Percepción social de los servicios públicos by Asociación CEIBA

Percepción Social de los servicios públicos: Electricidad, Telefonía y Agua

Guatemala, Junio de 2010

Percepción social de los Servicios Públicos: Electricidad, Telefonía y Agua

Estudio elaborado por: Coordinadora Nacional en Defensa de los Consumidores de Guatemala CONADECO Asociación para la Promocion y el Desarrollo de la Comunidad -CEIBA-

Con el apoyo de: ENTREPUEBLOS Y GOBIERNO VASCO

Coordinación del Estudio: Basilio Tzoy Grijalva Unidad de Investigación e incidencia CEIBA

Autor: Rolando Iván Castillo Méndez Multiservicios Agroindustriales

Revisión de contenidos: Equipo de Dirección de Asociación CEIBA Junta Directiva de CONADECO

Diseño de portada: Melisa Reyes Muñoz El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de su autor. Documento libre de propiedad intelectual. Se permite su reproducción parcial o total, con fines no lucrativos, siempre que se cite la fuente.

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GOBIERNO VASCO

CONTENIDO Para ir entendiendo el malestar en cuanto a los servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones ............................................................................................................................ v PREFACIO: ‘SE VENDE OLLA…’ ............................................................................................................. 1 OBJETIVO DEL ESTUDIO....................................................................................................................... 6 EL NEGOCIO DE LOS SERVICIOS BÁSICIOS ESENCIALES ....................................................................... 7 Energía Eléctrica .............................................................................................................................. 7 ¿Cómo ocurrió esa privatización en base a la nueva Ley General de Electricidad?.................. 10 Ganancias .................................................................................................................................. 11 Crece el Malestar Social, Indicadores Generales de Quejas Formales de Usuarios ................. 17 Entre Transnacionales y Oligarquías te Vieras .......................................................................... 18 Con Bagazos de Caña y Carbón, Escenario del Capital para Nuestro Siglo XXI ......................... 20 Las Transnacionales de la Energía Eléctrica Demandan Internacionalmente al Estado ........... 23 No Nos Cortan el Servicio Sólo en lo Individual: Lo Hacen Como Represalia a Regiones Enteras en Lucha ....................................................................................................................... 24 Insultan Públicamente a la Población ....................................................................................... 26 Represión a Dirigentes, Asesinatos ........................................................................................... 26 Consultas Comunitarias por la Expulsión de las Transnacionales de la Electricidad ................ 28 Iniciativas de Reforma en el Congreso ...................................................................................... 28 Movimiento Social Nacional ...................................................................................................... 29 Anexo 1: Antecedentes históricos de la energía eléctrica en Guatemala................................. 32 Telefonía........................................................................................................................................ 33 Antecedentes Históricos de la Telefonía ................................................................................... 34 La Privatización.......................................................................................................................... 35 Internet...................................................................................................................................... 37 El agua ........................................................................................................................................... 39 Configuraciones Políticas, Impasses y Retos ............................................................................. 41 Modelos de Integración y Desarrollo, Perspectivas .................................................................. 44 PERCEPCIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS ...................................................................... 46 Las Quejas de los Consumidores del Servicio Eléctrico ................................................................. 49

Las Quejas de los Usuarios del Servicio de Telefonía .................................................................... 50 Las Quejas de los Usuarios del Agua ............................................................................................. 51 Neoliberalismo, sus conceptos de ‘regulación’ e ‘institucionalidades’......................................... 53 ¿Dónde se quejan los consumidores? ........................................................................................... 56 Precios y Leyes a la Medida de las Corporaciones ........................................................................ 57 PDH, quejas por vulneración de derechos y criterios de monitoreo ............................................ 58 Márgenes de Cobertura y Falta de Acceso a los Servicios ............................................................ 59 Marco Legislativo del Agua en Perspectiva ................................................................................... 74 Ausencia de Infraestructura e irrigación en el campo .................................................................. 75 CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 78 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 81

LISTA DE CUADROS Cuadro No. 1 Cuadro No. 2 Cuadro No. 3 Cuadro No. 4 Cuadro No. 5 Cuadro No. 6 Cuadro No. 7 Cuadro No. 8

Precios de la Electricidad Doméstica 1997-2006, En Centavos de US Dólar por KWh, América Latina y el Caribe………………………..………….……………… 13 Precios de la Electricidad Doméstica 1997, En Centavos de US Dólar por KWh, América Latina y el Caribe.…………………………………………………… 14 Precios de la Electricidad Doméstica 2005, En Centavos de US Dólar por KWh, América Latina y el Caribe.……………………………………………………………………………….… 14 Precios de la Electricidad Doméstica 2006-Junio, En Centavos de US Dólar por KWh, América Latina y el Caribe.……………………………………………………………………….. 16 Tasas de Crecimiento en los Precios de la Electricidad Doméstica 1997-2006……. 16 Porcentajes de Usuarios de Internet según Población América Latina.………………. 38 Acceso a Servicios de Agua, Electricidad y Telefonía por Municipio, República de Guatemala……………………………………………………………………………………. 60 Desabasto en Servicio de Agua en la Agricultura, 2003, Por Departamento, República de Guatemala……………………………………………………………………………………. 76

LISTA DE FIGURAS Figura 1.

Geografía del país en función de las empresas que distribuyen la energía eléctrica……………..………………………………………………………………………………………………… 9

Figura 2.

Regiones de distribución de la energía eléctrica en Guatemala………………………….. 11

Para ir entendiendo el malestar en cuanto a los servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones (Y lo que está en juego en nuestras luchas por su acceso universal)

I. En 1996, año en que finaliza el conflicto armado interno y las luchas sociales se encausan en las urnas electorales y ‘las calles’, dos leyes de un paquete neoliberal avanzarían para cumplir los dictados del Consenso de Washington en cuanto a privatizaciones: las leyes generales de Electricidad y de Telecomunicaciones. Hubo importantes movilizaciones sociales y de trabajadores específicamente, aunadas a un ejercicio de fiscalización y denuncia en cuanto a sus procedimientos en los medios de comunicación –pese a lo restringido de éstos, lo elitista en cuanto a quiénes pueden expresarse ahí, y con qué tipo de ideas-. Pero todo ello fue ahogado, en gran medida, y la arena del problema se fue desplazando a la vasta franja de población que necesitamos consumir y pagar por esos servicios. El asunto empezó con la privatización de GUATEL. Mucho se dijo entonces de que la privatización de las empresas públicas era ‘para brindarle un mejor servicio a los usuarios’. Y aún a la fecha, no es pequeño el número de cierta ralea de líderes que siguen mostrando sus aparatos telefónicos, en el curso de alguna discusión, como justificación de aquellas medidas. En torno de dichas privatizaciones y su relativa facilidad intervinieron, entre otros, también los factores siguientes: a) la sociedad estaba en una falsa

individualización conformista y temerosa producto de la represión vivida frente a esas y otras luchas populares; b) la espiral de violencia cotidiana iba configurándose en aumento para profundizar una subjetividad de sometimiento del espíritu y en cuanto a una posible articulación comunitaria de las sociedades, así como de éstas entre sí, pero sobre todo; c) a resultas de la falta de educación y de la capacidad de soñar un orden distinto y luchar por ello: todo lo que sonara a ‘Estado’ era en el fondo aborrecido por la sociedad, con ello la posibilidad de pensar ‘lo público’, a ese gran nivel de la escala, que nos involucra a todos y todas sin excepción. La telefonía y la telecomunicación en general (el internet, sobre todo) estaban en un ritmo de crecimiento y avance tecnológico extraordinario, y siguen estándolo. En ello hay una vasta competencia a la vez que un enorme encadenamiento productivo1. Se trata del terreno de la computación y la informática, el cual rige a la telefonía y otros segmentos, en cuyo avance, la informática va absorbiendo (como se ve ya para todo lo relativo a transmisión de 1

Podemos pensar en el conflicto entre Apple y Microsoft, pero asimismo entre Apple y Google, Apple y Adobe Flash, la alianza Google y Adobe frente a Mac, etc. Por otra parte, el encadenamiento productivo de partes y conocimientos mundiales para la producción del iPhone de Apple.

texto, audio e imágenes). En torno de dicho fenómeno se juega mucho poder. No sólo avances sino también limitaciones a su mismo desarrollo, derivadas de la lógica del capital, su concentración y fines; avances posibilitados por el capital pero a la vez limitados a sus intereses y fines. Limitaciones inducidas, por ende, en cuanto al acceso a ello así como al desarrollo social asociado en lo que respecta a muy grandes segmentos de población, limitaciones en cuanto a su uso para fines propios de la sociedad misma, por ende su derecho también a concurrir a configurarlo a partir de sus usos culturales e intereses, su permanencia y dinamismo.

somos analfabetos en lo más básico de la informática. Así, cuando en un pueblo en el altiplano, por ejemplo, un líder político nos enseña vanidoso su aparatito telefónico para justificar las privatizaciones, en realidad esa persona y ese tipo de personas son usuarios de ‘nada’ (en materia de posibilidades y poder social). Son compradores de tarjetas telefónicas y ‘llamadores’ en busca de saldos triples, punto. Se pasan de una empresa a otra en función de la señal y el costo de llamadas, nada más. Por allí los ‘backtones’ y mensajitos; por ahí se figura cierto uso de otras funciones asociadas a los aparatos (grabación de audio e imagen).

El sistema económico que vivimos tiende a la gran concentración de riqueza y poder, esa es su naturaleza. Lo que es altamente específico de la telefonía, las telecomunicaciones en general y la informática (todo regido cada vez más por la última), es que es una arena fuertemente disputada por cada vez más gente que conoce de eso y reclama sus derechos al conocimiento, acceso a la producción, consumo e intercambio libre de ese tipo de productos, el acceso a las obras físicas de la tecnología (hardware) que sustentan ese tipo de ejercicios, todo ello mediante la aplicación compartida de una noción social comunitaria planetaria frente a una gran concentración de capital que se lo niega. Noción comunitaria universal que pulsa en dirección no de hacer negocio sino de establecer lógicas de producción y distribución no mercantiles. Esa gran lucha humana de ahora, fundamental, nos es ajena si nos entendemos sólo como usuarios de llamadas telefónicas y

Así como la telefonía está en una acelerada evolución, y ello asociado fundamentalmente a la evolución de la informática –sólo cuando se tiene acceso a su vinculación y posibilidades, lo que es inmensamente restringido en nuestros países-, está también aceleradamente evolucionando una lucha extremadamente importante en un tipo de arena económico política y cultural que sólo puede librarse jugando en sus terrenos, con sus recursos, a partir de sus posibilidades, que la gente hace suya frente a los diversos grandes poderes y las grandes empresas. En ello radica su extraordinariamente específica naturaleza, su gracia por sí misma y para el resto de luchas hacia todo aquello que entendemos como desarrollo social (el acceso a una vida como merecemos todos y se niega a las mayorías). Es muy difícil, por no decir imposible, que actualmente las luchas de los pueblos y vi

Estados del tercer mundo o con verdadera visión, compromiso y representatividad social de los pueblos, sustituyan con sus propios recursos la totalidad de esos segmentos. Es obvio, sin embargo, que pese a lo anterior, mucho se puede y debe hacer al respecto de la democratización. Más todo pasa por empezar a luchar por que se garantice el acceso de las mayorías a ese nuevo tipo de recursos a partir de la universalidad de su derecho.

somos usuarios de un modelo único, altamente centralizado y monopolizado para el conjunto de usuarios en las variadas regiones geoeconómicas de su poder global. Lo cual pasa por el control de la relación entre la separación del usuario (los hogares) entre sí, de éstos como ‘ciudadanos’ frente al Estado, de una disminución del Estado respecto de las transnacionales que impide a la sociedad y su máximo espacio público (el Estado) encontrarse en aras del interés común de dicha sociedad nacional, todo lo cual limita y reproduce el que ni la sociedad ni el Estado piensen y construyan su relación respecto de la naturaleza y los servicios desde otras perspectivas tecnológicas y sociales.

Ahora bien, es diametralmente diferente lo que ocurre en cuanto al resto de las privatizaciones. La electricidad ni está avanzando a esos ritmos de desarrollo tecnológico, ni puede presentar -bajo los esquemas actuales- los niveles de inventiva social que nos permitan universalizar su acceso con gratuidad y cero impacto ambiental.

Somos ‘usuarios’, un perfil permitido de ‘consumidores’ de un servicio ante el impensable de una negociación por parte de su colectividad en pleno en cuanto a los precios generales del servicio, que no tendría que quedarse en ello sino vislumbrar la nacionalización y el establecimiento de nuevos patrones de costo, sostenibilidad ambiental y reconversión tecnológica.

Es como el tema de los vehículos con motores basados en gasolina (los derivados del petróleo y su civilización). Ya existen alternativas a ello, urgen ambientalmente, pero grandes intereses empresariales y geopolíticos petroleros se oponen firmemente al cambio. Su colosal ganancia y su poder imperial están ligados a un esquema tecnológico basado en el control mundial en pocas manos y destrucción de los recursos naturales estratégicos no renovables, que hacen que la humanidad pague una parte de los réditos de su trabajo permanentemente por ello hacia los dueños y especuladores de precios de esos valores, hacia los controladores del modelo.

Por ello la electricidad es tan distinta de ‘las telecomunicaciones a la luz de la informática’. La electricidad es el monopolio absoluto. También nos presenta no sólo una diferencia en cuanto al otro servicio, sino su antítesis total: es el segmento de inversión extranjera directa en el país que más fuerte y con mayores visos de viabilidad, nos presenta una lucha social que se plantea la nacionalización.

El esquema eléctrico es eso lo que nos muestra, algo parecido al que todos vii

La producción energética capitalista, transnacional, globalizada se basa en el control y explotación inmisericorde de recursos no renovables. Busca el control fundamentalmente del agua, la usa en base al criterio de territorialidad liberal de que los agentes privados hacen lo que quieren en sus propiedades, sus ‘fueros’ privados. Se oponen a las regulaciones ambientales generales, que provienen del espacio público (del Estado), burlan las mismas a través de mecanismos diversos, incluso promoviendo regulaciones favorables para sus negocios y no el uso racional y ambientalmente sostenible. No hay más soberanía que la suya en alianza con la cadena de capitales globales interconectados. También, más allá de la naturaleza misma, las colectividades y los derechos sociales le suenan a puro comunismo. Se oponen evidentemente a la posibilidad de un ordenamiento social diferente que sobre la base del interés común de la nación, el medio ambiente, y los derechos de las comunidades inmediatamente concernidas, universalice el acceso al servicio y a partir de ello pueda avanzarse a generar otro tipo de alternativas tecnológicas más avanzadas. Y se opone violentamente a ello, como aquel ambiente del pasado de cuando avanzaron sus leyes privatizadoras: reprime para acallar ese conjunto de derechos y también sus posibilidades futuras.

ahora al terreno de la generación. Grandes capitales nacionales -finqueros y otros-, incursionan allí pero la gran avanzada global está en un impasse a resultas de la oposición ‘comunitario regional’, especialmente indígena, al respecto de las hidroeléctricas. Entonces el capital global incursiona en la terriblemente contaminante producción de electricidad mediante el carbón importado (dos grandes plantas de Jaguar Energy en Escuintla a las puertas, ambas de la mano de Unión Fenosa). La energía eléctrica, en cuanto a la generación e interconexión regional en manos del gran capital global, está en varios sentidos ligada al agua. El agua nos presenta un tercer gran segmento de análisis en cuanto a los servicios. Está vinculada por ende al fantasma que ronda con intenciones muy reales de imponerse, en lo que respecta a la Ley General de Concesiones, referida a los servicios pero fundamentalmente a todo lo relativo a los recursos naturales en el país. El agua se distingue de los dos anteriores en cuanto a que no fue tocada en 1996 (como ocurriera en los casos de la electricidad y las telecomunicaciones). Pero está en un impasse que es aprovechado por una cohorte de pequeños y medianos agentes privados, como en el caso de todos aquellos proveedores de agua en pipa en la marginalidad urbana; o bien esos 11 millones de metros cúbicos empleados anualmente para fines empresariales sin regulación; los pozos de embotelladoras y otras industrias de bebidas que ahora globalizan sus productos y exportan con ellos el recurso, etc. Y es que todo lo que

En cuestión de electricidad el monopolio de la distribución se impuso (Unión Fenosa para DEOCSA y DEORSA, Iberdrola en alianza con Teco Energy para los tres departamentos –capital y centro sur- más poblados e industrializados del país. Pero avanza viii

tiene que ver con el acceso universal de agua potable, su regulación ambiental para la sostenibilidad del recurso, y el tratamiento de desechos persisten bajo un anacronismo legal también dañino. El conjunto de leyes dispersas y parciales que rigen la cuestión del agua es beneficio para un perfil de agentes privados diverso, pero inútil para las grandes empresas capitalistas y también para los intereses tanto del Estado como la sociedad. Es decir que habrá que salir de esa situación mediante una nueva ley, pero la misma podrá ser para los fines más dañinos para el país y sus mayorías, o como garantía de los intereses de estos dos últimos (nosotros y nosotras).

recursos naturales, vulneran precisamente a estas poblaciones, que han de ser entendidas como Pueblos por la comunidad mundial y los Estados. Algo muy importante es que además de la enunciación de la territorialidad como demanda política de los Pueblos Indígenas, ocurre asimismo la valorización de sus propias instituciones políticas (otro derecho consagrado y reconocido en los instrumentos internacionales para estos Pueblos), tal y como afirma la reciente Declaración de Iximché II. Esto es, las Alcaldías Indígenas, su recuperación y fortalecimiento, es decir la revivificación de las formas de gobierno de la comunidad por la comunidad misma, en una forma de democracia directa, o lo que hoy se llama en América Latina: el poder popular.

Pero el tema del agua tiene también otras grandes peculiaridades interesantes. Recordemos cómo el asunto viene a generalizarse como espacio de lucha a partir de su empleo en la minería de metales a cielo abierto, su afectación en sistemas hidrológicos regionales, sus zonas de recarga hídrica (o bosques), las comunidades concernidas y sus economías campesinas. Cómo ello establece un demanda de carácter territorial entre los Pueblos Indígenas, un redescubrimiento social de esa dimensión social (la territorialidad), que al mismo tiempo es derecho consagrado en los instrumentos de Derechos Humanos, en el renglón de derechos específicos, y especialmente los colectivos (algunos de ellos, como la Declaración Universal sobre Pueblos Indígenas de la ONU de fines de 2007, bastante avanzados pero que costaron 20 años de luchas en dichos foros). Y que se gestaron no por gracia abstracta sino porque la expansión del capital global en las periferias del planeta en pos de los

Lo que no deja de ser una magnífica paradoja de la historia, ya que si como decíamos al inicio, al finalizar el conflicto armado interno la lucha queda planteada en las urnas y ‘las calles’, acá se redefine no sólo la cuestión de las formas de lucha social, sino permiten vislumbrar con toda certeza una reingeniería de cómo está constituido el Estado, también a nivel del Congreso de la República, ahí donde estas leyes fueron y son tratadas de imponer haciendo uso los grandes capitales globales de la nula representatividad sistémica de los diputados, bajo un sistema que se ha configurado de manera enteramente clientelar para reproducirse a sí mismo y al mismo tiempo negar la democracia. Sobre la base del autogobierno propio, indígena comunitario, legítimamente se planteará una representación directa sin ix

necesidad de pasar por partidos políticos para su efecto.

Las claves están en la naturaleza del espacio político diferenciado que se habrá de constituir en los territorios indígenas, su claridad y su fuerza. Así como la claridad y asimismo fuerza que haya de desplegarse en el país en torno a la nacionalización de la energía eléctrica. Pero el factor fundamental de viabilidad está dado por el primero ya que éste puede reconfigurar el poder del Estado, en tanto que el segundo sólo doblegarlo a través del mismo esquema sistémico vigente. Sin embargo, los dos no sólo corresponden a un mismo espíritu de país sino que se presuponen y requieren mutuamente, ya que enfrentan a un mismo enemigo común, el capital global, y por ende requieren avanzar a la construcción del tipo de Estado y sociedad que nos merecemos todos los guatemaltecos y guatemaltecas.

Es decir, que tras el tema del agua (y con ello de la electricidad en su desenvolvimiento), hoy en impasse entre el modelo actual de Estado y los Pueblos Indígenas, está de fondo la carta de la lucha por el derecho al reconocimiento por el Estado del estatuto de sujeto colectivo de los Pueblos Indígenas; sus propias formas de gobierno comunitarias; y la redefinición de la estructura de representación en el Estado a nivel del Organismo Legislativo. En tal sentido, la lucha de los Pueblos Indígenas por sus derechos específicos ha sido dinamizada por y cabalmente en contra del colonialismo vigente así como del capitalismo global y su amenaza. Con ello establece la plataforma más importante para la construcción de una nueva forma de democracia para sí mismos y el conjunto de las mayorías del país. En otras palabras, la Revolución mediante caminos no violentos.

III. Es importante ver y entender la trampa de ese modelo de ‘exigibilidad de derechos’ a que nos ha querido llevar la ingeniería privatizadora del modelo neoliberal que hemos venido padeciendo y busca siempre más para sí mismo.

II. Lo que parece importante de ver es, entonces, cómo el acceso universal a la telefonía pero sobre todo el internet se deben ir garantizando; a la vez que el Estado prosigue en una redefinición asimismo del segmento fiscal hacia las empresas de telefonía, cuyas ganancias ascienden anualmente a una cuarta parte de todo el presupuesto actual del Estado. En tanto que las luchas en torno del agua, cuya arena fundamental está en territorios indígenas, se empata con las luchas por la nacionalización de la energía eléctrica.

La función reguladora del Estado respecto del mercado, la redujeron al mínimo: fuera de la producción en los servicios mismos, dirigida a los derechos de los consumidores según un esquema y alcances meramente ‘administrativos’, todo ello sujeto a un sistema judicial que responde al marco legislativo que ellos establecieron. Lo ‘peleable’ según su estrategia es que el consumidor, en lo individual, tenga las mismas condiciones y grados de x

sometimiento que padece la totalidad del conjunto: que las facturas lleguen a tiempo, los contadores funcionen como los del resto, que las mismas reglas impuestas se nos apliquen a todos de manera pareja. Ese ámbito, que llamamos ‘administrativo’.

en cuanto a los servicios: a) lo que es administrativo (terreno al cual nos quieren llevar, desde un inicio); b) el precio universal de los servicios (que está ligado a las posibilidades de nacionalización y por ende del tipo de Estado), y; c) el desabasto.

No así el que la sociedad o el Estado puedan determinar, bajo concesiones de cinco décadas incluso, esos precios que todos pagamos y hemos de seguir pagando para vivir.

Creemos que es importante ensayar el verlo así porque nos llama a no perdernos en el terreno de lo administrativo, complacientemente en nuestra dominación como usuarios, productores y propiamente ciudadanos.

Es un modelo que nos constituye en un perfil de ‘consumidores y usuarios’, no en el de productores fundamentales de la economía también. La grandes mayorías pobres y trabajadoras son la base real de la economía, por ende sus principales productores, a quienes le es enajenado su trabajo de manera directa en el trabajo, a través de la definición del salario, o en el campesinado en el precio de sus intercambios mercantiles; pero también a través de ese tipo de mecanismos asociados en cuanto al gasto que el esquema económico político empresarial ha impuesto en el terreno de los servicios para todos y todas. Esa es su ‘democracia’.

En la electricidad, por ejemplo, se emiten unas doscientas mil quejas al año (esto es por hogar, que representa un diez por ciento de los hogares guatemaltecos), y representa un subregistro importante de la problemática ya que muchos no nos quejamos ahí. Tampoco está claro donde hacerse, ya que la DIACO (Ministerio de Economía) recibe estas quejas, un diez por ciento de todas las recibidas por ellos (si se le suma a lo anterior, las quejas por telefonía/internet y agua, los tres servicios representan una de cada cuatro quejas tramitadas por la DIACO). Pero, explican, las leyes de 1996 establecen que las figuras institucionales para esas quejas específicas son las ‘instancias reguladoras’ respectivas de la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica –CNEE- y la Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT-.

Ligado a la dimensión de productores de la economía nacional, que somos también los consumidores o usuarios de servicios, está la construcción de eso que es país o Estado, una dimensión del derecho fundamental así como fundamentalmente negada, en nuestras mentes y ejercicio político real (económico, social).

La CNEE puede emitir resoluciones en cuanto a la prestación de servicios, para el efecto ha establecido que todas las oficinas de las distribuidoras de energía eléctrica cuenten con libros de quejas, los cuales monitorea y exige atención de ello a las empresas en plazos definidos.

En base a lo anterior, hemos propuesto diferenciar tres categorías de problemas xi

Pero, observemos, todo ahí está referido a lo que llamamos ‘administrativo’, y no en cuanto al precio del servicio para todos.

También asesinan y amedrentan a la población cuando en regiones enteras el pueblo se alza contra el cobro e imposición de estas empresas, como ha ocurrido en San Marcos. Unión Fenosa les ha cortado abusivamente la luz. Como ‘casualmente’ ocurrió también cuando las empresas telefónicas dejaron sin servicio a parte del gabinete de gobierno, a fines de 2009, durante el pulso entre el Estado y aquéllas por los impuestos que pagan. Las empresas telefónicas facturan entre el 20 % y el 30 % de la publicidad de los medios de comunicación, es tal el poder que asimismo pueden movilizar frente a la sociedad, frente al Estado, el país en su conjunto.

En ello hay algo también importante, como lío administrativo pasa mucha de la interrogante e inconformidad ciudadana respecto del precio general de un servicio, su peso en las economías familiares. Una ‘factura no a tiempo’ es también esfuerzo por intentar evadir una dificultad de pago y los costos extras de un corte. Con la privatización, el precio de la energía eléctrica pasó del décimo octavo más caro de América Latina y el Caribe al quinto más caro de la región, en un país altamente pobre como el nuestro.

Si en el caso de la CNEE, cuyos directivos han reconocido que Unión Fenosa es una empresa ‘no precisamente ejemplar’, la fiscalización existe (con todo y que está restringida a lo meramente administrativo, y de las 200,000 quejas planteadas, el embudo genera 700 denuncias, las que a su vez derivan en 70 demandas en tribunales al año); en cuanto a la SIT, ésta prácticamente se reduce a regular conflictos entre las empresas mismas: en telefonía e internet la regulación es dejada enteramente al mercado mismo (‘si no le gusta, cámbiese de empresa…’).

Dada la presión social, también ha actuado la CNEE mínimamente –según el restringido marco legislativo imperanteen el terreno del precio general del servicio, por ejemplo en cuanto al Valor Agregado a la Distribución (VAD) que, pese a lo resuelto por el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, se nos sigue cobrando a todos en las facturas del servicio eléctrico desde hace diez años, con un monto ilegítimo e ilegal que asciende ya a algo más de Q 2,000.00 por guatemalteco, del más recién nacido al más anciano. Lo que hace que las transnacionales de la energía eléctrica en Guatemala, estén demandando ahora al Estado guatemalteco ante el CIADI (uno de los cinco organismos del Banco Mundial) por no dejarles ganar lo que ellos dicen merecer, demandando al Estado guatemalteco un monto que asciende al doble de lo que el Estado gasta en educación al año.

Han hecho del país algo suyo. Tienen sujeta tanto a la sociedad como al Estado. El mensaje y designio de fondo es: si no le gusta, cámbiese de país.

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y confluencia de demandas sociales para la construcción del tipo de país y desarrollo que avanzamos a construir frente al saqueo y el expolio, la naturaleza de Estado que tenemos aún, su doblegamiento.

IV. Consideramos que el principal problema en el caso del agua es la ausencia de un marco regulatorio (una ley) que sea para garantizar el acceso universal del servicio, la salud y el medio ambiente, los intereses comunes de todos los guatemaltecos, sus pueblos y habitantes, ese tipo de desarrollo como base para nuestro presente y futuro. En segunda instancia el abasto y sólo en tercera medida el precio (en muchos de cuyos casos está precisamente actuando el esquema privado ya en funcionamiento, como vemos en la marginalidad urbana). En cuanto a la telefonía, el principal problema sí está en un amplio terreno administrativo, seguido por la calidad/abasto, y en tercer lugar el precio (de donde se deriva sobre todo, la cuestión tributaria hacia el Estado y su empleo). Hemos de notar y entender por qué ningún país latinoamericano está planteándose una nacionalización de la telefonía. Pero en el segmento específico del internet hay que verlo de manera diferenciada ya: el reto está en su accesibilidad universal gratuita por parte del Estado y/o sus niveles regionales de autoridad pública.

Todos padecemos como usuarios, pero la claridad en nuestro diagnóstico específico del problema y sus rutas de solución, bajo el esquema general del modelo económico impuesto es lo que puede permitirnos enfrentar esos retos al nivel que corresponde: que es el de entendernos como pueblo que produce, ha de construir comunidad, avanzar en el ejercicio del poder desde dicha base y en las vías más adecuadas en lo que respecta a viabilidad y eficiencia. Aquello de que ‘sólo el pueblo salva al pueblo’ hay que entenderlo en su más amplia extensión, con la mayor visión y claridad posible. Porque en su tipo de luchas, tanto las posibles como las necesarias y viables, se juegan también las posibilidades del país mismo.

Y en lo que respecta la energía eléctrica, la lucha principal está en cuanto al ámbito precio universal del servicio y nacionalización (que constituyen un solo campo de lucha); seguido por lo administrativo, y sólo en tercer lugar el desabasto ya que las estadísticas de cobertura son ya bastante altas (es un país con elevados niveles de dispersión poblacional en el área rural). Pero está asociada en buena medida al agua, también, y por ende a las dimensiones de territorialidad, configuración del Estado, xiii

PREFACIO: ‘SE VENDE OLLA…’ Así, con estas tres palabras, un guatemalteco como muchos de nosotros y nosotras, resumía, mordaz y poéticamente a la vez, la difícil situación económica por la que hemos venido atravesando las mayorías en este país. Porque hemos vivido su crítica situación económica entendimos de qué estaba hablando, qué decía con eso. Había tenido que venir vendiendo sus bienes para cubrir fundamentalmente aquello que va a la olla (su alimentación); hasta el final, en el que no queda sino vender la olla misma. Pensamos, al recibir su mensaje, cómo un pueblo con menos ignorancia y más dignidad histórica de la que suele parecer, se ha venido viendo doblegado a ello; así como en el cómo en medio de ese tipo de vivencias -no raras en toda la extensión de nuestros hogares-, desde nuestra cultura y pobreza nos vemos también en la posibilidad e incluso necesidad de producir filosofía: la reflexión sobre nuestras verdades, nuestra realidad y sus causas, la necesidad y nuestras potencialidades para cambiarlas y salir este destino que nos exprime y nos quiere obligar a sufrirlo en sumisión y silencio hasta que no nos quede sino vender la olla. Porque sin duda es una vergüenza también que en lo más crítico del desempleo y las deudas, nos corten la luz. O no podamos ya hacer las llamadas telefónicas para establecer los nexos con quienes quizás podrían ayudarnos, la red social: nuestros esfuerzos usuales hacia el resto de la sociedad. Sabemos que con dinero funciona un mundo social de intercambios, de producción y consumo. Pero sin el mismo, estamos por debajo y fuera de ese tipo de sociedad. Los sociólogos reflejan cómo la pobreza y la vulnerabilidad económica y social nos llevan a fortalecer la posibilidad de apoyos por parte de amistades, compadrazgo, alianzas; formas de organización social que nos ayuden a generar una cierta alternativa posible a ese implacable mundo del dinero. Es decir a ese tipo de organización social que está regido enteramente por el individualismo y el mercantilismo, en donde la comunidad social o humana no existe sino apenas intrincadas redes de relaciones en que hacemos malabares para no caer. Es una vergüenza ser la burla de ese poder económico global y nacional que está rigiendo nuestra forma de sociedad. Pero también es cierto, y cada vez más, que el sistema aprieta tanto que ya, aquí y allá, cada vez más nos damos cuenta de que nuestras respectivas redes y espacios son insuficientes para permitirnos sobrevivir. Ahí hemos venido muchos solamente viendo crecer una lucha en el país por exigir la nacionalización de la energía eléctrica, pero nos ha parecido una demanda más, una lucha de la que sólo se oye mientras los más hundimos nuestra cabeza en la supervivencia cotidiana individualista. El sistema separa y condiciona tanto la conciencia como la acción social. Pero su ambición de ganancias pone al mismo tiempo a riesgo la suficiencia de nuestras diversas redes de apoyos para paliar sus demandas de dinero y trabajo. Y surge propiamente la organización social bajo otro tipo de principios y de objetivos.

El corte. El corte del servicio, cuando es vivido como lo vivimos las mayorías de este país y de todos nuestros países en América Latina, es un corte que suele llegar no por simple olvido. Sino por la angustiosa imposibilidad de pagar. Es una suspensión que va más allá de la interrupción de un servicio: es una muy clara señal de la ruptura de una pertenencia al modelo dominante de sociedad. Somos cortados de la sociedad individualista y mercantilista. Las eficientes empresas transnacionales, para ello, nos cortan de la red, su tipo de red configurada. Esta no es una sociedad pareja, justa. Y esa es su trampa. El sistema nos dice que quien no paga no recibe un servicio, en eso sí nos tratan a todos como iguales: como proveedores de dinero constante fruto de nuestro trabajo. Pero no todos tenemos educación, la misma posibilidad de educarnos y rendir laboralmente, tampoco todos tenemos ingresos, o ingresos más o menos similares. Al sistema de mercado neoliberal eso no le importa siempre en cuando en términos generales su modelo funcione. La persona, el caso individual no importa. Cuando la situación de nuestras personas o familias es insostenible en el malabar de esa cuerda floja, incertidumbre social, vulnerabilidad cotidiana y creciente, este modelo de sociedad al cortar sus servicios se arroga el derecho de cortarnos de su tipo de sociedad. Y no somos pocos, somos los más. Las diversas redes que poseemos en lo particular ayudan. Los amigos del futbol, los compañeros de trabajo, los miembros de la iglesia, quizás apelando al préstamo blando como siempre: hoy por mí y mañana por ti. Porque arrieros somos y en el camino andamos. Pero aún entre pares la diferencia existe, el límite de la ayuda posible. Intentamos en una y otra red, procurando que tampoco éstas, también, no nos corten. Todos estamos sometidos a este modelo. Nacemos para trabajar y deber. Eso se ve en las camionetas del transporte para público (que no ‘transporte público’, precisamente), temprano van las masas a los centros de trabajo de un modo, al final de la tarde vuelven pesadas con la gente extenuada dormitando su agotamiento día a día. Dicen que tener trabajo es un privilegio que hay que agradecer. Pero la verdad es un derecho y también lo es el hacerlo en condiciones dignas y justas. Que el fruto de nuestro trabajo honesto diario no nos lo roben los más grandes, parásitos, que se enriquecen con los centavos que duramente ganamos e, incluso, se arrogan el derecho de cortarnos (pretender cortarnos socialmente de su mundo mercantil, de explotación y saqueo). Los que consumimos servicios, producimos: trabajamos produciendo. Somos consumidores de sus servicios básicos privatizados y concentrados en muy pocas manos dueñas de grandes capitales globales. Pero también somos productores de la economía nacional. Es cierto que somos clientes, lo seríamos y requeriríamos la atención adecuada y eficiente, ya fuera que la empresa en cuestión fuera como éstas actualmente, o fueran empresas públicas, del Estado. Además somos consumidores y tenemos derechos que van más allá de la simple atención al cliente, son derechos sociales. Y por sobre todo, no olvidemos, somos productores de la economía nacional, gran derecho social, determinante para hacer valer lo que son los grandes intereses del país y sus 2

mayorías. Porque sin este nivel de consideración, la economía del conjunto no sale adelante. Porque este país debe ser de todos, sus recursos, su capacidad generadora, su orientación redistributiva para ordenar realmente el crecimiento bajo auténticas premisas de solidaridad social. No la aplastante y abusiva sanción desigual e individualista que nos somete al expolio, la angustia social y la muerte de los más débiles (o que así nos consideremos); el país del cual somos parte que cuando se nos va de las manos es regido contra nuestra suerte en aras del objetivo de este sistema global. ¿Quién no ha pasado en silencio individualmente esta vergüenza de que se le corte el servicio y sentirse, saberse, cortado socialmente de este modelo impuesto con ello; sin poder salir fácilmente de eso? ¿Quién aún no comprende la conciencia que nos permite entender la verdad que se oculta en eso del vender la olla (o tener que tener que dejar hipotecado el terreno para ir a buscar empleo a otro país para pagar lo básico que nuestra familia necesita)? Al fin, al lograr pagar la deuda del servicio, con la ‘graciosa’ oportunidad de pagar una parte de la factura al menos, mantenerse siempre al límite de la cantidad incierta del próximo cobro, sin que éste rebase el límite inmisericorde a partir del cual, sin ningún tiempo más, volverá a significar un nuevo corte? Lo que se podría adquirir con ese cargo adicional de la reconexión. La falsa sensación de normalidad que se impone cuando vivimos así de dos en dos meses, la aceptación casi natural de un orden no democrático en que se nos ha querido doblegar cotidianamente. Porque es allí en donde nos solemos mover: en los espacios descritos de nuestras pequeñas redes sociales. Damos por sentado que así es y así debe de ser. Que hay que pagar y hacer todo lo posible para ello. Que nos ayudamos cuando flaqueamos y caemos en mora, la deuda ha crecido al punto de que es insostenible seguir como todos los demás. Pero hay una gracia suprema –que casi podríamos asemejar a la de una enfermedad de dependencia- cuando de esa vergüenza y su interrogación digna somos capaces de ir más allá nuestras rogatorias de siempre para sentir en nuestras vulneradas personas el mismo derecho de ser patria y ser humanos. Que puede y ha de llevarnos a encontrarnos de otra manera con gente como nosotros de todas esas nuestras redes y espacios para entendernos como consumidores de un servicio con derechos, y de convocarnos como corresponde a superar ese sino de individualismo pasivo y doliente en que las mayorías estamos aislados e invisibles unos de otros, a fin de encontrarnos como una comunidad. Una comunidad más amplia, de espacios locales frente a esas empresas y el tipo de políticas de Estado heredadas de gobiernos oligarcas que les han consentido a cambio de tajadas de explotación, el secuestro de la nación, de nuestros derechos en ello, de nuestra condición como sociedad y el tipo de sociedad y Estado que queremos y necesitamos. Del verdadero evangelio que requerimos de solidaridad y justicia social, que es volver a ponernos de pie como trabajadores y productores (todos los trabajadores somos principalmente los productores y productoras de este país) para definir el tipo de sociedad 3

y su organización pública que necesitamos para no sólo sobrevivir sino proyectar como se merece a nuestra gran familia guatemalteca. Allí brillaría la luz de nuestra conciencia, revolucionariamente, rebelándose contra el corte y el sistema cortador de luces. Porque la lucha contra estos abusos ya ha costado vidas, nuestro pueblo sabe y lucha contra esos abusos de las grandes empresas globales. Defendiendo los intereses de nuestras familias, de nuestra condición de pobres, y también como siempre los intereses de este país que debe ser de todos y todas, han caído asesinados recientemente luchadores conscientes. Así también pretenden apagarnos la luz. Por ello es una lucha de conciencia frente a la objetiva necesidad amplia la que habrá de irse abriendo camino para que exigiendo derechos recuperemos patria y futuro. La labor de CONADECO se suma valiosamente a ello, a construir comunicación y energía alternativa en la sociedad, a partir principalmente del derecho de los consumidores de servicios básicos como la electricidad y las comunicaciones. Aspira a fluir en nuestros diversos espacios y redes como un afluente de conciencia que recoge necesidades padecidas en el aislamiento social impuesto de la cultura antidemocrática y represiva, para que un torrente de voces en el cual converge, permita a partir de lo específico enfrentar problemáticas sociales y nacionales que generen a la vez democracia y desarrollo. El concepto y tipo de democracia y de desarrollo que sólo sus mayorías pueden ir definiendo e impulsando. Ya el descubrirnos en sociedad como consumidores es importante porque a partir de nuestras realidades duramente burladas y sostenidas, veremos con la debida claridad cómo este país y sus esferas públicas han sido regidos por y para los intereses de unos pocos, su descomunal e inmoral enriquecimiento, no los de nuestros intereses como Pueblo. Privatizando todo lo que pueden, hasta llevarnos a vender las ollas, han buscado mantener también en lo profundo de nuestra privada carga personal una desesperanza. Pero una vez que un luchador social en contra de ello, como en el caso de Víctor Gálvez de Malacatán contra la transnacional de Unión Fenosa, ha sido asesinado (24 de octubre) la consigna no va a ser otra que la de que esa empresa salga del país. Tras ello y la necesidad de no dar marcha atrás en el ambiente político de Guatemala, la nacionalización de la energía eléctrica debe ser clara y explícita, orientar totalmente nuestros pensamientos y acciones. Una vez esto ha acontecido en la vida nacional, todas nuestras acciones deben ser regidas por un tipo de ética impecable hacia ello. Porque aquí ya no estamos tratando sólo con el saqueo y el posicionamiento para el saqueo que busca el capital global de nuestros recursos naturales y trabajo sino la advertencia clara de que en esto se imponen ellos o los que defendemos y luchamos por este país. Así estamos y esos son los retos. En lo específico del renglón energético pero asimismo de toda la relación entre lo que somos como personas y los intereses y derechos de este país. Debe de ser una y la misma cosa, 4

somos Guatemala. Una tierra de lucha en el coraz贸n de una Am茅rica Latina resuelta a su unidad, descolonizaci贸n y futuro propio.

OBJETIVO DEL ESTUDIO En sentido amplio el objetivo de este estudio es reconocernos. Un reconocimiento no en el sentido de homenajear a los caídos, sea de muerte o en desgracia. Aunque ello es necesario, más lo es también el honrar una lucha viva. Una de las maneras de hacerlo es fortaleciéndola, dándole insumos para poder ejercer su desenvolvimiento con más eficiencia. Reconocernos significa asimismo el vernos a nosotros mismos, nuestra condición y realidad, los puntos críticos que regularizan la realidad en que estamos los consumidores de tres servicios básicos: la energía eléctrica, la telefonía y el agua. El voltear a vernos a nosotros mismos en ello, revisitarnos, conocernos y en ello reconocernos socialmente. La percepción que tenemos las y los guatemaltecos de esos tres servicios básicos en Guatemala es tanto la generada por sus historiadores e intelectuales, como toda esa vivencia y reflexión asimismo en que todos nos situamos frente a su realidad pretérita y contemporánea, del ayer y el hoy. La urdimbre política pero asimismo los momentos esenciales en el hoy que reflejan el agobio y malestar de sus lógicas y manifestaciones. Quisiéramos presentar una síntesis de cómo está fundamentalmente la cuestión a fin de fortalecer la conciencia y la lucha por los derechos que tenemos siguiendo el impacto que la economía política de esos servicios tiene en nuestra condición de consumidores y usuarios. Pero asimismo sus causas, en razones que no siempre nos es dado ver. El cómo estamos pero también el por qué estamos como estamos en esos terrenos. Inicialmente nos aproximaremos a una historia básica de esos tres servicios, sus regulaciones y los intereses involucrados, el negocio que representan, los intereses económicos y políticos que han venido gestando el modelo imperante. En una segunda instancia, entraremos a reconocer el impacto y sentir de la población como consumidora, sus necesidades y retos. Concluiremos con un balance y propuestas de perspectivas a la cuestión. Planteamos cosas de historia, montos de enriquecimiento y dilemas para el país y nuestra gente, es cierto. Pero no para quedarnos en ello, sino para alimentar ese tipo de trabajo reflexivo que proponemos mantener a lo largo de este recorrido y sus reflexiones: ¿Cómo el sujeto social, nosotros, padecemos el efecto terminal de toda esta cadena de sucesos históricos y de grandes intereses económicos en la actualidad de manera aislada y particularizada; salvando como podemos el cumplirle, en un tipo de aceptación impuesta que nos pretende ordenar en una desarticulación social, sin embargo extremadamente común? ¿Cómo la conciencia de consumidores bajo las actuales condiciones nos ha de llevar a encontrarnos socialmente también con el derecho a pensarnos como productores de trabajo y de economía en este país? ¿Cómo a través del reconocimiento de esas realidades hemos de plantear cosas de fondo en relación a esos servicios y la forma del régimen de propiedad en que deberían de funcionar para nuestros intereses mayoritarios, regulaciones, y cómo dichos intereses mayoritarios son los intereses del país? Es decir, cómo ese hilo de la dominación enfrentada en lo respectivo de nuestros hogares nos puede y debe llevar a involucrarnos e incidir como una lucha fundamental, a través de nuestras formas culturales y compromiso organizativo real, a sobreponernos como sociedad. 6

EL NEGOCIO DE LOS SERVICIOS BÁSICIOS ESENCIALES La energía eléctrica nos presenta actualmente la más importante demanda social de nacionalización de un renglón de inversión extranjera directa en Guatemala. En lo que respecta al agua, el reto se orienta al establecimiento de un marco regulatorio que compatibilice los intereses nacionales y el desarrollo de las regiones, particularmente en ello demandas indígenas; para que en base a eso se pueda hacer frente a las presiones transnacionales para su privatización y se garantice su acceso universal. En tanto que la telefonía, ampliamente delegada a concurrentes empresas privadas más o menos reguladas en América Latina, nos presenta el reto de una regulación pública efectiva, la preservación de intereses básicos del Estado en un ámbito de la prestación del servicio, y el tema fiscal. Pero sobre todo el que podamos garantizar el acceso social al segmento del internet que trae asociada y conviene ir entendiendo en sí mismo como un campo estratégico, cada vez más, para el desarrollo social del país.

Energía Eléctrica La Ley General de Electricidad actualmente vigente fue emitida el 15 de noviembre de 1996 (Decreto 93-96 del Congreso de la República). Emitida durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), esta ley es la que da paso a la privatización de la Empresa Eléctrica de Guatemala S. A. –EEGSA- y la entrega de la energía eléctrica a los capitales principalmente transnacionales. El gobierno de Arzú, su orientación y conformación representativa de los intereses de la oligarquía y el capital global, llevó a cabo la privatización de la empresa eléctrica y las telecomunicaciones (GUATEL), como parte de un conjunto de medidas neoliberales contrarias a los intereses nacionales, de los trabajadores y sectores populares. Fue un gobierno fuertemente agresivo en ello que enfrentó luchas de protesta y movilización social contra todas esas medidas, como ha venido siendo hasta la aprobación del Tratado de Libre Comercio (CAFTA) y prosigue en nuestros días. El gobierno de Arzú impulsaba el llamado Consenso de Washington, generado en esos años noventa, y que había sido inicialmente definido para América Latina. Sus componentes de reordenamiento de las prioridades del gasto público, liberalización del comercio internacional, liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación y derechos de propiedad. El ministro de Energía y Minas de Arzú, Leonel López Rodas, fue pieza clave de ese tipo de acciones, tanto en lo que se refería a la energía eléctrica como en cuanto al petróleo e hidrocarburos, y la minería (Decreto 48-97). 7

La Ley General de Electricidad de 1996, marco que sigue rigiendo la cuestión, plantea en sus Considerandos: ‘que es necesario aumentar la producción, transmisión y distribución de dicha energía mediante la liberalización del sector’; asimismo, el que sería: ‘necesaria la participación de inversionistas que apoyen la creación de las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica’. En su Capítulo IV (Separación de funciones en la actividad eléctrica), la nueva ley estableció en su Artículo 7 que: Una misma persona, individual o jurídica, al efectuar simultáneamente las actividades de generar y transportar y/o distribuir energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional -SEN- deberá realizarlo a través de empresas o personas jurídicas diferentes. Es decir que separó los tres procesos que intervienen de manera directa en la prestación del servicio: la generación, la transmisión y la distribución. En lo que respecta a la distribución, la privatización significó redibujar el mapa nacional en tres regiones, que serían desde aquella época asignadas a tres empresas privadas de capital transnacional: DEOCSA, DEORSA y la EEGSA. Que en síntesis irían, las tres regiones de distribución, a parar en manos de dos transnacionales españolas: la EEGSA para IBERDROLA, y DEOCSA y DEORSA para Unión Fenosa. La entonces creada Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente S. A. (DEOCSA), tendría a su cargo la distribución de energía eléctrica en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla. La Distribuidora de Energía Eléctrica de Oriente S. A. (DEORSA), distribuiría la energía en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Izabal, Jutiapa, Jalapa, Petén, Santa Rosa y Zacapa. En tanto que la ahora privatizada y reducida EEGSA (pero en control de la importante distribución en el área metropolitana y del centro), tendría los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla.

DEOCSA

DEORSA

EEGSA

Figura 1. Geografía del país en función de las empresas que distribuyen la energía eléctrica.

¿Cómo ocurrió esa privatización en base a la nueva Ley General de Electricidad? Desde 1972, la Empresa Eléctrica de Guatemala S. A. (EEGSA) era propiedad pública, del Estado; patrimonio público en un 96.1 %, sólo un 3.1 % de inversión privada. La EEGSA distribuía el 70 % de la electricidad en Guatemala. Como políticas dictadas siguiendo lógicas e intereses neoliberales globales, un año antes de que Arzú asumiera la presidencia ya a la EEGSA le habían sido ‘desincorporadas’ sus dos plantas generadoras que fueron vendidas por 30 millones de dólares a la estadounidense Guatemalan Generating Group. La licitación de la empresa eléctrica, una vez emitida la ley, tuvo lugar el 30 de julio de 1998. Para el efecto, el Estado de Guatemala fue asesorado por la empresa Salomon Smith Barney. Se planeó primero vender un 80 % de la EEGSA, por el cual el gobierno esperaba recibir entre 250 y 300 millones de dólares (USD). Ese 80 % -alrededor de 17.2 millones de acciones- fue adquirido por Iberdrola de España junto a la estadounidense Teco Power Services (TPS) y Electricidad de Portugal (EDP). Dicho consorcio pagó 520 millones de dólares (alrededor del doble de lo que el gobierno, con su ‘asesoría’ elegida, esperaba). Cuando se produjo la venta sólo acudieron otros tres consorcios: el integrado por Unión Fenosa Desarrollo/Acción Exterior/Enron Caribe, ofreció 475.5 millones. Los otros dos fueron Electricidad de Caracas con una oferta de 319.2 millones de dólares, y AES Corporation con 240 millones de dólares. El 11 de septiembre de 1998 Iberdrola Energía S.A. comunica en nombre del consorcio, que es a partir de esa fecha quien administrara las actividades de la EEGSA. La concesión para la prestación del servicio se otorga por un periodo de 50 años. Tras vender ese 80 %, un restante 16.1 % de la empresa eléctrica (del 96.1 % que era patrimonio público) fue colocado en agosto de 1998 en la Bolsa Nacional de Valores, BNV (unos 3.46 millones de acciones). Iberdrola controla los departamentos centrales (la nueva EEGSA). Lo que restaba de la distribución del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, sería vendido con asesoría de la empresa Schroders Citibank. Ello fue dividido en dos regiones: la del oriente del país con unos doscientos mil usuarios y la del occidente con más de trescientos setenticinco mil (las entonces nacientes DEOCSA y DEORSA, en manos de la transnacional española Unión Fenosa). En mayo de 1999, la filial de la transnacional en Guatemala se llama oficialmente ‘Unión Fenosa Deocsa-Deorsa’. Por ello se pagaron 101 millones de dólares, pero según el sindicato de trabajadores STINDE, su precio real ascendía a 400 millones de dólares. (Solano, 2009: 24)

Fuente: Unión Fenosa

Figura 2. Regiones de distribución de la energía eléctrica en Guatemala.

Ganancias En su desatención administrativa, cuando menos, previa al inicio de su ya proyectada privatización, la EEGSA había operado con pérdidas en 1995 y 1996. Naturalmente, cuando las empresas públicas son fortalecidas como está ocurriendo en parte importante de América Latina, esas ‘pérdidas’ cuando no obedecen a vicios administrativos y de corrupción, pueden ser entendidas como costos de inversión social del Estado en su conjunto. Las empresas públicas actualmente nos sólo tienden a una eficiencia creciente, tanto en provisión de servicios y atención al cliente, como en lo que se refiere a su propio fortalecimiento y expansión. Todo ello bajo un marco político estatal de orientación social y a la vez de defensa de intereses nacionales (pensemos en la venezolana PDVSA o el gas y el litio de Bolivia, por ejemplo). Sin embargo, acá las ‘pérdidas’ de la EEGSA fueron corregidas con un incremento en las tarifas de la energía eléctrica a los consumidores en 1997, poco antes de su entreguista privatización, por lo cual en dicho año presentó ya ganancias netas por tres millones de dólares. Que no sería sino el inicio de un muy jugoso e injusto negocio a favor de las flamantes empresas que se hacían de esta enorme fuente de ingresos a costa de los bolsillos y la vida de las mayorías guatemaltecas. A partir de 1998 y la privatización de la EEGSA, la tarifa ha tenido un aumento del 120 %. (Fuente: Biblioteca Privada Chiquimula, Guatemala, Investigación y Desarrollo para los Estudiantes de la Región).

Según denuncias del Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL): Por radio, por televisión y acompañando cada recibo, se han lanzado en una intensa campaña en la que afirman que “de cada quetzal que reciben, sólo les quedan 13 centavos”, es decir, el 13%. En primer lugar, un 13% de ganancia no estaría nada mal, sobre todo si se considera la enorme cantidad de millones que mes a mes mueve EEGSA, empresa que pertenece a IBERDROLA. Pero viene a resultar, de todas maneras, que esa tan cacareada afirmación de los 13 centavos es falsa. No porque lo diga el FNL, sino porque, de manera pública, lo afirma TECO Energy, accionista que posee el 24% de las acciones de EEGSA. Lo dice, pues, una fuente debidamente informada y con plena autoridad para afirmarlo. Prensa Libre, en su edición del 1º de Noviembre, informó al país que, en tres meses, las ganancias de TECO Energy, como socia de EEGSA representan el 23.45% de su ingreso. Es decir, más de 10% arriba del 13% que EEGSA afirma públicamente que percibe. Las cifras de ganancias confesas por TECO Energy asombran: 1.9 millones de dólares en 3 meses, es decir, 15.5 millones de quetzales. Más de 5 millones de quetzales por mes. Y esto es sólo el 24% del total de las ganancias de EEGSA. Una simple proyección permite calcular que, si 1.9 millones de dólares ganan en 3 meses con el 24% de las acciones, con el 100% ganarán cerca de 7.6 millones de dólares en 3 meses, es decir, 60.8 millones de quetzales en 3 meses, o 20.3 millones al mes, como promedio, extraídos sin misericordia alguna de los bolsillos de sus usuarios. (FNL, sitio web) La estimación y denuncia anterior, en lo que respecta al consorcio liderado por Iberdrola, se refiere a los tres departamentos del área centro sur del país asignados a la EEGSA actual. Al año 2006, el número total de usuarios del servicio eléctrico en el país ascendía a la cantidad de 1,161,792 unidades de consumidores, en su inmensa mayoría hogares -y de escasos recursos-. Si en la Argentina, por ejemplo, el precio de la electricidad (en centavos de dólar por KWh) bajó de 11.91 en 1996 a 3.79 en 2005, en Guatemala subió de 7.06 a 11.7 en el mismo periodo.

Cuadro No. 1 Precios de la Electricidad Doméstica 1997-2006 En Centavos de US Dólar por KWh América Latina y el Caribe PRECIOS ELECTRICIDAD SECTOR RESIDENCIAL (USD cent./kWh) Países 1997-JUNIO 2005-JUNIO 2006-JUNIO ARGENTINA 11.50 7.36 9.72 BARBADOS 16.64 19.96 21.39 BOLIVIA 6.94 6.61 6.72 BRASIL/BRAZIL 13.20 13.24 19.06 CHILE 11.89 12.34 13.06 COLOMBIA 5.88 9.82 9.12 COSTA RICA 6.27 6.69 8.06 CUBA 12.98 13.72 20.61 ECUADOR 8.77 12.51 12.50 EL SALVADOR 8.19 11.64 14.34 GRENADA 19.26 22.10 22.10 GUATEMALA 7.35 11.70 11.79 GUYANA 7.77 21.48 21.51 HAITI 9.61 6.37 7.18 HONDURAS 7.13 7.49 7.76 JAMAICA 13.52 22.31 24.50 MEXICO 4.33 7.75 7.85 NICARAGUA 11.48 13.61 17.13 PANAMA 11.40 12.48 12.71 PARAGUAY 7.02 6.03 6.17 PERU 13.84 12.72 12.40 REP. DOM. 10.74 18.92 0.58 SURINAME 17.08 17.60 18.26 TRINID& TOB 2.75 3.60 3.60 URUGUAY 15.77 14.44 15.61 VENEZUELA 3.02 4.50 4.50 AMÉ. LAT. Y CARIBE 9.87 10.45 12.61

Tasa de Crecimiento (%) 1997-2006 2005-2006 -2.08 32.15 3.19 7.19 -0.40 1.65 4.70 43.91 1.18 5.80 5.64 -7.11 3.18 20.47 5.95 50.22 4.53 -0.04 7.25 23.19 1.73 0.00 6.08 0.78 13.58 0.15 -3.58 12.68 1.07 3.67 7.71 9.79 7.73 1.18 5.13 25.87 1.37 1.81 -1.59 2.37 -1.36 -2.54 -30.63 -96.96 0.84 3.76 3.42 0.00 -0.12 8.11 5.12 0.00

3.11

20.66

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Informe de Estadísticas Energéticas 2006.

Guatemala ocupaba en 1997, el 18 lugar en la lista de los 26 países de la América Latina y el Caribe (ordenados por países, de la electricidad más cara a más barata), con un precio entonces de 7.35 centavos de dólar por KWh (2.52 centavos por debajo del promedio en la región). (Ver Cuadro No. 2). En 2005 ya se ubicaba en el 15avo. lugar, con un precio de 11.70 centavos de dólar (un incremento respecto de sus precios en 1997 del orden del 159.2 %); ya a 1.25 por encima del promedio de toda la región. (Ver Cuadro No. 3).

Cuadro No. 2 Precios de la Electricidad Doméstica 1997 En Centavos de US Dólar por KWh América Latina y el Caribe PAÍSES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

GRENADA SURINAME BARBADOS URUGUAY PERU JAMAICA BRASIL/BRAZIL CUBA CHILE ARGENTINA NICARAGUA PANAMA REP. DOM. HAITI ECUADOR EL SALVADOR GUYANA GUATEMALA HONDURAS PARAGUAY BOLIVIA COSTA RICA COLOMBIA MEXICO VENEZUELA TRINID& TOB

1997 JUNIO 19.26 17.08 16.64 15.77 13.84 13.52 13.20 12.98 11.89 11.50 11.48 11.40 10.74 9.61 8.77 8.19 7.77 7.35 7.13 7.02 6.94 6.27 5.88 4.33 3.02 2.75

Cuadro No. 3 Precios de la Electricidad Doméstica 2005 En Centavos de US Dólar por KWh América Latina y el Caribe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, su Informe de Estadísticas Energéticas 2006.

PAÍSES JAMAICA GRENADA GUYANA BARBADOS REP. DOM. SURINAME URUGUAY CUBA NICARAGUA BRASIL/BRAZIL PERU ECUADOR PANAMA CHILE GUATEMALA EL SALVADOR COLOMBIA MEXICO HONDURAS ARGENTINA COSTA RICA BOLIVIA HAITI PARAGUAY VENEZUELA TRINID& TOB

2005-JUNIO 22.31 22.10 21.48 19.96 18.92 17.60 14.44 13.72 13.61 13.24 12.72 12.51 12.48 12.34 11.70 11.64 9.82 7.75 7.49 7.36 6.69 6.61 6.37 6.03 4.50 3.60

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, su Informe de Estadísticas Energéticas 2006.

Un año más tarde, en 2006, subió al 14avo. lugar, con el precio de 11.79 centavos de dólar. (Ver Cuadro No. 4). En la República Bolivariana de Venezuela, para hacernos una idea de nuestra situación nacional, los consumidores pagan poco más de la tercera parte de lo que nosotros pagamos en Guatemala (cada uno de nuestros hogares paga 262 % más que los venezolanos). Durante el periodo 1997-2006, Guatemala –uno de los países más pobres de América Latina- ocupaba ya el quinto lugar de toda la lista de 26 países que más alzas ha experimentado en los precios de la energía eléctrica. El quinto, luego de dos islas de las Antillas, así como México –en proceso de privatización, ahora- y el gobierno de la derechista Arena en El Salvador (procesos del Plan Puebla Panamá o ahora Plan Mesoamérica). En tanto, siete países de la América Latina y el Caribe han bajado sus precios de la energía eléctrica destacando el caso de la República Dominicana que abarató para los consumidores el servicio en un 30.63 %. (Ver Cuadro No. 5). Otro indicador que puede ser útil para nuestro análisis y comprensión del impacto que esos datos representan según las condiciones económicas específicas de cada país es la tasa que resulta de estimar cuánto representan esos precios según el salario mínimo. Por ejemplo, el consumo de 100 KWh (kilowatts hora) al mes, en Guatemala representaba el 6.1 % del salario mínimo. Pero 100 KWh equivale a tener en casa solamente 3 focos de 60 Watts (3 focos X 60 Wh x 4 horas diarias x 30 días al mes= 7200 Wh o bien 7.2 KWh), ver una televisión 4 horas diarias (60 KWh), planchar media hora al día (15 KWh) y oír un radio poco más de cuatro horas diarias (18.3 KWh). Sólo un refrigerador consume fácilmente esos 100 KWh mensuales. Si en Guatemala esa proporción del precio de 100 KWh representa un 6.1 %, y podríamos calcular que un consumo de 250 KWh –que también se suele usar en este tipo de estimaciones latinoamericanas- correspondería a un 15.25 % del salario mínimo; siempre en datos del 2006, en México ello representaría el 5.9 % del salario mínimo, en Honduras el 4.2 %, en Panamá el 4 % y en Costa Rica el 2.7 % de sus respectivos salarios mínimos. La situación de El Salvador y Nicaragua es aún más crítica que la de Guatemala, como ha podido apreciarse en las tablas anteriores: el consumo de esos apenas 100 KWh en el caso de El Salvador, por ejemplo, tendría un peso de entre el 9.6 % y el 11.3 % de sus salarios. (Con datos del MEF, Gobierno de Panamá).

Cuadro No. 4 Precios de la Electricidad Doméstica Junio 2006 En Centavos de US Dólar por KWh América Latina y el Caribe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

PAÍSES JAMAICA GRENADA GUYANA BARBADOS CUBA BRASIL/BRAZIL SURINAME NICARAGUA URUGUAY EL SALVADOR CHILE PANAMA ECUADOR GUATEMALA PERU ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA MEXICO HONDURAS HAITI BOLIVIA PARAGUAY VENEZUELA TRINID& TOB REP. DOM.

2006-JUNIO 24.50 22.10 21.51 21.39 20.61 19.06 18.26 17.13 15.61 14.34 13.06 12.71 12.50 11.79 12.40 9.72 9.12 8.06 7.85 7.76 7.18 6.72 6.17 4.50 3.60 0.58

Cuadro No. 5 Tasas de Crecimiento en los Precios de la Electricidad Doméstica 1997-2006 América Latina y el Caribe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, su Informe de Estadísticas Energéticas 2006.

PAÍSES GUYANA MEXICO JAMAICA EL SALVADOR GUATEMALA CUBA COLOMBIA NICARAGUA VENEZUELA BRASIL/BRAZIL ECUADOR TRINID& TOB BARBADOS COSTA RICA GRENADA PANAMA CHILE HONDURAS SURINAME URUGUAY BOLIVIA PERU PARAGUAY ARGENTINA HAITI REP. DOM.

1997-2006 13.58 7.73 7.71 7.25 6.08 5.95 5.64 5.13 5.12 4.70 4.53 3.42 3.19 3.18 1.73 1.37 1.18 1.07 0.84 -0.12 -0.40 -1.36 -1.59 -2.08 -3.58 -30.63

Crece el Malestar Social, Indicadores Generales de Quejas Formales de Usuarios En Guatemala se han venido librando importantes y crecientes luchas nacionales contra los abusos de las transnacionales de la energía eléctrica. A nivel de quejas formales, y hemos de considerar que tras las mismas, un número importante de usuarios se han venido ‘aguantando’ de ir a presentarlas, en el año 2004 los reclamos a DEOCSA y DEORSA ascendían a 14,006 y 15,766 respectivamente. El 95 por ciento de todas ellas era por inconformidad en el cobro del servicio. (Minga Informativa de Movimientos Sociales) En lo que respecta al 2009, según denuncia del FNL, las quejas han aumentado significativamente: En su portada del pasado Martes 21 de Julio, Prensa Libre reporta que son más de 90 mil las quejas que, en contra de Unión FENOSA e IBERDROLA, ha recibido la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en un lapso de sólo cinco meses.

“De Enero a Mayo último, la CNEE recibió 90 mil 358 reclamos por deficiencias en el servicio de electricidad. Contra DEOCSA se presentaron 53 mil 131 denuncias en esos cinco meses, en especial en San Marcos, Chimaltenango, Quetzaltenango y Suchitepéquez, y contra DEORSA 37 mil 227, la mayoría en Jutiapa, Santa Rosa y Alta Verapaz. Las quejas más recurrentes contra DEOCSA, DEORSA y EEGSA fueron por interrupción del servicio – 50 mil 56 -, problemas de facturación – 17 mil 118 – y cobros abusivos – siete mil 877-.

Esas 90 mil denuncias sólo son las contabilizadas de enero a mayo del año en curso. Significa una media de 18 mil al mes. Es decir que si en 2004, se presentaron 29,772 quejas de los usuarios del servicio, la proyección de las 90,000 de los primeros cinco meses del 2009 nos indica que sólo en cinco meses se triplicó la cantidad de quejas de las registradas un lustro atrás. O bien, si hacemos una proyección de esas 90,000 quejas en cinco meses al año completo, para fines de comparación, las 216,000 quejas previsibles de este año significa que las quejas han crecido en cinco años en un 725 %. Entre Transnacionales y Oligarquías te Vieras Iberdrola es la séptima corporación transnacional en importancia en América Latina, con ganancias a nivel mundial anuales estimadas en 14,498 millones de dólares. Iberdrola factura el 20 % de toda la energía eléctrica en Latinoamérica. Unión Fenosa es la onceava en América Latina y el renglón, con ganancias mundiales anuales que ascienden a los 7,971 millones de dólares. Fenosa factura el 34 % de toda la energía eléctrica de América Latina (con datos del Atlas de la Energía en América Latina y el Caribe, las Inversiones de las Multinacionales Españolas y sus Impactos Económicos, Sociales y Ambientales). Pero aunque las corporaciones transnacionales, las empresas del capital global, se posicionan mediante su inversión directa de manera tan desventajosa para los intereses de las mayorías y los países del tercer mundo y la América Latina, también –aunque en bastante menor medida-, las concentradas y poderosas burguesías participan en el tan rentable negocio de los servicios básicos. Aunque proporcionalmente en poca medida. Igual que han mantenido el sistema político y el atraso del país como una finca abandonada, con su gente hambrienta, sin salud ni educación pero ellos enriqueciéndose, tendiendo a reprimir y obtener más y más ganancias para sí mismos, como siempre; ha tenido que venir el empuje de los procesos de globalización capitalista para que le planteen al país una serie de reformas en infraestructura e inversiones, por supuesto para 18

el capital global y sus corporaciones, pero es hasta entonces que esos cambios empiezan a tener lugar. Y la oligarquía guatemalteca también quiere ‘entrar en esa modernidad’. Si en 1998, el negocio de la privatización de la energía eléctrica era fundamentalmente en torno de la distribución, ahora empieza fuertemente a definirse en torno de la generación (amenazando con ello lo que queda del INDE). Se habla entonces, por ejemplo, del grupo Multi Inversiones en torno de la proyectada generadora Xalalá. Dicha hidroeléctrica tiene previsto un 80 % de inversión de capital internacional y un 20 % local. Aunque públicamente no se ha dado a conocer nombres de inversionistas locales interesados, el analista político Carlos Hoffman declaró a Inforpress que el Grupo Multi Inversiones será el gran beneficiado y que la siembra de árboles que hicieron los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) en el río Chixoy, en 2006, es para recuperar la zona de recarga hídrica de este proyecto hidroeléctrico, que se encuentra aguas abajo de la hidroeléctrica Chixoy. Sin duda, la factibilidad de Xalalá debe pasar por obtener la licencia social de las diversas comunidades de la región donde se piensa construir, y que en abril manifestaron su oposición en consulta comunitaria realizada en Ixcán, Quiché (Inforpress 1655, 1681, 1682 y 1701). (NativObserver News Center) Multi Inversiones es fundamentalmente la familia Gutiérrez Bosch: Dionisio Gutiérrez y Juan Luis Bosch. Copresidentes de Multi-Inversiones (un holding de más de 300 empresas) con avícolas y pecuarias en toda Centroamérica; inmobiliaria Multiproyectos; generación de energía Renace e HidroPolochic, en construcción; finanzas, molinos, concentrados, molinera Maya en República Dominicana. Su empresa insignia es Pollo Campero, con 218 restaurantes en Centroamérica, Ecuador, México y EE.UU., próximos a abrir en España, Indonesia, y China. Campero recién traslado sus oficinas a EE.UU., para convertirse en una franquicia global con más de 600 restaurantes a nivel mundial para 2010. Sus ventas superan los US$2,000 millones anuales y 28 mil empleados. Juan Luis es invitado a las reuniones de magnates de Carlos Slim. Su origen se remonta a su bisabuelo Dionisio Gutiérrez, un inmigrante español que llegó a San Cristóbal Totonicapán, donde abrió una tienda. En el negocio de la electricidad también veremos a los Herrera: Julio Herrera Zavala. Presidente del Ingenio Pantaleón, Agropecuaria Atitlán, Spectrum Inmobiliaria (vivienda y centros comerciales), Procalidad (alimentos), participación en los bancos Industrial, Cuscatlán y Agromercantil. Pantaleón Sugar Holdings surge en 1849 con la fundación del Ingenio Pantaleón, son descendientes directos de Manuel María Herrera, ministro de Fomento del general Justo Rufino Barrios, y de Carlos Herrera Luna, ex presidente de Guatemala (1920-1921); poseen 19

ingenios en Honduras y Nicaragua (Monte Rosa, el segundo más grande del país), y sus ventas anuales se han estimado en más de US$200 millones, generan más de 50 mil empleos. Pantaleón es considerado el mayor exportador de azúcar de Latinoamérica. Desde 1990 participa en la cogeneración de energía eléctrica en Guatemala y también en Nicaragua. En 2005 invirtieron US$30 millones para producir etanol (alcohol carburante), en alianza con firmas colombianas y brasileñas. Así como los Campollo: Ramón Campollo. Dirige el Ingenio Madre Tierra, la Compañía Petrolera del Atlántico, inversiones en generación y distribución de energía, producción de palma africana. Luego que el presidente Dwight D. Eisenhower le retirara su cuota azucarera a Cuba, con la llegada al poder de Fidel Castro, arriba a Guatemala en 1963 procedente de Jamaica; se afirma que controla unos 17 ingenios en diferentes países, incluyendo Costa Rica, República Dominicana y Cuba. La Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) obtuvo una concesión para explotar petróleo y gas en el Lago de Izabal. En energía, participa en la generación con carbón y bagazo de caña, es socio nacional de la Empresa Eléctrica (EEGSA). En Petén posee plantaciones de palma africana. (Informaciones de Vernick Gudiel y Lorena Alvarez, elPeriódico). Río Polochic – Hidroeléctrica Santa Teresa de la Agrocomercializadora Agropolochic, S.A., Renace (río Cahabón, San Pedro Carchá) y Renace II, entre Carchá y Lanquín, de Dionisio Gutiérrez y Juan Luis Bosch. Hidroeléctrica Poza Verde, de Papeles Elaborados, S.A por parte de Arimany. El Complejo hidroeléctrico Palo Viejo I y II en los municipios de San Juan Cotzal y Uspantán, Quiché, de Pedro Brol Cortinas. HidroXacbal del Grupo Terra de Honduras (el golpista Fredy Nasser Selman). Las Hidroeléctricas Secacao y Candelaria en la Finca Trece Aguas, Senahú, de Jacobs Ast y Dorion Ferber. GECSA en Chimaltenango (parte de la Corporación Zim, familias Zimeri Ubieto y Zimieri Hassbun). Planta en Textiles del Sur, la fábrica de textiles más grande del país, en Villa Nueva, Guatemala, propiedad de la familia Zimeri Massis. Hidroeléctrica Finca Lorena, con los ríos Cabuz, Ixpil y Chayen o Gramar, en la Finca Armenia Lorena, San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, cuyos dueños son Sofía y Ted Plocharsky; etc. (Informaciones de Luis Solano, Observador No. 16). Con Bagazos de Caña y Carbón, Escenario del Capital para Nuestro Siglo XXI Se enlazan los intereses de la oligarquía guatemalteca con las transnacionales de la energía eléctrica, ahora en control del servicio gracias a la ley de 1996. Todo ese discurso de la globalización no es sino hacer negocios, a costa de las mayorías del país, pero también del medio ambiente. Es eso y más lo que se puede analizar y entender a partir de las denuncias que el Frente Nacional de Lucha ha hecho de las plantas de carbón proyectadas para generar electricidad. 20

Aunque de ninguna manera les corresponde hacerlo, las corporaciones españolas Unión FENOSA e IBERDROLA han generado que se impulse una política estatal de acelerada privatización de la producción energética nacional, con el agravante de que lo harán a partir de la instalación y puesta en funcionamiento de plantas generadoras que operarán empleando como materia prima el carbón mineral, con todo el daño económico, ambiental, social y cultural que de ello se derivará. Ya dos de estas carboneras se están construyendo en el Departamento de Escuintla, con un costo, entre ambas, de 800 millones de dólares, los cuales, al final, sin lugar a dudas terminarán pagándolas las familias consumidoras. Los desechos generados por ese proceso inyectarán a la atmósfera miles de libras de químicos tóxicos, que se condensarán en las nubes y bajarán sobre las personas y sobre la tierra en forma de lluvia ácida. Eso implicará envenenar progresiva y aceleradamente los suelos de cultivo, las aguas de superficie y subterráneas y el aire que respiramos. En el tema ambiental, además de documentar una serie de demandas por daño ambiental contra las empresas que construirán esas generadoras, se plantea que: Hay que tomar en cuenta que en Guatemala no existen yacimientos de carbón mineral. Por lo tanto, el hecho de hacer que la generación de energía dependa de que haya carbón disponible, implica obligar al país a estar amarrado al precio internacional del carbón. Las fuentes más cercanas desde donde Guatemala podrá proveerse de carbón mineral quedan en Estados Unidos, Colombia o España. Los especialistas en este tema afirman que el carbón producido por cualquiera de esos tres países tiene la característica de que es “carbón sucio”, es decir, altamente contaminante. Por ello, no lo queman en sus propios países. (FNL, sitio web) Desde el punto de vista del capital, esas cosas no importan. Por el contrario, si han avanzado a un ambiente sin regulaciones efectivas a hacerse del control político y económico de un servicio tan estratégico, de ahí en adelante su poder lo ejercen hasta que el pueblo y el Estado pueda determinar otra cosa. Debe entenderse, de manera clara, que autorizar desde el Gobierno guatemalteco la instalación de plantas generadoras privadas implica, inexorablemente, la condena a muerte para el INDE, cuya participación en el tema de la energía se verá cada vez más reducida. …crearon el llamado “Mercado de Mayoristas”, de manera que los empresarios privados, nacionales o extranjeros, estuvieran facultados para generar energía y 21

vendérsela al mejor postor, a precios de mercado. Con ello, los grandes beneficiarios fueron los azucareros, que producen energía eléctrica a partir de la quema del bagazo de la caña. Con el bagazo, que es el material que sobra de la caña una vez que le han extraído sus líquidos, los azucareros producen electricidad, aunque los humos resultantes de este proceso sean contaminantes. Resulta que ahora varios ingenios azucareros, con el jugo de la caña, en vez de producir azúcar producen bio-combustibles, etanol, que es otra forma de energía, para lo cual necesitan destilar el jugo de caña. Los residuos químicos derivados de este proceso también son altamente contaminantes. En el 2007, el Ingenio Palo Gordo generó un enorme problema a varias comunidades vecinas que están instaladas a las orillas del Río Cheguez, en San Antonio Suchitepéquez. Esto, porque el ingenio lanzaba al río los desechos tóxicos resultantes del proceso de destilación, con lo cual contaminó las aguas del río e incluso las aguas subterráneas cercanas a su cuenca. Los pozos que surtían de agua pura a la población resultaron también contaminados. Este abuso generó una fuerte protesta popular. Los vecinos lucharon por su derecho al agua, y vencieron. Obligaron al Ingenio a instalar plantas de tratamiento, a construir pozos mecánicos al servicio de la población y a dotarlos de tuberías para la distribución de agua domiciliar. …iniciado por Arzú, (se) cierra ese nefasto círculo privatizante y entrega a Unión FENOSA la rectoría en el campo de la producción de la energía, facultándola para que sea la empresa que dé trámite a las licitaciones de construcción de plantas generadoras. Con ello, si se construyen las carboneras a las que se ha hecho mención, el INDE quedará reducido a ser apenas un participante, y pequeño, en ese mercado de mayoristas. Hasta que el Pueblo y el Estado pueda determinar otra cosa. Que es a lo que más adelante iremos, las luchas populares contra esas transnacionales en Guatemala, el desprecio manifiesto de dichas corporaciones e incluso su represión contra amplios segmentos sociales y territoriales contra ellas, sus luchadores y dirigentes. Capital y poder, una lucha contra el mismo. …la empresa extranjera Jaguar Energy instalará en Escuintla una planta de generación de energía eléctrica que operará a base de carbón mineral, con una inversión de US$650 millones. Jaguar Energy es afiliada de la Ashmore Energy International (AEI), que cuenta con 37 empresas más en América. … fue la empresa Unión FENOSA la que adjudicó la licitación a Jaguar Energy y agregan que la Jaguar Energy se compromete a venderle su producción a Unión FENOSA. Con ese proceder, Unión FENOSA usurpa funciones cuyo cumplimiento es obligación irrenunciable e indelegable del Estado y de varias de sus instituciones. 22

“Jaguar Energy será la segunda compañía generadora a partir del carbón, en Guatemala. Actualmente San José, que se ubica en Escuintla, cuenta con una capacidad para producir 120 MW. Se tiene planificado licitar otras dos plantas de carbón, para que entren a operar en el 2014 y el 2015, con 200 MW cada una. Así, el país llegaría a generar unos 700 MW con carbón” Es decir, que se trata de que, antes del 2015, se construirán y entrarán en funcionamiento cuatro o cinco plantas carboneras, capaces de producir mucho más energía que la que el país necesita, y capaces, además, de envenenar con sus residuos tóxicos un área que desborda las fronteras de toda Guatemala. Todo ello a cambio de que Duke Energy, Jaguar Energy, Teco Energy, Unión FENOSA e IBERDROLA incrementen su capital y acumulen más ganancias, a costa del futuro de los hijos e hijas de toda Guatemala. (FNL, sitio web) Las Transnacionales de la Energía Eléctrica Demandan Internacionalmente al Estado La Oficina del Procurador del los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad han dictaminado en contra de abusos de las transnacionales de la energía eléctrica en Guatemala2. Carlos Colom, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), dijo que el problema se está complicando y ya no es un problema técnico porque en la parte de cumplimiento de la Ley General de Electricidad, sólo en 2008, se multó con Q13 millones a Deorsa y Deocsa (ejecutoras de Unión Fenosa) por indemnizaciones. "No es una compañía perfecta; por eso es que hemos puesto las multas para que se cumpla la ley", dijo Colom.

La creación del VAD significó, en cifras concretas, que IBERDROLA cobrara, por concepto de ganancia, alrededor de US$ 140 millones anuales y Unión FENOSA cerca de US$ 260 millones. Entre ambas obtienen del pueblo US$ 400 millones anuales, que al final salen de los bolsillos de cada familia consumidora. Eso equivale a US$ 33 por ciudadano, niños incluidos. Es decir, una media de Q247 anuales por persona. Siguiendo el ejemplo anterior, a una familia de 5 personas le habrían cobrado la cifra de Q1,235 de ganancia ilegal, año tras año. De estos tres mandatos emitidos por la autoridad superior del país en materia judicial solamente se cumplió el primero. A nadie se le reintegró ni un centavo de los que, durante cuatro años, habían cobrado de más, y lo peor es que, hasta la fecha, siguen cobrando el VAD. Hasta la fecha han cobrado, pues, diez años de facturas ilegales. 120 meses de facturas ilegales. Esto supone alrededor de Q 2,470 robados a cada habitante del país, incluidos los menores de edad. A una familia de 5 miembros le habrían robado, en este período, cerca de Q12,350.

Habiéndose implementado los tratados de libre comercio, en contubernio con algunos sectores gran empresariales del país, a fin de debilitar al Estado y sus funciones debidas para con el pueblo y los intereses nacionales, ahora ellos imponen sus leyes en Guatemala. La Empresa Eléctrica de Guatemala, EEGSA, subsidiaria de IBERDROLA, no se queda atrás en sus agresiones contra Guatemala. A raíz de que el Estado, en fechas recientes, redujo el monto del cobro permitido por concepto del Valor Agregado de Distribución, VAD, la subsidiaria de IBERDROLA procedió a demandar a Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Es decir, acusan internacionalmente a Guatemala por el hecho de que no las dejan ganar lo que les venga en gana. (Servicio internacional cristiano de solidaridad con los pueblos de América Latina) En cuanto a las luchas populares referiríamos aspectos de su avance general en el territorio nacional, las formas de represión generalizada contra luchas sociales amplias y territorializadas contra estas transnacionales, la forma específica y novedosa de las consultas en dicho contexto, el referir que existe propuestas de modificación de la Ley General de Electricidad de 1996 actualmente en el Congreso de la República, y la represión selectiva de estas corporaciones en contra de dirigentes. No Nos Cortan el Servicio Sólo en lo Individual: Lo Hacen Como Represalia a Regiones Enteras en Lucha Las movilizaciones sociales y populares en contra de los abusos de las empresas eléctricas y por la nacionalización del servicio son ya importantes. Algunas regiones en particular han sido particularmente combativas al respecto, una de ellas es la de los municipios del sur del departamento de San Marcos. En varios Municipios del Departamento de San Marcos la empresa DEOCSA ha venido saboteando, de manera sistemática, las líneas de transmisión, o cortando arbitrariamente el suministro de energía. De ello, además, pretendían culpar a la propia población. Sin embargo, el pasado 11 de Julio, autoridades del Ministerio Público, a solicitud de dirigentes comunitarios y con las pruebas a la vista, procedieron a detener a empleados de Unión FENOSA que habían realizado sabotajes a las líneas en el Departamento de San Marcos. El matutino Prensa Libre lo informó de la siguiente manera: “Prensa Libre, 12 de Julio del 2009. La Policía de la localidad indicó que los empleados fueron retenidos ayer por la tarde por los pobladores de Malacatán, Tecún Umán, Catarina, Pajapita, y Ocos, quienes se encontraban enardecidos por la falta de servicio eléctrico en sus comunidades.

“Guillermo Juárez, del Ministerio Público, quien participó como mediador en la situación, comprobó que sí había sabotaje en la estación, por lo que ordenó la captura del ingeniero Ángel García, quien fue acusado del sabotaje; mientras que los otros tres empleados fueron dejados en libertad.” Se les agarró in fraganti. De fondo, el asunto nos permite comprender el poder y su uso que se manifiesta con la falta de pago por imposibilidad de poder hacerlo que nos ocurre en lo individual y reflexionábamos anteriormente, pero aquí en contra de pueblos enteros que en una región determinada están resueltos en exigir la salida de la transnacional del país. Es impune la empresa Unión FENOSA, que decide, fuera del marco de la ley, agredir a la población y le corta durante 15 días la energía eléctrica a las comunidades de San Marcos, en represalia porque no la quieren en el país. Porque estos apagones vienen ocurriendo desde el 6 de Marzo, de manera cotidiana y en horarios repetidos, usualmente de 6 de la tarde a 10 de la noche. Es decir, obedecen a una programación establecida desde la empresa distribuidora local, y no a cortes de cables ni nada que se le parezca.

Está claro que en la costa y boca-costa de San Marcos la energía eléctrica la han venido quitando y poniendo de manera voluntaria y planificada. Los apagones no han ocurrido por accidente, sino porque alguien baja las palancas que sean del caso. El propio INDE lo señaló de manera contundente en un campo pagado que publicó en Prensa Libre el pasado 13 de Marzo, es decir, hace ya una semana. Más graves aún son las implicaciones derivadas de la información publicada en el mismo artículo de prensa, que sostiene que “esto (los apagones) se debe a que en esa región piden que la distribución esté a cargo del Instituto Nacional de Energía y las comunas”. Es decir, que los cortes de luz obedecen a una política de represalia en contra de la población, porque no quieren la presencia de una empresa que sólo problemas les ha generado y cuyos abusos el pueblo no está ya dispuesto a tolerar. Quitarle la luz al pueblo durante 15 días no puede calificarse como una agresión menor. Es una clara y calculada provocación que genera, obviamente un creciente malestar y consecuente cólera social. La actitud comedida e inteligente que han mostrado las comunidades afectadas al soportar tantos días de cachetadas en su rostro provenientes de esta empresa, es digna de aplauso. Unión FENOSA ha querido generar hechos violentos, quizás para justificar con ello la intervención de fuerzas combinadas, la presencia de tanquetas persiguiendo líderes, el encarcelamiento de dirigentes e incluso la declaratoria de estado de excepción en el Departamento. Pero no se han salido con la suya. 25

Insultan Públicamente a la Población Hacen alianzas con otras empresas en el renglón del capital global, sean españolas también, norteamericanas o de donde sea. Ya los capitales globales no tienen patria, aunque ejercen el poder colonial y racista, esa característica soberbia imperial. Una vez metidos en el país, por entreguismo de la oligarquía en el manejo del Estado, compran funcionarios, incumplen leyes, contaminan, demandan internacionalmente al Estado, insultan a la población y reprimen. Hay que destacar que, en el marco de esa reunión, según expone el vespertino La Hora en su edición del 22 de Julio, el Gerente de Unión FENOSA para Guatemala, Aldo García (quien además fue durante muchos años funcionario del INDE y autor intelectual de su privatización), tildó como “sinvergüenzas” a las decenas de miles de pobladores que exigen la expulsión de esta empresa del país. Aquí, cabe recordar que el saber popular, que se expresa en miles de dichos, afirma que “el león piensa que todos son de su opinión”. Es decir, que valora los hechos y acciones populares a partir de los valores que extrae desde su propia práctica. ¿Quién es aquí el sinvergüenza? ¿La familia que se niega a que la sigan robando mediante cobros ilegales o el empresario que se vende al servicio de empresas dedicadas al latrocinio? Sería recomendable, para su propia salud, que el señor Aldo García no siga escupiendo para arriba. Represión a Dirigentes, Asesinatos El 19 de julio de 2009 …en horas de la noche, cuando una gavilla de sicarios, encabezada por el hijo del diputado Luis Contreras, arremete a golpes contra el dirigente de Malacatán, compañero Víctor Gálvez, dejándolo severamente herido. Durante el ataque, el hijo del diputado fue claro al expresar: “Dijo mi padre que aquí los problemas sólo se solucionan matando a estos desgraciados”, refiriéndose a los dirigentes de la lucha por la expulsión de Unión FENOSA.

Víctor Gálvez fue asesinado el 24 de octubre pasado. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Guatemala. De acuerdo con las informaciones recibidas, en la mañana del 24 de octubre de 2009, el Sr. Víctor Gálvez Pérez participó en una reunión de la Asamblea Parroquial de Malacatán en el Salón del Parcelamiento de la Democracia. Durante la misma, expuso su análisis de la situación en la región y, concretamente, sobre la presencia de DEOCSA y las consecuencias de sus actividades para los habitantes de la región. Hacia el mediodía, el Sr. Víctor Gálvez Pérez se dirigió a la oficina de atención al público del Frente de Resistencia de los Abusos de DEOCSA de Malacatán para prestar asesoramiento a unos consumidores. A principios de la tarde, cuando el Sr. Víctor Gálvez Pérez estaba saliendo de la oficina de atención al público, se le aproximó un vehículo del cual salió un hombre sin identificar. Este le propinó al menos 10 disparos con arma de fuego, provocando así su muerte instantánea. Representantes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público se presentaron en la escena del crimen, pero, según las informaciones, no concluyeron las diligencias forenses que se requerirían para la investigación. Según las informaciones, se ha solicitado la intervención de la Unidad de Derechos Humanos de la División Especializada de Investigaciones Criminales (DEIC) de la Policía Nacional Civil para que investigue los hechos. Sin embargo, en la fecha de la publicación de este llamado ésta no había puesto en marcha ninguna investigación al no haber podido desplazarse al lugar de los hechos, supuestamente, por falta de gasolina, y, por lo tanto, los responsables no habían sido identificados. El Sr. Víctor Gálvez Pérez había sido anteriormente víctima de amenazas y actos de amedrentamiento en represalia a sus actividades de defensa de los derechos económicos y sociales de los habitantes de Malacatán, afectados por las actividades de la empresa DEOCSA. Así, a principios de octubre, un individuo se presentó en su hogar amenazándole por estar obstruyendo los planes de construcción de la empresa hidroeléctrica en el río Textapala, el cual pasa por el municipio. Asimismo, el 13 de enero de 2010 fue asesinada la dirigente de estas luchas Evelina Ramírez Reyes, al ser emboscado en la carretera el vehículo en el que cinco compañeros habían ido a la capital a hacer denuncias y en busca de apoyos. 27

El 29 de enero, Pedro García (trabajador de la Municipalidad de Malacatán y parte de la lucha contra Unión Fenosa) fue también asesinado. Consultas Comunitarias por la Expulsión de las Transnacionales de la Electricidad Sin duda las 37 consultas comunitarias que han tenido lugar en Huehuetenango y el norte de San Marcos en contra de la minería de metales a cielo abierto es uno de los fenómenos sociales y políticos más importantes. Pero es conveniente que veamos asimismo y valoremos cómo también están siendo realizadas para otras luchas similares en otras regiones, indígenas o no indígenas. Tenemos a ese respecto que se han realizado consultas en contra de la construcción de hidroeléctricas en Ixcán, departamento de El Quiché y en Río Hondo, Zacapa. Nos parece importante y destacable el ejercicio de consultas comunitarias como las que han venido teniendo lugar en el sur de San Marcos (a partir de la consulta de Nuevo Progreso, del 7 de junio 2009) en cuanto al tema de la energía eléctrica. Ayer, más de cien Alcaldes Comunitarios de todas las aldeas del Municipio de Nuevo Progreso y otras autoridades locales se hicieron presentes en el Congreso de la República e hicieron entrega de la documentación jurídica que demuestra la voluntad popular emanada de la consulta comunitaria realizada en Junio pasado, en la cual la población, de manera abrumadora, expresó su rechazo a Unión FENOSA. El pasado Domingo 14, fue el turno del Municipio de Pajapita, San Marcos. Miles de vecinos y vecinas participaron en una alegre y combativa marcha, en la cual a viva voz se corearon las consignas "A no pagar… A no pagar… el recibo de la luz", y "Unión FENOSA… FUERA", con las que sintetizaron su firme voluntad a favor de la nacionalización de los servicios eléctricos y en demanda de la expulsión de Unión FENOSA de suelo nacional, por cuanto lo ha mancillado. El próximo Domingo, 21, la concentración popular será en el Municipio de Nuevo Progreso, en donde, en horas de la mañana y en el Parque Central, las organizaciones comunitarias de cada Aldea le harán entrega a su Alcalde de los resultados emanados tras la Consulta Comunitaria realizada días atrás, en la cual el pueblo ratificó su respaldo a la nacionalización de la energía y a la creación de empresas municipales generadoras y distribuidoras. Iniciativas de Reforma en el Congreso Evidentemente las comunidades de San Marcos están en pié de lucha, enfrentadas a Unión Fenosa. También los trabajadores, como refiere Alfonso Bauer en una de sus notas 28

con motivo de la presentación de una iniciativa para modificar la Ley General de Electricidad presentada por URNG-MAIZ, el 6 de marzo de 2009: El viernes 6 del presente mes, por invitación de la URNG-MAIZ y la Fundación Frieederich Ebert Stiftung, asistí al salón Larrazábal del Congreso de la República al acto de presentación de la iniciativa de ley sobre reformas a la Ley General de Electricidad. Asistió un buen número de ciudadanas y ciudadanos, siendo impresionante la nutrida presencia de trabajadores del servicio eléctrico y de dirigentes de los sindicatos de las empresas De Occidente, S.A (Deoccsa), De Oriente S.A. (Deorsa) y de la Empresa Eléctrica de Guatemala. Movimiento Social Nacional Se trata fundamentalmente de un movimiento social amplio que está avanzando realmente a plantear ésa que nos parece la línea de lucha más importante por la nacionalización de un renglón de inversión directa extranjera en nuestro país. Miles de personas bloquearon ayer carreteras en seis departamentos, en contra del alto costo de la energía eléctrica que comercializa Unión Fenosa y empresas locales. Los manifestantes declararon en las sedes de Gobernación Departamental y obligaron a los funcionarios a que los atiendan. Los pobladores pidieron que fiscalicen las productoras y distribuidoras de electricidad, que creen empresas municipales y que controlen la distribución del Instituto Nacional de Energía (INDE). En Petén, pobladores, comerciantes y sindicatos manifestaron en contra del servicio que prestan las empresas Distribuidora de Energía de Oriente, S. A. (Deorsa), Intecsa y Electrogeneración. Gerardo Interiano, vecino de Petén, declaró que protestaban contra el mal servicio y altas tarifas. Jorge Mario Zetina, de Deorsa Petén, expuso que explicarán el problema de energía del país, y que están abiertos al diálogo.

En Pajapita, San Marcos, más de mil personas bloquearon el paso entre Tecún Umán y Malacatán, para protestar contra la Distribuidora de Energía de Occidente, S. A. (Deocsa). Israel Zacarías Albillo, líder de Tecún Umán, exigió que el INDE ofrezca a la población energía a bajo costo. En Santa Cruz del Quiché, Quiché, la Policía Nacional Civil durante la protesta detuvo a dos personas que habían bloqueado las rutas hacia Chichicastenango, Joyabaj y el norte de ese departamento. En la cabecera de Zacapa, los manifestantes no fueron atendidos por la corporación a su paso por la comuna. También hubo protestas en Jutiapa, y en Rabinal, Baja Verapaz. En el casco urbano de la cabecera de Jalapa, la empresa municipal de electricidad provee el servicio, pero vecinos inconformes del departamento se congregaron allí para protestar en contra de Unión Fenosa. Además de lo reportado por los medios de prensa, en la cabecera de Zacapa manifestaron delegaciones de Izabal, Chiquimula y El Progreso. En San Marcos, la población se tomó las fronteras en La Virgen y en Orizába, y en la cabecera se concentraron frente al Palacio Maya. En Jutiapa se realizó una marcha hasta la Gobernación departamental, en donde también se entregó el memorial, como ocurrió en Sacatepéquez y en Santa Rosa. En Suchitepéquez las organizaciones, además de marchar y hacer entrega del memorial, hicieron un plantón ante las oficinas de Unión FENOSA. A pesar del Estado de Sitio que les fue impuesto, un grupo de más de 100 pobladores expresaron su protesta en Coatepeque. En Alta Verapaz se marchó desde el parque hasta la Gobernación.

En Quiché la marcha fue enorme, de más de 60 mil personas. Allí, debido al volumen de la marcha, el tránsito quedó cortado. Marcharon de la Zona Militar hasta la Gobernación. Baja Verapáz no se concentró en un solo punto, sino que realizó acciones en ochomunicipios. Entre ellos, Cubulco, Rabinal y Salamá. El memorial lo entregaron acompañado de más de 5 mil firmas. En Petén la marcha, en San Benito, fue también multitudinaria. Fueron, pues, acciones en 15 departamentos. Y la lucha sigue. ¡VENCEREMOS! (FNL)

Anexo 1: Antecedentes históricos de la energía eléctrica en Guatemala  1884: Hidroeléctrica El Zapote  1896: Empresa Eléctrica del Sur (alemanes); Hidroeléctrica Palín (732 kW)  1918: Empresa Eléctrica del Sur a manos de Electric Bond and Share Co. (EBASCOUSA)  1922: EBASCO obtiene concesión por 50 años (Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez)  1925: EBASCO cambia nombre a Empresa Guatemalteca de Electricidad  1927: Hidroeléctrica Sta María  1939: Empresa Guatemalteca de Electricidad cambió a EEGSA  1945: Se crea el Depto. de Electrificación, que construye varias hidroeléctricas  1947: EEGSA pone en servicio la planta Laguna  1959: Creación del INDE  1967: EEGSA vende plantas Palín, San Luis y El Salto al INDE  1970: Hidroeléctrica Jurún Marinalá (60 MW)  1971: Central Térmica Escuintla  1973: EEGSA pasa a manos del Estado (fin de la concesión)  1982: Hidroeléctrica Aguacapa (90 MW)  1983: Hidroeléctrica Chixoy (265 MW)  1986: Interc desde Honduras hasta Panamá  1986: Interc Guatemala-El Salvador  1993: Contrato EEGSA-Puerto Quetzal Power Co. (110 MW); inicio de contratación de generación privada, incluyendo cogeneración  1993: INDE también inicia contratación de generación privada  1995: EEGSA adquiere la planta Stewart & Stevenson (28 MW)  1996: Ley General de Electricidad (LGE)  1997: INDE separa sus funciones en G, T, D  1997: Reglamento de la Ley (RLGE)  1997: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)  1997: EEGSA vende activos de generación  1998: Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista (RAMM) ; Administrador del Mercado Mayorista (AMM)  1998: Las empresas de distribución pasan al sector privado  1998: Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central (TM)  1998: Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE)  1998: Ente Operador Regional (EOR)  2002: Interc El Salvador-Honduras  2009: Interc Guatemala-México  20??: Interconexión Panamá-Colombia3

Fuente: Maldonado Salazar, Luis Alberto (2009). La Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Guatemala. Presentación PowerPoint.

Telefonía La privatización de GUATEL se situó en parte del imaginario social como el inicio así como la insignia misma de las privatizaciones. Aún hoy día, 13 años después, actores políticos de derecha, en planos municipales, justifican las privatizaciones mostrando su aparato celular al tiempo que nos dicen que gracias a ello contamos con ese tipo de recursos y servicios… Casi podríamos pensar la hipótesis de que ello llevaba una intencionalidad ideológico política para aceptación de las recetas neoliberales (aunque ya el Banco Mundial venía presionando para todo el paquete de privatizaciones del Consenso de Washington, en cuanto a la Electricidad desde el Gobierno de Serrano Elías, 1991-1993). Toda esa institucionalidad indígena que es la Alcaldía Indígena de Chichicastenango tiene y tendrá presente el impacto de aquella privatización. Durante el conflicto armado interno, uno de sus terrenos en el centro del pueblo fue tomado por el Ejército y adscrito a la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, GUATEL. Cuando ésta fue privatizada, el terreno se fue dentro de todo el paquete negociado y fue a parar a las manos de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. En torno de ello se da la afrenta por el cual las autoridades municipales inician el desconocimiento del sistema de autoridad tradicional indígena en los recientes últimos años. También nos contaron, altos funcionarios de lo que quedó de GUATEL, hace algunos años, que ocurrió que ya con la empresa privatizada, por falta de pago –algún problema administrativo, quizás-, las empresas de telefonía llegaron al extremo de dejar sin teléfonos al Palacio Nacional. (Se quedaron incomunicados, como también por una especie de error administrativo en cuanto a un pago que ya se había realizado, ahora que el presidente Colom demandaba un mayor pago de impuestos a las empresas de telefonía, parte del gabinete se quedó sin teléfono). Es difícil pensar una nacionalización de la telefonía, a diferencia de la energía eléctrica, porque aunque es perfectamente posible desarrollar toda la telefonía celular desde la esfera pública del Estado (como lo está haciendo Cuba), con precios incluso más económicos para el usuario que los actuales, hasta ahora América Latina no está siguiendo esta ruta. Una de las razones que podríamos considerar para un análisis al respecto es que se trata de una tecnología de punta de muy rápidos cambios tecnológicos y de enlace global. Hay muchas cosas allí que pueden cambiar rápida e imprevisiblemente hacia nuevas posibilidades científico técnicas. Por ello pensamos que es importante que le vayamos prestando más bien atención al segmento del internet, no sólo al de la ‘telefonía’ en sí. El internet es el mundo presente y con todo podemos decir sin duda alguna que también el futuro. Si la telefonía está cada vez más próxima a emplear las redes del sistema de internet (por internet se habla a cualquier lugar del mundo, se envían mensajes, imágenes, audio, videoconferencia y más con una expansión sorprendente a las puertas en capacidad de transmisión de datos, 33

ahora desde casi cualquier celular), asimismo la televisión y la radio mundial, con ello el acceso a información, conocimiento, servicios de salud, educación, etc., a ello le debemos prestar atención. Sugerimos entonces ver las dos cosas, la telefonía en sí (de tierra o celular) y, cada vez más como una demanda social, el internet. El internet es un derecho público, el Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México, por ejemplo, está implementando este derecho en forma gratuita para todos los habitantes del área metropolitana. No tendríamos por qué pagarlo, por qué tener tantas limitaciones en cuanto al ancho de banda, en cuanto las IP no públicas que nos asignan los proveedores cuando no sabemos y no nos permiten intercambiar productos culturales con el resto del planeta que quiere compartir, etc. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en dos aspectos introductorios a nuestra aproximación al sentir de los usuarios; muy interesantemente es en la telefonía en donde los reportes estadísticos de la DIACO nos revelan la principal de todas las quejas de los consumidores en el país. Esas dos cuestiones son el cómo fue privatizada la telefonía y ahora que el Gobierno de la República demanda el pago de impuestos de estas transnacionales (2009) para cubrir el costo de servicios públicos esenciales a la población, los datos de sus descomunales ganancias anuales: más de doce mil millones de quetzales al año, una cuarta de todo el presupuesto público anual del Estado. Antecedentes Históricos de la Telefonía Las primeras comunicaciones telefónicas en el país datan de 1881, cuando empiezan a posibilitarse entre la Guatemala y la Antigua, así como en 1884 a Xela. En 1916 el incipiente recurso fue nacionalizado, creándose en 1927 la Dirección Nacional de Teléfonos que iniciaría la apertura de nuevos proyectos. Un año antes de ello, en 1926, una empresa extranjera, la Tropical Radio & Telephone Co. (subsidiaria de la United Fruit Company) empezó a prestar el servicio de larga distancia internacional, el cual asumió por cuarenta años (hasta 1966). A partir de entonces, el Estado asume también ese renglón del servicio y crea la Dirección General de Teléfonos. Un excelente texto (disponible en internet4) que recomendamos para profundizar en la cuestión -Globalización, Estado y Privatización, Proceso político de las reformas de telecomunicaciones en Centroamérica, de Benedicte Bull-, nos aclara al respecto que: La nacionalización de las telecomunicaciones y el establecimiento de Guatel también tuvo relación con la creciente implicación de los EE. UU., en las actividades de vigilancia en Centroamérica. La USAID Office of Public Safety (OPS) tenía la responsabilidad de la estandarización de procedimientos en las telecomunicaciones, y suministró el equipamiento a la Red de Seguridad 4

http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Ano_2008/Libro_BenedicteOK.pdf 34

Internacional de las Telecomunicaciones en Centroamérica y Panamá en 19641965. En octubre de 1966, y con la participación de representantes del Comando Sur de los EE. UU, se estableció el Sistema Militar Centroamericano de Telecomunicaciones (SIMCATEL). Los estadounidenses estuvieron especialmente activos en Guatemala, donde la OPS estableció un servicio de inteligencia policial (Holden, 1999). En agosto de 1964, Peralta también había creado una agencia de inteligencia presidencial –con su base en la Casa Presidencial–, dentro de la cual se encontraba un Centro de Telecomunicaciones Regional (la Regional), el cual enlazaba a la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Cuerpo de Detectives, el Ministerio de Gobernación, la Casa Presidencial, y el Centro Militar de Comunicaciones. La Regional también servía como un depósito de información sobre activistas, para fines de secuestros y asesinatos políticos (Schirmer, 1998, pp. 157-158). (Bull, 2008: 70) En 1971, por medio del decreto 14-71 del Congreso de la República, se crea la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones –GUATEL- como entidad estatal autónoma. Con 42,295 líneas en 1974, de dicho año al de 1997, GUATEL instaló 240,000 líneas telefónicas. Es un dato que los defensores actuales de la privatización señalan burlonamente frente a la disponibilidad actual de líneas en el país, eran otros tiempos. Pero suelen desconocer lo siguiente. De acuerdo al estudio del economista: Carlos René Vásquez Teni (1991) “notamos que GUATEL aporta el Gobierno Central el 45 % de las utilidades obtenidas en cada ejercicio fiscal”. Eso es fácil de verificar, en 1974 las ganancias transferidas al gobierno central alcanzaron los Q 2.1 millones, siendo el total de Q 4.6 millones. En 1989, las ganancias transferidas alcanzaron los Q 40.1 millones, habiéndose obtenido en ese año Q 89.1 millones… Vásquez Teni menciona con acierto que “Si GUATEL fuera una empresa privada, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, tributaría al Estado (siempre y cuando no se evadiera la tributación) como máximo el 34 % sobre utilidades mayores de Q 60,000”, es decir que para el año de 1989 debió haber tributado Q 30.3 millones, Q 9.8 millones menos que las ganancias transferidas por la empresa pública al Gobierno Central. (CEUR, 1994) El proceso de privatización y desmonopolización de las instituciones y empresas del estado guatemalteco. CEUR, 1994. La Privatización Como en otros casos, lo primero que hizo el Gobierno de Arzú fue una nueva Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo 94-96). Fue aplaudida por el Wall Street Journal, el 25 de septiembre 1997, como una de las más liberales de América Latina (Bull, 2008). Abordaba también las radiofrecuencias. Al igual que la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica en el caso de la privatización de la electricidad, aquí se creaba la Superintendencia de Telecomunicaciones como ente regulador. GUATEL fue dividida en 35

dos subsidiarias, una reducida GUATEL y una gran TELGUA, con el 15 y 85 % respectivamente de las acciones. A GUATEL quedó la parte de infraestructura rural. Actualmente opera parte de las comunicaciones del Estado y determinadas regiones del país. Tras la emisión de la referida ley, el gobierno anuncia su intención de vender TELGUA. Luego de varias subastas, ésta finalmente se vende el 1 de octubre de 1998 a Luca S. A., por USD 700.1 millones. Hubo rumores, críticas y acciones contra ello por el hecho de que se aducían intereses familiares de Arzú detrás de dicha empresa, asimismo se señaló al entonces ministro de Comunicaciones, Fritz García Gallont. Posteriormente a su adquisición, Luca S. A. vendería el 78 % de TELGUA a la empresa Telmex. Lo cierto es que el boom de la telefonía lo constituye propiamente el segmento de la telefonía celular, como en todas partes del mundo ahora. Esa línea del mercado nació privatizada desde su inicio en 1989, con la concesión de la banda B de 800 mhz a Comunicaciones Celulares (Comcel/Tigo), la cual cubría la ciudad capital y en los siguientes años fue extendiéndose a algunas ciudades. Hasta 1998, esa sola empresa tenía el monopolio de la telefonía celular en el país. En 1997 se realizó la subasta de la banda de 1900 mhz, con lo cual ingresaron varios operadores. Actualmente, los principales oferentes del servicio son el operador América Móvil (marca Claro), con 5,406,432 usuarios según la SIT a junio de 2008; el operador Milicom (marca Tigo) con 4,678,545 usuarios; y el operador Telefónica (marca Movistar), con 3,550,361 usuarios, también en la misma fecha de corte de la SIT. En el país hay 15 millones 939 mil 932 teléfonos móviles, en datos de la SIT de fines de junio 2009 (110 teléfonos por cada 100 habitantes). Las telecomunicaciones constituyen el 9 % del Producto Interno Bruto del país (PIB). Claro, Tigo y Movistar representan entre el 15 y 20 % de toda la facturación por publicidad comercial en los principales medios (parte de ello es el poder político que pueden llegar a mover). Con ganancias anuales de 12 mil millones, está obteniendo en promedio, aproximadamente, unos Q 1,000 de cada guatemalteco (a nivel de ganancia, no del total del desembolso de los usuarios). Hay un estudio que sugiere pistas interesantes, es Pobreza y Telefonía Móvil en América Latina y el Caribe, de Galperin y Mariscal. En él se plantea: Nuestros resultados demuestran que la telefonía móvil es sumamente apreciada por los pobres como una herramienta que fortalece los lazos sociales y brinda una mayor seguridad personal; y que está empezando a demostrar su utilidad para mejorar las oportunidades de negocios y empleo. En general, nuestros resultados sugieren que el impacto económico que tiene para un pobre la adquisición y el uso 36

de un teléfono móvil se refleja mayormente en variables de capital social, como el fortalecimiento de las redes de confianza y la mayor coordinación de los mercados informales de trabajo. (Galperin y Mariscal, 2007: 2) Aunque el lenguaje empleado por los autores sugiere que están hablando con empresas (‘oportunidades de negocios’, ‘capital social’ ‘mercados informales de trabajo’), el planteamiento nos deja cuestiones a considerar: apreciada por los pobres como herramienta para lazos sociales, confianza personal, informalidad del trabajo. Psicológica y socialmente, las redes sociales para la reproducción económico social como estrategia y alternativa relativa (algo de ello referíamos al inicio intentando situar en un sistema dado, relaciones y diferencias entre el uso de redes particulares y la organización social). Internet En el año 2000, con 11,237,196 habitantes, solamente 65,000 tenían internet: un 0.6 % de los guatemaltecos. En el 2002, los usuarios eran unos 400,000. Para el 2005, con 12,328,453 habitantes, los usuarios ya eran 756,000, que representaba el 6.1 %, Y tres años más tarde, en 2008, con 13,002,206 habitantes, habían ya 1,320,000 usuarios de internet. Para 2009, las autoridades de la SIT esperan que la cifra de usuarios rondará los 2.4 millones. Es lo que, entre otros datos, plantea su estudio "Penetración e implementación de la Internet y de las tecnologías de la información y comunicaciones en Guatemala". El mismo se realizó en 332 municipios del país, de mayo 2006 a febrero 2007. Y dice: Un dato que marca la calidad de la Sociedad de la Información que se está conformando en ese país es la velocidad de conexión, siendo que este límite tecnológico amplía o reduce las posibilidades en cuanto a variedad y calidad de servicios disponibles en la red, algo que repercute directamente en el mercado más allá de Internet. Y en este sentido la información no es aún muy alentadora: la mayoría de los guatemaltecos no cuentan con conexión de banda ancha, en cambio, el dial-up (o conexión por marcado telefónico) es la forma de acceso más popular. Hay 28 compañías ofreciendo servicios de internet inalámbrico o por cable, pero muy pocas ofrecen el servicio satelital de manera accesible. Es decir que el mercado no está permitiendo garantizar este servicio mucho más estratégico a la población, es deficiente, y está aún amarrado a las empresas de telefonía. Guatemala (2007) ocupa el lugar 108 en los países del mundo en cuanto a acceso de la población a internet.

Cuadro No. 6 Porcentajes de Usuarios de Internet según Población América Latina PAÍS 1.

México

Barbados

Chile

Argentina

Jamaica

6. 7.

USUARIOS

PORCENTAJE

AÑO DATO

66,563,964

63.80%

2009

160,000

59.80%

2007

8,368,719

50.90%

2008

20,000,000

49.40%

2008

1,232,000

45.10%

2005

Brasil

80,510,400

40.40%

2009

Colombia

17,120,000

35.00%

2009

Uruguay

1,100,000

31.80%

2007

Perú

7,636,400

26.20%

2008

10.

Puerto Rico

1,000,000

25.00%

2007

11.

Guyana

160,000

20.80%

2007

12.

Costa Rica

902,500

20.50%

2007

13.

Venezuela

5,297,798

20.40%

2007

14.

Panamá

727,700

19.80%

2007

15.

Guadalupe

85,000

18.60%

2008

16.

República Dominicana

1,500,000

16.20%

2007

17.

Trinidad y Tobago

160,000

12.00%

2007

18.

Ecuador

1,549,000

11.30%

2007

19.

El Salvador

637,100

9.50%

2007

20.

Guatemala

1,000,000

7.60%

2007

21.

Bolivia

580,000

6.40%

2007

22.

Paraguay

260,000

3.90%

2007

23.

Honduras

260,000

3.80%

2007

24.

Nicaragua

140,000

2.50%

2007

Fuente: Elaboración propia en base a datos de entrada Países por número de usuarios internet.

El Proyecto Salta Digital, en la Argentina, plantea democratizar la señal digital proveyendo internet gratuito a cinco ciudades en un alcance de 300 kms 2. Como hemos señalado, el Gobierno del DF (Partido de la Revolución Democrática), implementa el garantizar gratuitamente el internet en la ciudad más grande del mundo. Panamá es el primer país latinoamericano que plantea ofrecer el servicio gratuito a toda la población en la totalidad del territorio nacional, dice su secretario de innovación tecnológica: “Este es un proyecto que realmente va dirigido al estrato con menos posibilidades económicas del país para darle acceso al mundo del ciberespacio y para reducir la brecha digital que existe, sobre todo entre los centros urbanos y el sector rural del país”. (IAALD, 2009)

El agua El recurso estratégico agua, como lo declara el análisis militar en el Reporte de la CNA Corporation sobre ‘Seguridad Nacional y Cambio Climático’ (National Security and the Threat of Climate Change): la seguridad nacional y dependencia energética de Estados Unidos es un desafío global; al tiempo que presagia que el agua actuará: como un multiplicador de amenazas para la inestabilidad en las regiones más frágiles del mundo. (CNA Corporation, 2007) Las presiones del capital global tendientes a la privatización son sumamente fuertes en toda América Latina, y han sido apenas contenidas parcialmente por la orientación nacionalista y democrática que caracteriza actualmente a la mayor parte de países en la región. De ahí que el análisis anterior, más que el anuncio en sí de un interés capitalista en tal sentido (se le está formulando ya en 2007), ha de llevarnos a considerar otras cuestiones como el aspecto de seguridad vinculado a planes territoriales en torno de recursos naturales estratégicos, especialmente las cuencas y zonas de recarga hídrica en determinadas regiones de los países sometidos a sus designios imperiales. Que es una cuestión más compleja, la de las políticas territoriales de la acumulación global en determinadas regiones del país y doblegando a los Estados para ello, así como legislativamente veíamos en cuanto a las privatizaciones de la energía eléctrica y la telefonía, pero ahora en términos más territorializados según una reescritura pretendida de las geografías políticas. Por ejemplo, casi toda la franja occidental del país (norte de San Marcos, gran parte de Huehuetenango, norte de Quiché y occidente del Petén) comparten con nuestro vecino México un acuífero que representa la décima parte de fuentes de agua dulce del planeta. Por supuesto, el problema ahí no es México precisamente. Este acuífero, con sus importantes cursos fluviales así como zonas de recarga hídrica, definiéndonos un sistema propiamente de tipo natural que interactúa con bosques, selvas, biodiversidad, pueblos, potenciales turísticos, derechos de todos los habitantes de un país, etc.; es el segundo en importancia de la América Latina, después del enorme acuífero del Guaraní, en América del Sur. Pero como veíamos ya, en el tema de la energía eléctrica y el control progresivo del agua para grandes y diversos negocios privados, sería un error no considerar la cuestión como una problemática que se extiende, ciertamente enmarcada en regiones hídricas, por todo el territorio nacional. En El agua y las últimas trincheras, Castro Soto explica que: El 71% de la superficie del mundo está cubierto por agua, además de los millones de toneladas de vapor de agua que flota en la atmósfera. De toda el agua que hay en el planeta, el 97% está salada y se encuentra en los mares y océanos. El 0.5% se 39

encuentra como humedad superficial y vapor de agua atmosférica. El resto, sólo el 2.5% es agua dulce, de la que podemos usar para beber. Y de esta agua dulce, una tercera parte (el 33%) fluye y sólo una pequeñita parte de ella lo hace por algún río en el mundo (el 1.7%). Lo que es peor es que de estos ríos el 60% se ha represado lo que ha provocado un bloqueo del ciclo del agua. (Castro Soto, 2005) Así como, por ejemplo, Bolivia, un país semiárido en gran parte y que no está relacionado con el acuífero sudamericano referido, habiendo sido en el pasado reciente el laboratorio predilecto del capital global para ensayar sus más abusivos apetitos y procedimientos para saciarlos a costa nuestra, enfrentó un proceso de privatización del agua cuyas luchas fueron las que propiamente viabilizaron el actual proceso revolucionario de gobierno. Zárate Díaz, en ‘Agua: conflicto geopolítico’, ilustra la óptica básica que nos presenta el análisis referido de la CNA Corporation: En el año 2000, el FMI obligó la privatización de agua de 16 países subdesarrollados. Entre estos países estuvieron Angola, Benin, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tomás y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen. Como podemos observar, al menos tres de ellos fueron países hermanos Centroamericanos y ocho del África Subsahariana. Todos tienen el mismo factor común: altamente empobrecidos y terriblemente endeudados con los bancos multilaterales. Esta situación les permite tanto al BM como al FMI imponer sus políticas de manera más rápida. (Zárate Díaz, 2006) Gian Carlo Delgado (2004), economista mexicano experto en cuestiones ambientales, en un ensayo denominado Territorio y geopolítica imperial del agua: el caso de Mesoamérica, explica que específicamente la región fronteriza entre México y Guatemala contiene, como explicábamos, el 10 % de las fuentes de agua dulce del mundo. Es menos importante que el acuífero guaraní, pero está mucho más cerca de los Estados Unidos. Delgado nos ofrece un estudio muy interesante en el cual extrema sus escenarios prospectivos al considerar y describir cómo aquél país del norte, cuyas fuentes hídricas están principalmente en el eje del Mississippi y los Grandes Lagos hacia el Este, la están bombeando hacia su far west (como California), pero los límites de su disponibilidad natural frente a los ritmos de crecimiento en su occidente viene explicando conflictos en curso ya existentes con Canadá, por las fuentes de agua del Canadá. Y lo que esa geopolítica del imperio puede representar para nuestros verdes y húmedos paisajes. Como en otras ocasiones he indicado, las posibilidades del trasvase de agua del sureste de México/Guatemala hacia EUA ya es una especulación que ronda en los círculos académicos de EUA; incluso el Acta 307, de cierto modo avala tal reflexión al señalar que, "...en caso de que México no pagara antes de la fecha límite 'debe considerarse' la posibilidad de transvasar agua de cuatro presas del interior de México para resolver la situación." Este proyecto, al que aquí denominaremos irónicamente proyecto Aquarium, haría posible el "movimiento" de agua del centro-sur del país, hacia EUA por 40

la costa del Golfo de México, misma que serviría para las necesidades agroindustriales e industriales estadounidenses del noreste del río Bravo o río Grande. El proyecto Aquarium, consiste en un acueducto subterráneo y/o marino (para no perder mucha agua por evaporación) que se extiende a lo largo de la línea costera del Golfo de México y con destino a EUA; aunque las especificaciones podrían variar. La transferencia de agua sudamericana hacia el extremo sur del proyecto, en algún punto de Tabasco, también podría seguir el mismo rumbo que el de los oleoductos/gasoductos que salen de Colombia hasta Cd. PEMEX. Una vez ahí se requeriría de un sistema de bombeo lo suficientemente potente, por lo que se especula de instalaciones con centrales eléctricas exclusivas y subestaciones de bombeo ligadas al tendido eléctrico principal. La importancia el sistema hidro-eléctrico del Usumacinta, además de la energía que produciría con el emplazamiento de múltiples represas, es que funcionaría como una red regulada en la que se conectarían los principales caudales de México y Guatemala (más el agua que se transfiera del resto de Centroamérica-Colombia); ello serviría a modo de un gran y extendido "dique" de contención del líquido antes de ser bombeado por el proyecto Aquarium. La justificación más probable sería la escasez del líquido en el centro sur de México (empezando por la Cd. de México). Una vez concretizado, su extensión a EUA es lo de menos. El "necesario" pago de la "deuda de agua" haría su papel estelar. (Delgado: 2004) Estamos, pues, ante uno de los renglones progresivamente más importantes del muy estratégico segmento de lo que los recursos naturales estratégicos le representan a la acumulación global de capital. Y que los imperios, sus organismos financieros internacionales y dispositivos políticos y de fuerza, buscan controlar vehementemente. Es a partir de ello que debemos empezar a estudiar la relación cambiante entre tres componentes de la economía política del agua: el capitalismo global, el Estado y la población directamente concernida en las fuentes de agua. Es un tema básico y fundamental al cual hemos de prestar atención también nosotros como consumidores responsables del recurso, como habitantes de las regiones concernidas y guatemaltecos en general, en conjunto trabajadores/productores en la economía nacional con derecho a vida y entorno dignos. Configuraciones Políticas, Impasses y Retos Podríamos pensar que en torno del agua, entonces, tenemos algo parecido a todos los casos en que se pretenden privatizaciones de servicios públicos nacionales y de luchas contra las mismas. Lo que nos plantea siempre al capital global con esa pretensión por un lado, y por el otro el entreguismo o por el contrario, posible dignidad y compromiso de un Estado nacionalista y social. Pero acá, la dimensión de la territorialidad entra a mostrarnos nuevas dinámicas que se conjugan con esos afanes de dominación y asimismo luchas; e incluso no una territorialidad en abstracto, el involucramiento o no de los 41

habitantes de una región del país, sino específicamente de Pueblos Indígenas muchas veces, que correctamente están en parte protegidos por convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos con los cuales hemos de estar también comprometidos. Así, en el caso del agua, sería imposible no referir la cuestión de la minería de metales a cielo abierto, y cómo el gobierno oligárquico de Berger, amplió las concesiones mineras durante su gobierno en un 950 %, respecto de los permisos que similarmente había extendido su anterior administración de gobierno. Y sabemos que una mina de oro, que emplea cianuro (lixiviación), como la Marlin en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán requiere entre dos y cuatro mil litros de agua por minuto. Sabemos que ese tipo de Estado se contentó con girarle faxes a las municipalidades arrogándose el derecho estatal al uso del subsuelo pero empleadas para entregarle esos recursos al gran capital global, afectar a las comunidades directamente implicadas, y desatender los intereses nacionales y de las mayorías del país. Todo el ejercicio de las 37 consultas contra la minería en Huehuetenango y San Marcos, además de ejemplar –sin duda uno de los fenómenos sociales de lucha más importantes del país en la última década-, ha sido a la vez para defender el derecho específico de esas comunidades a ser consultadas así como para defender tanto sus derechos específicos como los intereses del Estado en su conjunto. Así deberíamos de verlo. Se empieza a figurar la emergencia de una dimensión económico-política nueva, por la cual ya no dejaremos de ver como parte del proceso de agresiones neoliberales y de luchas populares contra el neoliberalismo, esa parte que corresponde a las regiones y los pueblos en su especificidad. Es también un espacio de lucha. Recordemos cómo las consultas de Nuevo Progreso en San Marcos contrarias a la construcción de hidroeléctricas en la región y a favor de que salga del país Unión Fenosa, nos presentan un proceso de participación comunitaria que se organiza, expresa y exige. Que han de ser vistas como parte de un conjunto de esfuerzos de cambio en el país, pero respetándoles lo específico de sus posibilidades propias de aporte (sin diluirlas entre otro conjunto de organizaciones sociales, sectoriales), ya que de ahí puede emerger algo muy interesante que son los procesos de autonomías indígenas con formas propias de gobierno no partidarias, que sienten las bases de una democracia diferente, un poder popular –acorde además a luchas históricas de los pueblos todos y específicamente indígenas en Guatemala- para transformar el Estado y proyectar un desarrollo, por fin, más justo para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Sin exclusiones, muy solidariamente, pero sin homogeneizarlo todo y menos aún a nivel de organización social: las comunidades en lucha tienen futuro que aportarnos a todos. Por otra parte, en esa lucha generalizada de regiones y pueblos contra el saqueo y el neoliberalismo, hay que aclararnos que tampoco se trata de ver en todo, desde las 42

regiones, recursos para negociar con el mejor postor so pretexto de ser ‘dueños’ o poseedores, o dada la pobreza en que vivimos. Eso ideológicamente sería un error manipulable por el capital global en contra de esos pueblos y de los intereses presentes y futuros del Estado en su conjunto (es decir de los guatemaltecos todos). Es como el juego de las regalías que se nos presentan en torno de los pozos petroleros si caen en un municipio o en otro, por ejemplo. El capital busca coludir o involucrar a quienes controlan a un pueblo, hacerles cómplices, ir generando condiciones para sus intereses, mediatizar a las poblaciones así. Vender y comprar es el lenguaje que siempre buscan imponer. Entonces, si vemos, el Estado ha venido siendo controlado por la gente más entreguista de los intereses nacionales, de la suerte de los pueblos en lo local de esos proyectos y del conjunto de habitantes del país, Guatemala. Eso es lo fundamental a comprender para aproximarnos a la situación de impasse que estamos experimentando actualmente en cuanto a resolver legislativamente la cuestión del agua. Porque carecemos de un marco regulatorio adecuado de los recursos hídricos del país. Más cómo y cuándo se le construye, con la participación de quiénes y en función de qué, con qué garantías para armonizar los intereses nacionales y los derechos de un país diverso; con todo y el capital global queriendo fuertemente meter las manos en la cuestión. Según fuentes de la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica, en consideración de las plantas generadoras en base al contaminante carbón como las que perfila Jaguar Energy, el precio monómico (que incluye el cargo por potencia y por energía) ofrecido por Jaguar Energy es de US$0.1027 por kilovatio hora (kW/h), mientras que la generación de un kW/h con búnker es de US$0.16. Con una hidroeléctrica el precio se estima en US$0.08 por kW/h. Podríamos pensar que las luchas autonómicas indígenas en ascenso, legítimas y necesarias, están bloqueando una resolución adecuada a nivel regulatorio legal del agua. En realidad estarían condicionando modelos de transformación del Estado frente a una Ley General de Concesiones proclive al capital (oligárquico nacional y global). Los levantamientos en Totonicapán, por ejemplo, en contra del proceso de aprobación de la ley del agua anterior fueron importantes; si bien ellos conceden que es necesario regular en función de intereses del Estado ese recurso, que hay que buscar formas y garantías para los pueblos y el Estado. En el pasado reciente, Totonicapán se levantó contra el gobierno municipal de la Democracia Cristiana en 1989, cuando este desvió los afluentes de agua que atentaron contra los Baños de Agua Caliente, uno de los elementos fundamentales de la identidad de ese pueblo. En el 2001 se levantaron antes que nadie más en Guatemala en contra del incremento al IVA dictado por el FMI, cuando se impuso el Estado de sitio para la región; y que tenía como antecedente inmediato los intentos del gobierno municipal del FRG y los

Arévalo en el mismo, según varios totonicapenses refieren, para debilitar a la Alcaldía Indígena. Cuatro años más tarde, en el 2005, los totonicapenses liderados por la Alcaldía Indígena rechazan la Ley General de Aguas y la Ley de Concesiones propuestas por el gobierno de la Gran Alianza Nacional (GANA), encabezado por Oscar Berger. Hay, pues, en torno del agua una lucha que se está librando en todo el territorio nacional en contra del uso y control por parte de grandes empresas transnacionales mineras y de la energía, así como en contra de proyectos hidroeléctricos y nuevos proyectos agrícolas en franca expansión (como los de la palma africana, tan demandante en agua), que constituyen luchas legítimas y necesarias. Las cuales no se restringen al esquema municipalista, precisamente; hay una reconfiguración del sujeto hacia lo comunitario y territorial, que pulsa hacia nuevas formas de participación y de gobierno, autonómico indígena así como de poder popular. Que más allá del agua misma, pero en torno de ella -su garantía y uso futuro-, nos plantean una lucha contra el capital, pero asimismo la reconfiguración de nuestro sentido de democracia, soberanía, participación y desarrollo. Y es en torno de eso que podremos ir destrabando los impasses que actualmente existen a nivel de Estado para hacerle frente a la problemática en cuanto a acceso a servicios y bases para el desarrollo, bajo el modelo actual impuesto por las despiadadas lógicas capitalistas en curso de reterritorialización. Todo ello pasa por el agua, incide en ello, pero va también mucho más allá del mismo.

Modelos de Integración y Desarrollo, Perspectivas A partir del Consenso de Washington (1991), el neoliberalismo ha venido imponiéndose sobre América Latina, en unos países más que en otros en función ya sea de sus luchas populares y/o también el fortalecimiento de un nuevo tipo de estrategias de inserción en la multilateralidad global de sus aparatos empresariales. Salvo los casos de Colombia y Perú, de manera notablemente diferenciados de su entorno, para lo que respecta al sur, es sobre todo la parte del centro y norte de la América Latina donde más fuertemente ha venido desenvolviéndose esta lógica de saqueo y dominación sobre la soberanía de nuestros países y sus pueblos. Y ello aún antes, e incluso ahora independientemente, de los así llamados tratados o acuerdos de libre comercio; que son paquetes integrados de políticas afines a los intereses de espacios geoeconómicos diferenciados del capital global. En 2005 se le impuso a Guatemala -Centroamérica y la República Dominicana- el TLC CAFTA a favor de intereses estadounidenses. Actualmente está teniendo lugar el establecimiento del Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea. Se trata de avanzadas específicas del gran capital transnacionalizado tanto de Estados Unidos como la Unión Europea sobre nuestra región. Así, en lo que respecta al último, lo que cabe esperar es un severo fortalecimiento en cuanto a la concurrencia de las lógicas 44

económicas más contrarias a los intereses de nuestros países y pueblos, el medio ambiente. Entre los temas que se estarán priorizando en el Acuerdo de Cooperación están los de: “Energía (estimular acciones dirigidas a promover la energía hidro-eléctrica, la electricidad, el petróleo, gas, energías renovables, electrificación rural y acciones para integrar a nivel regional los mercados de energía, realización de estudios de impacto medioambiental, iniciativas relativas al cambio climático);” (Morales y Garza, 2009: 65). Cabrá, pues, prever el arribo facilitado de varias nuevas grandes transnacionales en todos esos terrenos. Existe una alternativa al anterior tipo de procesos de integración, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En ella se privilegia la unidad y la cooperación entre los pueblos de la región, la lucha por soberanía de sus intereses comunes. Más, al respecto, hay que tener clara la cuestión de que no todo lo que proviene de la América Latina actual equivale a ALBA: hay otros procesos diferenciados de dicha alianza, que también proviniendo de la región, obedecen a sus capitales en ascenso (como, por ejemplo, los esfuerzos empresariales brasileños por incursionar en los mismos terrenos que la Unión Europea sobre nuestros países y pueblos centroamericanos). El ALBA es una alternativa a fortalecer en toda la región como la única real frente a esas otras formas de integración que nos han venido y nos siguen imponiendo tanto desde los centros tradicionales así como, ahora también, los emergentes del capital global.

PERCEPCIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS Hemos indagando percepciones de los consumidores en cuanto a los tres servicios abordados: electricidad, telefonía y agua. Para el efecto hemos efectuado entrevistas a consumidores y usuarios varios en diversas regiones del país, asimismo a instituciones y otros actores. Hay que tener claro que los tres renglones presentan características diferentes en función de sus propias naturalezas específicas. Nos interesará abordar dichas características propias según cada uno de los casos. Sin embargo, abordemos las quejas de los consumidores en su conjunto (cuestiones de carácter sistémico), y ello mediante un mecanismo de sistematización que nos permita comprender el orden distinto en el cual estas quejas se inscriben. Lo anterior porque si, por ejemplo, enumeramos las quejas recogidas, mediante las cuales los consumidores expresan su insatisfacción o malestar en cuanto a las empresas eléctricas, por ejemplo, correríamos el riesgo de poner en un mismo plano de importancia y naturaleza asuntos tan dispares como los siguientes:  Que el servicio es sumamente caro y, con el tipo y la cantidad de uso posibilitado de dicho servicio, no se nos permite un uso razonable y suficiente según lo deseado o requerido.  Cobros anómalos, atípicos del cual son víctimas los usuarios en lo individual, con mayor o menor regularidad de casos.  Que de plano no ha llegado el servicio de energía eléctrica al lugar de residencia.  Malestar y discrepancias en cuanto al costo del servicio de reconexión tras una falta de pago.  Represalias de parte de las empresas distribuidoras cuando los consumidores se organizan para realizar demandas contras las mismas (con casos en que además concurren sendos y sistemáticos hechos de represión del cual son víctimas sus líderes). Es fundamental el poder observar que no es lo mismo el problema del cobro anómalo respecto de la problemática social del precio elevado del servicio. El problema del cobro anómalo, y otros más en cuanto a la regularidad convencionalmente esperada en lo que respecta a la prestación del servicio, pueden representar más o menos márgenes socialmente existentes de malestar y vulneración de derechos, pero realmente no irán más allá de lo que es su renglón de orden: lo administrativo. Es decir, la eficientización esperada y debida de un funcionamiento ‘ordinario’.

En cambio, el asunto de la problemática social –casi universal dadas las condiciones de pobreza que prevalecen en nuestro país y el impacto del costo del servicio respecto de los recursos disponibles para vivir-, es algo que no se resuelve meramente en el terreno administrativo. En lo administrativo, incluso contencioso –a nivel de garantías institucionales o jurídicas que permitan sustentar los derechos de los consumidores en casos extraordinarios, para arribar al estatuto de que ‘goza’ el resto de la sociedad de consumidores-, tenemos un tipo de horizonte y de demandas. En la cuestión específica del precio, social y generalizado del servicio, lo que tenemos es un fenómeno propiamente de naturaleza económico política entre grandes segmentos de trabajadores y una empresa que lo que busca es cómo maximizar su ganancia, la cual proviene de los primeros y para lo cual se ha diseñado el sistema institucional y jurídico que la ampare a ella. Por eso es importante organizar el tipo de quejas de los usuarios según el tipo de vulneración de derechos de que se trate. Y en una sociedad que ha sido largamente sometida para no ejercer sus derechos, tendremos que prestar una atención muy especial a cuando ésta nos manifiesta la presión que experimenta, su conciencia y expresión del malestar por el precio del servicio en sí. Podríamos reflexionar que todo aquello que es administrativo, aunque es importante considerarlo, finalmente se resuelve en el marco dominante de ese sistema diseñado. Anticipándonos un poco al respecto, tanto las leyes de privatización como los reglamentos de dichas leyes, están diseñadas para esa franja de problemas meramente administrativos para procurar que los consumidores ejerzan sus derechos en función de las reglas definidas (que el contador de la electricidad funcione igual a todos los demás, que las interrupciones y el flujo de voltaje ocurran en las circunstancias previsibles como en el resto del país, que la multa por reconexión sea la misma que para todos los demás que infringen una regla que nos han establecido, etc.). Y ello está directamente relacionado con una cuestión crucial para nuestro quehacer que es la del concepto y los alcances de lo que es el ser ‘consumidor’ y que está en disputa, de fondo, entre las corporaciones y Estados neoliberales o las mayorías pobres del país que en efecto consumen un servicio público de éstos. Porque, siempre analizando la diferencia de orden entre estos dos tipos de quejas en cuanto al cobro –social y generalizado o circunstancialmente atípico-, el criterio dominante que nos constituye en ‘consumidores’ fue definido tanto institucional como ideológicamente para mantenernos en el límite de lo segundo, de esos aspectos de funcionamiento meramente administrativo en lo que respecte a las corporaciones o empresas. En tanto que, esa cuestión del precio social y generalizado para las mayorías, si bien tiene que ver con la categoría y condición de ‘consumidores’, nos va llevando a los mismos a comprender cómo y por qué el sistema se ha venido definiendo de esa manera (en 47

términos económico políticos, de historia, de Estado). Porque esto último es lo que permitirá corregir nuestra situación de fondo. Otro aspecto para nuestra comprensión de cómo está la cuestión de las quejas de los usuarios está referida a la necesaria consideración, también, de toda aquella ciudadanía que aún no está cubierta por la prestación de los servicios, y cuya existencia y distribución en el país sólo es posible de determinar a través de metodologías estadísticas, el acopio y la sistematización de fuentes censales al respecto. Es en base a lo anterior, que nosotros formularíamos que las quejas de los consumidores en cuanto a los tres servicios referidos están comprendidas, esencialmente, en cuanto a los tres siguientes campos, enlistados por su grado de importancia: 1. El precio del servicio adquirido 2. El desabasto del servicio 3. Problemas de carácter administrativo De las tres, el precio del servicio adquirido es sin duda la más frecuente. Pero, como veremos, el sistema fue diseñado para que este aspecto sea resuelto en un terreno político (la CNEE y su autorización o no de los incrementos en la tarifa de distribución, por ejemplo), pero ello a su vez fue diseñado con candados que reducen la soberanía política del país (tanto del Estado como de las relaciones sociedad-Estado, como puede apreciarse en el caso de las demandas de que ha sido objeto el Estado guatemalteco ante el CIADI, uno de los cinco organismos del Banco Mundial para dirimir conflictos entre los Estados y las corporaciones internacionales); y, finalmente, el diseño del sistema está por supuesto referido al Congreso de la República, quien en última instancia habría de derogar o reformar las leyes y acuerdos internacionales que configuraron el sistema en los términos vigentes. Por lo anterior, hemos de ver y entender el tipo de inconformidades de los consumidores, a la luz del tipo de conceptualización que corresponde en una organización de los mismos. El segundo gran campo de inconformidad, el de los ‘consumidores potenciales’ –que sería una forma un tanto extraña de hablar para referirnos a la parte del pueblo que no tiene aún acceso a los servicios en cuestión, un ‘mercado potencial’-, el nivel en el que nos situemos para comprender los derechos de los consumidores, nos permitirá el contemplar y atender este segmento de maneras muy distintas (analizar los argumentos de la extensión de este mismo modelo, que busca controlar el segmento de la generación de electricidad sin que sea el Estado y/o las comunidades quienes lo hagan). El número de habitantes (o ciudadanos) sin acceso aún a los servicios de electricidad y agua lo entenderíamos como el segundo orden de problemas. En tercer lugar tenemos el cúmulo de quejas que arriban a un sistema diseñado para que la empresa sea la que se autorregule en una atención debida de las quejas presentadas 48

por los usuarios o consumidores, en términos individuales, a nivel de las reglas dadas, en el plano de lo administrativo. La CNEE distribuye libros de quejas que las empresas distribuidoras deben hacer accesibles a sus usuarios, determina mecanismos para su revisión regular, y fija plazos para que dichas quejas sean resueltas de manera satisfactoria para el usuario. Las quejas que por dicho mecanismo se presentan, evidentemente no son del orden de que están cobrando demasiado a todos los usuarios… Este tipo de consumidores tendrían, para el efecto, al Congreso de la República y la revisión de leyes y reglamentos. Y ya que usualmente los señores diputados no están precisamente esperando por hacer valer derechos y necesidades de la ciudadanía, lo que corresponde es definir una ruta para hacer valer los derechos.

Las Quejas de los Consumidores del Servicio Eléctrico A partir de la Ley General de Electricidad se crea la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica –CNEE-, estableciéndose como su función el emitir normas técnicas y fiscalizar su cumplimiento. Para los efectos, se genera la Resolución CNEE-9-99, de fecha 7 de abril de 1999 (derechos y obligaciones de usuarios y prestatarios del servicio, así como los índices de calidad). Y se genera asimismo el Reglamento de Reclamos y Quejas (Resolución CNEE 8-98 y 1 de abril 2004). La conceptualización de todo esto es la del ‘control de calidad’ en función de –una conceptualización también precisa de- ‘los consumidores’. Así, los controles están definidos en tres segmentos: a) Calidad del producto técnico (fluctuaciones de voltaje, desbalance en la tensión, distorsión armónica y flicker); b) Calidad del servicio técnico (interrupciones de fuerza mayor e interrupciones propias y extrañas); y, c) Calidad comercial. Esta última, la Calidad Comercial, se subdivide en lo relativo a la Atención al Usuario (que contempla conexiones de nuevos servicios, reconexiones, facturación y atención al usuario en agencias); y en lo tocante a la Calidad del Servicio Comercial (Reclamos y quejas, notificaciones de interrupción del servicio, y medición del consumo). Así, y teniendo presente el análisis previo, el análisis estadístico de los reclamos y quejas de los usuarios se desglosa de la siguiente manera: En la categoría indefinida de ‘Otros’ tenemos un 5.52 % de las quejas de usuarios; por atraso en la conexión, un 0.65 %; por fallas del contador, un 0.75 %; por bajo voltaje, un 0.84 %; porque no se recibe la factura, el 1.84 %; por falta de energía, el 19.84 %; y por cobros altos el 70.41 %. Al año se recibe una cantidad de aproximadamente 200,000 quejas, de las cuales muy pocas se convierten propiamente en denuncia (unas 700), y de las últimas unas 80 devienen propiamente en procesos contra las empresas. Lo anterior, en sustento de lo que explicábamos: es lo meramente administrativo (la atención al usuario y la calidad del servicio comercial) lo que está siendo contemplado en 49

los libros de quejas de las empresas, no el problema del precio en sí del servicio a la comunidad. La gente pregunta ‘por qué me están cobrando tanto’ pero se queda en la impotencia y la fragmentación social cuando le responden que su contador está bien.

Las Quejas de los Usuarios del Servicio de Telefonía En lo que respecta a la telefonía (que es importante ir contemplando con el servicio de internet incluido y cada vez más a este último por sí mismo), el proceso regulatorio es aún más limitado que en lo relativo a la energía eléctrica. Supuestamente porque sería ‘el mercado’, en una fase –temporal- de competencia entre empresas, el que abarataría el precio y la calidad del servicio. Es lo que en otras palabras apunta Carmen Urízar, cuando explica: El tema relacionado con la defensa del consumidor está contenido en las leyes y los reglamentos del sector de telecomunicaciones de forma ambigua y muy general. En la ley reguladora del uso y captación de señales vía satélite y su distribución por cable se lo menciona en los artículos 9, incisos e) y f), artículo 10, inciso f); la ley de radiocomunicación no lo incluye de manera explícita, y en la ley de telecomunicaciones, aunque no existe un artículo específico, podría decirse que lo contenido en los artículos 43, 48 y 49 apuntan a defender al consumidor, obligando a que el proveedor le ofrezca la información necesaria para elegir. (Urízar, 2007) Las quejas de los usuarios van dirigidas, según orden de importancia, hacia: 1. Cobros indebidos 2. Mal servicio, y 3. Mala calidad Hay asimismo una línea de quejas que pudimos recoger, en los departamentos del país por la cual la instalación de antenas en ocasiones va a aparejada a un posible proceso de inversión en determinados terrenos por parte de las empresas. En las Verapaces ha ocurrido, por ejemplo, que incluso han querido instalarse en sitios sagrados (arqueológicos). En lo que respecta al internet, específicamente, los problemas más frecuentes además de cuestiones como precio, cobertura y velocidad, tienen que ver con cuestiones técnicas de importancia para el usuario como si las empresas otorgan una IP pública o no. Las IP’s públicas, que son necesarias para conectarse a redes P2P de intercambio de bienes culturales las dan las empresas hasta que el cliente expresamente la pide y exige, si no es así no lo informan como una posibilidad y el usuario se ve muy limitado al aparecer ante la red tras la IP de la empresa proveedora de internet. El asunto de la velocidad es importante, en países nórdicos de Europa que tienen los records al respecto, el asunto está considerándose un derecho. 50

Este es un terreno en el que hay que empezar a demandar gratuidad y universalidad del servicio. Eventualmente, sobre dicha base, oferentes podrían elevar la calidad de sus ofertas. Tengamos asimismo presente que muy probablemente sobre esta plataforma es que funcionarán todos los sistemas de transmisión de audio e imagen (telefonía, radio y televisión). El internet es cada vez menos un recurso elitista y más esencial para las nuevas generaciones, familias migrantes, la economía, la cultura, la administración pública, etc. En su conjunto, la telefonía fija, móvil e internet, que en buena medida están articuladas, nos presenta igualmente que en el caso de la electricidad (si bien a un nivel de gravedad relativamente menor, ciertamente) la ambigua cuestión del ‘cobro indebido’ –entre la anomalía más o menos casuística y el precio social general del servicio-, tal y como es captado en la DIACO. Si bien acá opera una mayor competencia, hasta ahora, y el asunto pareciera situarse a nivel de la calidad de los servicios y su funcionamiento ‘debido’ según las reglas establecidas, no hay que confundirse. También fue definida para disminuir el derecho fundamental de los consumidores en cuanto al precio en sí del producto.

Las Quejas de los Usuarios del Agua Sin que los niños se puedan bañar todos los días, la ropa y los trastes sucios, si no es letrina el problema del baño es aún mayor… Sin interconexión al servicio de agua, el precio del tonel es lo que determina el precio del producto. Los vecinos han de ir a rogar a otras colonias para que les vendan a precio menor un tonel de aquel al que se lo venden prestadores privadores del servicio en su localidad. El tema del agua es uno de los más complejos porque implica un proceso que también hay que considerar, de manera fundamental, en un flujo o circulación del recurso. No es sólo la provisión del recurso sino que también la disposición y eventual tratamiento de aguas residuales, ya que ello está relacionado con la salud y el medio ambiente. Por otra parte no se trata solamente de un uso doméstico sino para muy diversos fines económicos (industrias y agriculturas que, entre otros, emplean químicos). Como siempre hemos visto y aprendido a lo largo de la historia humana, este temas nos plantea un abordaje que de manera especial destaca cómo las organizaciones sociales de usuarios y consumidores deben de poder ver más allá de la queja y la demanda per se de la prestación: evidentemente, aunque no exista una demanda en torno a la calidad del agua potable, la más común de las enfermedades en nuestro país -las gastrointestinales, esa diarrea crónica- es principalmente producto de la calidad del agua. Igualmente, los grados de tolerabilidad y/o de responsabilidad y previsión en cuanto a la destrucción del medio ambiente están socialmente ligados a un problema de educación.

Lo fundamental en el tema del agua es que es la ausencia de regulación debida la que genera esta vulnerabilidad social de la cual resultan beneficiados fundamentalmente algunos segmentos de empresarios que lucran sin las debidas normas y controles. El asunto apunto a convertirse en un problema mayor, ya que con el desarrollo del capitalismo global, las empresas embotelladoras y de bebidas se desplazan a donde están las fuentes de agua. Y es importante entender que no es lo mismo usar el agua y finalmente dejarla correr, que tomarla de manera sistemática y sacarla del contexto para enviarla a cualquier otra parte del mundo5. Otra dimensión que se agrega a ello amenazadoramente es el problema del calentamiento global que está, junto a ese crecimiento de un modelo económico al cual no le importa la sostenibilidad ambiental, determinando cada vez más geopolíticamente los recursos del agua potable en el mundo. La única manera de garantizar la universalidad en el acceso al agua, la calidad del producto y la disposición de sus servicios residuales, es a través de un marco regulatorio estatal de todo la cuestión hídrica6. De esa cuenta, interpretaríamos que: 1. El problema principal de los usuarios y consumidores del servicio está de fondo en su vulnerabilidad social por la ausencia de marco regulatoria adecuado del sistema en su conjunto. 2. A ello le seguiría el desabasto ya existente del servicio (el cual irá en aumento), que 5

En el informe sobre la producción de cerveza en Centroamérica, elaborado por la oficina de información estratégica del Ministerio de Agricultura de El Salvador se indica que para el año 2000 Guatemala produjo 1,680 miles de hectolitros de cerveza, si se le aplica el coeficiente 10:1 en el uso del agua, se tiene que ese rubro industrial demandó en el año 2000 1.68 millones de m3 de agua; a 2005 podrían ser cerca de 2.0 millones de metros3, si se añade los rubros conexos (agua purificada, bebidas gaseosas, jugos y otros), solamente ese complejo industrial podría consumir alrededor de 10 millones de m3 de agua por año. (BID/Gobierno de Guatemala, 2006: 38)

El Código de Salud faculta al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para vigilar provean los servicios públicos aguas sanitariamente seguras y se disponga apropiadamente de las aguas residuales; y en cumplimiento de estos mandatos se estima tiene capacidad para cubrir cerca del 25 % de las necesidades de vigilancia de los servicios del país. El Instituto de Fomento Municipal INFOM, conforme su ley orgánica, brinda asistencia técnica y financiera en todos los ámbitos del desarrollo municipal, incluyendo la prestación de estos servicios, pero no cuenta con una política institucional definida para lo mismo. Si bien INFOM implementó la organización del Sistema Nacional de Información de Agua Potable y Saneamiento SAS (1997), este sistema no ha sido consolidado, no publica datos y conforme información de primera mano, se estima maneja información sobre cerca del 57 % de las comunidades del país. (De Morán, 2005) 52

3. En los casos de la marginalidad urbana, principalmente, se traduce en precios insostenibles en beneficio de agentes privados. Se trata de un tema que nos plantea con urgencia el atenderlo ya que puede cambiar aceleradamente según los requerimientos de la acumulación global de capital, en detrimento y perjuicio tanto del país como de la sociedad en su conjunto, particularmente los sectores más vulnerables que son sus mayorías.

Neoliberalismo, sus conceptos de ‘regulación’ e ‘institucionalidades’ Hay otra dimensión menos específica en cuanto a cada uno de los servicios: más general. No por ello menos importante. Que interesa y aqueja a los usuarios y consumidores, estén éstos no organizados, organizados en expresiones de lucha diversas o en organizaciones de consumidores como tales: el cierre de espacios para hacer valer nuestros derechos a los servicios. Para abordarlo, ya que todos arribamos a ese cuello de botella en donde nuestros caminos se angostan, es necesario abordar algunos conceptos, cuestiones legales e institucionales (no de la manera en que lo hicimos anteriormente, sino concretamente para abordar en nuestro estudio dicha limitación como problema de los consumidores y usuarios). Partiremos para abordar este campo, de una breve explicación del concepto de regulación económica para seguidamente tratar el cómo está funcionando. El concepto de ‘regulación’ de la economía (de cómo el Estado, en tanto que esfera de lo público, interviene respecto del mercado) puede entenderse en un sentido amplio o en uno muy restringido. El Estado como regulador, en sentido amplio, es el concepto que está establecido en los acuerdos de paz. El Estado como regulador, promotor, partícipe en la economía, planificador, gestor del desarrollo económico y social (es lo que caracteriza a las escuelas keynesiana o socialdemócrata, propiamente, y a las economías socialistas, como el socialismo del siglo veintiuno que se impulsa en algunos países de la América Latina). Pero también puede entenderse la función ‘reguladora’ del Estado en un sentido bien limitado, acorde a las lógicas neoliberales (según las cuales la nula o mínima función del Estado frente a los capitales es lo que más les conviene). No está de más recordar que el neoliberalismo y su discurso de que la no intervención de la esfera pública respecto del mercado es la vía para el desarrollo económico es una mentira inmensa, y eso ha sido demostrado recientemente en torno de la colosal crisis financiera mundial ya que con fondos públicos, provenientes de los impuestos de toda la sociedad, se ha sostenido a los principales bancos del sistema. En resumen, el neoliberalismo dice -mientras acumula y se enriquece- que no es bueno que el Estado intervenga pero sí lo es cuando se trata de que los fondos públicos sostengan sus grandes corporaciones en crisis. En tanto, el keynesianismo 53

(socialdemócrata) y el socialismo del siglo veintiuno intervienen de menos a más, pero sí lo hacen frente al mercado y en la economía. Esto tiene que ver con el concepto de regulación, un término que como decíamos puede entenderse en sentido muy restringido o en un sentido amplio. Luego de las privatizaciones de la electricidad y la telefonía, en Guatemala se crearon entidades ‘reguladoras’ en el sentido más limitado posible. En ambas leyes para la privatización de ambos servicios se establece la creación de entidades reguladoras, respectivamente la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica CNEE y la Superintendencia de Telecomunicaciones SIT, que son instituciones públicas (del Estado guatemalteco). En base a lo anterior, veremos cuán importante es la existencia de organización social para ejercer, cuando menos, los derechos de los consumidores. Sobre todo en cuanto a informarse, organizarse, exigir y proponer. Exigencia y capacidad de propuesta que también ha de entenderse en un sentido amplio –no restringido como aquel sentido restringido de regulación que nos han venido imponiendo-; sino de ciudadanía plena, como sociedad, Pueblo. Ya que allí reside, como sabemos, también la defensa de los intereses del Estado, su soberanía, su carácter de democracia jurídica, política, económica y social. Esas dos leyes para la privatización de la electricidad y la telefonía, fueron pensadas para que la función reguladora del Estado fuera restringida a su mínima expresión a favor de los intereses de las grandes empresas transnacionales, y no de los del país, la sociedad o el mismo Estado guatemalteco. Debemos estar claros de que aunque personas un poco más democráticas o nacionalistas lleguen a esos cargos e instituciones, esas leyes dejaron sujetado al Estado a favor de aquellos grandes intereses. Lo que decimos no es para reducir la responsabilidad o las posibilidades de decisión de los gobernantes, pero sí para ir entendiendo la posibilidad de trabajar (sin politiquerías, en soluciones tanto para la sociedad como el Estado). Un ejemplo es cómo, recientemente, el Estado guatemalteco fue demandado por Unión Fenosa ante el CIADI (que es uno de los cinco organismos del Banco Mundial, que establece controversias entre capitales y Estados, por supuesto usualmente a favor del Banco Mundial y sus aliados), por un monto que supera el doble de todo lo que el Estado invierte en educación al año en nuestro país. Por ejemplo, ahora que la cantidad de niños y niñas que se están educando se ha disparado para arriba y el reto se sitúa en fortalecer la infraestructura de las escuelas, los capitales de Unión Fenosa y el Banco Mundial, pretenden quitarnos esa barbaridad de recursos a los guatemaltecos. Unión Fenosa señala que cuando la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica intervino para limitar el monto del VAD, un renglón de la distribución (y el asunto se fue a la Corte de Constitucionalidad que resolvió a favor del Estado), ellos dejaron de percibir ganancias que les corresponden. Y la controversia se resuelve en Washington D.C. Según los

acuerdos del CIADI (del cual la Bolivia de Evo Morales se salió), los Estados no se pueden salir de allí si así lo desean en tanto exista una controversia ya en curso7.

El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, del Banco Mundial), asimismo conocido como ICSID por sus siglas en inglés) viene afectando gravemente la soberanía e intereses de los países del tercer mundo, como los nuestros latinoamericanos. Especialmente firme contra lo anterior ha sido la postura adoptada por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a partir de su V Cumbre efectuada en 2007, en torno de la cual se retiran del CIADI Bolivia, Nicaragua y Venezuela. En voz de los representantes gubernamentales bolivianos ante dicha Cumbre:: “Los países miembros del ALBATCP rechazan enfáticamente las presiones jurídicas, mediáticas y diplomáticas de algunas empresas transnacionales, que habiendo vulnerado normas constitucionales, leyes nacionales, compromisos contractuales, disposiciones regulatorias, medioambientales y laborales se resisten a la aplicación de decisiones soberanas de los países amenazando e iniciando demandas de arbitraje internacional contra los Estados Nacionales en instancias como el CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.” La conflictividad generada por el CIADI se ha extendido entre otros varios países, uno de los casos más álgidos al respecto es el de Ecuador: El Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión (ICSID - International Center for the Settlement of Investment Disputes) está enfrentando una explosión de casos y críticas cada vez más vigorosas de los países latinoamericanos. Continúa la pregunta de si el ICSID es efectivo canalizando la inversión productiva a los países en desarrollo o si sirve más bien como un medio para que las corporaciones multinacionales se salgan con la suya. A finales de mayo de 2009, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa denunció públicamente al ICSID y dijo que Ecuador se retiraría del ICSID si fuera necesario "para la liberación de nuestros países porque el ICSID significa colonialismo, esclavitud con respecto a las trasnacionales, con respecto a Washington, con respecto al Banco Mundial.” Luego, en la conferencia de la ONU sobre la crisis económica a finales de junio de 2009, los presidentes de Bolivia y Ecuador pidieron el cierre del ICSID y retaron los acuerdos existentes sobre el mercado libre. La amenaza de parte de Ecuador de abandonar la organización, respaldó la decisión de Bolivia el cual se retiró del ICSID en 2007. El ICSID actualmente está manejando casos de arbitraje por un valor de US$12.000 millones, en varios casos en contra de Ecuador, sin mencionar la docena de casos en contra de Argentina. Esto explica la insatisfacción actual de Ecuador. Más recientemente, la cancelación del contrato por parte de Ecuador con la compañía petrolera Occidental de EE.UU. en 2006 deja ahora a la compañía reclamando US$3.200 millones en daños. (Proyecto Breton Woods, 2009)

Otra cuestión a considerar es que naturalmente volteamos a ver en todo esto hacia la Presidencia de la República, pero (aunque aún las fuerzas de seguridad del Estado están salpicadas de malos elementos, poderes ocultos, etc.), hemos de recordar que las órdenes son giradas por jueces (por el Organismo Judicial). De suerte que, la relación entre agentes u operadores políticos de las empresas transnacionales y los jueces (en ocasiones redes de poderes ocultos también), determina ese tipo de acciones. Bajo la actual configuración política de penetración del Estado y de condicionamiento legislativo, es un gran conflicto el pretender intervenir desde el Ejecutivo para controlar ese tipo de acciones. Son cuestiones que debemos de ir sopesando. No se trata de exculpar a nadie, pero si el lector o lectora se encontrara al mando del ejecutivo, podría instruir formas en cuanto al funcionamiento de policías y si acaso, militares, pero no podría incurrir en decidir qué tipo de acciones judiciales se acatan y cuáles no porque eso está basado en la Constitución de la República. De manera que hace falta ir viendo varias cosas al respecto y entre ellas, lo que acontece en el Organismo Judicial en cuanto a este tipo de demandas, protestas y luchas.

¿Dónde se quejan los consumidores? Si vamos a la DIACO (adscrita al Ministerio de Economía), con sus ocho oficinas regionales solamente, veremos que el flujo de consumidores inconformes no es tan alto, pero pudimos observar una atención personalizada que lo que hace fundamentalmente es tratar de establecer una conciliación, una resolución de conflictos por la vía del diálogo entre consumidores particulares y empresas de toda índole. La DIACO tiene poco poder de incidencia, poca incidencia, y ni por asomo interviene seriamente en cuestiones de la envergadura de la electricidad, la telefonía o el agua. Fuentes de la DIACO entrevistadas nos explicaron que según las leyes (de privatización) de la electricidad y la telefonía, no son ellos propiamente los encargados de recibir esas quejas. Sino como hemos dicho, la CNEE y la SIT. También recogimos criterios en el sentido de que en éstas, sobre todo la última, la cuestión más bien es a nivel de algunas quejas y colectivas, pero sobre todo entre agentes del capital (líos entre las grandes empresas mismas). Con todo, la DIACO recibe las quejas. Según sus estadísticas, de enero a diciembre de 2009, se recibieron, en cuanto al servicio telefónico, 187 quejas en su sede central y 36 en sus sedes departamentales, para un total de 223. Pero tienen otro renglón que es específicamente ‘telefonía celular’, que contabiliza 207 en sede central y 24 en las departamentales, para un total de 231. Entre ambas (5.2 % y 5.3 %), representan el 10.5 % de todas las quejas recibidas en la DIACO, su décima parte. En lo relativo a la energía eléctrica, en el mismo periodo recibieron 96 quejas en la planta central (capital, EEGSA/Iberdrola) y 308 en sus sedes departamentales (Deocsa y Deorsa, 56

Unión Fenosa), la proporción es 1:3, no obstante que no hay sedes de DIACO en todos los departamentos8; para un total de 404 quejas. Este servicio, representa el 9.3 % de todas las quejas recibidas por los consumidores en el país durante el año. Entre ambos servicios, llevamos hasta acá un 19.8 % de las quejas recibidas, es decir prácticamente una de cada cinco. Y en cuanto al agua (un poco por debajo del internet, renglón específico que tiene un 4.9 % de quejas), el agua fue el objeto de 153 quejas en la capital y sólo 14 en las sedes departamentales, en un total de 167, representando un 3.9 % de las quejas recibidas en el año.

Precios y Leyes a la Medida de las Corporaciones La Ley de Protección al Consumidor y Usuario (Decreto 006-2003), refiere los temas que ahora nos ocupan en su Artículo 3, Definiciones; en su inciso j, Servicios Públicos. Estos últimos tienen una Sección específica de la Ley: la Sección V, Servicios Públicos, con cinco artículos (del 35-38), que son: 35, Precios; 36, Instrumentos y unidades de medición; 37, Facturación de consumo excesivo, y; 38, Indemnización. En esencia, el artículo 37 se refiere a una presunción de error por parte de la empresa en casos individuales, no de una problemática socioeconómica generalizada de disputa en cuanto a los montos de los precios en sí del servicio. Porque el primer artículo de dicha sección (el Art. 35, Precios), establece lo siguiente –y es su integralidad en cuanto a texto-: ‘Para el establecimiento de los precios de los servicios públicos se observará lo regulado en las leyes específicas correspondientes a cada servicio’. El Reglamento (de la Ley), Acuerdo Gubernativo 777-2003 (Gobierno del Oscar Berger), en su Artículo 2 (Ámbito de Aplicación), establece que: ‘…Lo normado en leyes especiales, así como los servicios públicos con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los órganos que la misma contemple, se regirán por esas normas, aplicándose esta Ley en forma supletoria.’ Pero congruentemente con el tipo de ley emitida (y la preeminencia de las leyes de privatizaciones de la electricidad y la telefonía), el reglamento se restringe a cuestiones mínimas a favor de la ciudadanía y los consumidores: fundamentalmente medidores verificables… Ley General de Electricidad de 1996, vigente, dicta en su Art. 1, inciso: d) Son libres los precios por la prestación del servicio de electricidad, con la excepción de los servicios de transporte y distribución sujetos a autorización. En tanto que la Ley General de Telecomunicaciones, dicta (en su Art. 22): Las condiciones contractuales, así como los precios, para la prestación de toda clase de servicios 8

Doce según sus folletos impresos proporcionados, once según el sitio web que está ahora en proceso de actualización. 57

comerciales de telecomunicaciones, serán libremente estipulados entre las partes y no estarán sujetos a regulación ni aprobación por autoridad estatal. Si comparamos ambos servicios (electricidad y telefonía), la movilidad en cuanto a opciones de mercado en la telefonía es muy superior a lo que la energía eléctrica nos presenta. En el caso de la CNEE, si después de 10 días de formulada una queja ante la empresa prestadora del servicio ésta no ha resuelto satisfactoria, puede recibir denuncias y quejas de los consumidores. Pero como podemos apreciar y comprender, la cuestión de los precios en sí, de manera general, por parte de estas empresas es algo que nos lleva a tener que posicionarnos políticamente frente a la cuestión específica de la ley, la institucionalidad, el derecho de la sociedad mayoritaria en su conjunto, y la cuestión de la nacionalización (en el caso específico de la energía eléctrica).

PDH, quejas por vulneración de derechos y criterios de monitoreo Como podemos apreciar, las leyes de privatización tenían por objeto establecer garantías para las empresas y sus intereses a largo plazo. Todo ello, y así sería en otros muchísimos renglones –como lo ha venido previendo la hasta ahora en suspenso Ley General de Concesiones-, porque el Estado en conjunción con la sociedad y las comunidades no tendríamos la capacidad de invertir, producir y distribuir socialmente. Así como la DIACO recibe estas denuncias sin que le corresponda propiamente darle curso, ya que las instancias ‘reguladoras’ han sido restringidas a ver casos extraordinarios, atípicos (más o menos regulares, si se quiere) pero no universales para las mayorías como el tema específico del precio, y en particular para la energía eléctrica; entonces, las denuncias van a parar a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aunque por su naturaleza, estas denuncias son confidenciales, en los informes anuales del Procurador puede observarse, que (último informe presentado a la fecha, el de 2008) en el renglón de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC, aparece el campo específico de la problemática como primer punto (de 2.7, Derechos del Consumidor y el Usuario): 2.7.1 Precios de Energía Eléctrica que Afectan a Usuarios. Ello en base a los insumos de las denuncias formuladas por consumidores ante la Defensoría del Medio Ambiente, del Consumidor y Usuario. Lo que nos parece más relevante del informe y quehacer de la PDH en cuanto al tema, es su indexación en cuanto al renglón (que es un parámetro a considerar):  Alzas inmoderadas de precios y tarifas  Desabastecimiento  Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo 58

        

Fraude Abusos contractuales – contratos leoninos Agua contaminada Inexistencia de medidas que permitan que los consumidores obtengan compensación Ausencia de programas de educación e información Negación o insuficiencia de información sobre todos los aspectos de productos de consumo Ausencia de políticas públicas a favor del consumidor Falta de controles estatales sobre pesos y medidas, y de evaluación de los mecanismos de control Precios inaccesibles de medicamentos y servicios

Márgenes de Cobertura y Falta de Acceso a los Servicios Si todo lo anteriormente analizado, nos lleva a subrayar como el primer gran problema de los consumidores la cuestión de los precios de los servicios en un marco socialmente dificultado en cuanto a poder incidir en ello; el segundo gran problema, tal y como acertadamente establece la indexación de la PDH es el desabasto. Creemos que la sociedad debe estar muy clara en cuanto a que existen diversos renglones de malestar y queja entre los consumidores, pero que centrarse en los ejes fundamentales es en donde se sitúan sus posibilidades mayores de eficacia y aporte para el conjunto y el país. Por ello, consideraremos en el mayor detalle político administrativo posible el segmento del desabasto entre los consumidores, en cuanto a los tres servicios estudiados:

Cuadro No. 7 Acceso a Servicios de Agua, Electricidad y Telefonía por Municipio República de Guatemala

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

221,969

204,359

17,610

221,969

217,452

1,225

436

2,756

100

805,432

13,623

10,746

2,877

13,623

13,257

290

7,525

Jun-08

Guatemala

Santa Catarina Pinula

Guatemala

San José Pinula

9,515

6,913

2,602

9,515

8,880

563

8,970

Guatemala

San José del Golfo

1,102

1,013

1,102

1,040

269

Guatemala

Palencia

9,315

6,367

2,948

9,315

7,290

1,945

749

Guatemala

Chinautla

20,195

17,116

3,079

20,195

19,378

675

5,207

Guatemala

San Pedro Ayampuc

Guatemala

Mixco

Guatemala

9,265

7,078

2,187

9,265

8,577

609

473

92,426

78,745

13,681

92,426

90,819

438

154

974

105,359

San Pedro Sacatepéquez

5,887

2,944

2,943

5,887

5,576

250

1,973

Guatemala

San Juan Sacatepéquez

28,297

17,440

10,857

28,297

25,459

433

2,270

6,422

Guatemala

San Raymundo

4,262

3,472

790

4,262

3,739

452

601

Guatemala

Chuarrancho

1,887

1,500

387

1,887

1,726

125

231

Guatemala

Fraijanes

6,186

5,127

1,059

6,186

5,699

453

4,827

Guatemala

Amatitlán

17,868

16,582

1,286

17,868

17,165

621

14,301

Guatemala

Villa Nueva

78,969

65,134

13,835

78,969

76,664

572

192

1,487

59,089

Guatemala

Villa Canales

22,327

18,025

4,302

22,327

20,330

1,842

9,579

Guatemala

Petapa

22,760

20,875

1,885

22,760

22,179

432

19,900

El Progreso

Guastatoya

4,267

4,113

154

4,267

4,069

139

2,815

El Progreso

Morazán

2,387

2,045

342

2,387

1,931

100

275

246

El Progreso

San Agustín Acasaguastlán

6,980

6,323

657

6,980

4,691

391

970

890

383

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

El Progreso

San Cristóbal Acasaguastlán

1,324

1,205

119

El Progreso

El Jícaro

2,386

2,167

El Progreso

Sansare

2,248

1,516

El Progreso

Sanarate

7,264

5,640

El Progreso

San Antonio La Paz

3,182

Sacatepéquez

Antigua Guatemala

Sacatepéquez

Jocotenango

Sacatepéquez

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

Jun-08

1,324

1,093

148

1,765

219

2,386

2,078

121

156

197

732

2,248

2,056

148

362

1,624

7,264

6,772

318

512

2,484

698

3,182

2,800

330

156

8,732

8,448

284

8,732

8,261

419

11,703

3,929

3,847

3,929

3,758

154

656

Pastores

2,402

2,283

119

2,402

2,234

151

275

Sacatepéquez

Sumpango

5,238

4,637

601

5,238

4,964

241

778

Sacatepéquez

Sto. Domingo Xenacoj

1,433

1,359

1,433

1,355

117

Sacatepéquez

Santiago Sacatepéquez

4,312

4,008

304

4,312

4,092

183

596

Sacatepéquez

San Bartolomé Milpas Altas

1,039

931

108

1,039

991

137

Sacatepéquez

San Lucas Sacatepéquez

3,978

3,377

601

3,978

3,792

160

3,188

Sacatepéquez

Santa Lucia Milpas Altas

2,121

1,926

195

2,121

2,008

278

Sacatepéquez

Magdalena Milpas Altas

1,569

1,488

1,569

1,500

Sacatepéquez

Santa María de Jesús

2,514

2,496

2,514

2,461

302

Sacatepéquez

Ciudad Vieja

5,041

4,953

5,041

4,819

186

1,875

Sacatepéquez

San Miguel Dueñas

1,849

1,783

1,849

1,679

145

683

Sacatepéquez

Alotenango

3,124

2,866

258

3,124

2,558

506

342

Sacatepéquez

San Antonio Aguas Calientes

1,774

1,736

1,774

1,667

452

Sacatepéquez

Santa Catarina Barahona

632

625

632

574

105

Chimaltenango

14,367

12,805

1,562

14,367

13,756

490

10,841

Chimaltenango

San José Poaquil

3,610

3,376

234

3,610

3,096

460

Chimaltenango

San Martín Jilotepeque

10,747

7,070

3,677

10,747

9,075

433

1,177

769

Chimaltenango

Comalapa

6,938

5,650

1,288

6,938

6,126

140

632

1,161

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

1,897

1,575

322

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

1,897

1,708

159

106

Total

Jun-08

Chimaltenango

Santa Apolonia

Chimaltenango

Tecpán Guatemala

10,253

7,665

2,588

10,253

9,073

146

995

1,694

Chimaltenango

Patzún

8,134

6,044

2,090

8,134

7,595

418

1,665

Chimaltenango

Pochuta

1,647

1,264

383

1,647

1,209

104

326

Chimaltenango

Patzicia

4,628

1,871

2,757

4,628

4,254

327

299

Chimaltenango

Santa Cruz Balanyá

1,227

1,059

168

1,227

1,108

104

Chimaltenango

Acatenango

3,621

3,342

279

3,621

3,082

465

Chimaltenango

Yepocapa

4,125

3,536

589

4,125

3,583

101

421

275

Chimaltenango

San Andrés Iztapa

4,105

3,746

359

4,105

3,846

228

1,022

Chimaltenango

Parramos

1,863

1,615

248

1,863

1,684

155

241

Chimaltenango

Zaragoza

3,599

3,093

506

3,599

3,394

168

405

Chimaltenango

El Tejar

2,755

2,573

182

2,755

2,630

114

1,062

Escuintla

26,235

20,895

5,340

26,235

23,913

140

245

1,927

19,580

Escuintla

Santa Lucía Cotzumalguapa

18,072

10,522

7,550

18,072

14,669

117

381

2,877

4,061

Escuintla

La Democracia

4,285

1,416

2,869

4,285

3,434

308

502

650

Escuintla

Siquinalá

3,340

2,166

1,174

3,340

2,657

259

410

774

Escuintla

Masagua

7,120

2,614

4,506

7,120

5,529

284

1,261

Escuintla

Tiquisate

Escuintla

La Gomera

Escuintla

9,654

4,990

4,664

9,654

7,068

286

2,252

3,192

10,471

5,000

5,471

10,471

8,124

511

1,725

1,349

Guanagazapa

2,499

1,525

974

2,499

1,096

565

816

Escuintla

San José

9,145

4,892

4,253

9,145

7,888

235

965

4,137

Escuintla

Iztapa

2,434

1,397

1,037

2,434

2,083

236

519

Escuintla

Palín

7,900

5,343

2,557

7,900

7,380

451

2,304

Escuintla

San Vicente Pacaya

2,712

2,361

351

2,712

2,236

403

Escuintla

Nueva Concepción

12,176

1,653

10,523

12,176

10,275

540

1,248

1,301

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

Jun-08

Santa Rosa

Cuilapa

6,488

4,864

1,624

6,488

5,671

117

667

1,568

Santa Rosa

Barberena

8,195

5,719

2,476

8,195

7,471

620

2,252

Santa Rosa

Santa Rosa de Lima

3,096

2,551

545

3,096

2,393

674

Santa Rosa

Casillas

4,072

3,213

859

4,072

3,020

962

478

Santa Rosa

San Rafael Las Flores

1,831

1,616

215

1,831

1,445

374

Santa Rosa

Oratorio

4,080

3,434

646

4,080

3,131

344

587

Santa Rosa

San Juan Tecuaco

1,473

1,268

205

1,473

960

482

Santa Rosa

Chiquimulilla

9,212

5,167

4,045

9,212

7,381

732

1,022

2,600

Santa Rosa

Taxisco

4,825

2,689

2,136

4,825

3,761

489

535

266

Santa Rosa

Santa María Ixhuatán

4,077

2,794

1,283

4,077

3,344

268

444

Santa Rosa

Guazacapán

2,854

2,422

432

2,854

2,445

142

258

298

Santa Rosa

Santa Cruz Naranjo

2,273

1,913

360

2,273

2,015

236

Santa Rosa

Pueblo Nuevo Viñas

4,165

3,301

864

4,165

3,146

982

Santa Rosa

Nueva Santa Rosa

Sololá

5,918

4,858

1,060

5,918

5,158

695

506

10,148

9,308

840

10,148

9,560

100

466

3,977

San José Chacayá

428

410

428

412

Sololá

Santa María Visitación

350

335

350

309

Sololá

Santa Lucía Utatlán

3,310

2,897

413

3,310

3,132

162

538

Sololá

Nahualá

8,890

8,472

418

8,890

6,857

694

1,322

325

Sololá

Santa Catarina Ixtahuacán

6,995

6,743

252

6,995

5,305

617

1,048

159

Sololá

Santa Clara La Laguna

1,254

1,233

1,254

1,060

155

Sololá

Concepción

606

588

606

585

Sololá

San Andrés Semetabaj

1,683

1,624

1,683

1,563

110

239

Sololá

Panajachel

2,302

2,148

154

2,302

2,247

3,330

Sololá

Santa Catarina Palopó

505

492

505

480

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

141

Jun-08

Sololá

San Antonio Palopó

2,081

1,982

2,081

1,930

Sololá

San Lucas Tolimán

3,864

3,655

209

3,864

3,494

317

658

Sololá

Santa Cruz La Laguna

780

745

780

678

Sololá

San Pablo La Laguna

1,135

1,134

100

1,135

1,047

Sololá

San Marcos La Laguna

429

419

429

374

Sololá

San Juan La Laguna

1,487

1,451

1,487

1,316

153

Sololá

San Pedro La Laguna

1,987

1,912

1,987

1,920

146

Sololá

Santiago Atitlán

6,681

6,018

663

6,681

6,099

517

875

Totonicapán

18,496

17,746

750

18,496

17,463

198

736

5,174

Totonicapán

San Cristóbal Totonicapán

5,729

3,466

2,263

5,729

5,190

444

1,305

Totonicapán

San Francisco El Alto

7,310

5,595

1,715

7,310

6,779

136

366

1,612

Totonicapán

San Andrés Xecul

3,831

2,215

1,616

3,831

3,637

147

503

Totonicapán

Momostenango

13,902

9,776

4,126

13,902

12,600

644

596

1,339

Totonicapán

Santa María Chiquimula

5,843

5,135

708

5,843

4,021

262

1,535

186

Totonicapán

Santa Lucía La Reforma

2,211

1,160

1,051

2,211

1,317

243

611

Totonicapán

San Bartolo Aguas Calientes

1,443

1,111

332

1,443

1,150

125

160

392

Quetzaltenango

26,516

24,822

1,694

26,516

25,178

1,205

39,220

Quetzaltenango

Salcajá

3,213

3,068

145

3,213

3,153

3,109

Quetzaltenango

Olintepeque

4,269

3,498

771

4,269

4,056

183

945

Quetzaltenango

San Carlos Sija

5,261

4,243

1,018

5,261

4,889

279

1,136

Quetzaltenango

Sibilia

1,580

1,281

299

1,580

1,484

167

Quetzaltenango

Cabricán

3,027

2,540

487

3,027

2,388

255

381

Quetzaltenango

Cajolá

2,144

1,813

331

2,144

1,947

150

Quetzaltenango

San Miguel Siguilá

1,301

1,147

154

1,301

1,193

Quetzaltenango

San Juan Ostuncalco

7,254

6,683

571

7,254

6,377

175

691

1,543

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Quetzaltenango

San Mateo

Quetzaltenango Quetzaltenango

967

863

Concepción Chiquirichapa

2,663

2,651

San Martín Sacatepéquez

3,593

3,398

Quetzaltenango

Almolonga

2,793

Quetzaltenango

Cantel

Quetzaltenango Quetzaltenango

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

Jun-08

104

967

940

171

100

2,663

2,529

114

161

195

3,593

3,105

454

2,498

295

2,793

2,688

1,246

6,003

5,871

132

6,003

5,591

384

1,102

Huitán

1,693

1,502

191

1,693

1,150

334

201

125

Zunil

2,178

2,157

2,178

2,085

385

Quetzaltenango

Colomba

7,376

6,247

1,129

7,376

5,814

206

1,329

679

Quetzaltenango

San Francisco La Unión

1,268

571

697

1,268

1,178

137

Quetzaltenango

El Palmar

Quetzaltenango

Coatepeque

Quetzaltenango

4,195

3,806

389

4,195

3,343

174

651

114

18,540

8,697

9,843

18,540

16,521

570

1,360

13,642

Génova

5,609

1,189

4,420

5,609

3,614

1,196

775

198

Quetzaltenango

Flores Costa Cuca

3,443

2,459

984

3,443

3,050

142

231

143

Quetzaltenango

La Esperanza

2,925

2,866

2,925

2,802

117

500

Quetzaltenango

Palestina de los Altos

2,040

1,597

443

2,040

1,743

112

183

159

Suchitepéquez

Mazatenango

13,728

8,338

5,390

13,728

12,671

281

693

11,363

Suchitepéquez

Cuyotenango

7,780

2,931

4,849

7,780

6,434

812

510

1,043

Suchitepéquez

San Francisco Zapotitlán

3,114

2,641

473

3,114

2,834

163

114

652

Suchitepéquez

San Bernardino

2,199

1,261

938

2,199

1,773

202

212

143

Suchitepéquez

San José El ídolo

1,503

945

558

1,503

1,194

225

158

Suchitepéquez

Santo Domingo Suchitepéquez

6,117

1,416

4,701

6,117

5,059

492

536

512

Suchitepéquez

San Lorenzo

1,911

751

1,160

1,911

1,357

293

257

Suchitepéquez

Samayac

3,484

2,783

701

3,484

3,209

243

660

Suchitepéquez

San Pablo Jocopilas

3,134

2,878

256

3,134

2,839

255

207

Suchitepéquez

San Antonio Suchitepéquez

7,182

3,104

4,078

7,182

5,575

843

750

1,649

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total 1,339

1,132

Suchitepéquez

San Miguel Panán

Suchitepéquez

San Gabriel

833

747

Suchitepéquez

Chicacao

7,944

6,787

Suchitepéquez

Patulul

5,997

Suchitepéquez

Santa Bárbara

Suchitepéquez Suchitepéquez

Total

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

951

177

208

Jun-08

207

833

777

1,157

7,944

5,809

1,003

1,076

841

4,276

1,721

5,997

3,827

522

1,608

287

3,630

2,554

1,076

3,630

2,204

531

860

San Juan Bautista

1,297

1,065

232

1,297

898

102

292

Santo Tomás La Unión

1,885

1,697

188

1,885

1,694

154

Suchitepéquez

Zunilito

1,009

993

1,009

934

624

Suchitepéquez

Pueblo Nuevo

1,603

1,493

110

1,603

1,385

186

Suchitepéquez

Río Bravo

3,502

1,687

1,815

3,502

2,618

391

480

190

Retalhuleu

14,563

7,484

7,079

14,563

12,528

209

773

1,033

8,382

Retalhuleu

San Sebastián

4,221

2,653

1,568

4,221

3,761

111

335

692

Retalhuleu

Santa Cruz Muluá

2,095

1,152

943

2,095

1,744

209

137

162

Retalhuleu

San Martín Zapotitlán

1,623

1,465

158

1,623

1,477

118

140

Retalhuleu

San Felipe Retalhuleu

3,394

2,991

403

3,394

3,010

276

1,322

Retalhuleu

San Andrés Villa Seca

6,302

1,727

4,575

6,302

4,643

871

762

517

Retalhuleu

Champerico

5,241

2,284

2,957

5,241

4,073

587

544

843

Retalhuleu

Nuevo San Carlos

5,222

2,977

2,245

5,222

4,046

631

497

417

Retalhuleu

El Asintal

5,105

1,764

3,341

5,105

3,849

724

486

295

San Marcos

6,771

6,315

456

6,771

6,493

240

5,472

San Marcos

San Pedro Sacatepéquez

11,419

9,921

1,498

11,419

10,459

888

4,876

San Marcos

San Antonio Sacatepéquez

2,725

1,510

1,215

2,725

2,260

398

223

San Marcos

Comitancillo

7,410

5,550

1,860

7,410

4,819

2,122

426

132

San Marcos

San Miguel Ixtahuacán

4,644

3,377

1,267

4,644

3,007

1,387

215

116

San Marcos

Concepción Tutuapa

7,969

4,158

3,811

7,969

3,323

3,324

1,239

386

1,339

Eléctrico

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

2,684

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

9,644

5,267

310

1,815

2,245

Total

Jun-08

San Marcos

Tacaná

9,644

6,960

722

San Marcos

Sibinal

1,798

1,595

203

1,798

1,049

323

368

San Marcos

Tajumulco

6,713

5,276

1,437

6,713

3,859

1,148

1,665

658

San Marcos

Tejutla

4,818

4,299

519

4,818

3,693

347

746

773

San Marcos

San Rafael Pie de la Cuesta

2,444

2,225

219

2,444

2,108

303

412

San Marcos

Nuevo Progreso

4,791

3,902

889

4,791

3,268

520

980

449

San Marcos

El Tumbador

6,678

5,169

1,509

6,678

5,257

340

1,068

786

San Marcos

El Rodeo

2,691

2,028

663

2,691

2,206

424

177

San Marcos

Malacatán

12,953

7,170

5,783

12,953

10,562

754

1,573

4,346

San Marcos

Catarina

4,912

1,383

3,529

4,912

4,215

265

420

625

San Marcos

Ayutla

5,561

1,798

3,763

5,561

5,219

282

2,337

San Marcos

Ocós

5,609

1,660

3,949

5,609

4,554

101

857

386

San Marcos

San Pablo

6,577

5,116

1,461

6,577

5,364

164

995

603

San Marcos

El Quetzal

3,493

2,816

677

3,493

2,888

108

466

354

San Marcos

La Reforma

2,649

2,262

387

2,649

2,071

181

393

416

San Marcos

Pajapita

3,230

2,082

1,148

3,230

2,733

271

219

827

San Marcos

Ixchiguán

3,092

2,362

730

3,092

2,311

352

405

322

San Marcos

San José Ojetenam

2,435

1,899

536

2,435

1,979

144

301

160

San Marcos

San Cristóbal Cucho

2,419

2,228

191

2,419

2,123

245

162

San Marcos

Sipacapa

2,248

1,562

686

2,248

986

814

365

San Marcos

Esquipulas Palo Gordo

1,538

1,247

291

1,538

1,375

133

140

San Marcos

Río Blanco

San Marcos

San Lorenzo

Huehuetenango Huehuetenango

871

817

871

809

110

1,581

1,204

377

1,581

1,403

132

Huehuetenango

15,992

10,184

5,808

15,992

15,094

781

15,621

Chiantla

12,294

9,952

2,342

12,294

9,065

100

1,547

1,566

2,701

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

Jun-08

Huehuetenango

Malacatancito

2,817

1,325

1,492

2,817

1,527

1,160

357

Huehuetenango

Cuilco

7,604

6,085

1,519

7,604

4,683

498

874

1,497

623

Huehuetenango

Nentón

4,861

3,946

915

4,861

3,261

100

226

1,215

953

Huehuetenango

San Pedro Necta

4,277

3,593

684

4,277

2,804

1,135

299

137

Huehuetenango

Jacaltenango

6,890

6,492

398

6,890

5,888

662

315

401

Huehuetenango

Soloma

5,910

4,640

1,270

5,910

4,913

386

584

606

Huehuetenango

San Idelfonso Ixtahuacán

5,135

3,624

1,511

5,135

2,550

2,386

162

260

Huehuetenango

Santa Bárbara

2,531

1,259

1,272

2,531

1,218

1,076

230

Huehuetenango

La Libertad

4,849

3,906

943

4,849

3,122

620

1,008

317

Huehuetenango

La Democracia

6,319

5,184

1,135

6,319

4,651

616

1,023

256

Huehuetenango

San Miguel Acatán

3,250

2,360

890

3,250

1,890

309

1,017

744

Huehuetenango

San Rafael La Independencia

1,641

1,468

173

1,641

1,287

104

248

Huehuetenango

Todos Santos Cuchumatán

4,299

3,471

828

4,299

2,995

1,101

172

261

Huehuetenango

San Juan Atitán

2,491

2,310

181

2,491

1,263

1,080

147

Huehuetenango

Santa Eulalia

4,567

2,689

1,878

4,567

2,080

1,258

1,155

Huehuetenango

San Mateo Ixtatán

4,833

3,901

932

4,833

3,291

226

440

851

278

Huehuetenango

Colotenango

3,478

3,087

391

3,478

1,803

945

700

Huehuetenango

San Sebastián Huehuetenango

3,388

2,495

893

3,388

2,081

1,125

167

122

Huehuetenango

Tectitán

1,152

1,029

123

1,152

702

137

271

140

Huehuetenango

Concepción Huista

2,840

2,543

297

2,840

2,482

224

110

138

Huehuetenango

San Juan Ixcoy

3,074

1,773

1,301

3,074

1,827

760

463

114

Huehuetenango

San Antonio Huista

2,509

2,238

271

2,509

1,977

231

275

Huehuetenango

San Sebastián Coatán

2,887

2,514

373

2,887

1,750

523

572

630

Huehuetenango

Barillas

12,747

7,725

5,022

12,747

4,728

626

1,660

5,702

798

Huehuetenango

Aguacatán

7,097

5,283

1,814

7,097

5,312

712

1,015

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total 1,096

1,040

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

1,096

785

246

Total

Jun-08

Huehuetenango

San Rafael Pétzal

Huehuetenango

San Gaspar Ixchil

906

235

671

906

337

472

Huehuetenango

Santiago Chimaltenango

1,143

1,093

1,143

621

478

Huehuetenango

Santa Ana Huista

1,508

1,356

152

1,508

1,269

140

379

Huehuetenango

Unión Cantinil

Quiché

Santa Cruz del Quiché

11,720

8,306

3,414

11,720

9,526

532

1,624

6,110

Quiché

Chiché

3,296

2,169

1,127

3,296

2,299

416

569

199

Quiché

Chinique

1,503

1,194

309

1,503

1,195

264

130

Quiché

Zacualpa

4,177

2,646

1,531

4,177

2,779

388

994

Quiché

Chajul

Quiché

Chichicastenango

Quiché

Patzité

Quiché

5,334

4,118

1,216

5,334

1,680

351

898

2,403

107

16,308

14,912

1,396

16,308

14,665

719

862

1,957

763

675

763

656

San Antonio Ilotenango

2,731

2,533

198

2,731

2,288

241

196

Quiché

San Pedro Jocopilas

3,559

2,050

1,509

3,559

2,278

438

820

Quiché

Cunén

4,103

3,183

920

4,103

2,852

434

776

Quiché

San Juan Cotzal

3,476

3,181

295

3,476

2,128

1,005

318

Quiché

Joyabaj

9,175

6,590

2,585

9,175

4,397

679

4,007

391

Quiché

Nebaj

9,404

8,572

832

9,404

5,808

207

496

2,862

167

Quiché

San Andrés Sajcabajá

3,603

2,612

991

3,603

2,312

459

796

128

Quiché

Uspantán

7,479

4,094

3,385

7,479

2,826

2,362

2,192

429

Quiché

Sacapulas

5,902

4,598

1,304

5,902

4,373

784

714

Quiché

San Bartolomé Jocotenango

1,482

1,213

269

1,482

781

359

304

Quiché

Canillá

1,757

902

855

1,757

738

177

758

Quiché

Chicamán

4,494

2,232

2,262

4,494

1,429

1,213

1,801

Quiché

Playa Grande -Ixcán

10,105

1,876

8,229

10,105

1,434

1,315

5,949

1,333

220

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

Jun-08

Quiché

Pachalum

1,430

1,189

241

1,430

1,276

137

Baja Verapaz

Salamá

9,347

7,665

1,682

9,347

7,612

248

281

1,195

2,678

Baja Verapaz

San Miguel Chicaj

4,226

3,381

845

4,226

3,502

176

449

191

Baja Verapaz

Rabinal

6,541

5,270

1,271

6,541

5,089

239

1,175

687

Baja Verapaz

Cubulco

8,273

5,567

2,706

8,273

3,408

364

1,489

2,753

259

826

Baja Verapaz

Granados

2,435

2,110

325

2,435

1,837

523

Baja Verapaz

El Chol

1,765

1,490

275

1,765

1,428

156

150

281

Baja Verapaz

San Jerónimo

3,568

3,123

445

3,568

3,136

356

380

Baja Verapaz

Purulhá

5,727

3,793

1,934

5,727

1,973

2,472

832

431

121

Alta Verapaz

Cobán

26,392

11,397

14,995

26,392

12,463

228

9,768

3,823

110

10,789

Alta Verapaz

Santa Cruz Verapaz

3,308

2,768

540

3,308

2,428

379

487

168

Alta Verapaz

San Cristóbal Verapaz

7,344

4,583

2,761

7,344

4,842

1,437

1,002

885

Alta Verapaz

Tactic

4,671

4,047

624

4,671

3,637

620

378

1,150

Alta Verapaz

Tamahú

2,102

1,737

365

2,102

844

1,172

105

Alta Verapaz

Tucurú

4,801

3,940

861

4,801

1,234

3,221

321

196

Alta Verapaz

Panzós

7,535

5,635

1,900

7,535

2,116

5,156

216

133

Alta Verapaz

Senahú

9,593

5,619

3,974

9,593

1,080

8,005

467

258

Alta Verapaz

San Pedro Carchá

25,116

5,480

19,636

25,116

5,208

188

13,378

6,207

135

2,407

Alta Verapaz

San Juan Chamelco

7,043

4,022

3,021

7,043

3,230

2,500

1,297

450

Alta Verapaz

Lanquín

2,661

832

1,829

2,661

550

1,783

245

167

Alta Verapaz

Cahabón

6,773

3,074

3,699

6,773

1,011

855

4,162

717

336

Alta Verapaz

Chisec

11,206

3,560

7,646

11,206

3,309

5,957

1,733

142

189

Alta Verapaz

Chahal

2,776

1,365

1,411

2,776

369

2,264

136

142

Alta Verapaz

Fray Bartolomé de las Casas

7,549

2,607

4,942

7,549

1,922

4,630

947

337

Alta Verapaz

La Tinta

4,698

3,629

1,069

4,698

1,679

2,348

595

152

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Alta Verapaz

Raxruhá

Petén

Flores

Petén

San José

Petén

5,994

4,937

1,057

611

542

San Benito

6,025

5,756

Petén

San Andrés

3,842

1,753

Petén

La Libertad

12,204

Petén

San Francisco

1,776

Petén

Santa Ana

Petén

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

175

Jun-08

5,994

4,881

468

547

4,435

611

466

112

269

6,025

4,990

305

697

1,499

2,089

3,842

1,299

157

1,995

389

176

5,574

6,630

12,204

2,835

224

5,636

3,331

178

479

1,469

307

1,776

962

632

164

341

2,671

1,746

925

2,671

947

669

1,013

243

Dolores

5,909

3,392

2,517

5,909

2,213

240

2,019

1,427

159

Petén

San Luis

8,579

2,508

6,071

8,579

5,368

2,452

680

Petén

Sayaxché

9,779

2,660

7,119

9,779

2,121

436

5,969

1,238

289

Petén

Melchor de Mencos

3,784

2,577

1,207

3,784

2,122

884

675

748

Petén

Poptún

6,923

3,693

3,230

6,923

4,123

1,697

1,068

1,923

Izabal

Puerto Barrios

18,274

10,790

7,484

18,274

16,155

188

1,029

825

13,165

Izabal

Livingston

9,493

5,710

3,783

9,493

5,492

123

2,492

1,109

277

1,779

Izabal

El Estor

7,408

5,394

2,014

7,408

1,699

5,297

352

817

Izabal

Morales

17,853

13,304

4,549

17,853

13,229

159

2,137

2,248

4,245

Izabal

Los Amates

11,036

9,219

1,817

11,036

7,857

122

2,250

745

1,453

Zacapa

13,066

10,503

2,563

13,066

11,662

479

778

10,215

Zacapa

Estanzuela

2,457

2,281

176

2,457

2,294

109

1,135

Zacapa

Río Hondo

4,346

4,044

302

4,346

4,044

158

1,445

Zacapa

Gualán

8,394

6,888

1,506

8,394

6,332

100

1,546

395

1,673

Zacapa

Teculután

3,255

3,146

109

3,255

3,054

141

2,611

Zacapa

Usumatlán

1,887

1,724

163

1,887

1,727

485

Zacapa

Cabañas

2,254

2,162

2,254

1,802

337

291

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

Jun-08

Zacapa

San Diego

1,170

1,140

1,170

1,053

210

Zacapa

La Unión

4,316

3,776

540

4,316

2,357

1,502

417

196

Zacapa

Huité

1,694

1,543

151

1,694

1,433

144

100

425

Chiquimula

16,451

12,981

3,470

16,451

13,342

145

2,110

810

9,540

Chiquimula

San José La Arada

1,619

1,086

533

1,619

1,207

260

Chiquimula

San Juan Ermita

2,308

1,934

374

2,308

1,450

752

Chiquimula

Jocotán

7,694

4,674

3,020

7,694

3,193

2,876

1,005

564

153

Chiquimula

Camotán

6,347

4,708

1,639

6,347

3,360

2,014

681

245

Chiquimula

Olopa

3,319

2,056

1,263

3,319

1,123

1,646

366

151

Chiquimula

Esquipulas

8,581

7,545

1,036

8,581

5,980

515

1,232

770

5,235

Chiquimula

Concepción Las Minas

2,662

2,373

289

2,662

2,209

115

231

104

254

Chiquimula

Quetzaltepeque

4,895

3,985

910

4,895

3,947

615

274

834

Chiquimula

San Jacinto

2,005

1,793

212

2,005

1,479

477

Chiquimula

Ipala

3,991

2,628

1,363

3,991

3,687

161

125

457

Jalapa

20,115

16,474

3,641

20,115

16,332

1,430

2,239

6,700

Jalapa

San Pedro Pinula

7,790

4,925

2,865

7,790

4,638

2,254

757

100

102

Jalapa

San Luis Jilotepeque

4,226

3,971

255

4,226

3,696

316

152

185

Jalapa

San Manuel Chaparrón

1,612

1,468

144

1,612

1,458

Jalapa

San Carlos Alzatate

2,086

1,622

464

2,086

1,442

616

Jalapa

Monjas

4,267

3,657

610

4,267

3,902

104

255

622

Jalapa

Mataquescuintla

6,163

4,853

1,310

6,163

4,560

1,551

458

Jutiapa

21,237

13,360

7,877

21,237

18,164

198

669

2,176

4,619

Jutiapa

El Progreso

4,115

3,981

134

4,115

3,837

200

1,795

Jutiapa

Santa Catarina Mita

5,110

4,607

503

5,110

4,753

151

196

869

Jutiapa

Agua Blanca

3,128

1,896

1,232

3,128

2,918

380

SERVICIO DE AGUA (2002) DEPARTAMENTO

LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS

SERVICIO DE ALUMBRADO (2002)

MUNICIPIO Total

Total

Eléctrico

Panel solar

Gas corriente

Candela

Otro

Jun-08

Jutiapa

Asunción Mita

8,851

7,473

1,378

8,851

8,153

364

306

2,710

Jutiapa

Yupiltepeque

2,591

2,073

518

2,591

2,196

196

197

Jutiapa

Atescatempa

3,344

3,049

295

3,344

3,023

221

637

Jutiapa

Jerez

1,224

1,055

169

1,224

1,066

115

201

Jutiapa

El Adelanto

1,088

730

358

1,088

750

147

185

Jutiapa

Zapotitlán

1,708

843

865

1,708

1,399

204

Jutiapa

Comapa

4,828

1,575

3,253

4,828

2,726

1,223

852

Jutiapa

Jalpatagua

4,827

4,266

561

4,827

3,863

533

416

363

Jutiapa

Conguaco

2,824

2,085

739

2,824

1,149

1,265

400

Jutiapa

Moyuta

7,047

4,055

2,992

7,047

5,086

1,044

857

435

Jutiapa

Pasaco

1,724

1,275

449

1,724

1,019

412

280

Jutiapa

San José Acatempa

2,731

2,582

149

2,731

2,476

155

Jutiapa Quezada 3,597 3,146 87 451 13 3,597 3,175 88 26 171 224 1 225 Fuente: Elaboración propia en base a datos consolidados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, en base a los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadística.

Marco Legislativo del Agua en Perspectiva Si hemos visto que pasando la primera mitad de los años noventas, los diputados dictaron estas dos leyes severas para la privatización (telefonía y electricidad, la primera con el efecto debatible de un mercado por ahora efectivamente en pugna pero de sendos efectos desencadenantes en otras áreas, y la segunda con gravísimos efectos específicos para el país y su desarrollo), hasta la fecha no hay un marco regulatorio propiamente para la cuestión del agua. El marco normativo para el agua es necesario. Eso sí, implica una labor cautelosa, inteligente y muy política a fin de lograr que se geste y que sus alcances sean correctos tanto para el país como para los pueblos y mayorías que fundamentalmente lo conformamos. El agua es uno de los recursos estratégicos más apetecidos por la acumulación global, está directamente relacionado con las necesidades y posibilidades de producción de energía, es quizás el recurso más básico para la salud y la dignidad, para la producción –en diversos regímenes, lógicas y escalas-, así como, lo hemos referido, potencialmente para la soberanía nacional. El vacío actual en materia de legislación adecuada sobre el tema hídrico es inconveniente. No nos extenderemos jurídica, social y políticamente en cuanto al estado general de la cuestión, pero sí hemos de considerarlo como un aspecto fundamental de la demanda, desde una perspectiva ciudadana muy integral. Lo que de fondo está en las posibilidades de normar la cuestión del agua (y que tiene que ver con muchas áreas de la gestión pública, la salud, la contaminación ambiental, la orientación principal del desarrollo económico, etc.), no es solamente la cuestión del acceso al recurso entre aquellos segmentos que no tienen acceso al mismo; esa visión económica y social usual. Sino la relación entre sujetos colectivos sin reconocimiento, los Pueblos Indígenas y el Estado. Esto último es la clave ya que tiene implicaciones y posibilidades en cuanto a la estructura de Estado que hemos tenido. Hasta la fecha, han estado bloqueadas las relaciones entre Pueblos Indígenas y Estado a este respecto. Hay un recurso ahí aguardando las formas posibles de garantizar lo mejor, a la vez -necesariamente- tanto para Pueblos como para un Estado que ha de ir evolucionando a ser de y para todos los guatemaltecos. Las formas posibles de garantizar lo mejor en el ámbito de las dimensiones de la territorialidad y los recursos, pero asimismo necesariamente en cuanto al funcionamiento de institucionalidades que definen responsabilidades reales y deberes. En determinadas circunstancias y tiempos políticos este tema y su legislación pueden ser desastrosos, recordemos que en el caso boliviano la envergadura de la agresión del capital global respecto del agua fue el detonante del cambio de régimen político en pos de 74

soberanía nacional y democracia. Así que en esto hay que tener realmente la capacidad de ver muy políticamente las cosas en función del país, el fortalecimiento del Estado y su transformación democrática.

Ausencia de Infraestructura e irrigación en el campo Para ir sopesando el asunto, además de su importancia intrínseca, veremos especialmente cómo está la cuestión de acceso o la falta de acceso al agua, en ese renglón de consumidores (que a su vez producen) que está situado en la agricultura. De toda la superficie en producción agrícola en el país que cuenta con riego, el 65 % se distribuye entre la caña de azúcar (51 %) y el banano (14 %), en datos de 1997 (versión año 2000 de A quastat -FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). La demanda de riego aparece claramente formulada, por ejemplo, en la Propuesta de Reforma Agraria Integral de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (2005): Los fondos para lograr el financiamiento de la reforma agraria en todas sus etapas estarán orientados a la adjudicación de tierras, al financiamiento de la producción y a la construcción de la infraestructura productiva (riego, caminos rurales, centros de acopio, electrificación y telefonía rural) y social (escuelas, centros de salud, vivienda). (CNOC, 2005) Esta es expresión de un conglomerado legítimo de organizaciones sociales, de tipo sectorial –de valor fundamental para el país-. Ahora el reto está en avanzar, también, a entender las cuestiones que subyacen a esto en la relación entre el Estado y la territorialidad: las redefiniciones de la territorialidad que sitúa a las comunidades mismas como sujeto. Veremos a continuación cómo se distribuye por departamento este requerimiento (la demanda, la falta de acceso entre los consumidores del agua desde la perspectiva de las agriculturas).

Cuadro No. 8 Desabasto en Servicio de Agua en la Agricultura, 2003 Por Departamento República de Guatemala Proporción con riego

Totales Departamento

Total República

Número de fincas

Superficie

Número de fincas

Aspersión

Superficie regada

Número de fincas

Superficie (surcos o inundación)

Goteo

Superficie regada

Número de fincas

Superficie regada

Número de fincas

Otro sistema

Superficie regada

Número de fincas

Superficie regada

830,684

5,315,838.37

64,585

445,911

8.39

28,713

241,890

2,766

27,256

19,315

134,898

7,462

41,867

Guatemala

21,265

106,304.91

3,473

7,597

7.15

1,061

2,992

187

733

1,320

2,951

798

920

El Progreso

10,356

82,406.29

1,785

4,774

5.79

511

1,150

129

273

1,057

3,141

210

Sacatepéquez

12,363

25,081.52

1,175

10,753

42.87

583

1,904

135

8,149

219

172

482

Chimaltenango

46,676

106,883.84

2,873

5,044

4.72

1,695

4,034

395

469

295

358

246

Escuintla

16,755

492,438.34

4,170

241,227

48.99

918

159,208

215

6,807

2,605

60,103

364

15,109

Santa Rosa

30,460

252,674.54

1,250

15,690

6.21

249

4,745

611

652

8,599

149

1,736

Sololá

34,997

42,212.04

2,647

1,622

3.84

1,275

626

169

915

892

Totonicapán

43,136

31,006.85

426

0.30

179

109

Quetzaltenango

46,263

122,654.99

4,200

12,554

10.24

2,182

7,905

148

764

1,993

879

2,508

Suchitepéquez

21,429

210,014.76

1,858

29,557

14.07

550

19,194

156

777

8,849

380

1,358

Retalhuleu

11,819

174,189.60

1,170

12,295

7.06

318

4,418

491

516

6,703

178

683

San Marcos

81,985

210,833.75

7,835

18,974

9.00

4,932

9,563

126

127

1,918

8,415

160

868

Huehuetenango

99,068

249,664.42

12,619

5,556

2.23

6,695

3,511

131

2,506

1,329

612

641

Quiché

79,141

294,011.77

5,590

3,145

1.07

3,115

1,613

101

1,885

1,356

275

125

Baja Verapaz

25,637

116,333.52

3,254

5,442

4.68

1,246

1,750

131

370

1,147

2,454

612

867

Alta Verapaz

89,365

630,210.71

1,515

2,968

0.47

488

998

134

123

1,068

494

768

Petén

33,776

1,350,216.97

1,293

6,974

0.52

669

3,204

482

2,564

116

725

Proporción con riego

Totales Departamento

Número de fincas

Superficie

Número de fincas

Aspersión

Superficie regada

Número de fincas

Superficie regada

Izabal

18,208

310,204.24

870

16,998

5.48

114

10,112

Zacapa

11,909

115,361.14

1,782

29,570

25.63

325

568

Chiquimula

29,041

113,277.03

1,855

3,939

3.48

705

825

Jalapa

24,317

99,373.71

1,587

4,751

4.78

718

2,802

Jutiapa

42,718

180,483.43

1,358

6,387

3.54

185

719

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional Agropecuario 2003, INE.

Superficie (surcos o inundación)

Goteo Número de fincas 308

Otro sistema

1,167

2,381

Número de fincas 244

5,095

1,228

14,435

159

9,471

147

496

839

2,492

107

125

106

499

560

1,260

128

190

176

886

676

4,198

177

585

Superficie regada

Número de fincas

Superficie regada

Superficie regada 3,338

CONCLUSIONES En cuanto a los tres servicios -electricidad, telefonía y agua-, es la condición mayoritaria de pobreza y extrema pobreza que prevalece en el país la que efectivamente limita su acceso. Pero en ello no podemos dejar de ver y considerar, que en dichos tres servicios (además de la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el transporte) es donde se sitúa el gasto de los recursos precarios de que disponemos. Y que por tanto sus fluctuaciones de precios y por ende muchas veces de calidad, son causales también de que el dinero de que disponemos para vivir se reduzca, manteniéndonos o hundiéndonos aún más en la pobreza. Podríamos pensar que en los países ricos (o desarrollados, del primer mundo, etc.), este esquema en que la provisión de servicios es, en unos casos sí y en otros no, de carácter privado; el sistema es sostenible porque efectivamente el nivel de pobreza es mucho menor. No son pocos los casos en que estas grandes empresas expresan, en sus espacios, lo siguiente: ‘¿Quieren servicios del primer mundo? Páguenlos’. Idea que aunque resulta un tanto ofensiva, podría ser compartida por uno que otra persona de nuestro país con mentalidad afín, tipo pequeña burguesía. Por eso es que nosotros ponemos el énfasis de la cuestión de las necesidades y percepciones de los consumidores y usuarios en nuestro país, a nivel de los precios y de la garantía al acceso universal de los servicios. Situándonos a nivel de los Derechos Humanos: independientemente de nuestra condición económica o social. Y por eso mismo es que situamos la cuestión en términos históricos y políticos, ya que pensamos que en nuestros países en vías de desarrollo (o subdesarrollados, pobres, etc.), el Estado ha de definirse de una manera tal que garantizando los derechos al consumo y de calidad de todos, pero especialmente de los más pobres, es como se sientan las bases del desarrollo. Nuestro pueblo no lucha sólo por relaciones contractuales justas sino por acceso a su propio desarrollo y al ejercicio de sus derechos humanos. Para ello, la educación, la organización y la solidaridad son valores fundamentales. En Guatemala hay ya una lucha emprendida por la nacionalización de la energía eléctrica. No se trata de una causa ideal remota, sino de un clamor respetable que está ganando terreno por la objetividad de la problemática que representa este renglón en lo particular. El Estado ha emprendido una revisión de la tributación por parte de las empresas de telefonía (cuyas ganancias hemos señalado que ascienden a una cuarta parte de todo lo que es el presupuesto del Estado). De manera indirecta, sectores sociales están realizando una lucha por una reforma fiscal para garantizar otros derechos de la población. 78

En materia del agua, el sistema hídrico en su conjunto, subsiste la necesidad de impedir una legislación lesiva así como de avanzar en una que garantice, entre otros, su acceso universal, calidad, y uso ambientalmente sostenible. Como hemos podido apreciar, el tipo de leyes para la privatización de la telefonía y la electricidad que datan de 1996 fueron reduciendo el concepto y alcances de la función regulatoria del Estado. Ello de manera específica representó que se redujeran enormemente las posibilidades de los usuarios y consumidores para abordar otras cuestiones que no fueran administrativas en el marco de una estandarización de precios y mediciones. Sin embargo, todo ello está relacionado. Vemos que los usuarios y consumidores están acudiendo sin información de la situación, pero sobre todo con la limitante de no existir plenamente canales de interlocución, a presentar sus quejas a una diversidad de instancias institucionales (las empresas eléctricas o telefónicas, la DIACO, instancias reguladoras como la CNEE o una menos abierta que la anterior SIT, los juzgados, la PDH); pero además con un énfasis muy grande, razonable aunque primario, en cuanto a la interrogación de por qué pagan tanto. Ingresan sus quejas en gran cantidad, en dicha ruta (doscientas mil anuales sólo para la electricidad), pero se van reduciendo más y más, hasta llegar a pocos centenares en los juzgados (que no ven cuestiones como el precio general), asimismo pocas en su final ante la instancia estatal de Derechos Humanos. También creemos importante el tener presente que este sistema, que ha sido así diseñado, pretende que nos sujetemos a la procuración de ese ámbito de problemas administrativos variados que tanto la ley, como el reglamento y las resoluciones de las instancias reguladoras nos presentan o tienden a presentarnos como ‘el problema’: que, por ejemplo, en sus agencias nuestro pago pueda sea expedito, sin mucha cola (y, además de todo, las hay). Por ello planteamos que el problema principal es en cuanto al precio social, universal, de los servicios. El que estamos pagando toda la población. Ello tiene sus causas claramente en cuál es la lógica y la naturaleza de esas empresas. Es lo que colisiona pero además incide como causal en las condiciones de nuestra pobreza. Con todo, sin dejar de comprender lo anterior, las tres principales clases de protestas de los usuarios están relacionadas: el precio, la calidad y el acceso. Dejando de lado esas cuestiones no generales que en ocasiones se nos presentan –problemas de atención debida por parte de los prestadores de servicios, anomalías, corruptelas de órdenes relativamente circunscritos, etc.-: el precio es un factor ineludible para incidir en el no acceso al servicio público que es prestado por agente privados, y el no acceso al servicio propiamente público también lo es para depender de agentes privados que nos imponen 79

los precios que quieren (y defienden sus mercados, en ocasiones, de maneras tan salvajes como los más grandes). El precio está referido al tipo de Estado que se vino configurando, el que según su orientación ideológica real, está enteramente desinteresado o impedido en ocasiones de universalizar los servicios. En la relación entre empresas transnacionales y sistema político, el lugar fundamental que es facilitador de sus intereses y constitucionalmente podría implicar un cambio a nivel de las leyes en cuestión es el del Congreso de la República. Pero al mismo tiempo es el más difícil. Donde todas estas legislaciones nacen y donde principalmente se topan nuestras impotencias. Como se prevén las demandas de usuarios y consumidores, con el ejecutivo sería necesario demandar mesura y garantías en cuanto al funcionamiento de sus aparatos de seguridad. En lo relativo al Organismo Judicial, garantías para hacerse escuchar en condiciones de igualdad, cuando menos. Incluso con la Comisión de Naciones Unidas CICIG, la investigación de los aparatos que están reprimiendo a los usuarios y consumidores que exigen sus derechos (como en las regiones que están opuestas y luchan contra los abusos de Unión Fenosa). Los usuarios y consumidores de los servicios tenemos siempre el reto de exigir nuestros derechos, pero en ello es necesario el vernos y descubrirnos socialmente -en nuestros espacios sociales, entre nuestra gente y comunidades-, como productores trabajadores, parte amplia e importante del país, que empujando el ejercicio de nuestros derechos a una vida digna, forjamos el tipo de espacio y de país que merecemos.

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Agua: conflicto geopolítico.

Rebelión.