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LOCALES / VIERNES, 10 DE MAYO DE 2013 El periódico de Puerto Rico
RAÚL CAMILO TORRES, EL VOCERO
Una de las víctimas menores de edad en el caso que se sigue contra Carlos Camacho Maldonado y Josefina Rivera Matías –acusados por seis cargos de agresión sexual y un cargo de actos lascivos– brindó su testimonio a través del sistema de circuito cerrado, donde presa de los nervios manifestó en más de una ocasión desconocer detalles específicos sobre los delitos contra su persona. Los imputados de abusar sexualmente a dos niñas hermanas –quienes para ese momento tenían 5 y 7 años– en el 2007, mientras la pareja vivía en el residencial Brisas de Cupey, se mantuvieron atentos a las expresiones de la niña menor –que ahora tiene 11 años– y constantemente negaban con la cabeza sus declaraciones. Ambos vestían mamelucos de reclusos –él con camisa color azul y ella con el uniforme color kaki– y se hallaban encadenados a la cintura y esposados en los tobillos. Del interrogatorio, a cargo de la fiscal Maritza Valero Ramírez, solo se logró que la menor identificara al acusado como su violador y que todo ocurrió en la habitación del apartamento donde vivía el matrimonio, como el lugar de los hechos. La interrogada, no obstante, no pudo precisar detalles adicionales requeridos por el Ministerio Público con una serie de “no recuerdo”. El juez Enrique Silva Avilés, del Centro Judicial de San Juan y quien atiende la vista preliminar contra el dúo de acusados, decidió escuchar –en horas de la tarde– el testimonio de la mayor de las perjudicadas a puerta cerrada. Los cargos contra Camacho y Rivera se remontan a una querella presentada en su contra para la fecha de los delitos, desde la cual ambos se encontraban fugitivos hasta el arresto de la mujer ocurrida el 18 de febrero pasado. Camacho se entregó a las autoridades el día siguiente. La abogada de oficio Valerie Rivera Vargas y el licenciado Carmelo Dávila Torres tienen a su cargo la representación legal de los acusados en la vista que se espera continúe hoy en la Sala 605 del Tribunal de San Juan, con el interrogatorio de la madre de las niñas perjudicadas y una doctora médica.
Detective defiende pesquisa ‘paralela’ JACKELINE DEL TORO CORDERO, EL VOCERO
El detective privado Milton Rodríguez obtuvo acceso, tomó fotos e hizo un croquis de la casa de Ana Cacho a consecuencia del contrato que suscribió con ella, el cual contenía dos párrafos –añadidos a mano– sobre confidencialidad y sujeción a acciones legales, el cual opinó que eran pertinentes “a la compañía y sus empleados”.
con el esposo de su abuela– que esbozó Rodríguez en el libro. “Estoy tranquila, muy tranquila” con el proceso, comentó. Al ser cuestionada sobre la presencia de los oficiales del orden público en sala, contestó que “yo les pediría a ellos que investiguen, que investiguen en la calle lo que tienen que investigar: la muerte de mi hijo”. Berríos aseguró que no se sienten intimidades por la presencia de ellos allí.
La información y algunas imágenes fueron incluidas en su libro Caso Lorenzo: Desde mi punto de vista, por el cual Cacho y su madre, Amneris Yvette González, lo demandaron por incumplimiento de contrato y violación a la confidencialidad. A preguntas de una de las abogadas de Ana Cacho, Brenda Berríos, Rodríguez insistió en que mientras trabajaba para Cacho hizo una investigación paralela, en su tiempo, acerca de la muerte del niño de ocho años asesinado en el seno de su hogar en la urbanización Dorado del Mar. Negó que la hiciera con dinero de González, aunque sí obtuvo documentos con un poder que le dio Cacho. Acerca del propósito de la investigación, dijo que “el mío era ese (esclarecer la muerte de Lorenzo)”. Pero como parte de su primer contrato su clienta le requirió tareas como tomar fotos de su exesposo y padre de sus hijos, Ahmed Alí González, en una vigilia, y de un reloj valorado en $25 mil, así como buscar el vídeo de un garaje de gasolina. Decidió realizarlas “porque eran legales” y para ganar confianza y que le dieran más tareas o le encomendaran que lo llevaran a descubrir quién asesinó al menor. Sin
EL VOCERO / Luis A. López
Brinda testimonio menor de edad
ANA CACHO
embargo, con el segundo contrato se le pidió cosas “que no eran legales”, a lo que se negó, le dijo a Berríos. Ni sus abogadas ni las de Cacho y su madre, Amneris Yvette González, ‘abrieron la puerta’ para que las mencionara en sala. En la mañana, Cacho se expuso al contrainterrogatorio de una de las abogadas del demandado. En la sala de la jueza Enid Martínez Moya manifestó que no ha dejado de llorar, y que llora todos los días desde la publicación del libro. Afuera, reiteró que “eso es así” y que a su hija mayor “la ponen como una asesina. Entraron a la privacidad de mi hogar, publicaron (describieron) toda mi casa, no puedo no decir…”. Se refirió a la teoría de un golpe con un palo de jugar golf –deporte que la adolescente practicaba
Acerca de una presunta denuncia contra Rodríguez por maltrato de menores, dijo “que la presenten. Nunca he sido denunciado por un asunto como ese”. Él y su esposa están en proceso de renovar la licencia como hogar sustituto y tienen un niño, desde que tenía cinco meses, que sus padres –que eran investigados por el Departamento de la Familia– decidieron entregárselo.
‘Este caso no es de dinero’ Berríos subrayó que “este caso no es de dinero. Aquí hubo un abuso de confianza. Si yo contrato un detective privado para que haga un trabajo para mí, yo estaría despavorida que se vayan a revelar mis intimidades”. Reclamó que “el sufrimiento que ellas han pasado no hay cuantía que la recupere (compense)”. Y reiteró que el desconsuelo por la muerte del niño aumentó con la publicación del libro, aunque son “unos sufrimientos distintos, y ellas lo establecen claramente”. “Obviamente, si le matan un hijo a alguien tiene que sufrir. Ellas aquí no han tratado de engañar a nadie diciendo que solamente sufrieron por el libro”, indicó la letrada. El juicio continúa hoy.