Diagrama de gobernanza del programa

Figura 7.

Diagrama de gobernanza del programa

SEDIS Subsecretaría de Políticas de Inclusión

Consejo Social DIGAM

Unidades de atención

Comité Intergestor

Fuente: Elaboración propia basada en la Ley Marco del Sistema de Protección Social.

A la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), a quien compete legalmente coordinar los servicios, beneficios y programas específicos de protección social no contributiva, corresponderá la coordinación general, intersectorial y el financiamiento del programa por medio de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión. Esta asume la competencia directa de formular políticas de protección social y su articulación con los demás servicios de protección social básica; principalmente, los servicios y programas dirigidos a las familias, bajo la gestión del Programa Vida Mejor. La Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM), a cargo de la gestión de la actual transferencia monetaria, podrá asumir la gestión táctica y operativa del programa. Para ello creará una estructura técnica y administrativa adecuada que regule, supervise, organice la información y opere la pensión social. La capacidad técnica y gerencial de la DIGAM necesita ampliarse y fortalecerse: incluso con sistemas informáticos que permitan cruzar información con otras bases de datos; principalmente, con el Registro Único de Participantes (RUP), que fungiría como fuente de datos para evaluar los criterios de pobreza. De este modo se posibilitarían proyecciones, cálculos actuariales y más control y transparencia en la gestión del programa de pensión no contributiva. Dado que los criterios de pobreza multidimensional serán una de las llaves de acceso a la pensión social, es necesario hacer ajustes para obtener información sobre la población adulta mayor con datos desagregados por edad, discapacidad, etnia, sexo, perfil educativo, empleabilidad y ocupación de los miembros de las familias que residen en el mismo hogar. De este modo, se aprovechará al máximo el potencial de esa herramienta.

Al no existir en la estructura actual, deberán ser creadas las instancias de participación social y articulación intergubernamental: un Comité Intergestor dentro del Consejo Social. El Consejo Social debe involucrar a los técnicos que operan el programa, a las personas adultas mayores beneficiarias de la pensión y a otros segmentos de la sociedad civil, e incluso a unidades de formación; y el Comité Intergestor debe funcionar como instancia de articulación y establecimiento de pactos intergubernamentales para operar el programa de modo descentralizado coordinando con departamentos y municipios. Gobiernos (en los distintos niveles) y otras políticas sectoriales deben pactar la creación de las unidades de atención que, acreditadas por la SEDIS, funcionarán como puerta de entrada para solicitar la pensión social.

Para que el programa opere con financiamiento estable y base sostenible es fundamental adoptar la cultura de planificación, registro y socialización de la información mediante informes sistemáticos, con monitoreo y evaluación permanentes. Esto otorgará transparencia, eficiencia, efectividad y eficacia al programa. De igual forma, es indispensable crear un fondo contable específico en el que se depositen los recursos presupuestados para este fin. Con ello también se dará transparencia sobre el desembolso y el uso debido de los recursos.

4.4 Criterios de acceso

Desde una perspectiva de universalidad, los criterios de acceso deben ser simples para evitar gastos complementarios de administración y, al mismo tiempo, no perderse en detalles que acaban por dificultar el acceso. En este contexto, el principal criterio para la definición de una pensión social universal será la edad que da derecho a la prestación, además del criterio de residencia. En caso de establer un programa focalizado, es recomendable analizar la posibilidad de adoptar únicamente tres criterios básicos: edad, residencia y nivel de pobreza (véase la Figura 8); y a partir de ellos, agregar criterios de selectividad para la ampliación inmediata y planificación, basada en proyecciones, para la progresiva universalización a medio y largo plazo. Aunque se inicie lentamente, el esfuerzo debe encauzar la estructuración de un estándar de protección social, independiente de la dinámica del mercado de trabajo, para las personas adultas mayores que con su trabajo contribuyeron a lo largo de su vida al crecimiento del país. Se puede decidir sobre la edad, las áreas de residencia (rural y urbana), los territorios indígenas y considerar los diferentes niveles de pobreza, tomando en cuenta sus aspectos multidimensionales, que no se restringen solo a la ausencia o no de ingreso. No obstante, en un primer momento, la ampliación de los criterios puede provocar una mayor complejidad en la gestión del programa.