Objeta las declaraciones de Cano Delgado

Istra Pacheco >ipacheco@elvocero.com

do Montalvo, quien explicó que Santamaría ayudó a conseguir el voto de los “diferentes alcaldes” que ayudó en la campaña electoral.

“Consiguió muchos votos”, aseguró Delgado Montalvo, quien también detalló los encuentros con Santamaría.

Agregó que cuando Pérez ganó la presidencia de la Federación, muchas de las reuniones del organismo se realizaron en el Centro de Convenciones de Cataño. En una de estas reuniones, Delgado Montalvo aseguró que Santamaría lo llamó para darle un pago y le pidió que llamara a Pérez, instrucción con la que cumplió.

Añadió que Santamaría le pidió un favor que beneficiaría a Pérez, contratando a Liza Fernández, esposa del ahora acusado alcalde de Guaynabo, para que diera servicios legales en el ayuntamiento, una contratación que se concretó.

A su salida del tribunal, Fernández expresó a la prensa que “no hay facturas más detalladas en ninguna agencia de gobierno que las mías… Yo hice un trabajo”.

En el contrainterrogatorio, a cargo

Cuando tienes el poder de ser alcalde, hay gente que te ayuda en las campañas, pues uno para devolverle el favor los tiene que compensar de esta manera, dándoles contratos... Y si no se hace, pues vamos a tener problemas, podemos tener problemas.

Félix “El Cano” Delgado testigo de cargos del abogado de la defensa Osvaldo Carlo, Delgado Montalvo no respondió si había recibido un beneficio grande por su testimonio, pero admitió sus influencias en la Junta de Subastas. “Cuando uno decide cooperar, uno tiene que sentarse con los agentes federales y decir todo”, afirmó.

Fotos y grabaciones

Las fotos y vídeos de 2021 del dinero que supuestamente Santamaría le pagaba como soborno a Pérez, fueron reveladas durante el interrogatorio del agente del FBI, Miguel Rodríguez.

Para ese entonces, Santamaría estaba colaborando con los federales. El agente abundó que $5,000 “era la cantidad de dinero que Santamaría dijo que le pagaba a Pérez Otero”.

Ayer también se sentó en la silla de los testigos Héctor Ramón Bladuell, director auxiliar del área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental, quien indicó que Pérez informó en los informes financieros que radicó como alcalde, que nunca recibió más de $250 de una persona que no fuera un familiar.

Esta información contradice la versión de la defensa, que sostiene que el dinero que recibió el acusado fueron contribuciones políticas.

A su salida del tribunal, Carlo indicó que hubo elementos que se hablaron en el tribunal que no tenían que ver con el caso, como la contratación de la esposa de Pérez.

Las declaraciones del exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado sobre cómo opera el alegado “código de lealtad” entre los donantes de campañas y los funcionarios electos para ocultar actos de corrupción, no reflejan la realidad en todos los municipios, afirmó ayer el alcalde popular de Comerío, Josian Santiago. De acuerdo con Santiago, lo que hizo Delgado en su testimonio como parte del juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez —quien enfrenta cargos por soborno— al decir que los alcaldes tienen poder sobre los contratos que se otorgan y que favorecen a sus donantes, fue tratar de justificar sus propios delitos.

Para el alcalde de Comerío, cuando Delgado pareció apuntar a que la norma es la protección entre las personas que ayudan en las campañas y los ejecutivos electos, tiene más que ver con sus valores que con el cargo que ocupan.

“La fiebre no está en la sábana: no se trata de que la posición de alcalde sea la más vulnerable a la corrupción. Creo que es el puesto más digno que puede haber en el servicio público dentro de los puestos electivos y es el más cercano a la gente. Así que es triste porque con esas declaraciones mancha la imagen de la institución y el puesto de alcalde, cuando la ilegalidad no tiene que ver con el cargo sino con los principios de quien lo ocupa. Él está equivocado. En la corrupción tiene que ver los principios y valores”, afirmó en declaraciones a EL VOCERO Santiago señaló que las expresiones de Delgado deben servir para que líderes políticos y funcionarios electos comiencen a asumir su parte de responsabilidad en que ocurran casos de corrupción.

Agregó que los partidos políticos deben hacer un mejor escrutinio de sus candidatos, que las personas deben elegir los candidatos por lo que pueden aportar al servicio público, y que la Oficina del Contralor Electoral debe buscar cómo evaluar mejor los informes de ingresos y gastos de las campañas.

“A veces una elección se circunscribe a un ejercicio de simpatías, nos dejamos llevar por quién tiene la avanzada más numerosa, el ‘jingle’ más agradable al oído, quién tiene la sonrisa más bonita y creo que tenemos que aprender la lección: esto no puede ser meramente un ejercicio de relaciones públicas”, sostuvo.

Santiago entiende que no es correcto el mensaje que envían las autoridades federales al parecer que dan un trato distinto a los servidores públicos que cometen crímenes y cooperan, en comparación con los que van a juicio.

“Duele ver que una persona, el primero que obtuvo beneficios en el plano personal, al final del día termine saliendo por la puerta ancha porque colaboró para que otros fueran acusados. Eso manda un mensaje que preocupa, que molesta y que incomoda, porque tan impropio fue lo que hizo Ángel Pérez como lo que hizo el Cano. No puede ser que a cambio de que esté hablando termine beneficiado del proceso. Eso manda un mensaje que no ayuda a frenar este problema de la corrupción”, expresó.

EL VOCERO intentó obtener la reacción de Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista, y la de los alcaldes de Cataño, Julio Alicea; de Toa Baja, Bernardo Márquez, y de Bayamón, Ramón Luis Rivera, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

Ayeza Díaz Rolón >adiaz@elvocero.com @AyezaNashaly

Lograr la representación de los cinco partidos en las áreas operacionales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para garantizar el balance político es más costoso para esa institución y requiere contratar más personal, por lo que la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera se opuso enérgicamente al proyecto sustitutivo de enmiendas al Código Electoral de 2020 que se discute en el Senado.

Sin embargo, la CEE no pudo proveer información sobre un alegado análisis que hicieron del impacto económico de incluir a los cinco partidos en las 10 oficinas en las que se ordena- mediante ley- que se establezcan Juntas de Balance Institucional, por lo que se le concedió un plazo de 10 días laborables para entregarla a la Comisión senatorial de Gobierno.

La ley electoral vigente provee para que haya representación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) en las juntas de balance, pero deja fuera de esas juntas al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad.

Específicamente, la CEE está ordenada por ley a establecer juntas de balance del PPD y del PNP en áreas operacionales como la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (Osipe), la Secretaría y el Centro de Operaciones Electorales. También en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Javaa), Planificación Geoelectoral, Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI), las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), Juntas de Inscripción Temporeras (JIT), Educación y Adiestramiento, y en la oficina de Enlace y Trámite Electoral en Planta Física Externa.

El proyecto sustituvo de enmiendas a la ley electoral procura que los cinco partidos que conforman el pleno de la CEE tengan representación en las juntas de balance que se conforman en esas oficinas, y que son esenciales para mantener la democracia y pureza en los procesos electorales. Si proceden las enmiendas, la CEE estimó que necesitarían contratar tres funcionarios adicionales para cada una de las oficinas de balance.

“El Código Electoral actual dice la palabra “ambos” partidos (el PNP y el PPD). Si se elimina la palabra, serían los cinco partidos que forman parte del pleno de la CEE y habría que tener representación en todas las oficinas que constituyen juntas de balance institucional. Estaríamos hablando de que esas oficinas operarían con cinco representantes de los cinco partidos”, aseveró Padilla Rivera.

La ley vigente ubica en el puesto del director al partido que obtenga la mayor cantidad de votos (PNP) y al PPD en el puesto de subdirector de dichas dependencias. “Actualmente, entran ambos partidos de mayoría en la función de director y subdirector. Estos partidos que estarían entrando estarían establecidos en qué orden, ¿director y subdirectores? Es decir, un director y cuatro subdirectores, ¿o un director, un subdirector y tres representantes de partido? Ese orden no lo establece (la propuesta legislativa) y tampoco el presupuesto”, aseveró Padilla Rivera.

La titular reiteró que, para poder cumplir