Positiva Compañía de Seguros ha consolidado su liderazgo en Colombia con un propósito claro: proteger lo más valioso, la vida y el bienestar de los trabajadores. Su misión parte de una premisa simple pero determinante: cuando los trabajadores están seguros, las empresas pueden crecer, producir y proyectar un futuro estable. Por eso, cada una de sus acciones y servicios se orienta a cuidar el presente y el futuro de millones de personas en el país.
Con más de tres millones de empresas aseguradas, Positiva ha construido un conocimiento profundo sobre las realidades laborales del país. Entiende que cada sector enfrenta riesgos distintos y que cada organización necesita soluciones ajustadas a su operación. Esta experiencia la ha llevado a desarrollar modelos de gestión de riesgos flexibles, basados en el diálogo con sus afiliados y en la creación conjunta de estrategias efectivas para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Su enfoque es claro: proteger a las personas para mejorar la productividad y competitividad empresarial. Por eso te invitamos a conocer y aprovechar los beneficios que Positiva ofrece a sus afiliados.
Positiva A tu lado, Positiva te cuida, Positiva contigo
Como parte de su oferta de valor, Positiva invita a las empresas a unirse a los beneficios disponibles para sus afiliados. Bajo el sello “Positiva a tu lado, Positiva te cuida, Positiva contigo”, la compañía pone a disposición una de las plataformas más completas del país en educación y prevención: el Centro Virtual de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, con más de 1.300 herramientas educativas para todos los sectores y actividades económicas. A través de www.posipedia. com.co, las organizaciones acceden a cursos, guías, piezas pedagógicas y contenidos especializados diseñados para fortalecer la cultura de prevención.
Positiva Compañía de Seguros es la Aseguradora de todos los colombianos.
Además, Positiva ofrece canales digitales que permiten consultar de manera ágil la normativa vigente en Riesgos Laborales y SST, así como recursos técnicos esenciales para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios que exige la ley. Esta facilidad de acceso convierte a la compañía en un aliado estratégico para las áreas de talento humano, seguridad, cumplimiento y gestión administrativa.
Uno de los servicios más innovadores es su asesoría legal personalizada en SST, brindada por abogados expertos y potenciada por una tecnología propia de inteligencia artificial generativa. Este modelo híbrido permite a las empresas recibir respuestas precisas, acompañamiento especializado y una experiencia moderna que transforma la manera de gestionar la seguridad laboral.
Al afiliarse, las empresas no solo acceden a protección y acompañamiento, sino a un ecosistema completo de herramientas para fortalecer su competitividad. Positiva reafirma así su compromiso: estar al lado de trabajadores y empleadores, cuidarlos y aportar soluciones efectivas para que cada empresa avance con seguridad. Afiliarse es muy sencillo, puedes hacerlo a través de este QR.
Juan David Rojas.
Alejandra Osorio, Alfredo Castellanos, Enrique Daza, Miguel Ángel Rodríguez.
Sara Osorio y Gabriela Rojas.
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Diego Muñoz Marroquín: orgulloso Laboyano que llevó el Huila al mundo de la mano de la propiedad intelectual, in memoriam – Diego Muñoz
Transición Energética Responsable, Alfredo Castellanos, Presidente de la Junta Directiva ACOPI Bogotá
ACOPI Cesar se reactiva: Un impulso necesario para el tejido empresarial del departamento, Diego Vides, Director Ejecutivo – ACOPI Cesar
ACOPI Boyacá Renace: Un nuevo impulso para las mipymes del departamento, Rosalba Ramírez, Directora Ejecutiva – ACOPI Boyacá.
“2026 será el año para consolidar el crecimiento económico de Bogotá”: Secretaría de Desarrollo Económico, entrevista a María del Pilar López, Secretaria de Desarrollo Económico.
La transición energética de Petro: El desarrollo económico de Colombia se queda sin energía, Sara Osorio, investigadora invitada.
El Gobierno carga la crisis energética sobre los empresarios: nuevos cobros, más riesgos, Cedetrabajo.
La tecnología: Clave para el desarrollo productivo del país, entrevista a Julio Pineda, CEO del Grupo Empresarial Equom y afiliado ACOPI Bogotá Cundinamarca
Innovación educativa en Positiva: tecnología, bienestar y aprendizaje para la seguridad laboral, publirreportaje por Positiva Compañía de Seguros
La asociatividad empresarial: una estrategia para crecer, fortalecer y proteger la industria nacional, Nohora Alexandra Fonseca Murcia, vicepresidente de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca
Innovación universitaria al servicio de las MiPymes y la Economía Circular, Leticia Fernández, docente Universidad Central
La política energética de Petro está golpeando a Ecopetrol: por qué su deterioro amenaza a toda Colombia, Sara Osorio, investigadora invitada
Hacia dónde van las relaciones con Estados Unidos bajo el gobierno Petro, Enrique Daza, Director Cedetrabajo
Presupuesto 2026: recortes, ingresos inciertos y una economía sin rumbo productivo, Miguel Ángel Rodríguez, investigador invitado
Del discurso al estancamiento: una reindustrialización que avanzó menos de lo prometido, María Alejandra Osorio, Directora Ejecutiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca
Día Mundial de la MiPyme 2025: una agenda que exige acción inmediata del sector público y empresarial
I Simposio Nacional de Cannabis Medicinal e Industrial: innovación, salud y oportunidades para una nueva industria
La estrategia Conexión Mipymes se consolidó como el motor de negocios en la FIB 2024
Fusión en telecomunicaciones: ¿solución o el golpe final a la competencia?, Yecyd Pardo, integrante de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca
Así cambió la reforma laboral los costos y obligaciones para las Mipymes
La seguridad: un desafío inaplazable para la vida nocturna y el alojamiento en Bogotá, Alexander Alvarado, Presidente de INHOTELCOL, integrante de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca
La falsa solución del arancel cero: una decisión que puede salir muy cara, Yilmar Celis, Presidente de ASOTEXCO, integrante de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca
Seminario Internacional “Transición justa hacia alternativas sostenibles y derechos humanos”, Andrés Botero, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, integrante de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca
Regular un solo salario no puede ser la solución para toda una economía, Mauricio Salazar, Director Observatorio Fiscal y Juliana Morad, Directora del Observatorio Laboral
La Desigualdad Empresarial que no cambió: Las grandes empresas continúan pagando menos impuestos que las Mipymes en el Gobierno Petro, Juan David Rojas, equipo administrativo de ACOPI Bogotá Cundinamarca
REPRESENTACIÓN GREMIAL
Diego Muñoz Marroquín: orgulloso Laboyano
que llevó el Huila al mundo de la mano de la propiedad intelectual.
Hay vidas que, aunque breves en tiempo, son inmensas en propósito.
La de Diego Muñoz Marroquín fue, sin duda, una de ellas. Hijo de Pitalito, Huila, Diego creció respirando trabajo, honor y compromiso por lo público. Venía de una familia que hizo historia en la región: hombres que abrieron caminos, gobernaron con decencia y sembraron progreso. Ese legado, lejos de ser adorno familiar, se convirtió en brújula para su vida.
Desde niño conoció el peso de la adversidad y el valor del carácter. Tras la partida de su padre, vivió entre Neiva y Bogotá acompañado por el amor de su madre y los principios férreos de su familia. Allí aprendió que la dignidad no se negocia, que la disciplina es una forma de amor propio y que el servicio al otro es la más noble vocación.
En su vida siempre encontró personas que le ayudaron a cumplir sus sueños, desde auxilios parlamentarios para poder estudiar derecho en la Universidad Sergio Arboleda, donde brilló como uno de los mejores estudiantes, hasta iniciativas de cooperación con estudiantes para hacer más llevadera su estancia en Bogotá.
Diego siempre encontró en su camino soluciones; no había obstáculo capaz de detenerlo: lo movía una fe profunda en el conocimiento, en la educación y en la integridad como herramienta de transformación.
Después de trabajar varios años en una firma de registro de marcas conoció el mundo de la Propiedad Intelectual, lo
que significó un cambio sustancial en su perspectiva y le dio un rumbo claro para favorecer su región y trascender en su país.
Desde este momento Diego comenzó a construir una historia que lo llevaría a convertirse en uno de los abogados más importantes de Colombia en el ámbito de la propiedad intelectual. Con visión, disciplina y carácter creó hace 25 años Muñoz°abogados, firma que llegó a trascender fronteras y que transformó el panorama jurídico nacional, integrando de manera temprana una visión empresarial, acompañando a emprendedores, artistas, empresas nacionales y multinacionales. Su estrategia siempre fue clara; atender primero las regiones y la industria local, que para ese entonces estaba muy desatendida, y proponer una manera diferente del ejercicio del derecho, más cercano a los empresarios, pensando en la protección de la industria nacional, valorando lo propio.
Su labor no solo defendió innovadores; potenció sueños colombianos. Impulsó industrias, promovió talento local y llevó la bandera del Huila más allá de nuestras fronteras. Donde iba, hablaba de su tierra, su gente, su café, su cultura. Era, en esencia, un embajador orgulloso y genuino de su región, además un Laboyano visionario.
Diego no solamente construyó una sólida empresa y un proyecto que ha ayudado a más de 4500 empresas a crecer y trascender internacionalmente, también ayudó a construir país.
En su ADN siempre estuvo la política, desde muy joven fue elegido edil en la ciudad de Neiva, posteriormente su presencia tuvo
un impacto directo y se convirtió en un actor clave para la transformación política en el Huila, convencido de que la educación es el principal motor social, logró conectar a importantes líderes como Sergio Fajardo y Rodrigo Lara Sánchez, que son reflejo de su convicción: la política es para servir, no para servirse de ella.
Por encima de todo, Diego fue familia. Su mayor orgullo no fueron los viajes, los reconocimientos ni los logros profesionales: fue su hogar. Fue esposo dedicado, hijo agradecido, amigo leal. Como padre siempre incentivó en sus hijos su filosofía de vida: Pasión, Persistencia y Pertenencia.
En Madrid (España) donde decidió radicarse en sus últimos años junto a su esposa Arleth, abrió su casa como se abre el alma: generosa, cálida, dispuesta a tender puentes y a recibir a quienes amaba. Allí, desde la distancia física pero no emocional, siguió pensando el Huila, soñando su desarrollo, defendiendo la innovación, apostándole a un país más justo y honesto.
El Huila honra a uno de sus más brillantes representantes. Una persona que siempre tuvo propósito, rectitud y gratitud. Su legado continuará a través de su familia y de su firma; hoy lo recordamos orgullosos de todo su camino, de su trasegar y de su desinteresada ayuda permanente a la comunidad y a quienes lo rodeamos.
El tema de la crisis climática ha cobrado en los últimos años una enorme relevancia en el país, no solamente por la insistencia del gobierno colombiano en el abandono de la exploración y producción de petróleo y carbón, sino por la creciente conciencia mundial sobre la necesidad de aumentar en forma significativa la producción de energía usando fuentes renovables como el sol y el viento.
En este momento se realiza en Brasil la Conferencia de las Partes sobre cambio climático, COP 30 y hasta el momento el diagnóstico es preocupante pues la mayoría de los países no han cumplido las metas que ellos mismos se colocaron en materia de reducción de las emisiones de CO2, no han dispuesto de recursos para la financiación de la transición y mitigación de los impactos en las regiones víctimas de los impactos dé fenómenos climáticos extremos que cada día ocurren más.
Los vendavales, sequías, inundaciones, migraciones, calores o fríos extremos, son indicadores de que, si no se controlan las emisiones, la situación puede empeorar en pocos años.
Sin embargo, en comparación con otros países Colombia no es un gran emisor de gases efecto invernadero y
Transición responsableenergética
su contribución a las emisiones apenas representa el 0,5% de las mismas y tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo pues cuenta con una gran generación hidroeléctrica.
Los grandes emisores son países con niveles de desarrollo industrial muy superiores y en el país las principales emisiones provienen de la deforestación y los usos del suelo no de las emisiones industriales.
Para su desarrollo el país requiere más energía y más electricidad para un necesario crecimiento industrial y de la infraestructura necesita aumentar su producción de cemento y acero, hasta ahora insustituibles.
La producción de petróleo, carbón y gas ocupan y ocuparán un lugar importante en las exportaciones y en los ingresos del fisco, por ello más que abandonar o marchitar estos sectores lo que se requiere es incorporar nuevas fuentes renovables que han tenido muchas dificultades para su implementación.
El próximo gobierno no puede avanzar en el crecimiento satanizando el petróleo ni marchitando a Ecopetrol, sino abordando con seriedad, la reindustrialización, la diversificación de las exportaciones y ante todo apoyando especialmente la pequeña y mediana industria como forma de ampliar el tejido productivo y buscar la equidad social.
No se trata de reemplazar las energías fósiles sino incorporar renovables y exigir que los países más contaminantes hagan mayores contribuciones a la descarbonización en forma proporcional a sus emisiones históricas.
Nota: El cambio prometido por el presidente Petro no resultó cierto.
La solución no es regresar al pasado pues el país venía muy mal.
La solución es Fajardo en la Presidencia y Robledo de nuevo en el Senado.
*Intervención de Alfredo Castellanos Presidente de ACOPI Bogotá en el Día Internacional De La Industria Noviembre 20 de 2025, convocado por ACOPI, ONUDI y Universidad Central.
Alfredo Castellanos, Presidente de la Junta directiva
Acopi Bogotá Cundinamarca
LACOPI Cesar se reactiva
Un impulso necesario para el tejido empresarial del departamento
a última década ha sido compleja para Colombia: el país pasó de crecimientos del 4–5% en los años 2010 a una contracción del –7% en 2020, un rebote del 7,5% en 2021 y una desaceleración con expansiones inferiores al 1% en 2023. A esto se sumaron inflación de dos dígitos en 2022 y tasas de interés altas, que restringen la inversión y el crédito para las mipymes.
Este entorno macroeconómico es desafiante para las Mipymes y golpea con fuerza al Cesar, donde gran parte de la actividad económica es sensible al ciclo. La forma en que las unidades productivas enfrenten estos retos será decisiva para la estabilidad del ingreso y el empleo de miles de hogares.
Retos estructurales del departamento
A nivel departamental, los efectos del panorama nacional se suman a desafíos históricos. La economía del Cesar se sostiene en la minería, los servicios y la ganadería, sectores que, aunque relevantes, no han logrado cerrar brechas persistentes de pobreza y desigualdad.
En el último año en Colombia, 766.000 personas ingresaron al mercado laboral, pero la mayoría lo hizo desde la informalidad. En Valledupar, las tasas de desempleo e informalidad superan los promedios nacionales. Buena parte de la recuperación reciente se ha dado en ocupaciones como mototaxismo, comercio callejero, servicios personales y actividades culturales o deportivas.
La reactivación económica no se ha traducido en empleo estable y formal.
Tras estas cifras, talleres, pequeños comercios, microindustrias y servicios locales mantienen el ingreso de miles de familias. Son estas empresas las que enlazan actividades, sostienen el consumo y luchan por contener el incremento del empleo informal y precario en el departamento.
Una agenda gremial para la reactivación
Si el Cesar quiere consolidar una verdadera reactivación, necesita una agenda que respalde al empresariado local. Para ACOPI Cesar, esto implica avanzar en formación, gestión financiera, productividad y procesos de formalización, factores indispensables para que estas empresas compitan en mejores condiciones.
También es clave fortalecer las cadenas de valor en sectores como agro, turismo y comercio; promover la asociatividad empresarial; y acelerar la adopción de herramientas digitales, fundamentales para acceder a nuevos mercados, vender en línea y participación en compras públicas.
Finalmente, la articulación con los planes de desarrollo territoriales será decisiva. La transición productiva sólo será efectiva si se traduce en programas concretos de apoyo a las micro y pequeñas unidades económicas.
Un activo estratégico para el futuro del Cesar
Fortalecer el tejido empresarial de base productiva es la única opción para reducir la informalidad y construir una economía regional más sólida. El entorno macroeconómico seguirá siendo retador y el espacio fiscal limitado. Apoyar a las mipymes significa apuntalar al principal generador de empleo y articulador de encadenamientos territoriales.
ACOPI Cesar hace un llamado a consolidar una agenda que combine formación, asociatividad, digitalización y articulación con la política pública. Convertir la recuperación macroeconómica en bienestar real depende de que el departamento potencie a sus pequeñas unidades productivas. El Cesar tiene en su tejido empresarial un activo estratégico que no puede desaprovechar.
“El futuro del Cesar no está sólo en la macroeconomía, sino en la fuerza de sus mipymes: el verdadero motor del ingreso, el empleo y la estabilidad regional.”
Por Diego Alexander Vides Fonseca, Director Ejecutivo de ACOPI Cesar
ACOPI
Boyacá renace
Un nuevo impulso para las mipymes del departamento
ACOPI es un gremio con más de 70 años de trayectoria en defensa de la industria nacional y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. La Seccional Boyacá, creada hace más de 25 años, y que permaneció inactiva durante varios años, dejó un vacío en la representación gremial de un departamento donde las mipymes constituyen el corazón del aparato productivo. Boyacá cuenta hoy con más de 180.000 micronegocios y cerca de 62.000 empresas activas, de las cuales más del 98% son mipymes.
La apuesta nacional por reactivar la Seccional
En 2024, la nueva administración nacional de ACOPI adoptó como una de sus prioridades estratégicas ampliar y revitalizar la presencia gremial en todo el país. Gracias a este compromiso institucional y al liderazgo de empresarios locales, ACOPI Boyacá fue oficialmente reactivada en mayo de 2025. Este hito devuelve al empresariado una voz gremial sólida y actualizada, capaz de incidir en la agenda regional y nacional, y de impulsar un entorno más competitivo y sostenible.
Boyacá es un territorio clave para la economía nacional, en 2024 aportó el 2,5% del PIB nacional, sus principales renglones de la economía se encuentran representados por comercio y servicios (33%), industria manufacturera (12%),
explotación de minas y canteras (11,4%) y agropecuario (11%).
Homenaje a Manuel Hosman: un legado para el gremio
El proceso lleva el sello del expresidente gremial Manuel Hosman, cuyo liderazgo y dedicación fueron determinantes. Su fallecimiento dejó un profundo sentimiento en el gremio. ACOPI reconoce que este renacer también es fruto de su visión de un Boyacá empresarial unido y protagonista.
Un momento decisivo para el tejido empresarial
La reactivación llega en un punto crítico: En 2024 Boyacá creció 1%, por debajo del promedio nacional (1,6%), y enfrenta retos en competitividad, formalización, modernización, acceso a mercados y generación de empleo. También hay oportunidades para fortalecer cadenas productivas, agregar valor, diversificar e impulsar la internacionalización. ACOPI Boyacá asume el reto de acompañar al empresariado y promover iniciativas que eleven la productividad y el crecimiento.
Los empresarios reciben este retorno con optimismo. La unidad gremial es una herramienta clave para fortalecer el tejido empresarial de un departamento que produce, transforma y aporta al país.
Un llamado a la unidad empresarial
ACOPI Boyacá hace un llamado a los empresarios a articular esfuerzos en torno a la defensa de la industria tanto departamental como nacional y a construir una plataforma fuerte para defender los intereses de las mipymes. El futuro del departamento depende de empresas que generen valor y empleo. Hoy, ACOPI Boyacá vuelve para caminar junto a ellas.
Boyacá enfrenta desafíos importantes, pero con unidad gremial puede convertirlos en oportunidades para crecer y competir.
Por Rosalba Ramírez, Directora Ejecutiva – ACOPI Boyacá
“2026 será el año para consolidar el crecimiento económico de Bogotá”: Secretaría
de Desarrollo Económico
En diálogo con el equipo editorial de la Revista PyME, la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá explica cómo la ciudad pasará de la fase de reactivación a una etapa de consolidación del crecimiento en 2026 y detalla las estrategias para fortalecer a las mipymes, ampliar el acceso al financiamiento, impulsar la productividad y mitigar los efectos de las obras en los comercios locales.
Revista PyME: ¿Cuál es la visión de la Secretaría para consolidar la reactivación económica de Bogotá en 2026 y qué papel cumplen las mipymes en ese propósito?
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá: En 2024, cuando inicia la nueva administración, Bogotá aún estaba en proceso de reactivación. Por eso, gran parte de los recursos se destinó a sectores con altos multiplicadores y a los más golpeados por la desaceleración, como vivienda, obras civiles y el sector de Cultura, Recreación y Deporte. En 2025 identificamos que la desaceleración se frenó, así que 2026 será un año para consolidar el crecimiento. El objetivo es fortalecer sectores que crecieron poco en 2025 y aquellos con alta generación de valor agregado, entre ellos el comercio y la industria manufacturera.
Desde la Secretaría apostamos por una ciudad más competitiva y un sector empresarial más productivo. Sabemos que la estrategia en esta fase de consolidación debe ser distinta a la de reactivación. En términos de financiamiento y acceso al crédito, en 2026 necesitamos impulsar el crecimiento a través de mayor productividad, por eso estamos pensando en proyectos de financiamiento y en continuar con las políticas actuales.
R. PyME: ¿Qué nuevas líneas de apoyo financiero, técnico o de capital de trabajo estarán disponibles para las micro y pequeñas empresas en el próximo año?
SDDE: En 2026 vamos a consolidar líneas que ya existen. En primer lugar, la línea de crédito Al Punto, en convenio con Bancóldex, que ofrece tasas preferenciales para negocios locales. Seguiremos con el convenio con el Fondo Nacional de Garantías para micronegocios, donde cubrimos el 100% de la garantía del crédito y, además, continuará el programa Buena Paga, con una versión mejorada para que micronegocios que han
estado por fuera del sistema financiero regresen a él y accedan al crédito. Es un programa valioso porque ofrece abonos a capital de hasta $500.000. Estas líneas van desde $100.000 hasta $400 millones.
Seguiremos con Al Punto Internacional, también con Bancóldex, para empresas que quieran exportar por primera vez, con tasas preferenciales. Apoyar a los empresarios con tasas de interés preferenciales es clave en un momento donde las tasas de interés no parecen bajar.
En asistencia técnica, tenemos programas consolidados, como el convenio de asistencia especializada con expertos internacionales en alianza con Swisscontact, donde ACOPI ha sido un apoyo importante. También avanzamos en el fortalecimiento empresarial dentro de Nuestro Bogotá Corazón Productivo. Este año se abrió un nuevo corazón productivo en San Victorino y la próxima semana abriremos otro en Kennedy, en Américas Carvajal. Las empresas vinculadas reciben acompañamiento para fortalecer habilidades y crecer.
En capital de trabajo tenemos Emprendópolis, dirigido a emprendimientos; Evolución Productiva, exclusivo para tenderos y Cupón, que es un programa muy exitoso y se ampliará en 2026. Cupón es una herramienta de cofinanciación de hasta $10 millones para bienes o servicios especializados. Somos conscientes de que, si queremos que las empresas crezcan y sean más productivas, necesitan invertir, y para invertir requieren financiamiento que les permita adquirir bienes o capital de trabajo. Esa es la visión para 2026.
R. PyME: Dado el impacto de las obras en el comercio local, ¿cómo se fortalecerá el programa Bogotá Me Apoya Durante su Transformación, para proteger a los negocios de barrio y unidades productivas afectadas?
SDDE: Este año contamos con recursos específicos para Bogotá Me Apoya Durante su Transformación, pero en 2026 no los tendremos. Aun así, la estrategia que mejor ha funcionado es priorizar y buscar directamente a los empresarios para inscribirlos en los programas de la Secretaría. Tenemos dos líneas principales: Impulsa tu negocio y Vitrina Capital. Impulsa
Entrevista a María del Pilar López Uribe
Secretaria de Desarrollo Económico
tu negocio ofrece bienes de capital, servicios y apoyos como pagos de arriendo o alivios de deudas. Por su parte, Vitrina Capital lleva a los negocios ubicados en zonas afectadas por obras a las grandes ferias de la ciudad para conectarlos con nuevos clientes e incrementar ventas. En Chocoshow, por ejemplo, tres negocios de zonas afectadas participaron y uno nos contó que al mediodía ya había vendido lo que normalmente vende en una semana. Estas ferias duran entre tres días y una semana, y ayudan a mejorar su flujo de caja.
La idea es reducir costos de operación a través de programas como Cupón y Emprendópolis, y al mismo tiempo facilitar ventas continuas con Impulsa tu negocio y Vitrina Capital. El objetivo es mantener estos apoyos en 2026, ampliarlos a nuevos polígonos y zonas, y seguir buscando directamente a los negocios para vincularlos, sin esperar a que ellos se acerquen primero.
R. PyME: ¿Qué acciones impulsa la Secretaría para mejorar la productividad, innovación y adopción digital en las mipymes, especialmente en sectores tradicionales?
SDDE: Todos nuestros programas de fortalecimiento en habilidades financieras y digitales, la asistencia técnica especializada y las líneas de financiamiento y bienes de capital apuntan a aumentar la productividad. Para incrementar la productividad se requiere inversión, y esa inversión se logra con financiamiento. Además, el apoyo en conexión con mercados también eleva la productividad al vincular a las empresas con la demanda.
En innovación y adopción digital tenemos líneas específicas. Actualmente está abierta la convocatoria Generación Llega Alto, un piloto para nuestros Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación, en alianza con Atenea y con el apoyo de la línea del MinCIT. Es una ruta especializada de innovación para mipymes que busca identificar sus necesidades reales y trabajar directamente sobre la variable que determina nuestro resultado: el aumento de la productividad. Innovar en Colombia es difícil, por eso estamos haciendo esfuerzos con programas especializados desde la Secretaría.
La transición energética de Petro
El desarrollo económico de Colombia se queda sin energía
Por Sara Osorio, Investigadora de Cedetrabajo.
La transición energética promovida por el Gobierno Petro, centrada en frenar los hidrocarburos sin una hoja de ruta técnica, abrió un debate urgente. Colombia necesita energías limpias, pero la estrategia parte de un planteamiento erróneo: reducir oferta en un país que requiere más energía para desarrollarse e industrializarse.
Expertos señalan que el enfoque oficial ignora la demanda creciente. Colombia debería duplicar su consumo per cápita, hoy cercano a 35 gigajulios (la mitad del promedio latinoamericano), un nivel que refleja carencia energética más que sostenibilidad. Reducir la producción nacional de petróleo y gas sin ampliar la capacidad total del sistema pone en riesgo la soberanía energética y el crecimiento económico.
Juan Benavides (Fedesarrollo) señala que históricamente las fuentes energéticas no se reemplazan: se agregan. Carbón, petróleo, gas, hidráulica y renovables han crecido juntas conforme aumentan población y demanda. La matriz colombiana debe seguir esa lógica para evitar apagones, costos altos y estancamiento industrial.
El discurso oficial enfoca la política climática en reducir combustibles fósiles, pero el sector energético aporta sólo un tercio de las emisiones. Agricultura, ganadería y deforestación concentran más de la mitad. A pesar de tener una de las matrices más limpias de la región, se restringe la producción nacional mientras la deforestación avanza sin control.
La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración ya genera efectos: caída de más del 20% en exploración, reducción de reservas, pérdida de autosuficiencia en gas e incremento en importaciones
costosas. Esto presiona tarifas, aumenta el riesgo de desabastecimiento y amenaza la competitividad.
Ecopetrol, pieza central mal orientada, se ha debilitado, empujada a proyectos ajenos a su misión, reduciendo su foco en exploración y su capacidad financiera para una transición realista. Paradójicamente, Colombia prohíbe el fracking local mientras importa gas estadounidense extraído con esta técnica, y el negocio más rentable de Ecopetrol —Permian— enfrenta presiones ideológicas para ser vendido.
Las energías renovables son fundamentales, pero insuficientes para reemplazar fuentes firmes. Colombia necesita más energía para impulsar el desarrollo; limitarla lo frena. La ruta no es la contracción, sino la expansión y agregación equilibrada de todas las fuentes disponibles.
El Gobierno carga la crisis energética sobre los empresarios: nuevos cobros, más riesgos
Por Cedetrabajo
El Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, presentado en octubre de 2025, promete modernizar el sistema, transparentar las facturas y focalizar mejor los subsidios.
Sin embargo, gremios, usuarios y expertos advierten que varias medidas propuestas podrían encarecer tarifas, restringir beneficios y trasladar mayores cargas a hogares y empresas.
Un punto sensible es la redistribución de la opción tarifaria, un mecanismo para aplazar cobros en momentos de presión tarifaria implementado en pandemia.
Aunque el Gobierno anunció que asumiría esa deuda, el proyecto establece que estratos 5 y 6, comercios e industrias deberán pagarla durante 15 años. Esta
medida es regresiva, pues sectores que financiaron su propia opción tarifaria y subsidios para estratos bajos asumirán una nueva obligación prolongada.
El proyecto también retira subsidios a entre 40% a 60% de los hogares de estratos 1, 2 y 3. Este recorte afectará a millones de familias con incrementos significativos en sus facturas, en un país donde el 75% pertenece a estos estratos. Adicionalmente, se faculta a la CREG para crear nuevos cargos solidarios que permitirían cobrar contribuciones adicionales incluso a usuarios que hoy no pagan aportes. Esto podría derivar en un mecanismo para cubrir déficit fiscales sin esfuerzo estatal.
No todo es negativo: la prohibición de tasas e impuestos ajenos al servicio ha sido celebrada por organizaciones ciudadanas, porque obligaría a desmontar cobros
locales añadidos al consumo energético. También se propone un esquema de tarifas preferenciales para industrias que usen energía limpia, aunque gremios advierten posibles distorsiones sin previa ampliación de la oferta energética.
El sector productivo advierte que la propuesta ignora el problema central: la insuficiente capacidad de generación y transmisión, con más del 50% de los proyectos retrasados y menos del 30% en operación, lo que eleva el riesgo de desabastecimiento y frena la inversión. Sin resolver esta crisis de oferta ni asumir un mayor esfuerzo fiscal, temen que los costos recaigan sobre los usuarios. La verdadera democratización del sector dependerá de si el Estado asume su responsabilidad o continúa trasladándola a hogares y empresas.
EMPRESARIO DESTACADO
Introducción
En Colombia, hacer empresa es un ejercicio que combina la persistencia con la capacidad de adaptación. Pocas historias lo reflejan tan bien como la de Julio Pineda, ingeniero industrial y CEO del Grupo Empresarial Equom, conformado por Equom Ltda., Aban Steel SAS y Water Wise Service SAS. Lo que inició como un sueño estudiantil entre compañeros de universidad se convirtió, tras décadas de trabajo, en un referente nacional en tratamiento de aguas, manufactura industrial y soluciones tecnológicas para la productividad.
En esta entrevista para la Revista PyME, Julio Pineda comparte la historia detrás de su empresa, los desafíos de emprender en un país complejo, sus apuestas tecnológicas, su visión exportadora y los consejos que, desde la experiencia, considera esenciales para las nuevas generaciones de emprendedores.
Revista PyME: ¿Cómo nace su empresa y cuáles fueron los principales retos para darle sostenibilidad?
Julio Pineda: La historia de Equom comienza hacia finales de los años ochenta, cuando estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma. Yo estudiaba
La tecnología:
Clave para el desarrollo productivo del país
de noche y, como muchos jóvenes de esa época, tenía más ilusiones que recursos. Mis compañeros y yo trabajábamos como dibujantes en una fábrica de tanques, y de esas experiencias nació la idea de emprender. Con el impulso de ese conocimiento técnico y los ahorros de cada uno, fundamos nuestra primera empresa: ADI.
Éramos tres bachilleres técnicos con vocación por la manufactura. Comenzamos fabricando tanques para combustible y sistemas de salida de gases en plantas industriales. Sin embargo, la empresa enfrentó dificultades económicas y la sociedad original se disolvió. Fue un comienzo duro: trabajábamos en un local arrendado, sin capital y en medio de los riesgos de apagón que vivía el país.
Pero también había oportunidades. En comienzos de los noventa era más fácil crear empresa: había más flexibilidad tributaria, los costos laborales eran manejables y la competencia era limitada. Mi hermano y yo continuamos solos, y de ese esfuerzo nació Equom Ltda. entre 1991 y 1992. Allí nos enfocamos en una nueva línea: el tratamiento de aguas. Con el tiempo consolidamos un modelo familiar, donde mi esposa entró a jugar un papel importantísimo en la dirección administrativa y financiera de la empresa,
de manera que ampliamos nuestras capacidades industriales.
Lo que empezó como un proyecto pequeño se fortaleció con disciplina comercial y técnica. La resiliencia nos permitió sobrevivir a la crisis, competir con talleres improvisados y, finalmente, ocupar un lugar estratégico en un sector donde hoy pocas empresas ofrecen soluciones completas con valor agregado.
R. PyME: Su empresa está asociada a la sostenibilidad. ¿Por qué es importante que una mipyme incorpore este enfoque?
J.P: En nuestro caso, la sostenibilidad no es un discurso: es el corazón del negocio. Trabajamos con agua, un recurso crítico en un contexto marcado por sequías, cambio climático y presiones sobre la infraestructura hídrica. Además, usamos acero, un material 100% reciclable. Esto nos ha permitido construir una línea de productos ligada directamente a una necesidad esencial del país.
La sostenibilidad también la vivimos puertas adentro. Nuestra planta opera con energía solar, tenemos sistemas de recolección de aguas lluvias, iluminación natural y procesos productivos diseñados para reducir consumo energético. Aunque todavía no contamos con un sistema de
Entrevista a Julio Pineda, CEO del Grupo Empresarial Equom y afiliado ACOPI Bogotá Cundinamarca
medición preciso del ahorro generado, sabemos que los costos energéticos han disminuido y estamos documentándonos para implementar un sistema de medición formal.
Para una mipyme, la sostenibilidad es sinónimo de eficiencia. No solo mejora la reputación, sino que reduce costos, aumenta la vida útil de los equipos y abre oportunidades en mercados donde estas prácticas son requisito. En nuestra experiencia, invertir en sostenibilidad es invertir en competitividad.
R. PyME: ¿Cuáles son las principales apuestas del Grupo Equom en el sector?
J.P: Nuestra apuesta es clara: tecnología para aumentar la productividad. Las mipymes en Colombia siguen siendo muy manuales; eso limita la capacidad de competir. Por eso hemos invertido en automatización, innovación y manufactura avanzada.
Hemos incorporado soldadura láser, dispositivos para automatizar procesos y sistemas que permiten reducir la fatiga del operario. Esto ha acortado tiempos de producción y disminuido la exposición a riesgos. Hoy los procesos los controla la máquina, no el operario, lo que es clave para garantizar calidad y consistencia.
También fabricamos, exportamos e importamos. En aguas, producimos líneas completas para tratamiento residual y potable; en residuos sólidos importamos tecnología italiana. Tenemos un acuerdo con una empresa en Italia con la que compartimos utilidades y fabricamos localmente componentes con valor agregado que cubren hasta el 70% de las necesidades de los proyectos.
Sabemos que en Colombia la competitividad se ve afectada por la infraestructura, los tiempos de importación y tramitología. Pero aun así competimos con grandes jugadores internacionales. Nuestro valor está en el servicio, la ingeniería nacional y la capacidad de personalizar soluciones.
Además, estamos ampliando líneas para la gobernabilidad del agua, tanques para compresores, y exploramos fabricar tanques en aluminio para el sector de transporte pesado. Todo esto responde a tendencias globales y necesidades locales que identificamos desde la ingeniería.
R. PyME: ¿Cuál es la proyección de Equom en los próximos años?
J.P: Nuestra proyección es internacional. Ya estamos exportando a Panamá y Ecuador, con tres y dos exportaciones respectivamente por año. Hoy nuestras exportaciones representan cerca del 20% de nuestras ventas anuales. Hicimos estudios de mercado para Bolivia, Perú y Ecuador, y actualmente participamos en una licitación en Bolivia con un socio del Valle: ellos construyen, nosotros equipamos.
Los competidores en el exterior son globales: europeos, asiáticos, latinoamericanos. Pero tenemos confianza porque nuestra ingeniería es sólida y porque los clientes buscan servicio, tiempos de entrega y personalización. En Colombia somos prácticamente los únicos con más de 30 años de experiencia en esta línea.
Nuestra meta es posicionar la marca Equom en Centroamérica y la Región Andina, fortalecer la planta con nuevos procesos y adquirir un robot industrial el próximo año. Queremos ser una empresa pequeña en tamaño, pero grande en impacto y capacidad técnica.
R. PyME: ¿Qué consejos daría a un emprendedor colombiano?
J.P: Primero, conocer el manejo del dinero. A muchos emprendedores no les enseñan esto y es un grave error. Cuando uno crea una empresa adquiere responsabilidades: fiscales, laborales y financieras. Es indispensable entender impuestos, IVA, obligaciones mensuales y declaración de renta.
Segundo, una administración contable y financiera impecable. Esa es la base de cualquier proyecto. Si la administración falla, la empresa no se sostiene. Las finanzas, la contabilidad y la planeación son las tres patas de una mesa: sin ellas, todo se cae. Tercero, investigar y entender el mercado antes de lanzarse. Hay que saber cómo sostenerse mientras se construye reputación. En Colombia hay oportunidades enormes, pero todo está cada vez más sectorizado. Quien entiende bien su nicho tiene medio camino ganado.
Y finalmente, confiar. Hacer empresa es difícil, pero posible. Requiere disciplina, formación y valentía. Colombia tiene talento, ingenieros brillantes y un mercado amplio por atender. Lo importante es atreverse, enfocarse y trabajar con visión de largo plazo.
Instalaciones
GE Equom
Innovación educativa en Positiva:
Innovación educativa en Positiva
tecnología, bienestar y aprendizaje para la seguridad laboral
Positiva Compañía de Seguros reafirma su compromiso con el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del tejido productivo del país mediante una apuesta decidida por la innovación educativa. La compañía invita a conocer su manera de pensar y trabajar, basada en soluciones flexibles que se adaptan a las necesidades cambiantes de cada empresa y cada persona, garantizando protección frente a riesgos específicos y acompañamiento permanente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Bajo la estrategia Positivamente Más, Positiva ha desarrollado un ecosistema de
Los simuladores incluyen:
innovación que incorpora herramientas tecnológicas avanzadas para fortalecer la gestión del riesgo psicosocial y facilitar procesos formativos más efectivos. Uno de sus componentes principales es el HUB de Innovación, donde se integran experiencias inmersivas, asesoría técnica y modelos pedagógicos de última generación.
Educación inmersiva: aprendizaje seguro y experiencias reales
A través de simuladores de realidad virtual con integración háptica, la educación inmersiva redefine la formación en
• Trabajo seguro en alturas: Refuerza los protocolos de prevención de caídas y uso de sistemas de protección en escenarios inmersivos.
• Trabajo seguro en espacios confinados: Entrénate en ingreso seguro en espacios confinados, aplicando procedimientos normativos.
• Riesgo eléctrico – 5 Reglas de Oro: Aplica en la práctica virtual los lineamientos para trabajo seguro con electricidad.
• Uso de extintores: Practica la selección y uso correcto de extintores frente a conatos de incendio simulados de forma segura.
• Seguridad vial (vehículo liviano y vehículo pesado): Entrena la conducción preventiva de vehículos pesados y livianos en contextos de riesgo vial recreados virtualmente.
seguridad laboral. Estos escenarios tridimensionales permiten experimentar situaciones de riesgo de manera práctica y segura, fortaleciendo la toma de decisiones y la capacidad de respuesta ante emergencias Antes de cada práctica, los participantes reciben una charla técnica guiada por expertos para comprender los protocolos esenciales de actuación. La combinación entre orientación profesional y simulación inmersiva garantiza un aprendizaje profundo, significativo y totalmente controlado.
• Manejo seguro de armas: Aprende protocolos de seguridad y uso responsable en prácticas virtuales de control y custodia de armas de fuego.
• RCP básica: Desarrolla la respuesta inmediata ante paro cardiorrespiratorio con retroalimentación inmersiva en tiempo real.
• Operación segura de montacargas: Perfecciona la operación segura de montacargas, priorizando control de maniobras y prevención de incidentes.
• Seguridad vial en Motocicletas: Fortalece tus destrezas de conducción segura en terrenos complejos y condiciones adversas.
Ruta por las Emociones: bienestar psicosocial con tecnología
Este espacio inmersivo está diseñado para promover el bienestar emocional de los trabajadores mediante experiencias personalizadas que generan calma, energía y motivación. Las empresas pueden evaluar su madurez en salud psicosocial, recibir orientación experta y fortalecer culturas organizacionales más humanas y sostenibles.
Con el respaldo de Positivamente Más, las empresas acceden a herramientas prácticas para:
• Evaluar la madurez de sus empresas en salud psicosocial.
• Consultar con expertos sobre cultura organizacional
• Experimentar entornos que les ayuden a recargar energía
• Aprender técnicas de relajación y meditación
Ludoprevención: aprender jugando con metodología Lego
La metodología de aprendizaje con Lego permite resolver desafíos de forma práctica y colaborativa. Este enfoque lúdico facilita la apropiación de conceptos clave en SST, impulsa la comunicación y fortalece habilidades sociales indispensables para la gestión del riesgo.
Con estas herramientas, Positiva consolida una oferta educativa moderna, cercana y eficaz, orientada a elevar la seguridad laboral, mejorar el bienestar y apoyar la productividad empresarial.
LLa asociatividad empresarial: una estrategia para crecer, fortalecer y proteger la industria nacional
Por Nohora Fonseca Directora de Proyeccion Social y Centro de Innovacion Empresarial de la ECCI por más de 10 años y segunda Vicepresidenta de Acopi Bogotá Cundinamarca
a asociatividad empresarial ha sido ampliamente estudiada y definida desde diferentes perspectivas. Porter (2008) señala que la ventaja competitiva surge de las relaciones entre empresas, proveedores, clientes y competidores dentro de un mercado, lo que abre la puerta a la necesidad de asociarse entre empresarios de un mismo sector. Para Orozco & Arraut (2012), los procesos asociativos facilitan compartir técnicas, tecnologías y mejorar el acceso al sistema financiero.
Otros enfoques la entienden como la unión de voluntades, iniciativas y recursos entre empresas alrededor de objetivos comunes, un proceso que exige compromiso y disciplina. Pérez & Múnera (2007) la definen como la capacidad de una cadena productiva para trabajar colectivamente en esquemas que disminuyan costos y mejoren la sincronización para aumentar la competitividad. Desde ACOPI, se concibe como un mecanismo voluntario de cooperación entre pequeñas y medianas empresas, manteniendo cada una su autonomía jurídica y gerencial, pero articulándose para alcanzar metas conjuntas.
De estas definiciones se desprenden tres elementos comunes:
• La asociatividad permite optimizar recursos técnicos, tecnológicos y financieros para alcanzar objetivos compartidos.
• Contribuye a mejorar procesos que incrementan la productividad de las MiPymes.
• Fortalece las relaciones con competidores, clientes y proveedores, mejorando la competitividad empresarial.
Ante la pregunta de cómo lograr que la asociatividad contribuya realmente al fortalecimiento de procesos, relaciones y productividad, una respuesta clara para las MiPymes es afiliarse a la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), organización que promueve de manera efectiva este enfoque. ACOPI es el gremio empresarial más importante del país para las MiPymes. Fue creada en 1952 como entidad sin ánimo de lucro y hoy cuenta con 13 seccionales en distintos departamentos. Integra empresas de sectores como industria manufacturera, agroindustria, comercio y servicios. Su misión histórica ha sido proteger y promover la producción nacional y el empleo, reconociendo a las MiPymes como un eje fundamental del desarrollo económico.
Su misión consiste en representar los intereses de las MiPymes, incidiendo en la política pública para impulsar la producción y el empleo nacional. Su visión es consolidarse como referente nacional del sector productivo MiPyme, por su impacto en el desarrollo empresarial y su contribución a la economía del país.
Entre sus principales funciones se encuentran: promover los principios de la libre empresa; representar a los afiliados ante entidades locales, nacionales e internacionales; apoyar la creación, formalización y fortalecimiento de las MiPymes; y servir como órgano consultivo ante los entes territoriales. Además, ACOPI desarrolla programas de apoyo empresarial, formación y acompañamiento, convirtiéndose en un actor clave para el crecimiento del tejido productivo.
Por estas razones, la afiliación a ACOPI Bogotá–Cundinamarca se presenta como una estrategia efectiva para que las MiPymes adopten la asociatividad empresarial como herramienta para crecer, fortalecerse y proteger la industria nacional.
Innovación universitaria al servicio de las MiPymes y la Economía Circular
En junio del presente año se estableció un convenio de colaboración académica entre ACOPI Bogotá–Cundinamarca y la Universidad Central, con el propósito de abrir espacios para que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas se acercaran a la realidad productiva de la ciudad. Durante el segundo semestre de 2025, cerca de 90 estudiantes de distintas disciplinas visitaron empresas, conocieron de primera mano sus procesos y analizaron las oportunidades y retos que enfrenta el sector de polímeros para incorporarse de manera efectiva a la Economía Circular.
A través de los llamados Proyectos de Interacción e Intervención con el Entorno, este convenio se consolida como un puente entre la academia y el tejido empresarial. Los proyectos, formulados y desarrollados por los estudiantes como parte de su formación
profesional, tienen como objetivo aportar a la transformación productiva sostenible de las MiPymes en Bogotá, impulsando una transición adecuada hacia la Economía Circular como un factor clave para preservar la competitividad empresarial.
Entre las problemáticas identificadas por los estudiantes —y que se proyectan como oportunidades para futuros desarrollos— se encuentran:
• La necesidad de generar valor en cadenas de recuperación de materiales de difícil reciclaje.
• La implementación de prácticas responsables que mejoren la recuperación de materiales en entornos domésticos e institucionales, involucrando activamente a la ciudadanía.
• La optimización de eslabones productivos y de recuperación mediante el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial e infraestructura especializada.
Esta articulación a largo plazo busca contribuir a la formación de una nueva generación de profesionales comprometidos con la sostenibilidad y la productividad del país, al tiempo que ofrece a las empresas propuestas e ideas innovadoras para fortalecer su operación y promover su crecimiento empresarial.
Por Leticia Fernández, docente de la Universidad Central
Ecopetrol atraviesa su crisis más profunda en décadas. La caída de sus indicadores financieros, la reducción de reservas, los escándalos alrededor de su presidente Ricardo Roa y la política anti-exploración del Gobierno Petro han puesto en riesgo la seguridad y soberanía energéticas del país. Expertos advierten que frenar la exploración debilitó la capacidad de Colombia para garantizar autosuficiencia y sostener el crecimiento económico, justo cuando se necesitará duplicar el consumo energético para avanzar hacia la industrialización.
Analistas, exdirectivos y trabajadores de Ecopetrol coinciden en que el mundo no está sustituyendo unas fuentes por otras, sino sumando energías para responder a la demanda. Colombia emite apenas el 0,5% de los GEI globales y su matriz es una de las más limpias de la región gracias al peso de la generación hidroeléctrica, mientras que más del 50% de las emisiones proviene de la deforestación. Por eso, castigar la producción interna de petróleo y gas resulta ineficaz para el clima y perjudicial para el desarrollo.
La crisis de Ecopetrol no puede entenderse sin analizar la política energética impulsada por el Gobierno Petro. La decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración redujo las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol y aumentó la incertidumbre en los mercados. En un país cuya seguridad energética depende del petróleo y el gas, este cambio abrió un riesgo que recuerda los años 70 y 80, cuando Colombia tuvo que importar combustibles por falta de reservas.
En contraste, países como Brasil, Estados Unidos, Guyana, China y Reino Unido están expandiendo producción. La Agencia Internacional de Energía proyecta que
La política energética de Petro
está golpeando
a Ecopetrol:
por qué su deterioro amenaza a toda Colombia
Por Sara Osorio, Investigadora de Cedetrabajo.
entre 2023 y 2028 la producción mundial crecerá en 5,8 millones de barriles diarios. En este contexto, si Ecopetrol deja de producir, otros actores ocuparán su lugar, mientras la demanda global de petróleo y gas seguirá siendo robusta.
El deterioro financiero de Ecopetrol es evidente: en el tercer trimestre de 2025 las utilidades cayeron cerca del 30%, la acción perdió más del 40% de su valor desde 2022 y las transferencias al Gobierno bajaron de $58 billones en 2023 a $42 billones en 2024
En un contexto de alto déficit fiscal, la ausencia de dividendos extraordinarios para 2025 confirma el debilitamiento progresivo de la empresa.
El litigio con la DIAN por el cobro retroactivo de IVA a combustibles importados, que podría llegar a $21 billones, agrava el panorama.
Gobernanza fracturada y decisiones que ponen en riesgo los activos estratégicos
Ecopetrol atraviesa una crisis de gobernanza marcada por investigaciones contra su presidente, Ricardo Roa, por su rol en la campaña presidencial en 2022, presuntas irregularidades contractuales e injerencias del presidente Petro en decisiones estratégicas. Estos escándalos, sumados a interceptaciones internas, consultorías cuestionadas y conflictos de interés, han debilitado la confianza y acelerado la renuncia de miembros independientes de la Junta Directiva, reduciendo la autonomía técnica de la empresa.
A este clima de inestabilidad se suma la controversia por la posible venta del Permian, la operación de Ecopetrol en Texas
en alianza con Oxy, promovida por razones ideológicas; es el activo más rentable de Ecopetrol, con márgenes EBITDA del 76% y aporte de cerca del 15% de la producción total. Aunque la venta ha sido desmentida, la sola discusión genera incertidumbre en los mercados. Paralelamente, la empresa ha incrementado inversiones en proyectos de energía renovable que el sector privado considera de alto riesgo, como eólicos y solares con dificultades de licenciamiento, oposición social y baja rentabilidad.
Reservas en declive, panorama operativo complejo y crisis provocada
La situación operativa también muestra señales de alerta. Reficar ha presentado fallas eléctricas que afectan el suministro nacional y podrían impactar la producción. El índice de reposición de reservas cayó a 48% en 2023, un nivel alarmante que indica que Ecopetrol no repone ni la mitad del petróleo que produce. Sin nuevos contratos de exploración, las reservas podrían agotarse en menos de una década.
La situación de Ecopetrol es el resultado de una mezcla explosiva de decisiones políticas, incertidumbre estratégica, deterioro financiero y crisis de gobernanza.
La política del Gobierno Petro de frenar la exploración sin una transición energética viable creó un vacío que hoy compromete las reservas, la producción y la estabilidad fiscal del país. La empresa que por décadas ha sostenido buena parte del presupuesto nacional enfrenta ahora una fragilidad estructural que amenaza a toda Colombia.
Imagen generada por IA con Canva
Hacia dónde van las relaciones con Estados Unidos bajo el gobierno Petro
Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan un momento tenso: sin cambios reales en el TLC, con nuevos aranceles desde Washington y con una escalada retórica de Petro que coincide con la recta final de su mandato.
Aunque el presidente Gustavo Petro llegó al poder prometiendo renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) y redefinir la política exterior hacia Washington, el balance a menos de un año de su salida del cargo muestra algo distinto. No hubo cambios reales en el acuerdo bilateral, la relación comercial se mantuvo en el mismo marco institucional y la administración Trump impuso un arancel general del 10% que afectó a casi un tercio de las exportaciones colombianas.
Lo que sí cambió fue el tono. A pocos meses de dejar el poder, Petro elevó su discurso contra Donald Trump. Un giro que analistas interpretan como parte de su estrategia electoral: proyectarse como un líder de alcance global, mostrar distancia con Washington en la recta final del mandato y convertir el discurso soberanista en un activo político ante su base.
La relación comercial no cambió
Durante la campaña de 2022, Petro aseguró que renegociaría el TLC para equilibrar el comercio, defender la producción nacional y corregir asimetrías. Sin embargo, ese objetivo rápidamente se transformó. Pasó de “renegociación” a “revisión”, y finalmente terminó en una Declaración Interpretativa Conjunta sobre inversiones, firmada en enero de 2025.
Esa declaración no modificó ningún capítulo del Tratado. No alteró reglas de inversión,
acceso a mercados ni propiedad intelectual. Se trató de un documento explicativo sin carácter vinculante, útil sólo como guía para tribunales arbitrales internacionales.
El balance oficial presentado al Congreso en 2025 muestra que hubo reapertura de comités técnicos, diálogos sectoriales e investigaciones puntuales, como el caso de subsidios a la leche en polvo, pero ninguno de estos elementos cambió la estructura real del acuerdo. La promesa de renegociar el TLC terminó reducida a gestos diplomáticos sin efectos materiales.
Aranceles de Estados Unidos y su impacto en el comercio bilateral
Los nuevos aranceles de Estados Unidos afectan especialmente a las manufacturas, textiles, químicos y metalmecánica. Este golpe es crítico para la economía colombiana, considerando que en 2024 el país destinó el 27% del total de su comercio exterior al mercado estadounidense.
El gobierno intentó frenar la escalada mediante una reunión en octubre de 2025 entre el presidente Petro, el embajador Daniel García-Peña y el encargado de negocios John McNamara. Allí se acordó mantener canales diplomáticos abiertos, pero el impacto económico ya había sido advertido por gremios y centros de investigación.
La coyuntura coincide con un deterioro fiscal notable: Descertificación en la lucha antidrogas, pérdida de grado de inversión, suspensión de la Línea de Crédito Flexible del FMI y aumento del déficit fiscal.
Tensión diplomática creciente
Durante buena parte del mandato, Petro mantuvo una relación con Estados Unidos. Evitó confrontaciones mayores, mantuvo la cooperación militar y no modificó el TLC. A partir de 2025, el presidente empezó a elevar el tono en foros internos y externos.
En el Consejo de Ministros del 29 de septiembre, Petro habló de suspender acuerdos, imponer aranceles verdes y denunciar injerencias de Washington. También afirmó que ni él ni la canciller tenían visa para asistir a la ONU, calificando la situación como una violación al derecho internacional. La escalada retórica incluyó críticas a la dependencia tecnológica, aduanera y militar frente a Estados Unidos.
Aunque estas declaraciones generaron ruido político, no se tradujeron en cambios institucionales. Lo que sí dejaron fue un ambiente de confrontación que marca el tramo final del gobierno.
Confrontación con Donald Trump
La tensión entre Petro y Trump ha tornado la diplomacia en espectáculo. El uso de las redes sociales como canal para manejar asuntos internacionales refleja la improvisación con la que se están abordando temas estratégicos de la política exterior.
Estas disputas, sin embargo, no generaron cambios estructurales en la relación bilateral. No hubo ruptura, no hubo suspensión del TLC, no hubo modificación de cooperación militar.
Tras tres años de pragmatismo, el presidente endurece sus posiciones justo mientras crece la tensión electoral interna. Para analistas, la confrontación con Trump ofrece a Petro una narrativa de liderazgo global, más útil de cara a la campaña que como herramienta de política exterior.
Por Enrique Daza, Director Cedetrabajo
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NOTAS ECONÓMICAS
Presupuesto 2026: recortes, ingresos inciertos y una economía sin rumbo productivo
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 expone la fragilidad fiscal del país: recortes sin una estrategia clara, un gasto rígido que compromete el 84% del total y fuentes de ingreso inciertas. En conjunto, estos factores muestran que el Estado carece del margen necesario para transformar la economía y recuperar una senda sólida de crecimiento.
Colombia llega a esta discusión en un momento complejo. Desde la pandemia, las finanzas públicas están cobijadas por la cláusula de escape de la Regla Fiscal, un mecanismo excepcional que permite superar temporalmente los límites de déficit y deuda. Aunque el Gobierno presenta el presupuesto como el inicio de un ajuste “ordenado y creíble” para volver a la Regla Fiscal en 2028, el análisis de fondo revela un panorama menos optimista.
El Congreso aprobó un presupuesto de $546 billones, tras un recorte de $10 billones frente al proyecto inicial. Aun así, el PGN quedó desfinanciado en más de $16 billones por el hundimiento de la Ley de Financiamiento. Sin embargo, la desfinanciación es solo un síntoma: el país arrastra un estancamiento productivo que limita su capacidad de generar ingresos, empleo y crecimiento sostenible.
Regla Fiscal en pausa: más margen, menos credibilidad
La activación de la cláusula de escape suspendió por tres años los límites fiscales. En teoría, esta medida da espacio para enfrentar choques económicos; en la práctica, debilita la credibilidad fiscal y encarece el financiamiento. El déficit del Gobierno Nacional Central cerró 2024 en 6,7% del PIB y para 2025 se proyecta entre 6,7% y 7,1%, niveles comparables a los de la pandemia. A septiembre de 2025, el déficit se ubica en 5,4% del PIB, mientras el déficit primario llega a 1,9%, lo que evidencia que el país se endeuda incluso para cubrir su funcionamiento básico. El PGN 2026 no enfrenta las raíces del déficit: baja capacidad de recaudo, gasto inflexible y creciente costo del servicio de deuda.
Dependencia de ingresos inciertos y un ajuste débil
La propuesta inicial del Presupuesto dependía de una reforma tributaria que prometía $26,3 billones en nuevos ingresos. Tras su caída, el Gobierno lanzó el Plan de Reactivación Económica, basado en amnistías tributarias, normalización, créditos sectoriales y exenciones para sectores como transporte, turismo y energías renovables. Se trata de medidas altamente inciertas: dependen de la voluntad de pago de morosos y de incentivos que históricamente han tenido resultados modestos. Apoyar la sostenibilidad fiscal en fuentes tan volátiles debilita la credibilidad del ajuste.
Del lado del gasto, los recortes exhiben las tensiones de un Estado con un margen fiscal cada vez más limitado. Hacienda, Trabajo e Inclusión Social absorbieron el 90% del recorte total:
• Hacienda pierde más de $2,7 billones, debilitando programas clave para la estabilidad macroeconómica.
• Trabajo sufre un recorte de $2,6 billones, golpeando políticas de empleo en un país donde la informalidad supera el 50%.
• Inclusión Social reduce $2 billones, comprometiendo las transferencias monetarias y la seguridad alimentaria en un contexto de pobreza estancada.
En contraste, los organismos de control recibieron aumentos cercanos a $500.000 millones, la Presidencia obtuvo $300.000 millones adicionales y Transporte y Salud registraron ajustes al alza. Aunque algunos incrementos responden a obligaciones previas, otros revelan que la asignación del gasto sigue marcada por prioridades políticas y no por un proyecto de desarrollo coherente.
El PGN 2026 confirma que el principal problema no son los recortes, sino la rigidez estructural del gasto público. El 84% está comprometido en funcionamiento y servicio de deuda; solo el 16,1% corresponde a inversión, una cifra insuficiente para dinamizar la economía.
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El gasto de funcionamiento, 66% del total, crece incluso en términos reales. Mientras tanto, el servicio de la deuda asciende a $100,4 billones (18,4%), cifra que supera toda la inversión pública ($88,4 billones). Esto significa que Colombia destina más recursos a pagar intereses que a construir infraestructura, apoyar la producción o impulsar la innovación.
Además, parte del presupuesto de 2026 se usará para cubrir obligaciones de 2025, evidenciando que la política fiscal opera bajo restricciones severas y que el margen para reorientar el gasto hacia prioridades productivas es prácticamente nulo.
Cinco sectores —Deuda, Educación, Salud, Defensa y Trabajo— concentran más del 70% del presupuesto. Aunque son esenciales, su peso creciente limita la capacidad del Estado para impulsar proyectos que aumenten la productividad, modernicen la estructura económica y generen empleo formal.
El PGN 2026 termina siendo un ejercicio de administración coyuntural, no un instrumento para transformar el modelo económico. La falta de una agenda productiva clara sigue siendo el principal obstáculo para una consolidación fiscal real y sostenible.
Aunque el Gobierno habla de un ajuste gradual y responsable, el presupuesto evidencia un Estado atrapado entre ingresos insuficientes, obligaciones rígidas y presiones políticas. La economía continúa sin un rumbo productivo claro y con un modelo de financiamiento que depende de medidas temporales.
En este contexto, Colombia enfrenta un doble desafío: ordenar sus cuentas públicas y construir una agenda productiva que permita superar el estancamiento. Sin una estrategia de crecimiento real, cualquier ruta hacia el equilibrio fiscal será frágil y difícil de sostener.
Por Miguel Ángel
Rodríguez Investigador de Cedetrabajo
Del discurso al estancamiento: una reindustrialización que avanzó menos de lo prometido.
Cuando se lanzó la Política Nacional de Reindustrialización, el país recibió el anuncio como una oportunidad: diversificar la economía, reducir la dependencia extractiva y fortalecer sectores capaces de generar empleo, tecnología y competitividad. La hoja de ruta era ambiciosa y necesaria. Sin embargo, a lo largo del gobierno, la implementación no logró alinearse con el alcance de las metas anunciadas.
El CONPES 4129 de 2023 establecía apuestas estratégicas como la transición energética, la agroindustria, la industria de la salud y el sector defensa. Todas fundamentales para que Colombia pudiera modernizar su aparato productivo y mejorar su participación en cadenas globales de valor. No obstante, la política avanzó con limitaciones importantes y con señales de debilitamiento a medida que avanzó el periodo presidencial.
El primer obstáculo fue el presupuesto: USD 1.800 millones para diez años, claramente insuficientes para el nivel de transformación que se planteaba. Esta brecha se amplifica si se compara con países como Brasil, que destinó USD 60.000 millones para un periodo mucho menor. A pesar de tener un diagnóstico acertado y una estrategia clara, la política nunca contó con los recursos necesarios para volverse estructural.
El segundo desafío provino de la misma institucionalidad pública. La reindustrialización exige continuidad, articulación y ejecución sostenida, pero durante el actual gobierno prevalecieron dificultades de coordinación, retrasos en
implementación y una baja capacidad para traducir las metas del Plan Nacional de Desarrollo en acciones concretas. Esto terminó frenando lo que se anunciaba como un giro profundo en el modelo productivo del país.
A ello se sumaron elementos que generaron incertidumbre: cambios de rumbo en la narrativa económica, discusiones inconclusas sobre una posible renegociación de los TLC y, especialmente, mensajes contradictorios sobre el futuro de Ecopetrol. Esta última situación es particularmente sensible, ya que la empresa es la principal fuente de exportaciones e ingresos públicos del país. La falta de claridad afectó la confianza de inversionistas y dificultó definir su participación en la transición energética, uno de los pilares centrales de la política.
En medio de este panorama, sí se registraron avances. En el segundo trimestre de 2025, los sectores priorizados exportaron USD 7,4 mil millones, crecieron 18,1% y representaron el 65% de las exportaciones totales. La agroindustria lideró con un incremento del 43,3% y un notable superávit comercial, mientras que el sector salud continuó expandiéndose. Sin embargo, las exportaciones conjuntas mantuvieron un déficit de USD 5,9 mil millones y la concentración territorial en Antioquia, Bogotá y Cundinamarca evidenció que los beneficios no se extendieron homogéneamente por el país.
En la industria, los resultados también fueron mixtos. Algunas actividades crecieron con fuerza –como la trilla de café (35%) o ciertos equipos de transporte
Por María Alejandra Osorio, Directora Ejecutiva – ACOPI Bogotá Cundinamarca
(32,4%)– pero otras cayeron de manera significativa, reflejando una recuperación desigual y sin efectos amplificados. La manufactura sigue representando una proporción menor del PIB frente a décadas anteriores, lo que refuerza la necesidad de una estrategia industrial más robusta y sostenida.
A menos de un año del cierre de gobierno, la conclusión es que la reindustrialización avanzó, pero mucho menos de lo que se anunció. Las restricciones de recursos, la baja ejecución y la falta de coordinación terminaron limitando el alcance de una política que tenía un enorme potencial transformador.
El país no puede renunciar a esta agenda. La reindustrialización es una tarea de largo plazo que exige claridad, consistencia y un compromiso institucional que trascienda los ciclos políticos. La lección de estos años es clara: no basta con tener el diagnóstico ni las intenciones; se requiere capacidad, planificación y disciplina para convertir un propósito nacional en resultados tangibles.
“Colombia aún tiene la oportunidad de reindustrializarse, pero requiere consistencia, inversión y una visión que trascienda los ciclos políticos.”
Día Mundial de la
MiPyme 2025: una agenda que exige acción inmediata del sector público y empresarial
El pasado 26 de junio, ACOPI Bogotá–Cundinamarca conmemoró el Día Mundial de la MiPyme 2025 con un evento que superó expectativas y se consolidó como una plataforma estratégica para discutir los desafíos urgentes del futuro productivo del país. La jornada, realizada en el Centro de Convenciones CAFAM Floresta y organizada en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y CAFAM, reunió a una audiencia altamente calificada y abrió un espacio de articulación sin precedentes.
La conversación de este año trascendió el crecimiento empresarial para centrarse en tres ejes que marcarán la competitividad del país: sostenibilidad, transición energética e internacionalización. Dimensiones que exigen coordinación inmediata entre el Estado, los gremios y el tejido empresarial. La edición 2025 convocó a más de 450 líderes empresariales y alcanzó 686 visualizaciones en vivo entre YouTube y Facebook, confirmando su posición como uno de los eventos gremiales más relevantes del país. Pero el verdadero valor estuvo en la calidad del público: alrededor del 75% fueron dueños, gerentes y directivos, principalmente de los sectores Servicios (26.5%), Industria (25.5%) y Comercio (15.7%). Este perfil reafirma a ACOPI como un espacio de decisión y articulación estratégica.
La agenda académica abordó asuntos que hoy ocupan el centro de la preocupación de las MiPymes. Una de las ponencias más destacadas fue “MiPymes y Sistemas de Protección a la Vejez”, que evidenció la necesidad de crear mecanismos de cotización más flexibles y sostenibles, adaptados a la realidad financiera del pequeño empresario y su talento humano. Expertos de la academia, instituciones públicas y empresas líderes discutieron sobre nuevos escenarios regulatorios, transición energética, acceso a mercados globales y transformación digital.
La conclusión fue unánime: las MiPymes no pueden enfrentar solas estas transiciones. Se requiere una política pública coherente, institucionalidad ágil y un compromiso real de las grandes empresas para integrar proveedores locales a sus cadenas de valor.
Una de las grandes novedades del evento fue la primera Rueda de Conexión con Empresas Ancla, realizada con ONUDI. Este espacio permitió un acercamiento directo entre MiPymes y organizaciones como Ecopetrol, Cotecmar, Satena, Hospital Militar, Grupo Tequendama, Eolo Motors, Lógica, Empospato, Lizard Motors, ICFE y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, entre otras.
La interacción permitió a cientos de MiPymes conocer de primera mano las necesidades reales del mercado, identificar oportunidades de proveeduría y ajustar sus capacidades a estándares más exigentes. El balance fue positivo: las empresas ancla destacaron el nivel técnico del empresariado y la importancia de estos espacios para dinamizar la industria nacional.
Para ACOPI Bogotá–Cundinamarca, esta conmemoración reafirmó un liderazgo gremial activo y orientado a resultados. Las métricas posevento lo respaldan: el 80% de los participantes manifestó interés en asistir nuevamente y el 70% calificó con 10/10 la probabilidad de recomendar el encuentro. Estas cifras reflejan confianza en una agenda que trasciende la coyuntura y promueve una visión de transformación productiva.
La Dirección Ejecutiva de ACOPI Bogotá señaló:
“El éxito del Día Mundial MiPyme 2025 demuestra la necesidad de espacios de conexión, aprendizaje y promoción de oportunidades. Nuestro compromiso es seguir liderando
escenarios que brinden herramientas concretas y faciliten la vinculación con aliados estratégicos”.
En un entorno marcado por la transición energética, nuevas exigencias regulatorias e inestabilidad económica, las MiPymes requieren acompañamiento real, información precisa y alianzas efectivas.
Desafíos y oportunidades para 2025 y 2026
Del diálogo entre panelistas y empresarios surgió una hoja de ruta clara para el país: Transición energética con incentivos reales para MiPymes.
1. Transición Energética con incentivos reales para MiPymes. Persisten costos elevados y barreras técnicas. Se necesitan líneas de financiación, pilotos sectoriales y laboratorios de experimentación.
2. Internacionalización con enfoque territorial. Diversificar mercados implica certificaciones, logística, cumplimiento normativo y fortalecimiento de proveedores.
3. Simplificación de trámites y articulación estatal. La falta de coordinación institucional sigue siendo una de las principales barreras para la productividad.
Un compromiso que continúa
El Día Mundial de la MiPyme 2025 dejó reflexión, acción y una comunidad empresarial movilizada. ACOPI Bogotá–Cundinamarca reiteró su compromiso de fortalecer el tejido empresarial a través de espacios de alto impacto. En un país donde las MiPymes representan más del 90% del aparato productivo, el desafío es enorme, pero con liderazgo y visión compartida, el camino hacia una competitividad sostenible se vuelve posible.
I Simposio Nacional de Cannabis Medicinal e Industrial: innovación, salud y oportunidades para una nueva industria
ACOPI Bogotá Cundinamarca, en alianza con Hierbabuena Revista y con el apoyo de la Universidad Central, convocó el I Simposio Nacional de Cannabis Medicinal e Industrial, un encuentro que reunió a empresarios, académicos, investigadores, emprendedores y líderes sectoriales para analizar el futuro del cannabis en Colombia. Más que una conversación técnica, el simposio se convirtió en un espacio de diagnóstico y de proyección estratégica para un sector que, pese a su potencial, continúa operando en un entorno cargado de incertidumbre. La conclusión fue clara: el cannabis puede ser un motor de innovación, salud y desarrollo productivo, pero para lograrlo se requiere coherencia regulatoria, articulación institucional y una visión de largo plazo.
El encuentro evidenció dos realidades que avanzan en direcciones opuestas. Por un lado, el creciente interés del sector privado, de la academia y de los territorios que ven en el cannabis una oportunidad para diversificar su economía, sofisticar su estructura productiva y generar empleo formal. Por otro, una notoria falta de compromiso institucional, reflejada en la ausencia de entidades clave del Gobierno, especialmente aquellas encargadas de regulación, vigilancia y apoyo empresarial. Esta brecha entre el dinamismo del sector y la falta de acompañamiento estatal fue una de las principales preocupaciones discutidas en los paneles.
Colombia cuenta con ventajas comparativas que la posicionan como un actor competitivo en la industria global del cannabis: diversidad de climas, costos operativos razonables, talento técnico capacitado y un ecosistema de innovación que ha crecido en torno a universidades y centros de investigación. Sin embargo, los panelistas coincidieron en que estas fortalezas se ven erosionadas por un entorno normativo hiperregulado, con trámites lentos, duplicados y, en ocasiones, contradictorios. El impacto es especialmente severo para las mipymes, que enfrentan mayores dificultades para cumplir requisitos, acceder a financiamiento, asumir costos regulatorios y sostener procesos prolongados de aprobación. Según los expertos, una regulación más simple, coherente y orientada a resultados permitiría fortalecer el mercado interno, generar confianza en los inversionistas y consolidar cadenas de valor integradas. Una gobernanza articulada
permitiría fortalecer el mercado interno e impulsar la producción de mayor valor agregado.
La ciencia ocupó un lugar central durante el simposio. Investigadores y académicos presentaron avances en cannabis veterinario, aplicaciones para la salud mental, modelos farmacéuticos. De estas discusiones surgió un mensaje reiterado: sin desarrollo tecnológico propio, Colombia seguirá dependiendo de innovaciones importadas, lo que limita su capacidad de competir en mercados globales y de capturar valor agregado. El país necesita fortalecer su capacidad de investigación, impulsar la transferencia de tecnología y conectar a laboratorios, universidades y empresas para avanzar hacia productos diferenciados.
El evento también destacó el potencial del cannabis para dinamizar economías locales y generar impactos sociales positivos. En regiones afectadas por economías ilícitas o por bajos niveles de empleabilidad, el cannabis medicinal e industrial representa una alternativa productiva que puede transformar comunidades, generar empleos calificados y promover encadenamientos con sectores como el agro, la salud, la cosmética y la biotecnología. En el marco de una reindustrialización más inclusiva, el cannabis aparece como una industria estratégica para la diversificación económica del país.
Un punto crítico abordado fue la necesidad de avanzar hacia una política pública integral. Hoy, la regulación del cannabis se encuentra fragmentada entre entidades que no siempre actúan de manera coordinada, lo que genera inseguridad jurídica, vacíos normativos y decisiones contradictorias. Los panelistas insistieron en que el país necesita una gobernanza sectorial clara, con responsables definidos, reglas estables y mecanismos ágiles para la toma de decisiones. Sin esta articulación, la industria seguirá enfrentando obstáculos que frenan la inversión y limitan su capacidad de escalar.
El simposio también expuso la urgencia de fortalecer el mercado interno, no solo la exportación. Mientras países como Alemania, Portugal, Canadá o Australia avanzan hacia modelos integrados de producción, distribución y comercialización, Colombia continúa dependiendo en gran medida de la variabilidad de mercados externos.
Contar con un mercado interno más robusto permitiría estabilizar ingresos, promover innovación farmacéutica local y aumentar la competitividad internacional.
Otra de las conclusiones centrales fue la importancia de generar información técnica accesible y fortalecer la trazabilidad sectorial mediante herramientas estadísticas adecuadas. En particular, se destacó la necesidad de avanzar en la creación de CIIU específicos para la industria del cannabis, una iniciativa impulsada por ACOPI ante el DANE, entidad que ha reconocido la pertinencia de contar con clasificaciones diferenciadas para reflejar la realidad productiva del sector. Contar con estos códigos no solo brindaría respaldo institucional, sino que permitiría una mejor caracterización y medición cualitativa y cuantitativa de la actividad económica, facilitando la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Además, disponer de información precisa contribuiría a enfrentar otra tarea urgente: superar la estigmatización histórica que aún rodea al cannabis.
La industria requiere claridad normativa, pedagogía y una narrativa pública que reconozca su potencial para la salud, la economía y el desarrollo territorial, sin renunciar a controles rigurosos y buenas prácticas empresariales. En este propósito, los panelistas resaltaron el papel de los gremios, las universidades y las publicaciones especializadas en la divulgación de conocimiento y en acercar la evidencia científica a la ciudadanía.
Finalmente, el simposio cerró con un mensaje contundente: la oportunidad está ahí, pero no se materializará sin voluntad política.
El país necesita decisiones claras que permitan al sector avanzar sin la incertidumbre que hoy lo limita. ACOPI reiteró su compromiso con fortalecer esta industria estratégica, apoyar a los empresarios —especialmente a las mipymes— y promover una agenda que combine innovación, transferencia tecnológica, seguridad jurídica y una visión de futuro. Si Colombia desarrolla una política coherente, apuesta por la ciencia y ordena su gobernanza institucional, el cannabis puede convertirse en un motor de salud, progreso y productividad para el país.
La estrategia Conexión Mipymes se consolidó como el motor de negocios en la FIB 2024
Impulsada por ACOPI y Colombia Productiva, dejó los mejores resultados empresariales de la feria. Aunque la FIB tuvo menos visitantes, Conexión Mipymes multiplicó contactos, cerró negocios y abrió oportunidades para 71 empresas que hoy proyectan crecimiento acelerado.
Esta estrategia fue diseñada para impulsar la reindustrialización y fortalecer encadenamientos. Su alcance se reflejó en tres actividades centrales: el espacio de relacionamiento, la Rueda de Conexión y la Rueda Fintech. Participaron mipymes de manufactura, agroindustria, logística, comercio y tecnología; 56% asistió a actividades académicas y 44% expuso con stand, que recibieron entre 8.100 y 10.600 visitas, logrando una visibilidad destacada.
Contactos y negocios por encima de lo previsto
Los resultados superaron las proyecciones: 1.500 contactos en feria, 160 en la Rueda de Conexión y un total de 2.780 conexiones reportadas por 51 empresas. El 92% logró los contactos esperados, clasificados principalmente como clientes potenciales (49%), proveedores (19%) y aliados estratégicos (11%), con mayor demanda en sectores como agroindustria, tecnología y manufactura, que concentraron la mayor demanda de conexiones, representando entre el 20% y el 29% del total.
En términos de negocios, la estrategia dejó uno de los balances más sólidos de la feria: 170 negocios cerrados durante o después del evento, $421 millones en acuerdos comerciales, un incremento del 147% sobre las expectativas previas, y una proyección de $1.625 millones adicionales en los próximos seis meses para el 80% de las empresas.
El papel clave de la Rueda Fintech
La Rueda Fintech desempeñó un papel clave al facilitar acceso a soluciones financieras innovadoras. El 24% de las mipymes expresó interés en utilizar servicios fintech, especialmente factoring (42%), crédito digital (25%) y confirming (8%). Las empresas que participaron exclusivamente en esta rueda cerraron acuerdos por $83 millones y proyectan otros $135 millones. El espacio también fortaleció cadenas productivas, con el 60% destacando el networking como el mayor valor agregado y el 40% identificando nuevas oportunidades con empresas ancla y aliados comerciales.
Satisfacción sobresaliente
El nivel de satisfacción fue sobresaliente. Las mediciones NPS registraron 87% en recomendación de la feria, 78% en intención de volver, 74% en recomendación de las ruedas de conexión y 75% de satisfacción con la comunicación y el acompañamiento de ACOPI. Los empresarios resaltaron la organización, la logística y la efectividad de la estrategia como factores decisivos del éxito.
Fusión en telecomunicaciones: ¿solución o el golpe final a la competencia?
El mercado de las telecomunicaciones en Colombia, especialmente en telefonía móvil e internet móvil y fijo, suele presentarse ante la ciudadanía como un entorno de libre competencia, con múltiples jugadores y regulación estatal a través de instituciones bien definidas, dotadas de instrumentos destinados a procurar varios objetivos, como cobertura y acceso universal, calidad y oportunidad en la prestación del servicio, innovación sectorial, impulso de la sana competencia, control de los abusos de posición dominante, y la protección de los derechos de los consumidores, entre otros.
En teoría, el diseño institucional del sector está construido para cumplir esa promesa: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) como formulador de política pública, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) como órgano técnico encargado de promover la competencia, y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como autoridad de competencia y vigilancia del consumidor.
A nivel mundial, la estructura del mercado, por su naturaleza económica y técnica, tiende a la concentración. Su funcionamiento exige inversiones multimillonarias en espectro, redes, despliegue, mantenimiento y actualización, lo que hace inviable una competencia atomizada. Los costos hundidos, las economías de escala y las barreras de entrada configuran un escenario en el que solo unos pocos actores pueden sostenerse y donde el mercado tiende naturalmente al monopolio o al oligopolio.
Por lo anterior, el sector no puede “autoregularse” como plantea el primer teorema del bienestar, según el cual el mercado alcanza un equilibrio eficiente sin intervención externa. El simple juego de la oferta y la demanda no corrige los desequilibrios estructurales. Incluso bajo los postulados del propio teorema, la configuración del sector impediría llegar a un equilibrio eficiente.
A ello se suma un marco jurídico que reconoce la libre competencia y la protección de los consumidores como derechos colectivos de nivel constitucional. Esto implica que el Estado debe intervenir como garante activo que evite abusos, reduzca distorsiones y
asegure un funcionamiento equitativo. En telecomunicaciones, esa intervención es aún más indispensable, al ser un servicio esencial para la vida económica, educativa y productiva del país. Millones de personas y empresas dependen de la conectividad para operar diariamente.
Sin embargo, el estado actual del mercado colombiano demuestra que la intervención no ha sido suficiente ni oportuna. Hoy existe un nivel de concentración creciente, especialmente en telefonía móvil e internet móvil, con una empresa que podría considerarse en posición dominante por su participación, alcance financiero y poder de mercado. Esta situación no es nueva, pero sí se ha profundizado con los años. A pesar de la regulación y de los marcos normativos, el mercado sigue operando como un oligopolio de facto.
Es en este contexto donde surge la propuesta más controvertida de los últimos años: permitir la fusión de los dos actores que ocupan el segundo lugar del mercado, Tigo y Movistar. Desde la perspectiva empresarial, la operación se plantea como una solución para fortalecer su sostenibilidad financiera, ampliar inversiones y competir con el principal operador. Pero desde la perspectiva de la competencia, la economía y los derechos colectivos, la decisión estatal resulta contradictoria y riesgosa. En vez de corregir la concentración, la profundiza.
La fusión no solo consolidaría un oligopolio más fuerte; también reduciría las alternativas reales para los usuarios y generaría tres efectos de alto impacto:
Menos dinamismo competitivo.
Con menos jugadores, disminuye la presión por mejorar calidad, reducir precios, ampliar cobertura o innovar. Esto afecta directamente a consumidores y empresas que hoy ya sienten que no tienen muchas opciones.
Mayor riesgo para mipymes y proveedores.
Muchas empresas pequeñas dependen del sector telecomunicaciones: algunas como clientes intensivos en conectividad; otras como proveedoras de equipos, servicios técnicos o desarrollos de software. Un
mercado más cerrado dificulta su entrada, reduce sus oportunidades y profundiza la desigualdad entre grandes y pequeños actores.
Deterioro de los derechos de los consumidores.
En un mercado más concentrado, los usuarios quedan expuestos a fallas de calidad, incrementos tarifarios y prácticas abusivas, con menos competencia que los discipline.
La decisión estatal parece ignorar que, en un mercado de alto riesgo oligopólico, la función del regulador es reducir la concentración, no ampliarla. Permitir una integración vertical o horizontal sin mecanismos sólidos de compensación como obligaciones de cobertura, topes de participación o directrices tarifarias estrictas puede terminar profundizando las fallas estructurales.
El país sigue sin resolver problemas estructurales como altos niveles de pobreza digital, brechas urbano-rurales, retrasos en despliegues de infraestructura, baja calidad del servicio en zonas de difícil acceso, dificultades para que nuevos actores entren al mercado, y un ecosistema regulatorio que no ha logrado balancear competencia, inversión y bienestar del consumidor.
La fusión es un atajo peligroso: una respuesta rápida a problemas financieros, que no atiende la causa de fondo. En lugar de diversificar la competencia, la reduce. En vez de fortalecer capacidades institucionales, las desplaza. En vez de proteger derechos colectivos, los pone en riesgo. Colombia necesita un mercado más equilibrado, con reglas claras, supervisión estricta y decisiones orientadas a ampliar oportunidades. La tecnología, la conectividad y la innovación, motores esenciales para el desarrollo productivo, no pueden quedar en manos de un oligopolio reforzado.
La discusión sobre la fusión de Tigo y Movistar no debe reducirse a un asunto empresarial. Está en juego la estructura que definirá el futuro de la conectividad, la competitividad y la inclusión digital en Colombia.
Así cambió la reforma laboral los costos y obligaciones para las Mipymes
La reforma laboral ya es ley y sus efectos comienzan a reflejarse en mayores costos, nuevas obligaciones y cambios en la contratación, con impacto directo sobre más de 1,6 millones de Mipymes. Su aprobación marca un punto de quiebre para el tejido empresarial, pues modifica la estructura de costos y la organización del trabajo en un contexto de bajo crecimiento y alta incertidumbre. Las obligaciones son iguales para empresas grandes y pequeñas, sin diferenciar su capacidad financiera, lo que genera especial preocupación entre las unidades productivas de menor tamaño.
El incremento en los costos laborales se estima entre 17 % y 34 %, según el sector. Este aumento se suma a presiones inflacionarias y a la desaceleración económica que ya afectaban a las Mipymes, reduciendo sus márgenes. Uno de los cambios más sensibles
Por:
es la adopción del contrato a término indefinido como modalidad principal. Aunque busca mayor estabilidad, limita la flexibilidad para ajustar la planta según la demanda y eleva las indemnizaciones por despido sin justa causa.
La reforma incorpora nuevas licencias y permisos remunerados, aumentando el tiempo no productivo pagado y reduciendo las horas efectivas de trabajo, afectando especialmente a sectores con jornadas extendidas. Aunque la jornada ya venía disminuyendo, las nuevas medidas profundizan la caída en productividad sin ofrecer mecanismos de compensación.
El contrato de aprendizaje también fue modificado. La reforma lo acerca a una relación laboral tradicional, aumentando cargas prestacionales y exigiendo pagos
cuando no se cumple el número mínimo de aprendices, lo que representa una presión adicional para las pequeñas empresas.
Otro elemento crítico es la responsabilidad solidaria entre empresas y contratistas, que obliga a asumir salarios o prestaciones de trabajadores externos aun sin capacidad de controlar su gestión. Esto incrementa los riesgos jurídicos y desincentiva la tercerización, además de ampliar posibles sanciones al empleador.
En conjunto, la reforma transformó la manera de contratar, organizar la jornada y calcular los costos. Su implementación exigirá acompañamiento técnico y claridad normativa para evitar afectaciones mayores, especialmente cierres empresariales y una reducción del empleo formal.
La seguridad: un desafío inaplazable para la vida nocturna y el alojamiento en Bogotá
Alexander Alvarado, Presidente –INHOTELCOL
La seguridad no es un lujo ni un asunto secundario. Es la base sobre la cual se construye la confianza, y sin confianza es imposible que sectores como el turismo, el entretenimiento y, en especial, el alojamiento, puedan desarrollarse plenamente.
En Bogotá lo vivimos a diario: la creciente percepción de inseguridad ha deteriorado la vida nocturna y reducido la disposición de los ciudadanos a salir. La consecuencia es evidente: menos movimiento en restaurantes, bares, hoteles y moteles. La ciudad pierde dinamismo económico y, con ello, oportunidades de empleo y crecimiento.
Cualquier visitante que piensa hospedarse en Bogotá se pregunta, antes que nada, si podrá sentirse tranquilo. Más allá de las comodidades de una habitación o la calidad del servicio, evalúa si el entorno que lo recibe le ofrece condiciones reales de
seguridad. Esta realidad nos enfrenta a un hecho irrefutable: sin entornos confiables, la ciudad deja de ser competitiva frente a otros destinos.
A ello se suma un problema adicional: la proliferación de comercios ilegales y plataformas digitales que operan sin control ni cumplimiento de la normatividad. Estos establecimientos, que no garantizan los requisitos de seguridad, higiene y vigilancia que sí cumple el sector formal, se convierten en focos de riesgo y escenarios que facilitan prácticas que ponen en peligro a los clientes y a la ciudad misma. Mientras los hoteles y moteles legalmente constituidos cumplen altos estándares y obligaciones tributarias, la informalidad socava la competitividad y alimenta un ciclo que profundiza la inseguridad y deteriora aún más la confianza ciudadana.
La seguridad, entonces, no puede seguir viéndose únicamente como un asunto de policía y orden público. Es, ante todo, un factor económico y social. Una ciudad insegura espanta la inversión, debilita el turismo y limita el crecimiento de sectores que, como el alojamiento, dependen
directamente de que la vida nocturna funcione y pueda reactivarse.
Por eso urge una acción decidida. Mejor iluminación en el espacio público, mayor presencia de la autoridad en zonas críticas, programas de prevención del delito, controles efectivos contra la informalidad y, sobre todo, una cultura ciudadana basada en el respeto y la convivencia, son pasos esenciales para recuperar la confianza perdida.
Bogotá tiene un enorme potencial como capital cultural y turística, pero debemos reconocer que este potencial se está viendo opacado por el miedo. Si no logramos devolverle a la ciudad su carácter de espacio seguro, será imposible aprovechar la riqueza de su vida nocturna y el impacto positivo que esta genera en el empleo y la economía.
La seguridad no es solo una exigencia ciudadana: es una condición indispensable para que Bogotá avance. Recuperarla —y combatir la informalidad que afecta al sector formal— debe ser, hoy más que nunca, una prioridad compartida.
ELa falsa solución del
arancel cero: una decisión que puede salir muy cara
Por Yilmar Celis, Presidente ASOTEXCO, Junta Directiva – ACOPI Bogotá Cundinamarca
l Gobierno ha decidido volver sobre una idea que cada cierto tiempo reaparece en la agenda económica: eliminar el arancel para hilos, telas y cueros con baja producción nacional, bajo el argumento de abaratar los costos para las 142.000 mipymes del sector moda. Sobre el papel, es una medida que suena sensata. En la práctica, es un atajo que ignora la complejidad de la cadena textilconfección y que puede profundizar una crisis industrial que el país aún no logra resolver.
El debate no es nuevo. Si de verdad queremos fortalecer a las empresas de confección, ¿tiene sentido desproteger a quienes producen insumos en Colombia? Esta es la pregunta que el Gobierno no ha respondido con claridad y que el sector sigue planteando con preocupación. El arancel cero aparece como una solución fácil, pero es una de esas políticas que ofrecen alivios inmediatos y costos silenciosos que solo se revelan cuando ya es tarde.
Colombia produce apenas el 5% de los hilos que consume. Todo lo demás llega del exterior, pagando un arancel del 10%. Esa cifra podría llevar a pensar que eliminar ese impuesto es casi un acto de supervivencia para las mipymes. Pero la realidad técnica es más compleja: el hilo representa entre el 0,6% y el 1,5% del costo final de una prenda. Incluso llevando el arancel a cero, el impacto en el precio al consumidor sería prácticamente imperceptible. En otras palabras, el supuesto “alivio” es más simbólico que real.
El efecto, sin embargo, sí es tangible para las hilanderías y tejedurías que aún quedan en el país. Empresas que compiten contra gigantes asiáticos, beneficiados por economías de escala imposibles de replicar aquí, subsidios multimillonarios
y condiciones laborales que ningún país democrático puede permitirse imitar. Pedirles competir con insumos importados libres de arancel es, en el fondo, pedirles que desaparezcan.
Esa desaparición no sería un daño colateral menor; sería un golpe directo a la estructura productiva. Cada hilandería que cierra es una oportunidad perdida para desarrollar fibras técnicas, para experimentar con nuevos materiales, para aumentar la oferta local de insumos. Cuando un país renuncia a producir su propia materia prima, renuncia también a cualquier posibilidad de dar el salto hacia una manufactura más sofisticada.
Quienes defienden el arancel cero argumentan que, si las confecciones pagan menos por sus insumos, podrán competir mejor. Pero esa visión es corta: si Colombia pierde a sus productores de hilos y telas, queda completamente expuesta a los vaivenes del mercado internacional. Hoy los precios pueden ser bajos; mañana, sin competencia interna, los proveedores externos pueden ajustarlos sin restricción alguna. Las mipymes que hoy se sienten aliviadas terminarán atrapadas en una dependencia que no controlan ni pueden prever.
A eso se suma un efecto que pocas veces se menciona: la pérdida de empleos formales en hilanderías y tejedurías golpea directamente el consumo interno. Menos ingresos, menos compras, menos demanda. El alivio inmediato para las confecciones podría convertirse en un boomerang que regresará con más fuerza contra ellas mismas.
Pero hay un ángulo aún más preocupante: el geopolítico. La pandemia, la guerra en Europa y las tensiones en Asia han demostrado que las cadenas globales
de suministro son frágiles y volátiles. Depender totalmente de un solo continente para abastecer nuestra industria de moda no es una estrategia, es una apuesta riesgosa. Si mañana Asia enfrenta una crisis logística, un conflicto o una restricción comercial, ¿con qué insumos seguirá operando Colombia? Perder capacidad productiva interna es perder soberanía industrial, y eso tiene consecuencias que van mucho más allá del precio del hilo.
El país necesita, sí, mejorar la competitividad de sus confeccionistas. Pero la vía no es desmantelar a quienes están antes en la cadena. Se requiere una política industrial que ataje el contrabando técnico, combata la subfacturación, reduzca cargas tributarias a las mipymes, incentive la producción local de materias primas y revise con rigor los tratados que han desplazado buena parte de nuestra manufactura.
El arancel cero es, en el mejor de los casos, un paño de agua tibia. En el peor, una decisión que acelera la desindustrialización. La cadena textil-confección es un sistema interdependiente; no hay forma de fortalecer al confeccionista sacrificando al hilandero o al tejedor. Es como intentar reparar un puente dinamitando una de sus columnas.
Colombia no necesita medidas que calmen la coyuntura, sino una estrategia que construya el camino hacia una industria más robusta, más innovadora y menos dependiente. El arancel cero promete mucho y soluciona poco. Y a veces, lo que parece un alivio inmediato termina siendo la factura más costosa.
Seminario Internacional
“Transición justa hacia alternativas sostenibles y derechos humanos”
Andrés Botero, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, integrante de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca
El 25 de noviembre se realizó en Bogotá el Seminario Internacional Transición justa hacia alternativas sostenibles y derechos humanos, que contó con la presencia del relator de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la CIDH. Por primera vez, Colombia abrió un debate técnico y jurídico sobre el impacto de su legislación en la industria del plástico dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El evento, realizado en el marco de los 56 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, permitió subrayar la importancia de la libertad personal y la justicia social en decisiones regulatorias. La Cámara Ambiental del Plástico destacó la participación del relator Javier Palummo Lantes, cuya intervención final enriqueció el análisis.
Este primer seminario consolidó el enfoque técnico de la Cámara al reunir academia, sector privado y sector público para discutir alternativas sostenibles a los plásticos de un solo uso. Se trata de un debate central para Colombia, que por años ha evaluado regulaciones sin brindar suficiente información técnica a la ciudadanía.
Una de las contribuciones más relevantes fue la exposición de Catalina Areiza, quien evidenció la ausencia de análisis de ciclo de vida de los materiales en Colombia. Con base en estudios internacionales, mostró que los sustitutos más promovidos —como la bolsa de papel— pueden ser más contaminantes, un dato poco difundido que exige mayor transparencia en la discusión pública.
Igualmente importante fue la presentación de Lucas Gómez sobre el pronunciamiento emitido en 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al concepto de “transición justa”
frente al cambio climático. Este precedente abre un nuevo escenario jurídico para futuras decisiones del tribunal y para las acciones presentadas por la Cámara ante la CIDH.
En el ámbito técnico, el investigador Alex Mann explicó la biodegradabilidad mediante aditivos que aceleran la degradación de plásticos de un solo uso, aclarando dudas persistentes sobre reciclabilidad y descartando la generación de microplásticos. Su intervención respaldó científicamente estas tecnologías.
Asimismo, Iván Jiménez e Ignacio Boulin ofrecieron una visión histórica y actual sobre la transición justa, enfatizando que el Estado debe garantizar la reconversión industrial y protección laboral, evitando que la sostenibilidad se construya a costa de vulnerar derechos humanos.
El seminario reunió aportes de alto nivel para analizar los impactos económicos, sociales y ambientales de eventuales prohibiciones en sectores productivos, y evidenció cómo una regulación mal fundamentada puede afectar a los hogares colombianos.
Las discusiones de la tarde, con participación de funcionarios, empresarios, sindicatos y académicos, moderados por la periodista Laura Mejía, reafirmaron la necesidad de abordar la sostenibilidad desde la evidencia científica y no desde posiciones dogmáticas.
Así, este primer Seminario Internacional se erige como un punto de partida para futuras discusiones basadas en coherencia, sensatez y rigor técnico, aportando información clave y convocando a los actores fundamentales para avanzar hacia una transición sostenible que respete los derechos humanos y la realidad económica del país.
De izquierda derecha Pedro Redondo presidente de la Junta Directiva de ADIPLAST, Andres Botero Arbelaez director ejecutivo de la Cámara Ambiental del plástico, Cristian Halaby Fernández presidente de la junta directiva de la Cámara Ambiental del Plástico y José María Mune director ejecutivo de la Asociación Plastiquera de República Dominicana.
Imagen generada
Juliana Morad, Directora del Observatorio Laboral
Regular un solo salario no puede ser la solución para toda una economía.
Mauricio Salazar, Director Observatorio Fiscal
Imagen generada por IA con Envato
¿Cuántos trabajadores ganan el salario mínimo? Hoy el 17%, estamos llegando a 1 de cada 5 trabajadores. Sin embargo, son una minoría. Y más si consideramos a la población en edad de trabajar, que es la que potencialmente podría trabajar en Colombia. Esta se divide, en términos laborales, en no participantes, desempleados, y empleados (formales e informales).
La remuneración de un trabajador depende de tres fuerzas fundamentales: la productividad, el costo de vida y el equilibrio entre la capacidad —y voluntad— del empleador de repartir riqueza y el poder de negociación del trabajador. Tradicionalmente se ha asumido que el trabajador es la parte débil de esta relación y, por esa razón, surgieron dos mecanismos de corrección: los sindicatos y el salario mínimo. Un sindicalismo fuerte mejora las condiciones de todos los trabajadores; el salario mínimo, en cambio, solo protege a quienes se ubican exactamente en ese umbral. Ambos instrumentos funcionan únicamente en el mundo formal. En la informalidad, los salarios se pactan sin intermediación, sin negociación colectiva y sin las protecciones del Estado.
El desempleo, por su parte, no es un accidente sino una condición inherente a cualquier economía: encontrar un trabajo adecuado y encontrar un trabajador idóneo toma tiempo. Empresas y personas buscan el “match” correcto. También existe la no participación laboral, conformada por quienes no trabajan ni buscan empleo —estudiantes de tiempo completo, amas de casa y otros grupos—. Este segmento no ejerce presión sobre los salarios porque, en la práctica, no compite por los puestos disponibles, y los salarios se determinan sin tenerlos como referencia.
Para entender un mercado laboral hay que observar estas dimensiones de manera conjunta. En Colombia, el panorama sigue siendo particularmente retador: el desempleo es más del doble del promedio latinoamericano, la informalidad ronda el promedio regional y el autoempleo es el más alto de la región. La lectura es clara: conseguir trabajo —formal o informal— es difícil; la informalidad es persistente; y el autoempleo emerge como válvula de escape ante la dificultad de encontrar un trabajo asalariado. Pero este escape tiene un costo: en Colombia, el autoempleo suele ser sinónimo de subsistencia, de ingresos bajos y de una solución intermedia frente a un mercado que no logra absorber su propia fuerza laboral.
Una vez establecida la base de discusión. Analicemos qué le ha pasado a las cifras laborales en Colombia al comparar 2013 con 2024 utilizando la Gran Encuesta Integrada de Hogares y si hay algunos efectos que se pueden ver de las subidas de mínimo, que los últimos 4 años han subido más que inflación y productividad.
Primero analicemos la tasa de no participación, la tasa de desempleo y la tasa de formalidad. Entre los últimos once años, la no participación laboral en Colombia aumentó de 31% a 36%. Este fenómeno ocurre simultáneamente a una reducción de la población joven, lo cual resulta doblemente preocupante: cada vez hay más personas en edad de trabajar que están saliendo del mercado laboral. Esto debería encender señales de alerta para el país. Por otro lado, aunque la tasa de desempleo se mantiene prácticamente inalterada en torno al 10% entre 2013 y 2024, sí observamos una mejora en la formalidad laboral, que pasa de 33% a 43%.
Nota: Tasa de no participación es igual a la cantidad de no participantes sobre la población en edad de trabajar. Tasa de desempleo es igual a cantidad de desempleados sobre los desempleados y los empleados. Tasa de formalidad es igual a cantidad de formales sobre los empleados. Nótese que la tasa de desempleo puede caer si las personas salen del mercado laboral y se va a la no participación (trabajador desanimado).
Sin embargo, dada la existencia de las personas que se cansan de buscar y van a no participación “trabajador desanimado”, la tasa de desempleo puede disminuir cuando las personas dejan de buscar trabajo. Por ello es útil observar la tasa de no empleo, que combina
Fuente: GEIH 2013 y 2024, cálculos de los autores.
desempleados y no participantes. Al desagregar por género, vemos que esta tasa aumenta en 5 puntos porcentuales tanto para hombres como para mujeres, aun cuando ambos grupos registran avances en formalidad, siendo estos mayores para las mujeres (de 33% a 45%).
2013
2024
Fuente: GEIH 2013 y 2024, cálculos de los autores.
Nota: Tasa de no empleo es igual a la cantidad de no participantes y desempleados sobre la población en edad de trabajar. Tasa de formalidad es igual a cantidad de formales sobre los empleados.
En cuanto a los ingresos laborales, el mercado de trabajo colombiano muestra resultados preocupantes. Aunque ha aumentado la proporción de personas que ganan exactamente un salario mínimo, esto no se debe a que trabajadores por debajo del mínimo hayan ascendido, sino a que quienes ganaban entre 1 y 3 salarios mínimos han descendido hacia el mínimo. Este fenómeno ocurre en un contexto donde el salario mínimo ha crecido sistemáticamente por encima de la productividad y de la inflación, generando una mayor concentración de trabajadores en el piso salarial de la formalidad.
Desde una perspectiva regional y según formalidad e informalidad, los resultados también son inquietantes. En todas las zonas del país, las personas ganan hoy menos salarios mínimos en promedio que hace diez años. Pero los mayores retrocesos se concentran en los trabajadores informales: en las cinco grandes ciudades, su ingreso promedio pasó de 1.2 salarios mínimos en 2013 a 0.99 en la actualidad. En la ruralidad, la caída es aún más profunda: de 0.67 del salario mínimo a apenas 0.58. Aunque la formalidad también pierde terreno en las grandes ciudades (de 2.55 a 2.44 salarios mínimos), la contracción es mucho más marcada entre los informales quienes ven excluidos no sólo sus derechos sino que sus ganancias son cada vez más alejadas de los formales: ellos son
los que verdaderamente viven la precariedad laboral y sobre los que deberíamos hacer algo.
GEIH 2013 y 2024, cálculos de los autores.
Finalmente, el análisis de empleabilidad por tamaño de empresa revela un cambio estructural notable. Mientras que en 2013 solo el 1% de los trabajadores estaba empleado en grandes empresas, para 2024 esta proporción asciende al 21%. Paralelamente, el autoempleo se reduce en dos puntos porcentuales y la participación del empleo en pequeñas y medianas empresas se estrecha de forma significativa. En otras palabras, el mercado laboral colombiano se ha movido hacia una creciente concentración del empleo en grandes compañías, mientras las pequeñas empresas pierden capacidad o espacio como generadoras de empleo.
2013 2024
Fuente: GEIH 2013 y 2024, cálculos de los autores.
Estos patrones sugieren que las sucesivas subidas del salario mínimo podrían estar afectando de manera más intensa a las pequeñas firmas, que enfrentan mayores dificultades para sostener su operación o para formalizarse. Por ello, sería fundamental profundizar en la medición de los efectos del salario mínimo sobre la estructura empresarial y sobre la distribución del empleo. También es necesario “desminimizar” la discusión sobre la economía laboral y pensar cómo se están moviendo la no participación, la informalidad, el desempleo, las ganancias. Esto permitiría diseñar políticas que fortalezcan al tejido empresarial y las empresas en su conjunto y no únicamente a las empresas de mayor tamaño.
Fuente: GEIH 2013 y 2024, cálculos de los autores.
Fuente:
La Desigualdad Empresarial que no cambió
Las grandes empresas continúan pagando menos impuestos que las Mipymes en el Gobierno Petro.
El 99,5% de las empresas en Colombia son Mipymes y constituyen el principal motor de empleo. A pesar de ello, enfrentan una carga fiscal mucho más alta que las grandes corporaciones, afectando directamente su competitividad y sostenibilidad.
Una carga desproporcionada para el 99,5% del tejido empresarial
Aunque la tarifa nominal del impuesto de renta es del 35% para todas las empresas, las microempresas pueden llegar a pagar una Tasa Efectiva de Tributación (TET) cercana al 33%, mientras las grandes reducen su impuesto real a tasas entre un 21% y 22%, e incluso al 15% en sectores como el financiero y de seguros. Esta regresividad contradice los principios de equidad y progresividad consagrados en la Constitución Política.
Una brecha confirmada por la evidencia
Estudios del Ministerio de Hacienda, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y Cedetrabajo demuestran la magnitud de esta desigualdad, tanto por tamaño (vertical) como por sector (horizontal). Las grandes empresas acceden a deducciones, exenciones, tarifas preferenciales y zonas francas, contando además con asesoría jurídica especializada para maximizar estos beneficios. Las Mipymes, sin esos recursos, quedan
expuestas a un sistema complejo donde muchos incentivos se aprueban vía leyes paralelas difíciles de rastrear y desmontar.
Consecuencias para la economía y el desarrollo
Este sistema tributario regresivo limita la reinversión en tecnología, innovación y formalización. En vez de ser un motor de crecimiento, el impuesto de renta actúa como un obstáculo que reduce la capacidad empresarial de generar empleo de calidad. A esto se suma un “gasto tributario” de entre 14 y 17 billones de pesos anuales, producto de beneficios otorgados a grandes compañías, recursos que el Estado deja de recaudar y que podrían financiar infraestructura o inversión social.
Una desigualdad extrema en utilidades y empleo
La concentración de utilidades es abrumadora: en 2022 el índice de Gini de la utilidad empresarial fue 0,95, cercano a la inequidad absoluta. De casi 600.000 empresas que declararon renta, solo 587 (0,001%) concentraron el 56% de la utilidad fiscal. Mientras tanto, las más de 1,7 millones de Mipymes, que conforman el 99,5% del tejido empresarial, participan marginalmente en ingresos y utilidades. Esta brecha también se refleja en el empleo: las microempresas generan el 62,3% de los
puestos de trabajo (más de 14 millones de personas), mientras las grandes, menos del 0,5% del total, emplean apenas 20,7%.
La reforma tributaria pendiente
Muchos empresarios vieron con esperanza la propuesta de una tarifa diferencial para Mipymes en la reforma tributaria de 2022, porque además había sido un compromiso del gobierno Petro en campaña. Sin embargo, la medida fue retirada en conciliación por el mismo gobierno. La conclusión es clara: Colombia requiere un sistema tributario que promueva el desarrollo y corrija la inequidad. Un impuesto de renta progresivo por tamaño empresarial, con tarifas ajustadas a la capacidad económica, emerge como una reforma urgente. Es una tarea prioritaria para el próximo gobierno.
El 99,5% del tejido empresarial sostiene el empleo, pero paga proporcionalmente más impuestos que quienes concentran la utilidad.
Por Juan David Rojas, equipo administrativo – ACOPI
