398 ABC de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas y sus organismos especializados —como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)— han establecido una red de acuerdos internacionales que constituyen los instrumentos jurídicos básicos contra el terrorismo. Algunos de esos acuerdos son: • El Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Tokio, 1963). • El Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970). • El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil internacional (Montreal, 1971). • La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Nueva York, 1973). • La Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena, 1980). • El Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional - Convenio sobre la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional (Rev.) (Montreal, 1988). • El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988). • El Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988). • El Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (Montreal, 1991). La Asamblea General también ha concertado los siguientes cinco convenios: • La Convención Internacional contra la toma de rehenes (1979), por la que los Estados partes convienen en imponer penas adecuadas a los actos de toma de rehenes y acuerdan prohibir ciertas actividades dentro de su territorio e intercambiar información y permitir que se entablen procedimientos penales o de extradición. Si un Estado parte no concede la extradición de un presunto delincuente, está obligado a someter el caso a sus propias autoridades, para que se encarguen del enjuiciamiento.
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