Reflexiones sobre la Reforma Tributaria

Editorial

Alfredo Castellanos Presidente de la Junta Directiva Acopi Bogotá Cundinamarca

El gobierno presentó una reforma tributaria para su trámite en el Congreso. Para ella siguió algunas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos nombrada el año pasado, pero fundamentalmente se basó en las orientaciones de la OECD. La denominó “estructural” y busca recaudar varios billones de pesos con la finalidad de tapar el enorme hueco fiscal.

En lo que corresponde al cambio en la estructura de la tributación en Colombia es muy poco lo que se avanza. Se mantienen enormes e injustificados privilegios para las grandes empresas, sobre todo las multinacionales; se anuncia cárcel para los grandes evasores pero se les da una ruta de salida si cancelan lo que deben; se prolonga una tributación basada principalmente en los impuestos indirectos y se encuentran graves vacíos en lo que se refiere a la progresividad, que es un mandato constitucional.

Las empresas son gravadas con la misma tasa, independientemente de su tamaño y se renuncia a fomentar la industrialización, al no dar estímulos a quienes generen empleo, mayor valor agregado o desarrollen tecnologías.

El caso de las pequeñas y medianas empresas es preocupante. Se les coloca la misma tasa que a las grandes y ni siquiera en aras a la discusión se plantea el problema de que estas son la inmensa mayoría, tienen una alta tasa de mortalidad, sufren limitaciones crediticias y la competencia de mercancías importadas por cuenta de los TLC.

El Gobierno debió tener en cuenta que hay una gran diferencia entre las empresas si se tiene en cuenta el número de empleos que generan, su valor agregado, su desarrollo tecnológico o sus activos y ganancias. Un ejercicio juicioso exige diferenciarlas, aplicarles diferentes tasas y subsanar así sea parcialmente la tremenda inequidad de nuestro sistema tributario.

Del IVA ni hablar, se pretende castigar el consumo de las grandes mayorías y estrechar el mercado interno. Los impuestos a los combustibles, a las gaseosas y a 100 de los productos de la canasta familiar a los cuales se les pretende pasar de 16% a 19% el impuesto, pueden afectar no solo a los consumidores sino a los pequeños negocios.

Nadie espera que una reforma tributaria remedie todos los males de la economía que tienen causas viejas y profundas, eso requiere una cirugía mayor, pero en un ambiente de debilitamiento del aparato productivo y deterioro del consumo de la población, los empresarios reclamamos del Gobierno Nacional medidas que estimulen la economía no que la depriman.

Así se lo hemos planteado al Ministerio de Hacienda y a numerosos parlamentarios de todos los partidos políticos, tanto de Senado como de la Cámara de Representantes. Aunque el Gobierno se muestra más escéptico, los parlamentarios han manifestado interés en estudiar la propuesta de Acopi Bogotá-Cundinamarca, la cual está basada en un profundo estudio que mostró cómo en materia de renta, la desigualdad del sistema tributario es aún mayor que en las personas, pues el índice de GINI en materia de utilidades es de .57 para personas y de casi el 80 en las empresas. No es justo que los bancos y las trasnacionales paguen la misma tasa de impuesto que una pyme. “El impuesto diferencial por utilidades y progresivo funciona muy bien en los Estados Unidos y algunos países desarrollados”, me dijo el Senador Mauricio Lizcano, presidente del Congreso. Esperamos pues que en el Congreso Nacional se debata y acoja favorablemente la propuesta del Impuesto Diferencial de Renta para las pyme, con lo cual se estimulará la producción nacional y el empleo de los colombianos.

Igualmente, es preocupante que en vísperas de la temporada decembrina, cuando muchos pequeños y medianos negocios hacen la mayor parte de sus ganancias, no se controle la invasión de productos importados, que utilizan la subfacturación, el lavado de dineros o simplemente, aprovechando las ventajas que los TLC dan a los productos extranjeros. Es el caso de los textiles y el calzado provenientes de Panamá, cuya llegada masiva se intenta frenar por medio de medidas administrativas que enredan los tramites de importación pero que, finalmente después de hacer un poco más de trámites ingresarán al país, ya que los aranceles que se les fijaron no impedirán que se inunde el mercado de estos productos.

Las grandes importaciones de ellos están llegando de países con los cuales se tienen tratados de libre comercio, llegan baratos porque esos países tienen facilidades para llegar al mercado colombiano, tienen costos de producción por debajo de los nuestros y hasta el momento no hay ninguna política gubernamental que asegure la disminución de los costos nacionales, los cuales no dependen exclusivamente de la acción del productor individual sino que se relacionan con el acceso a tecnologías modernas, consecución de materias primas baratas, acceso a crédito, protección del mercado interno, disponibilidad de servicios públicos baratos e infraestructura adecuada. En sus respectivos países los productores de esos bienes sí disponen de las facilidades de los cuales los colombianos no cuentan.

Se requieren políticas de fondo, no remediales y contar con un propósito nacional de fomentar la producción cosa de la cual el gobierno colombiano carece hasta el momento.