajadoras quienes solicitan permisos para el cuidado de menores y personas dependientes, reducciones de jornada, horarios flexibles… Y que ocupamos menos puestos de responsabilidad en jefaturas y direcciones.
Nada cambia. Y todo indica que así lo quieren mantener algunos. (No vaya a ser que sus privilegios peligren se vean mermados en algún pequeño aspecto). A ellos ya les va bien así.
¿Personas LGTBI? Bah, no serán tantas…
Hemos perdido otra oportunidad con la incorporación del RD 1026/2024 al Convenio Colecti-
vo. Tras numerosas reuniones, propuestas de las organizaciones y contrapropuestas cada vez más descafeinadas por parte de la empresa, nos llega a última hora un documento que no solo no mejora el texto del RD, sino que deja en situación de indefensión a las personas LGTBI. En lugar de considerar los comportamientos LGTBIfóbicos como faltas muy graves, se han limitado a calificarlos como agravantes.
Parecía que había consenso, pero la empresa tenía su estrategia: forzar la firma in extremis de un texto a su medida.
El perfil de las personas trabajadoras en ADIF está cambiando. La media de edad baja, entra savia nueva con una visión más inclusiva, pero quienes ostentan el poder siguen negándose a ampliar derechos para lo que consideran simplemente una “minoría”.
La realidad es otra. La sociedad avanza. Una persona joven de cada tres en España no se considera heterosexual, lo que convierte a nuestro país en uno de los que cuenta con mayor población LGTBI del mundo. Además, alrededor del 14% de las personas no se identifican como heterosexuales y cerca del 4% no se sienten representadas por las categorías binarias de hombre o mujer.
Los derechos no se negocian, se conquistan. Y seguiremos luchando por ellos. Porque lo personal es sindical. Y porque sin igualdad real, no hay justicia social.
El pasado día 26 de abril, a las 12 h desde la Estación de Atocha hasta Sol, las ferroviarias y los ferroviarios celebramos una Manifestación en defensa de nuestro futuro, en defensa de las empresas públicas y en defensa de un Ferrocarril Público, social, de calidad y al servicio de la ciudadanía.
Las razones para asistir a la Manifestación Ferroviaria del 26 de abril eran contundentes. Para las Trabajadoras y Trabajadores de RENFE y ADIF, para oponernos a las graves amenazas que tenemos en el horizonte a corto y medio plazo:
La aplicación de la segunda parte del Acuerdo suscrito por los sindicatos mayoritarios con el Ministerio de Transportes:
Transferencia de las acciones de la nueva sociedad Rodalies de Catalunya de Renfe Viajeros a la Generalitat de Catalunya en el plazo máximo de 2 años.
Cesión paulatina de los tráficos de Mercancías a Medway y derivación paulatina de mantenimientos a los proveedores de Medway, a lo largo de los próximos 5 años.
Traspaso paulatino de todas las líneas de Rodalies, mientras se desarrolla el Administrador Catalán de Infraestructuras Ferroviarias (Ifercat) en el camino de que este administrador sustituya en su posición al ADIF en el ámbito de Catalunya.
La Licitación de las Obligaciones de Servicio Público en todos los territorios y la previsible pérdida de contratos de OSP en favor de empresas privadas.
La indefinición e incertidumbre que se cierne sobre el Mantenimiento de Vehículos Ferroviarios de RENFE Ingeniería y Mantenimiento y sobre los Servicios Auxiliares de RENFE Logirail, en estos procesos de Rodalíes, Mercancías y OSP.
Para las usuarias y usuarios del ferrocarril y para las organizaciones sociales, ecologistas, de consumidores, de defensa de los servicios públicos, porque el futuro no puede entenderse sin un medio de transporte medioambientalmente sostenible y pensado, no para el lucro de 4 empresarios sino, para que se preste el mejor servicio a la ciudadanía, cambiando la gestión y sus gestores y apostando por un ferrocarril público y social, operado y administrado por las empresas públicas RENFE y ADIF.
RENFE y ADIF son empresas públicas que prestan un servicio que se configura como un derecho fundamental, el derecho a la movilidad. Sin embargo, las direcciones políticas impuestas por gobierno de todo signo político han venido utilizando el ferrocarril público como una suerte de juguete que hay que poner en el mercado sin pensar en su labor como servicio público. Solo así puede entenderse la obsesión por ir a operar a Arabia Saudí, a Francia, a la Republica Checa, a Mexico, a Texas, etc., mientras se tiene abandonado el servicio en el Estado Español o mientras se nos pretenden expulsar de la prestación del servicio en Catalunya.
Las ferroviarias y los ferroviarios defendemos nuestras empresas públicas, su integridad, como la única formula para prestar el mejor servicio a la ciudadanía, y el obstáculo más grande que tenemos es la ignominia de las políticas que se vienen implantando, que solo piensan es espurios intereses partidistas o el despreciables intereses económicos para las elites, en detrimento del derecho fundamental a la movilidad del conjunto de la ciudadanía.
Rafa Escudero
Portavoz del Sindicato Ferroviario de la CI
Por la vida, por nuestra hacemos huelga!
Josep Vicent Codonyer Soria
Área de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Intersindical Valenciana.
El 29 de octubre el gobierno valenciano puso en peligro la vida de miles y miles de valencianas y valencianos. La inacción, la incompetencia y la irresponsabilidad del poco honorable presidente de la Generalitat Carlos Mazón y de su Consell ese día, los días previos y las semanas posteriores ha tenido graves consecuencias para todas nosotras: 230 personas muertas, miles de heridas y centenares de miles de víctimas traumatizadas.
Ese día, miles de trabajadoras y trabajadores en el territorio afectado perdimos un derecho fundamental: el derecho a la vida. Ese día muchas personas fuimos sorprendidas por la riada del rio Magro y las barrancadas varias en nuestros llugares de trabajo o itinere de camino de vuelta a nuestras casas. Nadie nos avisó, nadie nos protegió, nadie nos rescató. Los que tuvieron más suerte, pasaron horas y horas de esa noche encima del tejado de la empresa, en un altillo, encima de un camión o de un puente en muchas autovías. Otras sufrieron horas agarradas a una farola, un árbol o una reja recibiendo en su cuerpo los
golpes de coches, troncos y contenedores arrastrados por las aguas. Otros se quedaron encerrados durante toda la noche en comercios con el agua al cuello temiendo por su vida. Mientras que a 230 personas se les arrebató la vida. Y todas, todas, todas sufrimos los recortes y la privatización de los servicios públicos de emergencias. A miles y miles de víctimas nadie les cogió el teléfono en el 112, nadie les fue a rescatar, nadie les avisó del peligro.
Con la pandemia y las diferentes danas, que hemos sufrido en el País Valencià los últimos años, hemos podido comprobar la im-
vida,
portancia de tener unos buenos servicios públicos, bien dotados materialmente y humanamente de personas especializadas. Desgraciadamente con las políticas del patriarcado neoliberal del Partido Popular hemos visto como se privatizaban servicios públicos esenciales como el 112, se clausuraba la Unidad de Emergencias Valenciana, se recortaba en bomberos i bomberos forestales o se privatizaba la gestión de hospitales, residencias de personas mayores y la educación de nuestros infantes. Estas políticas que priman los intereses económicos, el beneficio de unos pocos, sobre el bien común y la protección del bienestar de toda la sociedad ponen en peligro nuestra vida. Esto desgraciadamente lo hemos podido comprobar el pasado 29 de octubre y les semanas posteriores donde a la población se nos ha abandonado a nuestra suerte.
Parece que nada hemos aprendido. Continúa el desgobierno en la Generalitat Valenciana. Continúan las políticas de privatización de los servicios públicos esenciales, de urbanización en zonas inundables, de abandono de las escuelas públicas destruidas por la dana Porque todas y todos sufrimos un gobierno que antepone su bolsillo y sus intereses económicos al derecho a la vida, os convocamos a las valencianas y valencianos a la huelga general el próximo jueves 29 de mayo. Por el pasado, el presente y el futuro. Por dignidad, por las víctimas y por la vida: ¡Vaga general!
COMUNICADO
13 de MAYO
SALARIO VS IPC La pérdida de poder adquisitivo del colectivo docente
2010-2024
¿Cuánto dinero has perdido como docente en los últimos años?
• Las últimas subidas salariales son totalmente insuficientes y sigue sin recuperarse las pagas extras íntegras.
• Hay que subsanar la pérdida de poder adquisitivo del profesorado, mediante un acuerdo salarial que corrija estas deficiencias y ligue el sueldo al IPC a futuro, antes de reformar la profesión docente.
• La pérdida de poder adquisitivo es uno más de los muchos factores que contribuyen a la “Gran deserción” por parte del profesorado.
Desde el 2010, el Índice de Precios de Consumo estatal (IPC) ha aumentado un 36,4 %, muy por encima del crecimiento salarial de los docentes, que apenas ha alcanzado un 14,5 % en promedio para todos los cuerpos docentes y territorios. Esto supone una pérdida de poder adquisitivo del 21,9 %, que es un dato que ya de por si puede asustar.
Sin embargo se trata solamente de una foto fija de la situación actual, y hasta que no se traducen los datos porcentuales acumulados desde el 2010 a términos absolutos, no es cuando nos damos cuenta de que el impacto es devastador. Por poner un par de ejemplos, con 15 años de antigüedad, en promedio para todos los territorios y niveles (A1 y A2), un docente ha dejado de percibir 58.160 €, que pueden llegar a los 83.075 € con 35 años de servicio en algún territorio.
Esto contrasta con lo que ocurre con otros sectores para el mismo periodo de estudio. Según la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias de la Agencia Tributaria, los sueldos se han revalorizado un 30,4 %. Los datos que arroja el Ministerio de Trabajo y Economía Social acerca de los convenios colectivos, se sitúan en un incremento del 30,7 %. Así mismo, el salario mínimo interprofesional ha experimentado una subida del 79,1 %.
A comienzos de este 2025, el Gobierno anunciaba una subida adicional del 0,5 % para los docentes, que se sumaba al incremento del 2 % ya aprobado para 2024. Esta subida salarial solamente podemos calificarla como de completamente insuficiente y que en
Lorenzo Alberca García Miembro del Secretariado de STEs-i
ningún caso compensa el deterioro económico sufrido durante los últimos años.
La clave del problema radica en que las subidas salariales no han estado vinculadas al IPC, lo que ha generado un desfase creciente entre los ingresos del profesorado y el aumento del coste de la vida, especialmente desde el 2010, verdadero punto de inflexión consecuencia de la crisis económica
A esto se suma la pérdida de pagas extraordinarias que ya denunciamos y exigimos que se recuperaran íntegramente al Gobierno a través de la Confederación Intersindical – STEs. La Ley 30/1984 establecía que las pagas extraordinarias debían equivaler, como mínimo, a una mensualidad completa de sueldo y trienios. Sin embargo, con la crisis de 2008, el Real Decreto-ley 8/2010 redujo su cuantía en torno a un 40 %, un recorte que aún persiste y que se traduce en una cuantía de hasta 18.344 € desde entonces dependiendo de la antigüedad. Mientras tanto, los trabajadores del sector privado han seguido percibiendo sus pagas íntegras.
El personal público ha ejercido un gran papel en la recuperación del país: con bajadas de sueldos tras la crisis, con un «préstamo obligado» al Estado con la supresión de la extra de Navidad de 2012 que fue
devuelta años después sin intereses, así como su especial contribución durante la pandemia.
Por ello, el Gobierno debe revertir la situación a través de un nuevo acuerdo salarial, que en primera instancia elimine ese 21,9 % de pérdida de poder adquisitivo, para después ligar el sueldo a las variaciones del IPC.
Ponemos a vuestra disposición una CALCULADORA a través de la cual, podéis estimar en función de la antigüedad y el nivel la cuantía perdida, o dicho de otro modo, el sueldo que habéis dejado de percibir como consecuencia de la no ligazón del mismo a las variaciones del IPC durante estos últimos 15 años (2010-2024)
La pérdida de poder adquisitivo (PPA) mostrada es en bruto, por lo que habría que aplicarle las deducciones que en cada caso correspondan, que pueden variar entre el 8 y el 30 % (IRPF, Seguridad Social, Muface, etc.)
A la hora del cálculo, asumimos las siguientes hipótesis:
1. Se considera que hay pérdida de poder adquisitivo solamente desde 2010, que también es cuestionable, pero por simplificar se ha fijado como origen.
2. Se cuenta con todos los trienios y sexenios correspondientes en función de la antigüedad.
3. No se incluye ningún complemento por cargo (equipo directivo, jefatura de departamento, etc).
Con la reforma de la profesión docente que plantea el Ministerio de Educación, FP y Deportes, y que ya ha comenzado a negociarse, queremos dejar claro que la carrera profesional que pretenden implantar y la posible revisión de los sueldos ligada a la evaluación docente, en ningún caso puede compensar esta pérdida de poder adquisitivo. Primeramente hay que negociar una subida salarial digna antes de reformar la profesión docente. Si no es así, los y las docentes seguiremos perdiendo poder adquisitivo.
LA CLASE TRABAJADORA PAGA LA
CUENTA: El rearme militar a expensas de nuestros derechos.
Una llamada a la Unidad Internacional de la Clase Trabajadora.
Aroha Nicolás y José Gayoso Área Internacional de la CI
En un momento histórico donde la lucha de clases se intensifica y las contradicciones del sistema capitalista se hacen cada vez más evidentes, es imperativo que la clase trabajadora tome conciencia sobre el creciente aumento del gasto militar que, lejos de ser una medida de seguridad, se traduce en un ataque directo a nuestros derechos y condiciones de vida
El proyecto de la Comisión Europea ‘Preparación 2030’, inicialmente llamado ‘Rearmar Europa’ fue modificado a petición de países como el Estado español e Italia por considerar que el nombre estaba excesivamente ‘cargado’ y corría el riesgo de alienar a la ciudadanía, es una multimillonaria iniciativa para re -
armar Europa. Se pretenden gastar más de 800.000 millones de euros para inversión militar y para ello se pretende movilizar capital privado, la implicación del Banco Europeo de inversiones, préstamos por valor de más de 150.000 millones de euros y se pide que se aumenten el uso de la financiación pública en defensa a nivel nacional a través de una mayor flexibilización fiscal. Una flexibilización fiscal que jamás se dio para reforzar los servicios públicos y que fue la herramienta para estrangular la economía de países como Grecia, Italia o el propio Estado español pero que hoy, a manos del capitalismo europeo y la influencia de la industria armamentística, sirve para aumentar el gasto en armamento. Todo ello, en un contexto en el que se ha extendido, de manera deliberada y estratégica, una sensación de alarma y urgencia de la necesidad del rearme basada en la retórica de la amenaza y en el énfasis en el poder de disuasión de las armas.
La reciente decisión del Gobierno del Estado español de aumentar el gasto militar por encima de los 10.470 millo -
nes de euros, fomentando así un incremento exponencial en el presupuesto militar que alcanzaría este año el objetivo de invertir el 2% del PIB en esta área, es una muestra más de cómo el Estado español se rinde a la política del rearme, se alinea con los intereses de la OTAN y como el capitalismo, influenciado por el poder de la industria armamentística, prioriza la guerra sobre el bienestar de la ciudadanía.
El crecimiento de movimientos de extrema derecha en diferentes países europeos complica aún más esta situación. Estos grupos, que promueven el nacionalismo xenófobo y la discordia, encuentran en el militarismo un terreno fértil para legitimar sus demandas y consolidar su poder. A través de discursos que justifican el aumento del gasto militar bajo el pretexto de la “defensa nacional”, buscan fortalecer un Estado que prioriza la represión sobre el bienestar social. En este marco, los sindicatos y los movimientos obreros debemos estar alerta: detrás de cada aumento en el gasto militar, hay recursos que se desvían de la educación, la salud y la inversión en empleo digno.
Por supuesto, el auge del gasto militar es un fenómeno que no solo se circunscribe al Estado español; es una tendencia global que refleja el carácter belicista de un sistema que necesita de conflictos para mantener su funcionamiento. En este sentido, mientras nuestros gobiernos optan por invertir miles de millones en armas, los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la vivienda se ven gravemente amenazados por recortes presupuestarios. Algunos ejemplos claros de esta tendencia son las declaraciones realizadas por el primer ministro de Países Bajos que concluyó que para alcanzar los objetivos de gasto militar de la OTAN y la UE podrá requerir ‘sacrificios en salud y gastos sociales’, el pri -
mer ministro de Finlandia ha admitido que su país ha tenido que aplicar dramáticos recortes en gasto público o del gobierno laborista del Reino Unido que ya ha sido señalado por planear recortes sociales drásticos para cumplir con las exigencias de aumento del gasto militar.
Esta situación revela la clara voluntad de las élites de despojar a la clase trabajadora de sus derechos fundamentales, relegando nuestras necesidades a un segundo plano en aras de alimentar el complejo industrial-militar.
Desde la Confederación Intersindical, denunciamos esta política injusta y egoísta que
prioriza los intereses bélicos por encima de las necesidades básicas de la ciudadanía y anula las esperanzas de una sociedad más justa y equitativa. Las decisiones que se toman en despachos ajenos a la realidad de las trabajadoras y los trabajadores no pueden seguir marcando el rumbo de nuestras vidas. Cada euro destinado a armamento es un euro menos para educación pública, para atención sanitaria, para la creación de empleos dignos y para una vida sin precariedad. La lucha por nuestros derechos no puede esperar, y es aquí donde llamamos a una movilización conjunta y coordinada entre sindicatos y organizaciones de la sociedad civil a nivel europeo.
La necesidad de articular una respuesta sólida frente a esta ofensiva capitalista es urgente. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se incrementa el gasto militar a costa del bienestar de grandes sectores populares. Tenemos que oponernos a cualquier tentativa de socavar los intereses de la clase trabajadora , como la defendida por el Secretario General de la UGT, Pepe Álvarez, de crear un “impuesto, con carácter general, para todos los ciudadanos de la Unión Europea que pueda financiar esa política de defensa que (...) no es solo de rearme”.
Es fundamental que los sindicatos de clase nos unamos en un clamor unánime contra esta deriva destructiva. El capitalismo ha demostrado
ser incompatible con la paz y la justicia social y es tarea nuestra, como trabajadoras y trabajadores conscientes y organizados, superar estas estrategias que nos dividen y trabajar para avanzar en un nuevo modelo de seguridad humana desmilitarizado y cooperativo que dé prioridad a las personas.
La respuesta a la creciente amenaza del belicismo y de la extrema derecha no puede ser otra que la unidad. Es necesaria la unión sindical en torno a una agenda que priorice la paz, la justicia y el bienestar de la clase trabajadora. Por eso, desde la Confederación Intersindical, nos sumamos a iniciativas como la campaña ‘STOP REARM EUROPE’ que se oponen al aumento del gasto militar y se aboga por
una nueva visión de la seguridad basada en la seguridad social, ecológica y común que prioriza la diplomacia y la construcción de la paz.
Nos sumamos, por lo tanto, al llamamiento global por el desarme y la desmilitarización. No desde la ingenuidad, sino desde el pleno convencimiento en que el rearme y la militarización conllevan más austeridad y recortes en los servicios públicos, aumento de la deuda, más fronteras, una mayor profundización del racismo y seguir avanzando desenfrenadamente en el cambio climático.
No caigamos en las trampas de quienes abogan por la
guerra como instrumento de política exterior. La verdadera seguridad reside en garantizar una vida digna para toda la población, donde la salud, la educación, la vivienda y el trabajo sean considerados derechos fundamentales y no mercancías.
Por ello, es nuestra obligación, como sindicato de clase, afrontar este reto de manera decidida y proactiva, construyendo, desde nuestro centro de trabajo, nuestro barrio y nuestra localidad, alianzas estratégicas con otros sindicatos y movimientos sociales que compartan nuestra visión de un mundo sin guerras ni desigualdades.
LA MEMORIA RECIENTE. LUCHA ANTIFRANQUISTA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Varios autores
Andavira Editora
ISBN: 9788412975802
En este libro se recoge un sentir colectivo y a su vez trayectorias individuales de mujeres y hombres que construyeron una nueva sociedad
Jerónimo Ríos Sierra
Los Libros de la Catarata
ISBN: 9788490972571
Esta obra sintetiza las más de cinco décadas de conflicto armado para comprender la complejidad de la violencia en Colombia, pero, igualmente, los nuevos horizontes y desafíos para la seguridad, una vez se ponga fin a un conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos.
BREVE HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Tino Brugos
Área
de Política Sindical de la CI
El pasado mes de marzo se produjo la visita a Colombia de la XXI Delegación asturiana de verificación de DD.HH. en ese país. Durante dos largas semanas un grupo formado por 21 personas recorrimos buena parte de ese país para recibir las quejas de sectores de la sociedad civil deseosos de testificar sobre algunos aspectos lesivos para las personas que viven en Colombia. Es importante señalar que se trata de la edición XXI de esta iniciativa que no se detuvo ni siquiera durante el año más complicado de la pandemia del Covid 19.
Como en ocasiones anteriores, el itinerario a seguir viene marcado por la existencia de demandas previas procedentes de diferentes sectores de la sociedad civil colombiana afectados por oleadas de graves violaciones de los DD HH como son las amenazas, agresiones, señalamientos o asesinatos de personas que juegan un papel importante como líderes o lideresas sociales. En esta ocasión, la Delegación recorrió toda la región del Magdalena medio, desde el enclave petrolero de Barrancabermeja hasta Valledupar, en el departamento de Cesar antes de llegar a la costa del Caribe por La Guajira. Una parte de la delegación se dirigió hacia el departamento de Santander para alcanzar la región de Catatumbo, donde se produjeron graves acontecimientos unos meses antes que generaron una importante crisis humanitaria.
Al igual que en ocasiones anteriores, la composición de la Delegación estaba marcada por la presencia de una diversidad de personas surgida de la sociedad civil asturiana, fundamentalmente: organizaciones sociales de carácter sindical, juvenil, ambiental, coordi-
nadora de ONGs, Conceyu de la Mocedá del Principau (CMPA), representaciones del mundo de la política, significativamente IU y Podemos así como del ámbito institucional, Parlamento autonómico o Junta General y Gobierno asturiano, siempre pertenecientes a la parte de I.U. A esto habría que añadir la presencia de una persona que trabaja en temas referidos a ayudas a inmigrantes colombianos en Madrid. De SUATEA estuvimos tres personas, una de las cuales llevaba también la representación de la Confederación Intersindical la cual ha estado presente en diferentes delegaciones desde que comenzaron a enviarse a Colombia.
En lo que se refiere a la contraparte, los trabajos de la Delegación no habrían sido posibles sin la implicación de las organizaciones colombianas: campesinas, de mujeres, de víctimas de la violencia, de jóvenes, indígenas y sobre todo sindicales. A este respecto cabe señalar el sector docente representado por FECODE, presente en la totalidad del territorio colombiano así como el sindicato petrolero USO, el industrial SINALTRAINAL y la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) que agrupa a todas ellas. A destacar la fortaleza y seriedad con la que trabaja esta red de asociaciones, muchas veces en condiciones de hostigamiento sistemático por parte de grupos paramilitares, especialmente en zonas rurales, defensores de los intereses de grandes terratenientes oligárquicos o empresas multinacionales que explotan recursos naturales con políticas extractivistas que no respetan ni el equilibrio ambiental ni los intereses de las comunidades que viven en las zonas afectadas. Todo ello, con el apoyo del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Esa fortaleza es la que permitió atravesar zonas en las que la seguridad requiere una especial atención para los desplazamientos y los contactos con la población civil, temerosa en muchos casos de que sus testimonios puedan ser utilizados posteriormente en su contra. El miedo es una realidad omnipresente y palpable que obliga a encuentros privados con personas denunciantes. Garantizar la seguridad requirió la utilización de esquemas de seguridad prestados por las organizaciones sociales colombianas a las que hay que agradecer su despliegue de atenciones y desvelos. La Delegación viajó en aviones para vuelos internos, se desplazó en vehículos de seguridad, por río
en lanchas motorizadas, en furgonetas y remolques, utilizamos transbordadores para cruzar ríos y también en moto, siempre con una seguridad garantizada. En cada localidad se nos recibió con enorme cariño y con la presencia de muchas personas deseosas de contar sus dolorosas experiencias sufridas, alguna de las cuales trasladamos a organizaciones colombianas como la Defensoría del Pueblo o la delegación de Naciones Unidas.
Vivimos lo que denominamos un continuo tobogán de emociones: visita a una finca ocupada en fase de recuperación para la producción agrícola; visita a una comunidad rural asentada sobre una gran propiedad requisada por el es-
tado colombiano que en su día perteneció a un poderoso líder paramilitar; nos emocionamos con las mujeres de Barrancabermeja cuando nos enseñaron la sede de la Organización Femenina Popular (OFP) y al museo de la memoria de las mujeres; participación en un emotivo acto de aniversario en memoria de dos sindicalistas víctimas de la violencia paramilitar en Valledupar, con presencia de sus familiares o cuando un grupo de mujeres de Barranquilla, se desplazaron hasta la Guajira para comentarnos sus experiencias vitales marcadas por una brutal violencia feminicida. En la Guajira nos acompañó Dalia Molina, activista local perseguida y acosada que ha tenido que huir de su tierra. En esta ocasión, aprovechó la pre-
sencia de la Delegación para volver a hacerse presente en el territorio desafiando a sus acosadores.
Una segunda parte de nuestra misión se desarrolló en Bogotá, donde continuamos recogiendo información y denuncias: situación de presos y presas de carácter político, caso de Simón Trinidad, preso colombiano en una cárcel norteamericana desde hace años, reuniones en la Embajada española, con la delegación de Naciones Unidas, participación
en movilización en favor de las reformas impulsadas por el actual gobierno de Gustavo Petro, presencia en una reunión de FECODE con responsables sindicales de derechos humanos o con la ONIC (Organización Nacional Indígena), en cuya sede hicimos la presentación de un Informe preliminar que recoge las denuncias recibidas durante todos estos intensos días de trabajos.
En fechas cercanas se hará público el Informe definitivo. A grandes rasgos, se hará refe-
rencia a los limitados avances que se pueden observar en algunos aspectos de la realidad social del país con el gobierno actual. Existe un temor entre las organizaciones ante lo que consideran un ascenso, de momento contenido, en el accionar de algunas organizaciones paramilitares. Hay una larvada división entre quienes valoran muy positivamente los logros alcanzados y quienes denuncian las limitaciones de los mismos porque, afirman, tener el gobierno no significa detentar el poder real.
La amenaza de un avance de posiciones de extrema derecha y paramilitar obliga a incentivar la búsqueda de espacios unitarios en el próximo futuro porque las amenazas siguen existiendo, con el incremento de una violencia que nunca acabó del todo que continúa llevándose por delante decenas de vidas de personas comprometidas con los diferentes movimientos sociales colombianos.
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