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> MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE DE 2021
ÍNDICE
PRIMERA PLANA >P3
NOTICIAS AHORA >P10
OPINIÓN >P18
ECONOMÍA >P27
ESCENARIO >P31
CLASIFICADOS >P34
ESCENARIO
DEPORTES
Benedict Cumberbatch se enfrenta a la masculinidad tóxica
Prueba de fuego para Jean Carlos Quintana
El actor conversa con EL VOCERO en ruta al estreno de The Power of the Dog. >P33
¿Apoyas que los municipios inviertan mucho dinero en actividades navideñas?
Enfrentará el viernes al veterano Jayson “La Maravilla” Vélez en Juncos. >P39
Pesquisa federal abarca varios municipios Fuentes aseguran que se relaciona con contratos para el manejo de desperdicios sólidos
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Ayeza Díaz Rolón >adiaz@elvocero.com @AyezaNashaly
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Faltan
Varios alcaldes y exalcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) se encuentran en la cuerda floja, luego de que un gran jurado federal sesionó con relación a una pesquisa sobre contratos otorgados para el manejo de desperdicios sólidos en los ayuntamientos. Fuentes de EL VOCERO informaron ayer que originalmente la investigación federal involucró a ocho alcaldes y exalcaldes de ambos partidos políticos, pero la lista se redujo a seis en los que se habría encontrado evidencia suficiente. En el caso de los exalcaldes, según las fuentes, algunos ocupan puestos públicos bajo la actual administración de gobierno. El alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, es mencionado como uno de los implicados en esta investigación, que específicamente abarca a municipios que tienen contratos con la compañía Waste Collection Corp. De hecho, fuentes de la alcaldía de Cataño anticiparon a EL VOCERO que Delgado Montalvo renunciaría ayer mismo a su cargo, lo cual ocurrió y la Legislatura Municipal nombró anoche a Gabriel Sicardó Ocasio como nuevo vicealcalde. Delgado Montalvo confirmó públicamente su renuncia a través de su cuenta de Facebook, pidió perdón y admitió que “muchas veces el poder ciega”. En 2019, este diario publicó que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se encontraba indagando información sobre supuestas irregulares en el otorgamiento de contratos millonarios entre Cataño y la mencionada empresa dedicada al manejo de desperdicios sólidos. Varias fuentes de este rotativo apuntaron a que Delgado Montalvo
22 días
para la Navidad
DEPORTES >P37
Un gran jurado federal habría sesionado en torno a la pesquisa contra varios alcaldes y exalcaldes. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO
y el incorporador de la compañía, Oscar Santamaría, están cooperando con las autoridades federales. Santamaría fungió como presidente de Waste Collection Corp. hasta el pasado 22 de noviembre, cuando radicó una enmienda al registro de incorporación en el Departamento de Estado para delegarle la presidencia a Luis R. Mayoral Reichard, según un documento de certificación emitido por esa agencia. También se enmendó para incluir a Gladimar Rodríguez Núñez como secretaria y a Lolimar Sánchez como tesorera de la compañía. La enmienda fue certificada formalmente por el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero, el pasado lunes.
Al detalle los municipios
Entre los ocho municipios relacionados a la investigación original se mencionan a Yauco, Sabana Grande, Aguas Buenas, Humacao, Naguabo, Trujillo Alto y Cataño, y queda uno por identificar. No se indicó el periodo en el que ejercieron los que ya no son alcaldes. No se descarta que otros alcaldes y funcionarios gubernamentales también renuncien en los próximos días. Ayer se intentó obtener reacciones oficiales de los municipios señalados y en algunos casos se indicó que la compañía bajo investigación llegó al municipio bajo
pasadas administraciones. En otras instancias los portavoces municipales mencionaron que no harían declaraciones sobre información “no oficial”. El alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, manifestó que “el contrato de Humacao, el que está vigente, es el mismo que estaba vigente antes de que yo llegara con Easy Waste”. “Ha estado por más de seis años”, agregó el alcalde, quien optó por no ofrecer comentarios sobre la anunciada renuncia del alcalde de Cataño. Por su parte, el alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín Flores, afirmó que desconoce el asunto “totalmente”. “Responsablemente, como primer ejecutivo daremos instrucciones para investigar asuntos que, obviamente, se relacionen con los desperdicios sólidos de otros años”, sostuvo. La información sobre la pesquisa a varios municipios también fue recibida con hermetismo por los presidentes de la Asociación de Alcaldes (que agrupa a los incumbentes del PPD) y de la Federación de Alcaldes (a los del PNP). “Estamos al tanto de los informes periodísticos con afirmaciones atribuidas a fuentes anónimas. Estaremos en posición de emitir declaraciones a información corroborada de fuentes oficiales cuando estas se produzcan”,
dijo Betsy Rivera, portavoz de la Federación, que preside Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo. En tanto, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la asociación, pidió que no se generalizara al hablar de “cualquier alegación de corrupción”. “Para nosotros en la Asociación de Alcaldes la transparencia y el buen gobierno es un tema medular, y sin duda no hay tolerancia alguna hacia la corrupción. Hemos luchado fuertemente en defensa del municipalismo y nuestra causa no se puede ver opacada por hechos individuales de personas cuya conducta se aparta de la ley. Por eso no se debe generalizar ante cualquier alegación de corrupción, pues somos muchos más los que cumplimos estrictamente con las leyes y trabajamos siempre en beneficio del pueblo”, expresó en declaraciones escritas.
Las contrataciones
Un vistazo al registro de contratos de la Oficina del Contralor reflejó que la compañía presuntamente involucrada en la investigación federal tuvo contratos con municipios y agencias de gobierno desde febrero de 2014, en su mayoría por trabajos de recogido, transportación y disposición de desperdicios sólidos. Algunos de los contratos otorgados a la empresa en controversia tienen vigencia hasta después de 2025. De acuerdo con el registro de contratos de la Oficina del Contralor, Waste Collection ha tenido tres contratos con Cataño, dos de ellos tras el azote del huracán María y uno previo al evento atmosférico. Uno de los contratos más recientes con esa compañía, de $1.1 millones, fue otorgado por el municipio de Vega Alta el pasado 18 de octubre con vigencia hasta octubre de 2024 para el manejo de desperdicios sólidos. Sin embargo, la empresa también tiene contratos vigentes con los municipios de Aguada, Cabo Rojo (por $1 millón) y San Germán. En el presente año también tuvo contratos con Trujillo Alto y Cidra, que ya caducaron. En 2019 estuvo contratada en Yauco y Aguas Buenas. EL VOCERO solicitó comentarios al FBI y a Fiscalía federal, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.