Posible sobre-regulación para industria de alimentos: peor el remedio que la enfermedad

Opinión

Por: Carlo Martínez Coordinador de Desarrollo Sectorial de Acopi Bogotá-Cundinamarca

Actualmente en el Congreso de la República se encuentran cursando cuatro Proyectos de Ley 1 que tienen incidencia directa en la industria de alimentos. Estas iniciativas buscan reglamentar la publicidad y el etiquetado de alimentos procesados y ultraprocesados, así como mantener informado al consumidor e impulsar acciones que prevengan y controlen las Enfermedades No Transmisibles – ENT-, según los autores. De acuerdo a los textos radicados, algunas sustancias con las que se elaboran alimentos procesados y ultraprocesados, pueden causar obesidad o diabetes, basándose en información de la Organización Mundial de la Salud –OMS-, y la Organización Panamericana de la Salud –OPS-. Sin embargo, los estudios y definiciones de dichos organismos internacionales se encuentran cuestionados, incluso dentro del mundo científico, por lo que su validez se ha puesto en duda.

Aunque es de reconocer la preocupación y buena intención de los legisladores y ONG que están promoviendo los proyectos que ya se encuentran en trámite, unos más avanzados que otros, se debe tener en cuenta que, tal como reza la Constitución Política, los derechos a la salud y a un ambiente sano son responsabilidad principalmente del Estado, y estos no pueden cumplirse a costa de sanciones a las empresas, y menos cuando se les intenta excluir de las discusiones y los espacios de decisión. Los Congresistas deben ser garantes de que las diferentes visiones sobre el tema sean escuchadas, y se pueda llegar a un consenso que ponga de acuerdo a las partes, y no las distancie aún más.

A la hora de tomar su determinación, los Senadores y Representantes a la Cámara deben contemplar la preocupación de los empresarios que han mostrado su inconformismo con los proyectos de ley, y que son completamente legítimas. Estas parten de la situación económica nacional, y sobre todo de la industria: la producción real del sector manufacturero tuvo una variación del -3.0% y las ventas reales una de -0.6% a junio de 2017, si no se tiene en cuenta el sector de refinación de petróleo 2 . A esto debe sumarse que la balanza comercial de enero-julio de 2017 es de U$-10.798.438,9 FOB, superando negativamente la de 2016 en el mismo semestre 3 .

Trabajador en planta de PMP, Procesadora de Materias Primas, empresa de alimentos afiliada a Acopi Bogotá-Cundinamarca.

A pesar del contexto complejo por el que pasa la economía nacional, la industria de alimentos ha sabido mantenerse y crecer, por lo cual es necesario generar un ambiente propicio para que se siga dando este desarrollo de forma sostenida. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector de elaboración de otros productos alimenticios incrementó 6.6% en su producción real, aportó 0.2 puntos porcentuales al crecimiento de la producción real de la industria manufacturera, y para junio de 2017 sus ventas reales crecieron en 7.6%, y para el mismo mes sus exportaciones crecieron 12.9%, con una variación un poco mayor a 10% respecto del primer semestre del 2016.

La situación para el sector de alimentos es compleja: mientras su dinámica propia va hacia arriba, el contexto económico nacional hala hacia abajo.La competencia desleal, la informalidad, la cantidad de requisitos tributarios, ambientales, de seguridad y salud, calidad, gestión documental, protección de datos personales, entre otros, hacen de crear y mantener empresa una epopeya; y como si no fuera suficiente, en una legislatura cursan cuatro (¡!) proyectos de ley en simultánea que la afectan directamente.

Uno de los mayores problemas que tiene la industria de todos los sectores a nivel nacional es que la normatividad es inequitativa (el índice Gini de desigualdad empresarial para 2014 es de 0.82; y en el sector de alimentos es de 0.76 por valor agregado y 0.83 por tamaño y valor de activos 4 ) porque es costosa, costosa porque es compleja, y compleja porque es cambiante: no todas las empresas tienen el músculo financiero para adaptarse a los cambios constantes que exige una normatividad excesiva.

El Estado debe promover acciones en defensa de los derechos constitucionales de la ciudadanía, como los casos de la salud y el ambiente sano, y los Congresistas deben propender por legislar a su favor. Sin embargo, es también deber de los mismos generar condiciones óptimas para el desarrollo económico, en el que las empresas cumplen un papel determinante, especialmente las del sector industrial. Estas son grandes generadoras de empleo, y la mayoría de ellas tienen voluntad de trabajar en pro de responsabilidad social y coadyuvar con los propósitos misionales del Estado. Las constantes y a veces innecesarias reformas a la normatividad no pueden ser un obstáculo más a la competitividad de la que tanto adolece el país. Como lo expresó la ANDI, e incluso la Superintendencia de Industria y Comercio en sus conceptos de uno de los proyectos de ley 5 , se recaería en regular algo que ya lo está: se sobre-regularía. El remedio puede ser peor que la enfermedad.