Quiere asegurarse que no haya escollos en la generación

El congresista demócrata Raúl Grijalva envía carta al director ejecutivo de la junta fiscal, Robert Mujica

Ayeza Díaz Rolón

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@AyezaNashaly

¿Se ha cumplido con los cuatro presupuestos balanceados acorde a la Sección 209 de la Ley Promesa? ¿Consideran que la gestión de LUMA a cargo de la transmisión y distribución ha sido exitosa? ¿Consideran que las condiciones estipuladas en el contrato con LUMA han sido suficientes para evitar un mal desempeño? ¿Qué lecciones aprendieron con LUMA y cómo lo aplicarán en la contratación de Genera PR?

Estas fueron algunas de las preguntas que el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, lanzó al nuevo director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, en una carta enviada el 26 de enero. En la misiva, el demócrata exigió respuestas sobre las finanzas del País y el reciente contrato a la empresa Genera PR para que administre las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En declaraciones escritas, Grijalva planteó que la junta ha incumplido con la Sección 209 de la Ley Promesa, que requiere que Puerto Rico tenga cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva y acceso a corto y largo plazo a los mercados de crédito a tasas de interés razonables.

“La Junta de Control Fiscal es responsable de supervisar la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico y finalizará una vez que el gobierno local tenga un acceso adecuado a los mercados de crédito a tipos de interés razonables y presupuestos balanceados durante cuatro años. Sin embargo, más de seis años después de su instauración, no está claro qué objetivos se han cumplido”, afirmó.

Sostuvo que con sus preguntas busca darle “más transparencia” a ese proceso.

“El pueblo de Puerto Rico y el Congreso merecen entender mejor cómo se cumplirán estos requisitos y los progresos que se han hecho para devolver el control a las manos de los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico”, señaló.

Asimismo, Grijalva destacó el importante “rol” de la junta en la priva- tización del sistema energético de la Isla, afectado gravemente tras el paso del huracán María en 2017.

“El proceso de privatización hasta el momento - a saber, la transición del sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico a la empresa privada LUMA Energy - ha sido significativamente defectuoso. La duración de los apagones sigue siendo peor bajo la gestión de LUMA que bajo la AEE. El hecho de que LUMA no haya contratado un número suficiente de trabajadores de línea es al menos una explicación parcial de los malos resultados”, afirmó.

El demócrata opinó que las fallas de LUMA han suscitado “serias preocupaciones sobre la privatización de otras operaciones energéticas de

Puerto Rico. Es por esto que Grijalva insistió en que la junta responda cómo aplicarán las lecciones aprendidas con LUMA y medirá el éxito de los nuevos contratos de energía.

“La transición (con LUMA) fue caótica, y durante varios meses LUMA no cumplió sus propios parámetros de rendimiento. Ahora que el Gobierno de Puerto Rico está completando la privatización de las operaciones de generación de energía de la AEE, es imperativo evitar que se repita el mal desempeño”, aseveró.

La portavoz de la junta fiscal, Sylvette Santiago, indicó a EL VOCERO que el organismo responderá a la carta de Grijalva. No ofreció mayores detalles sobre los señalamientos contenidos en la misma.

Yaritza Rivera Clemente >yrivera@elvocero.com

El presidente de la compañía Genera PR, Brannen McElmurray y el fundador y director ejecutivo de New Fortress Energy (NFE), Wes Edens, fueron citados de forma “indelegable y bajo apercibimiento de desacato” a comparecer a una vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes. Ambos directivos tendrán que responder preguntas de los representantes sobre el contrato de alianza para la operación y mantenimiento de los activos legados de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el próximo jueves, 9 de febrero, a las 10:00 a.m., en el Salón Audiencias 6, en el Distrito Capitolino.

“(Si alguna de estas personas no comparece) será citado por desacato. Ya están apercibidos, pero hasta ahora comparecerán y me han entregado los documentos que se les ha solicitado”, expresó el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres Cruz, en entrevista con EL VOCERO Ese mismo día también comparecerá el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz.

Mientras que el miércoles, la comisión cameral también citó de forma indelegable y bajo apercibimiento de desacato, al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, y al presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat.

También depondrán ese día el presidente de la

Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, y el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE, José Rivera Rivera.

A preguntas de este medio sobre qué expectativas tiene de estas vistas públicas, Torres Cruz afirmó que “descubrir todo lo que está detrás del contrato, para que el pueblo tenga toda la información de primera mano de cómo fue esa negociación y qué realmente se negoció”.

“Y que el pueblo pueda evaluar, basado en esa discusión y en la evaluación de los documentos que ya hemos estado requiriendo, si fue un contrato bien hecho y si fue un contrato mejor que el de LUMA y bueno para el pueblo de Puerto Rico, o es peor o igual al de LUMA”, abundó Torres Cruz.

Agregó que también quiere “descubrir si por la forma en que se negoció este contrato va a haber un impacto directo en la tarifa que pagamos los abonados de la AEE”. Cuestionado sobre si podría darse el caso de que aumente la factura con la puesta en marcha de este nuevo contrato, dijo “estoy seguro de eso”.

La citación cameral surge al amparo de la Resolución de la Cámara 243, que ordena a la comisión realizar una investigación continua sobre todo asunto relacionado a las prioridades económicas, cónsonas con el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, entre otros aspectos vitales para el País.