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CCI insta al Gobierno a respetar contratos de concesión
CCI y Gobernación del Tolima definen agenda conjunta para fortalecer la infraestructura regional
COMUNICADO DE PRENSA
Gobierno incumple sus propias reglas y pone en riesgo $1 billón en proyectos estratégicos
En riesgo confianza de inversionistas y financiadores
Frente a las declaraciones realizadas el pasado 19 de enero por el presidente de la República, Gustavo Petro, en el sentido de que el déficit fiscal podría compensarse con recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias, la Cámara Colombiana de la Infraestructura realizó, por medio de un comunicado de prensa, las siguientes precisiones institucionales y jurídicas:
Los recursos a los que hizo referencia el mandatario, administrados a través de fiducias en proyectos concesionados, no corresponden a dineros disponibles ni a excedentes fiscales, sino a recursos con destinación específica, asociados a contratos vigentes, cuya finalidad es garantizar la ejecución de obras estratégicas. Su naturaleza jurídica y funcional es clara y está directamente vinculada al cumplimiento de obligaciones contractuales previamente adquiridas por el Estado.
No sobra recordar que los recursos administrados por las referidas fiducias no suman 18 billones, como mencionó el presidente en
su alocución. “Realmente los dineros que hoy están disponibles para el pago de las obras que se entregan gradualmente -a medida que se construyen los proyectos-es de $6,5 billones, los cuales están debidamente administrados por las fiducias, justamente, para garantizar la cabal ejecución de las obras”, aclaró Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la CCI.
¿La infraestructura como variable de ajuste fiscal? El planteamiento del presidente de la República en el sentido de que, ante la even-
CCI exhorta al gobierno a no romper institucionalidad del sector infraestructura
En riesgo confianza de inversionistas y financiadores
Bogotá, 20 de enero de 2026. Frente a las declaraciones realizadas ayer por el presidente de la República, Gustavo Petro, en el sentido de que el déficit fiscal podría compensarse con recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias, la Cámara Colombiana de la Infraestructura se permite hacer precisiones institucionales y jurídicas: Los recursos a los que hizo referencia el mandatario, administrados a través de fiducias en proyectos concesionados, no corresponden a dineros disponibles ni a excedentes fiscales, sino a recursos con destinación específica, asociados a contratos vigentes, cuya finalidad es garantizar la ejecución de obras estratégicas. Su naturaleza jurídica y funcional es clara y está directamente vinculada al cumplimiento de obligaciones contractuales previamente adquiridas por el Estado. No sobra recordar que los recursos administrados por las referidas fiducias no suman 18 billones, como mencionó el presidente en su alocución “Realmente los dineros que hoy están disponibles para el pago de las obras que se entregan gradualmente -a medida que se construyen los proyectoses de $6,5 billones, los cuales están debidamente administrados por las fiducias, justamente, para garantizar la cabal ejecución de las obras”, aclaró Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la CCI.
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tual caída de la emergencia económica, el déficit fiscal podría compensarse con recursos provenientes de concesiones viales de cuarta y quinta generación marca un punto de inflexión. La exhortación a que los concesionarios devuelvan recursos administrados en fiducias introduce una señal inédita: la infraestructura como variable de ajuste fiscal. Resulta, además, paradójico que el presidente ha hecho especial énfasis en disponer de los recursos para saldar las deudas del Estado, pero en contravía a
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ello, pone en duda el desembolso de las vigencias futuras que son, a todas luces, un compromiso soberano de pago de deuda, por parte de la nación.
Esta aproximación representa un giro de fondo en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones, y genera una señal de alta sensibilidad para la estabilidad jurídica y financiera del sector, especialmente en el contexto de decisiones y anuncios recientes que afectan proyectos ya contratados.
Una decisión consumada
La terminación anticipada del contrato de concesión del corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena constituye un antecedente concreto. Esta decisión, que derivó en la reversión del proyecto al Estado, impacta directamente la conectividad, la logística y la competitividad de una región estratégica. Al mismo tiempo, establece un mal precedente sobre la manera en que hoy se están abordando los contratos de infraestructura.
Anuncios que generan incertidumbre
A este hecho se suman los anuncios relacionados con Autopistas del Café. La manifestación pública sobre una eventual terminación anticipada del contrato y la eliminación de los peajes del proyecto se produce sin que exista, hasta la fecha, una prerrogativa contractual que lo permita. El contrato se mantiene vigente. Sin embargo, el solo anuncio ha generado incertidumbre jurídica, ha afectado la planeación del proyecto y ha tensionado la relación contractual. En materia de infraestructura, la palabra oficial también produce efectos reales.
COMUNICADO DE PRENSA
Recortes a proyectos estratégicos En paralelo, el gremio de la infraestructura advirtió recientemente sobre el recorte de vigencias futuras en dos proyectos estratégicos: el Canal del Dique y la vía Mulaló-Loboguerrero. La reducción de recursos, cercana a un billón de pesos,
compromete obras fundamentales para la competitividad, la seguridad hídrica, la conectividad del suroccidente y el comercio exterior. Más allá de su impacto inmediato, estos recortes no solo debilitan la planeación de largo plazo y la confianza, sino que desconocen el ordenamiento jurídico que regu-
la la obligación del gobierno de dotar de los recursos necesarios a estos proyectos. Sumado a lo anterior, hay que tener en cuenta que la iniciación de estas obras depende de decisiones medioambientales, del resorte exclusivo del gobierno nacional. En ese orden de ideas, los eventuales retrasos que
puedan presentarse no son responsabilidad de las concesiones a cargo de estas iniciativas.
La infraestructura conlleva una función social
La Cámara Colombiana de la Infraestructura recuerda que las concesiones viales no son un fin en sí mismas. Son un instrumento de política pública con una profunda función social. Las obras que estos recursos garantizan impactan directamente a millones de personas que habitan en las zonas de influencia de los proyectos. Se traducen en vías más seguras para niños que se desplazan a sus escuelas, en trayectos más cortos y confiables para comunidades enteras y en mejores condiciones de acceso para regiones históricamente rezagadas. Sumado a lo anterior, vale destacar las políticas orientadas a compensar medioambientalmente el impacto de las obras.
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Las cifras son elocuentes:
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• Aproximadamente 1.100 programas de sostenibilidad ambiental
• Cerca de 3 millones de árboles plantados
• $1,2 billones en inversión en programas medioambientales
• 2,5 millones de elementos arqueológicos hallados
• 21.560 predios gestionados a nombre del Estado
• Más de 800 programas sociales
• Más de $117.000 millones en inversión social
• Más de 1,6 millones de personas impactadas
Un llamado institucional
Terminaciones anticipadas, anuncios que contrarían el ordenamiento jurídico, recortes presupuestales y exhortaciones fiscales configuran un mismo patrón. No se trata de hechos inconexos. En conjunto, estas señales ponen en riesgo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la estabilidad de un modelo que ha sido esencial para cerrar brechas, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura reitera que defender la institucionalidad del sector no es defender intereses particulares. Es proteger la ejecución de obras públicas, la confianza en las reglas del juego y la capacidad de planear el desarrollo a largo plazo. La Cámara mantiene su disposición al diálogo técnico, serio y responsable, y hace un llamado a preservar la infraestructura como una política de Estado, no como una herramienta coyuntural de ajuste fiscal.
POR UNA COLOMBIA UNIDA
CONCESIONES
VIERNES - 23 de Enero de 2026
CCI insta al Gobierno a respetar contratos de concesión
La advertencia surge tras el anuncio de una posible terminación anticipada del contrato
de Autopistas del Café
La Cámara Colombiana de la Infraestructura, en cabeza de su presidente Ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, hizo hoy una advertencia sobre los riesgos institucionales, jurídicos y económicos que se derivan del reciente anuncio del Gobierno nacional, relacionado con la eventual terminación anticipada del contrato de concesión Autopistas del Café. La posibilidad de intervenir unilateralmente un contrato vigente, con obligaciones cumplidas y resultados virtuosos, genera un alto nivel de incertidumbre que compromete la seguridad jurídica de la contratación pública y la estabilidad de las reglas que rigen la infraestructura. Un contrato vigente bajo el foco de la incertidumbre
Autopistas del Café es una concesión de primera generación vigente hasta 2027, con un cumplimiento contractual del 100%, calificaciones técnicas superiores a las exigidas por el contrato y sin requerimientos de recursos públicos. En los últimos años ha ejecutado obras y diseños adicionales por valor de $310.000 millones, previa concertación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los departamentos del área de influencia, conforme a los mecanismos contractuales establecidos.
“Los contratos de concesión no son instrumentos discrecionales. Son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”, señaló Caicedo Ferrer.
Infraestructura y desarrollo regional
Autopistas del Café ha integrado el Eje Cafetero, ha contribuido a la generación de más de 56.000 empleos directos e indirectos y ha sido un soporte para sectores como el turismo, la agroindustria, el comercio y la logística regional.
Asimismo, ha permitido reducciones significativas en tiempos de desplazamiento, costos operativos y niveles de siniestralidad vial, con efectos tangibles sobre la competitividad y la calidad de vida de los usuarios. La interrupción anticipada de un esquema que hoy opera en condiciones técnicas óptimas, sin un modelo alternativo de financiación, operación y mantenimiento claramente definido, supone riesgos para la continuidad y sostenibilidad de esta infraestructura.
Las consecuencias contractuales para el Estado Desde el punto de vista jurídico, los contratos de concesión están amparados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Una eventual terminación anticipada unilateral, sin la existencia de una
causal legal objetiva y debidamente acreditada, activa las cláusulas contractuales previstas para estos eventos, lo cual incluye compensaciones e indemnizaciones a cargo del Estado.
Estas consecuencias tienen impacto directo sobre las finanzas públicas y sobre la planeación presupuestal, y han sido reiteradas tanto en el marco contractual como en las decisiones de tribunales de arbitraje.
Advertencia a los funcionarios públicos
Las actuaciones dirigidas a una eventual terminación anticipada de contratos de concesión deben ceñirse estrictamente al marco constitucional, legal, contractual y jurisprudencial vigente, dado que las decisiones de los servidores públicos en esta materia producen efectos jurídicos y fiscales.
La ausencia de sustento técnico, jurídico o financiero puede dar lugar a investigaciones fiscales, disciplinarias y penales contra los funcionarios que promuevan, autoricen o ejecuten tales decisiones, por eventuales perjuicios al Estado o desconocimiento del principio de legalidad.
Un llamado a la responsabilidad institucional
Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura reitera que el respeto por los contratos es una obligación del Estado y una garantía para los ciudadanos. La estabilidad jurídica constituye un activo esencial para la inversión de largo plazo, la ejecución de proyectos estratégicos y el desarrollo regional.
“La discusión sobre el futuro de la infraestructura debe darse con rigor técnico, responsabilidad jurídica y visión de largo plazo, en defensa del interés general y del adecuado funcionamiento de las instituciones”, remató el presidente del gremio.
7 GESTIÓN GREMIAL
VIERNES
- 23 de Enero de 2026
La
CCI analizó el
impacto regulatorio en el sector
concesionario vial
El pasado 21 de enero se llevó a cabo la Comisión de Concesionarios Viales afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, espacio en el que se realizó un análisis técnico de las recientes medidas regulatorias con incidencia directa en la economía nacional y en el sector de la infraestructura.
Durante la sesión se revisaron los alcances del decreto de emergencia económica, el decreto que adopta medidas tributarias en el marco de dicha emergencia y el decreto de liquidación del presupuesto, con énfasis en sus posibles efectos sobre la estabilidad financiera de los proyectos, el flujo de inversiones y la sostenibilidad del modelo de asociación público-privada.
La CCI reiteró la importancia de evaluar estas disposiciones desde una perspectiva técnica y fiscal, con el fin de salvaguardar la continuidad de los proyectos viales estratégicos y preservar la confianza de los inversionistas en el sector.
FOTONOTICIA
CCI y Gobernación del Tolima definen agenda conjunta para fortalecer la infraestructura regional
El día de ayer, el equipo directivo de la CCI, encabezado por su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo, sostuvo una reunión con la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en la cual se abordaron los principales retos regionales en materia de infraestructura vial y aérea, el fortalecimiento de las vías terciarias y secundarias, la sostenibilidad, los esquemas de financiación y la consolidación de alianzas estratégicas.
Al cierre de la reunión, la gobernadora del Tolima destacó la apertura y la profundidad del diálogo y afirmó: “Agradezco al doctor Juan Martín Caicedo, al doctor Carlos García y a su equipo. Quedó definida una ruta de trabajo conjunta para avanzar en este propósito”.
