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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Un billete de ida a un centro de investigación alemán Un reportaje sobre la fuga de cerebros en investigación en España

Adriana Díaz Martín-Zamorano 4t Periodismo Prof. Carlos Zéller y Vicenç Rabadán


Un billete de ida a un centro de investigación alemán Una vasta mayoría de los jóvenes investigadores españoles se ven forzados a marcharse a trabajar a centros de investigación de otros países para poder trabajar en condiciones dignas contribuyendo así a una fuga de cerebros.

ADRIANA DÍAZ MARTÍN-ZAMORANO, Barcelona | 15 junio 2012

La investigación en España afronta actualmente un gran reto: las universidades españolas generan anualmente jóvenes con formación y talento científico que después, por falta de oportunidades, abandonan el país para dirigirse a centros de investigación de otros países que les ofrecen mejores infraestructuras, salarios más altos y un mayor reconocimiento social. Hasta hace relativamente poco, los investigadores emigraban por unos pocos años, se nutrían de la experiencia de trabajar en el extranjero y regresaban para poder proseguir su línea de estudio en centros españoles; ahora los investigadores se siguen yendo, pero para no volver. Además, los recortes en España amenazan con impedir la renovación generacional de los investigadores, por lo que una fuga de cerebros –aunque no cuantificada- de este colectivo está en marcha. Ester Artells, postdoctorada de 36 años que ahora trabaja en un centro de investigación en Marsella (Francia) y también es la portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), estuvo tres años en el paro en España mientras realizaba su doctorado, en cuanto entregó su tesis doctoral envió su currículum a diversos centros de investigación y en 10 días tenía múltiples ofertas de trabajo, todas en el extranjero. Lo curioso es que el caso de Ester Artells no se trata de un caso excepcional aislado, sino que es lo que sucede a la gran mayoría de jóvenes investigadores españoles hoy en día.

Una salida de talentos creciente y una senda que no se volverá a pisar “Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”, escribía en unos sus poemas Antonio Machado en 1912. Este verso del poeta sevillano ya parecía augurar la que sería la realidad de un gran nombre de jóvenes españoles cualificados en 2012. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado 2011 cerró por primera vez en 10 años con un saldo migratorio negativo. Ello significa que salieron de España más personas (507.740) de las que entraron (417.523). Consecuentemente, entrado enero de este año la población española residente 1


en el extranjero aumentó un 6’7% respecto al año anterior llegando a los 1’8 millones de personas, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) elaborado por el INE. El perfil del emigrante no es aleatorio así como tampoco lo son los países de destinación. Por un lado, el perfil se corresponde a un joven con estudios universitarios que no encuentra trabajo de su profesión en España. Por otro lado, los principales países receptores, según el PERE en enero 2012, son Argentina, Francia, Alemania, Brasil, Suiza y Estados Unidos. Los jóvenes españoles parece que lo tienen claro: el futuro profesional no está en su país natal. De hecho, según un estudio no oficial de la consultora PeopleMatters mientras en 2007 un 46% de los jóvenes universitarios estaba dispuesto a emigrar, en 2011 eran prácticamente todos, un 98%. Todas estas cifras conforman el fenómeno denominado ‘fuga de cerebros’ o ‘fuga de talentos’. Ésta se trata de la emigración de profesional cualificado y de investigadores formados universitariamente en su país hacia otros estados, impulsados por la falta de oportunidades en el lugar de origen. La salida de personal profesional en sí no es un fenómeno negativo, pero ésta se convierte en un problema para el país de origen cuando estos jóvenes formados se van pero no vuelven. Un billete de ida y vuelta beneficia países de salida y de entrada, pero un billete exclusivamente de ida implica una importante pérdida de capital humano cualificado, en el cual el Estado ha invertido formativamente para después no verse beneficiado. Ulises Rey es un estudiante de 23 años de último curso de Biología en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que ahora reside en Alemania, donde está realizando las prácticas en la Freie Universität de Berlín. Ulises aún no ha acabado la carrera, pero tiene claro que no quiere volver a España y desea empezar su doctorado el año que viene en Alemania. Las razones que motivan a Ulises a no querer regresar cumplen con la norma general: ‘Alemania tiene más plazas para investigadores en Biomedicina que aplicantes y en España pasa al revés, y de forma exagerada, poquísimas plazas para muchos investigadores’. En el contexto de crisis económica, la fuga de talentos españoles hacia el extranjero en busca de oportunidades laborales se ha visto acentuada, especialmente teniendo en cuenta que España ostenta el paro juvenil más elevada de la Unión Europea, un 51’1% en marzo de 2012 según datos del Eurostat. Aun así, el ministro de Cultura, Educación y Deporte, José Ignacio Wert, en febrero minimizó esta fuga de cerebros y la achacó a las nacionalizaciones a través de la Ley de Memoria Histórica, que permite a 2


descendientes de españoles recuperar la nacionalidad de sus antepasados que esencialmente emigraron durante la Guerra Civil Española. A nivel estadístico, actualmente lo cierto es que la salida de talentos en el Estado es incuantificable, ya que los datos oficiales -el PERE- incluyen a los españoles por nacimiento y a los nacionalizados, pero no los desglosa, así como tampoco especifica su titulación académica. Además, el ministro declaró que: ‘no es malo que un ciudadano se forme durante unos años y adquiera experiencia fuera, siempre que después tenga el camino abierto para volver’. Pero éste es precisamente el problema: que no vuelven. Frente a estas declaraciones, una comunidad gravemente afectada precisamente por la fuga de cerebros, la investigadora, concretamente la plataforma Investigación Digna, tachó la visión del ministro de ‘irresponsable’.

¿Becarios o investigadores en su pleno derecho? Por investigación científica entendemos a aquella actividad que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. Hasta el momento, no existe un censo de personal investigador en universidades españolas, por lo que no se lleva un control de los investigadores que trabajan en cada departamento, en los laboratorios o incluso impartiendo docencia. Aun así, sí que existe una Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología publicada en 2010 del INE, la cual revela que el 59% de los doctores en España desarrollaban actividades de investigación y que ya en los años pre-crisis –entre 2000 y 2009- el 21’2% de los doctores se había ido a vivir fuera del país alegando como principal motivo factores académicos. Los contratos para jóvenes investigadores en España se dividen esencialmente en dos: contratos predoctorales y postdoctorales. Los predoctorales implican la realización de una tesis doctoral por parte del joven investigador con el apoyo de un investigador veterano –que ejerce de director de la tesis- y que en muchos casos es equivalente a un contrato en prácticas. Los postdoctorales son para investigadores que ya han realizado su tesis doctoral y por ello, suelen continuar con su investigación de forma mucho más independiente, aunque a menudo siguen a cargo de un investigador con más experiencia, y se convierten en personal laboral de pleno derecho en el centro donde investiga. Aun así, a la práctica, la realidad es que un gran número de investigadores tanto predoctorales como postdoctorales ejercen de becarios en el centro investigador 3


hasta llegar a tener una plaza estable a una edad bastante avanzada. El gran número de becarios en investigación se debe esencialmente a que este tipo de personal resulta más barato pues sus cuotas a la Seguridad Social son muy reducidas y además, los becarios tampoco se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual sus derechos –como por ejemplo, el derecho a vacaciones o las bajas laborales- son menores. En los últimos años, gracias a la presión de entes como la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), el reconocimiento laboral del joven investigador en España ha mejorado, pero aún queda un largo camino a recorrer, y especialmente para equiparar las condiciones contractuales a otros países punteros como Alemania, Estados Unidos o Francia. En 2006, se aprobó el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que consiguió que las ayudas predoctorales siguieran un modelo 2+2 -2 años de beca y 2 años de contrato-, y no ha sido hasta este pasado 2011, con la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se ha establecido la contratación predoctoral desde el inicio de la carrera investigadora. En este sentido, el doctor Josep Brugada, Director Médico del Hospital Clínic de Barcelona, recientemente nominado a ‘Català de l’Any’ e investigador reconocido internacionalmente, admite que, en comparación a su época como estudiante, en los últimos años se ha avanzado mucho. ‘Cuando yo me doctoré, la posibilidad de trabajar en investigación eran prácticamente nulas y no existían programas potentes a nivel estatal para ello’, confiesa el doctor Brugada.

Cuando las oportunidades en investigación en España no son como desearían Así pues, si centramos nuestra mirada en la investigación, observaremos que es un campo en el cual la salida de talentos ha sido muy visible. La inversión en ciencia e investigación del PIB de países como Alemania, Suecia o Francia siempre ha sido superior a la de España, así como las condiciones contractuales también son mejores y el reconocimiento social más elevado. A todo esto, se le añade el contexto de grave crisis económica a la que actualmente se enfronta el Estado español y que parece no tener una salida inmediata y se le suman, por tanto, rebajas en la partida de I+D+i en los presupuestos anuales, recortes en becas y contratos en la administración pública e incluso hasta casos de expedientes de regulación de empleo (ERE). La pérdida de empleo de 114 de los 244 trabajadores, desaparición de 12 de las 26 líneas de investigación y una reducción de media del sueldo del 12% de los empleados fueron las 4


consecuencias del sonado caso del ERE este pasado noviembre de 2011 en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia, centro de excelencia de investigación en España. De momento, no se ha vuelto a producir otro ERE en ningún centro de investigación español, pero de lo que no queda duda es que existe una importante falta de inversión en ciencia para poder desarrollar el talento del potencial investigador español, que no se ve con ninguna salida más que cambiar de país. Si comparamos las inversiones del Producto Interior Bruto (PIB) en la partida I+D+i de los distintos países de la UE, uno puede rápidamente observar las diferencias porcentuales. Como se observa en la tabla, en 2010 la media para los 27 de la UE estaba en el 2% y se estimaba que en 2011 este tanto por ciento incluso aumentara. Los países que lideran la inversión en ciencia son los nórdicos, Finlandia (4%), Suecia (3’5%) y Dinamarca (3’1%), mientras que en la cola se hallan los países mediterráneos: Grecia (0’5%), Italia (1’2%) y España (1’4%), precisamente también los más afectados por la crisis económica y también víctimas de la fuga de cerebros.

Fuente: Plataforma Investigación Digna.

Basándose únicamente en los números, resulta evidente que la inversión que España destina a ciencia es insuficiente, inferior a la media de la UE y aún muy alejada de los 5


países que lideran la estadística. El mismo doctor Brugada, quien precisamente celebraba los avances en condiciones de investigación actuales, a su vez lamenta ‘que las condiciones de investigación en España sigan a años luz en comparación con los países punteros de Europa’. Una mayor inversión en I+D+i implica unas condiciones laborales mejores, cuanto a equipamiento y material en los laboratorios, hecho que atrae los investigadores hacia un país o otro. Como consecuencia, unas mejores infraestructuras disminuyen el tiempo necesario para llegar a un objetivo de estudio, hecho que se traduce en una mayor productividad. Sin embargo, las razones que llevan a investigadores españoles a emigrar a otros laboratorios europeos no son exclusivamente una cuestión de falta de inversión por parte del Estado en su campo, sino que las condiciones contractuales que ofrecen otros países son también preferentes. Salarios más elevados y un mayor reconocimiento laboral como investigador son algunos de los atractivos que los jóvenes pueden encontrar en otros países en comparación a las condiciones en España. Así es el caso de Bea Antolín, de 27 años estudiante de tercer año de doctorado, quien quería realizar su doctorado en Cataluña donde residía, pero cuando acabo de cursar el máster y comparó las ofertas de doctorado en centros de investigación en España o en otros países como Suecia, Alemania o Dinamarca vio que no tenían punto de comparación. Finalmente, fue aceptada en el centro de investigación Max Delbrück de Medicina Molecular de Berlín y su grupo de investigación se trasladó el año pasado a la Rockefeller University de Nueva York, donde actualmente reside. Cuando Bea Antolín comparó las ofertas de los centros para realizar su doctorado se dio cuenta que ‘no se trata únicamente del buen salario que te ofrecen como estudiante, sino también por la reputación internacional que tienen los centros y por el equipo de profesorado competente con el que trabajas’. Por su lado, Ulises Rey, el estudiante que reside en Berlín y no quiere regresar, admite que en su caso no es un mayor o menor salario lo que le motiva a querer quedarse, sino la tranquilidad de saber que allí sus cinco años de estudio se valoraran, se querrán aprovechar y, por lo tanto, se invertirá en ellos. Además, según la portavoz de FJI/Precarios, Ester Artells, postdoctorada que precisamente es un ‘cerebro fugado’ y ahora vive y trabaja en un laboratorio en Marsella (Francia), afirma que también es una cuestión de reconocimiento por parte de la sociedad civil. ‘En España a veces cuando decía que me dedicaba a la investigación, 6


mucha gente me preguntaba “Y ¿por qué? ¿Qué haces exactamente?”, en cambio aquí en Francia cuando digo que soy investigadora, la mayoría de la gente te dice “¡Qué interesante!”’, admite Artells. De hecho, tiene sentido que lo que sea un ámbito importante para el gobierno –en este caso, la ciencia- también lo sea para la sociedad, y del mismo modo, debería funcionar a la inversa hasta poder convertirse en un ciclo retroalimentativo y beneficioso para todos. Podría creerse que la poca inversión en I+D+i ha nacido exclusivamente de la mano de la crisis financiera, pero lo cierto es que cuanto a fondos destinados a investigación, España nunca ha sido pionera en la UE y, como consecuencia, este sector nunca ha estado entre las prioridades del Gobierno en España. Artells se muestra crítica con la falta de inversión en ciencia y opina que el problema que tiene España es que siempre se han querido obtener dinero rápido, a corto plazo, y no interesa invertir en investigación porque no genera resultados inmediatos. ‘Si yo me pongo a construir casas, recolectaré dinero rápido, en cambio, invertir en ciencia da resultados a largo plazo’, confiesa desencantada la portavoz de FJI/Precarios. A esta falta de interés de la clase política, se le suma también la baja aportación que tienen las empresas al presupuesto de I+D+i en España. El presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal (ANIRC), Carlos Óscar Sánchez Sorzano, a su vez investigador del CSIC, defiende los mismos argumentos que Artells también aplicados a la empresa privada. ‘La empresa española no ve en la I+D una forma de crecer a largo plazo y aumentar su competitividad, sino que está más preocupada por los problemas a corto plazo’, añade Sánchez Sorzano. Fuente: Plataforma Investigación Digna.

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La crisis económica, que todo lo recorta ‘Estimada Sra. Vela, como usted, creemos que la Ciencia ha de pretender ser puntera y excelente porque, en caso contrario, no interesará a nadie’, así iniciaba la carta de la FJI/Precarios a la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación como reacción a una carta que Carmen Vela ha publicado este mes de junio en la prestigiosa revista científica Nature. En ella, la secretaria de Estado anuncia un ‘adelgazamiento’ del sistema español de ciencia y tecnología, que debe renfocarse hacia la calidad en vez de la cantidad. En este contexto, ‘recortes’ parece ser la palabra más usada en estos días que corren. La ciencia no ha sido nunca una prioridad para el gobierno español, pero desde la irrupción de la crisis económica la investigación aún ha descendido más peldaños dentro de la agenda del gobierno. El anuncio de los presupuestos estatales de 2012 vinieron acompañados de un recorte del 25’52% en la partida de I+D+i. Si en 2011, se destinaron 8.589 millones de euros a la ciencia, en 2012 la cifra global destinada es de 6.397 millones, descenso que implica la rebaja más drástica conocida desde que existen los planes de I+D. La inquietud de la comunidad científica sobre las consecuencias de la crisis económica en investigación no empezó a partir del anuncio de los presupuestos estatales, pero sí que se disparó especialmente a partir de diciembre, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decretó la denominada ‘tasa de reposición cero’. Esta tasa implica que no se sustituyan los funcionarios que se jubilan en la Administración del Estado, salvo excepciones. Este anuncio implica consecuentemente que los Organismos Públicos de Investigación (OPI)

Fuente: Plataforma Investigación Digna.

–la principal, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-, así como

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también las universidades públicas, se verían con importantes dificultades para convocar plazas permanentes. Esta medida supone que las esperanzas de alcanzar una plaza estable en el ente público para los científicos que acaben su contrato son prácticamente nulas. Antes de llegar a esta situación inestable, los investigadores prefieren abandonar el país e irse a trabajar en mejores condiciones a otro estado contribuyendo así a la fuga de cerebros. Además, el programa Ramón y Cajal de la secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad –ministerio que ha absorbido las competencias del ahora inexistente Ministerio de Ciencia e Innovación que estableció el gobierno socialista- que constituye una forma pionera de contratación científica en España también ha sufrido importantes recortes este año. El objetivo principal del programa Ramón y Cajal es la integración de los contratados en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, pero actualmente los investigadores receptores de las ayudas –doctores que hayan presentado una línea de investigación independiente a desarrollar- sólo tienen contratos temporales de cinco años. La intención de Ramón y Cajal está en la dirección correcta y hasta el momento potenciaba la excelencia investigadora, pero los cajales han encontrado cada vez más dificultades para integrarse en el mundo laboral. De hecho, el 90% de los Ramón y Cajal de la primera convocatoria (2001-2002) consiguieron estabilizarse laboralmente al concluir el contrato de cinco años. Sin embargo, los de la convocatoria de 2006, sólo el 37% lo consiguió y en los últimos años, estos tantos por ciento han ido decreciendo continuamente. En general, vistas las dificultades de los cajales para estabilizarse, se ha demostrado que actualmente el tejido científico español es incapaz de absorber 250 nuevos contratos al año. Por lo tanto, desde la ANIRC, no valoran negativamente los recortes en número de contratos del programa. Sin embargo, el problema viene que esta reducción no viene acompañada de una mejor dotación inicial para los cajales, de forma que pudieran efectivamente crear un laboratorio independiente y al final de los 5 años del programa se pudiera evaluar su productividad. El presidente de la ANIRC, Carlos Óscar Sánchez Sorzano, admite que: ‘Efectivamente, los números son demoledores’. Sánchez Sorzano apunta que los motivos de esta disminución son diversos: por un lado, la crisis económica ha dificultado la oferta de empleo público y existe una oferta escasa de plazas para nuevos científicos, y también se ha aplicado un recorte del 43% en programas de recursos humanos para investigación como el Ramón y Cajal. Pero la 9


gravedad de la situación no se debe exclusivamente a la crisis pues las cifras empezaron a descender ya hace años. En este sentido, el presidente de la ANIRC afirma que ‘tenemos la falta de apuesta efectiva por un modelo productivo basado en el conocimiento por mucho que los políticos digan’. A todo esto, cabe añadirle la falta de flexibilidad en la estructura del sistema investigador, que en teoría la nueva Ley de la Ciencia debería aportar, pero la implementación de ésta va retrasada

y

consecuentemente también el impulso que se supone que la ley daría a la investigación en España.

Carta Abierta para la Ciencia en España Frente a esta situación de recortes y de una fuga de cerebros, la comunidad científica decidió reaccionar y se marcó como objetivo pedir al Gobierno español que hiciera una excepción con la ciencia y no aplicará un recorte en investigación y desarrollo con tal de evitar que España se convirtiera en un ‘país de segunda división’. Con este rumbo, surgió la Carta Abierta para

la

Ciencia

en

España,

depositada el 27 de marzo de este año en la Presidencia del Gobierno y en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa está promovida por la Confederación

Promotores de la Carta Abierta para la Ciencia.

de

Sociedades

Científicas (Cosce), la FJI/Precarios, la plataforma Investigación Digna, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), la ANIRC, UGT y CC.OO y recoge más de 46.000 firmas de apoyo, 26.000 de ellas de investigadores de 80 países y 6 Premios Nobel. Los recortes en ciencia se aplicaron de todas formas, pero los representantes de la Carta Abierta para la Ciencia han mantenido reuniones con la Secretaría de Estado de Investigación y con diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los diputados sobre la cuestión. Como resultado de estas reuniones, todos los partidos con representación parlamentaria, a excepción del Partido Popular (PP), estuvieron de acuerdo en solicitar un incremento en la partida de I+D+i. Por ello, los representantes de las organizaciones y sindicatos firmantes de la carta ahora han decidido presentar su propuesta también al Senado. Como respuesta, el PP en el Senado 10


propondrá una enmienda para generar 40 plazas más para todos los OPIs, pero la portavoz de la plataforma Investigación Digna, Amaya Moro-Martín, astrofísica receptora actualmente de un contrato Ramón y Cajal, declara que ‘esta medida es claramente insuficiente’ y defiende que ‘esta es una de nuestras preocupaciones, pero el problema no se soluciona ni mucho menos con un puñado de plazas’. Por el momento, todo apunta que el incremento en la partida de I+D+i de los presupuestos de 2012 que solicitaba la Carta Abierta para la Ciencia no se va a conseguir. El presidente de ANIRC, Carlos Sánchez Sorzano, se muestra pesimista al respecto: ‘Por desgracia, tenemos la sensación de que el trascurso político de los presupuestos es independiente de este tipo de peticiones’, pero también insiste en que es necesario mantener esta tipo de propuestas para que se muestre cuál es la opinión de los diferentes colectivos. Por ello, los investigadores defensores de la carta tampoco dan la lucha por perdida y seguirán esforzándose para abrir los ojos del Gobierno sobre la importancia de la inversión de investigación. Según la portavoz de FJI/Precarios, Ester Artells, realísticamente este año resulta difícil que la situación mejore porque todas las enmiendas se han denegado, pero sí que valoran positivamente el leve cambio de planteamiento por parte del Gobierno, una cierta toma de conciencia que entiende que la ciencia es importante para la construcción de un futuro mejor para todos.

La Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿un avance o un retroceso? La última actualización legislativa en materia de I+D+i ha sido la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación que, después de un año de tramitaciones parlamentarias, ha entrado en vigor este mes de mayo. Esta normativa ha sido valorada positivamente cuanto a estructuración del cuerpo funcionario investigador, pero también ha dejado algunos cabos sin atar. Por un lado, la nueva ley, que actualiza la de 1986, ha conseguido establecer orden entre los funcionarios, los que trabajan en los OPIs, y los agrupa en tres únicas escalas: profesor de investigación, investigador científico y científico titular. Al esquema de la administración pública investigadora, se le suman dos contratos laborales: uno de 4 años para hacer la tesis doctoral y uno de acceso a la carrera científica de un máximo de 5 años. De esta forma, se garantiza que la figura del becario investigador es cada vez menos frecuente y el reconocimiento laboral para los jóvenes investigadores va en ascenso. 11


Por otro lado, la nueva normativa aún tiene dos grandes retos pendientes: la creación de una Agencia Estatal de Investigación y la estabilidad de la carrera investigadora. España es uno de los pocos estados de la UE que aún no tiene una Agencia Estatal de Investigación, un organismo que debería otorgar más eficacia y autonomía al sistema de I+D, y que, de hecho, la nueva Ley de la Ciencia estipulaba su creación en el plazo de un año. El obstáculo ha sido que los presupuestos estatales no permitían el nacimiento de esta agencia, por lo que era necesaria la aprobación de una enmienda en el Congreso que no se presentó. Ahora mismo, la creación de una Agencia Estatal de Investigación, que seguiría el modelo del European Researcher Council (ERC), sigue siendo un tema a zanjar, pero todo apunta que el Gobierno apruebe el nueve ente regulador directamente próximamente. La estabilidad del itinerario profesional investigador es otro reto que la nueva ley de la Ciencia no ha abordado. Actualmente, los investigadores españoles a lo largo de su carrera van encadenando un contrato con otro y se enfrontan a dificultades para encontrar una plaza fija y establecerse, mientras que en el modelo anglosajón –sobre todo en los Estados Unidos- existe lo que se denomina como tenure track. Este sistema permite a los investigadores tener un trabajo estable siempre que cumplan con el trabajo que les es asignado por la universidad para la que trabaja, quien irá revisando el proceso. Precisamente, en Estados Unidos, Gemma Colomé, de 33 años, se encuentra actualmente realizando un postdoctorado en el Department of Mathematics de la Perdue University. Gemma Colomé desearía poder volver a Barcelona y ejercer aquí su trabajo una vez finalizado el postdoctorado, pero es consciente de que sus perspectivas ideales no coinciden con sus perspectivas reales. Por ello, afirma que: ‘Volver con un trabajo fijo en la universidad es prácticamente imposible’.

Sin ciencia no hay futuro La impresión que todos los implicados comparten, tanto jóvenes como investigadores con una amplia experiencia a sus espaldas, es que la situación de la investigación en España se halla años luz de los países punteros. Desde el punto de vista de los jóvenes científicos, su actual lugar de residencia habla por sí solo. Ulises Rey, Bea Antolín y Gemma Colomé ya están fuera y a ellos, se le irán uniendo cada año más y más investigadores si el planteamiento del Gobierno español hacia la ciencia no varía. Desde las organizaciones implicadas en la lucha de los derechos de los investigadores, así 12


como también desde las instituciones y desde la experiencia de investigadores consagrados, las preocupaciones a largo plazo giran entorno las dificultades que tendrá España para mantener su status científico a nivel mundial, especialmente teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, actualmente el I+D+i es lo que permite avanzar como sociedad y garantizar unas condiciones de vida mejores para los ciudadanos. Si nadie hubiera apostado por Alexander Fleming, hoy no sabríamos los efectos antibióticos de la penicilina; si nadie hubiera apostado por Marie Curie, hoy nos faltarían conocimientos sobre la nocividad de algunos elementos radiactivos; si nadie hubiera apostado por Ramón y Cajal, hoy desconoceríamos los mecanismos que gobiernan las células nerviosas. Admirando los beneficios de los progresos en ciencia a lo largo de la historia y bajo el lema ‘Sin ciencia no hay futuro’, los investigadores seguirán luchando paso a paso por el reconocimiento laboral y social de esta profesión y conseguir así, que el talento de cerebros españoles acabe contribuyendo a construir una senda para el futuro de todos. “Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso”, ponía punto y final Antonio Machado en su poema.

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Un billete de ida a un centro de investigación alemán  

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