Evalúan apelar el fallo que confirma nulidad en reforma laboral

ó Legislatura y Ejecutivo podrían plantear la controversia ante el Tribunal Supremo federal

Yaritza Rivera Clemente >Yrivera@elvocero.com

@YaritzaRiveraClemente

Ante la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston confirmando la nulidad de la Ley 41-2022, que buscaba revertir algunos cambios de la reforma laboral, la Legislatura y el Ejecutivo evalúan apelar el fallo judicial, y se preparan para elevar el caso al Tribunal Supremo federal.

La batalla legal por las enmiendas a la reforma laboral comenzó el 1 de septiembre de 2022, cuando la Junta de Control Fiscal demandó al gobernador Pedro Pierluisi en el Tribunal Federal, planteando que la Ley 41 afectaría significativamente los recaudos del gobierno y descarrilaría la economía.

“Esta lucha no termina. En primer lugar, estamos evaluando todas las alternativas disponibles para pedir reconsideración y agotar los remedios disponibles antes de recurrir al Tribunal Supremo federal”, expresó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Repre- sentantes, Domingo Torres.

En entrevista con EL VOCERO, Torres recordó que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) radicó, el pasado 7 de marzo, el Proyecto de la Cámara 1651, que contiene las mismas disposiciones de la Ley 41 y forma parte de la estrategia legislativa para insistir en revertir la nulidad del estatuto.

“Con toda honestidad, creo que este gobierno no está haciendo que las cosas pasen, según su ‘slogan’, creo que es totalmente lo contrario. Recientemente, salió la noticia del retraso de fondos federales y han incumplido en defender las leyes que otorgan los beneficios, en este caso el derecho laboral”, agregó.

Torres adelantó ayer que la Cámara evalúa todas las alternativas disponibles para pedir reconsideración y agotar los remedios disponibles antes de recurrir al Tribunal Supremo federal. “Vamos a apelar antes de acudir al Tribunal Supremo (federal), pero, de todas formas, tenemos el proyecto radicado”, sostuvo.

La Ley 41 aumentó a 1.25 día por mes de vacaciones a empleados de jornada completa, redujo la acumulación para el bono el gobernador Pierluisi se reitera que las enmiendas de la reforma laboral procuran un balance justo para empleados y patronos del sector privado y no afectan el ambiente laboral ni el crecimiento económico.

Angleró

de Navidad de 1,350 horas a 700 y a 900 horas las Pyme, y disminuyó el periodo probatorio a tres meses con posibilidad de extenderse tres adicionales, previa notificación.

De igual manera, el estatuto -que buscaba revertir disposiciones de la Ley 4-2017 de Transformación y Flexibilidad Laboral- dispone que se pagará las horas extra en exceso de las diez horas a tiempo doble en acuerdos de flexitime y sin acuerdo de flexitime a tiempo y medio, entre otros beneficios.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que el cuerpo legislativo

“compareció (a la corte) en defensa de los trabajadores del sector privado -tanto por escrito como en una vista oral- para exponer las razones por las que este estatuto no tiene impacto fiscal”, contrario a lo que alega la junta.

Hernández planteó que la junta excede la autoridad concedida por la Ley federal Promesa, al pretender menoscabar el gobierno electo para imponer una visión filosófica de gobernanza y que, contrario a lo que advirtió el ente fiscal, la Ley 41 entró en vigor, surtió efecto y la economía no sufrió el colapso anticipado.

Agregó que la junta no proporcionó datos científicos para validar el impacto fiscal de la reforma y que la Cámara sí suministró al tribunal un informe certificado por un doctor en economía, el cual no identificó. “La Junta de Supervisión Fiscal fue incapaz de demostrar lo contrario (el impacto fiscal)”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, planteó que “el gobernador Pierluisi se reitera que las enmiendas de la reforma laboral procuran un balance justo para empleados y patronos del sector privado y no afectan el ambiente laboral ni el crecimiento económico”.

Anticipó que el gobernador y el equipo legal están realizando el análisis correspondiente de la decisión y no descartan acudir al Tribunal Supremo.

Por esa misma línea se expresó el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado, quien indicó a EL VOCERO que esa evaluación estaría a cargo del gobernador y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“El estado de derecho laboral en el sector privado vigente continúa siendo, en términos generales, el que estaba siendo desde la reforma laboral de 2017”, expresó.

El funcionario indicó que las leyes laborales que trastocan al sector privado se re- fieren a “mínimos que el patrón tiene que ofrecer”.

“Nuestra exhortación (a los patronos) es que en atención de las condiciones del mercado laboral competitivo que tenemos hoy en día, y que estamos buscando consistentemente más personas que se acerquen al mercado laboral porque hay una necesidad enorme de mano de obra adicional para sostener sus operaciones, es que los patronos -independiemente de la ley- tienen que ser más competitivos al momento de diseñar los paquetes de compensación y beneficio para sus empleados”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, Ana Irma Rivera Lassén, planteó que la decisión judicial se va del lado de la junta y que la contestación del gobierno sobre el impacto económico de la reforma laboral “se quedó corta en la defensa”.

Rivera Lassén enfatizó que la ley busca promover una mejora en la compensación de la clase trabajadora actual e incrementar la entrada de más personas trabajadoras al mercado laboral sin impacto fiscal negativo en recaudos. Precisó que la ley restauraba derechos que les fueron arrebatados a los trabajadores.

“El tribunal concluyó que los argumentos presentados tanto por el gobernador como por el presidente de la Cámara fueron insuficientes. La determinación demuestra varias cosas: que ni el gobernador ni sus agencias hicieron el trabajo de defender la ley y que la Junta de Control Fiscal continúa gobernando y usurpando los poderes de la Asamblea Legislativa y del gobernador”, dijo.

Precisamente, la sentencia emitida por el Primer Circuito de Boston establece que la junta podrá continuar interviniendo con los proyectos de ley que afecten la “recuperación financiera” del gobierno, y reafirma el poder de la jueza Laura Taylor Swain de intervenir en pleitos que trascienden los planes de la deuda.

El panel de jueces expuso que requerir el impacto fiscal de las legislaciones evita que se repitan las prácticas que llevaron a la insolvencia del gobierno.

“Hacer lo que piden el gobernador y el presidente de la Cámara, esencialmente, eliminar el requisito de un estimado formal (de impacto económico) para todas las leyes regulatorias del sector privado, sería inconsistente (con Promesa)”, dijeron.

Un “gasto” elevar desición al Circuito de Boston

Efraín Montalbán Ríos >emontalban@elvocero.com

@EMontalbanRios

Para Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), la decisión federal fue la que el sector privado había advertido, por lo que catalogó como un “gasto” la acción del gobierno de haber elevado la determinación de la jueza Swain al Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

“Muchos homólogos míos coincidíamos con que esto (la apelación del gobierno) era un cargo al erario, porque le cuesta al gobierno y, por ende, a todos como contribuyentes. Fue un gasto cuando ya los peritos habían hablado y se habían expresado. Cuánto esto le representó al pueblo de Puerto Rico, cuando eruditos en el tema habían expresado que no iba a prosperar”, apuntó Aponte.

Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico (MIDA), expresó que la decisión del tribunal federal fue una acertada y explicó que, en lugar de añadir regulaciones laborables, el gobierno debe atender otros asuntos que afectan el bienestar socioeconómico de los puertorriqueños.

“Nos parece la decisión correcta. Puerto Rico no tiene un problema de falta de legislación laboral. Aun con esta decisión tiene más legislación y protecciones que cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos. El problema real de Puerto Rico es de sobrereglamentación”, señaló Reyes.

Asimismo, declaró que el sector privado necesita “una tregua” de la lista de medidas en curso en la Legislatura para hacer cambios al sector laboral.

“Este tipo de legislación lo que hace es que termina recortando oportunidades y se ha demostra-

Nos parece la decisión correcta. Puerto Rico no tiene un problema de falta de legislación laboral. aun con esta decisión tiene más legislación y protecciones que cualquier otra jurisdicción de estados Unidos. el problema real de Puerto Rico es de sobre reglamentación.

Manuel Reyes vicepresidente de MIDA

do, porque, Puerto Rico, aun teniendo más legislación laboral, la gente se está yendo del País. Así que no es lo que la gente está necesitando”, dijo Reyes.

El ejecutivo insistió que el gobierno debe buscar alternativas que disminuyan el costo de vida en la Isla, mejorar el sistema energético, facilitar el proceso de hacer negocios, fortalecer la seguridad, entre otros renglones.

“Nosotros queremos los mejores salarios y beneficios posibles. El gobierno tiene que crear las condiciones para que ese crecimiento económico ocurra y se puedan pagar esos sueldos y dar eso beneficios”, insistió Reyes.

Asimismo, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Ramón Pérez Blanco, respaldó la anulación de la Reforma Laboral y exhortó al gobierno a que mantenga el estado de derecho laboral actual por los próximos años.

“En un ambiente competitivo laboral como hay ahora mismo en Puerto Rico, los patronos van a competir por el recurso y eso en Puerto Rico se pierde de perspectiva, siempre esperando que el gobierno sea el que le diga al patrono cómo tratar a su empleado y creo que tenemos que cambiar la discusión, porque el patrono que no trate bien a sus empleados no va a durar mucho”, reaccionó Pérez Blanco.

A su vez, Yandía Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Aso-

Muchos homólogos míos coincidíamos con que esto (la apelación del gobierno) era un cargo al erario, porque le cuesta al gobierno y, por ende, a todos como contribuyentes. Fue un gasto cuando ya los peritos habían hablado y se habían expresado.

Lourdes Aponte presidenta del Centro Unido de Detallistas ciación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), favoreció la determinación federal, dado que la legislación no consideró el impacto económico contra el sector empresarial y de los consumidores.

“Las consecuencias que la medida tenía era contra los costos operacionales, que evidentemente van a redundar en que las empresas no absorbieran esos costos y buscarían la manera de compensarlos, así que aumen- esta decisión es muestra de lo poco que el gobierno toma en consideración a la empresa privada a la hora de tomar decisiones. No podemos continuar aprobando leyes laborales sin antes analizar las consecuencias negativas que estas pueden tener en la economía.

Mateo Cidre presidente de Asore tarían los precios e impactan al consumidor”, destacó Pérez.

En tanto, la portavoz de los industriales aseguró que el sector privado está en la disposición de colaborar con la Legislatura en cualquier otra medida que intente alterar los patrones laborales, siempre y cuando se realicen los estudios económicos pertinentes y se justifique cómo mejoraría la actividad socioeconómica.

Asimismo, el presidente de la

Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), Mateo Cidre, se hizo eco de las reacciones de sus homólogos a favor de la determinación de anular la Ley 41-2022 y señaló que carecía de un análisis económico profundo sobre el potencial impacto al sector empresarial y su capacidad de continuar empleando trabajadores y operando sus negocios.

“Esta decisión es muestra de lo poco que el gobierno toma en consideración a la empresa privada a la hora de tomar decisiones. No podemos continuar aprobando leyes laborales sin antes analizar las consecuencias negativas que estas pueden tener en la Economía”, sostuvo Cidre en declaraciones escritas a EL VOCERO. Además, aseguró que el gobierno “no debe inmiscuirse” en las decisiones laborales de las empresas, las cuales suelen acoplarse a los cambios de oferta y demanda, por lo que exhortó al gobierno a no continuar aprobando medidas que afectan el ambiente laboral.

Durán fue encontrado culpable en tres cargos. >Archivo/EL VOCERO