Proyecto de resolución para implementar la infraestructura de medición avanzada en el servicio ...

Bogotá, 22 de noviembre de 2017

DOCTOR GERMÁN ARCE ZAPATA Ministerio de Minas y Energía

Referencia: proyecto de resolución para implementar la infraestructura de medición avanzada en el servicio público de energía eléctrica.

La opinión pública y el Empresariado del país han conocido el texto del proyecto de Resolución por medio del cual, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, "establece los mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada en el servicio público de energía eléctrica”.

Tal como ha sido presentado, el proyecto establece que: - “La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en un plazo de 12 meses luego de expedida la resolución, establecerá las condiciones para la implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica”, - “por lo menos el 95% de la demanda total del Operador de Red deberá ser atendida con estos sistemas a más tardar en el año 2025”, y “La CREG adoptará los ajustes regulatorios con el fin de remunerar mediante la tarifa del servicio de energía eléctrica, las inversiones asociadas para la implementación”.

De lo anterior queda claro que el apoyo para la implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada (IMA) recaerá sobre los usuarios industriales, comerciales y residenciales vía las tarifas, lo que significa que se afrontará un nuevo incremento tarifario que puede oscilar entre el 20 y 25%, según los cálculos más moderados. El cambio se dará aun cuando la CREG, con base en estudios de ingeniería, ya ha determinado que la vida útil de los sistemas de medición a implementar es de diez años en promedio. (Ver Resolución CREG-123 de 2011) Tal como se propone en el Artículo 9, “ Los usuarios que se incluyan en la implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada, deberán acogerse a los planes de implementación aprobados ”, por lo que la única opción que le quedará al usuario es pagar permanentemente este nuevo costo, seguramente cada cinco años, ya sea a través del Operador de Red o del Comercializador del servicio, así se incumpla la Ley y la normatividad vigente.

Como resulta obvio, esta Resolución produce un impacto negativo en los empresarios nacionales quienes en reiteradas oportunidades han llamado la atención al Gobierno Nacional sobre la urgente necesidad de revisar las tarifas de energía eléctrica del país, las cuales representan un rubro cada vez

mayor en los costos operativos de las plantas industriales. Los empresarios han resistido aumentos de 285 por ciento en las tarifas de energía eléctrica en los últimos 20 años, tarifas que han sido un 182 por ciento superiores a la inflación acumulada del mismo periodo.

Si se tiene en cuenta que las tarifas de energía representan entre el 10 y el 50 por ciento de los costos operativos de una planta industrial, esta decisión del Gobierno Nacional, va en contravía de los requerimientos actuales de las industrias colombianas, por tal razón es imperativo rechazar en forma rotunda la decisión de implementar en los próximos años la Infraestructura de Medición Avanzada.

Anexo 1 A continuación se esbozan algunos comentarios técnicos sobre la inconveniencia del proyecto de resolución: La Resolución mencionada pretende encontrar justificación en que son objetivos de la IMA “Facilitar el esquema de eficiencia energética, respuesta de la demanda, y modelos de tarifación horaria y/o canastas de tarifas”, “Permitir la incorporación de tecnologías de autogeneración, generación distribuida y vehículos eléctricos” y “Dinamizar la competencia de la comercialización minorista de la energía eléctrica”, pero carece de cualquier planteamiento orientado a superar la relación desventajosa que los empresarios nacionales tienen con las empresas extranjeras de energía eléctrica que operan en el país, o a mejorar los niveles de competitividad de las empresas nacionales en el contexto de los TLC y el libre comercio.

En Colombia, las empresas de energía eléctrica obtienen jugosas ganancias sobre la base de contraer sus gastos al mínimo y cobrar, vía la tarifa, algunos rubros cuestionables. Estas empresas, por ejemplo, gozan de tasas de retorno de 11,5 % en transmisión y de 13,9 % en distribución de redes, cuando el promedio latinoamericano es del 8%. Así mismo, sobrevaloran la infraestructura y cuentan con redes y equipos fuera de servicio desde hace años con valores reconocidos en la tarifa y la reposición que hacen de equipos no llega al 1 %, aun cuando los usuarios hayan pagado la totalidad de estos, poniendo así en peligro la vida de cientos de personas. De igual manera, disminuyen al mínimo los gastos que anualmente deben ejecutar en mantenimiento, valoran las Unidades Constructivas con las que se calcula la tarifa hasta un 60% por encima del valor del mercado y cargan al usuario los planes de recuperación de pérdidas, cuando estos corresponden a la gestión eficiente de las compañías.

Por otra parte, la Resolución tampoco tiene en cuenta el escenario de libre comercio y Tratados de Libre Comercio en que está inmersa la economía colombiana. El Gobierno Nacional, que a granel está negociando nuevos acuerdos comerciales, es indiferente al hecho de que, en términos de competitividad, un aumento del 20 por ciento en las tarifas de energía eléctrica por cuenta de la implementación de la IMA, conllevaría aumentar los costos operativos de las empresas y generar más cierres de plantas industriales, ante la imposibilidad de competir, ni siquiera en el mercado interno, con las importaciones masivas de bajo costo que llenan las estanterías nacionales.

Debe anotarse también que el proyecto de Resolución debe articular debidamente los conceptos de conexión y de uso, en la pretensión de que la IMA sea remunerada al Operador de Red. Como es sabido, los Operadores de Red son remunerados mediante cargos por uso de red y cargos por conexión. Los activos de uso de red son aquellos que sirven a dos o más usuarios, mientras que los de conexión son aquellos que sirven a un solo usuario y por lo tanto no se remuneran mediante esos cargos.

La ley 142/94 en su Art. 44, de los medidores individuales, exige que “ los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente”.

Así mismo, la CREG ha establecido que por norma general “ … todo suscriptor o usuario deberá contar con medición individual de su consumo” (Resolución CREG-108 de 1997, Artículo 24 De la medición individual). En donde se observa que, por norma general, el equipo de medida sirve a un solo usuario, lo que lo convierte en un activo de conexión, que no se permite remunerar al Operador de Red mediante cargos por uso de red.

Respecto a los cargos por conexión con los que se remuneran los activos de conexión, se acuerdan por consenso entre el usuario y el OR, cuando esta última es propietaria de activos de conexión y el usuario ha decidido no adquirirlo por su cuenta. De forma tal, que no es evidente, además de ser violatorio de la ley, que la IMA pueda ser remunerada al Operador de Red vía tarifas. Los sistemas de medición que se remuneran al Operador de Red están relacionados con la medición en puntos de frontera con otros sistemas o agentes y con los balances de energía en cada nivel de tensión, pero no tienen nada que ver con la medición individual de los usuarios finales del servicio, la cual se encuentra relacionada con la comercialización del mismo.

De las trece funcionalidades listadas en el Artículo 6 del proyecto de resolución, once se encuentran principalmente relacionadas con la comercialización y dos con la distribución de energía, por lo que la IMA solo ofrece un beneficio marginal para el Operador de Red. Aun así, el Artículo 8 propone que los Operadores de Red “serán los responsables de la instalación, administración, operación, mantenimiento y reposición de la Infraestructura de Medición Avanzada… ”, lo cual carece de sentido lógico y legal. Esto es como pretender que a los operadores del STN se les trasladaran parte de las responsabilidades del ASIC (MEM) y de los comercializadores… ¿O hará falta incorporar un nuevo actor neutral encargado de la gestión de la medida, además de la necesidad de promover la comercialización como negocio totalmente independiente de la G y el D? Es necesario precisar que los beneficios argumentativos en mejoras en calidad de servicio son falacias técnicas, como lo evidencian las estadísticas operativas del sistema, dado que las fallas en la infraestructura, por falta de reposición e inversión, en más de un 99% son las responsables de las incidencias para la mala calidad de servicio.

Este sistema solo beneficiaría realmente al auto generador que quiera vender sus excedentes al mercado, que son menos del 1% de los suscriptores del país.

ACOPI Bogotá – Cundinamarca, en correspondencia con su objetivo misional de defender la producción nacional y el empleo de los colombianos, reitera su desacuerdo con este proyecto de Resolución del Ministerio de Minas y Energía, por considerar que es contrario a los intereses de los empresarios colombianos, resta competitividad al aparato productivo nacional en su conjunto, aumenta los costos operativos de las plantas industriales, y es discordante con los esfuerzos que diariamente hacen los empresarios colombianos por crear, mantener y proyectar sus empresas en medio de la política de libre comercio y TLC.

ALFREDO CASTELLANOS Presidente Junta Directiva Acopi Bogotá – Cundinamarca