Comentarios a la Metodología Determinación Precios Energía

Bogotá 15 de abril de 2016

Doctor JORGE PINTO NOLLA Director Ejecutivo COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG Av. calle 116 No 7-15 edif. Cuzesar Int.2 of 901 ( creg@creg.gov.co)

Asunto: Comentarios a la Metodología Determinación Precios Energía Estimado Dr. Pinto.

Reciba un cordial saludo de parte de ACOPI Bogotá – Cundinamarca. Nuestra Asociación, con motivo de la resolución para el nuevo período tarifario 2016-2020, deliberó y elaboró algunos comentarios sobre el actual estado de las tarifas de la energía eléctrica en Colombia, con base en los cuales les hacemos llegar formalmente unas propuestas concretas que consideramos propenden por hacer que las tarifas de la energía eléctrica sean más competitivas y equitativas, lo anterior, teniendo en cuenta que para la industria nacional los altos costos de las tarifas crean una desventaja competitiva, obligando a pagar uno de los precios más altos en el mundo.

La metodología tarifaria actual, ha generado un incremento del IPC de la energía eléctrica 60% superior al crecimiento del IPC total, que se ha convertido en uno de los factores determinantes del alto “costo país” y a su vez, ha contribuido al cierre de empresas con la consecuente reducción del empleo formal, sin haber promovido la calidad del servicio. Es necesario aclarar que las nuevas fórmulas tarifarias se están definiendo en época de escasez, lo cual puede inducir un sesgo económico en favor del sector eléctrico y en perjuicio de los industriales.

En consecuencia, Dr. Pinto, solicitamos que en la metodología para el cálculo de la tarifa de energía eléctrica, se modifiquen de la siguiente forma los aspectos que con el amparo de la CREG han promovido un enriquecimiento inequitativo de las empresas prestadoras del servicio.

1,-Asegurar que se elimine el reconocimiento de los equipos que conforman la valoración de las unidades constructivas con valor de reposición a nuevo (VNR) en períodos de cada cinco años, debido a que los equipos tienen una vida útil ya definida por la CREG en una resolución anterior, soportada en los estudios de ingeniería correspondientes. Este período de vida útil que puede ser de 10, 15 o más años, debe ser respetado para garantizar estabilidad jurídica a los usuarios y durante este período no debe modificarse la valoración.

Esta vida útil debe ser considerada en el cálculo de la depreciación y en el valor que se le debe reconocer a dichas empresas por la infraestructura depreciada, para cada nuevo período tarifario.

2,- Se debe establecer una metodología confiable para la verificación y estado de los equipos, incluyendo que los mismos estén prestando su servicio. Existen casos de redes y equipos fuera de servicio desde hace varios años que siguen teniendo un valor reconocido en la tarifa; así como también hay una gran cantidad cantidad de infraestructura sobredimensionada, y por ende, sobrevalorada para efectos de la tarifa.

3,- Al valor reconocido de reposición como amortizable en la tarifa de los equipos dedicados al objeto de generar, transmitir y distribuir, debe restarse el valor real de salvamento, o por lo menos aplicar integralmente las normas NIIF. Para obtener por diferencia el valor final a nuevo de la unidad constructiva que se dice reponer.

4,- No permitir que los planes de inversión en reposición de activos, si se hacen, sean de nuevo reconocidos en las tarifas, pues en estos se incluyen los costos de los equipos. Además hay que exigir la reposición de los activos una vez cumplida su vida útil para que no ocurra como hasta hoy, después de 25 años de regulación, que en más de un período de vida útil de muchos equipos, la reposición no llega ni al 1%.

Dice la CREG, en un documento de marzo de 2015, que la reposición promedio anual es baja , del 0,9 % en Distribución y del 0,4 % en Transmisión durante el período 2008-2012.

5,- Valorar las Unidades Constructivas que constituyen la infraestructura, a precios de mercado y no como ocurre hasta hoy, que a causa de la metodología CREG se llegan a valorar hasta un 60 % por encima del valor del mercado.

6,- Tal como lo exige la Ley 142/94 art.87, la regulación no debe reconocer en la tarifa, pérdidas patrimoniales ni costos ineficientes, por ejemplo, que pierdan energía por daño o falta de equipos de medida, pérdidas negras o porque no se cobre la cartera y no se suspenda el servicio. Los casos señalados configuran un delito, pues al estar incluidas dentro de la tarifa de energía, se reconocen pérdidas no técnicas e incluso como en el caso de Codensa se le reconocen pérdidas inexistentes. Solo se deben reconocer las pérdidas por ineficiencia técnica, que calculadas por esa entidad, en la distribución rondan alrededor del 6 %. De lo contrario es trasladarle al usuario, pérdidas patrimoniales por mala gestión de la compañía.

7,-No deben incluirse dentro del precio de la energía, los planes de recuperación de pérdidas, pues los mismos son obligación de la gestión de las compañías. Al cargar estos costos a la tarifa, se generan utilidades a las empresas, que según expertos, son de 6 millones de dólares por punto recuperado, lo que permite no solo recuperar la inversión sino dar un excedente en las ganancias; esta productividad debe ser compartida con el usuario como lo ordena la ley, incluso si se contempla en una reducción de la tarifa.

8,- La rentabilidad a reconocer, WACC, no debe ser superior al 8 % como lo tienen algunos países latinoamericanos. No tiene sentido una rentabilidad tan alta cuando en las tarifas se les reconocen todo lo que invierten, gastan y pierden aún por su mala gestión. Su alta rentabilidad se garantiza y su riesgo es casi nulo. Se reconoce para estos negocios de por sí ya sobrevalorados en sus costos, una rentabilidad antes de impuestos, sobre el capital. El WACC, 11,5% en transmisión y 13,9% anual en distribución Res. CREG 093/08.

9,- Al permitirse poner como costo para la tarifa el valor de los impuestos, solo se deben reconocer los que realmente pagan estas compañías, que según estudios publicados, son del 7,5 % efectivos.

Los ingresos adicionales de las exenciones de tasas tributarias son evidentes. Según la presentación “el sector minero como motor de desarrollo” Dr. Juan Ricardo Ortega López en oct. 6 de 2011, la tarifa efectiva y la tarifa promedio del impuesto sobre la renta (2009), servicio prestado por personas jurídicas, fue de 7,5% y 7,9% respectivamente. Sin embargo en las tasas consideradas en los estudios del WACC en la regulación, según se expuso en el seminario de julio 31 de 2015 de la CREG son del 25% y 34%, tasas de impuestos considerados incluso dentro de los gastos del AOM. 10,- La regulación debe establecer los montos mínimos por gastar en el mantenimiento que anualmente deben ejecutar las empresas. Con la metodología actual se llega a atender solamente las emergencias.

En varias ciudades cuyos barrios son mixtos, la carga ha crecido tanto que las instalaciones ya son insuficientes y muy viejas las subestaciones, produciendo cortes intempestivos y causando pérdidas de producción muy costosas; no las cambian porque el actualizarlas les parece muy costoso y no mejora sus ingresos. Por esto solicitamos, se exija que las compañías prestadoras del servicio se certifiquen en la norma ISO 55000, pues con estas normas los entes de control pueden auditar fácilmente esta labor.

Igualmente, la regulación debe tener definido qué es inversión y qué es gasto, con el objeto de evitar que gastos de mantenimiento sean trasladados a la inversión como reparaciones capitalizables que entran a ser amortizadas en la tarifa.

11,- Permitir y facilitar a los consumidores la selección más conveniente de nivel de tensión para optimizar sus costos industriales. Al no hacerlo, se va en contra de la libre competencia, favoreciendo solo a los empresarios prestadores del servicio.

12,- Se debe obligar a las empresas a cumplir con la ley 142 de 1994, y que las mismas compartan con los usuarios las utilidades recibidas por la mejora de la gestión, pues a pesar de ser una ley de obligatorio cumplimiento, está siendo ignorada. Debe aclararse en la resolución, cómo serán beneficiados los usuarios con las mejoras en productividad.

13,- Tomar acciones que conduzcan a una mayor competencia de las empresas del sector y evitar así la concentración de poder que ha permitido la cartelización de algunos sectores. Evitar la integración vertical, separando la propiedad de la generación y de la distribución. Así se evita que se distorsione el mercado, por ejemplo con discriminación de precios o retención de cantidades de energía para manipular el precio en bolsa, o hacer auto compras de energía por grupos empresariales integrados a mayores precios que los que en el mercado ofrecerían un tercero. Acciones colusivas presentes en el mercado a la luz de la SSPD y SIC 14,-Dado el crecimiento ostensible en el número de usuarios en los últimos 15 años, se hace necesario disminuir el costo base de la comercialización que está sobre remunerado, pues se calculó con un número sustancialmente menor de usuarios. Se deben realizar los cálculos tarifarios con base en la demanda proyectada por atender con la infraestructura aprobada.

15,-Establecer controles a la corrupción, para evitar la adjudicación a mayores precios del mercado de operaciones entre empresas del mismo conglomerado empresarial o de propiedad de directivos de las empresas prestadoras de servicio, vía adjudicación directa.

16,-Modificar el despacho de la generación para garantizar que éste se haga por méritos económicos y así la energía ofertada sea liquidada siempre al precio de oferta de cada uno y que no se liquide al valor ofertado más costoso.

17,-Eliminar el cargo por confiabilidad, (capacidad, respaldo y confiabilidad) El “Reficar” del sector eléctrico significó para los usuarios entregar de sus bolsillos vía tarifas desde 1994 hasta hoy más de 30 billones de pesos, equivalentes a 8 Hidrosogamosos, 15 Quimbos, o 6 Guavios, sin haber obtenido la confiabilidad requerida. Precio que se pagó a todos incluyendo a las hidroeléctricas.

Como energía de respaldo es más productiva para el país, incrementar los proyectos hidroeléctricos o térmicos a carbón y no de generación con combustibles líquidos. Por lo menos debe eliminarse el cargo por confiabilidad en las hidroeléctricas quienes deben despacharse por méritos. En este punto hay mucho más que decir, y como se ha debatido públicamente, pasamos adelante.

18,-Controlar e impedir las cuantiosas indemnizaciones por despido de altos directivos y por varios millones de dólares, con cargo a los gastos de AOM y a las tarifas.

19,- Mejorar el sistema de información de los activos en explotación mediante la creación de una única base de datos nacional y se registre allí todo el ciclo de vida útil del activo desde su puesta en servicio hasta su reposición, igualmente para controlar la frecuencia y calidad de las interrupciones como el tipo de mantenimiento que se les da.

20,- No permitir incorporar en la valoración de las unidades constructivas, el cobro o reconocimiento económico de servidumbres inexistentes, pues la gran mayoría de la infraestructura está localizada en el espacio público que no se remunera.

21,- De todo lo anterior y como síntesis se solicita regular para incrementar la eficiencia del sector en función de unas tarifas competitivas y de una calidad de servicio y producto de carácter internacional, más que de dar prioridad, a la búsqueda de una rentabilidad que con el amparo de metodologías discutibles nos parece desproporcionada.

Estaremos atentos a cualquier discusión que deseen tener sobre los temas expuestos y agradecemos su entendimiento y buena voluntad, en nombre de nuestros agremiados y en general de los agobiados habitantes de nuestro país.

Atte.