Renuncia el titular de Análisis del Gasto tras tema financiero

El director de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto de la Secretaría de Planeación y Fianzas del gobierno estatal, Rafael Agustín Huerta Sánchez, presentó su renuncia al cargo, en el marco del “hoyo financiero”, por la inversión de 600 millones de pesos al banco Accendo en 2021.

Luegodequelapropiatitulardeladependencia, Teresa Castro Corro, rechazara que la inversión del recurso a Accendo representara un “quebranto” a las finanzas estatales, se dio a conocer la salida de Huerta Sánchez.

Sin embargo, algunas versiones periodísticas han rechazado que la renuncia del director esté relacionada a este incidente, por el contrario, mencionan que se trata de un hecho programado desde hace varios días.

Por lo anterior, el último día que Huerta Sánchez, personaje que además es cercano a la titular de Finanzas, Teresa Castro, laborará en las oficinas de la dependencia, será el próximo viernes 14 de abril.

Cabe destacar que el 2021, la dependencia estatal invirtió 600 millones de pesos en la institución bancaria para, presuntamente, tener financiamiento del pago de compromisos; sin em

de un cacique de rancho.

COSTO. El líder empresarial, Héctor Sánchez Morales, pidió que no haya impunidad.

Si el PAN perdió el poder fue por este tipo de arrebatos, porque en el morenovallismo abundaron las factureras, las empresas fantasma, o como lo bautizó Miguel Barbosa cuando comenzó a gobernar la entidad: los modelos de negocio.

bargo, en septiembre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores retiró el permiso a Accendo para operar. / STAFF

El alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, se deslindó de ejecutar un posible castigo por la pinta de bardas en favor de actores políticos en la demarcación. Entre sus argumentos, el edil informó que las bardas son propiedad privada, por lo que sus dueños son los únicos que pueden decidir su uso. Al mismo tiempo, refirió que el ayuntamiento capitalino carece de facultades en materia político-electoral y que sólo están en posibilidad de sancionar lo que está colocado en sitios prohibidos. / STAFF

Rafael Moreno Valle Rosas le hizo mucho daño a las arcas poblanas. Usó el dinero público como si fuera suyo. Ayer nos despertamos con la noticia de que una mala decisión, un arrebato, un golpe en la mesa de manera impulsiva le costó a Puebla la friolera de 2 mil 600 millones de pesos, que ya se tuvieron que pagar al fisco.

Al exgobernador panista se le hizo muy fácil que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le devolviera 700 millones de pesos. Como no era sustentado en la ley, Hacienda le pidió de vuelta ese dinero y Moreno Valle, muy a su estilo —a veces un poco pendenciero—, dijo no. Y decidió contratar un despacho de abogados que costó a Puebla 30 millones de pesos al mes.

Lo que asombra de la decisión del exmandatario es que tanto presumía a su grupo financiero que no supieron ver que a la administración estatal no le podían devolver ese recurso.

Lo que más preocupa es que el despacho de abogados cobró tan solo en un año 360 millones de pesos. El litigio duró desde el 2015 hasta el 2022, así que hay que hacer las sumas de cuánto dinero se erogó para terminar pagando más del triple del dinero original: eran 700 millones de pesos, y ahora se le pagó al fisco 2 mil 600 millones de pesos.

No sólo fue este tema, fueron las llamadas PPS, los créditos que se contrataron, los contratos que se guardaron y aunque él ya no gobernaba desde el 2016, los daños y las consecuencias son tan grandes que aún seguimos pagando por esos arrebatos dignos

Qué posición tan incómoda la de la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro y Corro, quien, en la conferencia mañanera del martes, tuvo que salir a dar la cara y explicar el daño al erario en el que no incurrió ella, pero que sí mantuvieron no sólo Rafael Moreno Valle, sino Tony Gali, Guillermo Pacheco Pulido y lo que duró la administración de Miguel Barbosa.

Qué posición tan difícil para la actual administración estatal, porque tuvo que apagar un fuego que no creó, ni sugirió ni tenía vela en el entierro.

¿Cómo es posible que una decisión del 2015, ese arrebato generado desde la impulsividad, aún tengamos que pagar por él?

“Éramos muchos y parió la abuela”, dijera el clásico.

Apenas los gobiernos y los ciudadanos comenzamos a salir de los problemas económicos que se generaron por la pandemia.

Puebla viene de un proceso muy convulso con muchísimos gobernadores que han pasado desde que salió Rafael Moreno Valle: Tony Gali, Martha Erika Alonso, Rodríguez Almeida, Pacheco Pulido, Miguel Barbosa y ahora Sergio Salomón Céspedes, y nos enteramos de una mala decisión y de que el actual gobierno tuvo que dar la cara para no seguir afectando al erario.

Deben existir responsables. Tiene que haber quien dé la cara. Exfuncionarios de Finanzas y asesores que no se escondan ni huyan a Woodlands, el paraíso perdido de los poblanos caídos en desgracia.

Pese a la prohibición en la venta de vapeadores en el país, en Puebla continúa esta práctica de manera ilegal, denunció Brahim Zamora, líder del proyecto de control del tabaco de Comunicación, Diálogo y Conciencia (Códice).

Indicó que los cigarrillos electrónicos se comercializan actualmente en 31 establecimientos, de acuerdo con el monitoreo que rea- lizó Códice junto con el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y la Red de Género y Medio Ambiente, en septiembre y octubre de 2022.

Por ello, hizo un llamado a los diputados locales y al ayuntamiento, mediante el Código Reglamentario para el Municipio (Coremun), para adaptarla al ámbito local.

“Lo que necesitamos en Puebla es actualizar el marco jurídico actual, si bien la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento son de observancia nacional, sí hace falta una reforma, una nueva ley local; la tiene que hacer el Congreso”. /STAFF

justicia Abigail, víctima de violencia

Abigail Serdán, madre poblana de tres menores de edad, se manifestó frente a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres para exigir se dé celeridad a su caso, pues tiene tres denuncias contra su agresor y después de dos años no ha tenido resultados ni justicia. Narró haber sido víctima de violencia vicaria, abuso sexual, familiar, abandono y hostigamiento. / STAFF

AJUSTES. Los integrantes de Odesyr pidieron a los diputados locales y al ayuntamiento alinearse a la ley federal.