Alegan que balance político sería costoso

con esta enmienda, la CEE “no cuenta con el presupuesto para implementar dicho cambio, por lo que además de incluirlo en esta legislación, se tendría que lograr consenso con el poder ejecutivo y la Junta de Control Fiscal”. Igualmente, mencionó que en las oficinas de la CEE no hay espacio para ubicar escritorios y archivos, donde ubicarían a los representantes de los partidos.

“Esto además, habría que armonizarlo con cuál es la función de estos, tomando en cuenta lo dispuesto en el mismo artículo, por lo que debe determinarse si los nuevos miembros a ser designados, son adicionales al director y al subdirector, o si van a ser subdirectores”, abundó.

Otro reparo que la CEE levantó sobre la medida es que, a su juicio, limita las facultades administrativas que corresponden al presidente, y las deja sujetas a la aprobación de los cinco partidos.

“Un ejemplo de ello es la nómina de los empleados y el tema de almacenes, donde cabe preguntarse si se van a tener más almacenes para cada uno de los partidos. A su vez, tomando en cuenta que el componente de recursos humanos es un tema administrativo, debe definirse adecuadamente quién va a reclutar, es decir, si le co- rresponderá al presidente o a los comisionados”, afirmó Padilla Rivera.

El PNP y el PPD se alinearon con la CEE al establecer-por separado- que no favorecen el proyecto sustitutivo, y advirtieron sobre sus implicaciones fiscales al incluir representación de otros partidos en las 10 oficinas de la comisión.

Respecto al tema de la representación de los partidos en las esferas de la CEE, la Pava opinó que “los cinco partidos tienen representación con voz y voto en todas las deliberaciones en las reuniones semanales de la CEE”.

“Solamente el Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana no tienen representación en ciertas oficinas de la CEE, toda vez que ambos partidos, por decisión exclusiva de ellos, decidieron dejar vacantes el 98% y 92% respectivamente de las posiciones disponibles en el evento electoral pasado, que es uno de los requisitos establecidos en el estatuto actual”, establece la ponencia del PPD.

En una ponencia suscrita por la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo, el PNP dijo que se debe aprobar la versión original del proyecto – que se aprobó en el Senado- y que mantenía únicamente la re- presentación de su partido y del PPD en las juntas de balance institucional, aunque dejaba fuera a los demás partidos.

“Respetuosamente que sostenemos que el propósito de la estructura actual es generar ahorros en la CEE de manera que su operación no sea amenazada por límites presupuestarios y cumplir con el plan fiscal aprobado por la junta fiscal. Además, no podemos identificar un presupuesto particular para estos cambios, cuyo impacto es aumentar sustancialmente el presupuesto de la comisión. Por estas razones entendemos que no deben realizarse”, apuntó.

“No están hechas con el elector en mente”

En tanto, la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, denunció que las enmiendas sometidas no toman en cuenta al elector y que su utilidad es reintegrar a personas del PPD en las estructuras administrativas de la CEE. “Incluso en áreas en donde no hace falta balance partidista, el PPD busca juntarse con el PNP en la repartición del aparato electoral”, expresó.

Aponte propuso establecer “balance electoral” en lugar de “balance institucional” solamente en Osipe, Secretaría, Javaa, el Centro de Operaciones Electorales, la oficina de Educación y Adiestramiento y en la oficina de Enlace y Trámite Electoral en Planta Física Externa.

“Entendemos que el resto de las oficinas puede manejarse con personal de carrera, incluyendo su personal directivo, que no representen a ningún partido político. Esto representaría un ahorro y promovería la eficiencia”, señaló.

En esa misma dirección se expresó el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, quien favoreció que el proyecto a considerarse establezca el balance electoral en representación de todos los partidos en la toma de decisiones en Osipe, Secretaría, Planificación, Javaa, Operaciones Electorales, las JIPS y los proyectos especiales.

“Cada una de estas oficinas atienden asuntos electorales de vital importancia y bien manejadas pueden brindar la transparencia y la imparcialidad que el pueblo pide a gritos. El Código Electoral del 2020 sustituyó el concepto de junta de balance electoral por junta de balance institucional con el único propósito de afianzar el bipartidismo y eliminar a las minorías (contrario a lo que reclamó claramente el pueblo puertorriqueño a la luz de los resultados electorales del 2020). Es fundamental restablecer el verdadero balance electoral”, dijo. Ambos comisionados de MVC y del PIP destacaron que el proyecto sustitutivo mantiene restricciones para las candidaturas coaligadas.

Proyecto Dignidad denuncia exclusión El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez, también señaló que su partido no tiene injerencia en las oficinas y organismo de balance institucional.

“El tratamiento preferencial que se adjudican el PPD y el PNP por ley es ventaja indebida que les facilita organizar su ejército de candidatos y voluntarios, recopilar y manejar la información de los electores y la información geoelectoral. Esas ventajas indebidas les permiten organizarse y tener más tiempo e información para su estrategia político-electoral”, expuso. Sostuvo que las enmiendas tienen el efecto de privilegiar y beneficial a los partidos principales “sin razón válida”.