Alta prevalencia de trastornos mentales en prisión

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Las cárceles tienen unos 5,347 confinados con trastornos relacionados con el uso de sustancias ilegales. >Peter Amador Rivera/EL VOCERO

Yaritza Rivera Clemente >Yrivera@elvocero.com @YaritzaRiveraClemente

La prevalencia de condiciones de salud mental dentro de la población correccional en Puerto Rico es elevada y predominan los trastornos por uso de sustancias, traumas, esquizofrenia, ansiedad y depresión. Estas enfermedades las pueden sufrir los confinados de manera simultánea, lo que genera más preocupación.

En entrevista con EL VOCERO, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, explicó las patologías que arrastran los reos, el protocolo por el que se rige la agencia y los planes futuros para ampliar los servicios a esta población.

Desde enero, el DCR ha intervenido y ofrecido tratamiento un total 10,792 veces por diversas causas. En orden descendente, estas intervenciones se desglosan en 5,347 por uso de sustancias y 1,039 por sueño y por traumas y estrés 1,039. También, 1,014 por ansiedad, 767 por depresión, 767 por problemas de personalidad, 668 por conductas disruptivas y 151

nj Población

Hay 6,895 confinados ingresados hasta julio. De estos:

• 6,526 están en cárceles estatales

• 369 están en cárceles rentadas al gobierno federal por espectro de esquizofrenia. Estas cifras provistas por la agencia superan por mucho la totalidad de la población correccional, que ronda los 6,895 reos. Sin embargo, la agencia aclaró que muchos confinados pueden presentar comorbilidad, lo que significa que una misma persona puede tener dos o más trastornos de forma simultánea.

De los 6,895 confinados que ingresados hasta julio en alguna institución correccional, unos 6,526 pertenecían a la población estatal y 369 a la federal. Esto se debe, explicó Escobar, a que la agencia tiene dos instituciones rentadas a las autoridades federales.

“Cuando hablamos de salud mental, podemos pensar que es una persona que no está respondiendo totalmente al proceso que se está llevando a cabo y eso es errado porque salud mental es también aquella persona que es adicta a drogas, alcohólica”, mencionó Escobar.

Añadió que, un imputado de delito -debido al proceso judicial que enfrenta- también puede desarrollar depresión y ansiedad, pues se trata, en algunos casos, de personas que probablemente nunca habían vivido una experiencia como esta, lo que “genera una vorágine de emociones que tienen que ser atendidas”.

Dijo que un confinado puede experimentar un trastorno debido a múltiples factores, entre ellos el cambio de entorno y todo lo que eso conlleva como “los ruidos externos, el conteo que se hace a medianoche y el mero hecho de que están compartiendo su vida con otros seres humanos extraños”.

En cuanto al trastorno relacionado con sustancias, Escobar indicó que “el problema que estamos viendo dentro de las instituciones correccionales es que nos llegan personas que en su gran mayo- ría, en algún momento dado, han consumido o consumen hasta el momento de su arresto, sustancias controladas”.

Precisó que, en este tipo de casos, el confinado debe enfrentarse a un proceso de desintoxicación, de la mano de un equipo multidisciplinario.

“Esa situación de retirada de alcoholismo o de drogas hace que todas esas situaciones en términos de salud mental puedan incrementarse”, sostuvo.

Agregó que esa cifra de 5,347 confinados con trastornos relacionados con sustancias, aunque puede parecer alta, “es el movimiento constante de la población correccional, es un reflejo de lo que tenemos en la comunidad y en muchas ocasiones hasta la familia ignora que la persona consumía sustancias”.

En medio de este panorama, Escobar aseguró que el DCR se rige por el caso Morales Feliciano, que recoge cómo se debe atender los servicios de salud -tanto física, mental y dental- de todo convicto o imputado de delito ingresado por

> martes, 1 de agosto de 2023

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orden del tribunal a una cárcel.

Especificó que la agencia cuenta con 30 trabajadores sociales, 25 psicólogos, 21 técnicos psicosociales o técnicos psiquiátricos, y ocho psiquiatras, quienes se encargan de hacer las evaluaciones correspondientes y brindar el tratamiento a los confinados.

A modo de ejemplo, mencionó que el DCR tiene la obligación de completar -dentro de los primeros siete días que esa persona está en la institución- un proceso de evaluación médica, que incluye salud mental. Añadió que a los confinados se le realizan distintas pruebas como laboratorios y rayos x.

Agregó, además, que, en el caso de personas ingresadas a prisión imputadas de delitos relacionados contra la vida y delitos sexuales, el DCR tiene el deber de realizar una evaluación psicológica y ofrecer servicios de terapia, ya sea grupal o individual, labor que realizan psicólogos contratados.

Destacó que la agencia también cuenta con un protocolo para cumplir con los casos donde media una orden judicial para evaluar si el confinado es procesable o no y si este entiende o no el proceso judicial que enfrenta en su contra. En ese tipo de casos, la evaluación está a cargo de un psiquiatra del Estado.

Pero, ¿Deben estar en una ins- titución correccional personas con diagnósticos de trastornos mentales?, preguntó este medio a la secretaria de Corrección.

“El estado de derecho en Puerto Rico establece que toda persona que sea acusada de un delito, que no pueda pagar su fianza, ob-

nj Intervenciones por trastornos

El DCR realizó 10,792 intervenciones con los confinados desde enero, brindando tratamiento por:

• uso de sustancias en 5,347 casos

• sueño en 1,039 casos

• traumas y estrés en 1,039 casos

• ansiedad en 1,014 casos

• depresión en 767 casos

• problemas de personalidad en 767 casos

• conductas disruptivas en 668 casos

• espectro deesquizofrenia en 151 casos viamente será ingresada a prisión y toda persona que sea convicta de un delito, una de las alternativas a cumplir esa pena puede ser la de prisión”, mencionó Escobar.

“Por tanto, yo no puedo tener encarcelado a nadie de salud mental meramente porque es un paciente de salud mental. Probablemente, en otros países de Latinoamérica, esas personas en algún momento dado sean llevados a una prisión, pero en nuestro estado de derecho eso está prohibido”, agregó.

Explicó que, en los casos donde una persona confinada se encuentra inimputable de delito -lo que significa que jamás comprenderá el proceso legal por el cual está siendo procesado-, se ordena el egreso del sistema correccional y se ubica en un hospital de psiquiatría forense.

“Nosotros no somos un hospital psiquiátrico. O sea, el DCR no puede admitir a una persona a recibir tratamiento médico, en este caso de salud mental, si no emiten una orden del tribunal para recibirlos o una sentencia para ser ingresados a prisión”, expresó.

Adelantó que el gobierno desarrollará un hospital para pacientes de salud mental del DCR enfocado en la fase de tratamiento con servicio 24/7, así como otra institución correccional dirigida a ofrecer servicios de tratamiento para pacientes con adicciones.

Cuando hablamos de salud mental, podemos pensar que es una persona que no está respondiendo totalmente al proceso que se está llevando a cabo y eso es errado, porque salud mental es también aquella persona que es adicta a drogas, alcohólica.

Ana Escobar secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación