Algunos de los reglamentos estudiados brindan ejemplos de cómo puede atenderse este aspecto. Uno es la incorporación de normas que explícitamente van dirigidas a todos los miembros de la comunidad escolar. Fundamentalmente son aquellas que aluden a principios básicos (como dar y recibir respeto, colaborar con las actividades en la escuela o cuidar la integridad de todos), válidas para docentes, alumnos y familias por igual, y esto se dice claramente. La otra vía utilizada es la organización por apartados según el destinatario de las normas. Las escuelas que así lo entienden, introducen un apartado especial para cada destinatario (incluyendo docentes) que les permite destacar aquello específico que se espera de ellos. Esto puede resultar pertinente, particularmente en el caso de reglamentos escolares, cuando hay muchos más asuntos por regular y de distinto orden. Sea en una u otra forma, en estos casos lo central es el interés por asumir la normatividad como un asunto de compromiso colectivo.
La generación de condiciones para el ejercicio de la justicia y el debido proceso
Uno de los propósitos principales de las normas escolares tendría que ser el envío de mensajes claros sobre aquello que se considera justo, pero también sobre los mecanismos que existen para ponerlo en práctica. A lo largo del estudio se ha mostrado que éste es un tema especialmente sensible y oscurecido. Por una parte, hay una enorme cantidad de normas que en algunos casos ameritan la creación de cuadernos completos y documentos larguísimos, pero, al mismo tiempo, este extenso contenido no siempre incluye elementos que ayudarían a dirimir situaciones vinculadas con la justicia escolar. Un ejemplo de ello es la ya citada vaguedad y generalización de las sanciones, que llevan a que una misma (por ejemplo, suspensión temporal) pueda ser aplicada ante acciones completamente distintas como no llevar el uniforme escolar y agredir a un compañero. De fondo, lo que se evidencia es la necesidad de una reflexión profunda sobre el sentido de las normas, tener claro para qué están hechas, qué protege cada una, y otorgarles el peso que les corresponda. De otra forma será imposible hacer un juicio adecuado sobre la gravedad de una falta y las acciones a realizar en consecuencia. Si a la luz del reglamento da lo mismo llevar un pantalón de color diferente que discriminar a un compañero, la aplicación de la justicia queda en entredicho. Como también queda en duda ante la notoria ausencia de mecanismos de audiencia y debido proceso, entendido este último no en un estricto sentido jurídico pero sí como posibilidad de que en la escuela exista un juicio justo: aquel en el que el acusado de cometer una falta pueda ser escuchado en su versión, reciba una sanción congruente con el hecho cometido y pueda inconformarse ante las decisiones de las autoridades. La incorporación de estos elementos, aunque fuera en casos excepcionales, constituyó un valioso aporte en este estudio. Permitió recordar que la escuela también es un lugar para esta dimensión de la justicia.
Síntesis de hallazgos | 131