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Nacionales
Guatemala, miércoles 24 de julio de 2013
Comisión promueve cambios en reglamento disciplinario.
Reforma mejorará control en la PNC
Génesis Agustín • Genesis.Agustin@dca.gob.gt foto • Archivo
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jercer mayor control disciplinario y restituir el respeto a la jerarquía en las filas de la Policía Nacional Civil (PNC), son los principales objetivos de las reformas al reglamento de dicha entidad, promovidas por la Comisión Presidencial para la Reforma Policial. La comisionada presidencial, Adela Camacho de Torrebiarte, informó que se pretende ejecutar sanciones adecuadas en el momento preciso en que los efectivos policiales cometan una falta. “Con esto retomaremos el control disciplinario, pues la mayoría de quejas y sanciones son cosas mínimas, pero al ser repetitivas causan problema. Con las reformas, los altos mandos podrán tener supervisiones diarias sobre los oficiales”, explicó Camacho de Torrebiarte.
Solución de fondo
Entre estos cambios promovidos está la eliminación de los castigos económicos, como el suspender a los agentes de 9 a 20 días sin goce de salario por ingerir bebidas alcohólicas, “pues estas medidas afectan a la fami-
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Participaron en desfalco de dos comunas. Foto • Josué Decavele
Lavado
Procesan a esposos El juez décimo del Ramo Penal, Wálter Villatoro, ligó a proceso penal a los esposos Ileana Aidé Velásquez González y Próspero Miguel Sorto Bran, sindicados de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. El Ministerio Público los señala de haber recibido fondos de una transferencia de las municipalidades de Villa Canales y San Miguel Petapa.
días sin goce de salario son suspendidos los policías por ingerir bebidas alcohólicas.
Con esto, esperamos “establecer el control de mando de la PNC”.
Adela de Torrebiarte
Comisionada Presidencial
lia o personas que dependen del agente, y no dan una solución a los problemas de fondo”, expresó la funcionaria. El inspector de la PNC Byron Chicas dijo que para evitar las transgresiones al reglamento actual se fortalecieron las unidades investigadoras y las inspectorías. Carlos Vega Fernández, analista en seguridad, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que las reformas son un hecho positivo, y su función será normar las acciones dentro de las filas de la entidad, para evitar que policías se involucren en estructuras delictivas.
Huehuetenango
Traficantes de animales
Las reformas al régimen disciplinario de la PNC buscan mejorar los controles en la institución policial.
MP solicita de 27 a 300 años de cárcel
Alejandro Giammattei rindió su declaración, a petición de la defensa de Víctor Hugo Soto Diéguez.
Sara Solórzano • sara.solorzano@dca.gob.gt foto • Josué Decavele
El Ministerio Público (MP) solicitó de 27 a 300 años de prisión contra 8 sindicados de haber participado en las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 10 privados de libertad. La petición del ente investigador es que Víctor Soto, exjefe policial, reciba una condena de 300 años. En lo que respecta a Aldo Stefano Figueroa Díaz, hermano de Javier Figueroa, el MP demanda una sentencia de 270 años. Para los exinvestigado-
res Víctor Ramos y Áxel Arnoldo Martínez Arriaza se solicitaron 90 años de cárcel y para Edwin Rivera Gónzalez, 54. María del Rosario Melgar, exsecretaria de Víctor Rivera, asesinado en 2008; Nicolás Camajá Bach y Francisco González Ibáñez guardarían prisión 27 años. El MP los señala como supuestos responsables de la ejecución de 3 reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, en Escuintla, en 2005. Además de la muerte de 7 reclusos de la Granja de Rehabilitación Penal Pavón, en 2006, durante el plan Pavo Real.
La Policía Nacional Civil capturó a 6 hombres acusados de tráfico de animales en peligro de extinción, en el kilómetro 334, jurisdicción de La Democracia, Huehuetenango, informó el vocero de la entidad, Pablo Castillo. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas indicó que en ese sector hay tráfico de aves exóticas.
Parricida
Condenados a 30 años César Adán Aguilar, juez del Tribunal Quinto de Sentencia, condenó a Johana Castillo Alvarado de Aguilar a 30 años de prisión por el delito de parricidio, y a José Daniel Batres Reynosa, al mismo número de años por asesinato. La fiscal Araceli Mendoza dijo que las pesquisas revelaron que los sentenciados asesinaron a Érick Aguilar el 2 de mayo de 2012.