
4 minute read
Objetan Plan de Ajuste de la AEE
Acreedores
sostienen que falta información para decidir sobre la confirmación del documento
Advertisement
Pedro A. Menéndez >pmenendez@elvocero.com


@pedro_menendez de la forma en que se realizan los pagos de bonos por medio de los nuevos cargos —Legacy Charge— lo que entienden provoca “dudas sobre cuán factible es el plan propuesto”.
Partes involucradas en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), presentaron en los pasados días sus objeciones a la confirmación del escrito de divulgación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la corporación pública, que fue discutido la pasada semana durante la vista ómnibus ante la jueza federal Laura Taylor Swain.
El abogado sostuvo que el documento omitió información que los acreedores no asegurados necesitan para decidir si es posible que el pago prometido sea realizado y evaluar cualquier otro tipo de recuperación no monetaria, y que falló en explicar en qué se basó la limitación a sus reclamos en el estimado de $800 millones de reclamos generales no garantizados.
No hay un intento serio
El Grupo Ad Hoc de bonistas considera que el Plan de Ajuste es “evidentemente inconfirmable”, porque no representa un intento serio para reestructurar legalmente las obligaciones de la AEE.
El Vocero de Puerto Rico
@voceropr @elvocero
Hoy en la sección de Opinión
Uno de los señalamientos más recurrentes en las mociones radicadas por partes interesadas —como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados, el Grupo A Hoc de bonistas, la aseguradora de bonos municipales Assured Guaranty y Syncora Guarantee Inc.— es que el escrito de divulgación presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) no incluye elementos suficientes que le permitan al acreedor o inversionista tomar una determinación informada sobre el Plan de Ajuste.
No alude al impacto de Genera PR
En el caso de la Utier, su representación legal destacó que el escrito de divulgación no hace mención del proceso de privatización de la operación de las plantas de generación de electricidad concretado con Genera PR y el impacto que pueda tener en las finanzas de la corporación pública.
La organización sindical también expone que el documento no explica la manera en que la Isla generará suficiente demanda para sufragar las operaciones del sistema eléctrico.
Sobre este asunto, indican, solo se incluye un análisis diagramado
La Utier argumentó que el análisis de la deuda sostenible que incluyó el plan fiscal, no provee una evaluación económica del nivel del servicio de la deuda que sería viable para Puerto Rico y solo cuenta con escenarios de aumento a la tarifa de entre 1.5 y 3 centavos
A pesar de que el plan exime a la población de escasos recursos del impacto de los aumentos en el precio de la electricidad requeridos para pagar el servicio de la deuda, asumen sin ninguna base que existe un sector de la economía de Puerto Rico que podrá soportar toda la carga.
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego cio de la electricidad —requeridos para pagar el servicio de la deuda— asumen sin ninguna base que existe un sector de la economía de Puerto Rico que podrá soportar toda la carga. Esto tal vez sea (factible) en el caso de una economía en crecimiento donde los sectores fuertes pueden apoyar a los más débiles, pero no en una economía de crecimiento negativo”, detalló la representación legal del gremio, compuesta por los abogados Rolando Emmanuelli Jiménez, Jessica E. Méndez Colberg y Zoé C. Negrón Comas.
Un rompecabezas por kilovatio/hora, que son menores a los incrementos requeridos para pagar la deuda de $5.4 mil millones propuestos en el Plan de Ajuste.
El Comité Oficial de Acreedores no Asegurados describió el escrito de divulgación como “un rompecabezas de proporciones épicas”, al tiempo que señaló que el Plan de Ajuste está sujeto a muchas incertidumbres y contingencias que hacen casi imposible que el acreedor tenga información suficiente para entender o evaluar la respuesta a la pregunta medular de ¿cuánto dinero voy a recuperar?
“El plan quiere limitar de manera arbitraria el límite del total que podrán recuperar los acreedores de los $15,000 millones que les adeuda la AEE a cerca de $5.4 mil millones”, la mayoría a ser pagada entre tres y cinco décadas, según plantean.
El Grupo Ad Hoc reclamó que la junta fiscal “asegura que la AEE no puede pagar un centavo más de esta suma; sin embargo, el mismo día que anunció el plan y el escrito de divulgación, anunció una propuesta para pagar a los acreedores de la AEE cerca de $7.8 mil millones”.
Como parte de la objeción, los bonistas Ad Hoc indicaron que la junta fiscal continúa permitiendo que la corporación pública subsidie al gobierno y los municipios, y aseguran que alrededor del 5% del dinero que pagan los abonados es destinado a estos subsidios.
“De acuerdo con el actual plan fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico, en los próximos cinco años la tasa (de crecimiento económico) será plana o negativa.
A pesar de que el plan exime a la población de escasos recursos del impacto de los aumentos en el pre-
“El escrito de divulgación no provee de manera adecuada a un acreedor no asegurado el valor de lo que recobrará bajo el plan, debido a que esto depende de una serie de contingencias interrelacionadas como hasta qué punto los bonistas de la AEE acepten la liquidación de sus bonos u opten por llevar un recurso de daños; las resoluciones de dichos litigios, que pueden tener hasta tres maneras de resolverse en corte”, aseveró el licenciado Luc A. Despins en representación de los Acreedores No Asegurados.
“La AEE también persiste en dejar de colectar cientos de millones de dólares de deudas pasadas de parte de entidades gubernamentales y el gobierno también le requiere subsidiar el acceso al sistema de clientes con recursos de generación (‘net metering’), como paneles solares, al obligarla a cobrarle mucho menos que el valor por el servicio, en violación al derecho del bonista”, reclamó el Grupo Ad Hoc.
La aprobación del escrito de divulgación, se indicó, es un paso esencial en el proceso de confirmación del Plan de Ajuste. Durante la vista ómnibus, la jueza federal Swain se comprometió a “seguir meditando” sobre la controversia para posteriormente informar su decisión en una moción.