Comisión de Permisos CIAPR Propuestas Comisión de Permisos Infraestructura 2030
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De la Hoja de datos de las tendencias en las clasificaciones del informe “Doing Business 2020” del Banco Mundial, para América Latina y el Caribe; México ocupa el puesto 60 seguida por Puerto Rico (Estados Unidos) (65) y Colombia (67). Otras economías importantes en la región y su clasificación son Brasil (124) y Argentina (126). Las Economías que ocupan los lugares más bajos en la clasificación son Venezuela (188), Haití (179) y Surinam (162). A pesar de que la Posición competitiva de Puerto Rico en el 2020 frente a otras jurisdicciones y países es la segunda en la región esta posición #65, nuestro desempeño se ha deteriorado con el pasar de los años pues cuando empezamos a revisar y enmendar leyes y reglamentos de permisos en el 2009, estábamos en la posición de 32 del reporte “Doing Business de 2009”. Se aprobó la ley 161 (ciento sesenta uno) en el 2009, para mejorar nuestra competitividad sin embargo ahora en el 2020, los procesos se han complicado tanto que ocupamos la posición 65 de los 191 países reportados. Esta posición está muy por debajo de los Estados Unidos de América, que ostenta la posición número seis (seis) en el reporte de “Doing Business 2020” del Banco Mundial. Estos datos son indicio de que debemos de mirar que se hace en Estados unidos para poder hacer enmiendas en nuestros procesos de permisos que nos acerquen al desempeño de los Estados Unidos. Trámites de permisos en PR Permiso de Construcción y Uso (Ahora Permiso Único) Iniciar una construcción en Puerto Rico requiere hasta 22 trámites en la OGPe y distintas agencias, comparado con el promedio de 15,7 en el resto de Latinoamérica, y 12 para los miembros de la OCDE, de acuerdo con el informe de este año del Doing Business 2020. Los Municipios Autónomos con oficinas de Permisos son las principales piedras en el camino para obtener un permiso de construcción y uso, seguidas de los requisitos ambientales. Es nuestro interés en que se mejoren la claridad y el manejo de los procedimientos y trámites necesarios para realizar una obra, porque actualmente este problema representa hasta un 5% del costo de cada obra. El impacto social de los retrasos en la obtención de permisos de construcción y usos de las obras constructivas importantes como las de infraestructura está costándonos la generación de miles de nuevos empleos tan necesarios luego de la crisis causada por el Covid 19 en la economía de la isla. . A priori, una de las acciones para mitigar esta dificultad es migrar todos los trámites a tramites digitales y revisar aquellos que sean obsoletos, de ahí que será necesaria la
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coordinación inter-agencial para lograr este objetivo, la cual deberá de ser liderada por las Cámara Legislativas con participación de Instituciones profesionales como el Colegio de Ingenieros. Otro motivo para resolver este problema burocrático es que la construcción en el país vuelve a ver la luz después de tener crecimientos bajos o negativos en desde más de una década. Además de que un alivio en los procesos de permisos incentivará la construcción y establecimiento de pequeña y medianas empresas que son el motor de la actividad económica en Puerto Rico. Con la inyección de fondos de recuperación el panorama para los próximos cinco años debería de ser positivo, tanto en el área pública como privada; las promesas del nuevo gobierno y el diálogo presente entre diversos actores generan esperanzas de recuperación por lo que esta comisión de Permisos presenta mejoras puntuales para que puedan ser integradas en el Plan para Puerto Rico 2030. Propuestas conseguir un sistema de permisos ágil y eficiente tan imprescindible para el desarrollo económico del país. Esta comisión ha analizado y aportado con nuestras experiencias profesionales y conocimientos con la intención de dinamizar y agilizar la tramitación de permisos, en beneficio de los distintos sectores de la comunidad y del desarrollo económico de la isla. Por lo que a continuación presentamos nuestras recomendaciones puntales para acelerar los procesos de permisos. Propuesta Puntuales:
Revisión de Permisos Único para separar las necesidades de usos que son exclusivamente estructurales (códigos vigentes de construcción entre ellas salud y bomberos y requisitos de ordenación) de los requisitos de operación exigidos a facilidades o negocios Ejemplo de la dificulta que promueve el retraso en los procesos Las agencias concernidas, han pasado a la OGPE todos los requisitos burocráticos de trámites relacionados a licencias de operación, ahora el propietario o proponente de un establecimiento donde se expenden bebidas alcohólicas tiene que incluir una lista de anejos tales como: Certificado de buena conducta, negativa de ASUME, certificado de radicación de planillas, negativa de Hacienda, Negativa del CRIM, entre otras, para conseguir un “Permiso Único”, equivalente al viejo permiso de uso.
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Reducir trámites que la OGPe y distintas agencias, solicitan para la otorgación de un permiso de construcción y/o uso, En el ejemplo anterior porque sería necesario un Certificado de buena conducta, negativa de ASUME, certificado de radicación de planillas (en negocio nuevo), negativa de Hacienda, Negativa del CRIM, entre otras para conseguir un “Permiso Único” o de uso.
Restablecer los productos de “Certificación Sanitaria o de Salud Ambiental” y “Certificación de Bomberos “que están descrito en la ley de permisos y que la OGPe y su división de contractibilidad han eliminado. Otro ejemplo de la crisis en la tramitación de permisos lo vemos en el caso de restaurantes o establecimientos donde se prepara o venden alimentos. La OGPe ya no emite el producto de “Certificación Sanitaria o de Salud Ambiental” y es el Departamento de Salud, con la crisis en la que se encuentra desde antes de la pandemia, la agencia que inspecciona y emite las Certificaciones de Salud. Esto ha creado un estancamiento en todos los permisos de restaurantes y establecimientos donde se preparan y se venden alimentos. Ahora la emergencia de Coronavirus ha agravado la situación para estos comerciantes, pues se están preparando y vendiendo alimentos -con entrega a domicilio- preparados por individuos que trabajan en sus cocinas residenciales, sin ningún protocolo ni controles sanitarios, lo que promueve la operación de negocios informales, en detrimento de todos los establecimientos tipo restaurant que son altamente regulados.
Revisar el Reglamento Conjunto para tener un reglamento ágil sencillo y dinámico quitándole su estatus cuasi judicial y que sea la legislatura con representación de la Junta de planificación y el sector empresarial y profesional los que participen en la redacción de este nuevo documento para la regulación de la construcción y que en caso de que el documento preparado y aprobado conflija con las leyes de permisos o retrasen los procesos de permisos este reglamento sea revisado con prioridad para ajustarlo a los propósitos y objetivos declarados en la exposición de motivos de las leyes vigentes. Lo que estamos experimentando con el nuevo reglamento conjunto del 2019 es que en vez de tener avance con el permiso único lo que ha creado es un caos y retrasos en la expedición de permisos, pues las agencias concernidas en vez de flexibilizar los procesos y hacerlos menos burocráticos lo que han hecho es
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pasarle a la OGPe toda su burocracia y hacer los procesos de la OGPE más lentos. Es de conocimiento de esta comisión que la Junta de Planificación está en el proceso de revisar el Reglamento Conjunto para tratar de resolver esas situaciones, específicamente dilación y burocracia del nuevo reglamento, por lo que se hace necesaria nuestra participación como institución colegiada.
Que se reconozca la capacidad de Los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura en de realizar Inspecciones de Bomberos y Salud Ambiental según establecido en la ley vigente y que la OGPe se niega a cumplir con lo estipulado en la ley 151 artículo 3.3, bajo el alegato de que el Reglamento Conjunto “no permite” esa gestión a los ingenieros y arquitectos, y solamente menciona a “profesionales autorizados” e “Inspectores Autorizados”, como profesionales externos autorizados a emitir estos certificados, lo cual no es cierto bajo la ley vigente. El Articulo3.3 de Ley 151-2013 enmienda la ley Numero 161 de 2009. Ese articulado no ha sido enmendado ni derogado en leyes y reglamento posteriores. En esta Ley, artículo 3.3 inciso l, se dispone entre las facultades y deberes y establece que los Gerentes de Salud, Seguridad y Edificabilidad de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) “...También recibirán certificaciones de cumplimiento de los arquitectos e ingenieros licenciados al amparo de la Ley 1351967, según enmendada. Tales determinaciones serán consideradas una determinación final de la Oficina de Gerencia de Permisos. Los Gerentes de Permisos...remitirán al Director Ejecutivo...sus recomendaciones mediante comunicación escrita. El Director Ejecutivo...expedirá la correspondiente notificación de la determinación final.” Con solo aplicar estas disposiciones de ley, los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura ayudarían a resolver el gran problema de estancamiento de permisos. Uno de los grandes problemas del sistema es considerar que el Reglamento Cuasi judicial pasa a ser ley escrita en piedra, siendo que los funcionarios de la OGPe, tanto personal técnico, legal y gerencial, entienden que el reglamento se encuentra por encima de la ley. Necesitamos Leyes claras y precisas y reglamentos flexibles y dinámicos que se puedan ajustar a las cambiantes necesidades de nuestra comunidad.
En el Plan de Reconstrucción aprobado por HUD hay unos requisitos de construcción verde. Estimamos que la reconstrucción de PR en el Programa R3,
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se debe seguir el “Código Internacional de Construcción Verde”, además, seguir las guías locales establecidas en la Ley de Permisos y el Reglamento relacionado con la construcción verde.
El CIAPR tiene profesionales con las credenciales de LEED AP con amplio conocimiento de las guías y el código de construcción verde , por esto es imperativo que el organismo profesional participe en la redacción de los reglamentos y guía de construcción verde pues los funcionarios de la OGpe no entiende la diferencia entre los códigos de construcción verde y las guías LEED del “Green Building Council “, pues estas no son códigos de construcción verde sino un sistema de puntuación para certificaciones de edificios verdes. Es evidente que en el organismo principal de la planificación en Puerto Rico escasea EL personal con conocimiento actualizado para procurar que los programas de rehabilitación de Puerto Rico se cumplan con los requisitos de construcción verde y resiliencia. De ahí la importancia y urgencia nuestra intervención, pues en su matrícula cuenta con muchos especialistas LEED AP, BD&C., que podrían asistir al gobierno de Puerto Rico para que los procesos de rehabilitación cumplan con los requisitos de construcción verde requeridos por HUD. En el COR3 le ha dado las cartas de intención a los contratistas de reconstrucción y no se ha impulsado ni se ha hecho nada con los requisitos de permiso verde. Es de suma importancia que en estos proyectos de reconstrucción -que apenas van a comenzar- se cumpla con el plan aprobado en lo referente a resiliencia y construcción verde.
En el sistema de permisos se tiene que diferenciar entre segregación y lotificación; hay 13 instancias en la que se puede segregar una finca. Una segregación es una acción legal y nada tiene que ver con lotificación para propósitos urbanísticos. Una Lotificación es una de estas instancias en donde se segrega para realizar proyectos de urbanización. Actualmente en la ley y reglamento solo se establece la lotificación. El que las segregaciones en cada una de sus instancias no estén definidas en la ley de permisos o en el Reglamento está creando un disloque entre el código civil y las leyes de permisos, pues la OGPe quiere considerar todas las segregaciones como lotificaciones con propósitos urbanísticos lo que dificulta todas las segregaciones que por el código civil deben realizarse, por ejemplo;
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La segregación de fincas es uno de los recursos por el que optan propietarios y herederos que comparten un terreno en común, para tomar posesión de lo que les corresponde.
Regionalizar los permisos de la región central de PR en consorcios de varios municipios colindantes. Estos con el propósito de agilizar los permisos de la región central y promover el desarrollo económico de la montaña.
Promover la segregación de fincas familiares para la producción agrícola en la ruralita de Puerto Rico, estas fincas con cabidas de unas dos cuerdas seria segregadas para propósitos estrictamente agrícolas, esto redundaría en la reducción de la pobreza extrema en nuestra ruralita. Ahora con las leyes y reglamentos vigentes se limita la segregación a fincas con cabida de 25cdas.
Separar el reglamento de lotificación del reglamento Conjunto para la construcción. Las segregaciones no solamente se hacen con propósitos constructivos.