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EL TIEMPO FECHA: 8 DE MAYO DE 2014


LA REPUBLICA FECHA: 8 DE MAYO DE 2014


EL COLOMBIANO FECHA: 8 DE MAYO DE 2014


ADN FECHA: 8 DE MAYO DE 2014


EL COLOMBIANO.COM FECHA: 8 DE MAYO DE 2014

Lo que debe saber un constructor con licencias bajo el POT de Petro Ante la decisión de suspensión provisional del Consejo de Estado al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá decretado por el alcalde Gustavo Petro en agosto de 2013, no hay claridad sobre lo que deben hacer los constructores que solicitaron licencias, o las tienen aprobadas o quieren tramitarlas. Para dar una luz frente a la incertidumbre que vive la ciudad, Camacol Bogotá realizó el foro “Situación jurídica actual de la construcción en Bogotá y sus impactos en la actividad edificadora”, de donde salieron una serie de lineamientos que puede aplicar el constructor para aclarar este tema. Uno de los invitados, el abogado Felipe de Vivero aseguró que el efecto práctico que tiene la suspensión del POT 364 de 2013, se presenta bajo tres escenarios. El primero, si al constructor le fue expedida una licencia cuando el POT estaba vigente, esta es legal y tiene efectos jurídicos. El segundo, si la solicitud de aprobación fue presentada luego de la suspensión del Consejo, esta debe ser tramitada bajo los requisitos del Decreto 190 de 2004, que en este momento es el vigente. Tercero, si la aprobación fue presentada justo en el momento cuando se suspendió el POT 364, hay dos caminos, según de Vivero. Por un lado, el constructor puede solicitar la suspensión del trámite mientras el Consejo toma la decisión final, o puede ajustar su solicitud a los requisitos del Decreto 190. La situación más crítica la tienen aquellos que solicitaron la licencia y se les aprobó bajo el 364, y los trámites que en este momento están detenidos, que suman en total 4.218. La veedora distrital, Adriana Córdoba, afirmó que es grave que a las autoridades que les compete definir aún no hayan dado claridad sobre la aplicación del POT. Y es que Distrito y Gobierno no van alineados en cuanto a la situación que vive la ciudad. En el foro, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, explicó que el Decreto 190 ya no es el que la ciudad necesita, y que el Concejo de Bogotá no los dejó discutir su propuesta. “El Decreto 364 estaba dando buenos resultados, esperamos que los jueces decidan que la ciudad necesita otro horizonte”. Además, dijo que los constructores que presentaron esta solicitud están en su legítimo derecho de conocer qué va a pasar con su trámite y su inversión. Por su parte, el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, dijo que desde su punto de vista, esos trámites no eran un derecho adquirido, que no era viable tramitar una licencia bajo el Decreto 364 si está suspendido por ilegalidad, y que en este momento no tiene efecto jurídico en la ciudad.

VER EN http://www.larepublica.co/lo-que-debe-saber-un-constructor-con-licencias-bajo-el-pot-depetro_118971


NOTINGENIO FECHA: 8 DE MAYO DE 2014

La suspensión de la MEPOT, la Seguridad Jurídica que necesita Bogotá

“Los destinatarios del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá no son solo los constructores, sino todos los ciudadanos, y no solo consagra normas para desarrollar proyectos sino todo el ordenamiento de la ciudad”, dijo el experto en derecho urbano Juan Manuel González, de la firma PGP en el foro organizado por Camacol B&C-. El experto abogado, calificó como un acto valeroso la acción del Consejo de Estado al suspender la modificación decretada de forma ilegal por la Administración Distrital. González explicó ante cerca de 250 asistentes al foro, la necesidad de que los actos administrativos tengan un control de legalidad. Esto es lo que aporta seguridad jurídica y garantiza que las acciones de las administraciones no se salgan del marco legal. Además agregó que los actos administrativos están sometidos al control de legalidad de los jueces administrativos. Por eso no se puede olvidar quien es responsable de poner una ciudad en inseguridad jurídica. “El valor más importante de cualquier inversión es la seguridad jurídica, y para tenerla se necesita fortaleza en los actos administrativos”, afirmó González, quien además agregó que la tranquilidad que tiene el sector constructor y los bogotanos, es que aún hay jueces de la Republica que son capaces de suspender un acto evidentemente ilegal, tal como lo hizo el Consejo de Estado con la suspensión de la Mepot. González explicó los posibles escenarios jurídicos que puede tener el fallo del Consejo de Estado. Y como parte de tranquilidad dijo que el decreto de suspensión provisional no es un acto político, sino que es un acto jurídico que está regido por un código, y con la acumulación procesal, seguramente se tendrá una decisión unificada, pues la decisión de la suspensión provisional es una decisión fuertemente sustentada. Para la gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Martha Moreno Mesa, ante la situación de la ciudad “la responsabilidad del Gremio es buscar todos los mecanismos, generar todos los análisis necesarios para darle una interpretación correcta a cada situación, sobre todo desde el punto de vista legal y jurídico. Consideramos que todos los sectores cercanos al gremio, lo entienden de la misma manera”. VER EN : http://notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10837:2014-05-08-03-06-15&catid=38:noticias&Itemid=57


EL TIEMPO FECHA: 8 DE MAYO DE 2014

El cambio del POT empieza a afectar a constructores

Gremios y gobiernos distrital piden al Consejo de Estado precisar alcance de la suspensión del POT. Mientras el Consejo de Estado decide si acumula en un solo proceso seis demandas de nulidad que cursan contra el Plan de Ordenamiento Territorial (decreto 364 del 2013) –incluida la que ordenó suspender provisionalmente la norma–, los constructores advierten que no saber qué norma los rige ya impactó económicamente sus proyectos. Para Pablo Aranguren Riaño, presidente del comité jurídico de Asofiduciarias, se está impactando toda la cadena de la construcción porque los proyectos urbanísticos están “en la indefinición y hay incertidumbre para el negocio”. Durante un foro promovido por Camacol, en el cual se analizó la situación jurídica actual de la construcción en Bogotá y sus impactos en la actividad edificadora, Aranguren expuso que más allá de que el POT se declare legal o ilegal, el cambio de norma afecta los costos de los proyectos. “¿Qué pasa si una empresa tramitó una licencia para un edificio de 20 pisos y ahora solo podrá construir siete, por ejemplo”, se preguntó al señalar que los decretos 190 y 364 tienen normas distintas en cuanto a uso del suelo, metros de construcción, cargas y otros temas, y eso afecta los costos. Este miércoles, durante el foro, los constructores, los curadores urbanos, la Veeduría Distrital y los gobiernos de Bogotá y la Nación lanzaron un SOS al Consejo de Estado para que precise el alcance de la suspensión provisional del decreto 364, aunque advirtieron que mientras llega un fallo de fondo la incertidumbre continuará. La presidenta de la Corporación de Curadores Urbanos de Bogotá, Juana Sanz Montaño, aseguró que los curadores no saben qué hacer con las licencias que se pidieron entre agosto del 2013 y marzo de este año, y no se habían expedido en el momento en que la magistrada Elizabeth García González ordenó la suspensión provisional del POT. Explicó que unos curadores piensan que hay que suspender todos los trámites; otros, que debe hacerse en casos puntuales y algunos, que se debe continuar con el proceso. El problema es que mientras que el Ministerio de Vivienda les dijo que para las licencias que quedaron en trámite debe aplicarse el decreto 190, Planeación Distrital indicó que deben regirse por el decreto 364.


Observaciones de la Veeduría al Consejo de Estado Lo que genera inseguridad jurídica no es la suspensión del POT por parte del Consejo de Estado, sino el proceso de expedición del decreto que adelantó el Alcalde, después que el Concejo negó el POT. Veeduría dice que“estamos viviendo las consecuencias de una decisión del ejecutivo”. La suspensión provisional del POT decretara por el Consejo de Estado quedó incompleta porque no precisó el alcance de la medida. Es importe que el alto tribunal aclare el tema porque no hay precedentes sobre la materia. Consejo de Estado debe decir que pasa con las licencias que entraron en trámite y no se alcanzaron a expedir. También debe precisar qué pasa con la ejecución futura y las modificaciones de las licencias que se alcanzaron a expedir con el decreto 360. Los curadores urbanos no tienen libertad para interpretar qué va a pasar con las licencias expedidas o en trámite bajo el decreto 360 del 2013. ‘Preferimos lineamientos del Consejo’ Guillermo Antonio Herrera, viceministro de Vivienda A partir de la suspensión del POT de Petro (decreto 364 del 2013), las licencias se tramitan con el decreto 190 del 2004. Las licencias que se alcanzaron a expedir por el 364 se rigen por ese mismo decreto, así esté suspendido. Si con el paso de los meses se pide una modificación de una de esas licencias, se debe hacer bajo el decreto 190. Las licencias que se solicitaron bajo el decreto 364 del 2013 pero no se alcanzaron a expedir se tienen que volver a tramitar por el decreto 190, porque no hay derechos adquiridos sino mera expectativa. Prefiere esperar a que el Consejo de Estado dé lineamientos de cómo interpretar la suspensión para definir las licencias solicitadas que no se alcanzaron a expedir. ‘Debemos sentarnos a concertar’ Gerardo Ardila, secretario de Planeación de Bogotá Las licencias de construcción que se tramiten a partir de la suspensión del decreto 364 del 2013 se tramitan con el decreto 190. Las licencias que se alcanzaron a expedir con el decreto 364 del 2013 se rigen por ese mismo decreto. Lo mismo, las modificaciones que se pidan sobre ellas en el futuro. Las licencias que se solicitaron bajo el decreto 364 pero no se alcanzaron a expedir se deben seguir tramitando bajo ese decreto, porque hay derechos adquiridos y los peticionarios actuaron en confianza legítima. Propone que el Gobierno Nacional y el Distrito se sienten a concertar para definir el futuro de las licencias que se pidieron y no se alcanzaron a tramitar con el 364.

VER EN http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/alcances-de-la-suspensin-del-plan-de-ordenamiento-territorial_13953416-4


EL ESPECTADOR FECHA: 8 DE MAYO DE 2014

'El futuro de la construcción depende del Consejo de Estado'

La situación de este gremio en Bogotá sigue siendo confusa: no hay certeza sobre que POT está vigente en la ciudad y 4.218 proyectos están en vilo. MinVivienda y Distrito no llegaron a un acuerdo. La esperanza de encontrar una solución para el sector de la construcción en Bogotá quedó en veremos. Aunque por primera vez se sentaron a dialogar los representantes del Ministerio de Vivienda, la Secretaría de Planeación y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) sobre la suspensión de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, los resultados fueron nulos. Sucedió lo que ha venido pasando desde 2012: Camacol ataca al Distrito por “improvisar” y “actuar fuera del derecho”, y éste justifica cada una de sus acciones. Los afectados: 4.218 proyectos de construcción, que inscribieron los estudios en las curadurías, con base en la modificación del POT de 2013, el cual fue suspendido por el Consejo de Estado. Los asistentes hoy al foro “Situación jurídica actual de la construcción en Bogotá y sus impactos en la actividad edificadora”, esperaban la unificación de un concepto que les aclarara a las curadurías de la ciudad sobre qué norma otorgar licencias, si el POT de 2004 o en el de 2013. Sin embargo, la conclusión del encuentro, según Camacol, fue la siguiente: se necesita que los diferentes actores se sienten y den claridad al tratamiento de las licencias y que un pronunciamiento del Consejo de Estado que dé luces sobre al tema. Además, mantener la confianza en los jueces colombianos, quienes tienen todos los elementos para juzgar y pronunciarse de manera definitiva sobre el tema. En resumen, nada que no se haya dicho antes. Sin embargo, vale la pena recopilar los argumentos que presentaron cada una de las partes. La primera en criticar al Distrito por la actual inestabilidad jurídica que se presenta en Bogotá fue la veedora Distrital, Adriana Córdoba, quien indicó: “No es la decisión del Consejo de Estado la que genera incertidumbre. La justicia no es el problema, sino la forma cómo la Alcaldía decretó esa norma. Asumieron el riesgo de expedir la modificación del POT por decreto y ahora deben actuar responsablemente para que la construcción no se vea afectada”. Un discurso similar fue el del viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera: “Estamos metidos en este ‘berenjenal’, porque el alcalde adoptó el POT por decreto. Lo que ha pasado en los últimos meses es que se han expido más medidas que siguen enredando la pita. No tenemos antecedentes judiciales de un caso como éste”. Las medidas a las que aludió el viceministro fueron las siguientes: el concepto del Ministerio de Vivienda, que señala que las curadurías deberían expedir las licencias de acuerdo con el POT de 2004 (Decreto 190), y los tres decretos que expidió la Secretaría de Planeación para prevenir que aumenten los asentamientos en zonas de alto riesgo y que no se pierda la localización de las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en la ciudad. Sobre los 4.218 proyectos que están en vilo, el ministro señaló que éstos “son solamente expectativas” y que podrían “ajustarse” al POT de 2004.


Estas palabras fueron bien recibidas por el secretario de Planeación, Gerardo Ardila: “Aquí llegamos a una diferencia por un sentido de lógica y corazón: las licencias que se presentaron después de la modificación del POT tienen confianza legítima y presunción de legalidad. No son simples aspiraciones. Nosotros actuamos en derecho. El Concejo no permitió discutir el POT y lo adoptamos por decreto, cuando no teníamos otra salida. Porque el POT de 2004 ya no alcanza, no es acorde con las necesidades de la ciudad. Confiamos en que el Consejo de Estado nos entregue una pronta respuesta, la cual seguramente será favorable, porque actuamos ajustados a la ley”. El viceministro aceptó reunirse en privado con Ardila para buscar una solución conjunta ante este interrogante. Pero reiteró que “en unos años este caso será un referente jurisprudencial, porque advertimos que expedir la modificación del POT por decreto era ilegal”. La veedora entró a mediar y señaló que “se requiere de manera urgente una posición unificada. Las medidas tomadas por la administración, de reglamentar el POT de 2004 a través de decretos, es una solución que habíamos propuesto y es responsable”. Un grupo de abogados con especialización en derecho urbano y administrativo dio su punto de vista sobre la situación actual. Según Felipe de Vivero y Juan Manuel González, el POT vigente es el de 2004, aunque el Consejo de Estado debería pronunciarse al respecto para que “no quede ninguna duda”. Según Vivero, el decreto 364 de 2013 (POT de Petro) perdió “su fuerza ejecutoria. Suspendida la madre, suspendidos los hijos. Debe haber un ajuste de los proyectos a la norma urbanística vigente”. Ninguno de los abogados invitados por Camcol estuvo de acuerdo con la argumentación jurídica del Distrito. Causa curiosidad que el foro terminara con la presentación de unas cifras favorables en el negocio inmobiliario. Aunque sin duda existe incertidumbre en las cinco curadurías de la ciudad, las cifras de la Superintendencia Financiera demostraron que los activos administrativos aumentaron cerca de $4 mil millones entre febrero de 2013 y febrero de 2014. Concluía uno de los panelistas que "entre 2009 y 2014 los activos administrados en fiducia inmobiliaria han crecido 186%".

VER EN : http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-futuro-de-construccion-depende-del-consejo-de-estado-articulo-490993


EL NUEVO SIGLO FECHA: 8 DE MAYO DE 2014

“Suspensión del POT fue acto valeroso”

“Los destinatarios del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá no son solo los constructores, sino todos los ciudadanos, y no solo consagra normas para desarrollar proyectos sino todo el ordenamiento de la ciudad”, dijo el experto en derecho urbano Juan Manuel González, de la firma PGP. González se pronunció en el foro organizado por Camacol B&C para analizar los efectos de la suspensión por parte del Consejo de Estado de la Modificación Excepcional de Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot). El jurista calificó como un acto valeroso la acción del Consejo de Estado al suspender la modificación decretada por la Administración Distrital. González explicó ante cerca de 250asistentes al foro la necesidad de que los actos administrativos tengan un control de legalidad. Agregó que los actos administrativos están sometidos al control de legalidad de los jueces administrativos. Por eso no se puede olvidar quién es responsable de poner una ciudad en inseguridad jurídica. “El valor más importante de cualquier inversión es la seguridad jurídica, y para tenerla se necesita fortaleza en los actos administrativos”, afirmó González, quien además agregó que la tranquilidad que tiene el sector constructor y los bogotanos, es que aún hay jueces de la República que son capaces de suspender un acto evidentemente ilegal, tal como lo hizo el Consejo de Estado con la suspensión de la Mepot. Para la gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Martha Moreno, “la responsabilidad del gremio es buscar todos los mecanismos, generar los análisis necesarios para darle una interpretación correcta a cada situación, desde el punto de vista legal y jurídico. Consideramos que todos los sectores cercanos al gremio, lo entienden de la misma manera”. Por su parte, para la veedora distrital Adriana Córdoba, la decisión del Consejo de Estado no es lo que genera la incertidumbre que hoy existe en Bogotá, ya que el proceso en sí de cómo se decretó la norma es lo que tiene al sector y a la ciudadanía enfrentados a la diferencia de interpretaciones: “Desde que el Distrito decretó la medida a la que el Concejo de Bogotá había dado concepto negativo, debió asumir la responsabilidad de las implicaciones que esto traería”. Con ese concepto estuvo de acuerdo el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, quien aseguró que se le había advertido en repetidas ocasiones y desde diferentes frentes a la Administración Distrital de las implicaciones que traería decretar la Mepot de forma ilegal. Herrera pidió al Consejo de Estado aclarar el alcance del fallo que suspendió la Mepot, para que se genere seguridad en las condiciones en cuanto la expedición de las licencias. Dijo además, que la medida del Consejo de Estado da origen a la suspensión de todos los efectos jurídicos de la norma. Sobre el estado de las licencias informó que todo trámite de licencias se debe hacer bajo la Norma 190, que es la que está legalmente vigente.


Por su parte, Gerardo Ardila, secretario Distrital de Planeación, dijo que la modificación del POT venía funcionando muy bien: “Tener 5.111 licencias radicadas, y que en todos los campos en los que estaba marchando nos hubiere dado unos buenos resultados, nos da la tranquilidad que es lo que la ciudad necesita”. Para la Administración distrital es claro que la suspensión del POT (Decreto 364 de 2013) trae efectos negativos para la ciudad, pero también considera que ésta no puede quedarse sin norma. Se están tomando acciones encaminadas a reactivar la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y garantizar el soporte urbano en las zonas de la ciudad. “Esto se hará con decretos reglamentarios, uno de ellos tiene que ver con la localización de Vivienda de Interés Prioritario. Nosotros tenemos que avanzar en las posibilidades de que haya la opción que podamos seguir construyendo en el centro, y los que ya iniciaron se puedan continuar. El segundo tiene que ver con la generación de espacio público en proyectos grandes”, indicó el funcionario. Ardila invitó al Gobierno nacional a trabajar conjuntamente en buscar alternativas para asegurar la estabilidad de la ciudad. VER EN http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2014-%E2%80%9Csuspensi%C3%B3n-del-pot-fue-acto-valeroso%E2%80%9D.html


VOX POPULI FECHA: 8 DE MAYO DE 2014

‘Elfuturo dela construccióndependedelConsejodeEstado’

La esperanza de encontrar una solución para el sector de la construcción en Bogotá quedó en veremos. Aunque por primera vez se sentaron a dialogar los representantes del Ministerio de Vivienda, la Secretaría de Planeación y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) sobre la suspensión de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, los resultados fueron nulos. Sucedió lo que ha venido pasando desde 2012: Camacol ataca al Distrito por “improvisar” y “actuar fuera del derecho”, y éste justifica cada una de sus acciones. Los afectados: 4.218 proyectos de construcción, que inscribieron los estudios en las curadurías, con base en la modificación del POT de 2013, el cual fue suspendido por el Consejo de Estado. Los asistentes hoy al foro “Situación jurídica actual de la construcción en Bogotá y sus impactos en la actividad edificadora”, esperaban la unificación de un concepto que les aclarara a las curadurías de la ciudad sobre qué norma otorgar licencias, si el POT de 2004 o en el de 2013. Sin embargo, la conclusión del encuentro, según Camacol, fue la siguiente: se necesita que los diferentes actores se sienten y den claridad al tratamiento de las licencias y que un pronunciamiento del Consejo de Estado que dé luces sobre al tema. Además, mantener la confianza en los jueces colombianos, quienes tienen todos los elementos para juzgar y pronunciarse de manera definitiva sobre el tema. En resumen, nada que no se haya dicho antes. Sin embargo, vale la pena recopilar los argumentos que presentaron cada una de las partes. La primera en criticar al Distrito por la actual inestabilidad jurídica que se presenta en Bogotá fue la veedora Distrital, Adriana Córdoba, quien indicó: “No es la decisión del Consejo de Estado la que genera incertidumbre. La justicia no es el problema, sino la forma cómo la Alcaldía decretó esa norma. Asumieron el riesgo de expedir la modificación del POT por decreto y ahora deben actuar responsablemente para que la construcción no se vea afectada”. Un discurso similar fue el del viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera: “Estamos metidos en este ‘berenjenal’, porqueel alcalde adoptó el POT por decreto. Lo que ha pasado en los últimos meses es que se han expido más medidas que siguen enredando la pita. No tenemos antecedentes judiciales de un caso como éste”. Las medidas a las que aludió el viceministro fueron las siguientes: el concepto del Ministerio de Vivienda, que señala que las curadurías deberían expedir las licencias de acuerdo con el POT de 2004 (Decreto 190), y los tres decretos que expidió la Secretaría de Planeación para prevenir que aumenten los asentamientos en zonas de alto riesgo y que no se pierda la localización de las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en la ciudad. Sobre los 4.218 proyectos que están en vilo, el ministro señaló que éstos “son solamente expectativas” y


que podrían “ajustarse” al POT de 2004. Estas palabras fueron bien recibidas por el secretario de Planeación, Gerardo Ardila: “Aquí llegamos a una diferencia por un sentido de lógica y corazón: las licencias que se presentaron después de la modificación del POT tienen confianza legítima y presunción de legalidad. No son simples aspiraciones. Nosotros actuamos en derecho. El Concejo no permitió discutir el POT y lo adoptamos por decreto, cuando no teníamos otra salida. Porque el POT de 2004 ya no alcanza, no es acorde con las necesidades de la ciudad. Confiamos en que el Consejo de Estado nos entregue una pronta respuesta, la cual seguramente será favorable, porque actuamos ajustados a la ley”. El viceministro aceptó reunirse en privado con Ardila para buscar una solución conjunta ante este interrogante. Pero reiteró que “en unos años este caso será un referente jurisprudencial, porque advertimos que expedir la modificación del POT por decreto era ilegal”. La veedora entró a mediar y señaló que “se requiere de manera urgente una posición unificada. Las medidas tomadas por la administración, de reglamentar el POT de 2004 a través de decretos, es una solución que habíamos propuesto y es responsable”. Un grupo de abogados con especialización en derecho urbano y administrativo dio su punto de vista sobre la situación actual. Según Felipe de Vivero y Juan Manuel González, el POT vigente es el de 2004, aunque el Consejo de Estado debería pronunciarse al respecto para que “no quede ninguna duda”. Según Vivero, el decreto 364 de 2013 (POT de Petro) perdió “su fuerza ejecutoria. Suspendida la madre, suspendidos los hijos. Debe haber un ajuste de los proyectos a la norma urbanística vigente”. Ninguno de los abogados invitados por Camcol estuvo de acuerdo con la argumentación jurídica del Distrito. Causa curiosidad que el foro terminara con la presentación de unas cifras favorables en el negocio inmobiliario. Aunque sin duda existe incertidumbre en las cinco curadurías de la ciudad, las cifras de la Superintendencia Financiera demostraron que los activos administrativos aumentaron cerca de $4 mil millones entre febrero de 2013 y febrero de 2014. Concluía uno de los panelistas que “entre 2009 y 2014 los activos administrados en fiducia inmobiliaria han crecido 186%”.

VER EN : http://voxpopuli.net/el-futuro-de-la-construccion-depende-del-consejo-de-estado/


EL PULZO FECHA: 8 DE MAYO DE 2014

2 decretos del POT tienen en vilo a los constructores de Bogotá que no saben cuál los rige

Foto: Gobierno de la Ciudad.

Por el decreto 364 de 2013, el Plan de Ordenamiento Territorial recientemente suspendido del alcalde Gustavo Petro, ya se han presentado 6 demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, pero todavía no hay una decisión oficial al respecto, informó El Tiempo. Por esa razón, los constructores advierten que la falta de claridad ya impactó económicamente sus proyectos. Para Pablo Aranguren, presidente del comité jurídico de Asofiduciarias, se está afectando toda la cadena de la construcción, agregó el medio. Dice también que la situación jurídica de la construcción en la ciudad y sus impactos en la actividad fueron analizados en un foro promovido por Camacol, en el que Aranguren expuso que más allá de que el POT se declare legal o ilegal, el cambio de la norma afecta los costos de los proyectos, pues los decretos tienen normas distintas en cuanto a uso del suelo, metros de construcción, cargas y otros temas, lo que se traduce en costos. En el foro, constructores y curadores, junto a la Veeduría distrital y los gobiernos de Bogotá y la Nación lanzaron un SOS al Consejo de Estado para precisar el alcance de la suspensión, que afecta las licencias que se expidieron entre agosto de 2013 y marzo de este año, y las que no se habían expedido en el momento de la suspensión provisional del POT. Ante el caso, unos curadores piensan que hay que suspender todos los trámites, otros creen que debe hacerse en casos puntuales, y algunos dicen que se debe continuar con el proceso. De todos modos, ellos no tienen libertad para interpretar qué va a pasar con las licencias expedidas o en trámite, mencionó el medio. Estas son las conclusiones según el viceministro de Vivienda, Guillermo Antonio Herrera: Tras la suspensión del POT, todas las licencias deben tramitarse con el decreto 190 de 2004. Las que se alcanzaron a expedir por el 364 se rigen por ese mismo, aunque esté suspendido. Si se les debe hacer alguna modificación, será por el decreto 190. Las que se solicitaron bajo el 364 y no se alcanzaron a expedir se tienen que volver a tramitar bajo el 190. Para el secretario de Planeación Distrital, Gerardo Ardila, las disposiciones serían así: Las licencias que se tramiten a partir de la suspensión del decreto 364 del 2013 se tramitan con el decreto 190. Las que se expidieron con el decreto 364 del 2013 se rigen con ese decreto y las modificaciones que se pidan sobre ellas. Las que se solicitaron bajo el decreto 364, pero no se alcanzaron a expedir se deben seguir tramitando bajo ese decreto, porque hay derechos adquiridos. VER EN http://www.pulzo.com/bogota/2-decretos-del-pot-tienen-en-vilo-los-constructores-de-bogota-que-no-saben-cual-los-rige


SECRETARIA DISTRITAL.GOV FECHA: 7 DE MAYO DE 2014

La ciudad demanda un horizonte normativo de manera inmediata, Gerardo Ardila

La modificación del POT venía funcionando muy bien. Tener 5.111 licencias radicadas, y que en todos los campos en los que estaba marchando nos hubiere dado unos buenos resultados, nos da la tranquilidad que es lo que la ciudad necesita”, así lo indicó el Secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardila, durante su intervención en el Foro “Situación jurídica actual de la construcción en Bogotá y sus impactos en la actividad edificadora”, realizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca durante este miércoles 07 de mayo. En este espacio, en el que participaron también el Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, y la Veedora Distrital, Adriana Córdoba, el Secretario dejó claro que “el tema clave es que ya el POT del 2004 no es el que la ciudad necesita. Se requiere tener una modificación excepcional y ponerla a funcionar”. Sin embargo, explicó que “el futuro del POT está en manos de los jueces. Hicimos todo ajustado a la ley, y sobretodo con la convicción que esta ciudad demanda un horizonte normativo de manera inmediata”. Para la Administración Distrital es claro que la suspensión del POT (Decreto 364 de 2013) trae efectos negativos para la ciudad, pero también considera que ésta no puede quedarse sin norma. Se están tomando acciones encaminadas a reactivar la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y garantizar el soporte urbano en las zonas de la ciudad a las cuales puede llegar un nueva de población. “Esto se hará con decretos reglamentarios, uno de ellos tiene que ver con la localización de Vivienda de Interés Prioritario. Nosotros tenemos que avanzar en las posibilidades de que haya la opción que podamos seguir construyendo en el centro, y los que ya iniciaron se puedan continuar. El segundo tiene que ver con la generación de espacio público en proyectos grandes”. La invitación del Secretario de Planeación al Gobierno Nacional es trabajar conjuntamente en buscar alternativas para asegurar la estabilidad de la ciudad. Indicó, que “esa estabilidad en este momento se puede lograr dejando claro que todas esas licencias que ya fueron concedidas en debida forma tienen sus derechos y deben operar con la estructura del decreto que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial”.

VER EN http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/Ciudad_necesita_horizonte_normativo_038


CAMACOLCUNDINAMARCA.CO FECHA: 7 DE MAYO DE 2014

La suspensión de la MEPOT, la Seguridad Jurídica que necesita Bogotá

Preocupado por la situación de inseguridad jurídica que vive Bogotá, el gremio constructor busca crear los espacios para los análisis que permitan darle una interpretación correcta a cada situación. Por eso Camacol Bogotá y Cundinamarca realizó hoy el foro Situación Jurídica Actual de la Construcción en Bogotá y sus Impactos en la Actividad Edificadora. “Los destinatarios del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá no son solo los constructores, sino todos los ciudadanos, y no solo consagra normas para desarrollar proyectos sino todo el ordenamiento de la ciudad”, dijo el experto en derecho urbano Juan Manuel González, de la firma PGP en el foro organizado por Camacol B&C para analizar los efectos de la suspensión por parte del Consejo de Estado de la Modificación Excepcional de POT de Bogotá, MEPOT. El experto abogado, calificó como un acto valeroso la acción del Consejo de Estado al suspender la modificación decretada de forma ilegal por la Administración Distrital. González explicó ante cerca de 250 asistentes al foro, la necesidad de que los actos administrativos tengan un control de legalidad. Esto es lo que aporta seguridad jurídica y garantiza que las acciones de las administraciones no se salgan del marco legal. Además agregó que los actos administrativos están sometidos al control de legalidad de los jueces administrativos. Por eso no se puede olvidar quien es responsable de poner una ciudad en inseguridad jurídica. “El valor más importante de cualquier inversión es la seguridad jurídica, y para tenerla se necesita fortaleza en los actos administrativos”, afirmó González, quien además agregó que la tranquilidad que tiene el sector constructor y los bogotanos, es que aún hay jueces de la Republica que son capaces de suspender un acto evidentemente ilegal, tal como lo hizo el Consejo de Estado con la suspensión de la Mepot. González explicó los posibles escenarios jurídicos que puede tener el fallo del Consejo de Estado. Y como parte de tranquilidad dijo que el decreto de suspensión provisional no es un acto político, sino que es un acto jurídico que está regido por un código, y con la acumulación procesal, seguramente se tendrá una decisión unificada, pues la decisión de la suspensión provisional es una decisión fuertemente sustentada. Para la gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Martha Moreno Mesa, ante la situación de la ciudad “la responsabilidad del Gremio es buscar todos los mecanismos, generar todos los análisis necesarios para darle una interpretación correcta a cada situación, sobre todo desde el punto de vista legal y jurídico. Consideramos que todos los sectores cercanos al gremio, lo entienden de la misma manera”.

VER EN http://camacolcundinamarca.co/prensa/comunicados-de-prensa/suspension-de-la-mepot.html


CAMACOLCUNDINAMARCA.CO FECHA: 7 DE MAYO DE 2014

Encuentro para destrabar la construcción en Bogotá

Por primera vez, después de la suspensión de la MEPOT, Camacol Bogotá y Cundinamarca reunió a los diferentes actores para analizar la actual situación de la actividad edificadora en la ciudad. Por eso invitó a autoridades con funciones públicas de urbanismo y construcción, a participar en un panel en el que se analizaron las diferentes visiones. El viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera; la veedora distrital, Adriana Córdoba Alvarado, y el secretario de Planeación Distrital, Gerardo Ardila, fueron los invitados al espacio de discusión en el foro organizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca para analizar la situación jurídica actual de la construcción en la ciudad y sus impactos en la actividad edificadora. La moderadora del panel fue la directora de la Corporación Excelencia por la Justicia, Gloria María Borrero, quien desde el inicio enfocó la discusión en la necesidad de aclarar la situación de las licencias de construcción radicadas y aprobadas durante la vigencia del Decreto 364. Para Adriana Córdoba, la decisión del Consejo de Estado no es lo que genera la incertidumbre que hoy existe en Bogotá, ya que el proceso en sí de cómo se decretó la norma es lo que tiene al sector y a la ciudadanía enfrentados a la diferencia de interpretaciones. “Desde que el Distrito decretó la medida a la que el Concejo de Bogotá había dado concepto negativo, debió asumir la responsabilidad de las implicaciones que esto traería”, dijo la Veedora Distrital. Con ese concepto estuvo de acuerdo el Viceministro Herrera, pues aseguró que se le había advertido en repetidas ocasiones, y desde diferentes frentes, a la Administración Distrital de las implicaciones que traería decretar la MEPOT de forma ilegal. Herrera pidió al Consejo de Estado aclarar el alcance del fallo que suspendió la MEPOT, para que se genere seguridad en las condiciones en cuanto la expedición de las licencias. Dijo además, que la medida del Consejo de Estado da origen a la suspensión de todos los efectos jurídicos de la norma. Sobre el estado de las licencias informó que todo trámite de licencias se debe hacer bajo la Norma 190, que es la que está legalmente vigente.


Por su parte, Gerardo Ardila no admitió que la Administración actuó por fuera de derecho, y dijo que confían en que la Ley falle a su favor. Además dijo que el Decreto 190 no le sirve ya a la ciudad, y que la MEPOT estaba dando buenos resultados, por lo que la Administración considera que sigue siendo lo que necesita la ciudad, aunque acepta que debe ser ajustada en algunas partes. La conclusión principal del panel, fue la necesidad de que los diferentes actores se sienten y den claridad al tratamiento de las licencias, de un pronunciamiento del Consejo de Estado que aclare este tema, y la confianza que hay en jueces colombianos, quienes tienen todos los elementos para juzgar y pronunciarse de manera definitiva sobre el tema de la MEPOT. “Camacol Bogotá y Cundinamarca tiene la responsabilidad y el compromiso de seguir generando estos espacios para lograr la seguridad jurídica para la actividad y la ciudad. Lo que buscamos, y a lo que siempre estaremos dispuestos, es a encontrar el camino de la legalidad y la constitucionalidad para el beneficio de Bogotá”, dijo la gerente del Gremio, Martha Moreno Mesa. VER EN : http://camacolcundinamarca.co/prensa/comunicados-de-prensa/destrabar-la-construccion-en-bogota.html


CITY.COM.CO FECHA:7 DE MAYO DE 2014

La suspensión del POT general incertidumbre jurídica para brindar licencias de construcción”, curadores. Gerente de CAMACOL Bogotá habla sobre el tema. PARA VER LA NOTA HAGA CLICK AQUÍ


RADIO MUNITO DE DIOS FECHA:7 DE MAYO DE 2014

Emisora Minuto de Dios: Urgente Bogotá: Entrevista a la Doctora María Mercedes Maldonado Secretaria de Hábitat de Bogotá, se refiere al Foro que se realizará sobre el tema del POT (Mención CAMACOL y Ministro de Vivienda)

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CAPITAL FECHA: 7 DE MAYO DE 2014

El Secretario de Planeación de Bogotá dijo que a más tardar en 20 días estarían listos decretos complementarios al decreto 190 del año 2004 que es el que está rigiendo, tras la suspensión del POT, esta afirmación se dio en el foro de CAMACOL.

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Monitoreo foro MEPOT  
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