Edición 22 de Agosto 2013

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LOCALES / JUEVES, 22 DE AGOSTO DE 2013 El periódico de Puerto Rico

EL VOCERO / Ingrid Torres

Aboga por justa representación legal MELISSA CORREA VELÁZQUEZ, EL VOCERO

Juez federal advierte sobre peligros de recortar fondos a Oficina del Defensor Público federal Cualquier reducción de los fondos que haga el Congreso a los tribunales federales causaría un caos constitucional de magnitud nacional, porque incumpliría con las leyes que disponen el pago de honorarios a los abogados del panel federal, que ofrece una representación legal adecuada a los acusados de escasos recursos.

momento se verían imposibilitada de procesar criminalmente a un acusado sin que estos tengan representación legal. “Como juez federal de la Corte de Distrito, soy testigo de primera mano, virtualmente cada día, de la necesidad de una adecuada representación para los acusados en casos criminales en mi sala. Es casi imposible creer que nuestro sistema judicial pudiera operar sin abogados calificados, tanto de defensa como de la Fiscalía. Pero ese era el sistema que habíamos tenido antes de la Ley de Justicia Criminal de 1964”, acotó.

El referido estatuto dispone que todo acusado federal debe recibir representación legal de parte de la Oficina del Defensor Público federal o por los abogados privados, compensados económicamente por el Tribunal federal. Estos son conocidos como abogados del panel, los cuales son asignados por la Corte. “La reciente y severa reducción de fondos retan la habilidad de la judicatura federal a servir al pueblo de Estados Unidos en su papel de tercera rama de gobierno”, apuntó. Expuso que el Programa del Defensor Público federal ha tenido una reduc-

EL VOCERO / Archivo

Así lo advirtió el juez federal Gustavo Gelpí, durante su ponencia en un simposio del Federal Bar Association (FBA), llevado a cabo en la Biblioteca del Congreso en Washington para conmemorar el 50 aniversario de la aprobación de la Ley de Justicia Criminal. Gelpí es el presidente entrante del FBA, y es el primer juez federal que asume la presidencia de la prestigiosa organización. Anteriormente, Gelpí fue presidente del FBA, Capítulo de Puerto Rico.

GUSTAVO GELPÍ

ción de su personal y podría experimentar reducciones adicionales durante el otoño. Señaló que recientemente la FBA alertó al Senado estadounidense sobre el peligro que puede causar la reducción de fondos para los abogados del panel. Ello, debido a que no solamente se afectarían los acusados en casos criminales, sino también la Fiscalía porque en algún

Menciona que previo a la aprobación del referido estatuto, los abogados que representaban a indigentes no recibían compensación por su trabajo, ni para el pago de paralegales, investigadores y otros servicios. Por lo que los acusados no recibían una adecuada representación legal. EL VOCERO obtuvo copia de una misiva enviada por la jueza Catherine Blake, del Comité Ejecutivo de Decisiones Relacionadas a los Fondos de los Defensores, en la que informa a los abogados del panel una reducción de $15 de los $125 por hora que recibían como compensación. La carta explica que la determinación fue tomada debido a la crisis económica. Asimismo, indica que la decisión ayudará a estabilizar las oficinas del Defensor federal y para evitar un daño permanente al programa.

HÉCTOR PESQUERA

Soplan vientos de cambios en la Uniformada MELISSA CORREA VELÁZQUEZ, EL VOCERO

El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, señaló que “pronto” se hará un anuncio sobre su futuro como jefe de la Uniformada de la Isla. “Se hará un anuncio pronto...la decisión está tomada”, afirmó Pesquera durante una rueda de prensa en la que junto a las autoridades federales anunció la acusación contra 75 personas por fraude al Seguro Social. Pesquera rechazó confirmar si dejará su puesto a finales del mes en curso. A preguntas sobre si le interesaría permanecer como síndico en la Policía, el funcionario respondió “eso es especulativo”. Pesquera, quien dirigió el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la Isla hace unos años, fue nombrado jefe de la Uniformada por el exgobernador Luis Fortuño. Ocupa el puesto a manera de destaque, debido a que aun mantiene su posición en el condado de Miami-Dade en Florida como jefe de seguridad del puerto. Pesquera recibe cerca de $14 mil mensuales entre salario y beneficios marginales.

Designan nuevos jueces administradores en tres regiones REDACCIÓN, EL VOCERO

EL VOCERO / Archivo

El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, anunció la reestructuración administrativa de las regiones judiciales de Caguas, Guayama y Fajardo mediante la designación de nuevos jueces administradores. De esa forma quedó constituido el nuevo Consejo Asesor Judicial 2012-2013. A partir del lunes 19 de agosto la Región Judicial de Caguas es administrada por Lind. O Merle Feliciano, juez superior, quien hasta esa fecha dirigió la Región Judicial de Guayama. El anterior juez administrador de Caguas, Sigfrido Steidel Figueroa, fue ascendido como juez al Tribunal de Apelaciones.

Por su parte, Jaime Fuster Zalduondo, juez superior, ocupa desde entonces el puesto de juez administrador de la Región Judicial de Guayama. La Región Judicial de Fajardo pasó a ser administrada por la jueza superior Rosa del C. Benítez Álvarez, tras el relevo de funciones administrativas por motivo del próximo retiro de la judicatura de la jueza superior María Inés Cartagena Colón. La dirección de las demás regiones judiciales permanecen como estaban previo a la nueva constitución hecha en virtud de la Orden efectiva el 16 de agosto: Miriam Santiago Guzmán, Aguadilla; Rafael Taboas Dávila, Aibonito; José Ramírez Lluch, Bayamón; Alberto

Pérez Ocasio, Carolina; Rafael Rodríguez Olmos, Humacao; Aixa Rosado Pietri, Mayagüez; Nereida Cortés González, Ponce; Isabel Llompart Zeno, San Juan; Lissette Vélez Morales, Utuado; y Migdalia Fraticelli Torres, jueza administradora del Tribunal de Apelaciones. Las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia disponen que los jueces administradores o las juezas administradoras regionales y del Tribunal de Apelaciones constituyan el Consejo Asesor Judicial, organismo de asesoramiento al Juez Presidente y la Directora Administrativa de la OAT sobre asuntos de administración del sistema de tribunales.


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