Tenso inicio de vista preliminar

ó Hubo disputa por la prueba en el proceso judicial contra el presunto violador y asesino de su hija April

Rafelli González >rgonzalez@elvocero.com

@rafellilaw

La vista preliminar contra Jiovan Ortiz Soto, el hombre que alegadamente confesó haber abusado física y sexualmente hasta causarle la muerte a su propia hija de dos años, April Ortiz Quiñones, inició de manera conflictiva entre sus abogados y las fiscales asignadas al caso por asuntos relacionados con el manejo de la prueba y los testigos que se utilizarían en esta etapa.

Con casi una hora de retraso debido a que el imputado y su pareja, Naiari Quiñones Rivera, no fueron trasladados a tiempo desde el Complejo Correccional de Bayamón hasta la sala 402 del Tribunal de Primera Instancia, en Ponce, el proceso judicial que preside el juez Rubén Serrano Santiago arrancó con varias oposiciones de los abogados de la defensa.

El testimonio de una seróloga del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y los resultados de una prueba de ADN fueron los temas principales que provocaron la primera discrepancia entre los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) y las fiscales del Departamento de Justicia.

Durante las primeras horas del proceso penal, el cual es transmitido en directo gracias a EL VOCERO, los licenciados Julián Claudio Gotay y Emanuel Gierbolini Rivera insistieron en que no estaban listos para defender adecuadamente a su cliente, debido a que las fiscales Marjorie Gierbolini Gierbolini, Natalia Santana Quintana y Natacha Muñoz Berastain habían fallado en no presentar una prueba de ADN que consideran es evidencia que libraría de culpa al presunto asesino, quien habría confesado los hechos ante la prensa a su salida de la Regla 6 en junio.

Además, los letrados sostuvieron en corte abierta que las representantes del Ministerio Público anunciaron que sentarían a testificar a la seróloga Carola de Jesús del ICF, quien fue la que realizó la certificación de la prueba de ADN, pero que posteriormente determinaron no utilizarla en este momento, por lo que también entienden que su declaración pudo haber aportado más prueba exculpatoria.

“Imagínese usted que en esta etapa del juego surja prueba exculpatoria del ICF. Si esas pruebas por corroborar exculpan a nuestro acusado, evidentemente la prueba de ADN será beneficioso para mi representado”, sugirió el licenciado Claudio Gotay en uno de sus turnos, tras analizar un informe que forma parte del expediente, el cual indica que la agencia no ha procesado otros análisis científicos.

“No voy a seguir hablando porque precisamente le pedí al tribunal que no permitiera que se hicieran expresiones sobre conclusiones”, dijo el licenciado Gierbolini Rivera a preguntas de la prensa. En dos ocasiones distintas, el letrado solicitó al juez superior que emitiera una orden de mordaza para impedir a todos los involucrados en el caso emitir declaraciones a los medios de comunicación. La solicitud fue denegada luego de que el togado pidiera prudencia a los abogados a la hora de hablar del caso fuera de la corte.

“No hay prueba exculpatoria, no tengo nada que entregarle a ellos”, ripostó por su parte la fiscal de distrito Gierbolini Gierbolini fuera de sala, sin revelar el contenido de la prueba de ADN ni el alcance del testimonio de la seróloga del ICF.

Tras escuchar los planteamientos de ambas partes, el juez concluyó que la vista preliminar continuaría su curso, por entender que es la fiscalía quien puede determinar el tipo y la cantidad de prueba que puede presentar en etapa de vista preliminar para probar que existe causa para que se ordene la celebración de un juicio.

“La realidad es que el Ministerio Público tenía esa prueba y tenía la intención de usarla. No creo sea la intención esconderla”, determinó el togado antes de decretar un receso. Al regresar de la pausa, que se extendió por casi tres horas, el juez determinó decretar un receso sin que se juramentara ni un solo testigo. Será el lunes, 21 de agosto a las 9:30 de la mañana que la fiscalía sentará a declarar al agente de la División de Homicidios Francisco Meléndez Álvarez, la técnico forense que estuvo en la escena del crimen Gabrieliz Dedos Santiago y la patóloga forense, doctora Rosa Rodríguez Castillo.

Separan los casos Naiari Quiñones Rivera, quien enfrenta dos cargos por negligencia en el cuido tanto la criatura que fue llevada sin vida un CDT en Guayanilla como de otra de sus hijas de tres años, fue representada por la licenciada Joannie Plaza Martínez. En su turno inicial, la letrada argumentó que el proceso criminal en contra de la mujer de 29 años debía separarse del caso contra su pareja de 35 años, dado a que se tratan de delitos distintos que merecen ser examinados individualmente a pesar de que surgen de la misma investigación. El Ministerio Público encabezado por la fiscal de distrito Marjorie Gierbolini se opuso a la solici- tud de la defensa por entender que dado a que la radicación de cargo surge de la misma serie de eventos que concluyeron en el asesinato de la infante, ambos imputados deberían tener vistas preliminares en conjunto.

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“La prueba que nosotros queremos presentar contra la señora es una cosa y la prueba contra el señor es otra, que ambas surgen de la misma investigación, pero son acciones diferentes que surgen de los mismos hechos”, indicó la fiscal en sala. Sin embargo, la posición de los abogados de defensa convenció al juez para tomar la determinación de separar las vistas, por entender que es la alternativa que menos perjudica la defensa de ambos imputados.

el testimonio de una seróloga del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y los resultados de una prueba de adN fueron los temas principales que provocaron la primera discrepancia entre los abogados de la sociedad para asistencia Legal (saL) y las fiscales del departamento de Justicia.

La otra hija de la pareja tiene 3 años y permanece bajo la custodia del Departamento de la Familia en espera de un procedimiento civil en el que se dilucidará si la menor podrá o no regresar con su madre. Lo que ocurra en la vista preliminar en contra de Quiñones Rivera el próximo martes 22 de agosto a las 9:30 de la mañana ante la jueza Lizandra Avilés Mendoza pudiera provocar que la mujer pierda la custodia y patria potestad de la