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de las Naciones Unidas

El ABC de las Naciones Unidas es un amplio manual que explica concisamente la estructura de las Naciones Unidas, su labor y las actividades y propósitos principales que las impulsan. El ABC, pu­blicado desde 1947, presenta el papel que desempeñan los órganos y la familia de organizaciones de las Naciones Unidas y explora la contribución de las Naciones Unidas a la paz y la seguridad internacional, a la economía, al desarrollo social, los derechos humanos y la acción humanitaria, el derecho internacional y la desco­lonización. Asimismo, da cuenta del número de Estados Miembros de la Organización, las misiones de mantenimiento de la paz, las conmemoraciones especiales celebradas a lo largo del año, los centros de información de las Naciones Unidas y sus respectivas direcciones de contacto. Esta nueva edición ha sido revisada ampliamente para incluir la mayor cantidad de información sobre los muchos y significativos sucesos acontecidos recientemente en el mundo y en el seno de las propias Naciones Unidas.

USD 28 ISBN 978-92-1-300250-6 52800

9 789213 002506

ABC de las Naciones Unidas

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ABC de las

Naciones Unidas

Naciones Unidas Nueva York, 2012

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La presente traducción ha estado a cargo de Siglo Veintiuno Editores Esta obra ha sido publicada para y en nombre de las Naciones Unidas © 2011 United Nations for the English edition © 2012 United Nations for the Spanish edition All rights worldwide reserved/Reservados todos los derechos Imagen de cubierta: El polvo se eleva cuando un helicóptero de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) despega transportando hacia Tali Payam el material para el referéndum sobre la determinación de la región (2 de enero de 2011) Foto: Naciones Unidas/Tim McKulka Diseño de cubierta: Unidad de Diseño Gráfico, Naciones Unidas, Nueva York ISBN: 978-92-1-300250-6 Impreso en Artes Gráficas Delsur/Alte. Solier 2450, Avellaneda en el mes de junio de 2012 Impreso en Argentina/Printed in Argentina

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Prefacio

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as Naciones Unidas fueron fundadas con la convicción de que las naciones del mundo pueden y deben cooperar a resolver los conflictos pacíficamente y a mejorar la vida de las personas. Más de 65 años después, y con un historial de auténticas realizaciones, seguimos totalmente comprometidos con esos principios. Mucho ha cambiado desde la creación de las Naciones Unidas. El número de Estados Miembros de la Organización casi se ha cuadruplicado, pero al mismo tiempo, la descolonización, el incremento de la población y la mundialización se han sumado a la transformación del paisaje de nuestro tiempo. De la misma manera que nuestro mundo ha evolucionado, asimismo lo han hecho los desafíos. Los avances de la tecnología nos conectan y nos afectan de maneras que hace apenas una década era imposible de imaginar. Las crisis financiera, alimentaria, sanitaria y energética han traspasado las fronteras nacionales y el cambio climático y otras amenazas ecológicas han puesto de relieve que el desarrollo sostenible depende por igual de tres elementos fundamentales: el desarrollo social, el crecimiento económico y la protección ambiental. Para enfrentar esos desafíos es más importante que nunca la colaboración multilateral, y el centro más eficaz para concertar esa acción mancomunada siguen siendo las Naciones Unidas. Sólo trabajando juntos podremos a la vez sacar partido de las oportunidades que encierran los virajes monumentales y esquivar sus riesgos. El siglo XXI se inició con un gran paso adelante. En 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) nos proporcionaron un mapa con un calendario alcanzable orientado a satisfacer las necesidades más acuciantes de la humanidad. Ahora tenemos resultados reales. El creciente número de historias de desarrollo exitosas —aumentos espectaculares de la tasa de escolaridad y de acceso al agua potable, mayor control de enfermedades, avance de la tecnología verde— demuestra que el impacto transformador de los ODM es innegable.

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viii ABC de las Naciones Unidas

Igualmente importante es la influencia del clamoroso deseo de las personas de sentir encarnados en su vida cotidiana los valores fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Desde el Sudán Meridional hasta Timor-Leste, desde Túnez hasta el Kirguistán, vemos que los pueblos anhelan la rendición de cuentas sobre el ejercicio de la democracia, la libertad y la vigencia de los derechos humanos. Las Naciones Unidas continuarán expresando y defendiendo esos valores universales y trabajando para integrarlos a la trama de la vida nacional e internacional. El ABC de las Naciones Unidas, publicado por primera vez en 1947, presenta la historia, los objetivos, la estructura y los logros más recientes de la Organización. A medida que surgen nuevos desafíos en política, economía, tecnología o derechos humanos, las Naciones Unidas evolucionan también para dar una respuesta a tales desafíos. Un ejemplo notable ha sido la creación en 2010 de ONU-Mujeres, cuyo propósito es contribuir a impulsar los beneficios de la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer en el extenso programa de la Organización. Al mismo tiempo, el proceso en marcha de la gestión en las Naciones Unidas nos ayuda a obtener más resultados y más eficazmente. Recomiendo esta publicación a todos los interesados en esta Organización única, invalorable e indispensable, como referencia de cuanto se ha hecho y como guía de lo que queda por realizar.

BAN Ki-moon Secretario General de las Naciones Unidas Nueva York, abril de 2011

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Índice

Acerca de esta edición… ……………………………………………

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El sistema de las Naciones Unidas………………………………… xxii I. La Carta, la estructura y el sistema de las Naciones Unidas… ………………………………………………………………… La Carta de las Naciones Unidas… …………………………………… Propósitos y principios………………………………………………… Miembros e idiomas oficiales………………………………………… Estructura de las Naciones Unidas……………………………………… La Asamblea General… ……………………………………………… Funciones y poderes… …………………………………………… Períodos de sesiones… …………………………………………… El Consejo de Seguridad……………………………………………… Funciones y poderes… …………………………………………… Tribunales y Cortes… ……………………………………………… El Consejo Económico y Social… …………………………………… Funciones y poderes… …………………………………………… Períodos de sesiones y órganos subsidiarios… ………………… Comisiones regionales… ………………………………………… Relaciones con las organizaciones no gubernamentales… …… El Consejo de Administración Fiduciaria… ………………………… La Corte Internacional de Justicia… ………………………………… Jurisdicción… ……………………………………………………… Miembros… ………………………………………………………… La Secretaría…………………………………………………………… El Secretario General… …………………………………………… Departamentos y Oficinas… ……………………………………… El presupuesto de las Naciones Unidas… …………………………

1 4 5 6 6 6 7 8 10 11 13 16 17 17 20 23 23 24 24 25 25 27 30 40

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x ABC de las Naciones Unidas

El sistema de organizaciones de las Naciones Unidas… …………… Programas y fondos, institutos de investigación y de capacitación y otros órganos de las Naciones Unidas… ………… Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo… ……………………………………………………… Centro de Comercio Internacional………………………………… Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo…………… Voluntarios de las Naciones Unidas… …………………………… Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización………………………………………………… Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente… ………………………………………………………… Fondo de Población de las Naciones Unidas… ………………… Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)…………………………………………… Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados………………………………………………… Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia… ……………… Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito… ………………………………………………………… Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente… …………………………………………………………… Programa Mundial de Alimentos… ……………………………… Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia……………… Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme… ……………………………………………………… Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones……………………………………… Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social…………………………………………… Universidad de las Naciones Unidas……………………………… Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA………………………………………………… Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos……… ONU-Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer… ……… Organismos especializados y otras organizaciones… …………… Organización Internacional del Trabajo……………………………

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Índice xi

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura……………………………………………………… Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura… …………………………………………… Organización Mundial de la Salud………………………………… Grupo del Banco Mundial… ……………………………………… Fondo Monetario Internacional… ………………………………… Organización de Aviación Civil Internacional… ………………… Organización Marítima Internacional……………………………… Unión Internacional de Telecomunicaciones… ………………… Unión Postal Universal……………………………………………… Organización Meteorológica Mundial… ………………………… Organización Mundial de la Propiedad Intelectual… …………… Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola……………………… Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial… ………………………………………………………… Organización Mundial del Turismo………………………………… Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares……………… Organismo Internacional de Energía Atómica… ………………… Organización para la Prohibición de las Armas Químicas… …… Organización Mundial del Comercio……………………………… II. Paz y seguridad internacionales………………………………… El Consejo de Seguridad………………………………………………… La Asamblea General… ………………………………………………… Prevención de conflictos… ……………………………………………… Mantenimiento de la paz… ……………………………………………… Medidas coercitivas… …………………………………………………… Sanciones……………………………………………………………… Autorización de medidas militares…………………………………… Consolidación de la paz… ……………………………………………… Asistencia electoral… …………………………………………………… Consolidación de la paz mediante el desarrollo… …………………… Actividades de las Naciones Unidas en pro de la paz………………… África… ………………………………………………………………… África meridional… ………………………………………………… La región de los Grandes Lagos de África… …………………… África occidental… ………………………………………………… África central y oriental … …………………………………………

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65 66 67 67 73 74 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 87 92 94 94 95 103 103 105 105 106 108 108 108 108 110 118 128

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América………………………………………………………………… Asia y el Pacífico… …………………………………………………… Oriente Medio… …………………………………………………… Afganistán…………………………………………………………… Irak…………………………………………………………………… La India y el Pakistán… …………………………………………… Tayikistán… ………………………………………………………… Camboya… ………………………………………………………… Myanmar… ………………………………………………………… Nepal………………………………………………………………… Bougainville y Papua Nueva Guinea… …………………………… Timor-Leste… ……………………………………………………… Europa… ……………………………………………………………… Chipre… …………………………………………………………… Georgia……………………………………………………………… Los Balcanes… …………………………………………………… Desarme…………………………………………………………………… El mecanismo de desarme…………………………………………… Armas de destrucción en masa……………………………………… Armas nucleares… ………………………………………………… Eliminación de la amenaza de las armas químicas y biológicas… ………………………………………………………… Armas convencionales, fomento de la confianza y transparencia………………………………………………………… Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos……………… Instrumentos jurídicos………………………………………………… Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre… ……………………

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183 189 190 192

III. Desarrollo económico y social… ……………………………… Coordinación de las actividades de desarrollo………………………… Desarrollo económico… ………………………………………………… Asistencia oficial para el desarrollo…………………………………��� Promoción del desarrollo en todo el mundo………………………… Préstamos para el desarrollo… ……………………………………… Préstamos para fomentar la estabilidad… ………………………… Inversión y desarrollo… ……………………………………………… Comercio y desarrollo………………………………………………… Desarrollo agrícola… ………………………………………………… Desarrollo industrial…………………………………………………… Asuntos laborales………………………………………………………

195 199 202 203 205 207 211 214 215 219 222 223

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Índice xiii

Aviación civil internacional… ………………………………………… Transporte marítimo internacional… ………………………………… Telecomunicaciones…………………………………………………… Servicios postales internacionales…………………………………… Propiedad intelectual… ……………………………………………… Estadísticas mundiales……………………………………………… Administración pública………………………………………………… Ciencia y tecnología para el desarrollo… …………………………… Desarrollo social… ……………………………………………………… Progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio……………………………………………………………… Reducción de la pobreza……………………………………………… La lucha contra el hambre… ………………………………………… Salud… ………………………………………………………………… Asentamientos humanos……………………………………………… Educación……………………………………………………………… Investigación y capacitación… ……………………………………… Población y desarrollo………………………………………………… La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer……………………………………………………………… Promoción de los derechos del niño………………………………… Integración social……………………………………………………… Las familias… ……………………………………………………… La juventud… ……………………………………………………… Las personas mayores… ………………………………………… Cuestiones indígenas ……………………………………………… Personas con discapacidad … …………………………………… La sociedad incivil: delincuencia, drogas ilícitas y terrorismo… ………………………………………………………… Fiscalización de drogas… ………………………………………… Prevención del delito… …………………………………………… Ciencia, cultura y comunicaciones…………………………………… Ciencias naturales, sociales y humanas… ……………………… Cultura y desarrollo………………………………………………… Deporte para el desarrollo y la paz… …………………………… Comunicación e información……………………………………… Desarrollo sostenible… ………………………………………………… Programa 21…………………………………………………………… Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible… ………………… Financiación del desarrollo sostenible… ……………………………

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225 227 229 231 233 234 235 236 237 240 246 247 250 257 260 263 267 270 272 275 275 276 277 278 279 280 281 283 285 285 286 287 287 290 291 293 294

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Medidas en favor del medio ambiente… …………………………… Cambio climático y calentamiento de la Tierra……………………… El agotamiento de la capa de ozono………………………………… Pequeños Estados insulares… ……………………………………… Ordenación sostenible de los bosques……………………………… Desertificación… ……………………………………………………… Biodiversidad, contaminación y pesca excesiva… ………………… Protección del medio marino… ……………………………………… Meteorología, clima y agua…………………………………………… Recursos naturales y energía………………………………………… Seguridad nuclear… …………………………………………………

295 297 302 303 303 305 306 308 310 312 315

IV. Derechos humanos………………………………………………… Instrumentos de derechos humanos…………………………………… Carta Internacional de Derechos Humanos………………………… Derechos económicos, sociales y culturales… …………………… Derechos civiles y políticos…………………………………………… Otras convenciones…………………………………………………… Otras normas… ……………………………………………………… Mecanismo de derechos humanos… ………………………………… Consejo de Derechos Humanos… ………………………………… Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos… …………………………………………………………… Promoción y protección de los derechos humanos…………………… El derecho al desarrollo… …………………………………………… El derecho a la alimentación… ……………………………………… Derechos de los trabajadores………………………………………… La lucha contra la discriminación… …………………………………… El apartheid… ………………………………………………………… Racismo………………………………………………………………… Los derechos de las mujeres… ……………………………………… Los derechos del niño………………………………………………… Los derechos de las minorías………………………………………… Pueblos indígenas… ………………………………………………… Personas con discapacidad… ……………………………………… Trabajadores migratorios……………………………………………… Administración de justicia………………………………………………… Prioridades futuras… ……………………………………………………

319 322 322 323 325 326 330 332 332 335 336 339 339 339 342 342 344 345 346 349 350 352 354 355 356

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Índice xv

V. Acción humanitaria… ……………………………………………… Coordinación de la asistencia humanitaria… ………………………… Protección y asistencia humanitaria… ………………………………… Protección y asistencia a los refugiados… …………………………… Los refugiados palestinos… ……………………………………………

359 364 369 373 378

VI. Derecho internacional… ………………………………………… Resolución judicial de controversias… ………………………………… Desarrollo y codificación del derecho internacional…………………… Derecho mercantil internacional………………………………………… Derecho ambiental… …………………………………………………… Derecho del mar… ……………………………………………………… Efectos de la Convención… ………………………………………… Órganos establecidos en virtud de la Convención… ……………… Reuniones de los Estados partes y procesos de la Asamblea General… …………………………………………… Derecho internacional humanitario……………………………………… Terrorismo internacional… ……………………………………………… Otras cuestiones jurídicas… ……………………………………………

381 383 386 388 389 391 392 393 395 395 396 400

VII. Descolonización…………………………………………………… Régimen internacional de administración fiduciaria…………………… Territorios no autónomos………………………………………………… Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales……………………………………………………… Namibia………………………………………………………………… Timor-Leste… ………………………………………………………… Sáhara Occidental… …………………………………………………

403 406 407

Apéndices… …………………………………………………………… Estados Miembros de las Naciones Unidas…………………………… Crecimiento de la composición de las Naciones Unidas……………… Operaciones de mantenimiento de la paz, pasadas y presentes……………………………………………………………… Descolonización… ……………………………………………………… Conmemoraciones especiales de las Naciones Unidas… …………… Centros, servicios y oficinas de información de las Naciones Unidas… ……………………………………………… Algunas de las páginas web de las Naciones Unidas…………………

417 419 427

408 410 411 413

430 433 437 441 450

Índice analítico… ……………………………………………………… 453

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Lista de siglas

ACNUDH ACNUR AIF BIRF CCI CEPA CEPAL CEE CESPAO CESPAP CFI CIADI DAES DGACM DAP DFS DIP DM DOMP DSS ECOSOC FAO FIDA FMI FNUAP

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Asociación Internacional de Fomento Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Centro de Comercio Internacional Comisión Económica para África Comisión Económica para América Latina y el Caribe Comisión Económica para Europa Comisión Económica y Social para Asia Occidental Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico Corporación Financiera Internacional Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias Departamento de Asuntos Políticos Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno Departamento de Información Pública Departamento de Administración Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz Departamento de Seguridad Consejo Económico y Social Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Fondo Monetario Internacional Fondo de Población de las Naciones Unidas

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xviii ABC de las Naciones Unidas

FNUDC IASC IPCC NEPAD OACI OAJ OCAH ODM OIEA OIT OMC OMGI OMI OMM OMPI OMS OMT ONG UNODC ONUDI ONU-Hábitat ONU-Mujeres ONUSIDA OOPS OPAQ OSSI PCCTBTO PMA PNUD PNUMA UIT UNCTAD

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Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización Comité Permanente entre Organismos Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Nueva Alianza para el Desarrollo de África Organización de Aviación Civil Internacional Oficina de Asuntos Jurídicos Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios Objetivos de Desarrollo del Milenio Organismo Internacional de Energía Atómica Organización Internacional del Trabajo Organización Mundial del Comercio Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones Organización Marítima Internacional Organización Meteorológica Mundial Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Organización Mundial de la Salud Organización Mundial del Turismo Organizaciones no gubernamentales Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Organización para la Prohibición de las Armas Químicas Oficina de Servicios de Supervisión Interna Comisión Preparatoria de la Organización para el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares Programa Mundial de Alimentos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Unión Internacional de Telecomunicaciones Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

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Lista de siglas xix

UN-OHRLLS UNESCO UNICEF UNICRI UNIDIR UNITAR UNODA UNOPS UNOWA UNRISD UNSSC UNU UPU VNU

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Oficina del Alto Representante para los Países Menos Desarrollados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones Oficina de Asuntos de Desarme Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas Universidad de las Naciones Unidas Unión Postal Universal Voluntarios de las Naciones Unidas

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Acerca de esta edición

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ublicado regularmente desde 1947, el ABC de las Naciones Unidas (titulado Las Naciones Unidas hoy en la edición de 2008) funciona como un manual sobre la Organización, ya que describe en forma amplia, aunque sucinta, lo que hace y cómo funciona, explicando su estructura y sus objetivos en el contexto de su trayectoria histórica y de sus desarrollos recientes. Esta edición de 2011 recoge el papel que desempeña cada uno de los principales órganos de las Naciones Unidas y ofrece un panorama general de la familia de instituciones y agencias relacionadas con ella (capítulo I). Asimismo, reseña los múltiples esfuerzos de la Organización en pos de impulsar y apoyar la paz y la seguridad internacionales (capítulo II); promover el desarrollo económico y social con medios ambientalmente sostenibles (capítulo III); proteger los derechos humanos y erradicar la discriminación (capítulo IV); ofrecer ayuda humanitaria a los refugiados, las personas desplazadas y las víctimas de desastres naturales (capítulo V); contribuir a la formulación y aplicación del derecho internacional (capítulo VI), y fomentar el proceso de descolonización (capítulo VII). El cuadro que surge de estas páginas es el de una institución dinámica, única para enfrentar a través de la cooperación internacional los profundos desafíos de nuestro tiempo, que afectan a todos los pueblos del mundo sin reparar en las fronteras nacionales y que ningún país puede resolver de manera aislada. Los apéndices documentan la composición actual de las Naciones Unidas; el aumento del número de Estados Miembros desde la fundación de la Organización; las misiones de paz pasadas y presentes; las décadas, los años, las semanas y los días que conmemoran las Naciones Unidas; información para contactar con centros, servicios y oficinas de la Organización, así como con sus respectivas direcciones electrónicas. El trabajo de las Naciones Unidas alcanza a todos los rincones del globo. Esta edición del ABC ha sido cuidadosamente revisada para que sea testimonio de los procesos recientes más significativos ocurridos en el

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Acerca de esta edición xxi

mundo y en la propia Organización. Todos los datos son fieles hasta diciembre de 2010, a menos que se indique otra cosa. Los aspectos más recientes en todas las áreas de acción de las Naciones Unidas pueden consultarse en la página oficial de la Organización (www.un.org) y especialmente en el centro de noticias de las Naciones Unidas (www.un.org/news). Una visión general acerca de la participación de las Naciones Unidas en los asuntos mundiales puede verse en la revista Crónica de las Naciones Unidas (www.un.org/wcm/content/site/chronicle). Si lo que desea es una información en profundidad, vea el Anuario de las Naciones Unidas (unyearbook.un.org), que es la publicación esencial y autorizada de referencia que recoge pormenorizadamente cuanto tiene que ver con las actividades e inquietudes de la Organización.

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Sistema de las Naciones Unidas Programas y fondos ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Órganos principales

Órganos subsidiarios

Asamblea General

Comités principales y otros comités del período de sesiones Comisión de Desarme

Consejo de Seguridad Consejo Económico y Social

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer OOPS1 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

Comisión de Derecho Internacional

PMA Programa Mundial de Alimentos

Consejo de Derechos Humanos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Comités permanentes y órganos especiales

•  FNUDC Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización

Órganos subsidiarios

Secretaría

Comité de Estado Mayor Comités contra el terrorismo

Corte Internacional de Justicia

Misiones políticas y operaciones de mantenimiento de la paz

Comités de sanciones (ad hoc)

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

Comités permanentes y órganos especiales

Tribunal Penal Internacional para Rwanda

Consejo de Administración Fiduciaria 5 NOTAS 1 El OOPS y el UNIDIR informan solo a

´

la Asamblea General.

2 El OIEA informa al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General.

3 La OMC no está obligada a presentar informes a la Asamblea General, pero contribuye, según las necesidades, a la labor de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, entre otras cosas, en cuestiones de finanzas y de desarrollo.

4 Los organismos especializados son organizaciones autónomas que trabajan con las Naciones Unidas y entre sí a través de los mecanismos de coordinación del Consejo Económico y Social en el plano intergubernamental y a través de la Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación entre secretarías. El orden de los organismos sigue la fecha en que fueron instituidos como tales por las Naciones Unidas.

5 El Consejo de Administración Fiduciaria suspendió su labor el 1º de octubre de 1994, después de que el Territorio de las Islas del Pacífico (Palau), el único Territorio en Fideicomiso, fuera independiente. Este cartel no es un documento oficial de las Naciones Unidas ni recoge la estructura de la Organización en su totalidad.

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Comisiones orgánicas Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Condición Jurídica y Social de la Mujer Desarrollo Social Desarrollo Sostenible Estadística Estupefacientes Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques Población y Desarrollo Prevención del Delito y Justicia Penal

Departamentos y Oficinas EOSG Oficina del Secretario General

Comisiones regionales CEE Comisión Económica para Europa CEPA Comisión Económica para África CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CESPAO Comisión Económica y Social para Asia Occidental CESPAP Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

DFS Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

DG Departamento de Gestión

DAES Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

DIP Departamento de Información Pública

DAP Departamento de Asuntos Políticos

DGACM Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias DPKO Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz

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UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones UNRISD Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarrollo Social UNSSC Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas UNU Universidad de las Naciones Unidas

•  CCI Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC) UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Institutos de investigación y capacitación

Otros órganos ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA UNISDR Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

UNICRI Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia UNIDIR1 Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme

Otros órganos Comité de Expertos en Administración Pública Comité de Políticas de Desarrollo Comité encargado de las organizaciones no gubernamentales

OMC3 Organización Mundial del Comercio OPCW Organización para la Prohibición de las Armas Químicas PCCTBTO Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares

Órgano consutivo subsidiario Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas

Órganos conexos OIEA2 Organismo Internacional de Energía Atómica

Organismos especializados4 OIT Organización Internacional del Trabajo FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura OMS Organización Mundial de la Salud Grupo del Banco Mundial •  BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

•  CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones FMI Fondo Monetario Internacional OACI Organización de Aviación Civil Internacional OMI Organización Marítima Internacional UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones UPU Unión Postal Universal OMM Organización Meteorológica Mundial OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Comités del período de sesiones y comités permanentes y grupos de expertos, grupos especiales y conexos

•  AIF Asociación Internacional de Fomento

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

•  CFI Corporación Financiera Internacional

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos

•  OMGI Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

OMT Organización Mundial del Turismo

DSS Departamento de Seguridad OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OLA Oficina de Asuntos Jurídicos ONUG Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

OSRSG/CAAC Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados OSSI Oficina de Servicios de Supervisión Interna

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena

UN-OHRLLS Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

OSAA Oficina del Asesor Especial para África

UNODA Oficina de Asuntos de Desarme

ONUN Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi

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DPI/2470 Rev.2—11-36066—Octubre de 2011

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PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas

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•  VNU Voluntarios de las Naciones Unidas

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I.

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La Carta, la estructura y el sistema de las Naciones Unidas

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La bandera de las Naciones Unidas La bandera de las Naciones Unidas ondea cada dĂ­a en la plaza frente a la SecretarĂ­a y en el patio de entrada de visitantes como testimonio del servicio permanente de las Naciones Unidas a los pueblos del mundo y a la causa de la paz y de la concordia entre las naciones. (Foto: Naciones Unidas/Mark Garten)

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I.

La Carta, la estructura y el sistema de las Naciones Unidas

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a lucha por la paz es una lucha larga. Hace más de un siglo, en 1899, se celebró en La Haya la primera Conferencia Internacional de Paz con el objeto de elaborar instrumentos multilaterales para solucionar pacíficamente las crisis, evitar las guerras y codificar normas de conducta en tiempo de guerra. La Conferencia aprobó la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y estableció la Corte Permanente de Arbitraje, que comenzó a funcionar en 1902. Posteriormente, en 1919 se creó, bajo el Tratado de Versalles, la Sociedad de las Naciones, concebida durante la primera guerra mundial, “para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad”. La Sociedad de las Naciones cesó sus actividades después de su fracaso en el intento de impedir la segunda guerra mundial, pero la necesidad de resolver pacíficamente los conflictos a través de la colaboración y el diálogo internacionales continuó creciendo. La denominación de “Naciones Unidas” fue acuñada por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt durante la segunda guerra mundial. Apareció por primera vez en la Declaración de las Naciones Unidas del 1º de enero de 1942, que afirmaba el compromiso de 26 naciones de luchar juntas contra las Potencias del Eje. Durante el año 1944, representantes de la China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos deliberaron en Washington, D.C., y al año siguiente, delegados de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Allí, firmemente comprometidos a acabar con “el flagelo de la guerra”, redactaron la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945. Polonia, que no estuvo representada en la Conferencia, firmó la Carta después, y así pasó a ser uno de los 51 Estados fundadores. Con su sede principal en Nueva York, las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de

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los demás signatarios ratificaran la Carta. En conmemoración de ese histórico compromiso con la paz mundial, el 24 de octubre se celebra cada año el Día de las Naciones Unidas. A pesar de las profundas divisiones que dieron origen a la segunda guerra mundial y las de la subsiguiente guerra fría, que marcaron muchos de sus debates, las Naciones Unidas continúan creciendo, fieles a ese compromiso, tanto más importante ante las tremendas transformaciones globales que el mundo y sus pueblos enfrentan a comienzos del siglo XXI. La Carta de las Naciones Unidas

La Carta de las Naciones Unidas (www.un.org/spanish/aboutun/charter) es el instrumento constituyente de la Organización. La Carta determina los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros y establece los principales órganos y procedimientos de las Naciones Unidas. En su calidad de tratado internacional, la Carta codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales en cualquier forma que sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. La Carta consta de un Preámbulo y de 111 artículos agrupados en 19 capítulos. El Capítulo I expresa los propósitos y principios de las Naciones Unidas, el Capítulo II establece los criterios para ser miembro de las Naciones Unidas, el Capítulo III designa a los seis órganos principales de la Organización, los Capítulos IV a XV definen las funciones y los poderes de esos órganos, los Capítulos XVI y XVII tratan de la relación de las Naciones Unidas con el derecho internacional, y los Capítulos XVIII y XIX definen las formas de enmienda y ratificación de la Carta. El Preámbulo de la Carta expresa los ideales compartidos y los objetivos comunes de todos los pueblos cuyos gobiernos se unieron para formar las Naciones Unidas: Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,

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a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Propósitos y principios

Los propósitos de las Naciones Unidas, estipulados en la Carta, son los siguientes: • Mantener la paz y la seguridad internacionales. • Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos. • Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. • Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Las Naciones Unidas actúan de acuerdo con los siguientes principios: • La Organización se basa en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. • Los Miembros de la Organización cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas, de conformidad con la Carta.

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• Los Miembros de la Organización solucionarán sus controversias internacionales por medios pacíficos y sin poner en peligro ni la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia. • Los Miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra cualquier otro Estado. • Los Miembros prestarán a la Organización toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerzan, de conformidad con la Carta. • Ninguna disposición de la Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. Miembros e idiomas oficiales

Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en la Carta y que estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. La Asamblea General admite a nuevos Estados Miembros por recomendación del Consejo de Seguridad. La Carta prevé la suspensión o expulsión de todo Miembro que viole los principios en ella contenidos, pero tal medida nunca se ha adoptado. Conforme a la Carta, los idiomas oficiales de las Naciones Unidas son el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. El árabe se añadió como idioma oficial en 1973. Estructura de las Naciones Unidas

Los seis órganos principales de las Naciones Unidas establecidos por la Carta son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Sin embargo, el sistema de las Naciones Unidas es mucho más amplio, pues comprende 15 organismos especializados y numerosos programas y fondos, además de otras entidades. La Asamblea General

La Asamblea General (www.un.org/spanish/ga) es el principal órgano deliberante de las Naciones Unidas. En ella están representados todos los Estados Miembros, cada uno con un voto. Las votaciones sobre asuntos importantes (como los relacionados con la paz y la seguridad, el ingreso de nuevos Miembros y las cuestiones presupuestarias) se deciden por mayoría de dos tercios. Las demás, por mayoría simple.

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Enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas Para enmendar la Carta de las Naciones Unidas se requiere el voto de dos tercios de los Miembros de la Asamblea General y la ratificación de dos tercios de los Miembros de las Naciones Unidas, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hasta ahora se han enmendado cuatro Artículos de la Carta, uno de ellos en dos ocasiones: • En 1965 se aumentó de 11 a 15 el número de miembros del Consejo de Seguridad (Artículo 23), y de siete a nueve el número de votos afirmativos necesarios para la toma de decisiones, incluso los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes en todas las cuestiones de fondo, pero no en las de procedimiento (Artículo 27). • En 1965 se aumentó de 18 a 27 el número de miembros del Consejo Económico y Social, y en 1973, a 54 (Artículo 61). • En 1968 se aumentó de 7 a 9 el número de votos necesarios en el Consejo de Seguridad para convocar una Conferencia General con el propósito de revisar la Carta (Artículo 109).

Funciones y poderes

La Carta asigna a la Asamblea General las siguientes funciones y poderes: • Considerar los principios de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y hacer recomendaciones al respecto. • Discutir toda cuestión relativa a la paz y la seguridad internacionales y, salvo en casos en que el Consejo de Seguridad esté examinando una controversia o situación, hacer recomendaciones al respecto. • Tratar y, con la misma salvedad, hacer recomendaciones sobre cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta o que afecte a los poderes o las funciones de cualquier órgano de las Naciones Unidas. • Promover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política internacional, impulsar el derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, y fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario.

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• Recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación, sea cual fuere su origen, que pueda perjudicar las relaciones amistosas entre las naciones. • Recibir y considerar los informes del Consejo de Seguridad y de los demás órganos de las Naciones Unidas. • Examinar y aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas y fijar las cuotas de los Miembros. • Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, a los miembros del Consejo Económico y Social y, si fuera necesario, a nuevos miembros del Consejo de Administración Fiduciaria; elegir, con el Consejo de Seguridad, a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia; y, por recomendación del Consejo de Seguridad, nombrar al Secretario General. De conformidad con la resolución “Unión pro paz”, aprobada por la Asamblea General en noviembre de 1950, la Asamblea puede tomar medidas si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, no las toma en un caso en que parezca haber amenaza a la paz, quebrantamiento de esta o actos de agresión. La Asamblea está facultada para considerar el asunto inmediatamente con el fin de recomendar a los miembros la adopción de medidas colectivas, incluido el empleo de la fuerza armada, en casos de quebrantamiento de la paz o de actos de agresión, si fuera necesario para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Períodos de sesiones

El período ordinario de sesiones de la Asamblea General empieza cada año el martes de la tercera semana de septiembre, contando desde la primera semana en que haya al menos un día hábil. La elección del Presidente de la Asamblea, así como la de sus 21 vicepresidentes y de los presidentes de sus seis Comisiones Principales, tiene lugar al menos tres meses antes del comienzo del período ordinario de sesiones. Para que todas las regiones estén representadas equitativamente, la presidencia de la Asamblea rota anualmente entre cinco grupos de Estados: los de África, Asia, Europa Oriental, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y otros Estados. La Asamblea puede reunirse también en períodos extraordinarios de sesiones a petición del Consejo de Seguridad, de una mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas o de un Miembro si la mayoría está de acuerdo. Hay, además, períodos extraordinarios de sesiones de emergencia; estos pueden convocarse a las veinticuatro horas

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de haberse recibido una solicitud del Consejo de Seguridad, aprobada por el voto de nueve de sus Miembros, o por una mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, o por un Miembro si la mayoría está de acuerdo. Cada período ordinario de sesiones de la Asamblea empieza con un debate general, en el que a menudo intervienen Jefes de Estado o de Gobierno y en el que los Estados Miembros expresan su opinión sobre los problemas internacionales más acuciantes. La labor cotidiana de las Naciones Unidas responde primordialmente a los mandatos emanados de la Asamblea General, que reflejan la voluntad de la mayoría de los Miembros expresada en las resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea. Esa labor es realizada: • por comisiones y otros órganos establecidos por la Asamblea para estudiar asuntos específicos, como el desarme, el mantenimiento de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, e informar sobre ellos; • en conferencias internacionales convocadas por la Asamblea y • por la Secretaría de las Naciones Unidas, es decir, el Secretario General y los funcionarios internacionales bajo su mando. La mayoría de las cuestiones planteadas se examinan luego en las seis Comisiones Principales de la Asamblea: • Primera Comisión (Comisión de Desarme y Seguridad Internacional) • Segunda Comisión (Comisión de Asuntos Económicos y Financieros) • Tercera Comisión (Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) • Cuarta Comisión (Comisión de Política Especial y de Descolonización) • Quinta Comisión (Comisión de Asuntos Administrativos y de Presu puesto) • Sexta Comisión (Comisión Jurídica). Si bien algunas cuestiones se examinan directamente en sesiones plenarias, la mayoría se asigna a una de las seis Comisiones Principales. Las resoluciones y las decisiones, incluidas las recomendadas por las Comisiones, pueden ser aprobadas —con o sin votación— en sesiones plenarias, por lo general antes de que en diciembre entre en receso el período ordinario de sesiones. La Asamblea General suele aprobar sus resoluciones y decisiones por mayoría de los Miembros presentes y votantes. Las cuestiones importantes, como las recomendaciones relativas a la paz y la seguridad internacionales, la elección de miembros de algunos órganos principales y los asuntos de

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presupuesto, se deciden por mayoría de dos tercios. Las votaciones pueden realizarse en forma de votación registrada, votación a mano alzada o votación nominal. A pesar de que los gobiernos no están obligados jurídicamente a cumplir con las decisiones de la Asamblea, estas tienen el peso de la opinión pública mundial y la autoridad moral de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad (www.un.org/spanish/docs/sc) de las Naciones Unidas —uno de los principales elementos que lo distinguen de la Liga de las Naciones es la capacidad de imponer sus decisiones— tiene como responsabilidad primordial, conforme a la Carta, mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo tiene 15 miembros: cinco permanentes (la China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido) y 10 elegidos por la Asamblea General por períodos de dos años. Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por el voto afirmativo de por lo menos nueve de los 15 miembros. Para adoptar decisiones sobre cuestiones de fondo es necesario que haya nueve votos afirmativos y que ninguno de los cinco miembros permanentes emita un voto negativo, o veto. Todos los miembros permanentes han ejercido su derecho de veto en alguna ocasión. Si un miembro permanente no está completamente de acuerdo con un proyecto de resolución, pero no desea utilizar su derecho de veto, puede abstenerse y de ese modo permitir que la resolución se apruebe si obtiene los nueve votos afirmativos necesarios. La Presidencia del Consejo la ejerce cada uno de los miembros durante un mes, en orden alfabético. La composición y los procedimientos del Consejo son el objetivo de un grupo de trabajo de la Asamblea General que considera la reforma del Consejo de Seguridad, especialmente la inclusión de miembros permanentes o la ampliación del número de miembros no permanentes. Lo más importante es el concepto de representación equitativa de los Estados Miembros para tratar asuntos de importancia global. Hay 73 Estados Miembros de las Naciones Unidas que nunca han ocupado un puesto en el Consejo. Sin embargo, todos los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las determinaciones del Consejo. Este es el único órgano facultado para adoptar decisiones que, conforme a la Carta, los Estados Miembros tienen la obligación de aplicar. Los demás órganos de las Naciones Unidas sólo formulan recomendaciones.

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Miembros del Consejo de Seguridad durante el bienio 2011-2012 Miembros permanentes China Estados Unidos Federación de Rusia Francia Reino Unido Miembros no permanentes (con el año en que termina su mandato) Alemania (2012) Bosnia y Herzegovina (2011) Brasil (2011) Colombia (2012) Gabón (2011) India (2012) Líbano (2011) Nigeria (2011) Portugal (2012) Sudáfrica (2012)

Funciones y poderes

Según la Carta, las funciones y poderes del Consejo de Seguridad incluyen: • Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. • Elaborar planes para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos. • Instar a las partes a que solucionen sus controversias por medios pacíficos. • Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional y recomendar procedimientos de ajuste o términos de resolución de la controversia. • Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas deben adoptarse. • Instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables para evitar que la situación se agrave.

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• Instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que empleen medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, como las sanciones, para hacer efectivas las decisiones del Consejo. • Recurrir al uso de la fuerza o autorizar su uso para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. • Promover el arreglo pacífico de las controversias locales por medio de acuerdos regionales y utilizar esos acuerdos para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. • Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. • Solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. • Recomendar a la Asamblea General la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad está organizado de manera que pueda funcionar continuamente. Un representante de cada uno de sus miembros debe estar presente en todo momento en la Sede de las Naciones Unidas. El Consejo puede reunirse también fuera de la Sede. En 1972, por ejemplo, se reunió en Addis Abeba (Etiopía); en 1973, en la ciudad de Panamá (Panamá), y en 1990, en Ginebra (Suiza). Cuando se somete al Consejo una denuncia de amenaza contra la paz, por lo general la primera medida que adopta es recomendar a las partes que traten de llegar a un acuerdo pacífico. El Consejo puede establecer los principios de un acuerdo pacífico. En algunos casos, el propio Consejo procede a la investigación y a la mediación. Puede enviar una misión, nombrar representantes especiales o pedir al Secretario General que interponga sus buenos oficios. Cuando una controversia conduce a la lucha armada, la preocupación primordial del Consejo es ponerle fin lo antes posible. El Consejo puede dictar directivas de cesación del fuego que pueden ser decisivas para impedir la escalada de un conflicto. También puede enviar observadores militares o fuerzas de mantenimiento de la paz para ayudar a reducir las tensiones, mantener separadas a las fuerzas contendientes y crear condiciones de tranquilidad en las que pueda gestionarse un arreglo pacífico. Además, el Consejo puede decidir que se adopten medidas coercitivas, como sanciones económicas, embargo de armas, sanciones y restricciones financieras y prohibición de viajes; ruptura de relaciones diplomáticas; bloqueos e incluso acciones militares colectivas. La principal

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preocupación es que las medidas se concentren en los responsables de las políticas o prácticas condenadas por la comunidad internacional, sin que los efectos de las medidas tomadas afecten desmesuradamente a otras partes de la población y a la economía. Después de los ataques terroristas contra los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, el Consejo estableció el Comité Contra el Terrorismo como órgano subsidiario. La Comisión de Consolidación de la Paz, establecida por el Consejo en 2005, apoya los esfuerzos por la paz en países que emergen de un conflicto. El Comité de Estado Mayor ayuda a planificar las medidas militares de la Organización y la regulación de armamentos. Tribunales y Cortes

En el curso de las dos últimas décadas, el Consejo ha establecido como órganos subsidiarios dos Tribunales Penales Internacionales para territorios específicos, con el objeto de enjuiciar crímenes de lesa humanidad en la ex Yugoslavia y en Rwanda. Existen además tres tribunales, o cortes, “híbridos” establecidos, respectivamente, por Camboya, el Líbano y Sierra Leona, con ayuda sustancial de las Naciones Unidas. Estas cortes no son permanentes y dejarán de existir una vez que hayan cumplido su misión. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (www.icty.org) fue creado por el Consejo de Seguridad en 1993 con el propósito de enjuiciar a las personas responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Yugoslavia desde 1991. Está integrado por cuatro Salas, una Fiscalía y una Secretaría. El Tribunal tiene 16 jueces permanentes, 12 jueces ad litem (de los cuales puede convocar en cualquier momento hasta 12) y 1.039 funcionarios que representan 83 nacionalidades. Su presupuesto para el ejercicio 2010-2011 ascendió a 301,9 millones de dólares. Desde su creación, el Tribunal ha dictado autos de acusación pública contra 161 personas por crímenes cometidos contra miles de víctimas durante los conflictos ocurridos en Croacia (1991-1995), Bosnia y Herzegovina (1992-1995), Kosovo (1998-1999) y la ex República Yugoslava de Macedonia (2001). Al considerar responsables a los individuos cualquiera sea su posición, el Tribunal ha hecho una contribución importante a la eliminación de la impunidad por crímenes de guerra.

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Presidente: Sr. Patrick L. Robinson (Jamaica) Fiscal: Sr. Serge Brammertz (Bélgica) Secretario: Sr. John Hocking (Australia) Sede: Churchillplein 1, 2517 JW La Haya (Países Bajos) Teléfono: (31-70) 512-5000 Fax: (31-70) 512-5355 Tribunal Penal Internacional para Rwanda Creado por el Consejo de Seguridad en 1994, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (www.ictr.org) tiene el mandato de enjuiciar a los responsables de genocidio y de otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Rwanda durante 1994, y a los ciudadanos de Rwanda responsables de violaciones de ese tipo cometidas en el territorio de algún Estado vecino. Sus tres Salas de Primera Instancia y una Sala de Apelación cuentan con 16 magistrados independientes. No puede haber dos magistrados de la misma nacionalidad. Cada una de las tres Salas de Primera Instancia tiene tres magistrados, y cinco corresponden a la Sala de Apelación, que comparte con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Además, tiene un equipo de 18 magistrados ad litem (de los que puede convocar en cualquier momento a un máximo de nueve) y una plantilla de 693 funcionarios (en 2010), que representan a 77 nacionalidades. Su presupuesto para el bienio 2010-2011 ascendió a 245,3 millones de dólares. Hasta julio de 2010, el Tribunal había terminado 51 casos, otros 23 estaban en trámite y tres en espera de admisión. Entre los condenados se encuentra Jean Kambanda, que ocupaba el cargo de Primer Ministro durante el genocidio. Se trata del primer Jefe de Gobierno detenido y condenado por genocidio. Presidente: Sr. Charles Michael Dennis Byron (Saint Kitts y Nevis) Fiscal: Sr. Hassan B. Jallow (Gambia) Secretario: Sr. Adama Dieng (Senegal) Sede: Arusha International Conference Centre, P.O. Box 6016, Arusha (República Unida de Tanzanía) Teléfono: (255-27) 250 27 4207-4211 o (vía Nueva York) (1-212) 963 2850 Fax: (255-27) 250 4000 o (vía Nueva York) (1-212) 963 2848 Tribunal Especial para Sierra Leona Inicialmente, el Tribunal Especial para Sierra Leona (www.sc-sl.org) fue establecido conjuntamente por Sierra Leona y las Naciones Unidas en 2002, de acuerdo con lo solicitado por el Consejo de Seguridad

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en 2000. Tiene el mandato de enjuiciar a los principales responsables de las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la legislación de Sierra Leona cometidas en el territorio de ese país desde el 30 de noviembre de 1996. El Tribunal Especial está formado por tres órganos: las Salas (Sala de Apelación, Sala de Primera Instancia I y Sala de Primera Instancia II), la Secretaría (que incluye la Oficina de la Defensa) y la Fiscalía. El Tribunal Especial es el primer Tribunal Penal Internacional financiado enteramente con contribuciones voluntarias de los gobiernos. Hasta 2010, el Tribunal había recibido aportes de más de 40 Estados de las diferentes regiones del mundo. Presidente: Sr. Jon Kamanda (Sierra Leona) Fiscal: Sra. Brenda Hollis (Estados Unidos) Secretaria: Sra. Binta Mansaray (Sierra Leona) Sede: Jomo Kenyatta Road, New England, Freetown (Sierra Leona) Teléfono: (232-22) 297 000 o (vía Italia) (39) 831-257000 Fax: (232-22) 297 001 o (vía Italia) (39) 831-257001 Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya Las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya para Juzgar los Crímenes Cometidos durante el período de Kampuchea Democrática (www.eccc.gov.kh) son un Tribunal nacional establecido en 2006 como consecuencia de un acuerdo entre Camboya y las Naciones Unidas para enjuiciar a los principales miembros del grupo Khmer Rouge (los Jemeres Rojos), por graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la legislación de Camboya durante el período comprendido entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979, incluidos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. La Sala de Primera Instancia consta de cinco magistrados, de los cuales tres son camboyanos y uno de ellos es el Presidente. La Corte Suprema está formada por siete jueces, de los cuales cuatro son camboyanos y uno de ellos es el Presidente. Los magistrados internacionales son designados por el Consejo Supremo de la Magistratura de Camboya sobre la base de su selección por el Secretario General de las Naciones Unidas. Las Salas reciben asistencia técnica de la Asistencia de las Naciones Unidas a los Procesos contra el Khmer Rouge (UNAKRT) (www.unakrt-online.org). Sede: National Road 4, Chaom Chau Commune, Dangkao District, Phnom Penh (Camboya) Teléfono: (855) 23 219814 Fax: (855) 23 219841

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Tribunal Especial para el Líbano En 2005, el Gobierno del Líbano pidió a las Naciones Unidas que instituyeran un tribunal internacional para enjuiciar a las personas consideradas responsables del ataque del 14 de febrero de 2005 en Beirut, en el que murieron el ex Primer Ministro libanés Rafiq Hariri y otras 22 personas. Según una resolución del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas y el Líbano negociaron un acuerdo acerca del Tribunal Especial para el Líbano (www.sti-tsl.org). Mediante otra resolución del Consejo de Seguridad, en 2007 se estableció el Tribunal Especial, que inició sus actividades en 2009. El Tribunal tiene su sede en Leidschendam-Voorburg, cerca de La Haya, y no en el Líbano, principalmente por razones de seguridad e imparcialidad. Los primeros actos de acusación fueron anunciados por el Fiscal en enero de 2011. Las Salas del Tribunal Especial incluyen un juez instructor internacional, una Sala de Primera Instancia (con tres magistrados, uno libanés y dos internacionales, más otros dos sustitutos, uno libanés y uno internacional), y una Sala de Apelación, con cinco magistrados, dos libaneses y tres internacionales. El Secretario General, en consulta con el Gobierno libanés, nombra a los tres magistrados. Presidente: Sr. David Baragwanath (Nueva Zelandia) Fiscal: Sr. Daniel A. Bellemare (Canadá) Secretario: Sr. Herman von Hebel (Países Bajos) Sede: Dokter van der Stamstraat 1, 2265 BC, Leidschendam (Países Bajos) Teléfono: (31-70) 800 3400 El Consejo Económico y Social (ECOSOC)

Según la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social (www.un.org/spanish/ecosoc) es el principal órgano coordinador de la labor económica y social de las Naciones Unidas y de las instituciones y organismos especializados que constituyen el sistema de la Organización. El Consejo tiene 54 miembros, con mandatos de tres años. Los puestos en el Consejo se asignan sobre la base de la representación geográfica. Según eso, 14 corresponden a Estados africanos, 11 a Estados asiáticos, 6 a Estados de Europa Oriental, 10 a Estados de América Latina y el Caribe y 13 a Estados de Europa Occidental y otros Estados. Cada miembro tiene un voto, y el Consejo toma sus decisiones por mayoría simple.

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Funciones y poderes

Las funciones y los poderes del Consejo Económico y Social son: • Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y sociales y la elaboración de recomendaciones de política dirigidas a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas. • Realizar o iniciar estudios e informes sobre asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos. • Promover el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. • Prestar asistencia para la preparación y organización de grandes conferencias internacionales sobre temas económicos, sociales y otros conexos, y promover el seguimiento coordinado de esas conferencias. • Coordinar las actividades de los organismos especializados, mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, y a través de recomendaciones a la Asamblea General. Mediante su análisis de las cuestiones internacionales de carácter económico y social y a través de sus recomendaciones de política, el Consejo Económico y Social desempeña una función clave en el fomento de la cooperación internacional para el desarrollo, así como en el establecimiento de las prioridades para el sistema de las Naciones Unidas. Períodos de sesiones y órganos subsidiarios

A lo largo del año, el Consejo Económico y Social celebra generalmente varios períodos de sesiones cortos y numerosas reuniones preparatorias, mesas redondas y reuniones de expertos con miembros de la sociedad civil, para ocuparse de la organización de su trabajo. También celebra en julio un período de sesiones sustantivo, de cuatro semanas de duración, alternando entre Nueva York y Ginebra. Este período de sesiones incluye una serie especial de alto nivel, a la que asisten ministros y otros altos funcionarios y en la que se examinan las principales cuestiones económicas, sociales y humanitarias. Además, el Consejo colabora con, y en cierta medida coordina, el trabajo de los programas de las Naciones Unidas (como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Fondo de las Naciones Unidas

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La Cumbre Mundial de 2005 En la Cumbre Mundial celebrada en la Sede de las Naciones Unidas en 2005, los dirigentes mundiales acordaron adoptar medidas sobre diversos problemas de alcance mundial. Entre los compromisos que contrajeron cabe destacar los siguientes: • Desarrollo. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio a más tardar en 2015; destinar 50.000 millones de dólares en 2010 a la lucha contra la pobreza; condonar el 100% de la deuda oficial multilateral y bilateral de los países pobres altamente endeudados. • Terrorismo. Condena enérgica por parte de todos los gobiernos del terrorismo “en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos”. • Establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz. Establecer una Comisión de Consolidación de la Paz para ayudar a los países en el proceso de transición de la guerra a la paz, asistida por una oficina de apoyo, un fondo permanente y una capacidad permanente de policía para las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. • Responsabilidad de proteger. Aceptación inequívoca de la responsabilidad internacional colectiva de proteger a la población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. • Derechos humanos, democracia e imperio de la ley. Reforzar los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas; duplicar el presupuesto del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; establecer un Consejo de Derechos Humanos; reafirmar que la democracia es un valor universal; acoger con satisfacción el establecimiento de un nuevo Fondo para la Democracia; eliminar la omnipresente discriminación por motivos de género, incluidas las desigualdades, la violencia contra la mujer y la niña, y la impunidad. Las ratificaciones realizadas durante la Cumbre permitieron que entrara en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. • Reforma de la gestión. Reforzar la capacidad de supervisión de las Naciones Unidas y extender los servicios de supervisión a nuevos organismos. • Medio ambiente. Reconocer el grave problema que representa el cambio climático; tomar medidas a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; asistir a los vulnerables Estados insulares en su desarrollo; establecer un sistema mundial de alerta temprana respecto de todos los peligros naturales.

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• Salud internacional. Intensificar los esfuerzos de lucha contra el VIH/ SIDA, la tuberculosis y el paludismo mediante la puesta en marcha de actividades de prevención, atención, tratamiento y apoyo; plena aplicación del nuevo Reglamento Sanitario Internacional, y prestación de apoyo a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la Organización Mundial de la Salud. • Asistencia humanitaria. Mejorar el funcionamiento del Fondo Renovable Central para Emergencias, de modo que la ayuda se reciba de manera previsible e inmediata cuando se produce una catástrofe; reconocer que los Principios rectores aplicables a los desplazamientos dentro de un país constituyen un marco importante para proteger a los desplazados internos. • Reforma de la Carta de las Naciones Unidas. Reformar la Carta para eliminar el Consejo de Administración Fiduciaria y suprimir las anacrónicas referencias a “Estados enemigos”. Muchos de estos compromisos se han cumplido ya, y otros se encuentran en un avanzado proceso de cumplimiento.

para la Infancia (UNICEF)), así como con el de organismos especializados (como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO), todos los cuales rinden informes al Consejo y hacen recomendaciones para las sesiones del período sustantivo. La labor permanente del Consejo se realiza en sus órganos subsidiarios y conexos, que incluyen: • Ocho comisiones orgánicas, órganos deliberantes que examinan cuestiones y realizan recomendaciones en sus respectivas esferas de responsabilidad y conocimientos: la Comisión de Estadística, la Comisión de Población y Desarrollo, la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Estupefacientes, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, además del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques. • Cinco comisiones regionales: la Comisión Económica para África (Addis Abeba, Etiopía), la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (Bangkok, Tailandia), la Comisión Económica para Europa (Ginebra, Suiza), la Comisión Económica para América Latina

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y el Caribe (Santiago, Chile) y la Comisión Económica y Social para Asia occidental (Beirut, Líbano). • Tres comités permanentes: el Comité del Programa y de la Coordinación, el Comité encargado de las organizaciones no gubernamentales y el Comité encargado de las negociaciones con organismos intergubernamentales. • Una serie de órganos de expertos en temas como nombres geográficos, la administración pública, la cooperación internacional en cuestiones de tributación y el transporte de mercancías peligrosas. • Otros órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Comisiones regionales

Las Comisiones regionales de las Naciones Unidas rinden cuenta al Consejo Económico y Social, y sus secretarías están bajo la autoridad del Secretario General. Las Comisiones tienen el mandato de poner en marcha medidas que promuevan el desarrollo económico de cada una de las regiones y fortalezcan las relaciones económicas de los países que las integran, tanto entre sí como con los demás países del mundo. Se financian a través del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Comisión Económica para África (CEPA) Establecida en 1958, la CEPA (www.uneca.org) realiza actividades orientadas a estimular el desarrollo socioeconómico del continente africano. Entre sus 53 países miembros, promueve políticas y estrategias para fortalecer la cooperación y la integración económicas, particularmente en las esferas de la producción, el comercio, las cuestiones monetarias, la infraestructura y las instituciones. La CEPA centra sus actividades en preparar información y análisis de los problemas económicos y sociales, promover la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, fortalecer la gestión del desarrollo, aprovechar la revolución de la información para el desarrollo y promover la cooperación e integración regionales. También presta especial atención a mejorar la condición de la mujer, aumentar su participación en las actividades de desarrollo y en las decisiones relacionadas con él, y garantizar que la mujer y la igualdad entre los géneros sean elementos clave del desarrollo nacional. Secretario Ejecutivo: Sr. Carlos Lopes (Guinea-Bissau) Dirección: P.O. Box 3001, Addis Abeba (Etiopía) Teléfono: (251-11) 551-7200 Fax: (251-11) 551-0365 Correo electrónico: ecainfo@uneca.org

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Comisión Económica para Europa (CEE) La CEE (www.unece.org) fue creada en 1947 y es el foro en el que los países de América del Norte, Europa (incluido Israel) y Asia central forjan los instrumentos de su cooperación económica. La CEE está integrada por 56 países miembros. Las esferas prioritarias de trabajo de la Comisión son el análisis de temas económicos, el medio ambiente y los asentamientos humanos, la estadística, la energía sostenible, el comercio, la industria y el desarrollo empresarial, la explotación maderera y el transporte. La CEE promueve sus objetivos principalmente por medio de análisis y debates sobre políticas y elaborando convenciones, reglamentos y normativas. La aplicación de esos instrumentos contribuye a la eliminación de las barreras y a la simplificación de los procedimientos comerciales en la región y con el resto del mundo. Algunos tienen como objetivo mejorar el medio ambiente. La Comisión contribuye a la aplicación de unos y otros prestando asistencia técnica, en particular a los países con economías en transición. Secretario Ejecutivo: Sr. Sven Alkalaj (Bosnia y Herzegovina) Dirección: Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10 (Suiza) Teléfono: (41-22) 917-4444 Fax: (41-22) 917-0505 Correo electrónico: info.ece@unece.org Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) La CEPAL (www.eclac.org) se estableció en 1948 para coordinar las políticas de promoción del desarrollo socioeconómico sostenible de la región. Son miembros de CEPAL los 33 países de América Latina y el Caribe, así como 11 países de América del Norte, Asia y Europa que tienen lazos históricos, económicos y culturales con la región. Nueve territorios no independientes del Caribe son miembros asociados de la Comisión. La CEPAL trabaja especialmente en: desarrollo agrícola; planificación económica y social; desarrollo industrial, tecnológico y empresarial; comercio internacional; integración y cooperación regionales; inversión y financiación; desarrollo e igualdad sociales; integración de la mujer en el desarrollo; recursos naturales e infraestructura; medio ambiente y asentamientos humanos; estadística; gestión administrativa, demografía y políticas en materia de población. Secretaria Ejecutiva: Sra. Alicia Bárcena Ibarra (México) Dirección: Avenida Dag Hammarskjöld, 3477, Casilla 179-D, Santiago (Chile)

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Teléfono: (56-2) 210-2000 Fax: (56-2) 208-0252 Correo electrónico: secepal@cepal.org Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) La CESPAP (www.unescap.org) fue creada en 1947 y se encarga de las cuestiones económicas y sociales de la región. Es el único foro intergubernamental de reunión de todos los países de Asia y el Pacífico. Sus 53 Estados miembros y nueve Estados miembros asociados representan casi el 60% de la población mundial. La CESPAP presta apoyo técnico a los gobiernos en materia de desarrollo económico y social, proporcionándoles servicios de asesoramiento, organizando actividades de capacitación e intercambio de experiencias regionales y facilitando información a través de reuniones, publicaciones y redes entre países. La Comisión ejecuta programas y proyectos para estimular el crecimiento, mejorar las condiciones socioeconómicas y contribuir a sentar las bases de una sociedad moderna en la región. Cuatro instituciones regionales de investigación y capacitación, dedicadas al desarrollo agrícola, la maquinaria y la ingeniería agrícolas, la estadística y la transferencia de tecnología, trabajan bajo sus auspicios. En la actualidad, sus esferas de acción prioritarias son la reducción de la pobreza, la gestión de la mundialización y la consideración de nuevas cuestiones sociales. Secretaria Ejecutiva: Sra. Noeleen Heyzer (Singapur) Dirección: United Nations Building, Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 (Tailandia) Teléfono: (66-2) 288-1234 Fax: (66-2) 288-1000 Correo electrónico: escap-registry@un.org Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) Creada en 1973, la CESPAO (www.escwa.un.org) facilita la acción concertada para el desarrollo económico y social de los países del Asia occidental mediante la promoción de la cooperación y la integración económicas de la región. La Comisión está integrada por 13 Estados miembros y es el principal foro de desarrollo económico y social del sistema de las Naciones Unidas en la región. Las principales esferas de su actividad son el desarrollo económico y la productividad, el desarrollo social, el desarrollo económico y la mundialización, las tecnologías de la información y la comunicación, las estadísticas, el empoderamiento de la mujer y los problemas derivados de conflictos.

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Secretaria Ejecutiva: Sra. Rima Khalaf (Jordania) Dirección: P.O. Box 11-8575, Riad el-Solh Square, Beirut (Líbano) Teléfonos: (961-1) 98-1301 (vía Nueva York) (1-212) 963-9731 Fax: (961-1) 98-1510 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

Las Naciones Unidas consideran a las organizaciones no gubernamentales (ONG) como asociados importantes y valiosos nexos con la sociedad civil, y les consultan con frecuencia sobre cuestiones de política y de programa que interesan a ambas partes. Un número creciente de ONG de todo el mundo colabora cada día con la comunidad de las Naciones Unidas para ayudar a alcanzar sus metas. De hecho, según la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social puede celebrar consultas tanto con los Estados Miembros como con las organizaciones no gubernamentales que se interesan por los asuntos que competen al Consejo. Al final de 2010 había 3.051 organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas del Consejo. Para este, las organizaciones deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones, por su experiencia o sus conocimientos técnicos especiales, que resultan útiles para la labor del Consejo. El Consejo clasifica a las organizaciones no gubernamentales en tres categorías: las organizaciones generales, dedicadas a la mayor parte de las actividades del Consejo; las organizaciones especiales, que tienen particular competencia en algunas esferas de actividad del Consejo, y una tercera categoría, que incluye aquellas que hacen ocasionales contribuciones a la labor del Consejo y que son consultadas cuando es necesario. Las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas pueden enviar observadores a las reuniones del Consejo y de sus órganos subsidiarios y expresar por escrito su parecer sobre asuntos pertinentes a la labor del Consejo. El Consejo de Administración Fiduciaria

El Consejo de Administración Fiduciaria (www.un.org/spanish/aboutun/ organs/tc) fue establecido por la Carta para supervisar a escala internacional los 11 Territorios en fideicomiso confiados a la administración de siete Estados Miembros y asegurarse de que se adoptaran las medidas adecuadas para dirigir a los Territorios hacia el autogobierno o la independencia. El Consejo desempeñó su trabajo durante cuarenta y nueve años. En 1994 resolvió enmendar sus reglas de procedimiento, por lo que suprimió la obligación de reunirse cada año y determinó que se re-

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uniría cuando la ocasión lo requiriese, por decisión suya o por la de su Presidente, o a pedido de una mayoría de sus miembros o de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Posteriormente, el 1º de noviembre de 1994, el Consejo suspendió su actividad una vez que Palau, último Territorio que quedaba en fideicomiso de las Naciones Unidas, hubo alcanzado su independencia el 1º de octubre de ese mismo año. La Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia (www.icj-cij.org), con sede en La Haya (Países Bajos), es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La Corte resuelve controversias jurídicas entre los Estados partes y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y sus organismos especializados. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. Su Estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Pueden recurrir a la Corte todos los Estados partes en su Estatuto, que incluye a todos los Miembros de las Naciones Unidas. Sólo los Estados pueden ser partes en las causas que se sometan a la Corte, y sólo ellos pueden someter causas a la Corte. Las personas físicas y jurídicas y las organizaciones internacionales no pueden recurrir a la Corte. Como tribunal civil, no tiene jurisdicción penal para enjuiciar a individuos. Jurisdicción

La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que le sometan los Estados y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones internacionales vigentes. Los Estados pueden obligarse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte firmando un tratado o convención en el que se estipule la remisión a ella o haciendo una declaración a tal efecto. Esas declaraciones a menudo contienen reservas por las que se excluyen ciertos tipos de causas. Conforme a su Estatuto, la Corte decide las controversias sobre la base de las convenciones internacionales que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; la costumbre internacional como prueba de práctica general aceptada como derecho; los principios generales del derecho reconocidos por las naciones, y las decisiones judiciales y la doctrina de los juristas de mayor competencia de las distintas naciones.

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Miembros

La Corte está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votaciones independientes, en atención a sus méritos. Se procura que en la Corte estén representados los principales sistemas jurídicos del mundo. En 2010, la distribución geográfica de los jueces era la siguiente: tres de África, dos de América Latina y el Caribe, tres de Asia, cinco de Europa Occidental y otros Estados y dos de Europa Oriental, correspondientes a los actuales miembros del Consejo de Seguridad. Si bien ningún país tiene el derecho establecido a estar representado en la Corte, esta siempre ha incluido jueces de la nacionalidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Corte tiene también una Sala de asuntos relacionados con el medio ambiente. Presidente: Sr. Hisashi Owada (Japón) Secretario: Sr. Philippe Couvreur (Bélgica) Sede: Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haya (Países Bajos) Teléfono: (31-70) 302-23-23 Fax: (31-70) 364-99-28 La Secretaría

La labor cotidiana de las Naciones Unidas está a cargo de su Secretaría (www.un.org/spanish/aboutun/organs/secretar.shtml), integrada por alrededor de 44.000 funcionarios que representan a todas las nacionalidades y trabajan en oficinas del mundo entero. La Secretaría presta servicios a los demás órganos principales de las Naciones Unidas y administra los programas y las políticas que estos elaboran. Su jefe es el Secretario General, que la Asamblea General nombra por recomendación del Consejo de Seguridad por un período renovable de cinco años. Aunque su Sede está en Nueva York, las Naciones Unidas mantienen una presencia importante en Addis Abeba, Bangkok, Beirut, Ginebra, Nairobi, Santiago de Chile y Viena, y tienen oficinas en todo el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) (www.unog.ch) es un centro de conferencias diplomáticas y un foro para el desarme y los derechos humanos. La Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) (www.unvienna.org) es la sede central de las actividades en el campo de la fiscalización de drogas, la prevención del delito y la justicia penal, el uso pacífico del espacio exterior y del derecho comercial internacional. La Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (UNON) (www.unon.org) es la sede central de las actividades en el campo del medio ambiente y los asentamientos humanos.

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Los Secretarios Generales hasta la actualidad La Carta de las Naciones Unidas estipula que el Secretario General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Los predecesores del Sr. Ban Ki-moon han sido: Kofi Annan, de Ghana, desde enero de 1997 hasta diciembre de 2006; Boutros BoutrosGhali, de Egipto, desde enero de 1992 hasta diciembre de 1996; Javier Pérez de Cuéllar, del Perú, desde enero de 1982 hasta diciembre de 1991; Kurt Waldheim, de Austria, desde enero de 1972 hasta diciembre de 1981; U Thant, de Birmania (hoy Myanmar), desde noviembre de 1961, cuando fue nombrado Secretario General en funciones (su designación oficial de Secretario General se produjo en noviembre de 1962) hasta diciembre de 1971; Dag Hammarskjöld, de Suecia, desde abril de 1953 hasta su fallecimiento en un accidente de aviación en África, en septiembre de 1961; y Trygve Lie, de Noruega, desde febrero del año 1946 hasta su dimisión, en noviembre de 1952.

Las funciones de la Secretaría son tan variadas como los problemas que tratan las Naciones Unidas. Incluyen desde la administración de las operaciones de mantenimiento de la paz y la mediación en controversias internacionales y la organización de los programas de asistencia humanitaria, el examen de las tendencias y problemas económicos y sociales y la preparación de estudios sobre derechos humanos y desarrollo sostenible, así como la preparación de las bases de acuerdos internacionales. El personal de la Secretaría también informa al mundo —medios de comunicación, gobiernos, ONG, redes académicas y de investigación, y al público en general— sobre la labor de las Naciones Unidas, organiza conferencias internacionales sobre asuntos de interés mundial, interpreta discursos y traduce documentos a los idiomas oficiales de la Organización, y establece centros de control y autorización de información, posibilita la colaboración internacional en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, además de realizar actividades culturales, económicas y sociales. Como funcionarios internacionales, tanto el Secretario General como el resto de los trabajadores sólo rinden cuentas a las Naciones Unidas, aun cuando sirven a la comunidad de naciones, y juran no solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la Organización. Por su parte, según la Carta, los Estados Miembros se comprometen a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del personal, y a no tratar de influir sobre ellos.

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El Secretario General

La Oficina Ejecutiva del Secretario General (www.un.org/spanish/sg/), que incluye al Secretario General y a sus principales asesores, establece políticas generales y guía a la Organización en general. Diplomático y mediador, funcionario y a la vez el más alto jefe ejecutivo a partes iguales, el Secretario General es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y el portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular de los pobres y vulnerables. El octavo Secretario General, el Sr. Ban Ki-moon, de la República de Corea, comenzó su mandato el 1º de enero de 2007. En términos de la Carta, el Secretario General es “el más alto funcionario administrativo” de la Organización, y como tal desempeña “las demás funciones que le encomienden” el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros órganos de las Naciones Unidas. La Carta autoriza también al Secretario General a “llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. Estas directrices demarcan los poderes del cargo, a la vez que le otorgan un amplio margen de independencia. El Secretario General fracasaría si no tuviera debidamente en cuenta las preocupaciones de los Estados Miembros, pero al mismo tiempo debe sostener los valores y la autoridad moral de las Naciones Unidas y hablar y actuar en favor de la paz, aun a riesgo, a veces, de desafiar o contradecir a los Estados Miembros. Esta tensión creadora acompaña al Secretario General en su labor cotidiana —tanto cuando asiste a las reuniones de los órganos de las Naciones Unidas como al celebrar consultas con dirigentes mundiales, funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil y el sector privado, e individuos particulares— e impulsa la búsqueda de soluciones a problemas que reconozcan la perspectiva de cada uno de los Estados Miembros, en el contexto de las necesidades del mundo en general. Al mismo tiempo, los viajes del Secretario General le permiten mantenerse en contacto con los ciudadanos de los Estados Miembros e informarse de primera mano sobre cómo los problemas del programa internacional afectan concretamente la vida de las personas en todo el mundo. Cada año, el Secretario General publica una memoria sobre la labor de la Organización en la que evalúa sus actividades y esboza las prioridades. Una de las funciones esenciales del Secretario General es utilizar sus “buenos oficios” —es decir, adoptar medidas, en público y en privado,

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basadas en su independencia, imparcialidad e integridad— para evitar que surjan, se agraven o se extiendan las controversias internacionales. En el curso de los años, los buenos oficios del Secretario General —incluyendo el trabajo de sus representantes y enviados especiales y personales— han resultado beneficiosos en una amplia gama de situaciones, por ejemplo, en Chipre, Timor Oriental, Irak, Libia, el Oriente Medio, Nigeria y el Sáhara Occidental. Cada Secretario General define su función en el contexto del momento concreto en que la desempeña. En conjunto, las prioridades del Secretario General Ban incluyen el cambio climático; el desarme, el combate a la crisis financiera mundial y a la pobreza; la paz y la seguridad, la salud; los derechos de las mujeres y su empoderamiento; la protección de todos los pueblos del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como la reforma de las Naciones Unidas. Debido a que en los últimos años la demanda de asistencia de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz ha crecido a un ritmo sin precedentes, el Secretario General propuso al comienzo de su mandato algunas reformas estructurales básicas con el objeto de que la Organización pudiera responder de manera más eficaz a esa demanda. Por ello, la Asamblea General aprobó la creación del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, para que asumiera la gestión cotidiana de las operaciones de mantenimiento de la paz, quedando el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz libre para centrarse en la estrategia general y en las labores de planificación y despliegue. El Secretario General ha sido, asimismo, especialmente directo en lo que respecta al cambio climático, al que ha calificado de “definitorio de nuestra época” que es muestra de por qué la mejor manera de responder a los tremendos desafíos internacionales de estos tiempos es hacerlo colectivamente, a través de las Naciones Unidas. Su campaña “Únete para poner fin a la violencia contra la mujer” apunta a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Además, ha impulsado el establecimiento de la nueva misión híbrida de mantenimiento de la paz en el Sudán y ha adoptado medidas para estrechar la relación entre su Oficina y los mecanismos de desarme de las Naciones Unidas mediante la creación de la nueva Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas y el nombramiento de un Alto Representante para Asuntos de Desarme.

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Reforma y revitalización: mantenimiento de la paz y desarme Ya en los primeros meses de su cargo, en 2007, el Secretario General Ban Ki-moon propuso una serie de reformas básicas destinadas a fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas para llevar a cabo su misión en el mundo. Esas reformas, que se proponían responder a la creciente necesidad de operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, apuntaban a mejorar la capacidad de la Organización para manejar y sostener tales operaciones. Anticipando la necesidad de un aumento considerable del personal de las Naciones Unidas que trabaja en las operaciones de paz, el Secretario General propuso la creación de un nuevo Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, para que se encargase de la planificación, el despliegue y la prestación de apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz. El nuevo departamento fue oficialmente establecido por la Asamblea General en el mismo año. En la nueva estructura, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz ha pasado a ser responsable de la supervisión estratégica y la orientación en materia de política operacional, mientras que el Departamento de Apoyo se encarga de la planificación, el despliegue y el mantenimiento. También en 2007, la Asamblea aprobó la propuesta del Secretario General de impulsar el progreso del programa de desarme —en particular, la entrada en vigor del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, de 1996— transformando el Departamento de Asuntos de Desarme en Oficina de Asuntos de Desarme, dirigida por el Alto Representante para Asuntos de Desarme, quien rinde cuentas directamente al Secretario General.

La labor del Sr. Ban Ki-moon continúa y profundiza los esfuerzos precedentes, tendientes a que las Naciones Unidas se adapten a una nueva era en los asuntos mundiales. Por ejemplo, el Pacto Mundial, lanzado en julio de 2000, es una iniciativa que reúne a empresas privadas con organismos de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones sindicales y no gubernamentales con el objeto de promover principios reconocidos universalmente en el ámbito de los derechos humanos, el trabajo, la lucha contra la corrupción y el medio ambiente. El Pacto contaba en julio de 2010 con más de 7.700 participantes, incluyendo más de 5.300 empresas, así como grupos sindicales nacionales e internacionales y centenares de organizaciones de la sociedad civil de 130 países, en su mayoría en vías de desarrollo. Dos importantes encuentros de dirigentes mundiales también fijaron el rumbo de las Naciones Unidas en el siglo xxi: la Cumbre

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del Milenio, celebrada en 2000, produjo la Declaración del Milenio, con una serie de objetivos y metas concretas —incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (www.un.org/millenniumgoals)— en materia de pobreza y hambre, educación universal, igualdad de género, salud infantil y materna, lucha contra el SIDA, sostenibilidad del medio ambiente y asociacionismo mundial. El examen quinquenal de la Cumbre del Milenio, la Cumbre Mundial de 2005, tomó decisiones avanzadas en las áreas del desarrollo, la seguridad, los derechos humanos y la reforma de las Naciones Unidas. El Vicesecretario General. En 1998, la Sra. Louise Fréchette, del Canadá, fue la primera persona nombrada para ocupar el cargo de Vicesecretaria General. En 2006 fue sustituida por el Sr. Mark Malloch Brown, del Reino Unido, y en enero de 2007 este fue sucedido por la Dra. Asha-Rose Migiro, de la República Unida de Tanzanía. Departamentos y Oficinas

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) Secretario General Adjunto: Sr. Sha Zukang (China) La misión del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (www.un.org/spanish/esa/desa) es impulsar el desarrollo para todos. Su trabajo tiene un alcance muy amplio, e incluye temas como la reducción de la pobreza, la población, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas, la política macroeconómica, la financiación del desarrollo, la innovación en el sector público, la política sobre los bosques, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Para ese fin, el Departamento • Analiza, genera y compila una gran variedad de datos e información sobre asuntos de desarrollo. • Reúne a la comunidad internacional en conferencias y cumbres para enfrentar los desafíos económicos y sociales. • Apoya la formulación de políticas de desarrollo y normas globales. • Supervisa y promueve la aplicación de acuerdos internacionales. • Ayuda a los Estados a responder a los desafíos del desarrollo a través de una serie de iniciativas de incremento de su capacidad. En el desempeño de su labor, el Departamento colabora estrechamente con diversos grupos del mundo entero, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, el sector privado, organizaciones de investigación y académicas, organizaciones intergubernamentales y asociadas al sistema de las Naciones Unidas.

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Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DFS) Secretaria General Adjunta: Sra. Ameerah Haq (Bangladesh) El Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (www.un.org/ spanish/Depts/dpko/dpko/dfs.shtml) se ocupa de los asuntos referidos a las finanzas, la logística, la tecnología de la información y las comunicaciones (ITC), los recursos humanos y la administración general de las misiones que promueven la paz y la seguridad. Las actividades de apoyo sobre el terreno incluyen llevar raciones a las tropas, organizar el transporte aéreo de personas a lugares donde prácticamente no existen caminos ni infraestructura y mantener personal bien adiestrado en toda la gama de necesidades requeridas para cumplir los mandatos del Consejo de Seguridad. Para hacerlo, el Departamento colabora con los Estados Miembros y los asociados comerciales. A fin de asegurar la unidad de mando en las operaciones de mantenimiento de la paz, el Jefe del Departamento, en una estructura única, depende y recibe instrucciones del Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias (DGACM) Secretario General Adjunto: Sr. S. Muhammad Shaaban (Egipto) El Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias (www.un.org/Depts/DGACM/index_spanish) presta servicios de apoyo técnico y de secretaría a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social, a sus comisiones, comités y otros órganos subsidiarios, así como a las conferencias que se celebran fuera de la Sede. Se encarga de procesar y publicar en la Sede todos los documentos oficiales en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, y de proporcionar servicios de interpretación en esas lenguas durante las reuniones intergubernamentales. También produce los documentos oficiales de las Naciones Unidas, incluidas las actas resumidas y literales de las reuniones. El Jefe del Departamento, el Secretario General Adjunto de Asuntos de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, es el responsable de la formulación y la coordinación de las políticas de gestión de las conferencias de las Naciones Unidas y asesora al Presidente de la Asamblea General sobre todos los asuntos relacionados con el trabajo de la Asamblea General. Departamento de Gestión (dg) Secretario General Adjunto: Sr. Yukio Takasu (Japón) El Departamento de Gestión (www.un.org/en/hq/dm) proporciona orientación estratégica en materia de políticas y cooperación administrativa

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a todas las entidades de la Secretaría en tres esferas de la gestión: finanzas, recursos humanos y servicios de apoyo, de las que se encargan, respectivamente, la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina Central de Servicios de Apoyo. El Departamento es responsable de la mejora y aplicación de las políticas de gestión en la Secretaría; la gestión y capacitación del personal; la planificación de programas y la gestión de los recursos presupuestarios, financieros y humanos y de las innovaciones tecnológicas. También presta servicios técnicos a la Quinta Comisión de la Asamblea General (Asuntos Administrativos y de Presupuesto) y al Comité del Programa y de la Coordinación. La Secretaria General Adjunta de Gestión, que dirige el Departamento, orienta, coordina y conduce la preparación del presupuesto de las Naciones Unidas, representa al Secretario General en todo lo referente a la gestión, examina las cuestiones relacionadas que surgen en la Secretaría y se encarga de asegurar el funcionamiento eficaz del sistema interno de administración de justicia. Departamento de Asuntos Políticos (DAP) Secretario General Adjunto: Sr. B. Lynn Pascoe (Estados Unidos) El Departamento de Asuntos Políticos (www.un.org/spanish/Depts/dpa) desempeña un papel fundamental en las actividades de las Naciones Unidas dirigidas a prevenir y resolver conflictos en todo el mundo y a consolidar la paz en las etapas posteriores a un conflicto armado. Con ese propósito, el Departamento • Supervisa, analiza y evalúa los acontecimientos políticos en todo el mundo. • Determina los conflictos reales o potenciales que las Naciones Unidas pueden contribuir a controlar y solucionar. • Recomienda al Secretario General la adopción de las medidas adecuadas en tales casos y ejecuta la política aprobada. • Ayuda al Secretario General a llevar a cabo las actividades políticas que haya decidido el propio Secretario General, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en las esferas de la diplomacia preventiva y el establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz. • Asesora al Secretario General sobre las peticiones de asistencia electoral que reciba de los Estados Miembros y coordina los programas establecidos en respuesta a esas peticiones.

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• Asesora y colabora con el Secretario General en los aspectos políticos de su relación con los Estados Miembros. • Presta servicios al Consejo de Seguridad y a sus órganos subsidiarios, así como al Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y al Comité Especial de los 24 sobre descolonización. Además, el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, que es Jefe del Departamento, celebra consultas y negociaciones relacionadas con la solución pacífica de controversias y coordina las actividades de las Naciones Unidas en materia de asistencia electoral. Departamento de Información Pública (DIP) Secretario General Adjunto: Sr. Kiyo Akasaka (Japón) El Departamento de Información Pública promueve la conciencia mundial de las actividades y preocupaciones de las Naciones Unidas y ayuda a que la sociedad comprenda mejor el trabajo que realiza la Organización. Para ello difunde su mensaje mediante programas de extensión, campañas de información, programas de radio y televisión, comunicados de prensa, publicaciones, vídeos documentales y actos especiales. El Departamento encabeza las campañas internacionales de la Organización; capta a personalidades prominentes para que actúen como Mensajeros de Paz de las Naciones Unidas; organiza exposiciones, conciertos, seminarios y otros eventos para destacar ocasiones de relevancia internacional. También ofrece servicios de biblioteca e intercambio de conocimientos. Además de su personal en la Sede, el Departamento cuenta con 63 Centros de Información de las Naciones Unidas (www.unic.un.org) distribuidos por el mundo, y con un Centro de Información Regional, ubicado en Bruselas (www.unric.un.org). El Departamento tiene tres divisiones. La División de Comunicación Estratégica desarrolla estrategias de comunicación y campañas de promoción de los temas prioritarios de las Naciones Unidas. La División de Noticias y Medios de Información prepara y distribuye noticias e información sobre las Naciones Unidas a los medios de comunicación (véase www.un.org/spanish/News), incluidos boletines diarios y declaraciones de la Oficina del Portavoz del Secretario General, y transmisiones de radio y en directo por televisión. La División de Extensión, que incluye la Biblioteca Dag Hammarskjöld, publica libros, en particular el Anuario de las Naciones Unidas, en inglés, la revista trimestral Crónica de las Naciones Unidas, Africa Renewal y Abc de las Naciones Unidas. Trabaja con organizaciones no

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gubernamentales y con instituciones educativas, organiza exposiciones y actos especiales sobre temas clave y ofrece un programa anual de capacitación para periodistas de países en desarrollo. Además, propicia la asociación con los sectores público y privado a fin de promover los objetivos de las Naciones Unidas. Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO) Secretario General Adjunto: Sr. Hervé Ladsous (Francia) El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/dpko.shtml) colabora con los Estados Miembros y el Secretario General en sus esfuerzos por mantener, alcanzar y preservar la paz y la seguridad internacionales. Para ello se encarga de la planificación, preparación y gestión de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con arreglo a los mandatos establecidos por los Estados Miembros. El Departamento • Se encarga de la planificación de emergencia para posibles nuevas operaciones de mantenimiento de la paz. • Mediante negociaciones con los Estados Miembros, obtiene unidades y equipos militares, así como los servicios del personal militar, los oficiales de policía civil y el personal civil necesarios para cumplir el mandato. • Facilita orientación, dirección y apoyo político y ejecutivo a las operaciones de mantenimiento de la paz. • Se mantiene en contacto con las partes en conflicto y con los miembros del Consejo de Seguridad en relación con la aplicación de las resoluciones de este. • Gestiona “equipos operacionales integrados” para dirigir y supervisar todas las acciones de mantenimiento de la paz. • Asesora al Consejo de Seguridad y a los Estados Miembros sobre cuestiones clave para el mantenimiento de la paz, incluida la reforma del sector de la seguridad, el imperio de la ley y el desarme, la desmovilización y la reinserción de los excombatientes. • Analiza las cuestiones de política que vayan surgiendo y las prácticas recomendadas en la esfera del mantenimiento de la paz y formula políticas, procedimientos y doctrina general de mantenimiento de la paz. • Coordina todas las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con las minas terrestres, y elabora y respalda programas de acción sobre minas en las operaciones de mantenimiento de la paz y en situaciones de emergencia.

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El jefe del Departamento dirige las operaciones de mantenimiento de la paz en representación del Secretario General, formula políticas y directrices para las operaciones, y asesora al Secretario General sobre todo lo relacionado con el mantenimiento de la paz y las actividades relacionadas con las minas. Departamento de Seguridad (DSS) Secretario General Adjunto: Sr. Gregory B. Starr (Estados Unidos) El Departamento de Seguridad (www.dss.un.org/public) proporciona dirección, apoyo operacional y supervisión del sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas, asegurando la máxima protección para el personal y sus dependientes, además de posibilitar la conducción más segura y eficiente de los programas y actividades de la Organización en todo el mundo. El Departamento, responsable de garantizar la seguridad del personal y de los asesores de las Naciones Unidas en todo el mundo, fue creado por la Asamblea General en 2005, atendiendo a la necesidad de disponer de un sistema de gestión de la seguridad unificado y reforzado. El Departamento reúne bajo una única estructura de gestión a tres entidades anteriormente separadas: la Oficina del Coordinador de Asuntos de Seguridad de las Naciones Unidas, los servicios de seguridad de las distintas sedes y el componente de seguridad civil del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) Secretaria General Adjunta para Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia: Sra. Valerie Amos (Reino Unido) La misión de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (www.ochaonline.un.org) consiste en movilizar y coordinar la acción humanitaria en colaboración con agentes nacionales e internacionales a fin de aliviar el sufrimiento humano en situaciones de desastre y de emergencia. A través de su red de oficinas sobre el terreno, coordinadores humanitarios y equipos en los países, la Oficina se encarga de velar por la coherencia de las actividades de socorro. Con el fin de apoyar la labor de sus coordinadores humanitarios y de los organismos de las Naciones Unidas que prestan asistencia a la población necesitada, la Oficina coordina la evaluación de las necesidades, la planificación para situaciones imprevistas y la elaboración de programas humanitarios. Además, defiende los derechos de las personas necesitadas (principalmente con órganos políticos, como el Consejo de Seguridad), promueve las actividades de

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preparación y prevención, así como la elaboración de políticas, y facilita la aplicación de soluciones sostenibles para los problemas humanitarios. La Coordinadora del Socorro de Emergencia preside el Comité Interinstitucional Permanente, organización plural que incluye a los principales agentes humanitarios, como la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como otras organizaciones no gubernamentales. Mediante la elaboración de políticas comunes, directrices y normas, el Comité asegura una respuesta interinstitucional coherente a emergencias complejas y desastres naturales y ambientales. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Alta Comisionada: Sra. Navanethem Pillay (Sudáfrica) La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la funcionaria responsable de las actividades de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos y la encargada de promover y proteger los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (www.ohchr.org) prepara informes y lleva a cabo investigaciones a solicitud de la Asamblea General y de otros organismos creadores de política, coopera con gobiernos y con organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales y actúa como Secretaría para las reuniones de los organismos de las Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos. El presupuesto del ACNUDH para el bienio 2010-2011 fue de 399,3 millones de dólares: 141,5 millones corresponden al presupuesto general de las Naciones Unidas y 257,8 millones a contribuciones voluntarias. La Oficina del ACNUDH, con una plantilla de alrededor de 960 personas, está organizada en cuatro divisiones: • La División de Tratados de Derechos Humanos presta apoyo a nueve órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y al Fondo de las Naciones Unidas de contribuciones voluntarias para las víctimas de la tortura. Colabora en la preparación y presentación de documentos para su examen por esos órganos, integrados por expertos independientes; tramita las comunicaciones que se le presentan con arreglo a procedimientos opcionales; realiza un seguimiento de las recomendaciones y decisiones aprobadas en las reuniones de los órganos creados en virtud de los tratados y contribuye a crear capacidad nacional para aplicar tales recomendaciones. Además, presta apoyo a las visitas al terreno del Subcomité para la

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Prevención de la Tortura, uno de los órganos creados en virtud de los tratados. • La División del Consejo de Derechos Humanos y de Procedimientos Especiales presta apoyo al Consejo de Derechos Humanos, al proceso periódico de revisión universal del Consejo y a sus mecanismos de determinación de los hechos e investigación —incluidos los relatores especiales, los representantes especiales y los grupos de trabajo temáticos— con miras a documentar las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, mejorar la protección de las víctimas y defender sus derechos. • La División de Investigación y del Derecho al Desarrollo se ocupa de promover y proteger el derecho al desarrollo. Para ello realiza actividades de investigación, presta apoyo al Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo y trata de incorporar los derechos humanos a las actividades de desarrollo. También presta servicios al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas de Contribuciones Voluntarias para luchar contra las formas contemporáneas de la esclavitud, y al Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las poblaciones indígenas. • La División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica desarrolla, ejecuta, supervisa y evalúa los servicios de asesoramiento y los proyectos de asistencia técnica, a petición de los gobiernos. También presta apoyo a las misiones de determinación de los hechos e investigación en materia de derechos humanos. Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) Secretaria General Adjunta: Sra. Carman Lapointe-Young (Canadá) La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (www.un.org/Depts/oios) se ocupa de la supervisión interna de las Naciones Unidas mediante actividades independientes, profesionales y oportunas de auditoría interna, vigilancia, inspección, evaluación e investigación. Su misión es ser un agente de cambio que promueva la administración responsable de los recursos, una cultura de responsabilidad y transparencia y un mayor rendimiento de los programas. La Oficina asiste a la Organización y a los Estados Miembros protegiendo los activos de las Naciones Unidas y asegurando que las actividades de los programas cumplan con las regulaciones, reglas y políticas y que las actividades de la Organización se lleven a cabo de la forma más eficiente y efectiva, y detectando fraudes, abusos, actos ilícitos o mala administración. El nombramiento del Secretario General Adjunto lo decide el Secretario

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General y lo aprueba la Asamblea General, para un período de cinco años no renovables. Oficina de Asuntos Jurídicos (OAJ) Secretaria General Adjunta: Sra. Patricia O’Brien (Irlanda) La Oficina de Asuntos Jurídicos (www.untreaty.un.org/ola) es el servicio jurídico central de la Organización, con la misión de contribuir al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho público y mercantil internacional. Entre las principales responsabilidades de la Oficina se encuentran las siguientes: • Prestar asesoramiento jurídico al Secretario General, a los departamentos y oficinas de la Secretaría y a los órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas sobre derecho internacional público y privado. • Desempeñar funciones sustantivas y de secretaría para los órganos jurídicos dedicados al derecho internacional público, el derecho del mar y el derecho mercantil internacional. • Desempeñar las funciones confiadas al Secretario General como depositario de los tratados multilaterales. Además, la Oficina • Se ocupa de las cuestiones jurídicas relacionadas con la paz y la seguridad internacionales, el estatuto, las prerrogativas y las inmunidades de las Naciones Unidas y las credenciales y la representación de los Estados Miembros. • Prepara proyectos de convenciones y convenios internacionales, acuerdos, reglamentos de órganos y de conferencias de las Naciones Unidas y otros textos jurídicos. • Presta servicios jurídicos y asesoramiento en materia de derecho internacional privado y administrativo, y de resoluciones y reglamentos de las Naciones Unidas. Oficina del Asesor Especial para África (OSAA) Asesor Especial: Sr. Cheick Sidi Diarra (Malí) La Oficina del Asesor Especial para África (www.un.org/africa/osaa) fue establecida en 2003 y su misión es fomentar el apoyo internacional para el desarrollo y la seguridad de África mediante la promoción y el análisis. Colabora con el Secretario General para conseguir una mayor coherencia y una mejor coordinación del apoyo que presta a África el sistema

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de las Naciones Unidas y facilita en el plano mundial las deliberaciones intergubernamentales sobre el continente, en particular en lo que respecta a la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). Además, la Oficina coordina un Grupo de Tareas Interdepartamental sobre Asuntos Africanos a fin de optimizar la labor de las Naciones Unidas en África. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los Niños y los Conflictos Armados Representante Especial: Sra. Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka) El objetivo de la Oficina del Representante Especial (www.un.org/children/ conflict) es promover y proteger los derechos de los niños afectados por los conflictos armados. La Representante Especial actúa como la voz moral, defensora e independiente de la protección y el bienestar de los niños y las niñas afectados por los conflictos armados. Para fomentar su protección y proponer ideas y enfoques al respecto, trabaja con asociados de la Oficina; aboga por los derechos y la protección de los niños afectados por los conflictos armados buscando crear conciencia sobre su situación, sus derechos y su cuidado, y lleva a cabo iniciativas humanitarias y diplomáticas que faciliten la labor que realizan los agentes sobre el terreno en beneficio de los niños afectados por los conflictos armados. Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (OHRLLS) Secretario General Adjunto y Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo: Sr. Cheick Sidi Diarra (Malí) La Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (www.un.org/ohrlls) fue establecida por la Asamblea General en 2001 para movilizar apoyo internacional y poner en práctica la Declaración de Bruselas y su Programa de Acción en favor de los Países menos Desarrollados para el decenio de 2001-2010. Asiste al Secretario General en la movilización y coordinación del apoyo internacional para la aplicación efectiva del Programa de Acción de Bruselas y otros compromisos internacionales relacionados con él. La Oficina trabaja para asegurar la aplicación del Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Barbados, 1994) y la Estrategia de Mauricio para la ejecución del Programa de Barbados, de 2005. La Oficina facilita la coordinación dentro de las Naciones Unidas en relación con

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ambos programas y apoya al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General en la evaluación de los progresos realizados. Además, promueve la conciencia mundial con respecto a los problemas que afectan a esos países, en asociación con otros órganos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, los medios de comunicación, organizaciones académicas y fundaciones. Oficina de Asuntos de Desarme (OAD) Alta Representante para Asuntos de Desarme: Sra. Angela Kane (Alemania) Como parte de los esfuerzos del Secretario General para dar un nuevo impulso al Programa de Desarme de las Naciones Unidas, la Oficina de Asuntos de Desarme (www.un.org.disarmament) trabaja en pos del desarme y la no proliferación nucleares y por el fortalecimiento de los regímenes de desarme relacionados con otras armas de destrucción en masa, incluidas las químicas y las biológicas. Además, la OAD fomenta el desarme en materia de armas convencionales, especialmente las actividades contra el comercio ilícito de armas pequeñas, ya que estas armas son las más utilizadas en los conflictos actuales. Para ello se encarga, entre otras cosas, de • Los programas de recolección de armas y gestión de arsenales y del desarme. • La transparencia en cuestiones de administración militar, como el Registro de Armas Convencionales y el formulario estándar de las Naciones Unidas para informar sobre los gastos militares. • El desarme y la desmovilización de excombatientes y su reinserción en la sociedad civil. • Las limitaciones y el abandono del uso de minas terrestres anti personales. La Oficina presta apoyo sustantivo y organizativo para el establecimiento de normas sobre desarme a través de la labor de la Asamblea General y de su Primera Comisión, la Comisión de Desarme, la Conferencia sobre Desarme y otros órganos, y fomenta los esfuerzos regionales en ese sentido, como el establecimiento de zonas libres de armas nucleares y los regímenes regionales y subregionales de transparencia. La Oficina promueve, asimismo, iniciativas educativas sobre las actividades desarrolladas por las Naciones Unidas en la esfera del desarme. El presupuesto de las Naciones Unidas

La Asamblea General aprueba el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para un período de dos años. En primer lugar, el Secretario General

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presenta el presupuesto, que es examinado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, integrada por expertos designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General pero que prestan sus servicios a título personal. Los aspectos del presupuesto relacionados con los programas son examinados por el Comité del Programa y de la Coordinación, integrado por 34 expertos elegidos por la Asamblea General, que representan los puntos de vista de sus gobiernos. El presupuesto refleja las principales prioridades de la Organización, tal como se expresan en el marco estratégico para cada bienio. Durante el bienio, la Asamblea General puede ajustar el presupuesto aprobado, a fin de adaptarlo a circunstancias inesperadas. La principal fuente de fondos del presupuesto ordinario son las contribuciones de los Estados Miembros. Estas se determinan con arreglo a una escala de cuotas aprobada por la Asamblea, por recomendación de la Comisión de Cuotas, integrada por 18 expertos que desempeñan sus funciones a título personal y son elegidos por la Asamblea General por recomendación de su Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (Quinta Comisión). El criterio fundamental en que se basa la escala de cuotas es la capacidad de pago de los países, determinado en función del porcentaje que el producto bruto nacional de un Estado (ajustado en función de factores como el ingreso por habitante) representa en la suma del producto bruto nacional de todos los Estados Miembros, con el propósito de asegurar que las cuotas sean justas y exactas. La Comisión revisa la escala de cuotas cada tres años, tomando como base las estadísticas nacionales del ingreso más recientes. En el año 2000, la Asamblea decidió que ningún país haría una aportación que representara más del 22% del presupuesto. El presupuesto ordinario aprobado para el bienio 2010-2011 asciende a 5.156 millones de dólares, e incluye provisiones para misiones políticas especiales, que se espera sean extendidas o aprobadas en el curso del bienio. El presupuesto para esas misiones —por mandato del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General— ha pasado de 100,9 millones de dólares en 2000 a 1.000 millones en el bienio 2010-2011. El presupuesto cubre además los costos de programas de las Naciones Unidas en áreas de desarrollo, información pública, derechos humanos y asuntos humanitarios, pero no las operaciones de mantenimiento de la paz ni los Tribunales Internacionales, que tienen sus propios presupuestos separados. También se elabora un presupuesto separado para la contribución que corresponde a los Estados Miembros para cubrir los costos de los Tribunales Internacionales y los de las operaciones de mantenimiento de la paz.

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Presupuesto de las Naciones Unidas para el bienio 2010-2011 Principales categorías de gasto

Dólares

1.

Creación de políticas, dirección y coordinación generales

777.439.800

2.

Asuntos políticos

3.

Derecho y justicia internacionales

4.

Cooperación internacional para el desarrollo

434.311.700

5.

Cooperación regional para el desarrollo

526.456.100

6.

Asuntos humanitarios y derechos humanos

301.937.600

7.

Información pública

186.707.400

8.

Servicios de apoyo comunes

577.969.100

9.

Supervisión interna

1.248.438.400 96.855.200

39.438.800

10.

Actividades administrativas financiadas conjuntamente y gastos especiales

11.

Gastos de capital

12.

Seguridad

13.

Cuenta de desarrollo

14.

Contribuciones del personal

125.248.200 61.265.500 239.288.500 23.651.300 517.021.500

Total

5.156.029.100

La situación financiera del presupuesto ordinario de la Organización al 5 de octubre de 2010 representaba una mejora en comparación con la del año anterior. Las contribuciones adeudadas (787 millones de dólares) suponían 43 millones menos que el año precedente. Por otra parte, el presupuesto para el bienio 2010-2011 representaba un aumento de menos del 1% respecto del bienio 2008-2009. En conjunto, los recursos financieros aprobados para el mantenimiento de la paz han pasado de 2.800 millones de dólares en 2001-2002 a 7.300 millones de dólares en 2010-2011, cantidad por debajo de los 8.000 millones de dólares del presupuesto aprobado para 2009-2010. Ese crecimiento se debe principalmente al incremento de casi un 200% del personal militar y de policía, que pasó de 38.100 efectivos en 2001-2002 a alrededor de 111.300 en 2010-2011. En el mismo período, el personal civil en misión aumentó un 67%, y pasó de alrededor de 16.800 miembros a 28.100. La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y la Misión Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur absorben buena parte del presupuesto de 2010-2011 para el mantenimiento de la paz: 3.200 millones de dólares. (Es necesario señalar que el total dedicado por las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz representa menos del 1% del gasto militar mundial, que asciende a más de un billón de dólares anuales.)

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El presupuesto para el mantenimiento de la paz es aprobado por la Asamblea General, por períodos de un año que principia el 1º de julio. La Asamblea distribuye los costos sobre la base de una escala de contribuciones aplicable a las actividades de mantenimiento de la paz que toma en consideración la riqueza económica relativa de los Estados Miembros. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pagan una cuota mayor debido a su responsabilidad especial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El incumplimiento de esas cuotas retrasa el reembolso a los Estados Miembros que contribuyen con tropas, equipo y apoyo logístico. En octubre de 2010, las cuotas para operaciones de mantenimiento de la paz pendientes de pago ascendían a 3.200 millones de dólares. (En el mismo mes, el total de cuotas pendientes de pago para los Tribunales Internacionales ascendían a 50 millones de dólares, además de alrededor de 84 millones de dólares para la imprescindible renovación de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.) Algunos fondos, oficinas y programas de las Naciones Unidas —como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— tienen presupuestos separados. La mayoría de sus recursos proviene de contribuciones voluntarias de los gobiernos, e incluso de particulares, como es el caso del UNICEF. Los organismos especializados, como la UNESCO y la OMS, también tienen sus propios presupuestos, que se complementan con contribuciones voluntarias de los Estados. El sistema de organizaciones de las Naciones Unidas

El conjunto de organizaciones de las Naciones Unidas (el “sistema de las Naciones Unidas”) (www.unsystem.org/es) está constituido por la Secretaría de las Naciones Unidas, los fondos y programas, los organismos especializados y las organizaciones conexas. Los programas y fondos son órganos subsidiarios de la Asamblea General. Los organismos especializados están vinculados a las Naciones Unidas por acuerdos especiales y presentan informes al Consejo Económico y Social o a la Asamblea General. Las organizaciones conexas, que incluyen el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), se ocupan de esferas especializadas y tienen sus propios presupuestos y órganos rectores. En conjunto, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas abarcan todas las esferas de actividad económica y social.

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La Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (www.unsystemceb.org) es el máximo mecanismo de coordinación del sistema de las Naciones Unidas. La preside el Secretario General y sus miembros son los Jefes Ejecutivos de los principales sectores del sistema de las Naciones Unidas. La función de la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) es armonizar las actividades del sistema de las Naciones Unidas para alcanzar los objetivos comunes de los Estados Miembros. La Junta se reúne dos veces al año y es asistida en su labor por un comité de alto nivel sobre programas y un comité de alto nivel sobre gestión. Los 28 miembros de la Junta son: las Naciones Unidas, el ACNUR, el Banco Mundial, la FAO, el FIDA, el FMI, la OACI, el OIEA, la OIT, la OMI, la OMC, la OMM, la OMPI, la OMS, la OMT, la UNODC, la ONUDI, ONU-Hábitat, el OOPS, el PMA, el PNUD, el PNUMA, la UIT, la UNCTAD, la UNESCO, el UNFPA, el UNICEF y la UPU. Programas y fondos, institutos de investigación y de capacitación y otros órganos de las Naciones Unidas Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Establecida en 1964 como órgano intergubernamental permanente y órgano subsidiario de la Asamblea General, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (www.unctad.org) coordina en el sistema de las Naciones Unidas las cuestiones relacionadas con el desarrollo y con otras afines en el ámbito del comercio, las finanzas, la tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible. El principal objetivo de la UNCTAD es ayudar a los países en desarrollo y a las economías en transición a utilizar el comercio y la inversión para impulsar el desarrollo, la reducción de la pobreza y la integración en la economía mundial. A fin de alcanzar esos objetivos, la UNCTAD se concentra en tres áreas: investigación y análisis, construcción de consenso a través de deliberaciones intergubernamentales, y proyectos de cooperación técnica con diversos asociados. Además, contribuye al debate internacional sobre nuevos problemas relacionados con los países en desarrollo y la economía mundial a través de sus informes generales, notas informativas y contribuciones a reuniones internacionales. El máximo órgano de decisión de la UNCTAD es su conferencia ministerial cuatrienal. En ella, los 193 Estados Miembros de la Organización debaten cuestiones relativas a la situación económica internacional y establecen el mandato de la Conferencia. La última conferencia, UNCTAD XII,

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Las Naciones Unidas y el Premio Nobel de la Paz Como reconocimiento a su contribución a la creación de un mundo mejor, las Naciones Unidas y su extenso sistema de organismos y organizaciones asociados han sido galardonados en numerosas ocasiones con el Premio Nobel de la Paz. La lista siguiente recoge las personalidades y organismos de las Naciones Unidas que han recibido el Nobel desde el establecimiento de la Organización. • Cordell Hull, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Desempeñó un papel decisivo en el establecimiento de las Naciones Unidas (1945) • Lord John Boyd Orr, primer Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (1949) • Ralph Bunche, Director del Departamento de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas y Secretario Principal de la Comisión para Palestina. También dirigió la labor de mediación en el Oriente Medio (1950) • Léon Jouhaux, uno de los fundadores de la OIT (1951) • La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1954) • Lester Bowles Pearson, presidente de la Asamblea General en 1952, premiado por su labor dirigida a poner fin al conflicto de Suez y a solucionar la cuestión del Oriente Medio por conducto de las Naciones Unidas (1957) • Dag Hammarskjöld, Secretario General de las Naciones Unidas, uno de los dos premios concedidos póstumamente (1961) • El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (1965) • La Organización Internacional del Trabajo (1969) • Sean MacBride, Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia y defensor de los derechos humanos (1974) • La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1981) • Las Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz (1988) • Las Naciones Unidas y su Secretario General Kofi A. Annan (2001) • El Organismo Internacional de Energía Atómica y su Director General Mohamed El Baradei (2005) • El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) y Albert Arnold (Al) Gore Jr., ex Vicepresidente de los Estados Unidos de América (2007) Esta lista no incluye a los muchos galardonados con el Nobel que han colaborado estrechamente con las Naciones Unidas o trabajado con la Organización en el propósito de construir un mundo de paz.

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El mundo entero apoya a las Naciones Unidas Todo el sistema de las Naciones Unidas se beneficia de la energía y el entusiasmo con que las organizaciones y movimientos de base ponen en práctica los elevados ideales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas también se benefician de las asociaciones de colaboración establecidas con diversos miembros de la sociedad civil, incluidas las comunidades empresarial y sindical y las organizaciones internacionales de beneficencia, y del apoyo que reciben de distinguidas personalidades de todas las esferas de actividad. Desde los niños que en la tarde del 31 de octubre (conocido en los Estados Unidos como Halloween y en otros lugares como el Día de la Calabaza) hacen colectas para el UNICEF, las actividades educativas organizadas por los más de 5.000 clubes de la UNESCO en más de 120 países, hasta los miles de organizaciones no gubernamentales que desempeñan su labor sobre el terreno, los ciudadanos de todo el mundo contribuyen a ayudar a las Naciones Unidas a hacer de este mundo un lugar mejor. • Las asociaciones pro Naciones Unidas. Inspirado en las primeras palabras de la Carta de las Naciones Unidas, “Nosotros los pueblos...”, sólo un año después del establecimiento de las Naciones Unidas en 1946 nació el autoproclamado “movimiento popular en pro de las Naciones Unidas”. Las Asociaciones pro Naciones Unidas, establecidas en más de 100 Estados Miembros, hacen buen uso de la fuerza y la energía de cientos de miles de personas a través de una red global de apoyo a los objetivos y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. • Las organizaciones no gubernamentales. La Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas es sólo una de los miles de ONG que se han sumado a la causa de la Organización, incluidas las 3.294 reconocidas como entidades de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social, y las 1.549 con sólidos programas de información que colaboran con el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Las Organizaciones no gubernamentales tienen un papel activo en todo el amplio abanico de asuntos en los que se ocupan las Naciones Unidas, desde la construcción de la paz, el desarme, los temas relacionados con el espacio extraterrestre, el SIDA, la prevención del paludismo, la agricultura, la ayuda alimentaria, el desarrollo sostenible, la tecnología de la información y las comunicaciones, la reducción de los desastres, la desertificación, los derechos humanos, el problema mundial de las drogas o el medio ambiente, por citar algunos.

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• El Pacto Mundial. Más de 7.700 participantes, incluidas más de 5.300 empresas, así como grupos sindicales nacionales e internacionales y centenares de organizaciones de la sociedad civil de 130 países colaboran con las Naciones Unidas para promover un conjunto de principios reconocidos universalmente en el ámbito de los derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente. • Las organizaciones benéficas. La Fundación pro Naciones Unidas es una de las organizaciones benéficas públicas que apoyan la labor de la Organización. Se creó en 1998, con la histórica donación de 1.000 millones de dólares para apoyar las causas y actividades de las Naciones Unidas realizada por el empresario y filántropo Ted Turner, nombrado Abogado para las metas de Desarrollo del Milenio por Ban Ki-moon en 2010. El Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional (UNFIP) actúa para coordinar, canalizar y supervisar las contribuciones de la Fundación.

celebrada en 2008, se centró especialmente en los mercados de productos básicos y en la necesidad de resaltar los vínculos entre el comercio internacional de esos mercados y el desarrollo nacional, en particular la reducción de la pobreza. La UNCTAD, cuya sede se encuentra en Ginebra, cuenta con una plantilla de 510 personas y un presupuesto anual ordinario de aproximadamente 70 millones de dólares. Sus actividades de cooperación técnica, financiadas con recursos extrapresupuestarios, ascienden a casi 36 millones de dólares, para abordar más de 250 proyectos de asistencia técnica en marcha en alrededor de 100 países. Las principales publicaciones de la UNCTAD son: el Informe sobre el comercio y el desarrollo, el Informe sobre las inversiones en el mundo, el Informe sobre el desarrollo económico de África, el Informe sobre los países menos adelantados, el Manual de estadísticas de la UNCTAD, el Informe sobre la economía de la información y la Revista de Transporte Marítimo. Secretario General: Dr. Supachai Panitchpakdi (Tailandia) Sede: Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10 (Suiza) Teléfono: (41-22) 917-5809 Fax: (41-22) 917-0051 Correo electrónico: info@unctad.org Centro de Comercio Internacional (CCI)

El Centro de Comercio Internacional (www.intracen.org) es el organismo conjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las Naciones Unidas. Como asociado para la promoción de las exportaciones de empresas pequeñas, el CCI ayuda a los países en desarrollo y en transición

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a alcanzar el desarrollo sostenible a través de las exportaciones. El CCI tiene dos funciones que se refuerzan mutuamente. Como afiliado de la OMC, le corresponde el papel de asistir a sus clientes para aprovechar las oportunidades creadas en el marco de la OMC. Como organización para el desarrollo en las Naciones Unidas, su papel consiste en impulsar el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El presupuesto del CCI está compuesto de dos partes: el ordinario, cubierto por aportaciones iguales de la OMC y de la UNCTAD, y los fondos extrapresupuestarios, provenientes de las contribuciones de donantes. Considerando los fondos extrapresupuestarios, en 2009 el gasto neto en proyectos aumentó de 33,3 millones de dólares a 34,6 millones, concentrándose en soluciones estructuradas a escala regional y en bienes públicos globales. La prioridad de la organización es responder a las necesidades de 101 países de entre los menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países del África subsahariana. El gasto total dedicado a cubrir esas necesidades fue de 15,2 millones de dólares en 2009. El CCI cuenta con una plantilla de alrededor de 280 personas en su Sede, además de aproximadamente 800 asesores en el terreno. Directora Ejecutiva: Sra. Patricia R. Francis (Jamaica) Sede: Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10 (Suiza) Teléfono: (41-22) 730-0111 Fax: (41-22) 733-4439 Correo electrónico: itcreg@intracen.org Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (www.undp.org) encabeza la red mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo. Con actividades en más de 160 países, el PNUD trabaja en todo el mundo para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos del Milenio. Su mandato consiste en trabajar con los países para reducir la pobreza, promover la gobernabilidad democrática, prevenir las crisis y colaborar en la recuperación después de ellas, proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. La red del PNUD busca asegurar que los países en desarrollo tengan acceso a los recursos y conocimientos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El PNUD está regido por una Junta Ejecutiva de 36 miembros, en la que están representados todos los países en desarrollo. Su principal publicación es el Informe sobre el desarrollo humano, que se ocupa principalmente de problemas clave del desarrollo y ofrece herramientas de medición,

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análisis innovadores y propuestas de política. El PNUD se financia enteramente con contribuciones voluntarias de los Países miembros, y su presupuesto es de alrededor de 5.000 millones de dólares anuales. Administradora: Sra. Helen Clark (Nueva Zelandia) Sede: 1 UN Plaza, Nueva York, NY 10017 (Estados Unidos) Teléfono: (1-212) 906-5000 Fax: (1-212) 906-5364 Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (www.unv.org) es una rama del brazo voluntario de las Naciones Unidas compuesta por voluntarios que apoyan las iniciativas de paz, socorro y desarrollo en más de 130 países. Creado por la Asamblea General en 1970 y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), rinde cuentas a la Junta Ejecutiva PNUD/UNFPAy trabaja a través de las oficinas del PNUD en los países respectivos. Se trata de un programa singular dentro del sistema de las Naciones Unidas, por su carácter voluntario y por la magnitud de sus operaciones internacionales. El Programa presta asistencia a proyectos de desarrollo sectoriales y comunitarios, actividades de asistencia humanitaria y de protección a los refugiados y de promoción de los derechos humanos y la democracia y moviliza más de 7.500 voluntarios cada año. Alrededor del 80% de los VNU proviene de países en desarrollo, y más del 30% se ofrecen para trabajar en sus propios países. El presupuesto de los VNU ascendió a 427 millones de dólares en 2008-2009, en comparación con los 367 millones del bienio anterior. Es financiado por el PNUD, organismos asociados de las Naciones Unidas y contribuciones de donantes al Fondo Voluntario Especial para los Voluntarios de las Naciones Unidas. Coordinadora Ejecutiva: Sra. Flavia Pansieri (Italia) Sede: Hermann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn (Alemania) Teléfono: (49-228) 815-2000 Fax: (49-228) 815-2001 Correo electrónico: information@unv.org Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC)

El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (www.uncdf.org) es el órgano de las Naciones Unidas que se ocupa de la capitalización de inversiones en los 49 países menos desarrollados del mundo. Crea oportunidades para personas pobres y sus comunidades

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por medio del acceso a microcréditos y a capitales de inversión. El Fondo está enfocado principalmente hacia África y los países más pobres de Asia, con especial dedicación a los que están saliendo de conflictos o de crisis. Proporciona capital inicial o “capital semilla” —en forma de concesiones y de préstamos— y apoyo técnico para ayudar a las instituciones de microcrédito a llegar a más hogares pobres y a negocios pequeños. Además, contribuye con los gobiernos locales a financiar las inversiones de capital —sistemas relacionados con la provisión de agua, escuelas, carreteras secundarias, proyectos de irrigación— que mejoran la vida de los pobres. Más del 50% de los clientes de las instituciones de microcrédito apoyadas por el FNUDC son mujeres. Toda la asistencia del FNUDC se realiza a través de sistemas nacionales, de acuerdo con la Declaración de París de 2005 sobre la ayuda. Los programas del FNUDC están diseñados para catalizar grandes flujos de inversiones desde el sector privado, los asociados para el desarrollo y los gobiernos nacionales. Establecido por la Asamblea General en 1966 y con sede en Nueva York, el FNUDC es una organización autónoma afiliada al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 2009 los ingresos del Fondo fueron de alrededor de 40 millones de dólares, con un saldo de unos 53 millones de dólares al final del año. El FNUDC emplea a 150 personas. Secretario Ejecutivo: Sr. David Morrison (Canadá) Sede: 2 UN Plaza, Nueva York, NY 10017 (Estados Unidos) Teléfono: (1-212) 906-6565 Fax: (1-212) 906-6479 Correo electrónico: info@uncdf.org Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (www. pnuma.org), fundado en 1972, ejerce una función directiva en materia de protección del medio ambiente y estimula las colaboraciones en esta esfera para que las naciones y los pueblos mejoren su calidad de vida sin comprometer la de las generaciones futuras. Como órgano principal de las Naciones Unidas en la esfera del medio ambiente, el PNUMA establece el programa medioambiental mundial, promueve la aplicación de la dimensión ecológica del desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas y ejerce su autoridad en defensa del medio ambiente mundial. Durante 2010-2013 el PNUMA se concentrará en seis prioridades:

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• El cambio climático: fortalecer la capacidad de los países —en especial los países en desarrollo— a fin de integrar las respuestas al cambio climático en los procesos del desarrollo nacional. • Manejo de los ecosistemas: asegurar que los países gestionen la tierra, el agua y los recursos vitales en forma holística, de manera que conduzcan a la conservación y el uso sostenible. • Gobernabilidad medioambiental: asegurar que la gobernabilidad medioambiental y las interacciones a nivel nacional, regional y mundial se fortalezcan para hacer frente a las prioridades relacionadas con el medio ambiente. • Sustancias tóxicas y desechos peligrosos: minimizar el impacto de estos materiales sobre el medio ambiente y las personas. • Desastres y conflictos: minimizar las amenazas al bienestar humano causadas por, o como consecuencia de, los desastres naturales o provocados por el hombre. • Eficiencia en la utilización de los recursos: asegurar que los recursos naturales sean producidos, procesados y consumidos de manera más sostenible desde el punto de vista ambiental. El órgano rector del PNUMA, su Consejo de Administración, que determina su mandato y sus prioridades, está integrado por 58 representantes de países elegidos por la Asamblea General sobre la base de una representación regional equitativa. Su presupuesto aprobado para el bienio 2010-2011 es de 495 millones de dólares. El mecanismo principal de financiación del PNUMA es el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que recibe contribuciones voluntarias de los gobiernos, complementadas con fondos fiduciarios y pequeñas asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización. El PNUMA cuenta con una plantilla de alrededor de 1.000 funcionarios. Director Ejecutivo: Sr. Achim Steiner (Alemania) Sede: United Nations Avenue, Gigiri, P.O. Box 30552, 00100, Nairobi (Kenya) Teléfono: (254-20) 762-1234 Fax: (254-20) 762-4489, 4490 Correo electrónico: unepinfo@unep.org Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Establecido en 1969 por iniciativa de la Asamblea General, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (www.unfpa.org) es la principal fuente de asistencia en materia de población a los países en desarrollo y con

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economías en transición que cuenta con financiación internacional. El Fondo presta asistencia a los países para mejorar sus servicios de salud reproductiva y de planificación de la familia, según sus necesidades individuales, y para formular políticas demográficas de apoyo al desarrollo sostenible. Es un órgano subsidiario de la Asamblea General y tiene la misma Junta Ejecutiva que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con su sede central en Nueva York y una red de 129 oficinas en todo el mundo, el UNFPA apoyó en 2009 las prioridades de desarrollo de 155 países, territorios y áreas. Sus ingresos ascendieron, en total, a 783,1 millones de dólares, incluidos 469,4 millones de contribuciones voluntarias de gobiernos y de donantes privados. Ese mismo año, el Fondo dedicó 160,9 millones de dólares a la asistencia a la salud reproductiva, sobre todo a la maternidad sin riesgo, la planificación de la familia y la salud sexual, y a perfeccionar los enfoques relativos a la salud reproductiva de los adolescentes, reducir las discapacidades derivadas de la maternidad (como la fístula obstétrica), hacer frente al VIH/SIDA y prestar ayuda de emergencia. Otros 94,6 millones de dólares se dedicaron a estrategias de población y desarrollo. También en 2009, se dedicaron 46,3 millones de dólares a conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El Fondo ha descentralizado sus programas para trasladar a su personal cerca de las personas a las que sirve. Más del 80% de los 1.119 funcionarios del UNFPA trabajan en oficinas regionales, subregionales o del país correspondiente. Director Ejecutivo: Sr. Babatun de Osotimehin (Nigeria) Sede: 220 East 42nd Street, Nueva York, NY 10017 (Estados Unidos) Teléfono: (1-212) 297-5000 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (www.unhabitat.org), establecido en 1978, tiene por finalidad promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos mediante actividades de divulgación, formulación de políticas, creación de capacidad, generación de conocimientos y fortalecimiento de la colaboración entre los gobiernos y la sociedad civil. ONU-Hábitat tiene entre sus responsabilidades la de ayudar a alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de mejorar la vida de por lo menos cien millones de habitantes de barrios marginales para el año 2020 y de reducir a la mitad el número de personas que carecen de acceso sostenible a fuentes de agua potable y saneamiento básico. El Programa trabaja en asociación con otros organismos, con

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gobiernos, autoridades locales, ONG y el sector privado. Sus programas y proyectos técnicos tienen como meta principal la mejora de los barrios de tugurios, la reducción de la pobreza en las ciudades, las actividades de reconstrucción después de los desastres, el suministro urbano de agua y saneamiento y la movilización de recursos financieros nacionales para la oferta de vivienda. ONU-Hábitat lo dirige un Consejo de Administración de 58 miembros. Para el bienio 2010-2011 se aprobó un presupuesto de 356 millones de dólares, de los cuales 310,9 millones (88%) están destinados a programas de actividades, y los 45,1 millones restantes, a actividades de apoyo y a los órganos normativos. El Programa edita dos publicaciones señeras: el Informe mundial sobre los asentamientos humanos, en la que se analizan pormenorizadamente las condiciones de los asentamientos humanos en todo el mundo, y El estado de las ciudades del mundo. Director Ejecutivo: Sr. Joan Clos (España) Sede: P.O. Box 30030, Nairobi 00100 (Kenya) Teléfono: (254-20) 762-3120 Fax: (254-20) 762-3477 Correo electrónico: infohabitat@unhabitat.org Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (www.acnur.org), creada por la Asamblea General en 1951 para ayudar a más de un millón de personas todavía desarraigadas después de la segunda guerra mundial, recibió inicialmente un mandato de tres años, prolongado más tarde por sucesivos términos de cinco años hasta 2003, cuando la Asamblea General extendió el mandato “hasta que se resuelva el problema de los refugiados”. El ACNUR ofrece protección internacional a los refugiados, asegurando el respeto por sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a solicitar asilo, y garantiza que nadie sea devuelto contra su voluntad a un país donde pueda ser objeto de persecución. Además, supervisa el cumplimiento de las leyes internacionales por parte de los gobiernos y proporciona asistencia material a los que se encuentran a su cuidado, en colaboración con numerosos asociados. También busca soluciones a largo plazo para los refugiados mediante la repatriación voluntaria, la integración en los países en los que solicitaron asilo por primera vez o el reasentamiento en un tercer país. A finales de 2010, el ACNUR se ocupaba de unos 36,5 millones de personas, entre las que figuraban tanto refugiados como personas que

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habían retornado a sus países de origen o que se hallaban desplazadas dentro de ellos y las personas apátridas. Alrededor del 86,7% del personal de ACNUR, incluyendo los voluntarios de las Naciones Unidas, trabaja en el terreno. Ese personal lo constituyen en la actualidad alrededor de 6.800 personas —incluidas 900 en la Sede Central de Ginebra— que trabajan en más de 118 países. La Oficina ha recibido en dos ocasiones el Premio Nobel de la Paz: en 1954 y 1981. El ACNUR trabaja dentro del marco del sistema de las Naciones Unidas y coopera con una gran variedad de asociados externos, como organizaciones intergubernamentales y voluntarias, así como con los gobiernos. Su Comité Ejecutivo está compuesto por 79 Estados Miembros. El ACNUR se financia casi en su totalidad mediante contribuciones voluntarias, de las que el 93,5% proviene de gobiernos y de organizaciones intergubernamentales. Otro 3,5% procede de una mancomunidad de mecanismos de financiación, que incluye al Fondo Central de Respuesta de Emergencia de las Naciones Unidas, y el 3% restante, del sector privado. La Oficina recibe también una pequeña subvención a cargo del presupuesto ordinario, para cubrir los gastos administrativos. Además, el ACNUR acepta contribuciones en especie, como artículos de socorro (tiendas, medicinas, camiones y transporte aéreo, etc.). Su presupuesto para 2010 ascendió a 3.200 millones de dólares. Alto Comisionado: Sr. António Manuel de Oliveira Guterres (Portugal) Sede: Case Postale 2500, CH-1211 Ginebra 2 (Suiza) Teléfono: (41-22) 739-8111 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (www.unicef.org) fue creado en 1946 para proporcionar alimentos y socorro de emergencia a los niños en países que habían sido devastados por la segunda guerra mundial. Actualmente, ofrece asistencia humanitaria y de desarrollo a largo plazo a niños y madres de países en desarrollo. El UNICEF ha pasado de ser un fondo de emergencia a ser un organismo de desarrollo, comprometido en promover el derecho de todo niño a la supervivencia, la protección y el desarrollo. El UNICEF trabaja en colaboración con los gobiernos, la sociedad civil y otras organizaciones internacionales para impedir la difusión del VIH/SIDA y ayudar a los niños afectados por la enfermedad y a sus familias a vivir con dignidad. Además, fomenta la educación de calidad para niñas y niños y la creación de un entorno de protección, especialmente en situaciones de emergencia, a fin de prevenir y hacer frente a la violencia, la explotación y los abusos contra los niños.

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El Centro de Investigación Innocenti de Florencia (Italia) facilita la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en todos los países industrializados y en desarrollo. El UNICEF es dirigido por una Junta Ejecutiva integrada por delegados de 36 países. Cuenta con más de 9.000 funcionarios, presentes en más de 150 países y territorios de todo el mundo. Para su financiación, el UNICEF depende enteramente de contribuciones voluntarias. En 2009, los gastos de sus programas ascendieron a 3.140 millones de dólares. Si bien la mayor parte de esos recursos procede de fuentes gubernamentales (el 60% en 2009), también recibe aportes considerables del sector privado, de ONG (916 millones de dólares) y de unos seis millones de personas que realizan donaciones a través de los 36 Comités Nacionales existentes. El UNICEF recibió el Premio Nobel de la Paz en 1965. Su publicación principal es Estado mundial de la infancia, con una periodicidad anual. Director Ejecutivo: Sr. Anthony Lake (Estados Unidos) Sede: UNICEF House, 3 United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017 (Estados Unidos) Teléfono: (1-212) 326-7000 Fax: (1-212) 888-7465 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (www.unodc.org) fue creada en 1997 y encabeza la lucha mundial contra el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada transnacional. La Oficina está consagrada a proveer salud, seguridad y justicia para todos y suministra asistencia jurídica y técnica para la prevención del terrorismo. El fortalecimiento de la acción internacional concertada y del imperio de la ley han hecho que su competencia se extienda a la investigación y el análisis con el objeto de producir informes autorizados; a la asistencia técnica a los Estados para ratificar y aplicar los tratados internacionales sobre drogas, delincuencia y terrorismo; el desarrollo de legislación nacional de acuerdo con esos tratados y la capacitación de funcionarios judiciales. Además, trabaja en la prevención, el tratamiento y la reinserción, así como en la creación de actividades económicas alternativas para los agricultores productores de drogas. Estas medidas se orientan a reducir los incentivos para involucrarse en actividades ilícitas y a hacer frente al abuso de drogas, la propagación del VIH/SIDA y la delincuencia relacionada con esos males. La Oficina cuenta con más de 1.500 funcionarios, que trabajan en una red de 54 oficinas en el terreno y oficinas de proyectos, además de las

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oficinas de enlace en Nueva York y Bruselas. En su presupuesto bianual para 2008-2009, la Asamblea General asignó a la UNODC 41 millones de dólares, que representaron el 7,5% del total de los ingresos de la Oficina. En 2009 se habían prometido contribuciones voluntarias por un total de 214,2 millones de dólares. En conjunto, la financiación para el período presupuestario 2008-2009 ascendió a 491,6 millones de dólares. Director Ejecutivo: Sr. Yury Fedotov (Federación de Rusia) Sede: Vienna International Centre, Wagramerstrasse 5, P.O. Box 500, A-1400 Viena (Austria) Teléfono: (43-1) 26060-0 Fax: (43-1) 263-3389 Correo electrónico: unodc@unodc.org Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (www.unrwa.org) fue creado por la Asamblea General en 1949 para prestar socorro de emergencia a los refugiados palestinos. Inició sus actividades en mayo de 1950 y hasta tanto se encuentre una solución al problema de los refugiados palestinos, el mandato del OOPS se renueva periódicamente. El OOPS es el principal proveedor de servicios básicos —educación, salud, socorro y otros servicios sociales— a los 4,8 millones de refugiados palestinos inscritos en Oriente Medio, incluidos aproximadamente 1,4 millones que viven en 58 campamentos en Jordania, el Líbano, Siria y el territorio palestino ocupado, que comprende la Franja de Gaza, la Ribera Occidental y la sección oriental de Jerusalén. El Organismo también gestiona un programa de microfinanciación y emprende obras de infraestructura dentro de las áreas oficialmente designadas como de campamento, y desde el año 2000 ha proporcionado asistencia humanitaria de emergencia para mitigar los efectos de la crisis presente en los refugiados más vulnerables en Gaza y en la Ribera Occidental. Asimismo, desde 2006 responde a las necesidades de emergencia de los refugiados afectados por el conflicto del Líbano. Las operaciones del OOPS son respaldadas por sus sedes de Gaza y Ammán (Jordania). El Comisionado General, que rinde cuentas directamente a la Asamblea General, es asistido por una Comisión Consultiva integrada por 23 miembros provenientes de Alemania, la Arabia Saudita, Australia, Bélgica, el Canadá, Dinamarca, Egipto, España, los Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, el Líbano,

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Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Turquía. La Comunidad Europea, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) participan en calidad de observadores. El OOPS emplea más de 30.000 personas localmente, además de 133 funcionarios internacionales. El Organismo depende casi por completo de las contribuciones voluntarias de los Estados donantes para cubrir sus operaciones ordinarias y de emergencia; alrededor del 2,5% de lo requerido por su presupuesto bianual actual proviene del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. La mayoría de las contribuciones es en metálico, aunque se reciben contribuciones en especie y principalmente en forma de donaciones de alimentos para los refugiados que los necesitan. El gasto presupuestario del OOPS para sus actividades centrales en 2010 ascendió a 863,9 millones de dólares, incluidos 262 millones de dólares para proyectos. Comisionado General: Sr. Filippo Grandi (Italia) Sede Gaza: Gamal Abdul Nasser Street, Gaza City, P.O. Box 61 (Gaza) Teléfono: (972-8) 288-7333 Fax: (972-8) 288-7555 Sede Ammán (Jordania): Bayader Wadi Seer, P.O. Box 140157, Ammán 11814 (Jordania) Teléfono: (962-6) 580-8100 Fax: (962-6) 580-8335 Correo electrónico: HQ-PIO@unrwa.org Programa Mundial de Alimentos (PMA)

El Programa Mundial de Alimentos (www.wfp.org) es la mayor organización humanitaria del mundo y un organismo de primera línea de las Naciones Unidas en la lucha contra el hambre en el mundo. Desde su fundación en 1963, el PMA ha provisto de alimentos a más de 1.600 millones de personas pobres del mundo y ha invertido más de 41.800 millones de dólares en desarrollo y socorro de emergencia. En el curso de los años, el Programa ha alcanzado a cientos de millones de personas en más de 80 países a través de la provisión de alimentos para cubrir necesidades de emergencia y el apoyo al desarrollo económico y social. Ante una emergencia momentánea, el PMA cuenta con una flota de 30 barcos, 70 aviones y 5.000 camiones para transportar alimentos y otras formas de ayuda adonde sean necesarios. A través de su campaña mundial de alimentación escolar, el PMA ofrece comida diariamente a 22 millones de escolares en 60 países. En 2009 —cuando el número de personas que pasaban hambre en el mundo creció hasta superar los 1.000 millones—

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el PMA distribuyó la cifra sin precedentes de 4,6 millones de toneladas de alimentos a 101,8 millones de personas en 75 países. Durante ese mismo año, proveyó casi el 70% del total de alimentos de socorro en emergencias. La operación de emergencia más compleja de su historia la llevó a cabo después del devastador terremoto de Haití, en enero de 2010. Pocas horas después del temblor, el PMA estaba presente con alimentos para millares de personas en situación precaria. El PMA depende enteramente de las contribuciones voluntarias de las naciones, de donantes privados y de individuos. En 2009 recolectó 4.200 millones de dólares. Más del 90% de su plantilla de 10.200 personas trabaja en el terreno. El PMA está dirigido por una Junta Ejecutiva de 36 miembros. Colabora estrechamente con sus dos organizaciones hermanas, ambas con base en Roma: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. También trabaja en asociación con más de 2.800 organizaciones no gubernamentales para la distribución de alimentos. Directora Ejecutiva: Sra. Josette Sheeran (Estados Unidos) Sede: Via C. G. Viola 68, Parco dei Medici, 00148 Roma (Italia) Teléfono: (39-06) 6513-1 Fax: (39-06) 659-0632 Correo electrónico: wfpinfo@wfp.org Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI)

El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (www.unicri.it) lleva a cabo proyectos de investigación, capacitación y cooperación técnica. Da apoyo a los gobiernos y a la comunidad internacional en general para enfrentar las amenazas a la paz social, el desarrollo y la estabilidad política planteadas por la delincuencia, y con miras a fomentar el establecimiento de sistemas de justicia penal justos y eficaces. Establecido en 1967, el Instituto apoya la formulación y aplicación de mejores políticas en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal, el fomento de la autosuficiencia de las naciones y el desarrollo de capacidad institucional. Para ello promueve la cabal comprensión de los problemas derivados de la delincuencia, fomenta el respeto por los instrumentos y las normas internacionales, y facilita el intercambio y la difusión de información, la cooperación internacional entre las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y la asistencia judicial.

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Las actividades del Instituto se financian totalmente mediante contribuciones voluntarias. El Instituto goza del apoyo que le prestan los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales, las organizaciones de beneficencia y las fundaciones, y de contribuciones financieras y en especie provenientes de organizaciones públicas y privadas. En el bienio 2008-2009, los gastos del UNICRI ascendieron a 23,4 millones de dólares, mientras que el total de las contribuciones y donaciones al Fondo Fiduciario del UNICRI fue de 18,3 millones de dólares. Director: Sr. Jonathan Lucas (Seychelles) Sede: Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Turín (Italia) Teléfono: (39-011) 653-7111 Fax: (39-011) 631-3368 Correo electrónico: information@unicri.it Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR)

Creado en 1980, el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (www.unidir.org) funciona como una entidad autónoma dentro de las Naciones Unidas. Realiza actividades de investigación sobre desarme y seguridad con el fin de ayudar a la comunidad internacional en lo que respecta al pensamiento, las decisiones y las medidas relativas al desarme. Mediante sus proyectos de investigación, publicaciones, reuniones y redes de expertos, el Instituto promueve el pensamiento creativo y el diálogo sobre el desarme y los problemas de seguridad. El Instituto explora problemas de seguridad actuales y futuros, examinando temas tan diversos como las armas nucleares tácticas, la seguridad de los refugiados, la guerra informática, las medidas de fomento de la confianza en el plano regional y las armas pequeñas. Organiza reuniones y debates de expertos, lleva a cabo proyectos de investigación y publica libros, informes, estudios y la revista trimestral Disarmament Forum, en formato impreso y digital. El Instituto depende, sobre todo, de contribuciones voluntarias de gobiernos y de entidades privadas. En 2010 recibió 3,6 millones de dólares: 2 millones procedentes de gobiernos y 1,6 millones de donaciones públicas. El personal del Instituto está compuesto por 20 personas, y se complementa con profesores invitados e investigadores en prácticas. Directora: Sra. Theresa A. Hitchens (Estados Unidos) Sede: Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10 (Suiza) Teléfono: (41-22) 917-3186 Fax: (41-22) 917-0176 Correo electrónico: unidir@unog.ch

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Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)

El Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (www.unitar.org), órgano autónomo creado en 1975, tiene por cometido mejorar la eficacia de la labor de la Organización mediante la formación profesional y la investigación. El Instituto organiza programas de formación y fomento de la capacidad para ayudar principalmente a países en desarrollo y en transición a enfrentar los desafíos del siglo XXI. Realiza investigaciones en metodologías innovadoras de capacitación y desarrollo de capacidades con un enfoque centrado en las personas y basado en la transferencia de conocimientos y la promoción del liderazgo. Durante 2008-2009, el UNITAR ofreció más de 700 cursos, seminarios y talleres, que beneficiaron a más de 73.000 participantes, en su mayoría procedentes de países en desarrollo o en transición. Además, alrededor de 5.000 estudiantes aprovecharon los cursos de aprendizaje electrónico. El UNITAR es dirigido por una Junta de Fideicomisarios y se financia totalmente con contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, fundaciones y otras fuentes no gubernamentales. El Instituto lleva a cabo sus actividades desde su sede central en Ginebra y desde sus oficinas en Nueva York, Brasilia e Hiroshima. Cuenta con una plantilla de 55 personas y un presupuesto de 50,7 millones de dólares. Director Ejecutivo: En el momento de imprimirse el ABC, el Secretario General no había nombrado a la persona sustituta del Sr. Carlos Lopes Sede: International Environment House, Chemin des Anémones 11-13, CH-1219 Châtelaine, Ginebra (Suiza) Teléfono: (41-22) 917-8400 Fax: (41-22) 917-8047 Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD)

El Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (www.unrisd.org), órgano autónomo fundado en 1963, se dedica a investigar las dimensiones sociales de problemas contemporáneos del desarrollo, como la igualdad de género, la política social, la reducción de la pobreza, la gobernabilidad y la política y la responsabilidad social de las empresas. El UNRISD proporciona al sistema de las Naciones Unidas, a los gobiernos, los organismos de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas un entendimiento mejor de cómo afectan las políticas de desarrollo y los procesos de cambio económico y social a los diferentes grupos sociales. Para financiar sus actividades, el Instituto depende

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enteramente de las contribuciones voluntarias y tiene un presupuesto anual de aproximadamente cuatro millones de dólares. La responsabilidad de aprobar el programa de investigación y el presupuesto del Instituto corresponde a una junta de expertos nombrados por la Comisión de Desarrollo Social y confirmados por el Consejo Económico y Social. Directora: Sra. Sarah Cook (Reino Unido) Sede: Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10 (Suiza) Teléfono: (41-22) 917-3020 Fax: (41-22) 917-0650 Correo electrónico: info@unrisd.org Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

La Universidad de las Naciones Unidas (www.unu.edu), establecida en 1975 en Tokio, es una comunidad internacional de académicos dedicados a la investigación, el estudio de políticas y el desarrollo de capacidad institucional e individual, así como a la difusión de conocimientos con miras a alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas de paz y progreso. La UNU cuenta con una red mundial de 13 centros y programas de investigación y capacitación cuya finalidad es contribuir a solucionar los apremiantes problemas del bienestar, el desarrollo y la supervivencia de las personas que preocupan a las Naciones Unidas, a sus Estados Miembros y a los pueblos del mundo. La Universidad no recibe fondos del presupuesto de las Naciones Unidas, sino que se financia enteramente con contribuciones voluntarias de los Estados, organismos, fundaciones y donantes individuales. Su ingreso anual básico para gastos de operación proviene de los beneficios obtenidos por las inversiones derivadas de su Fondo de Dotación. El presupuesto de la UNU para el bienio 2008-2009 fue de 101,8 millones de dólares. Cuenta con 559 funcionarios provenientes de países desarrollados y en desarrollo y está dirigida por un Consejo de Dirección de 24 miembros, designados por períodos de seis años por el Secretario General de las Naciones Unidas y por el Director General de la UNESCO. Su servicio de publicaciones es United Nations University Press. Rector: Profesor Konrad Osterwalder (Suiza) Sede: 5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokio 150-8925 (Japón) Teléfono: (81-3) 5467-1212 Fax: (81-3) 3499-2828 Correo electrónico: mbox@hq.unu.edu

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Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) (www.unaids.org), que opera desde 1996, es la entidad de las Naciones Unidas que encabeza la lucha contra el SIDA en el mundo, propugnando la acción pronta, general y mundial contra la epidemia. ONUSIDA lidera una respuesta ante el problema del VIH/SIDA que incluye prevenir la transmisión, ofrecer atención y apoyo a las personas infectadas, reducir la vulnerabilidad de los individuos y las comunidades al VIH y aliviar los múltiples impactos de la epidemia. ONUSIDA trabaja para impedir que la epidemia se convierta en una pandemia grave y se esfuerza por eliminar cualquier forma de discriminación contra las personas infectadas. En su labor, ofrece información y apoyo técnico para guiar las políticas contra el SIDA y rastrea, supervisa y evalúa la evolución de la epidemia y las respuestas a ella. El Programa representa el esfuerzo combinado de otros 10 organismos de las Naciones Unidas: el ACNUR, el Banco Mundial, la OIT, la OMS, el PMA, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el UNICEF y la UNODC, que junto con la Secretaría del Programa forman el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, que funciona como Comité Permanente de la Junta de Coordinación del Programa. Director Ejecutivo: Sr. Michel Sidibé (Malí) Sede: 20 Avenue Appia, CH 1211 Ginebra 27 (Suiza) Teléfono: (41-22) 791-3666 Fax: (41-22) 791-4187 Correo electrónico: communications@unaids.org Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (www.unops.org) es ampliar la capacidad del sistema de las Naciones Unidas y de sus asociados para llevar a cabo operaciones de consolidación de la paz, humanitarias y de desarrollo ajustadas a las necesidades de quienes lo requieran. Sus servicios fundamentales incluyen la gestión de proyectos, los servicios de adquisición, la administración de recursos humanos, la gestión financiera y los servicios comunes de las Naciones Unidas. Entre sus áreas principales de atención figuran el apoyo a sus asociados en materia de infraestructuras físicas, orden y seguridad públicos, censos y elecciones, medio ambiente y salud, áreas todas ellas en las que la UNOPS puede ayudar a mejorar la capacidad de los organismos de las Naciones Unidas y sus asociados. La UNOPS emplea casi 6.000 personas al año y en nombre de sus asociados crea miles de oportunidades de trabajo adicionales en

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comunidades locales. Desde su sede en Copenhague (Dinamarca), más una red de cinco oficinas regionales y otros 20 centros de operaciones y proyectos, la UNOPS supervisa actividades en más de 60 países. Durante 2009, la UNOPS prestó servicios por un valor de 1.100 millones de dólares gestionando aproximadamente 1.000 proyectos en todo el mundo. Director Ejecutivo: Sr. Jan Mattsson (Suecia) Sede: Midtermolen 3, P.O. Box 2695, DK-2100 Copenhague (Dinamarca) Teléfono: (45-3) 546-7000 Fax: (45-3) 546-7508 Correo electrónico: hq@unops.org ONU-Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer

La Asamblea General aprobó en 2010 por unanimidad la creación de ONU-Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (www.unwomen.org). El objetivo de ONU-Mujeres es acelerar la respuesta a las necesidades de las mujeres y las niñas de todo el mundo. La igualdad para las mujeres y las niñas no es sólo un derecho humano esencial, sino un imperativo social y económico. Donde las mujeres están educadas y son respetadas y reconocidas, las economías son más fuertes y más productivas y las sociedades más pacíficas y más estables. ONU-Mujeres surgió de la fusión de cuatro entidades —y de sus mandatos respectivos y funciones— del sistema de las Naciones Unidas: el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), la Oficina de la Asesora Especial para Cuestiones de Género (OSAGI) y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). “Al agrupar las cuatro partes del sistema de las Naciones Unidas dedicadas a los problemas de la mujer, los Estados Miembros han creado una voz mucho más fuerte para las mujeres y por la igualdad de género”, declaró el Secretario General Ban Ki-moon con ocasión de la fundación de ONU-Mujeres. La Entidad, que tiene un presupuesto anual inicial de 500 millones de dólares, apoya a la Comisión sobre la Situación de la Mujer, a otros órganos intergubernamentales y a los Estados Miembros en la aplicación de las normas relacionadas con los problemas específicos que afectan a la mujer. Además, vigila el cumplimiento por parte del sistema de las Naciones Unidas de sus propios compromisos con la igualdad de género, realizando una constante supervisión de todo el sistema.

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Directora Ejecutiva: Sra. Michelle Bachelet (Chile) Sede: 304 East 45th Street, planta 15, Nueva York, NY 10017 (Estados Unidos) Teléfono: (1-212) 906-6400 Fax: (1-212) 906-6705 Organismos especializados y otras organizaciones Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La Organización Internacional del Trabajo (www.ilo.org) es un organismo especializado que promueve la justicia social y los derechos humanos y laborales. Creada en 1919, en 1946 pasó a ser el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. En su quincuagésimo aniversario, en 1969, recibió el Premio Nobel de la Paz. La OIT formula políticas y programas internacionales para contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, elabora normas laborales internacionales que sirven de directrices a las autoridades nacionales para poner en práctica esas políticas y lleva a cabo un vasto programa de cooperación técnica, a fin de ayudar a los gobiernos a tornar más eficaces esas políticas, además de actividades de capacitación, educación e investigación para impulsar esas iniciativas. Entre las organizaciones internacionales, la OIT se singulariza por el hecho de que en la formulación de sus políticas intervienen en pie de igualdad representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los gobiernos. La Organización está formada por tres órganos: • La Conferencia Internacional del Trabajo, que reúne todos los años a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros, establece normas laborales internacionales y constituye un foro para el debate de cuestiones sociales y laborales de importancia en la esfera mundial. • El Consejo de Administración dirige el funcionamiento de la OIT, prepara el programa y el presupuesto y examina casos de incumplimiento de las normas de la OIT. • La Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente de la OIT. Además, el Centro Internacional de Capacitación, con sede en Turín (Italia), ofrece oportunidades de estudio y capacitación. El Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT cuenta con redes de investigación, foros sobre política social, cursos y seminarios, así como con programas de becas y pasantías y edita publicaciones. La OIT emplea a 2.500

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funcionarios en su sede de Ginebra y en 40 oficinas exteriores repartidas por el mundo. Su presupuesto para el bienio 2010-2011 ascendió a 594,3 millones de dólares. Director General: Sr. Juan Somavía (Chile) Sede: 4, route des Morillons, CH-1211, Ginebra 22 (Suiza) Teléfono: (41-22) 799-6111 Fax: (41-22) 798-8685 Correo electrónico: ilo@ilo.org Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (www.fao.org) es el organismo rector del sistema de las Naciones Unidas en materia de agricultura, silvicultura, pesca y desarrollo rural. El Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada año el 16 de octubre, conmemora la fundación de la FAO en esa fecha en 1945. La FAO se esfuerza por aliviar la pobreza y el hambre mediante la promoción del desarrollo agrícola, una mejor nutrición y la búsqueda de la seguridad alimentaria. Esa seguridad existe cuando todo el mundo dispone de acceso físico y económico permanente a alimentos saludables, nutritivos y suficientes para satisfacer sus necesidades y sus preferencias alimentarias y poder desarrollar una vida activa y saludable. La FAO, presente en 130 países, presta asistencia para el desarrollo, asesora a los gobiernos en materia de política y planificación; recopila, analiza y difunde información, y constituye un foro internacional para debatir cuestiones de agricultura y alimentación. Los programas especiales de la FAO ayudan a los países a prepararse para las emergencias alimentarias y proporcionan asistencia de socorro. Durante 2009, la FAO aplicó 647,1 millones de dólares, provenientes de donaciones de gobiernos y organismos, a proyectos de desarrollo rural y emergencias. Alrededor del 82,1% de la financiación de los proyectos sobre el terreno provino de fondos de fideicomisos nacionales. Durante ese año, la propia FAO contribuyó con un 9,2% (66,4 millones de dólares) a su programa sobre el terreno. La FAO, dirigida por una Conferencia de Países Miembros que elige un Consejo de 49 miembros que es su órgano rector entre los períodos de sesiones de la Conferencia, tiene 3.641 funcionarios que trabajan en la Sede y sobre el terreno. Su presupuesto ordinario para 2010-2011 fue de 1.005 millones de dólares. Director General: Dr. Jacques Diouf (Senegal) Sede: Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma (Italia)

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Teléfono: (39-06) 5705-1 Fax: (39-06) 5705-3152 Correo electrónico: FAO-HQ@fao.org Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

La UNESCO (www.unesco.org), fundada en 1946, procura crear las condiciones necesarias para el diálogo entre civilizaciones, culturas y pueblos, sobre la base del respeto a los valores compartidos y orientado hacia el desarrollo sostenible, una cultura de paz, el respeto por los derechos humanos y la reducción de la pobreza. Sus esferas de trabajo son la educación, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, la cultura y la comunicación y la información. Entre sus preocupaciones específicas figuran el logro de la educación para todos, la promoción de la investigación en las ciencias naturales y sociales por medio de programas científicos internacionales e intergubernamentales, el apoyo a la expresión de las identidades culturales, la protección y el realce del patrimonio natural y cultural mundial y la promoción de la libre circulación de información y la libertad de prensa, así como el fortalecimiento de las capacidades de comunicación de los países en desarrollo. La Organización tiene asimismo dos prioridades globales: África y la igualdad de género. La UNESCO mantiene un sistema de 193 comisiones nacionales y cuenta con el respaldo de alrededor de 3.800 asociaciones, centros y clubes de amigos y mantiene relaciones oficiales con cientos de organizaciones no gubernamentales y diversas fundaciones e instituciones similares. Además, colabora con una red de 9.000 instituciones educativas en 180 países. La Conferencia General, órgano rector de la UNESCO, está compuesta por sus 193 Estados Miembros. La Junta Ejecutiva, integrada por 58 miembros elegidos por la Conferencia, se encarga de supervisar el programa adoptado por esta. La UNESCO cuenta con una plantilla de 2.149 funcionarios, provenientes de cerca de 170 países, de los cuales más de 1.100 trabajan en 53 oficinas y en 11 institutos y centros distribuidos en todo el mundo, incluidas cuatro oficinas regionales de educación en Bangkok, Beirut, Dakar y Santiago de Chile. Su presupuesto máximo aprobado para 2010-2011 es de 653 millones de dólares. Directora General: Sra. Irina Bokova (Bulgaria) Sede: 7, place de Fontenoy, 75352 París 07-SP (Francia) Teléfono: (33-1) 4568-1000

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Fax: (33-1) 4567-1690 Correo electrónico: info@unesco.org Organización Mundial de la Salud (OMS)

La Organización Mundial de la Salud (www.who.int), establecida en 1948, es el órgano coordinador y director para la salud en el sistema de las Naciones Unidas. La OMS es responsable de liderar a nivel mundial los asuntos relacionados con la salud, determinar el programa de investigación sobre salud, establecer normas, formular opciones políticas sobre la base de la experiencia, ofrecer apoyo técnico a los países y supervisar y evaluar las tendencias en materia de salud. Su órgano rector es la Asamblea Mundial de la Salud, que reúne todos los años a las delegaciones de 193 Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo está integrado por 34 expertos de la salud. Casi 7.000 personas de más de 150 países trabajan para la OMS en 145 oficinas distribuidas en distintas naciones, en su sede de Ginebra y en las seis oficinas regionales de Brazzaville (Congo), Washington, D.C. (Estados Unidos), El Cairo (Egipto), Copenhague (Dinamarca), Nueva Delhi (India) y Manila (Filipinas). El presupuesto programado para el bienio 2010-2011 supera los 4.500 millones de dólares, de los cuales 928 millones fueron financiados por las cuotas asignadas a los Estados Miembros (presupuesto ordinario), mientras que el resto provino de contribuciones voluntarias. Directora General: Dra. Margaret Chan (China) Sede: 20 Avenue Appia, CH-1211 Ginebra 27 (Suiza) Teléfono: (41-22) 791-2111 Fax: (41-22) 791-3111 Correo electrónico: inf@who.int Grupo del Banco Mundial

El Grupo del Banco Mundial (www.worldbankgroup.org) está formado por cinco instituciones: • El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, fundado en 1944). • La Corporación Financiera Internacional (CFI, 1956). • La Asociación Internacional de Fomento (AIF, 1960). • El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 1988). • El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, 1966).

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Mensajeros de Paz y Embajadores de Buena Voluntad de las Naciones Unidas Casi desde el nacimiento de las Naciones Unidas, actores, artistas, futbolistas, tenistas, gimnastas, diseñadores, compositores, bailarines, astronautas, empresarios, científicos, escritores, cantantes, filósofos, modelos…, entre tantas otras mujeres y hombres de talento y comprometidos de todo el mundo, han prestado su nombre y su popularidad para promover la labor de las Naciones Unidas en pro de un mundo mejor. En la actualidad hay 12 Mensajeros de Paz de las Naciones Unidas (www.un.org/spanish/sg/mop) designados por el Secretario General. Ellos son: la princesa Haya Bint Al Hussein, Daniel Barenboim, George Clooney, Paulo Coelho, Michael Douglas, Jane Goodall, Midori Goto, Yo-Yo Ma, Wangari Maathai, Charlize Theron, Elie Wiesel y Stevie Wonder. Alrededor de 200 Embajadores de Buena Voluntad apoyan los ideales y objetivos de los organismos, fondos, oficinas y programas especializados del sistema de las Naciones Unidas mediante apariciones públicas, contactos con los medios de comunicación internacionales y trabajo humanitario. Naciones Unidas: Edward Norton (Biodiversidad) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Magida Al Roumi, Anggun, Roberto Baggio, Dee Dee Bridgewater, Raoul Bova, Pierre Cardin, Al Bano Carrisi, Margarita Cedeño de Fernández, Celine Dion, Beatrice Faumuina, Deborah Ferguson, Carla Fracci, Gilberto Gil, Raúl González Blanco, Italian Singers’ Soccer Team, Mory Kanté, Ronan Keating, Khaled, Rai Singer, Carl Lewis, Gong Li, Gina Lollobrigida, Fanny Lu, Maná, Rita Levi Montalcini, Youssou N’Dour, Noa, Justine Pasek, María Gloria Penayo de Duarte, Massimo Ranieri, Lea Salonga, Oumou Sangaré, Susan Sarandon, Chucho Valdés, Patrick Vieira, Dionea Warwick Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA): Emmanuel Adebayor, Michael Ballack, Toumani Diabaté, Annie Lennox, Lebo M, S.A.R. Princesa Mette-Marit, princesa Stephanie de Mónaco, Naomi Watts Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): Lord Richard Attenborough, Amitabh Bachchan, Ismael Beah, David Beckham, Harry Belafonte, Orquesta Filarmónica de Berlín, Orlando Bloom, Jackie Chan, Myung-Whun Chung, Judy Collins, Mia Farrow, Danny Glover, Whoopi Goldberg, Maria Guleghina, Angélique Kidjo, Yuna Kim, Tetsuko Kuroyanagi, Femi Kuti, Leon Lai, Lang Lang, Ricky Martin, Shakira Mebarak, Lionel

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Messi, Sir Roger Moore, Nana Mouskouri, Youssou N’Dour, S.M. la Reina Rania de Jordania, Vanessa Redgrave, Sebastião Salgado, Susan Sarandon, Maxim Vengerov Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Antonio Banderas, Iker Cassillas, Didier Drogba, Misako Konno, Ronaldo, Maria Sharapova, Marta Vieira da Silva, Zinédine Zidane, S.A.R. Príncipe Haakon Magnus de Noruega Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Ara Abramian, Valdas Adamkus, Mehriban Aliyeva, Alicia Alonso, Ivonne A. Baki, Patrick Baudry, Pierre Bergé, Chantal Biya, Montserrat Caballé, Pierre Cardin, Claudia Cardinale, S.A.R. la Princesa de Hanover, Esther Coopersmith, Cheick Modibo Diarra, Miguel Ángel Estrella, Vigdís Finnbogadóttir, S.A.R. Princesa Firyal de Jordania, Christine Hakim, Bahia Hariri, Vitaly Ignatenko, Jean Michel Jarre, Marc Ladreit de Lacharrière, S.A.R. Princesa Lalla Meryem de Marruecos, Omer Zülfü Livaneli, S.A.R. Princesa Maha Chakri Sirindhorn, Jean Malaurie, Nelson Mandela, S.A.R. Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo, Rigoberta Menchú Tum, Kitín Muñoz, UteHenriette Ohoven, Cristina Owen-Jones, Kim Phuc Phan Thi, Yazid Sabeg, S.E. Jeque Ghassan I. Shaker, Madanjeet Singh, Zurab Tsereteli, Marianna Vardinoyannis Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres): Hon. Sra. Phoebe Asiyo, Nicole Kidman, S.A.R. Princesa Bajrakitiyabha Mahidol, S.A.R. Princesa Basma bint Talal Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): Yann Arthus-Bertrand, Don Cheadle, Gisele Bündchen, Sachin Tendulkar Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): Giorgio Armani, Julien Clerc, George Dalaras, Muazzez Ersoy, Barbara Hendricks, Adel Imam, Angelina Jolie, Osvaldo Laport, Jesús Vázquez Martínez Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI): Mansour Cama, Reinosuke Hara, Rajendra K. Pachauri, Peter Sutherland Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc): Ross Bleckner, Nicholas Cage, Igor Cassina, Mira Sorvino Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP): Catarina Furtado, Goedele Liekens, Princesa Basma Bint Talal, Ashi Sangay Choden Wangchuck Programa Mundial de Alimentos (PMA): George McGovern Organización Mundial de la Salud (OMS): Nancy Goodman Brinker, Liya Kebede, Jet Li, Yohei Sasakawa, Orquesta Filarmónica de Viena; Craig David, Luis Figo (StopTBPartnership)

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La denominación “Banco Mundial” hace referencia específicamente a dos de esas cinco instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento. El objetivo común del Banco es reducir la pobreza en el mundo mediante el fortalecimiento de las economías de los países pobres. Se trata de mejorar el nivel de vida de la gente mediante la promoción del crecimiento económico y el desarrollo. El Banco centra sus actividades de préstamo y creación de capacidad en dos pilares del desarrollo: en la creación de un clima favorable a la inversión, al empleo y al crecimiento sostenible, y en la mejora de los pobres y de sus circunstancias, de manera que lleguen a ser también partícipes del desarrollo. El Banco Mundial es propiedad de sus 187 países miembros, que constituyen su Junta de Gobernadores. Las operaciones generales se delegan en un grupo más reducido, la Junta de Directores Ejecutivos, encabezada por el Presidente del Banco. Cuenta con una plantilla de aproximadamente 10.000 empleados, que trabajan en la Sede y en más de 100 oficinas nacionales. En 2010, el Grupo del Banco Mundial contribuyó con 46.900 millones de dólares para 303 proyectos en países en desarrollo, utilizando su pericia financiera y/o técnica para ayudar a esos países a reducir la pobreza. No obstante, el Banco lleva a cabo 1.800 proyectos, que abarcan casi todos los países en desarrollo y cada uno de sus sectores. Los proyectos son tan variados como ofrecer microcréditos en Bosnia y Herzegovina, fomentar la prevención del SIDA en Guinea, apoyar la educación de las niñas en Bangladesh, mejorar la atención de la salud en México y ayudar a la reconstrucción de Timor-Leste después de su independencia. Entre sus principales publicaciones cabe citar el Informe sobre el desarrollo mundial, de periodicidad anual. Presidente: Sr. Robert B. Zoellick (Estados Unidos) Sede: 1818 H Street NW, Washington, D.C., 20433 (Estados Unidos) Teléfono: (1-202) 473-1000 Fax: (1-202) 477-6391 Correo electrónico: pic@worldbank.org Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (www.worldbank.org), institución original del Grupo del Banco Mundial, busca reducir la pobreza en los países de ingresos medios y en los solventes de menor renta a través de la promoción del desarrollo sostenible por medio de préstamos, garantías y productos de gestión de riesgo y de servicios de análisis y consultoría. El BIRF está estructurado como una cooperativa, que

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opera en beneficio de los 187 países miembros que son sus propietarios. La mayoría de sus fondos los obtiene en los mercados financieros mundiales. Los ingresos que el Banco ha generado a lo largo de los años le han permitido financiar actividades de desarrollo y asegurar su fortaleza financiera, lo que le posibilita tomar prestado a bajo costo y ofrecer préstamos a sus clientes en términos favorables. La suma que los países aportan al ingresar constituye menos del 5% de los fondos del BIRF, pero esa cifra ha logrado movilizar miles de millones de dólares en préstamos desde el establecimiento del Banco. En el ejercicio económico de 2010, los nuevos préstamos otorgados ascendieron a 44.200 millones de dólares, y fueron destinados a 164 nuevas operaciones en 46 países. Asociación Internacional de Fomento (AIF)

La Asociación Internacional de Fomento (www.worldbank.org/ida) es el fondo del Banco Mundial para los más pobres. La AIF, que cuenta con 170 Estados Miembros, es una de las mayores fuentes de ayuda, y ofrece apoyo para la salud y la educación, la infraestructura, la agricultura y el desarrollo económico e institucional a los 79 países más pobres del mundo. Alrededor de la quinta parte de la financiación de la AIF se concede en forma de donaciones; el resto se ofrece en forma de préstamos sin interés a largo plazo. Desde su creación en 1960, la AIF ha distribuido 221.900 millones de dólares en compromisos acumulativos. En el ejercicio económico de 2010, casi el 50% (7.100 millones de dólares sobre 14.500) fue destinado a África, lo que refleja que la mitad de los países elegibles para la ayuda de la AIF se encuentra en ese continente. Cada tres años, los países donantes, tanto desarrollados como en desarrollo, y otras dos organizaciones del Grupo del Banco Mundial —el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo y la Corporación Internacional de Inversiones— “reponen” los fondos de la AIF. En la última reposición, de alrededor de 42.000 millones de dólares, participaron 45 países. Corporación Financiera Internacional (CFI)

La Corporación Financiera Internacional (www.ifc.org) es la mayor institución mundial de desarrollo orientada hacia el sector privado de los países en desarrollo. Provee financiación para ayudar a las empresas a emplear a más personas y prestar servicios esenciales, moviliza capital en los mercados financieros internacionales y ofrece servicios de asesoramiento para asegurar el desarrollo sostenible. En un momento de incertidumbre económica mundial, durante el ejercicio económico de 2010

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las nuevas inversiones de la CFI ascendieron a un récord de 18.000 millones de dólares. La CFI, que cuenta con 182 países miembros, promueve el desarrollo económico estimulando el crecimiento de empresas productivas y mercados de capital eficientes. La CFI participa solamente en aquellas inversiones en las que pueda realizar una contribución especial que complemente el papel de los inversionistas comerciales. Asimismo, actúa como catalizador, estimulando y movilizando la inversión privada en el mundo en desarrollo, demostrando así que esta puede ser rentable. Durante el ejercicio económico que terminó a mediados de 2010, la CFI tenía un programa de créditos autorizados de hasta 9.500 millones de dólares. Su capital total ascendía a 18.400 millones. Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI)

El mandato del OMGI (www.miga.org) consiste en estimular la inversión extranjera directa en los países en desarrollo, ofreciendo seguros (garantías contra riesgos políticos) a inversionistas y prestamistas. El capital suscrito por el OMGI lo aportan sus 175 Países miembros. La estrategia del Organismo apunta a apoyar la inversión en los países más pobres del mundo, en países afectados por conflictos, en arreglos complejos en infraestructura y en las industrias extractivas, y en inversiones Sur-Sur. Desde su creación en 1998, el OMGI ha ofrecido garantías por más de 22.000 millones de dólares para más de 600 proyectos en 100 países en desarrollo. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (www.worldbank.org/icsid) fomenta el aumento de los flujos de inversión internacionales ofreciendo un foro internacional neutral para la resolución de las diferencias entre gobiernos e inversionistas extranjeros. Hasta la fecha, cuenta con 144 miembros. El CIADI administra procedimientos para la resolución de las diferencias mediante la conciliación y el arbitraje en los casos en que tanto el país receptor como el país de origen del inversor son miembros del Centro. Además, gestiona ciertos tipos de procedimientos entre gobiernos y ciudadanos extranjeros, nombra árbitros y dirige procedimientos conducidos según las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional. Además de sus actividades en la resolución de diferencias, el CIADI tiene un programa de publicaciones en el área del derecho sobre inversiones extranjeras. Su órgano rector, el Consejo Administrativo, está integrado por un representante de cada uno de los países miembros y está dirigido por el Presidente del Banco Mundial.

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Fondo Monetario Internacional (FMI)

Establecido en la Conferencia de Bretton Woods, en 1944, el Fondo Monetario Internacional (www.imf.org) facilita la cooperación monetaria internacional, promueve la estabilidad de los tipos de cambio y regímenes de cambio ordenados, contribuye al establecimiento de un sistema multilateral de pagos y a la eliminación de las restricciones cambiarias y ayuda a sus miembros proporcionándoles temporalmente recursos financieros para que corrijan desajustes de sus balanzas de pagos. El Fondo Monetario Internacional está autorizado a crear y asignar a sus miembros reservas financieras internacionales en forma de derechos especiales de giro (DEG), que constituyen la unidad contable del FMI. Los recursos financieros del Fondo consisten principalmente en las aportaciones de capital (“cuotas” determinadas por una fórmula basada en la importancia económica relativa de sus miembros) de sus 187 países miembros. En agosto de 2010 esas aportaciones ascendían a alrededor de 328.000 millones de dólares. Una de las principales responsabilidades del FMI consiste en proporcionar créditos a países que experimentan dificultades en su balanza de pagos. Esta asistencia financiera les permite rehacer sus reservas internacionales, estabilizar sus divisas, seguir pagando los productos importados y restablecer las condiciones conducentes a un crecimiento económico sólido. Por su parte, los miembros que reciben préstamos del Fondo convienen en introducir reformas a fin de remediar los problemas causantes de sus dificultades. Las cantidades que los miembros del FMI pueden pedir prestadas están limitadas en proporción a sus cuotas. El Fondo también ofrece asistencia en condiciones ventajosas a los países miembros de bajos ingresos. La Junta de Gobernadores del Fondo incluye representantes de todos los países miembros. El funcionamiento diario del Fondo está a cargo de una Junta Ejecutiva de 24 miembros. En el FMI trabajan más de 2.400 personas procedentes de más de 140 países, encabezadas por el Director Gerente, que es elegido por la Junta Ejecutiva. Su presupuesto administrativo para el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011 ascendió a 891 millones de dólares una vez deducidos los reembolsos previstos, y el presupuesto de capital asciende a 48 millones de dólares. El FMI publica Perspectivas de la economía mundial y el Global Financial Stability Report, entre otros estudios. Directora Gerente: Sra. Christine Lagarde (Francia) Sede: 700 19th Street NW, Washington, D.C., 20431 (Estados Unidos) Teléfono: (1-202) 623-7300 Fax: (1-202) 623-6278 Correo electrónico: publicaffairs@imf.org

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Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

La Organización de Aviación Civil Internacional (www.icao.int) promueve el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo. La OACI establece las normas y reglamentaciones necesarias para garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo, así como la protección del medio ambiente. Para alcanzar el desarrollo seguro y sostenible de la aviación civil, depende de la cooperación de sus 190 Estados miembros. La OACI tiene una Asamblea —que determina sus políticas—, integrada por delegados de todos los Estados contratantes, y un Consejo de representantes de 36 países elegidos por la Asamblea. El Consejo es el órgano ejecutivo de la OACI, y pone en práctica las directrices de la Asamblea. Presidente del Consejo: Sr. Roberto Kobeh González (México) Secretario General: Sr. Raymond Benjamin (Francia) Sede: 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7 (Canadá) Teléfono: (1-514) 954-8219 Fax: (1-514) 954-6077 Correo electrónico: icaohq@icao.int Organización Marítima Internacional (OMI)

La Organización Marítima Internacional (www.imo.org), que inició sus actividades en 1959, se ocupa de la seguridad del transporte marítimo dedicado al comercio internacional y de prevenir la contaminación de los mares causada por los buques. La OMI proporciona a los gobiernos un mecanismo que permite cooperar en la formulación de reglamentos y prácticas referentes a cuestiones técnicas del transporte marítimo internacional, facilitar la adopción de las normas más rigurosas posibles de seguridad marítima y eficiencia en la navegación, y proteger el medio ambiente marino mediante la prevención y el control de la contaminación causada por los buques. Hasta la fecha, la OMI ha adoptado cerca de 50 convenciones y acuerdos, y alrededor de 1.000 códigos y recomendaciones. En 1983, la OMI estableció la Universidad Marítima Mundial en Malmö (Suecia), que ofrece formación especializada a administradores, educadores y otras personas que desempeñan funciones de nivel superior en materia de transporte marítimo. El Instituto de Derecho Marítimo Internacional de la OMI en La Valletta (Malta) se creó en 1989 para capacitar a abogados en la esfera del derecho marítimo internacional. El órgano rector de la OMI es la Asamblea, integrada por los 169 Estados Miembros y tres miembros asociados: las Islas Faroe (Dinamarca), Hong Kong (China) y Macao (China). La Asamblea elige al Consejo, de 40

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miembros, que es el órgano ejecutivo de la OMI. El presupuesto de la OMI para 2011 asciende a 30.860.300 libras esterlinas. La Organización cuenta con una plantilla de unos 300 funcionarios. Secretario General: Sr. Koji Sekimizu (Japón) (desde el 1º de enero de 2012) Sede: 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR (Reino Unido) Teléfono: (44-207) 735-7611 Fax: (44-207) 587-3210 Correo electrónico: infor@imo.org Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (www.itu.int) coordina las redes y los servicios globales de telecomunicaciones para los gobiernos y el sector privado. También se encarga de la gestión de las frecuencias del espectro radioeléctrico y las órbitas de los satélites. La UIT está en la línea de vanguardia para conseguir la interoperabilidad segura y confiable de redes y equipos en el marco del acelerado avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Una de sus prioridades es el fomento de las redes de telecomunicaciones en los países en desarrollo, proporcionándoles asesoramiento sobre políticas y marcos reguladores y asistencia técnica especializada en áreas como la seguridad cibernética, la instalación y el mantenimiento de redes y sistemas de alerta temprana, y la reducción de los daños producidos por los desastres naturales. Fundada en París en 1865 con el nombre de Unión Telegráfica Internacional, la UIT adoptó su nombre actual en 1932 y pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1949. Cuenta con 192 Estados Miembros y más de 700 miembros del sector de las telecomunicaciones y asociados (como empresas científicas e industriales, operadores públicos y privados y organizaciones regionales e internacionales). Su órgano rector es la Conferencia de Plenipotenciarios, que elige a sus principales funcionarios y al Consejo de la UIT, integrado por 46 miembros que representan a todas las regiones del mundo. Tiene su sede en Ginebra y cuenta con un personal de aproximadamente 850 funcionarios de alrededor de 85 nacionalidades. Su presupuesto para el bienio 2010-2011 es de 332.639.000 francos suizos. Secretario General: Sr. Hamadoun I. Touré (Malí) Sede: Place des Nations, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza) Teléfono: (41-22) 730-5111 Fax: (41-22) 733-7256 Correo electrónico: itumail@itu.int

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Unión Postal Universal (UPU)

Con 191 Estados Miembros, la Unión Postal Universal (www.upu.int) regula los servicios postales internacionales. Fue establecida en 1874 y pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1948. La UPU asesora, media y presta asistencia técnica a los servicios postales. Entre sus objetivos principales figuran la promoción de un servicio postal universal que una a todos los países del mundo, el aumento del volumen del correo mediante el suministro de productos y servicios postales actualizados y el mejoramiento de la calidad del servicio postal prestado al cliente. El Congreso Postal Universal, autoridad suprema de la UPU, tiene un presupuesto anual de aproximadamente 36 millones de dólares. Alrededor de 250 personas, de más de 50 países, trabajan en la Oficina Internacional de la UPU en Berna (Suiza). La UPU tiene coordinadores regionales en San José (Costa Rica), Harare (Zimbabwe), El Cairo (Egipto), Castries (Santa Lucía), Cotonou (Benin), Bangkok (Tailandia) y Berna. Director General: Sr. Edouard Dayan (Francia) Sede: Weltpoststrasse 4, Case Postale 3000, Berna 15 (Suiza) Teléfono: (41-31) 350-3111 Fax: (41-31) 350-3110 Correo electrónico: info@upu.int Organización Meteorológica Mundial (OMM)

La Organización Meteorológica Mundial (www.wmo.ch), que pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1951, provee información científica autorizada sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos, la situación climática consecuente y la resultante distribución de los recursos hídricos en el planeta, entre otras cuestiones medioambientales conexas. La OMM opera un sistema de observación mundial y una red de centros internacionales, regionales y nacionales que proporcionan servicios de pronóstico meteorológico, climático e hidrológico. Este sistema de información permite intercambiar información climática, hidrológica y meteorológica rápidamente y promueve su aplicación. Sus principales programas ofrecen las bases para una mejor preparación y previsión con respecto a la mayoría de los desastres naturales. La Organización reúne a 189 miembros, todos los cuales poseen sus propios servicios meteorológicos e hidrológicos. Su órgano rector es el Congreso Meteorológico Mundial. La OMM cuenta con una plantilla de aproximadamente 300 funcionarios. Su presupuesto para el período 2008-2011 es de 269,8 millones de francos suizos.

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Secretario General: Sr. Michel Jarraud (Francia) Sede: 7 bis, avenue de la Paix, Case postale No. 2300 CH-1211 Ginebra 2 (Suiza) Teléfono: (41-22) 730-8111 Fax: (41-22) 730-8181 Correo electrónico: wmo@wmo.int Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (www.wipo.int) fue establecida en 1970 y pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974. Sus objetivos son promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y en colaboración con otros organismos internacionales, y está a cargo del desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y accesible que premie la creatividad, estimule la innovación, contribuya al desarrollo económico y proteja el interés público. Entre las metas estratégicas de la OMPI figuran constatar la evolución equilibrada del marco normativo internacional de la propiedad intelectual, facilitar el uso de la propiedad intelectual para el desarrollo, ofrecer servicios mundiales de propiedad intelectual, incrementar el respeto por la propiedad intelectual, desarrollar una estructura mundial de propiedad intelectual, llegar a ser una fuente mundial de referencia sobre la propiedad intelectual y tratar la propiedad intelectual en relación con desafíos políticos mundiales como el cambio climático, la salud pública y la seguridad alimentaria. La OMPI tiene 184 Estados Miembros y administra 24 tratados internacionales sobre propiedad intelectual y derechos de autor. El hecho de que se autofinancie casi por completo la torna única dentro del sistema de las Naciones Unidas. Más del 90% del presupuesto de 618 millones de francos suizos de la Organización para el bienio 2010-2011 proviene de los ingresos que generan los servicios que presta a la industria y al sector privado. El resto de los fondos procede de los ingresos generados por su Centro de Arbitraje y Mediación, de la venta de publicaciones y de contribuciones de los Estados miembros. Director General: Sr. Francis Gurry (Australia) Sede: 34 chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza) Teléfono: (41-22) 338-9111 Fax: (41-22) 733-5428

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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (www.ipcc.ch) es el órgano principal para la evaluación del cambio climático. Fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a fin de proveer una visión científica clara sobre el estado del cambio climático y sus posibles consecuencias ambientales y socioeconómicas. Su Secretaría está alojada en la sede de la OMM en Ginebra. En 2007 compartió el Premio Nobel de la Paz. El Grupo examina y evalúa información científica, técnica y socioeconómica producida en todo el mundo que pueda ayudar a comprender mejor el cambio climático. No realiza investigaciones ni controla datos o parámetros. Millares de científicos contribuyen a su labor voluntariamente. Una parte esencial del proceso es la revisión, para asegurar una evaluación completa y objetiva de la información más actual. El IPCC está orientado a reflejar la diversa gama de puntos de vista de los diferentes expertos. Su contribución es importante para la creación de políticas y a la vez es políticamente neutral y sus opiniones son esencialmente de orientación, no prescriptivas. El IPCC está abierto a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. Los Estados pueden participar en el proceso de revisión y en las sesiones plenarias, donde se reciben, adoptan y aprueban informes y donde se toman las decisiones sobre el programa de trabajo del Grupo. También la Oficina y la Secretaría del Panel se eligen en sesiones plenarias. En 2010 la Secretaría contaba con 10 funcionarios. Ese mismo año, 831 especialistas fueron elegidos para preparar el quinto informe de evaluación. Presidente: Sr. Rajendra K. Pachauri (India) Jefa de la Secretaría: Dra. Renate Christ (Austria) Secretaría: c/o World Meteorological Organization, 7 bis, Avenue de la Paix, CP 2300, CH-1211 Ginebra 2 (Suiza) Teléfono: (41-22) 730-8208 Fax: (41-22) 730-8025 Correo electrónico: IPCC-Sec@wmo.int

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (ifad@ifad.org), creado en 1977, tiene como misión conseguir la erradicación de la pobreza en las áreas rurales de los países en desarrollo. El FIDA moviliza recursos de

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sus 165 países miembros para proporcionar préstamos a bajo interés y subvenciones a miembros de ingresos bajos y medios a fin de que financien programas de reducción de la pobreza y proyectos en las comunidades más pobres. Concede subvenciones, más que préstamos, a los países cuya sostenibilidad de la deuda es baja, con la finalidad de asegurar que esa asistencia financiera esencial no cause nuevas dificultades económicas a los más necesitados. Desde su fundación, el FIDA ha trabajado en asociación con gobiernos, otros organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, instituciones de investigación y el sector privado. También mantiene estrechas relaciones con socios nacionales, incluidas organizaciones de agricultores y organizaciones no gubernamentales. El Fondo se financia con contribuciones voluntarias de los gobiernos, contribuciones especiales, devoluciones de préstamos y beneficios de sus inversiones. Desde 1978 ha invertido 11.500 millones de dólares en más de 800 proyectos y programas, que han llegado a más de 350 millones de pobres rurales. Los gobiernos y otras fuentes de financiación de los países receptores, incluidos participantes en los proyectos, han aportado 10.100 millones de dólares; otros 8.200 millones han sido aportados por donantes multilaterales, bilaterales y otros, en cofinanciación. El Consejo de Administración del FIDA está integrado por los 165 países miembros. La Junta Ejecutiva, formada por 18 miembros y 18 suplentes, supervisa las operaciones y aprueba los préstamos y subvenciones. Presidente: Sr. Kanayo F. Nwanze (Nigeria) Sede: Via del Serafico 107, 00142 Roma (Italia) Teléfono: (39-06) 54-591 Fax: (39-06) 504-34-63 Correo electrónico: ifad@ifad.org Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

El mandato de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (www.unido.org) es promover el desarrollo y la cooperación industriales. Establecida por la Asamblea General en 1966, se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1985. La ONUDI contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población y a promover la prosperidad en el mundo ofreciendo soluciones concretas para el desarrollo industrial sostenible de los países en desarrollo y con economías en transición. También colabora con los gobiernos, las asociaciones empresariales y el sector industrial privado a fin de crear la capacidad

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industrial necesaria para encarar los problemas de la mundialización de la industria y generalizar sus beneficios. Para hacer más efectivos sus servicios, la ONUDI cuenta con ingenieros, economistas y especialistas en tecnología y medio ambiente en Viena, así como con personal profesional en su red de oficinas del Servicio de Promoción de las Inversiones y en sus oficinas externas, que están dirigidas por los representantes regionales y nacionales de la ONUDI. Los 173 Estados miembros de la ONUDI se reúnen en la Conferencia General, que aprueba el presupuesto y el programa de trabajo. La Junta de Desarrollo Industrial, integrada por 53 Estados miembros, hace recomendaciones sobre la planificación y aplicación del programa y el presupuesto. La plantilla de la ONUDI en 2010 era de 651 funcionarios en la sede y en 11 oficinas regionales (incluido el centro regional en Turquía) y 37 oficinas nacionales. Además, tenía 13 oficinas de promoción de las inversiones y la tecnología, 43 centros nacionales de producción no contaminante, 14 centros internacionales de tecnología, 32 oficinas de subcontratación e intercambio y asociación y dos centros de cooperación Sur-Sur. El valor de sus actividades de cooperación técnica durante el año anterior se estima en más de 139 millones de dólares. Director General: Sr. Kandeh K. Yumkella (Sierra Leona) Sede: Vienna International Centre, Wagramerstrasse 5, P.O. Box 300, A-1400 Viena (Austria) Teléfono: (43-1) 26026-0 Fax: (43-1) 269-2669 Correo electrónico: unido@unido.org Organización Mundial del Turismo (OMT)

La Organización Mundial del Turismo (www.unwto.org) es la principal organización internacional dedicada a promover el desarrollo del turismo responsable, sostenible y universalmente accesible. Establecida en 1975, la OMT pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas en 2003. Funciona como un foro mundial para cuestiones de políticas relacionadas con el turismo y como fuente práctica de conocimientos aplicables al respecto. Está integrada por 154 países, siete territorios, dos observadores permanentes y más de 400 miembros afiliados que incluyen administraciones locales, instituciones educativas, asociaciones de turismo y empresas del sector privado. El objetivo de la OMT es estimular a través del turismo el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo, así como a promover la paz y la comprensión entre las naciones. La OMT fomenta la aplicación del Código Mundial de

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Ética del Turismo, que establece un marco de referencia para el desarrollo responsable y sostenible del turismo mundial. La finalidad del Código es minimizar los efectos negativos del turismo sobre el medio ambiente y sobre el legado cultural y a la vez maximizar los beneficios para los habitantes de las áreas turísticas. El órgano principal de la Organización, la Asamblea General, consta de miembros de pleno derecho, miembros asociados y miembros afiliados, y se encarga de aprobar el presupuesto y el programa de trabajo y de celebrar debates sobre los principales temas de interés del sector. El Consejo Ejecutivo es su órgano directivo. Se compone de 29 miembros de pleno derecho elegidos por la Asamblea y un miembro permanente: España (el país anfitrión). En 2010-2011 la OMT contaba con 106 funcionarios y un presupuesto de 28 millones de euros. Secretario General: Sr. Taleb D. Rifai (Jordania) Sede: Capitán Haya, 42, 28020 Madrid (España) Teléfono: (34-91) 567-8100 Fax: (34-91) 571-3733 Correo electrónico: omt@unwto.org Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (PCCTBTO)

El Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que prohíbe todas las explosiones nucleares, fue aprobado en 1996. Al término de 2010 había sido suscripto por 181 Estados, 153 de los cuales lo habían ratificado. De los 44 Estados poseedores de tecnología nuclear cuya ratificación es necesaria para que el Tratado entre en vigor, todavía no lo han hecho nueve: la China, Egipto, los Estados Unidos, la India, Indonesia, Irán, Israel, Pakistán y la República Democrática Popular de Corea. La India, la República Democrática Popular de Corea y Pakistán aún no han firmado el Tratado. La Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (www.ctbto.org), con sede en Viena, tiene la función de establecer el régimen de verificación mundial del Tratado para que pueda aplicarse en el momento en que entre en vigor. Su mandato incluye, además, promover su firma y ratificación. El régimen de verificación de la PCCTBTO lo constituye una red mundial de 337 sedes que observan la Tierra en busca de indicios de una explosión nuclear y el Centro Internacional de Datos, para el procesamiento y análisis y las inspecciones sobre el terreno en caso de presentarse algún hecho sospechoso. El presupuesto de la organización para 2010

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fue de 115.579.600 dólares. Su plantilla está compuesta por alrededor de 260 personas procedentes de 74 países. Secretario Ejecutivo: Sr. Tibor Tóth (Hungría) Sede: Vienna International Centre P.O. Box 1200, A-1400 Viena (Austria) Teléfono: (43-1) 26030-6200 Fax: (43-1) 26030-5823 Correo electrónico: info@ctbto.org Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (www.iaea.org) fomenta la utilización con fines pacíficos de la energía nuclear en beneficio de la humanidad y brinda protección contra su uso para fines militares. El OIEA es el foro intergubernamental central para la cooperación científica y técnica en materia de utilización de la energía nuclear en tiempos pacíficos y se encarga de la inspección internacional para la aplicación de las salvaguardias nucleares de cobertura en programas especializados civiles. El OIEA es el centro más destacado entre los esfuerzos desplegados para impulsar la cooperación internacional sobre seguridad nuclear y cuestiones conexas; fue fundado en 1957 como organismo autónomo bajo el sistema de las Naciones Unidas. En noviembre de 2010 tenía 151 Estados Miembros. El Organismo brinda asistencia técnica a los Estados Miembros que la necesiten, buscando siempre la aplicación de la ciencia y la tecnología nucleares al desarrollo sostenible, según las prioridades establecidas por los propios Estados, en múltiples áreas. Entre ellas se cuentan la producción agrícola y de alimentos, la salud, la industria, la gestión del agua, el mejoramiento del medio ambiente marino, la generación de electricidad y la seguridad nuclear. El OIEA supervisa y verifica que los Estados cumplan con sus obligaciones en relación con la no proliferación derivadas de los acuerdos bilaterales y de tratados internacionales tendientes a asegurar que las instalaciones y los materiales nucleares no sean desviados hacia fines militares. En 2005, el OIEA y su entonces Director General, Mohamed ElBaradei, recibieron el Premio Nobel de la Paz. Alrededor de 250 inspectores del OIEA supervisan regularmente más de 900 instalaciones y otros lugares cubiertos por el programa de salvaguardias del OIEA. Los órganos rectores del Organismo son la Conferencia General, en la que están representados todos los Estados miembros, y la Junta de Gobernadores, con 35 Estados miembros. El OIEA emplea a 2.200 funcionarios procedentes de más de 90 países. Su presupuesto

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ordinario para 2010 fue de 315,4 millones de euros. La meta para contribuciones voluntarias adicionales a su Fondo de Cooperación Técnica era de 85 millones de dólares. Director General: Sr. Yukiya Amano (Japón) Sede: P.O. Box 100, Wagramerstrasse 5, A-1400 Vienna (Austria) Teléfono: (43-1) 2600-0 Fax: (43-1) 2600-7 Correo electrónico: Official.Mail@iaea.org Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (www.opcw.org) es una organización internacional independiente que colabora estrechamente con las Naciones Unidas. Supervisa la aplicación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. La Convención, que entró en vigor en 1997, es el primer acuerdo multilateral de desarme y no proliferación, que dispone la eliminación mundial de toda una categoría de armas de destrucción en masa, con una rigurosa verificación internacional y plazos establecidos. La Organización está compuesta por 188 Estados miembros. Desde 1997, los Estados Miembros han destruido de manera verificable alrededor de 43.000 toneladas de sustancias químicas, lo que representa más del 60% de la cantidad total declarada, de aproximadamente 71.000 toneladas. Los inspectores de la OPAQ han realizado más de 4.000 inspecciones en plantas militares e industriales distribuidas en 81 países. Esas misiones se aseguran de que las instalaciones utilizadas para la producción de armas químicas sean desactivadas y destruidas o convertidas en plantas dedicadas a usos permitidos en forma verificable. Los inspectores verifican asimismo la destrucción de las armas químicas mediante su presencia en las operaciones de desmantelamiento. Todos los Estados Miembros de la OPAQ están obligados a prestarse asistencia mutuamente si son amenazados o atacados con armas químicas. Para hacer frente a una situación de ese tipo, la Organización pone a prueba periódicamente y mejora su capacidad para coordinar una respuesta internacional pronta y eficaz dirigida a proteger vidas, además de investigar eficazmente todo presunto uso de armas químicas. La Organización ofrece una gran variedad de programas de cooperación internacional con la finalidad de facilitar el uso pacífico de las armas químicas. La Secretaria Técnica de la Organización, con sede en La Haya (Países Bajos), cuenta con una plantilla de más de 500 funcionarios,

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que representan a unas 80 nacionalidades. Su presupuesto para 2010 fue de 75 millones de euros. Director General: Sr. Ahmet Uzümcü (Turquía) Sede: Johan de Wittlaan 32, 2517 JR, La Haya (Países Bajos) Teléfono: (31-70) 416-3300 Fax: (31-70) 306-3535 Correo electrónico: media@opcw.org Organización Mundial del Comercio (OMC)

La Organización Mundial del Comercio (www.wto.org), establecida en 1995 en sustitución del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), es la única organización internacional que se ocupa de las normas multilaterales que rigen el comercio entre las naciones. Trabaja en estrecha cooperación con las Naciones Unidas y con otros organismos del sistema. La OMC ayuda a que el comercio se desenvuelva sin obstáculos, conforme a un sistema basado en normas multilaterales convenidas por todos sus miembros; resuelve de manera imparcial las controversias comerciales entre los gobiernos y ofrece un foro para la celebración de negociaciones comerciales. Alrededor de 60 acuerdos, anexos, decisiones e interpretaciones, que constituyen la reglamentación jurídica del comercio internacional y la política comercial, son el fundamento de la OMC. Dichos acuerdos se basan, entre otros principios, en la no discriminación (la cláusula de “nación más favorecida” y la disposición de trato nacional), la liberalización del comercio y el fomento de la competencia, así como en disposiciones especiales para los países menos adelantados. Uno de los objetivos de la OMC es lograr una apertura gradual del comercio mundial en beneficio de todos. La OMC es el foro de negociaciones fructíferas para abrir mercados en los sectores de las telecomunicaciones, los equipos de tecnología de la información y los servicios financieros, y ha intervenido en más de 400 controversias comerciales, que han recurrido a los mecanismos de resolución de diferencias de la OMC. La Organización continúa supervisando la aplicación de los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales internacionales, celebrada desde 1986 hasta 1994. En 2001, la OMC puso en marcha en Doha (Qatar) una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, conocida como Programa de Doha para el Desarrollo. Si bien desde entonces se han celebrado reuniones ministeriales, todavía no se han logrado los avances necesarios para concluir las negociaciones.

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La OMC tiene 153 miembros. Su órgano rector es la Conferencia Ministerial. El Consejo General se encarga de las actividades ordinarias. El presupuesto de la OMC para 2010 fue de 194 millones de francos suizos. Al término de 2009 trabajaban en la organización 621 funcionarios. Director General: Sr. Pascal Lamy (Francia) Sede: Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154 CH-1211 Ginebra (Suiza) Teléfono: (41-22) 739-5111 Fax: (41-22)731-4206 Correo electrónico: enquiries@wto.org

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II.

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Paz y seguridad internacionales

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El peligro de los restos explosivos sin detonar Un vehículo con personal de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), junto a una bomba sin estallar cerca de Shangel Tubaya, en Darfur septentrional (27 de marzo de 2011). Cuando el personal de seguridad descubre un artefacto sin estallar marca el terreno, advierte a las aldeas cercanas e inicia el proceso de detonación. (Foto: Naciones Unidas/Alberto González Farrán)

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II.

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no de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Desde su fundación, las Naciones Unidas han contribuido a solucionar numerosos conflictos, a menudo a través de la intervención del Consejo de Seguridad, principal órgano encargado de las cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General y el Secretario General desempeñan importantes papeles complementarios en el fomento de la paz y la seguridad. Las actividades de las Naciones Unidas cubren las principales áreas de la prevención de conflictos, la consecución de la paz y su mantenimiento, la aplicación de normas y tratados y la construcción de una paz duradera (véase www.un.org/spanish/peace). Para ser efectivos, esos tipos de intervención deben superponerse o efectuarse de manera simultánea. Durante la década de 1990, el fin de la guerra fría condujo a un entorno de seguridad mundial completamente nuevo, caracterizado más por guerras internas que por guerras entre Estados. A comienzos del siglo XXI surgieron nuevas amenazas mundiales. Durante ese período, diferentes conflictos civiles plantearon complejos problemas relacionados con la definición de la respuesta más adecuada por parte de la comunidad internacional, que incluía la cuestión de la protección de los civiles durante los conflictos. Los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, seguidos por las atrocidades cometidas en Bali (2002), Madrid (2004), Londres (2005) y Mumbai (2008) demostraron claramente el reto que presentaba el terrorismo internacional. Paralelamente, otros acontecimientos ocurridos con posterioridad agudizaron las preocupaciones acerca de la proliferación de armas nucleares y los peligros encarnados por las armas no convencionales. Las Naciones Unidas se movilizaron inmediatamente para acelerar la adopción de medidas contra el terrorismo. El 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución de gran alcance, 89

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de conformidad con las disposiciones coercitivas de la Carta de las Naciones Unidas, para prevenir la financiación del terrorismo, penalizar la recaudación de fondos con ese fin y congelar inmediatamente los activos financieros de las personas que cometen actos de terrorismo, y estableció un Comité contra el Terrorismo para supervisar la aplicación de la resolución. El Consejo actuó, además, para imponer sanciones a presuntos líderes de Al-Qaida y del Talibán. En este contexto, las Naciones Unidas han debido modificar y aumentar en forma considerable los instrumentos de que disponían, reforzando su capacidad de mantenimiento de la paz para enfrentar los nuevos desafíos, incrementando la participación de las organizaciones regionales y fortaleciendo su capacidad de consolidación de la paz después de los conflictos, además de restablecer la diplomacia preventiva. En relación con los conflictos civiles, el Consejo de Seguridad ha autorizado complejas e innovadoras operaciones de mantenimiento de la paz, que han proporcionado el tiempo y el espacio necesarios para construir las bases de una paz sostenible y han permitido a millones de personas en docenas de países participar en elecciones libres y justas, además de que han ayudado a desarmar a medio millón de excombatientes tan sólo en la última década. Desde 1948, las Naciones Unidas han desempeñado un papel preponderante en la resolución de conflictos y el fomento de la reconciliación, cumpliendo misiones exitosas en Camboya, El Salvador, Guatemala, Liberia, Mozambique, Namibia, Sierra Leona, Tayikistán y Timor-Oriental. Sin embargo, otros conflictos —como los de la República Democrática del Congo (RDC), Rwanda, Somalia y la ex Yugoslavia a comienzos de la década de 1990—, a menudo caracterizados por la violencia étnica y la ausencia de estructuras de poder internas capaces de enfrentar problemas de seguridad, han planteado nuevos desafíos a las Naciones Unidas en materia de consecución y mantenimiento de la paz. La importancia central del papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz tuvo una reafirmación espectacular a finales de la década de 1990, cuando las persistentes crisis en la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Timor Oriental, Kosovo y Sierra Leona llevaron al Consejo de Seguridad a planificar cinco nuevas misiones. El apogeo de las operaciones de mantenimiento de la paz se dio entre 2009-2010, cuando hubo más de 100.000 cascos azules desplegados en todo el mundo. En los últimos años, conflictos recurrentes han llevado a las Naciones Unidas a concentrarse cada vez más en la consolidación de la paz, dirigiendo sus esfuerzos a reducir el riesgo de que

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un país caiga o reincida en la guerra mediante el fortalecimiento de la capacidad nacional para el manejo de los conflictos y la construcción de bases sólidas para la paz y el desarrollo sostenibles. La experiencia ha demostrado que el establecimiento de una paz duradera sólo puede lograrse aunando todos los recursos para ayudar a los países a fomentar el desarrollo económico, la justicia social, el respeto por los derechos humanos y la gobernabilidad. Ninguna otra institución cuenta con la legitimidad mundial, la experiencia multilateral, la competencia, la capacidad de coordinación y la imparcialidad de que dan muestra las Naciones Unidas al prestar asistencia en todas esas esferas. Las Naciones Unidas han enviado misiones políticas especiales y abierto oficinas de apoyo a la consolidación de la paz en países como el Afganistán, Burundi, la República Centroafricana, Guinea-Bissau, el Irak y Sierra Leona. También se han establecido oficinas políticas de las Naciones Unidas para el Asia Central, el Líbano, el Oriente Medio, Nepal, Somalia y el África Occidental. La Comisión de Consolidación de la Paz, que inició su trayectoria en 2006, es un órgano asesor intergubernamental de las Naciones Unidas específicamente dedicado a ayudar a los países en la fase de transición de la guerra hacia una paz duradera. La Comisión se propone llevar a cabo esa tarea reuniendo a todos los agentes de consolidación de la paz pertinentes, incluidos los donantes internacionales, las instituciones financieras internacionales, los gobiernos nacionales, los países que aportan contingentes y los representantes de la sociedad civil; proponiendo estrategias integradas para las etapas de recuperación y consolidación de la paz después de los conflictos; ayudando a asegurar una financiación previsible para las actividades iniciales de recuperación e inversión financiera sostenida, a mediano y largo plazo; ampliando el período en que la comunidad internacional presta atención a la recuperación después de los conflictos, y definiendo prácticas eficaces en cuestiones que requieren la colaboración entre los interlocutores políticos, militares, humanitarios y de desarrollo. En las resoluciones concurrentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, por las cuales se estableció la Comisión de Consolidación de la Paz, también se dispuso la creación de un Fondo para la Consolidación de la Paz (www.unpbf.org) y una Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz (www.un.org/spanish/peace/peacebuilding). En 2010 se creó el cargo de Representante Especial contra la Violencia Sexual en los Conflictos. Ello culminó una década de esfuerzos por parte del

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Consejo de Seguridad para enfrentar y condenar todos los actos de violencia sexual cometidos durante los conflictos armados contra la población civil, especialmente contra las mujeres y los niños. El Consejo de Seguridad

La Carta de las Naciones Unidas, que tiene la jerarquía de tratado internacional, obliga a los Estados Miembros a dirimir sus controversias por medios pacíficos, es decir, sin poner en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Esto significa que los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra otro Estado, y que pueden someter cualquier conflicto al Consejo de Seguridad, el órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Conforme a la Carta, los Estados Miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Si bien las recomendaciones de otros órganos de las Naciones Unidas no tienen el carácter obligatorio de las decisiones del Consejo de Seguridad, sí ejercen influencia, ya que reflejan la opinión de la comunidad internacional. Cuando un conflicto es sometido al arbitrio del Consejo, este generalmente insta a las partes a que traten de llegar a un acuerdo por medios pacíficos. El Consejo puede hacer recomendaciones a las partes para que resuelvan su controversia pacíficamente, nombrar representantes especiales, pedir al Secretario General que interponga sus buenos oficios y emprender actividades de investigación y mediación. Cuando una controversia culmina en un enfrentamiento, el Consejo procura ponerle fin lo antes posible. En numerosas ocasiones ha establecido directrices de cesación del fuego que han sido determinantes para impedir la escalada de las hostilidades. En apoyo del proceso de paz, el Consejo puede desplegar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz en una zona de conflicto. Conforme al Capítulo VII de la Carta, el Consejo está facultado para tomar medidas que permitan hacer efectivas sus decisiones. Puede imponer embargos y sanciones o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. En algunos casos, el Consejo ha autorizado el empleo de la fuerza militar por parte de una coalición de Estados Miembros o una organización o agrupación regional. Sin embargo, el Consejo sólo toma estas medidas como último recurso, cuando ya se han agotado las vías pacíficas para la resolución de la controversia y después de haber verificado la existencia de una amenaza o una violación de la paz o un acto de agresión. Muchas de las operaciones de mantenimiento de la paz

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La estructura de consolidación de la paz Las Naciones Unidas cuentan con una estructura de consolidación de la paz integrada por la Comisión de Consolidación de la Paz, el Fondo para la Consolidación de la Paz y la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz. Esos tres órganos trabajan conjuntamente para: • Elaborar y coordinar estrategias de consolidación de la paz; • Prestar apoyo eficaz a los países en la fase de transición de la guerra a una paz duradera; • Sostener la paz en países afectados por conflictos, recabando el apoyo de la comunidad internacional a las iniciativas de consolidación de la paz asumidas e impulsadas por los países. La Comisión de Consolidación de la Paz es un órgano intergubernamental integrado por 31 miembros cuya función consiste en agrupar a todas las entidades pertinentes para proponer estrategias integradas de recuperación y consolidación de la paz en situaciones posteriores a un conflicto, y prestar asesoramiento al respecto. Su Comité de Organización permanente está integrado por miembros del Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Asamblea General y los países que aportan cuotas más elevadas de personal militar y policía civil a las misiones de las Naciones Unidas. El Fondo para la Consolidación de la Paz, un fondo plurianual permanente financiado mediante contribuciones voluntarias, tiene como finalidad asegurar la liberación inmediata de los recursos necesarios para poner en marcha actividades de consolidación de la paz y la disponibilidad de recursos financieros apropiados para la recuperación. El Fondo, que proporciona los recursos iniciales necesarios para ejecutar el proceso de consolidación de la paz, en febrero de 2010 había comprometido fondos por un valor cercano a los 331,5 millones de dólares, superando el objetivo inicial de 250 millones de dólares. En una reunión de alto nivel, en el mes de noviembre siguiente, el Fondo fue elogiado por ser un recurso rápido, eficaz y catalizador para apoyar iniciativas de consolidación de la paz en países que están saliendo de un conflicto. Para el Plan de Negocios 2011-2013, 21 Estados Miembros han prometido contribuir con 53 millones de dólares. La Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz brinda asistencia y apoyo a la Comisión de Consolidación de la Paz, gestiona el Fondo para la Consolidación de la Paz y ayuda al Secretario General en la coordinación de los distintos organismos de las Naciones Unidas en sus esfuerzos de consolidación de la paz.

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llevadas a cabo recientemente fueron autorizadas por el Consejo de esa manera, en el sentido de que los encargados de mantener la paz podían emplear la fuerza si era necesario para aplicar sus mandatos. También de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, el Consejo ha establecido tribunales internacionales para enjuiciar a personas acusadas de violaciones graves de los derechos humanos y quebrantamientos del derecho internacional humanitario, como el genocidio. La Asamblea General

El Artículo 11 de la Carta de las Naciones Unidas habilita a la Asamblea General a “considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” y “hacer recomendaciones [...] a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a este y aquellos”. La Asamblea constituye una vía para lograr el consenso en cuestiones difíciles, ya que ofrece un foro para plantear reclamos y mantener debates diplomáticos. Con el fin de promover el mantenimiento de la paz, la Asamblea ha celebrado períodos de sesiones extraordinarios o de emergencia sobre asuntos como el desarme, la cuestión de Palestina o la situación imperante en el Afganistán. La Asamblea General examina los temas relacionados con la paz y la seguridad en su Primera Comisión (Desarme y seguridad internacional) y en su Cuarta Comisión (Política especial y Descolonización). A lo largo de su trayectoria, la Asamblea ha contribuido a promover las relaciones pacíficas entre las naciones adoptando declaraciones sobre la paz, el arreglo pacífico de los conflictos y la cooperación internacional. En 1980, la Asamblea aprobó la creación de la Universidad de la Paz en San José (Costa Rica), un instituto internacional especializado en el estudio, la investigación y la difusión de los conocimientos relacionados con la paz. La Asamblea ha designado el día 21 de septiembre de cada año como Día Internacional de la Paz. Prevención de conflictos

Las principales estrategias que cabe aplicar para impedir que las controversias degeneren en conflictos y para evitar que estos se reproduzcan son la diplomacia preventiva y el desarme preventivo. La diplomacia preventiva consiste en impulsar acciones para impedir posibles controversias, intentando resolverlas antes de que devengan conflicto y limitar su alcance cuando estos surjan. Puede adoptar la forma de una mediación, conciliación o negociación. La alerta temprana

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es un elemento esencial de la prevención, y las Naciones Unidas vigilan atentamente la evolución de la situación política en todo el mundo a fin de detectar amenazas para la paz y la seguridad internacionales, lo que permite al Consejo de Seguridad y al Secretario General aplicar medidas preventivas. Los enviados y representantes especiales del Secretario General practican la diplomacia preventiva y la mediación en todo el mundo. En ciertos lugares, la mera presencia de un Representante Especial competente puede prevenir la escalada de una situación de tensión. Con frecuencia, esa labor se realiza en estrecha cooperación con las organizaciones regionales. El desarme preventivo complementa la diplomacia preventiva y tiene por finalidad reducir el número de armas pequeñas presentes en zonas propensas a los conflictos. En El Salvador, Sierra Leona y Liberia, entre otros países, esa tarea ha entrañado la desmovilización de las fuerzas en pugna y la recogida y destrucción de armas como parte de la aplicación de un acuerdo general de paz. Destruir las armas es una manera de impedir su utilización en guerras futuras. El Secretario General desempeña un papel fundamental en la consolidación de la paz, tanto en forma personal como a través de sus representantes especiales o misiones para tareas específicas, como investigaciones o negociaciones. De acuerdo con la Carta, el Secretario General puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Mantenimiento de la paz

Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (www.un.org/en/peacekeeping) son un instrumento esencial que la comunidad internacional utiliza para fomentar la paz y la seguridad. El reconocimiento de la función de las Naciones Unidas en materia de mantenimiento de la paz se puso de manifiesto en 1988, cuando las fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz fueron galardonadas con el Premio Nobel de la Paz. Si bien la Carta no se refiere específicamente al mantenimiento de la paz, las Naciones Unidas empezaron a aplicar este principio en 1948, año en que crearon el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en el Oriente Medio. Desde entonces se han impulsado 67 operaciones. A comienzos de 2011 había 14 misiones de mantenimiento de la paz en actividad.

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La responsabilidad de proteger ¿Debe intervenir la comunidad internacional en un país para poner fin a violaciones flagrantes, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos? Fue el Secretario General Kofi Annan quien en 1998 planteó la cuestión, que suscitó una gran polémica. Después de los genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en los Balcanes, en África Central y en tantos otros lugares, el Secretario General sostenía que la comunidad internacional debía acordar, en el marco del derecho internacional, principios legítimos y universales que sirvieran para proteger a los civiles de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Desde entonces ha quedado claro que la pregunta ya no es si la comunidad internacional debe intervenir para proteger a la población contra esos crímenes, sino cuándo y cómo. Los dirigentes mundiales, reunidos en la ciudad de Nueva York para la celebración de la Cumbre Mundial 2005, abordaron la cuestión de la responsabilidad de proteger en el amplio Documento Final de la Cumbre y declararon que: “Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones de [esos crímenes]. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, según lo requerido en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.” También destacaron la necesidad de ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población de esos crímenes y para prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de tensión, antes del estallido de las crisis y los conflictos. (Véanse las resoluciones 60/1 y 63/308 de la Asamblea General, y las resoluciones 1674 (2006) y 1894 (2009) del Consejo de Seguridad, referentes a la protección de los civiles en los conflictos armados, que respaldan esos principios.)

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En 2009, el Secretario General Ban Ki-moon publicó un informe titulado Hacer efectiva la responsabilidad de proteger, que expone los principios relacionados con ese propósito. El Asesor Especial responsable del desarrollo conceptual, político e institucional de la responsabilidad de proteger, designado por el Secretario General en 2008, trabaja en estrecha colaboración con la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, establecida en 2004.

Estas misiones se despliegan con autorización del Consejo de Seguridad y con el consentimiento del Gobierno del país en cuestión y/o de las principales partes en conflicto. Por lo general, las operaciones de mantenimiento de la paz han seguido un modelo militar consistente en observar la cesación del fuego y la separación de las fuerzas involucradas en las guerras entre Estados. En la actualidad ese modelo ha adquirido una complejidad mucho mayor tras incorporar distintos efectivos, militares, policiales y civiles, que trabajan de consuno con el fin de contribuir a sentar las bases de una paz sostenible. En los últimos años, el Consejo ha introducido la práctica de invocar las disposiciones coercitivas prescritas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para autorizar el despliegue de algunas operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, o al encomendarles la labor de realizar tareas que puedan requerir el uso de la fuerza, como la protección de civiles que se encuentren en peligro inminente de ser objeto de violencia física. Tradicionalmente, el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas sólo podía utilizar sus armas en defensa propia, pero los mandatos más “firmes”, basados en el Capítulo VII, les permiten utilizar la fuerza, para proteger a la población civil, por ejemplo. El personal militar de las operaciones de mantenimiento de la paz es aportado voluntariamente y financiado por los Estados Miembros, cuyas cuotas se prorratean con arreglo al presupuesto de mantenimiento de la paz. A los Estados que aportan contingentes se los compensa, conforme a una tarifa general, con fondos provenientes del presupuesto. El presupuesto para el mantenimiento de la paz aprobado para el bienio 2010-2011 ascendía a alrededor de 7.300 millones de dólares, lo cual representa menos del 0,5% del gasto militar mundial. Las operaciones de mantenimiento de la paz se financian a través del presupuesto para el mantenimiento de la paz e incluyen tropas de numerosos países. La estrategia de compartir la carga entre todos los Miembros puede producir una eficiencia extraordinaria en términos humanos, financieros y políticos.

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¿Quién ejerce el mando de las operaciones de mantenimiento de la paz? El Consejo de Seguridad es el organismo que determina las operaciones de mantenimiento de la paz, y el Secretario General es quien las dirige, generalmente por intermedio de un representante especial. En algunas misiones hay un Jefe de la Fuerza, que es el responsable de los aspectos militares, si bien los contingentes militares responden a las entidades encargadas de la defensa de sus respectivos países. Las Naciones Unidas carecen de fuerzas militares propias, ya que son los Estados Miembros los que proporcionan el personal militar y policial necesario para cada operación, mientras que los civiles se ofrecen voluntariamente o son contratados en todo el mundo. Los contingentes de mantenimiento de la paz visten el uniforme de su país de origen más el casco o la boina azul de las Naciones Unidas y una insignia.

Desde 1948, más de 2.800 participantes en operaciones de mantenimiento de la paz han perdido la vida en el cumplimiento del deber. Al iniciarse el año 2011, más de 100.000 miembros del personal militar y policial procedente de 115 países trabajaban en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Los conflictos actuales representan una compleja combinación de elementos. Las causas que los desencadenan son fundamentalmente cuestiones internas de los Estados, pero en ocasiones se ven complicadas por factores transfronterizos, ya sean intervenciones de Estados o de intereses económicos o de agentes no estatales. Los conflictos recientemente ocurridos en África, por ejemplo, son una muestra de la devastadora combinación de luchas civiles y de la exportación ilegal de recursos naturales —como diamantes, coltan (material que se emplea para la fabricación de teléfonos celulares y aparatos electrónicos) y oro—, que incentiva las compras de armas, el terrorismo, el tráfico de drogas, las oleadas de refugiados y la degradación del medio ambiente. La respuesta debe ser igualmente multifacética. El Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS), para mencionar sólo un ejemplo, fue introducido por la Asamblea General en 2000 para impedir la venta de diamantes que sirvieran para financiar conflictos y violaciones de los derechos humanos. El Sistema de Certificación, además, tiene el propósito de impedir que los “diamantes manchados de sangre” sean introducidos en el mercado legal.

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Debido a su universalidad, las operaciones de las Naciones Unidas ofrecen una modalidad singularmente legítima de resolver conflictos. La universalidad refuerza su legitimidad y limita las consecuencias para la soberanía del país anfitrión. Las fuerzas de mantenimiento de la paz, ajenas al conflicto, pueden fomentar el diálogo entre las partes contendientes y, a la vez, centrar la atención mundial en las preocupaciones locales. De esta manera crean oportunidades que de lo contrario no existirían, para generar esfuerzos colectivos. Entre los requisitos previos para que las operaciones de mantenimiento de la paz sean un éxito, las fuerzas en conflicto deben desear realmente resolver sus diferencias de manera pacífica, el mandato de mantenimiento de la paz debe ser claro, el apoyo político de la comunidad internacional debe ser categórico y la operación debe contar con los recursos financieros y humanos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Y lo que es más importante: este tipo de operaciones debe ir acompañado de un proceso político, al que no deben ni pueden sustituir. La comunidad internacional ha extraído numerosas enseñanzas de las operaciones realizadas y aspira a fortalecer varios aspectos de la capacidad de las Naciones Unidas para mantener la paz. El Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, establecido por el Secretario General, propuso un plan de reformas en su informe del año 2000 que apuntaba a posibilitar el establecimiento de una nueva misión de paz multidisciplinaria cada año. En ese sentido, la década que finalizó en 2010 presenció la puesta en marcha o la ampliación de 11 operaciones de mantenimiento de la paz, además de una serie de misiones políticas especiales, como las de Afganistán e Irak. A instancias del Secretario General Ban Ki-moon, en 2007 tuvo lugar una importante reestructuración del sistema de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, a través de la creación de un nuevo Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DFS). Mientras que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Asuntos Políticos (DPA) proporcionan dirección política y ejecutiva, respectivamente, a las operaciones de mantenimiento de la paz y a las misiones especiales políticas y de consolidaciones de la paz, el nuevo Departamento se dedica a brindar apoyo y guía en el terreno a todas las operaciones de las Naciones Unidas, en las áreas de finanzas, logística, información, comunicaciones, tecnología, recursos humanos y administración general. En 2009, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno pusieron en marcha el proceso “Nuevo Horizonte”, diseñado para evaluar los principales dilemas de política y de estrategia que

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Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimientode la paz* • Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en el Oriente Medio (ONUVT, establecido en 1948) (150 militares, 210 civiles). • Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP, 1949) (44 militares, 71 civiles). • Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP, 1964) (857 militares, 69 policías civiles, 151 civiles). • Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS, 1974), en el Golán sirio (1.037 militares, 143 civiles). • Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL, 1978) (11.713 militares, 966 civiles). • Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO, 1991) (218 militares, 6 policías, 258 civiles, 20 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK, 1999) (8 militares, 6 policías, 417 civiles, 20 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL, 2003) (9.369 militares, 1.364 policías, 1.429 civiles, 213 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI, 2004) (7385 militares, 1.169 policías, 1.153 civiles, 273 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH, 2004) (8.603 militares, 2.965 policías civiles, 1.708 civiles, 193 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS, 2005) (9.938 militares, 665 policías, 3.556 civiles, 364 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT, 2006) (34 militares, 1.473 policías civiles, 1.261 civiles, 168 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID, 2007) (16.997 militares, 242 observadores militares, 4.577 policías, 3.750 civiles, 445 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT, 2007) (1.327 militares, 20 observadores militares, 109 policías). (La Misión completó su mandato el 31 de diciembre de 2010.)

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• Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO, 2010) (18.461 militares, 1.224 policías, 3.180 civiles, 589 Voluntarios de Naciones Unidas). * Datos correspondientes al 31 de diciembre de 2010.

enfrentan las Naciones Unidas en materia de mantenimiento de la paz y revitalizar el diálogo con todos los interesados en hallar posibles soluciones, a fin de que las Naciones Unidas estén en condiciones de responder a las necesidades presentes y futuras. Las operaciones de mantenimiento de la paz evolucionan constantemente en función de las circunstancias. Entre las tareas desempeñadas por las distintas misiones de mantenimiento de la paz a través de los años se encuentran las siguientes: • Mantenimiento de la cesación del fuego y separación de las fuerzas en conflicto. Al crear un “espacio para maniobrar”, una operación basada en un acuerdo limitado entre las partes puede propiciar una atmósfera que conduzca a la apertura de negociaciones. • Protección de las operaciones humanitarias. En muchos conflictos se ha atacado deliberadamente a la población civil como medio para alcanzar fines políticos. En esas situaciones se ha pedido a las fuerzas de mantenimiento de la paz que protejan y apoyen el suministro de asistencia humanitaria. Sin embargo, esas tareas suelen colocar en situaciones políticas difíciles al personal de mantenimiento de la paz, que puede ver amenazada su propia seguridad. • Aplicación de un acuerdo de paz amplio. Operaciones complejas y multidimensionales, desplegadas sobre la base de acuerdos de paz amplios, pueden contribuir en tareas tan diversas como el suministro de asistencia humanitaria, la vigilancia de los derechos humanos, la observación de elecciones y la coordinación del apoyo a la reconstrucción económica. • Orientación y guía a los Estados o territorios durante la transición para que alcancen un gobierno estable, basado en principios democráticos, buena gobernabilidad y desarrollo económico. • Protección de los civiles. En conflictos recientes, no combatientes, mujeres y niños han sido víctimas directas o colaterales con demasiada frecuencia.

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Misiones en curso administradas por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz MINURSO Sáhara Occidental

MINUSTAH Haití Mapa No. 4259 Rev. 12(E) Naciones Unidas Enero 2011

UNIMIK Kosovo

UNOCI Côte d’Ivoire UNMIL Liberia

UNIFICYP Chipre

MONUSCO Congo UNAMID Darfur, Sudán

UNIFIL Líbano UNDOF Siria

UNMIS Sudán del Sur

UNAMA* Afganistán

UNTSO Oriente Medio

UNMOGIP India y Pakistán

UNMIT Timor-Leste

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno Sección de Cartografía * Misión política

Cooperación con organizaciones regionales y de seguridad colectiva. Las Naciones Unidas cooperan cada vez más estrechamente con organismos regionales y otros actores, de acuerdo con los mecanismos previstos en Capítulo VIII de la Carta. La Organización ha colaborado con la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití, con la Unión Europea (UE) en la ex Yugoslavia y la República Democrática del Congo, con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) en Liberia y Sierra Leona, y con la Unión Africana (UA) en el Sáhara Occidental, la región de los Grandes Lagos y Darfur, por citar sólo algunos ejemplos. Los observadores militares de las Naciones Unidas han cooperado con las fuerzas de distintas organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz en Georgia, Liberia, Sierra Leona y Tayikistán, y las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) trabajan junto al personal de las Naciones Unidas en Kosovo y en el Afganistán. Esto constituye una buena noticia en la medida en que en la actualidad la demanda mundial de misiones de paz supera la capacidad individual de cualquier agente en solitario, incluidas las Naciones Unidas. Las iniciativas emprendidas por distintos agentes regionales para desarrollar su propia capacidad de planificación, gestión y mantenimiento de operaciones de paz amplían las posibilidades de respuesta. Ello ha creado nuevas oportunidades para el desarrollo de un sistema más flexible

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y que esté en mejores condiciones de hacer frente al complejo desafío que plantea la violencia de los conflictos internos. Medidas coercitivas

Conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede tomar medidas coercitivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tales medidas van desde la imposición de sanciones económicas hasta la acción militar internacional. Sanciones

El Consejo de Seguridad ha recurrido a la imposición de sanciones obligatorias como instrumento coercitivo cuando la paz se ha visto amenazada y han fracasado las gestiones diplomáticas. En años recientes se han impuesto sanciones contra el Afganistán, Eritrea, Etiopía, la ex Yugoslavia, Haití, Irán, Irak, Liberia, Libia1, la República Democrática de Corea Rwanda, Sierra Leona, Somalia, el Sudán y las fuerzas de la UNITA en Angola. Las sanciones han adoptado diferentes modalidades, desde sanciones económicas y comerciales amplias hasta medidas más concretas, como los embargos de armas, la prohibición de viajes y deportes y las restricciones financieras o diplomáticas. La finalidad de las sanciones es presionar al Estado o entidad en cuestión para que cumpla con los objetivos dictados por el Consejo de Seguridad, sin tener que recurrir a la fuerza. Las sanciones ofrecen al Consejo de Seguridad un instrumento importante para hacer cumplir sus decisiones. Por su carácter universal, las Naciones Unidas son una entidad especialmente apropiada para establecer y controlar tales medidas. Sin embargo, muchos Estados y organizaciones humanitarias han expresado su inquietud por las posibles consecuencias negativas de las sanciones para los sectores más vulnerables de la población civil, como las personas de edad, los discapacitados, los refugiados y las mujeres con niños. También han sido motivo de preocupación los efectos adversos que dichas sanciones pueden tener en las economías de terceros países o en países vecinos, cuando se interrumpen las relaciones comerciales y económicas con el Estado sancionado.

1 El 16 de septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Transición solicitó a las Naciones Unidas a través del Servicio de Protocolo y Enlace que la denominación “Libia”, que se usaba solo en ciertos casos, informalmente, reemplazara como nombre oficial del país tanto a la forma extensa: República Árabe Libia Popular y Socialista, como a la abreviada: Jamahiriya Árabe Libia.

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Misiones políticas y de consolidación de la paz, en curso* • Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS, 1995) (53 civiles). • Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz del Oriente Medio (UNSCO, 1999) (58 civiles). • Oficina del Representante Especial del Secretario General para África Occidental (UNOWA) (2001) (25 civiles, 4 asesores militares). • Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA, 2002) (12 observadores militares, 4 policías, 1.973 civiles, 56 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Irak (UNAMI, 2003) (235 militares, 818 civiles) (Dotación autorizada: 1.014 efectivos). • Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi (BINUB, 2007) (4 observadores militares, 347 civiles, 43 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN, 2007) (72 observadores militares, 159 civiles, 19 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Líbano (UNSCOL, 2007) (76 civiles). • Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIPSIL, 2008) (66 civiles, 6 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Centro Regional de las Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central (UNRCCA, 2008) (20 civiles). • Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA, 2009) (5 asesores militares, 6 policías, 105 civiles, 4 Voluntarios de las Naciones Unidas). • Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS, 2010) (1 asesor militar, 90 civiles). * Datos correspondientes al 31 de diciembre de 2010.

En este sentido, existe un reconocimiento de que es necesario mejorar el planteamiento y la aplicación de las sanciones. Los efectos negativos podrían reducirse incorporando excepciones por motivos humanitarios directamente en las resoluciones del Consejo de Seguridad, o seleccionando mejor los objetivos que se buscan alcanzar. Así, han ganado adeptos las denominadas “sanciones inteligentes”, cuyo fin es presionar a quienes ejercen el poder, excluyendo a la población en general a fin de reducir los costos humanitarios. Las sanciones inteligentes pueden consistir, por ejemplo, en congelar los activos y

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bloquear las transacciones financieras de las elites u otras entidades políticas cuyas actividades ilícitas provocaron inicialmente la imposición de sanciones. Autorización de medidas militares

Cuando fracasan los esfuerzos para establecer la paz, el Capítulo VII de la Carta autoriza a los Estados Miembros a adoptar medidas más enérgicas. El Consejo de Seguridad ha autorizado a coaliciones de Estados Miembros a emplear “todos los medios necesarios”, incluso los militares, para hacer frente a un conflicto. Así lo hizo para restablecer la soberanía de Kuwait después de la invasión por el Irak (1991), para asegurar un entorno adecuado para las operaciones de socorro humanitario en Somalia (1992), para contribuir a la protección de los civiles en peligro en Rwanda (1994), para restablecer el Gobierno elegido democráticamente en Haití (1994), para proteger operaciones humanitarias en Albania (1997), para restaurar la paz y la seguridad en Timor Oriental (1999 y 2006) y para proteger a civiles en Libia2 (2011). Si bien esas medidas fueron sancionadas por el Consejo de Seguridad, su aplicación estuvo enteramente bajo el control de los Estados participantes. No se trató de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, ya que estas son establecidas por el Consejo de Seguridad y dirigidas por el Secretario General. Consolidación de la paz

Para las Naciones Unidas, la consolidación de la paz consiste en prestar asistencia a países y regiones en su transición de la guerra hacia la paz, incluyendo actividades y programas que tiendan a fortalecer esas transiciones. Un proceso de consolidación de la paz comienza normalmente con la firma de un acuerdo de paz por las partes beligerantes y la intervención de las Naciones Unidas para facilitar su aplicación. Ello puede implicar una función diplomática continuada por parte de las Naciones Unidas a fin de garantizar que las dificultades se superen mediante negociaciones, y no por las armas. También puede incluir diversos tipos de asistencia, como el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz, la repatriación

2 El 16 de septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Transición solicitó a las Naciones Unidas a través del Servicio de Protocolo y Enlace que la denominación “Libia”, que se usaba solo en ciertos casos, informalmente, reemplazara como nombre oficial del país tanto a la forma extensa: República Árabe Libia Popular y Socialista, como a la abreviada: Jamahiriya Árabe Libia.

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y reintegración de refugiados, la supervisión de elecciones y el desarme, la desmovilización y reinserción de los excombatientes. El objetivo principal de la consolidación de la paz es la construcción de un Estado nuevo y legítimo con capacidad para gestionar las controversias de manera pacífica, proteger a los civiles y garantizar el respeto de los derechos humanos. La consolidación de la paz incluye la adopción de medidas por parte de diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, las comisiones económicas regionales, las organizaciones no gubernamentales y los grupos locales de ciudadanos. La consolidación de la paz ha desempeñado un papel destacado en las operaciones de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, Camboya, El Salvador, Guatemala, Kosovo, Liberia, Mozambique y más recientemente en el Afganistán, Burundi, el Irak, Sierra Leona y Timor-Leste. Un ejemplo reciente de consolidación de la paz entre Estados ha sido la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea. Asistencia electoral

Las Naciones Unidas realizaron una actividad inédita en 1989, cuando supervisaron en su totalidad el proceso electoral que condujo a la independencia de Namibia. Desde entonces, a petición de los gobiernos respectivos, han prestado asistencia electoral en países como Nicaragua (1990), Angola (1992), Camboya (1993), El Salvador, Sudáfrica y Mozambique (1994), Eslavonia Oriental (Croacia) (1997), la República Centroafricana (1998 y 1999), Afganistán (2004, 2005 y 2010), Irak (2005 y 2010), Liberia (2005), Haití (2006 y 2010), la República Democrática del Congo (2006) y CÔte d’Ivoire (2010). También actuaron como observadores del referéndum sobre la independencia de Eritrea en 1993, y organizaron y llevaron a cabo una consulta popular en 1999 en Timor Oriental, así como las elecciones de 2001 y 2002, que dieron como resultado la independencia de Timor Oriental —que pasó a llamarse Timor-Leste—, y más tarde, también sus elecciones de 2007. El grado y el tipo de participación de las Naciones Unidas dependen de factores como las solicitudes hechas por los gobiernos, las disposiciones de los acuerdos de paz o los mandatos de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas han desempeñado diversas funciones, desde la asistencia técnica hasta la gestión de procesos electorales, y muchas veces la coordinación de las actividades de los observadores internacionales. Por lo general, en esas observaciones se supervisa la inscripción de votantes, la campaña electoral y la organización de los comicios.

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Misiones políticas y de consolidación de la paz, en curso UNOWA África Occidental

BINUCA República Centroafricana UNPOS Somalia

UNSCO Oriente Medio

UNIPSIL Sierra Leona Mapa No. 4147 Rev. 35(E) Naciones Unidas Enero 2011

UNAMI Irak

UNIOGBIS Guinea-Bissau

UNRCCA Asia Central

BNUB Burundi

UNAMA* Afganistán

UNSCOL Líbano

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno Sección de Cartografía

* Misión dirigida y apoyada por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz

Desde 1992, las Naciones Unidas han proporcionado diversos tipos de asistencia electoral a más de 100 países, incluidos servicios de asesoramiento, logística, capacitación, educación cívica, aplicaciones informáticas y seguimiento a corto plazo. La División de Asistencia Electoral del Departamento de Asuntos Políticos (www.un.org/depts/dpa) coordina la labor de asistencia electoral del sistema de las Naciones Unidas. En los últimos años han sido cada vez más frecuentes los pedidos de asistencia a la División para que preste apoyo y orientación a los procesos electorales, como un elemento fundamental en las negociaciones de paz en las que intervienen las Naciones Unidas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presta asistencia técnica al proceso electoral, ayuda a los países a establecer estructuras electorales y coordina la asistencia electoral de las Naciones Unidas sobre el terreno. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para los Derechos Humanos contribuye a capacitar a los funcionarios encargados de las elecciones, a establecer directrices para la redacción de normas y procedimientos electorales y a emprender actividades de información sobre los derechos humanos.

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Consolidación de la paz mediante el desarrollo

Las Naciones Unidas intentan consolidar la paz mediante la asistencia para el desarrollo. Muchos de sus organismos, como el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desempeñan funciones relevantes en la fase de recuperación, cuando es crucial brindar oportunidades a las personas desplazadas y restablecer la confianza en las instituciones nacionales y locales. Las Naciones Unidas contribuyen a repatriar refugiados, remover minas terrestres, reparar la infraestructura, movilizar recursos y estimular la recuperación económica. Así como la guerra es el peor enemigo del desarrollo, un progreso sano y equilibrado es la mejor forma de prevenir los conflictos. Actividades de las Naciones Unidas en pro de la paz África

África es una de las principales áreas de acción de las Naciones Unidas (véase www.un.org/africa/osaa). La Organización ha debido enfrentar los retos planteados en el continente por antiguos y prolongados conflictos y disputas, y lo ha hecho de una manera innovadora y al más alto nivel. En su Declaración del Milenio de septiembre de 2000, los líderes mundiales resolvieron dar pleno apoyo a África, incluyendo medidas especiales, para ayudar a resolver los problemas del continente relativos a la paz y el desarrollo. África meridional

A finales de los años ochenta, cuando ya llegaba a su término la guerra fría, las Naciones Unidas cosecharon por fin los frutos de muchos años de esfuerzos por poner un freno a las guerras que habían asolado al África meridional. Un factor decisivo en esos esfuerzos fue el ocaso del régimen del apartheid en Sudáfrica, cuya influencia llegaba hasta los Estados fronterizos de “primera línea”, y que había apoyado a las fuerzas de oposición en Angola y Mozambique. En 1988, Sudáfrica se comprometió a cooperar con el Secretario General para asegurar la independencia de Namibia. En 1992, el Gobierno de Mozambique y la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) firmaron un acuerdo de paz para poner fin a la larga y desgastante guerra civil. Como parte del acuerdo, la Operación de las Naciones Unidas en Mozambique, desplegada en 1993, supervisó exitosamente el cese del fuego, la desmovilización de las fuerzas y las primeras elecciones multipartidarias del país, que se celebraron en 1994.

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África, prioridad de las Naciones Unidas Entre las actividades que las Naciones Unidas han llevado a cabo en África a lo largo de los años cabe destacar la campaña contra el apartheid en Sudáfrica, el firme apoyo dado a la independencia de Namibia y las 25 operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas en distintos países del continente. En un informe de 1998 sobre las causas de los conflictos en África, el Secretario General instó a los países africanos a que hicieran uso de los cauces políticos en vez de recurrir a la respuesta militar; que adoptaran un buen gobierno, respetaran los derechos humanos e impulsaran la democratización y una administración pública responsable, y que pusieran en marcha reformas para promover el crecimiento económico. Posteriormente, el Consejo de Seguridad aprobó varias resoluciones sobre el efecto desestabilizador del ingreso y la circulación ilícita de armas, los embargos de estas y la prevención de los conflictos en África. En 2010, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de la Unión Africana en Somalia, y los de las misiones de la ONU, entre otros, en Costa de Marfil, Guinea-Bissau, la República Democrática del Congo, Sierra Leona y el Sudán. Los Estados fueron autorizados además para intervenir en los actos de piratería frente a las costas de Somalia. El Secretario General y sus representantes especiales, asesores y enviados personales continúan participando activamente en la labor de las Naciones Unidas en África, y las Naciones Unidas siguen trabajando en estrecha colaboración con la Unión Africana y con organizaciones subregionales, como la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC). La Oficina del Asesor Especial para África (www.un.org/africa/osaa) trabaja para incrementar el apoyo internacional al desarrollo y la seguridad en África, mejorar la coordinación del apoyo que presta el sistema de las Naciones Unidas y facilitar el debate mundial sobre la región, en particular en lo que respecta al marco estratégico aprobado por los dirigentes africanos en 2001: la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD).

En Angola, una guerra civil intermitente pero devastadora entre el Gobierno y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) venía asolando el país desde su independencia de Portugal en 1975. Las Naciones Unidas desempeñaron una importante función en la solución del conflicto mediante actividades como la mediación del

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Secretario General y sus enviados, la concertación de negociaciones de paz, la imposición por el Consejo de Seguridad de un embargo de armas y de petróleo, así como de restricciones de viaje contra las fuerzas de la UNITA, y finalmente supervisando las elecciones nacionales. Desde 1989 hasta 2003, el Consejo de Seguridad envió a Angola sucesivas misiones políticas y de mantenimiento de la paz. Después de muchos años de activa participación de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para fomentar la paz en el país, la larga guerra de Angola llegó a su fin cuando el fundador y líder de la UNITA, Jonas Savimbi, fue muerto en combate en febrero de 2002. La UNITA y el Gobierno acordaron un cese del fuego en marzo del mismo año. En agosto, la Misión de las Naciones Unidas a Angola (MONUA) recibió el mandato de ayudar al Gobierno a celebrar elecciones, promover los derechos humanos, fomentar el imperio de la ley, apoyar la reintegración de los soldados desmovilizados e impulsar la recuperación económica. En diciembre de 2002, el Consejo de Seguridad levantó las sanciones que había impuesto a la UNITA. En 2003, la MONUA fue disuelta y la responsabilidad por las actividades restantes fue transferida a la Oficina (reforzada) del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. La región de los Grandes Lagos de África

Rwanda. La presencia de las Naciones Unidas en Rwanda data de 1993, cuando Rwanda y Uganda solicitaron que fueran desplegados observadores militares a lo largo de su frontera común para evitar que el Frente Patriótico Rwandés (FPR) utilizase esa zona con fines militares. En consecuencia, el Consejo de Seguridad organizó la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Rwanda (UNOMUR). Las hostilidades habían estallado en Rwanda en 1990, entre el Gobierno, integrado mayoritariamente por los hutus, y el FPR, dirigido por los tutsis, que operaba desde Uganda. En 1993 se logró un acuerdo de paz, que disponía el establecimiento de un gobierno de transición y la celebración de elecciones. A petición de las partes, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR) a fin de ayudar a las partes a aplicar el acuerdo. Pero a comienzos de abril de 1994, el fallecimiento de los Presidentes de Rwanda y de Burundi en un accidente aéreo causado por ataques con misiles dio lugar a varias semanas de olas de matanzas intensas y sistemáticas, por parte de las Fuerzas Armadas y las milicias dominadas por los hutus, que tenían como objetivo exterminar a los tutsis y a los hutus moderados. La UNAMIR trató, sin éxito, de lograr una cesación del fuego, y cuando

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varios países retiraron unilateralmente sus contingentes, el Consejo de Seguridad redujo el personal de la UNAMIR de 2.548 a 270. No obstante, la Misión consiguió proteger a miles de rwandeses. En mayo, el Consejo impuso un embargo de armas contra Rwanda y amplió la UNAMIR a 5.500 efectivos, aunque los Estados Miembros demoraron varios meses en aportar las tropas adicionales. En julio, las fuerzas del FPR asumieron el control de Rwanda, se puso fin a la guerra civil y se estableció un gobierno de base amplia. De una población de 7,9 millones de habitantes perecieron alrededor de 800.000 personas, cerca de dos millones huyeron a otros países y al menos dos millones más quedaron desplazadas dentro del país. El llamamiento efectuado por las Naciones Unidas permitió recaudar 762 millones de dólares para hacer frente al extraordinario desafío humanitario que entrañaba la situación. El fin de la guerra civil derivó en que grandes contingentes de hutus rwandeses buscaran refugio en el Zaire oriental, la actual República Democrática del Congo (RDC). Entre ellos había grupos armados que habían estado implicados en el genocidio, y que comenzaron a lanzar ataques contra la vecina Rwanda. Finalmente, Uganda y Rwanda entraron en la República Democrática del Congo alegando estar preocupadas por la seguridad, ya que allí se encontraban refugiados ex milicianos hutus responsables del genocidio de 1994. Después de intensos esfuerzos diplomáticos por parte de las Naciones Unidas, la Organización para la Unidad Africana (OUA) y la región, se firmó el Acuerdo de cesación del fuego de Lusaka y poco después el Consejo de Seguridad estableció la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). En julio de 2002, Rwanda y la República Democrática del Congo acordaron el retiro de las tropas rwandesas de la RDC y el desmantelamiento de las milicias hutus, en un notable cambio de rumbo hacia la paz y la estabilidad en la región. En 2003, la MONUC repatrió voluntariamente alrededor de 900 combatientes rwandeses, y las personas a su cargo. Ese mismo año se aprobó por referéndum una nueva Constitución y se celebraron las primeras elecciones parlamentarias multipartidarias desde la independencia en 1962. Para conmemorar el décimo aniversario del genocidio, la Asamblea General declaró el 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 2004 en Rwanda. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR) fue establecido por el Consejo de Seguridad para juzgar a los responsables de genocidio y crímenes de guerra. Al término de 2010, el Tribunal había dictado

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autos de acusación contra 92 personas y emitido 42 fallos contra 52 acusados. Había 22 detenidos procesados, dos esperando el juicio y 10 cuyas causas se encontraban pendientes de apelación; 11 acusados se hallaban prófugos. El ex Presidente Jean Kambanda fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. Burundi. Las Naciones Unidas han participado en los esfuerzos para superar la situación de crisis en Burundi, donde un conflicto interno de larga data condujo en 1993 a un intento de golpe de Estado en el que resultaron muertos el primer Presidente democráticamente elegido del país, de etnia hutu, y seis ministros. Ello desencadenó una lucha entre facciones que provocó la muerte de muchísimas personas en los tres años siguientes. En 1996, el Gobierno establecido dos años antes en virtud de un acuerdo entre la mayoría hutu y la minoría tutsi fue depuesto en un golpe militar dirigido por los tutsis. A medida que se intensificaba la lucha entre el Ejército, en su mayoría tutsi, y los rebeldes hutus, alrededor de 500.000 personas fueron trasladadas por la fuerza a “campamentos de reagrupación”, y 300.000 huyeron a Tanzanía. Después del establecimiento de una Constitución de transición en 1998, sobre la base de una asociación política entre hutus y tutsis, en noviembre de 2001 un Gobierno y un Parlamento de transición iniciaron sus funciones. Hacia mediados de 2003 se habían firmado acuerdos de cese del fuego con tres de las principales facciones beligerantes, y la Unión Africana había autorizado el despliegue de la Misión Africana en Burundi (AMIB), integrada por 3.500 efectivos. A finales de abril, en mitad del período de transición, un Presidente hutu y un Vicepresidente tutsi prestaron juramento. Sin embargo, los ataques continuaron en Bujumbura, la capital de Burundi. De las 17 provincias del país, 16 padecían enfrentamientos esporádicos, saqueos y bandolerismo armado, lo que obligó a las Naciones Unidas a retirar de Bujumbura a su personal no esencial. Con todo, las prolongadas gestiones de Sudáfrica y otros países de la región condujeron, en noviembre de 2003, a la firma de un acuerdo de cesación del fuego. Finalmente, había una esperanza de paz, después de una década de luchas civiles que dejó entre 250.000 y 300.000 muertos. La AMIB había desempeñado un papel fundamental para que esa paz fuera posible. Sin embargo, la Misión adolecía de una seria escasez de fondos y de apoyo logístico, y la Unión Africana solicitó a las Naciones Unidas que se hicieran cargo de ella. En mayo de 2004, el Consejo de Seguridad, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones

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Unidas, autorizó el despliegue de la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB), constituida inicialmente por las fuerzas existentes de la AMIB. Más de 2.000 efectivos de la AMIB se convirtieron en fuerza de las Naciones Unidas. En 2005 se celebró un referéndum sobre la Constitución para el período posterior a la transición, que fue seguido en junio por la celebración de elecciones comunales y en agosto por la elección del primer Presidente posterior a la transición. En septiembre se firmó un acuerdo de cese del fuego, cese que las Naciones Unidas contribuyeron a consolidar. En enero de 2007, la ONUB fue sustituida por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi (BINUB), con la finalidad de apoyar el proceso de consolidación de la paz y ayudar al Gobierno a fortalecer las instituciones nacionales, entrenar a la policía, profesionalizar las fuerzas nacionales de defensa, completar el proceso de desmovilización y reintegración de los excombatientes, proteger los derechos humanos, reformar la justicia y el sector jurídico e impulsar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En enero de 2011, la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi (BNUB) reemplazó a la BINUB. República Democrática del Congo (RDC). Después del genocidio de 1994 en Rwanda y el establecimiento de un nuevo gobierno en ese país, alrededor de 1,2 millones de refugiados hutus rwandeses —entre ellos algunos elementos que habían participado en el genocidio— huyeron a la vecina provincia de Kivu, en la República Democrática del Congo (antes Zaire). En 1996 se desencadenó en la zona una rebelión que enfrentó a las fuerzas rebeldes dirigidas por Laurent Desiré Kabila contra el ejército del Presidente Mobutu Sese Seko. Las fuerzas de Kabila, con ayuda de Rwanda y Uganda, tomaron la ciudad capital de Kinshasa en 1997 y dieron al país el nombre de República Democrática del Congo. En 1998 comenzó una rebelión contra el Gobierno de Kabila en la región de los Kivus, encabezada por la Coalición Congoleña para la Democracia. En pocas semanas los rebeldes habían conquistado extensas zonas del país. Angola, Chad, Namibia y Zimbabwe prometieron apoyo militar al Presidente Kabila, pero los rebeldes mantuvieron su dominio sobre las regiones orientales. Rwanda y Uganda apoyaban al movimiento rebelde. El Consejo de Seguridad exhortó a la cesación del fuego y a que se retiraran las fuerzas extranjeras. A comienzos de 1999, la República Democrática del Congo, junto con Angola, Namibia, Rwanda, Uganda y Zimbabwe, firmó el acuerdo de cese del fuego de Lusaka, que también disponía la celebración de un diálogo intercongoleño. La Coalición

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Congoleña para la Democracia y el Movimiento de Liberación del Congo firmaron el acuerdo en agosto. Más tarde, el Consejo estableció la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), a fin de contribuir a la aplicación de los términos del acuerdo. En enero de 2001, el Presidente Kabila fue asesinado y sucedido en el cargo por su hijo Joseph Kabila. En abril, un panel de expertos convocado por el Consejo de Seguridad informó de que el conflicto en la República Democrática del Congo estaba causado principalmente por el acceso de los ejércitos extranjeros a los ricos recursos minerales del país. Esos ejércitos explotaban cinco minerales fundamentales —los diamantes, el cobre, el cobalto, el oro y el coltan (un componente de los procesadores electrónicos utilizados en los teléfonos móviles y las computadoras portátiles)—, en tanto que varias empresas habían intercambiado armas por recursos naturales. En mayo, el Presidente Joseph Kabila anunció el levantamiento de la prohibición de los partidos políticos, y en octubre comenzó en Addis Abeba el esperado diálogo intercongoleño. En julio de 2002 se firmó un acuerdo entre los gobiernos de la República Democrática del Congo y Rwanda sobre la retirada de los efectivos de Rwanda de la República Democrática del Congo. En septiembre se alcanzó un acuerdo similar entre la República Democrática del Congo y Uganda. Sin embargo, en octubre, el inicio de nuevos combates en la zona oriental de la República Democrática del Congo amenazó con desestabilizar todo el país. Hacia fines de año, las partes en conflicto, con la mediación de las Naciones Unidas y de Sudáfrica, acordaron constituir un gobierno de transición. El Consejo de Seguridad aumentó el número de efectivos de la MONUC a 8.700 y extendió su presencia hacia la zona oriental. No obstante, los combates no tardaron en reanudarse en la región sur de Kivu, generando enormes corrientes de refugiados. Finalmente, en mayo de 2003 las partes firmaron un acuerdo de cese del fuego para la región de Ituri. La MONUC siguió patrullando Bunia, la capital de la provincia de Ituri, tratando de suavizar las tensiones étnicas y de tranquilizar a la población local, aterrorizada por la brutal lucha interétnica por el poder, caracterizada por la práctica sistemática de asesinatos y violaciones. Después del cese del fuego, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia en Bunia, para que ayudara a estabilizar la situación. En junio de 2003, el Gobierno y las principales facciones opositoras del país firmaron un acuerdo sobre condiciones militares y de seguridad, y posteriormente se instauró un gobierno compartido de unidad nacional y transición, encabezado por

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el Presidente Kabila. El Consejo de Seguridad incrementó la fuerza militar de la MONUC a 10.800 efectivos. De acuerdo con el Capítulo VII de la Carta, autorizó a la Misión a emplear la fuerza para cumplir su mandato en Ituri y en las regiones norte y sur de Kivu. En septiembre, la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia traspasó a la MONUC su responsabilidad en materia de seguridad. El país celebró en julio de 2006 las primeras elecciones libres y limpias en 46 años, y eligió por sufragio a los 500 diputados que habrían de constituir su Asamblea Nacional. Tras la segunda ronda de las elecciones presidenciales, celebrada el 29 de octubre, el Presidente Joseph Kabila fue declarado vencedor. Este proceso electoral constituyó uno de los comicios más complejos que las Naciones Unidas hayan ayudado a organizar en toda su historia. Por medio de la MONUC, las Naciones Unidas continuaron participando activamente en las gestiones dirigidas a tratar de solucionar el conflicto en la provincia de Kivu del Norte, entre el Ejército nacional y las fuerzas disidentes. En 2007, las Naciones Unidas facilitaron un acuerdo entre la República Democrática del Congo y Rwanda para hacer frente al peligro que representaban para la región los grupos armados locales y extranjeros que aún operaban en la zona oriental de la República Democrática del Congo, entre ellos, antiguos integrantes de las milicias hutus (Interahamwe) y de las Fuerzas Armadas Rwandesas (ex FAR). En octubre de 2008, fuerzas de la Coalición Congoleña para la Democracia capturaron un importante campamento militar, estratégicamente situado en el camino hacia la ciudad de Goma, para utilizarlo como base de sus ataques. Alrededor de la base de las Naciones Unidas en Goma estallaron disturbios cuando el Ejército nacional debió retroceder ante la presión de la coalición. Se utilizaron vehículos blindados de las Naciones Unidas para detener el avance de los rebeldes sobre la ciudad, y desde Goma se desplegaron fuerzas de mantenimiento de la paz en la zona norte de Kivu. Las Naciones Unidas actuaron para impedir que la población sufriera aún más, y en noviembre el Consejo de Seguridad resolvió por unanimidad ampliar la fuerza de consolidación de la paz en la región con 3.085 soldados adicionales, mencionando su “extrema preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y en particular los ataques dirigidos contra la población civil, la violencia sexual, el reclutamiento de niños soldados y las ejecuciones sumarias”. A fines de 2009 la MONUC envió fuerzas para el mantenimiento de la paz a la provincia de Ubangi del Sur, donde había estallado un nuevo conflicto, con el propósito de proteger a la población. En julio de 2010

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la MONUC se transformó en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), como reflejo de la nueva fase en que había ingresado el país. El Consejo decidió que, además de sus componentes civiles y judiciales, la MONUSCO incluiría personal militar hasta un máximo de 19.815 efectivos, 760 observadores militares, 391 policías y 1.050 miembros de unidades de policía. Según cómo evolucione la situación, la MONUSCO podría reconfigurarse de modo que incluyera el completamiento de las operaciones militares en Kivu Norte y Sur, y en las provincias orientales, mejorar la capacidad del Gobierno de proteger a la población, y la consolidación de la autoridad del Estado en todo el territorio de la República Democrática del Congo. República Centroafricana. El conflicto en la República Centroafricana se inició con una serie de motines protagonizados por soldados, a mediados de los años noventa. En 1998, las Naciones Unidas establecieron la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINURCA), una operación de mantenimiento de la paz con el mandato de prestar ayuda para mejorar la seguridad en la capital, Bangui. En febrero de 2000 se creó la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BONUCA), tras la retirada de la MINURCA. En mayo de 2001 se logró detener un intento de golpe de Estado. Dos años más tarde, en marzo de 2003, un grupo de militares rebeldes tomó el poder por la fuerza y destituyó al Presidente elegido. El Consejo de Seguridad condenó el golpe e hizo hincapié en que las autoridades de Bangui debían elaborar un plan para el diálogo nacional que fijara un plazo para celebrar elecciones. Un proceso de diálogo nacional condujo a dos rondas de elecciones legislativas y presidenciales en marzo y mayo de 2005, respectivamente. En la segunda vuelta resultó triunfador el General François Bozizé, que había encabezado el golpe de Estado, con el 64,6% de los votos. La recién elegida Asamblea Nacional celebró su primer período de sesiones ordinarias a mediados de 2006. La Misión de las Naciones Unidas desempeñó un papel relevante en la firma del Acuerdo Global de Paz de 2008, entre el Gobierno y los tres principales grupos rebeldes. Además, facilitó la celebración del Diálogo Político Incluyente, en diciembre de 2008, entre el Gobierno, dirigentes de grupos rebeldes, opositores políticos exiliados, la sociedad civil y otras partes interesadas. El Diálogo exhortó a la creación de un gobierno de unidad nacional; la celebración de elecciones municipales, legislativas y presidenciales; la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación,

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y el lanzamiento de un programa para el desarme, la desmovilización y la reintegración de los antiguos combatientes. La Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) fue establecida por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2007, para contribuir a la protección de los civiles y fomentar el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley y la paz de la región. En enero de 2009, el Consejo autorizó el despliegue de un componente militar de la MINURCAT para continuar la labor de EUFOR, la fuerza militar de la Unión Europea, cuyo mandato estaba por concluir. (El mandato de la MINURCAT finalizó el 31 de diciembre de 2010.) También en 2009, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA) sucedió a la BONUCA. La nueva Oficina de Consolidación de la Paz concentra sus esfuerzos en impulsar la aplicación de los diversos acuerdos y compromisos frente a los persistentes desafíos, como los recurrentes estallidos de violencia en la zona noreste del país. Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos. Habida cuenta de la importante dimensión regional de los conflictos que afectaban a los países de los Grandes Lagos, el Consejo de Seguridad, tras el genocidio que vivió Rwanda en 1994, solicitó la convocatoria a una conferencia internacional sobre la región. A finales de los años noventa se estableció la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la Región de los Grandes Lagos, que desempeñó un papel esencial en la promoción del diálogo y que junto con la Unión Africana funcionó como Secretaría Conjunta de la Conferencia. La primera Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos se celebró en Dar es Salaam (Tanzanía) en noviembre de 2004. Los 11 Jefes de Estado y de Gobierno de la región que habían participado en esa Conferencia —Angola, Burundi, el Congo, Kenia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Rwanda, Sudán, Tanzanía, Uganda y Zambia— volvieron a reunirse nuevamente en diciembre de 2006 para firmar el Pacto sobre la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la región de los Grandes Lagos, concluyendo así un proceso diplomático iniciado cuatro años atrás. El Pacto proporciona un marco para que los signatarios puedan determinar colectivamente los problemas fundamentales que aquejan a la región y formular planes para hacerles frente. En 2008, tras la reanudación de las hostilidades en gran escala entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y rebeldes en

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la región, el Secretario General de las Naciones Unidas designó como Enviado Especial en la Región de los Grandes Lagos al ex Presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, con el mandato de ayudar a poner fin a la crisis en la parte oriental de la República Democrática del Congo mediante el diálogo con los gobiernos de la región, en particular con los de la República Democrática del Congo y Rwanda, restablecer la confianza mutua y ayudar a los países de los Grandes Lagos a enfrentar los retos a la paz, la seguridad y el desarrollo en la región. El Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas (DAP) creó una oficina en Nairobi para asistir al Enviado Especial y a su “cofacilitador”, el ex Presidente de Tanzanía Benjamín Mkapa, a quienes los Jefes de Estado de la región pidieron que interpusieran sus “buenos oficios” a fin de resolver el conflicto en nombre de la región, la Unión Africana y las Naciones Unidas. Los cofacilitadores colaboraron estrechamente con la Misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, MONUSCO, así como con el Enviado Especial para las Áreas Afectadas por el Ejército de Resistencia del Señor, el ex Presidente de Mozambique Joaquim Chissano. Con el auspicio de los cofacilitadores, en 2009 se firmaron acuerdos de paz entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), así como entre el Gobierno y otros grupos armados de Kivu del Norte y Kivu del Sur. En ellos se establece la transformación del CNDP y demás grupos armados en partidos políticos, la liberación de los presos políticos, la promoción de la reconciliación nacional, la creación de comités permanentes de conciliación local, el regreso de los refugiados y los desplazados internos y la reforma de las instituciones de servicio público y de seguridad. Mucho de lo estipulado en estos acuerdos se han cumplido, aunque no todo. La aplicación de los acuerdos es supervisada por un Comité Nacional de Seguimiento, que colabora estrechamente con los representantes del DAP, los cofacilitadores y la MONUSCO. Sobre la base de las recomendaciones del Enviado Especial en su informe final al Secretario General, de marzo de 2010, en junio de ese año se clausuró la Oficina del Enviado Especial en Nairobi. La MONUSCO y el DAP continúan supervisando la aplicación de los acuerdos. África occidental

Una misión interinstitucional de las Naciones Unidas visitó 11 países del África Occidental en marzo de 2001. En su recomendación señaló que la mejor manera de abordar los graves problemas políticos, económicos y

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sociales entrelazados a los que se enfrentaban los países del África occidental sería por medio de una estrategia subregional integrada, en la que participaran las Naciones Unidas y sus asociados. En 2001, el Secretario General decidió establecer la Oficina del Representante Especial del Secretario General para el África occidental (UNOWA) (www.un.org/unowa), para promover ese enfoque integrado. Basada en Dakar (Senegal), inició sus actividades en 2002. La UNOWA es la primera oficina regional de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz. Lleva a cabo funciones de buenos oficios y tareas especiales en los países del África Occidental, sirve de enlace con las organizaciones subregionales e informa a la Sede de las Naciones Unidas sobre aspectos clave para el desarrollo. El Representante Especial ha participado estrechamente en las gestiones internacionales dirigidas a resolver conflictos como los de Côte d’Ivoire y Liberia. La UNOWA trabaja para enfrentar los desafíos transfronterizos, como los mercenarios, los niños combatientes, la proliferación de armas pequeñas, la reforma del sector de seguridad, la democratización, la integración económica, el desempleo juvenil y la cooperación transfronteriza. También ha organizado reuniones regionales con miras a armonizar programas para el desarme, la desmovilización y la reintegración de antiguos combatientes. El Representante Especial es también Presidente de la Comisión Mixta Camerún-Nigeria, creada por el Secretario General a pedido de los Presidentes de Nigeria y del Camerún para examinar todos los aspectos de la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera entre ambos países. Las relaciones entre el Camerún y Nigeria habían sido tensas durante algún tiempo debido a controversias relativas a los 1.600 kilómetros de su frontera terrestre, desde el Lago Chad hasta la península de Bakassi, con una frontera marítima en el Golfo de Guinea. Las controversias incluían derechos sobre tierras y reservas marítimas ricas en petróleo, así como el destino de las poblaciones locales. Las tensiones desembocaron en una confrontación militar a finales de 1993, cuando Nigeria desplegó efectivos militares en la península de Bakassi, de 1.000 kilómetros cuadrados de extensión. En 1994, el Camerún sometió la controversia fronteriza a la Corte Internacional de Justicia. La Corte emitió su fallo en octubre de 2002 y la Comisión Mixta celebró su primera reunión en diciembre; desde entonces se reunió cada dos meses, alternativamente en Yaundé (Camerún) y en Abuja (Nigeria). En 2006, los Presidentes de ambos países firmaron un acuerdo para poner fin a la controversia fronteriza sobre la península de Bakassi, tras las intensas gestiones de mediación llevadas a cabo por el Secretario General. Hacia mediados de

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agosto, Nigeria había retirado todas sus tropas y traspasado oficialmente la autoridad de la región al Camerún. En 2007 ambas partes acordaron la delineación de la frontera marítima entre los dos países, resolviendo con ello las cuatro secciones del fallo de la Corte. Los avances en la demarcación de la frontera terrestre común, continuaron bajo la supervisión de la Comisión Mixta. Se estima que la tarea será concluida en 2012. Côte d’Ivoire. En diciembre de 1999, el General Robert Guei derrocó al Gobierno de Côte d’Ivoire y se programaron nuevas elecciones presidenciales para octubre de 2000. Consciente de que perdería en las urnas frente a Laurent Gbagbo, el dirigente del Frente Popular de Côte d’Ivoire, Guei declaró su victoria a finales de octubre. Se le había prohibido a Alassane Ouattara, dirigente de la Coalición Democrática de los Republicanos, que se presentase como candidato a las elecciones con arreglo a las disposiciones de la ley de nacionalidad y las condiciones de elegibilidad, ambas nuevas y controvertidas. Mientras miles de personas se manifestaban contra la medida de Guei en Abidján, Laurent Gbagbo se declaró Presidente, y Guei abandonó la ciudad. Hubo enfrentamientos violentos en las calles de la capital entre los partidarios de Gbagbo, los que apoyaban a Ouattara y las fuerzas de seguridad, y en ellos murieron cientos de personas. Una comisión independiente establecida por el Secretario General concluyó con posterioridad que las fuerzas de seguridad habían reprimido a los manifestantes y participado en las matanzas. Bajo la dirección del ex Primer Ministro Seydou Diarra se inició un proceso de reconciliación nacional y en agosto de 2002 el Presidente Gbagbo constituyó un nuevo gobierno de base amplia. Sin embargo, las tensiones continuaron y en septiembre un grupo de militares intentó un golpe de Estado y ocupó el norte del país. El intento de golpe derivó en una división de hecho del país, del que el Gobierno sólo controlaba el sur. Los combates dieron lugar a desplazamientos masivos. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) estableció una fuerza de mantenimiento de la paz para supervisar el acuerdo de cesación del fuego entre el Gobierno y uno de los grupos rebeldes. En enero de 2003, el Gobierno y los grupos rebeldes restantes también firmaron un acuerdo de cese del fuego. Se logró así un acuerdo de paz, que incluía el establecimiento de un gobierno de reconciliación nacional. El Presidente Gbagbo estableció el Gobierno de reconciliación nacional en marzo, y dos meses más tarde las Fuerzas Armadas Nacionales de Côte d’Ivoire y las Forces Nouvelles —fuerzas

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constituidas por efectivos de los tres grupos rebeldes— firmaron un acuerdo de cesación del fuego. Luego, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (MINUCI), dotada de 76 oficiales militares de enlace y un componente civil, con el mandato de facilitar la aplicación del acuerdo. Sin embargo, en septiembre las Forces Nouvelles rechazaron los ministros de defensa y seguridad interna nombrados por el Presidente Gbagbo y se retiraron del Gobierno. También protestaron porque el Presidente no había delegado suficientes facultades en el Primer Ministro y en el Gobierno de reconciliación nacional. En respuesta a esta situación, a comienzos de 2004 el Consejo de Seguridad estableció la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI) y solicitó al Secretario General que transfiriera a la ONUCI la autoridad de las fuerzas de la MINUCI y de la CEDEAO, y autorizó a las fuerzas francesas a emplear todos los medios necesarios para apoyar a la nueva Misión, que contaba con una dotación máxima autorizada de 6.420 efectivos militares y un amplio mandato. La situación siguió siendo problemática, pero se consiguieron algunos avances positivos. En abril de 2005, el Gobierno y las Forces Nouvelles rebeldes comenzaron a retirar sus armas de la línea del frente, una zona bajo el control de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONUCI y las fuerzas francesas autorizadas por las Naciones Unidas. En junio, el Consejo de Seguridad amplió la ONUCI con el fin de impedir que se deteriorase la situación en el país. Hacia fines de año, el Presidente Gbagbo accedió a nombrar un nuevo primer ministro provisional con más facultades, como había propuesto la Unión Africana, con el respaldo del Consejo. En marzo de 2007 el Presidente Gbagbo y el Secretario General de las Forces Nouvelles, Guillaume Soro, firmaron el Acuerdo de Uagadugú, que estipulaba la creación de un nuevo gobierno de transición, la celebración de elecciones presidenciales libres y limpias, la fusión de las Forces Nouvelles y las fuerzas de defensa y seguridad nacionales, el desmantelamiento de las milicias, el desarme de los excombatientes y la sustitución de la llamada “zona de confianza” —que separaba el Sur controlado por el Gobierno del Norte controlado por los rebeldes— por una “línea verde”, bajo la supervisión de la ONUCI. El Sr. Soro se convirtió en Primer Ministro, y los principales partidos políticos del país aprobaron un código de buena conducta para las siguientes elecciones generales. En noviembre de 2010, la Comisión Electoral Independiente declaró vencedor a Alassane Ouattara, con más del 54% de los votos. Sin embargo, el Presidente del Consejo Constitucional

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afirmó que esos resultados no eran válidos y declaró vencedor a Laurent Gbagbo. Tanto Gbagbo como Ouattara se declararon triunfadores y prestaron juramento como presidentes. Las Naciones Unidas, la Unión Africana, la CEDEAO, la Unión Europea y la mayoría de los Estados reconocieron a Ouattara como Presidente electo y pidieron a Gbagbo que desistiera. Gbagbo se negó y ordenó a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que abandonaran el país. El Consejo de Seguridad extendió el mandato de la UNOCI hasta finales de junio de 2011, y además decidió enviar 2.000 soldados adicionales. El Banco Mundial suspendió los préstamos al país y se impusieron restricciones a los movimientos de Gbagbo y sus aliados. Liberia. En 1997, tras ocho años de guerra civil, se estableció en Liberia un gobierno elegido democráticamente y se creó la Oficina de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Liberia (UNOL). Sin embargo, en 1999 se enfrentaron las fuerzas gubernamentales y el grupo rebelde Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia (LURD). A principios de 2003 surgió un nuevo grupo armado en la región occidental, el Movimiento para la Democracia en Liberia (MODEL). En mayo de 2003, las fuerzas rebeldes controlaban el 60% del país. Al tiempo que las partes se reunían en Accra (Ghana) para celebrar las conversaciones de paz patrocinadas por la CEDEAO, el Tribunal Especial para Sierra Leona, respaldado por las Naciones Unidas, anunció que había abierto un proceso contra el Presidente Taylor por crímenes de guerra en Sierra Leona durante sus diez años de guerra civil. El Presidente ofreció retirarse del proceso de paz. Transcurridas apenas dos semanas, el Gobierno, el LURD y el MODEL firmaron un acuerdo de cese del fuego, con miras a alcanzar un acuerdo general de paz en el plazo de treinta días; además se pactó la constitución de un gobierno de transición sin el Presidente Taylor. Pese a esos auspiciosos acontecimientos, la lucha se intensificó y, en consecuencia, la CEDEAO decidió enviar una fuerza de vanguardia de más de 1.000 soldados. Las Naciones Unidas y otros organismos de socorro comenzaron rápidamente a proporcionar alimentos y suministros médicos a los cientos de miles de personas desesperadas que atestaban las calles de Monrovia. El Presidente Taylor renunció a su cargo a mediados de agosto y fue sucedido por su Vicepresidente, Moses Blah, al frente de un gobierno provisional. Pocos días después de la salida del Presidente Taylor, el Representante Especial del Secretario General logró que las partes firmaran un acuerdo para asegurar el acceso libre e irrestricto de la asistencia

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humanitaria a todos los territorios bajo su control y garantizar la seguridad del personal de asistencia humanitaria. Las partes firmaron también un amplio acuerdo de paz. En septiembre de 2003, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), integrada por 15.000 efectivos militares y más de 1.000 agentes de policía civil, que debía hacerse cargo de las funciones que realizaba la fuerza de la CEDEAO y sustituir a la UNOL. Su mandato incluía la vigilancia de la cesación del fuego; la asistencia en el desarme, la desmovilización, reintegración y repatriación de todas las partes armadas; la prestación de seguridad en instalaciones gubernamentales fundamentales e infraestructura vital; la protección del personal de las Naciones Unidas, las instalaciones y los civiles, y la ayuda en asistencia humanitaria y derechos humanos. El mandato de la UNMIL incluía, además, ayudar al Gobierno de transición a elaborar una estrategia para consolidar sus instituciones, con miras a celebrar elecciones libres y limpias en octubre de 2005. Como estaba previsto, 3.500 soldados de la CEDEAO cambiaron sus cascos por los cascos azules de las Naciones Unidas. En un plazo de dos semanas, las partes declararon a Monrovia “zona libre de armas”. En octubre se instituyó el Gobierno de transición nacional, encabezado por el Presidente Gyude Bryant, y el ex Presidente Blah entregó una gran cantidad de armas a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, declarando: “No queremos luchar más”. El proceso de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación comenzó en diciembre. Durante los doce meses siguientes, casi 100.000 liberianos entregaron pistolas, munición, lanzagranadas y armas de todo tipo. A finales de 2004, las milicias beligerantes de Liberia se disolvieron oficialmente en una ceremonia celebrada en el cuartel general de la UNMIL, en Monrovia. A finales de febrero de 2006, más de 300.000 desplazados internos de Liberia habían regresado a su lugar de origen. Después de quince años de conflicto, el pueblo de Liberia, con la asistencia de las Naciones Unidas, celebró sus primeras elecciones de posguerra en octubre de 2005. En una segunda vuelta entre los dos candidatos principales, Ellen Johnson-Sirleaf fue elegida Presidenta con el 59,4% de los votos. La Sra. Johnson-Sirleaf había sido antes Directora de la Oficina Regional para África del PNUD. Poco después de tomar posesión del cargo en enero de 2006, la Presidenta estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para restañar las heridas del país. Si bien aún quedan problemas importantes por resolver, Liberia ha avanzado con paso firme hacia la paz. En 2007 pasó a ser elegible para

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recibir la asistencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz. Esos fondos han sido destinados a proyectos tendientes a consolidar la paz, enfrentar la inseguridad y potenciar el desarrollo de la nación. Las tareas para llevar a cabo esos proyectos se iniciaron en 2009. La UNMIL continúa trabajando con el Gobierno y los distintos asociados de las Naciones Unidas para esos fines y prepara las elecciones presidenciales, fijadas para 2011. Guinea-Bissau. Tras un período de conflicto en Guinea-Bissau, en febrero de 1999 se instauró un gobierno de unidad nacional. En marzo, las Naciones Unidas establecieron la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS) a fin de ayudar a crear y promover la democracia y el imperio de la ley y facilitar la organización de elecciones libres y transparentes. En mayo se rompió el acuerdo de paz y las tropas rebeldes derrocaron al Presidente João Bernardo Vieira. Tras las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en noviembre de 1999 y enero de 2000, el Gobierno de transición traspasó el poder a su gobierno civil encabezado por el nuevo Presidente, Koumba Yala. Si bien la UNOGBIS siguió prestando asistencia al nuevo Gobierno en el período de transición, la consolidación de la paz y la recuperación económica se vieron gravemente dificultadas por la inestabilidad política. Eso provocó que los donantes limitaran su asistencia, lo cual dio lugar a un recrudecimiento de las tensiones sociales. En noviembre de 2002, el Presidente Yala disolvió la Asamblea Nacional y nombró un nuevo “Gobierno en funciones”. Las elecciones parlamentarias previstas para mayo de 2003 se postergaron repetidamente. En septiembre, el Presidente fue destituido por un golpe de Estado incruento. El Secretario General, informando al Consejo de Seguridad, aseguró que la destitución del Presidente democráticamente elegido, aunque censurable, se había producido luego de reiteradas violaciones de las normas constitucionales. Tras describir al golpe militar como “la culminación de una situación insostenible”, realizó un llamamiento a la comunidad internacional pidiendo recomendaciones sobre cómo impedir que los gobiernos elegidos democráticamente en países que salen de conflictos hagan caso omiso de los principios básicos de la gobernabilidad. En septiembre de 2003, los militares y 23 de los 24 partidos reconocidos en el país firmaron una carta política de transición. En ella se disponía el establecimiento de un gobierno civil de transición encabezado por un presidente provisional civil y un primer Ministro, la celebración de

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elecciones parlamentarias en seis meses y la organización de elecciones presidenciales durante el primer año de ejercicio de las funciones de los nuevos diputados. A comienzos de octubre ya funcionaban todos los mecanismos de transición, y Henrique Perreira Rosa, un economista y empresario, prestó juramento como Presidente de transición. En marzo de 2004 se celebraron elecciones legislativas limpias y transparentes, a juicio de los observadores internacionales presentes. João Bernardo “Nino” Vieira fue elegido Presidente tras la celebración pacífica de dos rondas de votaciones, en junio y en septiembre de 2005. Las tensiones políticas entre los partidos siguieron representando un desafío para la reconciliación nacional y el funcionamiento eficaz de las principales instituciones del Gobierno, pero un pacto nacional de estabilidad política firmado por los tres partidos políticos principales propició la toma de posesión, en abril de 2007, del gobierno del Primer Ministro Martinho Dafa Cabi. El 2 de marzo de 2009 el Presidente Vieira fue asesinado por un grupo de soldados. El Ejército juró respetar el orden de sucesión constitucional, y el Presidente de la Asamblea Nacional, Raimundo Pereira, fue designado Presidente interino. Tras la celebración de elecciones presidenciales en junio, Malam Bacai Sanhá prestó juramento como Presidente el 8 de septiembre. También en junio, las Naciones Unidas establecieron una Oficina Integrada de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNIOGBIS) para suceder a la UNOGBIS, por un período inicial de doce meses, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2010. En abril de 2010 estallaron nuevamente las tensiones, cuando el Primer Ministro Carlos Gomes Junior fue detenido brevemente por soldados, junto con el jefe del Estado Mayor del Ejército. El Secretario General Ban Ki-moon lamentó el motín militar como “un contratiempo muy grande para el proceso de consolidación de la estabilidad y la aplicación de reformas fundamentales”. También expresó su preocupación por los informes que vinculaban los hechos de abril con el narcotráfico. En ese crítico contexto, la UNIOGBIS ha seguido trabajando, brindando apoyo a la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas en su compromiso multidimensional con Guinea-Bissau, fortaleciendo la capacidad de las instituciones nacionales para mantener el orden constitucional y el respeto por el imperio de la ley, apoyando el establecimiento de sistemas efectivos de imposición de la ley y de justicia penal, dando apoyo a la elaboración y coordinación de la estrategia de aplicación de la reforma del sector de seguridad, y promoviendo los

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derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. En esa labor, la UNIOGBIS colabora con la Unión Africana, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), la CEDEAO, la Unión Europea y otros asociados. Sierra Leona. En 1991, el Frente Revolucionario Unido (FRU) inició una guerra para derrocar al Gobierno de Sierra Leona, pero en 1992 éste fue derrocado por el propio ejército del país. En 1995, el Secretario General nombró un Enviado Especial que, en colaboración con la Organización de la Unidad Africana (OUA) y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), negoció el retorno a un gobierno civil. Tras las elecciones celebradas en 1996, sin la participación del FRU, el Ejército entregó el poder al ganador, Ahmad Tejan Kabbah. El Enviado Especial ayudó entonces a negociar el Acuerdo de Paz de Abidján de 1996, entre el Gobierno y el FRU. Sin embargo, luego de otro golpe militar en 1997, el ejército se unió al FRU para formar una junta de gobierno. El Presidente Kabbah se exilió y el Consejo de Seguridad impuso un embargo de petróleo y de armas y autorizó a la CEDEAO a garantizar su aplicación, utilizando las tropas del Grupo de Verificación de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOMOG). En febrero de 1998, en respuesta a un ataque de fuerzas de la Junta de Gobierno y de los rebeldes, el ECOMOG llevó a cabo operaciones militares que provocaron la caída de la Junta. El Presidente Kabbah fue repuesto en su cargo y el Consejo de Seguridad puso fin al embargo. En junio, el Consejo estableció la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL) para vigilar la situación de seguridad y supervisar el desarme de los combatientes y la reestructuración de las fuerzas de seguridad. Varios equipos desarmados de la UNOMSIL, bajo la protección del ECOMOG, documentaron atrocidades y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la alianza rebelde pronto consiguió dominar más de la mitad del país, y en enero de 1999 ocupó la capital, Freetown. A finales de ese mismo mes, las tropas del ECOMOG reconquistaron Freetown y restablecieron el Gobierno. Los combates produjeron 700.000 desplazados internos y 450.000 refugiados. El Representante Especial, en consulta con los Estados de África Occidental, inició una serie de gestiones diplomáticas para entablar un diálogo con los rebeldes. Esas negociaciones condujeron al Acuerdo de Paz de Lomé, firmado en julio, para poner fin a la guerra y formar un gobierno de unidad nacional.

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En octubre de 1999, el Consejo de Seguridad sustituyó a la UNOMSIL por una misión mayor, la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), para ayudar a las partes a aplicar el acuerdo y facilitar el desarme, la desmovilización y la reinserción de unos 45.000 combatientes. En febrero de 2000, tras el anuncio de la retirada del ECOMOG, la dotación de la UNAMSIL se incrementó hasta los 11.000 efectivos. Sin embargo, en abril el FRU atacó a las fuerzas de las Naciones Unidas, mató a cuatro miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz y tomó como rehenes a casi 500 empleados de las Naciones Unidas. En mayo, efectivos del Ejército británico, actuando de conformidad con un acuerdo bilateral, tomaron la capital y su aeropuerto y ayudaron a capturar al dirigente del FRU, Foday Sankoh. A finales de mes, casi la mitad de los rehenes de las Naciones Unidas habían sido liberados. El Consejo de Seguridad aumentó los efectivos de la UNAMSIL hasta 13.000 para ayudar a restablecer la paz, y en julio la Misión rescató a los rehenes restantes. En agosto, el Consejo de Seguridad inició el proceso de establecimiento de un tribunal especial para juzgar a los responsables de crímenes de guerra. La UNAMSIL concluyó su despliegue en todas las zonas del país en noviembre de 2001, y el proceso de desarme finalizó en enero siguiente. Después de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en mayo de 2002, la Misión se centró en extender la autoridad del Estado a todo el país, la reinserción de los excombatientes y el reasentamiento de los desplazados internos y de quienes regresaban al país. El reasentamiento de los desplazados internos concluyó en diciembre, y la repatriación de cerca de 280.000 refugiados de Sierra Leona, en julio de 2004. La Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Tribunal Especial para Sierra Leona comenzaron a funcionar a mediados de 2002. Cuando la UNAMSIL se retiró en diciembre de 2005, dejó tras de sí un país con una creciente sensación de estabilidad y con mejores servicios básicos. En enero de 2006 fue sustituida por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIOSIL), la primera oficina integrada de la Organización destinada a apoyar un proceso de consolidación de la paz. En abril de 2006, el ex Presidente de Liberia Charles Taylor compareció ante el Tribunal Especial en calidad de imputado por 11 cargos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de la ley. En junio, el Consejo de Seguridad aprobó la petición de la Corte para que Taylor fuera juzgado en La Haya, dado que su presencia representaba “una amenaza para la paz de Liberia y de Sierra Leona”. El juicio comenzó en junio de 2007 y las vistas orales se dieron por concluidas en

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marzo de 2011. También en junio de 2007 el Tribunal Especial, respaldado por las Naciones Unidas, emitió sus primeros fallos, declarando a tres ex dirigentes rebeldes culpables de múltiples cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como terrorismo, asesinato, violación, esclavización y reclutamiento de niños para los grupos armados. Las sentencias oscilaron entre 45 y 50 años de transición. Las iniciativas de Sierra Leona en pro del desarrollo experimentaron un importante avance cuando la recién establecida Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas seleccionó a ese país, junto con Burundi, como escenario de sus primeras actividades. En marzo de 2007, por recomendación de la Comisión, el Secretario General Ban Ki-moon puso a disposición de Sierra Leona 35 millones de dólares del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, que se había establecido en el mes de octubre anterior para ayudar a los países que salían de situaciones de conflicto a reconstruirse y a evitar nuevos baños de sangre. En julio de 2007 comenzó la campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias de Sierra Leona. La UNIOSIL participó entre otras cosas impartiendo capacitación a 49 oficiales de distrito sobre procedimientos de votación y recuento, los cuales, a su vez, capacitaron a 37.000 personas, que prestaron servicios en las elecciones. Las elecciones se celebraron en agosto, con una alta tasa de participación. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Ernest Bai Koroma, del partido Congreso de Todos los Pueblos, fue elegido con el 54,6% de los votos. El Sr. Koroma tomó posesión de su cargo el 15 de noviembre. A partir de entonces, el Presidente Koroma ha concentrado sus esfuerzos en reconstruir el país, con la ayuda de las Naciones Unidas. En agosto de 2008, el Consejo de Seguridad creó la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL), que sustituyó a la UNIOSIL. La nueva Oficina, con alrededor de 70 funcionarios, proporciona asesoramiento para consolidar la paz, ofreciendo apoyo y capacitación a las fuerzas nacionales de policía y de seguridad. Además, contribuye a consolidar las instituciones democráticas, por medio de su estímulo a la buena gobernabilidad y la promoción de los derechos humanos. África central y oriental

El Sudán, el Sudán meridional y el Sudán del Sur. Desde su independencia, el 1º de enero de 1956, el Sudán ha padecido conflictos civiles permanentes. En la etapa que comenzó en 1983, el Gobierno y el

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Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A), la principal organización rebelde en el sur del país, se enfrentaron por los recursos, el poder, el papel de la religión en el Estado y la libre determinación. La iniciativa emprendida en 2002 por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, con el apoyo de las Naciones Unidas, dio lugar a la firma del Protocolo de Machakos en la localidad keniana homónima. En 2004 se desplegó en el Sudán la Misión de la Unión Africana en el Sudán (AMIS) para realizar labores de supervisión, y se estableció una “misión preparatoria de las Naciones Unidas en el Sudán” para hacer los arreglos oportunos para una operación de paz. Hasta la firma del Acuerdo General de Paz de enero de 2005, más de dos millones de personas habían perdido la vida, cuatro millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares y unas 600.000 huyeron del país. El Acuerdo General de Paz abarcaba toda una serie de disposiciones relativas a la seguridad, el ejercicio compartido del poder en la capital, la concesión de cierta autonomía a la región meridional y una distribución más equitativa de los recursos económicos, incluido el petróleo. También preveía que las instituciones provisionales gobernaran durante un período de seis años y medio, bajo la atenta mirada de un grupo de observadores internacionales. Más adelante, el pueblo del Sudán meridional decidiría sobre la unidad o la secesión del país, en un referendo supervisado por observadores internacionales. En marzo de 2005, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS), con el mandato de apoyar la aplicación del Acuerdo General de Paz, facilitar y coordinar la asistencia humanitaria y el retorno voluntario de los refugiados y los desplazados internos y ayudar a los grupos de remoción de minas. También debía contribuir a la protección y promoción de los derechos humanos y coordinar las actividades internacionales de protección de los civiles, prestando especial atención a los grupos vulnerables. En septiembre de 2005 se estableció un gobierno de unidad nacional. Aun cuando las partes respetaban el acuerdo en general, el espíritu de cooperación, inclusión y transparencia era menor de lo que se esperaba. La continuada crisis de Darfur tenía también un efecto negativo en su aplicación. En enero de 2011 tuvo lugar en el Sudán meridional un referéndum para decidir si la región debía seguir formando parte de Sudán o hacerse independiente. Al mismo tiempo, otro referéndum que debía celebrarse en la región de Abyei para determinar si esta debía pasar a ser parte del Sudán meridional fue postergado debido a problemas de demarcación y de residencia. La Comisión del Referéndum del Sudán

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Meridional (SSRC) organizó ese proceso con ayuda técnica y logística de las Naciones Unidas. Las misiones observadoras de la Unión Africana y de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo elogiaron a la Comisión por la realización del referéndum y declararon que el proceso había sido limpio y libre. Al mismo tiempo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó de que había intensificado su asistencia a las decenas de miles de sudaneses meridionales que regresaban a sus hogares. El 9 de junio de 2011 la República de Sudán del Sur se separó oficialmente del Sudán y fue admitida como nuevo Miembro de las Naciones Unidas por la Asamblea General el 14 de julio de 2011. La población del nuevo país era en el año 2008 de 8.260.490 personas censadas. Darfur. Las tensiones étnicas, económicas y políticas se habían añadido desde hacía mucho tiempo a la competencia por los escasos recursos y alimentado la violencia en Darfur. En 2003, la decisión del Gobierno de desplegar las Fuerzas Armadas nacionales y movilizar a las milicias locales en respuesta a los ataques del Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A) y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM) intensificaron la violencia hasta niveles sin precedentes. Los bombardeos aéreos efectuados indiscriminadamente por las Fuerzas Armadas del Sudán, sumados a los ataques perpetrados por los Janjaweed y otras milicias, arrasaron por completo aldeas enteras en toda la región. Se asesinó a civiles, se violó a mujeres y niñas, se secuestraron niños y se destruyeron fuentes de agua y alimentos. En julio de 2004, la Unión Africana patrocinó las negociaciones de paz entre las partes sudanesas celebradas en Abuja (Nigeria), al tiempo que desplegó 60 observadores militares y 310 efectivos de protección en Darfur, para vigilar el cumplimiento del acuerdo de cesación del fuego por motivos humanitarios, que habían firmado en abril el Gobierno, el SPLM/A y el JEM. Mientras tanto, las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales pusieron en marcha un operativo humanitario de gran envergadura. En enero de 2005, la Comisión de Investigación establecida a petición del Consejo de Seguridad informó que el Gobierno del Sudán no había aplicado una política de genocidio en Darfur pero que tanto sus fuerzas como las milicias Janjaweed habían llevado a cabo “ataques indiscriminados, que incluyeron asesinatos de civiles, torturas, desapariciones forzadas, la destrucción de aldeas, violaciones y otras formas de violencia sexual, saqueos y desplazamientos forzados”. La Comisión señaló que los

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crímenes de guerra y de lesa humanidad no eran menos atroces que el genocidio y concluyó que las fuerzas rebeldes en Darfur eran presuntamente culpables de crímenes de guerra, incluidos actos de pillaje y el asesinato de civiles. El Consejo de Seguridad remitió a la Corte Penal Internacional en La Haya el expediente sobre Darfur elaborado por la Comisión. Tras tres años de intenso conflicto, las gestiones de la Unión Africana condujeron, en mayo de 2006, a la firma del Acuerdo de Paz de Darfur, que contenía disposiciones relativas al ejercicio compartido del poder, la distribución de la riqueza, una cesación general del fuego y cuestiones de seguridad. Todas las partes en conflicto estuvieron presentes, pero sólo el Gobierno y el SPLM/A firmaron el Acuerdo. En agosto de 2006, el Consejo de Seguridad autorizó la ampliación del mandato de la UNMIS para permitir su despliegue en Darfur. Sin embargo, el Gobierno del Sudán se opuso al despliegue de fuerzas de paz de las Naciones Unidas en la región. Tan sólo en noviembre de 2006 el Gobierno expresó su apoyo, en principio, al establecimiento de una misión híbrida de las Naciones Unidas y la Unión Africana en el Sudán. Tras meses de negociaciones, en julio de 2007 el Consejo de Seguridad creó la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) con el objetivo de resolver la situación en Darfur de manera integral. Esta fue la primera fuerza híbrida en que han participado las Naciones Unidas y la mayor operación de la historia de la Organización para el mantenimiento de la paz. Mientras tanto, en abril de 2007 la Corte emitió órdenes de detención contra un ex ministro del Interior y un dirigente de las milicias Janjaweed por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El Gobierno sudanés ha mantenido la posición de desconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre los ciudadanos sudaneses y se ha negado a entregar a los dos acusados a las autoridades en La Haya. En 2008, el fiscal de la Corte Penal Internacional presentó cargos por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra el Presidente del Sudán, y en marzo de 2009 emitió una orden de arresto contra él. En julio de 2010 se agregaron tres cargos de genocidio. El Gobierno sudanés y el grupo rebelde JEM firmaron un acuerdo de cese del fuego en febrero de 2010, con la intención de pactar un ulterior acuerdo de paz. Sin embargo, las conversaciones quedaron estancadas frente a las acusaciones de que el Ejército había lanzado ataques terrestres y aéreos contra una aldea, en violación del acuerdo, por lo que el JEM anunció que boicotearía cualquier negociación ulterior.

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La Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur El 31 de julio de 2007, el Consejo de Seguridad estableció la primera misión híbrida en relación con Darfur: la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID). Con base en El Fasher, en el norte de Darfur, la UNAMID combina fuerzas de las Naciones Unidas con las de la antigua Misión de la Unión Africana en el Sudán (AMIS), para constituir una nueva operación integral con miras a instaurar la paz en esa parte del mundo tan conflictiva. Una vez concluido su despliegue, la UNAMID será, además, la mayor operación de mantenimiento de la paz de la historia. A finales de 2010, la UNAMID contaba con más de 22.000 efectivos uniformados, 3.762 civiles locales e internacionales y 454 voluntarios de las Naciones Unidas. En 2010, además de proteger a la población civil, la UNAMID recibió el mandato de contribuir a la seguridad de la asistencia humanitaria, supervisar y verificar la aplicación de los acuerdos, ayudar a impulsar un proceso político inclusivo, fomentar los derechos humanos y el imperio de la ley, y vigilar e informar sobre la situación a lo largo de las fronteras con el Chad y la República Centroafricana.

El despliegue de la UNAMID no ha alcanzado el éxito esperado debido a la falta de cooperación del Gobierno y los retrasos en la llegada de los contingentes militares y policiales de los Estados contribuyentes, sumados a los enormes desafíos logísticos que la zona entraña. A finales de 2010, la UNAMID continuaba sufriendo la escasez de tropas y efectivos de transporte terrestre y aéreo. Sin embargo, pese a lo limitado de sus recursos, la Misión continúa proporcionando protección a civiles, facilitando operaciones de ayuda humanitaria y ayudando a mantener un ambiente en el que la paz pueda por fin echar raíces. En septiembre de 2010, la Subsecretaria General de Apoyo sobre el Terreno observó que las partes habían elaborado un plan de acción conjunto para resolver los asuntos pendientes, mediante reuniones mensuales. Reconociendo que aún queda mucho trabajo por hacer, la funcionaria señaló algunos progresos. A comienzos de 2010, funcionarios de las Naciones Unidas ya habían advertido que la situación humanitaria se deterioraba debido a la reanudación de los choques entre el Gobierno y las fuerzas rebeldes, así como por las luchas tribales. El panorama se agravaba más aún debido al acoso contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y de la UA, en forma

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de secuestros y abusos contra el personal de las Naciones Unidas y los trabajadores de socorro. Somalia. Los 6,8 millones de habitantes de Somalia han vivido en un clima de anarquía desde que en 1991 fuera derrocado el Gobierno del Presidente Siad Barre y estallara la guerra civil que dividió al país en pequeños feudos controlados por caudillos rivales, con armas, municiones y explosivos fluyendo libremente a través de sus fronteras, en violación de un embargo de las Naciones Unidas. Cuando las conversaciones organizadas por el Secretario General en la capital, Mogadiscio, condujeron a una cesación del fuego, en abril de 1992 el Consejo de Seguridad estableció la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM I) para supervisarla, proporcionar protección y seguridad al personal, equipo y suministros de las Naciones Unidas, y escoltar los envíos de ayuda humanitaria. Sin embargo, en diciembre el deterioro de la situación de seguridad llevó al Consejo a autorizar a los Estados Miembros a constituir una Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF) con el fin de asegurar la prestación de asistencia humanitaria en condiciones de seguridad. En marzo de 1993, el Consejo estableció la ONUSOM II, para concluir la labor iniciada por la UNITAF y restablecer la paz, pero la escalada de los enfrentamientos entre clanes condujo su retirada en marzo de 1995. En abril, el Secretario General estableció la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS) (www.un-somalia.org) con el propósito de ayudar a promover la paz y la reconciliación mediante el establecimiento de contactos con dirigentes y organizaciones cívicas somalíes, así como con los Estados y organizaciones interesados. La UNPOS apoyó una iniciativa de Djibouti que en 2000 llevó a la formación de un gobierno de transición nacional, pero posteriormente su autoridad fue cuestionada por algunos dirigentes del sur de Somalia y por las administraciones regionales de “Puntlandia” en el noreste y “Somalilandia” en el noroeste. En 2002, la conferencia de reconciliación nacional patrocinada por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo culminó con un acuerdo sobre la cesación de las hostilidades y las estructuras y principios que habrían de regir el proceso de reconciliación nacional. Dicho proceso dio sus frutos en 2004, cuando los dirigentes somalíes acordaron el establecimiento de un Gobierno Federal de Transición —internacionalmente reconocido como el Gobierno Federal de Somalia—, con un mandato de cinco años, y un Parlamento Federal de Transición.

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Tanto el Gobierno como el Parlamento eran “instituciones federales de transición”, según la definición que consta en la Carta Federal de Transición adoptada en 2004. Esa Carta establece un mandato de cinco años, que debe conducir a la sanción de una nueva Constitución y la transición hacia un gobierno representativo tras la celebración de elecciones nacionales. El Presidente de “Puntlandia”, Abdullahi Yusuf Ahmed, fue elegido Presidente del Gobierno Federal de Transición de Somalia en octubre de 2004, y los 25 candidatos a la presidencia prometieron apoyarlo y desmovilizar sus milicias. Sin embargo, en mayo de 2006 Mogadiscio se convirtió en escenario de nuevos combates entre las milicias fuertemente armadas de la Alianza para la Restauración de la Paz y contra el Terrorismo y las de los Tribunales Islámicos. En junio de 2006, el Gobierno Federal de Transición y la Unión de Tribunales Islámicos se comprometieron a reconocerse mutuamente, proseguir el diálogo y abstenerse de adoptar cualquier medida que aumentara la tensión. No obstante, en julio fuerzas leales a los Tribunales Islámicos avanzaron hacia la ciudad de Baidoa. En diciembre de 2006 el Consejo de Seguridad autorizó a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y a todos los Estados Miembros de la Unión Africana a establecer una misión de protección y capacitación en Somalia, cuyo mandato consistía en realizar un seguimiento de los progresos hechos por las partes en la aplicación de los acuerdos, mantener la seguridad en Baidoa, proteger a los miembros y la infraestructura de las instituciones y del Gobierno Federal de Transición, y ayudar al restablecimiento de las fuerzas nacionales de Somalia. En el marco de cientos de miles de personas huyendo de los duros combates que se libraban en Mogadiscio, en febrero de 2007 el Consejo de Seguridad autorizó a la Unión Africana a emprender una operación más amplia, conocida por la sigla AMISOM (Misión de la Unión Africana en Somalia). La AMISOM sustituyó a la misión de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y recibió autorización para adoptar todas las medidas necesarias a fin de cumplir su mandato de crear un ambiente seguro. Desde entonces, el Consejo ha extendido el mandato de la AMISOM y ha aprobado la elaboración de planes con miras al posible despliegue de una operación de las Naciones Unidas en 2011. En 2009 se estableció en Nairobi la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a AMISOM (UNSOA) con el objeto de brindar apoyo técnico y logístico a la operación de la Unión Africana. Hasta finales de 2010, el Secretario General Ban Ki-moon sostenía que el despliegue de una misión de esas características no era realista ni factible en vista de la

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situación de inseguridad imperante. Por lo tanto, las Naciones Unidas seguirían concentrándose en impulsar el diálogo entre el Gobierno Federal de Transición y los grupos de la oposición, así como en el fortalecimiento de la AMISOM. En 2006, la Unión de Tribunales Islámicos (UTI) había extendido su control sobre buena parte del Sur del país. El Gobierno de Transición, con ayuda de tropas etíopes y fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, logró expulsar a la UTI, que a continuación se dividió en facciones. Los elementos radicales, incluido Al-Shabab, se reagruparon para reanudar la insurgencia contra el Gobierno de Transición y oponerse a la presencia militar etíope. Hacia 2008, Al-Shabab había llegado a controlar áreas clave, como Baidoa. En diciembre de ese año, el Presidente Abdullahi Yusuf Ahmed renunció. En enero, Sharif Ahmad fue elegido Presidente, y Omar Abdirashid Ali Sharmarke se convirtió en Primer Ministro. En el mismo mes, las tropas etíopes se retiraron. En febrero de 2009 el Gobierno de Transición, respaldado por tropas de la Unión Africana, inició una contraofensiva para recuperar el dominio del Sur. Durante todo 2010 continuó el enfrentamiento entre las tropas del Gobierno y los extremistas vinculados a Al-Qaida. Al concluir 2009 había alrededor de 678.000 desplazados a cargo del ACNUR: el tercer grupo de desplazados mayor del mundo, después del Irak y Afganistán. Debido a la lucha en la mitad sur del país, se estima que en 2009 aproximadamente 132.000 personas emigraron, mientras que otras 300.000 se desplazaron dentro del país. Mientras tanto, la UNPOS seguía impulsando la paz y la reconciliación a través de conversaciones con dirigentes somalíes, organizaciones cívicas y todos los Estados y organizaciones interesados. Como consecuencia del conflicto, la piratería ha resurgido frente a las costas de Somalia. El Consejo de Seguridad aprobó resoluciones para combatir la piratería, y en 2008 una coalición multinacional estableció un Área Patrullada de Seguridad Marítima en el Golfo de Adén. Esos esfuerzos lograron que en 2010 la piratería en la región disminuyera considerablemente, aun cuando sigue siendo una amenaza seria para la navegación. Etiopía y Eritrea. Tras la caída del gobierno militar de Etiopía en 1991, el Frente Popular de Liberación de Eritrea (FLPE) anunció la formación de un gobierno provisional y la celebración de un referéndum para determinar los deseos del pueblo eritreo en relación con Etiopía. Atendiendo a una petición de su Comisión del Referéndum, la Asamblea General

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estableció la Misión de Observadores de las Naciones Unidas encargada de verificar el referéndum de Eritrea (UNOVER), con la finalidad de observar la organización y celebración del referéndum de 1993. El 99% de los electores votó a favor de la independencia, y poco después Eritrea declaró la independencia y fue admitida como miembro de las Naciones Unidas. En mayo de 1998 estallaron combates entre Etiopía y Eritrea debido a una controversia fronteriza. El Consejo de Seguridad exigió el cese de las hostilidades y ofreció apoyo técnico para la delimitación y demarcación de la frontera. Dos años más tarde, después de las conversaciones de acercamiento auspiciadas por la OUA, se concretó un acuerdo sobre la cesación de las hostilidades en Argelia. Para facilitar la aplicación del acuerdo, en julio de 2000 el Consejo de Seguridad estableció la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE), que disponía el despliegue de oficiales de enlace en cada capital y observadores militares a lo largo de la frontera. El Consejo autorizó el despliegue de hasta 4.200 efectivos militares para supervisar la cesación de las hostilidades y ayudar a garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes en materia de seguridad. Con la llegada de las fuerzas de mantenimiento de la paz, las fuerzas de Etiopía y Eritrea se desplegaron nuevamente y se creó una zona temporal de seguridad. El mandato de la MINUEE incluía el patrullaje y la vigilancia de la zona. En diciembre de 2000, las partes firmaron un acuerdo que ponía fin permanente a las hostilidades militares y liberaba a los prisioneros de guerra. Además, disponía el establecimiento de una comisión independiente para delimitar y demarcar la frontera. En abril de 2002, una comisión de límites neutral alcanzó una decisión final y con fuerza jurídica sobre la delimitación de las fronteras. El Consejo de Seguridad modificó el mandato de la MINUEE para incluir la remoción de minas en apoyo de la demarcación, y la cooperación administrativa y logística con las oficinas de la comisión sobre el terreno. De ahí en adelante la situación militar fue generalmente estable, pero el proceso de paz se mantuvo en una situación crítica, debido a que Etiopía rechazó las recomendaciones de la comisión de límites. Ante la falta de avances en la aplicación del fallo de la comisión de límites, Eritrea comenzó lo que el Secretario General calificó de “violaciones masivas” de la zona temporal de seguridad, junto con la “obstaculización” de la labor de la MINUEE, incluida la prohibición impuesta a los vuelos de los helicópteros de las Naciones Unidas. La dotación autorizada de la MINUEE se redujo de 4.200 efectivos iniciales a 2.300 en 2006 y a 1.700 a comienzos de 2007.

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En noviembre de ese año, el Secretario General Ban Ki-moon expresó su preocupación por la concentración de fuerzas y los ejercicios militares a lo largo de la frontera, y el Consejo de Seguridad instó a ambas partes a aplicar de forma inmediata y sin condiciones previas la decisión relativa a la delimitación adoptada en 2002 y las exhortó a abstenerse de recurrir al uso de la fuerza, a solucionar sus diferencias por medios pacíficos y a normalizar sus relaciones. En julio de 2008 el Consejo dio por terminado el mandato de la MINUEE, en respuesta a las restricciones impuestas a la Misión por parte de Eritrea. América

Las Naciones Unidas han venido desempeñando un papel fundamental en el establecimiento de la paz en la región de América Central, en uno de sus más complejos y positivos esfuerzos de mantenimiento y consolidación de la paz. La presencia de las Naciones Unidas en América Central comenzó en 1989, cuando Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua solicitaron su asistencia para poner fin a los conflictos que perturbaban a la región, promover elecciones democráticas y fomentar la democratización y el diálogo. El Consejo de Seguridad estableció el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA) para verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos de dejar de prestar asistencia a las fuerzas irregulares e insurgentes y no permitir que el territorio de ningún país fuera utilizado para realizar ataques a otros países. Nicaragua. Los cinco países acordaron elaborar un plan para desmovilizar la resistencia nicaragüense, y el Gobierno de Nicaragua anunció que celebraría elecciones bajo supervisión internacional y de las Naciones Unidas. La Misión de Observadores de las Naciones Unidas encargada de verificar el proceso electoral en Nicaragua (ONUVEN) supervisó la preparación y celebración de las elecciones de 1990, las primeras supervisadas por las Naciones Unidas en un país independiente. Su éxito contribuyó a crear las condiciones necesarias para la desmovilización voluntaria de los “contras”, que el ONUCA supervisó en 1990. El Salvador. En El Salvador, las negociaciones facilitadas por el Secretario General y su Representante Personal culminaron en los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a un conflicto de doce años que se había cobrado alrededor de 75.000 vidas. La Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) supervisó los acuerdos, que

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entrañaban la desmovilización de los combatientes y el cumplimiento por parte de ambas partes de los compromisos contraídos en materia de derechos humanos. La ONUSAL también ayudó a introducir las reformas necesarias para abordar las causas fundamentales de la guerra civil, tales como las reformas judiciales y el establecimiento de una nueva fuerza de policía civil. A solicitud del Gobierno, la ONUSAL supervisó las elecciones de 1994. Su mandato finalizó en 1995. Guatemala. A petición del Gobierno y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en 1991 las Naciones Unidas comenzaron a prestar asistencia a las conversaciones encaminadas a poner fin en el país a una guerra civil, que se había prolongado durante más de tres decenios y causado la muerte o desaparición de alrededor de 200.000 personas. En 1994, las partes concertaron acuerdos en virtud de los cuales las Naciones Unidas debían verificar todos los convenios alcanzados y establecer una misión de derechos humanos. Así, la Asamblea General estableció la Misión de las Naciones Unidas de Verificación de Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA). En diciembre de 1996 se logró una cesación del fuego y las partes firmaron un acuerdo de paz, poniendo fin al último y más prolongado de los conflictos en América Central. Por primera vez en 36 años, la región estaba en paz. La MINUGUA permaneció en el país hasta noviembre de 2004 a fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos, mientras que otros organismos de las Naciones Unidas han seguido abordando las raíces sociales y económicas del conflicto en toda la región. Haití. En 1990, después de la partida del “Presidente vitalicio” JeanClaude Duvalier y de una serie de gobiernos de corta duración, el Gobierno provisional de Haití pidió a las Naciones Unidas que enviara observadores para las elecciones que debían celebrarse ese año. El Grupo de Observadores de las Naciones Unidas para la Verificación de las Elecciones en Haití (ONUVEH) supervisó la preparación y la celebración de los comicios, en los que fue elegido Presidente Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, en 1991 un golpe de Estado militar puso fin al gobierno democrático y el Presidente partió al exilio. En 1993 se desplegó en el país una misión conjunta de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), para vigilar la situación de los derechos humanos e investigar sus violaciones. A fin de alentar el restablecimiento del orden constitucional, el Consejo de Seguridad impuso en 1993 un embargo de petróleo y armas, y en 1994 un embargo comercial.

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Con posterioridad, el Consejo autorizó el establecimiento de una fuerza multinacional para facilitar el retorno a un gobierno democrático. Cuando la fuerza estaba a punto de intervenir, los Estados Unidos y los dirigentes militares alcanzaron un acuerdo encaminado a evitar más violencia, y la fuerza multinacional dirigida por los Estados Unidos se desplegó pacíficamente en el país. El Presidente Aristide regresó en octubre de 1994 y se levantó el embargo. En 1995, una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas sustituyó a la fuerza multinacional, con el mandato de asistir al Gobierno en el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad y de establecer la primera policía nacional civil. Sin embargo, al tiempo que Haití celebraba su bicentenario, en enero de 2004, un grave estancamiento político amenazaba la estabilidad del país. Los sangrientos enfrentamientos entre las milicias partidarias y opuestas al Gobierno condujeron a una espiral de creciente violencia, que obligó al Presidente Aristide, que desde 2001 cumplía un segundo mandato, a abandonar el país. El Consejo de Seguridad autorizó el despliegue inmediato de una Fuerza Multinacional Provisional (FMP), atendiendo a la petición de asistencia del nuevo Presidente, Boniface Alexandre. Una fuerza dirigida por los Estados Unidos comenzó a desplegarse de inmediato. En abril de 2004, el Consejo estableció la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), para apoyar la continuación de un proceso político pacífico y constitucional en un entorno seguro y estable. En los años subsiguientes, el Consejo introdujo distintos ajustes al mandato de la MINUSTAH, en relación con su concepción de las operaciones y la fuerza autorizada, para adaptarla a los cambios de las circunstancias y a la evolución de las necesidades impuestas por la situación política, socioeconómica y de seguridad. En febrero de 2006, los haitianos eligieron Presidente a René Préval, quien ya había ocupado el cargo con anterioridad. Después del devastador terremoto de enero de 2010, el Consejo de Seguridad aumentó en general las fuerzas de la MINUSTAH para apoyar los esfuerzos de recuperación, reconstrucción y estabilidad. La MINUSTAH, junto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y el equipo de las Naciones Unidas en el país, contribuyó a los esfuerzos humanitarios y de recuperación durante todo 2010. Además colaboró con el Gobierno en la estrategia de reasentamiento de las personas desplazadas y coordinó la asistencia electoral internacional a Haití, en colaboración con otros organismos internacionales, incluida la OEA.

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Asia y el Pacífico Oriente Medio

La cuestión del Oriente Medio ha preocupado a la Organización desde sus comienzos. Las Naciones Unidas han elaborado una serie de principios para alcanzar una solución pacífica, han enviado varias misiones de mantenimiento de la paz y continúan apoyando iniciativas para lograr una resolución justa, amplia y duradera de los problemas políticos subyacentes. El conflicto en el Oriente Medio tiene su origen en el estatuto de Palestina. En 1947 Palestina era un territorio administrado por el Reino Unido, conforme a un mandato de la Sociedad de las Naciones. Tenía una población de unos dos millones de habitantes, dos tercios árabes y un tercio judío. En 1947, la Asamblea General hizo suyo un plan de partición del territorio, preparado por la Comisión Especial de Palestina de las Naciones Unidas, que preveía la creación de un Estado árabe y uno judío y asignaba a Jerusalén un estatuto internacional. El plan fue rechazado por los árabes palestinos, los Estados árabes y otros Estados. El 14 de mayo de 1948, el Reino Unido renunció a su mandato y el Organismo Judío proclamó el Estado de Israel. Al día siguiente, los árabes palestinos, con la ayuda de los Estados árabes, iniciaron las hostilidades contra el nuevo Estado. El enfrentamiento militar se detuvo gracias a una tregua decretada por el Consejo de Seguridad y supervisada por un mediador designado por la Asamblea General, con la asistencia de un grupo de observadores militares, denominado más tarde Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), la primera misión de observadores de las Naciones Unidas. Como resultado del conflicto, alrededor de 750.000 árabes palestinos perdieron sus hogares y sus medios de vida y se convirtieron en refugiados. Para ayudarlos, en 1949 la Asamblea General estableció el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), que ha sido desde entonces un importante proveedor de asistencia y una fuerza de apoyo a la estabilidad en la región. El conflicto aún no ha cesado, la guerra entre los árabes y los israelíes estalló nuevamente en 1956, 1967 y 1973, y en cada oportunidad los principales Estados Miembros solicitaron la mediación de las Naciones Unidas y el envío de misiones de mantenimiento de la paz. Durante el conflicto de 1956 se desplegó la primera fuerza de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz propiamente dicha, la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU I), que supervisó la retirada de las tropas y contribuyó a la paz y la estabilidad.

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En la guerra que estalló en 1967 entre Israel y Egipto, Jordania y Siria, Israel ocupó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, la Ribera Occidental del río Jordán, incluida Jerusalén oriental, y parte del Golán sirio. El Consejo de Seguridad hizo un llamamiento de cesación del fuego y envió observadores para que observaran el cese del fuego en el sector entre Israel y Egipto. El Consejo de Seguridad, en su resolución 242 (1967), definió los principios para una paz justa y duradera en el Oriente Medio, a saber: “el retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en el conflicto de 1967” y “la terminación de todas las reclamaciones o situaciones de beligerancia, así como el respeto y reconocimiento de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados de la región y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, libres de amenazas o actos de fuerza”. En la resolución también se afirmaba la necesidad de “resolver el problema de los refugiados palestinos”. Después de la guerra de 1973 entre Israel y Egipto y Siria, el Consejo de Seguridad aprobó su resolución 338 (1973), que reafirmaba los principios de la resolución 242 (1967) e instaba a emprender negociaciones a fin de establecer “una paz justa y duradera”. Esas dos resoluciones siguen siendo la base para un acuerdo global en el Oriente Medio. Para vigilar la cesación del fuego de 1973, el Consejo de Seguridad estableció dos fuerzas de mantenimiento de la paz. Una de ellas, la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), sancionada conforme al Acuerdo de Separación entre Israel y Siria, sigue destacada en el Golán. La otra operación, la FENU II, fue enviada al Sinaí. En los años siguientes, la Asamblea General pidió reiteradamente que se celebrara una conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio, con los auspicios de las Naciones Unidas. En 1974, la Asamblea invitó a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) a participar en calidad de observadora. En 1975 estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, que sigue siendo el órgano subsidiario de la Asamblea General y que trabaja en apoyo de los derechos del pueblo palestino y de un arreglo pacífico de la cuestión palestina. Negociaciones bilaterales entre Egipto e Israel, con la mediación de los Estados Unidos, condujeron a los acuerdos de Camp David (1978) y al tratado de paz entre Egipto e Israel (1979). Israel se retiró del Sinaí, que fue devuelto a Egipto. En 1994 se concertó un tratado de paz entre Israel y Jordania.

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El Líbano. Desde abril de 1975 hasta octubre de 1990, el Líbano sufrió una devastadora guerra civil. Desde un principio, el Líbano meridional se convirtió en escenario de enfrentamientos entre grupos palestinos, por un lado, y fuerzas israelíes auxiliadas por fuerzas locales libanesas pro israelíes, por el otro. Después de que fuerzas israelíes invadieran el Líbano meridional en 1978, a raíz de una incursión de comandos palestinos en Israel, el Consejo de Seguridad aprobó las resoluciones 425 y 426 (1978), en las que pidió a Israel que se retirase y estableció la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). Esta Fuerza debía confirmar la retirada de las tropas israelíes, restablecer la paz y la seguridad internacionales, y ayudar al Líbano a reinstaurar su autoridad en la zona. En 1982, tras intensos tiroteos en el Líbano meridional y a través de la frontera entre Israel y el Líbano, fuerzas israelíes invadieron el territorio libanés, llegaron a Beirut y la cercaron. Israel se retiró de casi todo el Líbano en 1985, pero mantuvo bajo su control una franja de tierra en la zona meridional del país, que en parte coincidía con la zona de despliegue de la FPNUL, donde permanecieron las fuerzas israelíes y las fuerzas locales libanesas que las auxiliaban. Las hostilidades continuaron entre grupos libaneses y las fuerzas israelíes y sus auxiliares. En mayo de 2000, Israel retiró sus fuerzas, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de 1978. El Consejo de Seguridad apoyó el plan del Secretario General para ayudar al Líbano a restablecer su autoridad. Sin embargo, la situación a lo largo de la “línea azul” establecida para demarcar la retirada de Israel del sur del Líbano siguió siendo precaria. En febrero de 2005, las tensiones se agravaron tras el asesinato del ex Primer Ministro del Líbano Rafiq Hariri. En noviembre, el Consejo de Seguridad apoyó el establecimiento de un tribunal especial para juzgar a los presuntos autores del asesinato. En abril, las Naciones Unidas verificaron la retirada del Líbano de las tropas, los activos militares y las operaciones de inteligencia sirias. En mayo y junio se celebraron elecciones parlamentarias, con la ayuda de las Naciones Unidas. En 2005 y 2006 se siguieron registrando graves violaciones de la “línea azul”, con choques intermitentes entre Israel y Hezbollah. Tras la captura de dos soldados israelíes por un grupo de militantes de Hezbollah en julio de 2006, Israel respondió con ataque aéreos, y a su vez Hezbollah replicó lanzando cohetes sobre el norte de Israel. Los enfrentamientos finalizaron en agosto, con arreglo a los términos establecidos en la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad, que pedía una cesación inmediata de las hostilidades, seguida por el despliegue de las tropas del Líbano y una ampliación considerable de la presencia de las fuerzas de mantenimiento de

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la paz de la FPNUL en el sur del Líbano, además de la retirada de las fuerzas de Israel de esa zona. A medida que la resolución se fue aplicando, las Naciones Unidas enviaron a la región gran cantidad de ayuda, así como refuerzos para la fuerza de mantenimiento de la paz. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaba la FPNUL era el riesgo que representaban casi un millón de artefactos explosivos sin detonar diseminados en el sur del Líbano después de una guerra de treinta y cuatro días. En abril de 2007, preocupado por los informes sobre reiteradas violaciones del embargo de armas a través de la frontera entre el Líbano y Siria, el Consejo de Seguridad invitó al Secretario General a enviar una misión independiente para evaluar la vigilancia de la frontera, que resultó ser insuficiente. El Secretario General, entonces, propuso acciones para ayudar a remediar la situación. En 2007 estallaron de nuevo las hostilidades entre militantes y fuerzas libanesas en un campamento palestino. Beirut fue sacudida por una serie de explosiones, una de las cuales mató a un parlamentario libanés, junto con otras nueve personas. Un ataque contra un convoy de la FPNUL mató a seis miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz y se lanzaron cohetes contra Israel. En 2008 hubo choques entre fuerzas gubernamentales y antigubernamentales. Hezbollah bloqueó carreteras y el aeropuerto internacional de Beirut. Las Naciones Unidas exhortaron a todas las partes en conflicto a iniciar un diálogo pacífico. En mayo, en Doha (Qatar), se llegó a un acuerdo de seis puntos para poner fin a la crisis, si bien continuaron produciéndose choques ocasionales hasta finales de ese año. Las relaciones con Siria mejoraron, y en octubre de 2008 los dos países establecieron relaciones diplomáticas. El Secretario General elogió la pacífica celebración de elecciones parlamentarias en junio de 2009, en las que la alianza encabezada por Saad Hariri obtuvo la mayoría en el Parlamento, derrotando a la coalición de Hezbollah. En noviembre, el nuevo Primer Ministro Hariri formó un Gobierno de unidad nacional. A comienzos de 2011, ese Gobierno se desplomó después de que Hezbollah y sus aliados renunciaran a sus puestos en el gabinete debido a los desacuerdos surgidos en la investigación del asesinato de Rafiq Hariri y otros cometidos en 2005. Cinco días más tarde, el Fiscal del Tribunal Especial para el Líbano presentó cargos de manera confidencial en relación con la muerte de Hariri. Los cargos fueron entregados al secretario del Tribunal para ser remitidos al juez de instrucción.

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El proceso de paz en el Oriente Medio. En 1987 comenzó la insurrección palestina (intifada) en los territorios ocupados de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, para reclamar la independencia y la constitución de un Estado palestino. El Consejo Nacional de Palestina proclamó en 1988 el Estado de Palestina, que fue reconocido por la Asamblea General. La Asamblea resolvió, asimismo, emplear el nombre “Palestina” para hacer referencia a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) dentro del sistema de las Naciones Unidas, sin perjuicio de su condición de observadora. En septiembre de 1993, tras las conversaciones de Madrid y las negociaciones entabladas con la mediación de Noruega, Israel y la OLP se reconocieron mutuamente y firmaron la Declaración de Principios sobre un Gobierno Autónomo Provisional. Las Naciones Unidas constituyeron un equipo de trabajo para el desarrollo social y económico de Gaza y Jericó y se designó un Coordinador Especial de la asistencia de las Naciones Unidas, cuyo mandato fue ampliado en 1999 para incluir la asistencia al proceso de paz en el Oriente Medio mediante sus buenos oficios. El traspaso de poderes de Israel a la Autoridad Palestina (AP) en la Franja de Gaza y Jericó comenzó en 1994. Un año más tarde, Israel y la OLP firmaron un acuerdo sobre la autonomía palestina en la Ribera Occidental, que estipulaba la retirada de las tropas israelíes y el traspaso del poder civil a un Consejo palestino electo. En 1996, Yasser Arafat fue elegido Presidente de la Autoridad Palestina. En 1999, se llegó a un acuerdo provisional, que condujo a un nuevo despliegue de tropas israelíes fuera de la Ribera Occidental, acuerdos sobre los prisioneros, la apertura de un paso seguro entre la Ribera Occidental y Gaza y la reanudación de las negociaciones sobre cuestiones relativas al estatuto permanente. Sin embargo, las conversaciones de alto nivel celebradas con la mediación de los Estados Unidos finalizaron sin resultado alguno en julio de 2000. Entre las cuestiones pendientes figuraba el estatuto de Jerusalén, la cuestión de los refugiados palestinos, la seguridad, las fronteras y los asentamientos israelíes. En septiembre de aquel año comenzó una nueva ola de protestas y violencia en el territorio palestino ocupado. El Consejo de Seguridad pidió en repetidas oportunidades que se pusiera fin a la violencia y afirmó la visión de los dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas. Las gestiones internacionales tendientes a llevar a las dos partes nuevamente a la mesa de negociación se concretaron cada vez más por conducto del mecanismo del “Cuarteto”, constituido por los Estados Unidos de América, las Naciones Unidas,

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la Unión Europea y la Federación de Rusia. En abril de 2003, el Cuarteto presentó su “hoja de ruta” para una solución biestatal permanente, un plan con fases y parámetros definidos en el que se preveían medidas paralelas y recíprocas para las dos partes que darían como resultado la solución del conflicto hacia 2005. También se preveía una solución integral para el conflicto en el Oriente Medio, incluyendo las diferencias entre Siria e Israel y entre el Líbano e Israel. El Consejo hizo suya la hoja de ruta en su resolución 1515 (2003), y ambas partes la aceptaron. Sin embargo, en la segunda mitad de 2003 se produjo una intensa escalada de violencia. El Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz del Oriente Medio señaló que ninguna de las partes había abordado las preocupaciones de la otra parte: en el caso de Israel, la seguridad y el cese de los ataques terroristas, y en el de los palestinos, un Estado viable e independiente basado en las fronteras anteriores a la guerra de 1967. Los atentados suicidas palestinos continuaron e Israel aceleró la construcción de una “barrera de separación” en la Ribera Occidental, que más adelante fue declarada contraria al derecho internacional por la Corte Internacional de Justicia, a la que la Asamblea General había solicitado una opinión consultiva. A comienzos de 2004, el Primer Ministro israelí Ariel Sharon anunció que Israel retiraría sus efectivos militares y sus asentamientos de la Franja de Gaza. En noviembre falleció Yasser Arafat, Presidente de la Autoridad Palestina, y en enero de 2005 fue sustituido en el cargo por Mahmoud Abbas, tras la celebración de elecciones organizadas con el apoyo técnico y logístico de las Naciones Unidas. En febrero, el Primer Ministro Sharon y el Presidente Abbas se reunieron en Egipto y anunciaron la adopción de medidas para poner fin a la violencia. En junio volvieron a reunirse, y hacia septiembre Israel había concluido su retirada. Por fin parecía posible realizar un verdadero progreso hacia el logro de una solución negociada. Pero, a pesar de ese optimismo, dos importantes acontecimientos ocurridos en enero de 2006 cambiaron el panorama político: el Primer Ministro Sharon sufrió un derrame cerebral y cayó en coma, y en las elecciones legislativas celebradas en enero el pueblo palestino entregó el poder a la facción militante Hamas. Pese a los llamamientos del Cuarteto y otros interlocutores, Hamas no reconoció oficialmente el derecho de Israel a existir. El Gobierno de Israel, entonces dirigido por Ehud Olmert, adoptó la posición de que toda la Autoridad Palestina se había convertido en una entidad terrorista y decretó la congelación de los ingresos fiscales palestinos. A medida que avanzaba el año la violencia se intensificaba, en particular mediante el lanzamiento de cohetes

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desde Gaza contra Israel y la puesta en marcha de grandes operaciones punitivas israelíes. Los donantes internacionales de ayuda se mostraban reacios a financiar el Gobierno encabezado por Hamas hasta tanto no se comprometiera a renunciar a la violencia, reconocer el derecho de Israel a existir y respetar los acuerdos firmados previamente. La situación humanitaria de la Ribera Occidental y de Gaza se tornó cada vez más grave. En mayo de 2007, choques entre palestinos dejaron un saldo de 68 muertos y más de 200 heridos, cuando militantes de Hamas y miembros de la Fuerza Ejecutiva se enfrentaron a fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y grupos armados de Fatah. Como resultado de ese proceso, la Autoridad Palestina terminó controlando la Ribera Occidental mientras que la Franja de Gaza quedaba en manos de Hamas. Los ataques con cohetes desde Gaza hacia el sur de Israel aumentaron, seguidos por ataques israelíes contra los militantes y sus instalaciones. A finales de 2008, después de una serie de ataques con cohetes desde Gaza, Israel lanzó una operación militar contra el territorio, que culminó en una invasión terrestre. A comienzos de 2009, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 1860 (2009), que pedía un cese del fuego inmediato y el retiro de las fuerzas israelíes de Gaza, y condenaba la violencia y los actos de terrorismo. El Secretario General inició una misión al Oriente Medio para obtener la cesación del fuego. Después de intensas gestiones diplomáticas, Israel anunció a mediados de enero un alto al fuego unilateral, al que siguió una declaración unilateral de cese del fuego de Hamas. Ese mismo mes, el Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos aprobó una investigación sobre el conflicto, y poco después nombró a Richard Goldstone para dirigir el equipo de investigadores. El Informe Goldstone, presentado en septiembre, recomendaba, entre otras cosas, que el Consejo de Seguridad supervisara todas las investigaciones, tanto las llevadas a cabo por las autoridades de Israel como las ejecutadas por Gaza. El documento concluía que las dos partes habían violado repetidamente las leyes de la guerra. Dos meses después, la Asamblea General, en su resolución 64/10, respaldó el Informe Goldstone y solicitó al Secretario General que informara acerca de la aplicación de la resolución, “con miras a considerar acciones ulteriores […] incluso [por] el Consejo de Seguridad”. El Cuarteto reiteró que todas las cuestiones pendientes debían ser resueltas a través de negociaciones que condujeran a un arreglo pacífico. En marzo de 2010, exhortó a Israel a congelar toda actividad de asentamiento, reafirmó que las acciones unilaterales no serían reconocidas por la comunidad internacional y subrayó que la resolución del problema del

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estatuto de Jerusalén aún estaba pendiente. En septiembre, los Estados Unidos inauguraron conversaciones directas entre Israel y los palestinos en Washington, fijándose un límite de tiempo de un año. Sin embargo, las conversaciones se interrumpieron cuando expiró una moratoria parcial de Israel sobre la construcción de asentamientos en la Ribera Occidental. Los palestinos se negaron a negociar si Israel no extendía su suspensión. Afganistán

El capítulo más reciente de la presencia de las Naciones Unidas en el Afganistán se remonta a septiembre de 1995, cuando la facción talibán en la guerra civil del país, tras haberse apoderado de la mayoría del país, ocupó la capital, Kabul. El Presidente Burhannudin Rabbani huyó, sumándose a la Alianza del Norte, que sólo ocupaba el territorio septentrional. En los años siguientes, el Consejo de Seguridad expresó en repetidas ocasiones su preocupación acerca de que el conflicto afgano constituía un terreno fértil para el terrorismo y el tráfico de estupefacientes. En agosto de 1998, los ataques terroristas con bombas perpetrados en las embajadas de los Estados Unidos en Nairobi (Kenya) y Dar es Salam (Tanzanía) dejaron un saldo de cientos de muertos. En su resolución 1193 (1998), el Consejo reiteró su preocupación ante la continua presencia de terroristas en el Afganistán, y en su resolución 1214 (1998), exigió que los talibanes desistieran de proporcionar refugio o adiestramiento a terroristas internacionales y a sus organizaciones. Señalando que los talibanes no habían respondido a su exigencia, en octubre de 1999 el Consejo aplicó amplias sanciones, de conformidad con las disposiciones coercitivas de la Carta de las Naciones Unidas. En su resolución 1267 (1999) señaló que existía un auto de acusación de los Estados Unidos de América contra Osama bin Laden por la colocación de bombas en las embajadas y exigió que los talibanes, que nunca habían sido reconocidos como el gobierno legítimo del Afganistán, lo entregaran sin más demora a las autoridades competentes para ser llevado ante la justicia. También en octubre, el Consejo expresó su inquietud ante los informes de que miles de combatientes no afganos habían participado en la lucha del lado de los talibanes. Expresó su grave preocupación por los desplazamientos forzados de población civil, las ejecuciones sumarias, los malos tratos y las detenciones arbitrarias de civiles, la violencia contra mujeres y niñas y los atentados indiscriminados con bombas. La intolerancia religiosa de los talibanes también fue motivo de una condena generalizada. En marzo de 2001 destruyeron dos estatuas de Buda

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esculpidas alrededor de mil trescientos años atrás en la arenisca de la ladera de una montaña, en el valle de Bamiyán. Una de esas estatuas de Buda era la más grande del mundo. Más adelante, ese mismo año, un edicto exigió que todas las mujeres hindúes en el país se cubrieran con velos, como las musulmanas, y que quienes no fueran musulmanes llevaran tarjetas de identificación. El 11 de septiembre de 2001, miembros de la organización Al-Qaida de Osama bin Laden secuestraron cuatro aviones comerciales en los Estados Unidos, estrellaron dos de ellos en el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York; otro impacto en el Pentágono, en la capital de los Estados Unidos, y el cuarto se estrelló en un campo de Pensilvania cuando los pasajeros trataron de abortar el secuestro. En ese atentado perecieron casi 3.000 personas. En los días siguientes, el Gobierno de los Estados Unidos lanzó un ultimátum a los talibanes: si no entregaban a Osama bin Laden y ponían fin a las actividades terroristas en el Afganistán corrían el riesgo de un ataque militar en masa. Los talibanes se negaron. En octubre, fuerzas de los Estados Unidos y del Reino Unido lanzaron ataques con misiles contra objetivos militares del movimiento talibán y contra los campamentos de entrenamiento de Osama bin Laden en el Afganistán. Después de dos semanas de bombardeos, los Estados Unidos desplegaron sus fuerzas de tierra. En diciembre, integrantes de la milicia afgana, apoyados por bombarderos estadounidenses, emprendieron una ofensiva contra un presunto bastión de Osama bin Laden y las fuerzas de Al-Qaida, en la cima de una montaña en Tora Bora, en la región oriental del Afganistán cercana a la frontera con el Pakistán. En las semanas siguientes al 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad expresó su apoyo a los esfuerzos del pueblo afgano para reemplazar al régimen de los talibanes, al tiempo que las Naciones Unidas siguieron promoviendo el diálogo entre las partes afganas con miras a lograr el establecimiento de un gobierno de base amplia e inclusiva. Una reunión de dirigentes políticos afganos organizada en Bonn por las Naciones Unidas concluyó a comienzos de diciembre con un acuerdo sobre una solución provisional, a la espera de que se restablecieran las instituciones gubernamentales permanentes. Como primera medida, se creó la Autoridad Provisional Afgana. En diciembre de 2001, el Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento de una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), a fin de apoyar a la Autoridad Provisional Afgana en el mantenimiento de la seguridad en Kabul y las zonas circundantes. El 22 de diciembre, el Gobierno reconocido internacionalmente del Presidente Rabbani entregó el poder a la nueva Autoridad Provisional Afgana,

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presidida por Hamid Karzai, y se desplegaron los primeros efectivos de la ISAF. En enero de 2002 se celebró en Tokio una conferencia internacional sobre la asistencia para reconstruir el Afganistán en la que se comprometieron fondos por un valor superior a 4.500 millones de dólares. Se anunció, asimismo, la constitución de una Loya Jirga de emergencia (“gran consejo”, en lengua pashto) —un foro tradicional en el que los ancianos de las tribus se reúnen y tratan de resolver diferentes asuntos— con el propósito de elegir un jefe de Estado y determinar la estructura y el personal esencial del gobierno de transición. El Consejo de Seguridad celebró los cambios positivos que se habían producido en el Afganistán, como resultado de la caída del régimen de los talibanes, y decidió modificar sus sanciones en concordancia con la nueva realidad, para dirigirlas contra Al-Qaida y sus partidarios. En marzo, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA), para realizar las tareas encomendadas a las Naciones Unidas, con arreglo al Acuerdo de Bonn, en esferas como los derechos humanos, el imperio de la ley y las cuestiones de género. Encabezada por el Representante Especial del Secretario General, la Misión promovería también la reconciliación nacional, al tiempo que gestionaría todas las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en el Afganistán, en coordinación con la Autoridad Provisional y sus sucesores. Desde entonces, el mandato de la UNAMA ha sido prorrogado cada año. Pocos meses después comenzó el proceso para elegir a los miembros de la Loya Jirga de emergencia. En junio, Zahir Shah, otrora Rey del Afganistán, inauguró el consejo de nueve días y nombró a Hamid Karzai para dirigir a la nación. Posteriormente, el Sr. Karzai fue elegido Jefe de Estado del Afganistán para dirigir el Gobierno provisional durante los siguientes dos años. En enero de 2004, la Loya Jirga Constitucional alcanzó un acuerdo respecto del texto que finalmente sería aprobado como Constitución del Afganistán. En octubre del mismo año, más de ocho millones de afganos acudieron a votar y eligieron a Hamid Karzai, quien se convirtió en el primer Presidente del país elegido en comicios. En septiembre de 2005, el pueblo afgano eligió en las urnas a los miembros de su Asamblea Nacional y de los consejos provisionales, pese a los atentados perpetrados durante el curso de la campaña electoral. El nuevo Parlamento entró en funciones a finales de diciembre. Fiscalización de drogas, reconstrucción y desarrollo. A finales de la década de 1990, el Afganistán había pasado a ser la fuente principal (alrededor del 80%) de la producción mundial de opio ilícito, fuente de la heroína. En 2007,

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el volumen del comercio de opio del país ascendía a 3000 millones de dólares, más del 90% de la producción mundial de opio ilícito, de acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su cultivo se ubicaba principalmente en el sur, donde los talibanes se beneficiaban del tráfico de drogas. En 2008 y 2009, sin embargo, el cultivo de opio se redujo en un 36%. En enero de 2006, un grupo de alto nivel elaboró en Londres el “Pacto para el Afganistán”, un programa quinquenal dirigido a consolidar las instituciones democráticas, reducir la inseguridad, controlar el tráfico ilícito de drogas, estimular la economía, hacer cumplir la ley, prestar servicios básicos al pueblo afgano y proteger sus derechos humanos. El mes siguiente el Consejo de Seguridad hizo suyo el Pacto como marco de la alianza entre el gobierno afgano y la comunidad internacional. En junio de 2008, la Conferencia Internacional de apoyo al Afganistán, copresidida por el Afganistán, Francia y las Naciones Unidas, reunió a delegaciones de 67 países y 17 organizaciones internacionales. Para financiar la aplicación del Pacto se comprometieron alrededor de 20.000 millones de dólares, incluyendo el apoyo para la preparación de las elecciones de 2009 y 2010, que tuvo como resultado la reelección del Presidente Karzai. Durante el período previo a los comicios de septiembre de 2010, los talibanes intimidaron a los habitantes en ciertas áreas. Como consecuencia del clima de tensión exacerbada generado, sólo votaron cuatro millones de afganos. El PNUD mostró que 6,6 millones de afganos, un tercio de la población, carecía de alimentos suficientes para subsistir, mientras que la tasa de mortalidad de niños menores de cinco anos y el porcentaje de mujeres que fallecían durante el parto se contaban entre los más elevados del mundo. Seguridad. En septiembre de 2007, el Consejo de Seguridad al aprobar la extensión por un año más del mandato de la ISAF, expresó su preocupación por el incremento de la violencia y el terrorismo. En relación con esta situación, el Secretario General señaló que la clave para mantener a largo plazo los logros en materia de seguridad era aumentar la capacidad, la autonomía y la integridad de las fuerzas de seguridad nacional afganas y especialmente de la policía nacional. La dificultad para alcanzar esos objetivos se hizo evidente ante la recurrencia y la intensificación de la violencia durante 2008 y 2009. En un ataque de talibanes contra una casa de hospedaje de personal de las Naciones Unidas en Kabul, en octubre de 2009 murieron cinco funcionarios extranjeros de la Organización y

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tres afganos. En enero de 2010, el Secretario General, el Presidente del Afganistán y el Primer Ministro británico copresidieron una conferencia internacional sobre el Afganistán que destacó la necesidad de transferir la responsabilidad de los asuntos de la seguridad a las autoridades afganas hacia 2011. En julio, una conferencia convocada conjuntamente por el Gobierno del Afganistán y las Naciones Unidas discutió la transición en las provincias afganas controladas por la ISAF, de modo de transferir su cuidado a las fuerzas de seguridad nacionales hacia 2014. Además, consideró problemas relacionados con la buena gobernabilidad, la equidad del sistema judicial y los derechos humanos, así como el persistente flagelo que representaba por el tráfico de drogas. En octubre de 2010, el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la ISAF por un nuevo año. Irak

La respuesta de las Naciones Unidas a la invasión de Kuwait por el Irak en 1990 y la situación provocada tras la caída del régimen de Saddam Hussein en 2003 ilustran la magnitud de los desafíos a los que se enfrentan las Naciones Unidas en su intento por restablecer la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad, en sus resoluciones 660 y 661, de agosto de 1990, condenó de inmediato la invasión de Kuwait, exigió la retirada del Irak y le impuso sanciones, incluido un embargo comercial y de petróleo. En noviembre, el Consejo de Seguridad emplazó al Irak para que cumpliera con lo dispuesto en la resolución 660 (1990) hasta el 15 de enero de 1991, y autorizó a los Estados Miembros a utilizar “todos los medios necesarios” para restablecer la paz y la seguridad internacionales. El 16 de enero de 1991, fuerzas multinacionales autorizadas por el Consejo, pero no bajo la dirección ni el control de las Naciones Unidas, pusieron en marcha un operativo militar contra el Irak. En febrero se suspendieron las hostilidades, después de que las fuerzas iraquíes se retiraran de Kuwait. En su resolución 687 (1991), del 8 de abril, el Consejo estableció las condiciones de la cesación del fuego. Tras decidir que las armas iraquíes de destrucción masiva debían ser eliminadas, el Consejo de Seguridad estableció la Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM) sobre el desarme del Irak, facultada para realizar inspecciones sin previo aviso, y confió al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la tarea de llevar a cabo una serie de actividades de verificación similares en la esfera de los armamentos nucleares, con la asistencia de la Comisión Especial. El Consejo estableció, además, una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre el Irak y Kuwait, y mediante la resolución 689 creó la Misión de Observación

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de las Naciones Unidas para el Irak y Kuwait (UNIKOM) para que vigilara la desmilitarización del área. El Consejo estableció también una Comisión de Demarcación de la Frontera entre el Irak y Kuwait, cuyas decisiones fueron aceptadas por el Irak en 1994. Asimismo, el Consejo designó una Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas para procesar las denuncias e indemnizar a gobiernos, individuos y empresas por cualquier pérdida o daño sufrido como consecuencia de la invasión del Irak a Kuwait, utilizando para ello un porcentaje de las ganancias obtenidas con la venta del petróleo iraquí. Hasta la fecha, la Comisión ha aprobado un total de 52.400 millones de dólares en concepto de indemnizaciones, de los cuales, a finales de 2010 se habían pagado 30.700 millones. La Comisión sigue realizando pagos en la medida en que el Irak continúa entregando el 5% de sus ingresos petrolíferos al Fondo de Indemnización. En diciembre de 1995, el Consejo, preocupado por el grave efecto humanitario de las sanciones económicas sobre la población iraquí, creó el Programa de Petróleo por Alimentos para ofrecer algún alivio. Establecido en virtud de su resolución 986 (1995), el programa vigilaba la venta de petróleo del gobierno del Irak para adquirir alimentos y suministros humanitarios, y gestionaba su distribución en el país. El programa constituía la única fuente de sustento para el 60% de la población, estimada en 27 millones de personas, hasta su finalización, en noviembre de 2003. En respuesta a las denuncias recibidas con posterioridad sobre la aplicación del programa, un Comité Independiente de Investigación designado por el Secretario General y presidido por Paul Volcker (ex Director de la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos) verificó que el Presidente de la oficina a cargo del Programa de Petróleo por Alimentos era culpable de mala administración, y de inmediato el Secretario General le retiró la inmunidad de que gozaba. Las Naciones Unidas aplicaron, asimismo, varias iniciativas de reforma de la administración, tendientes a fortalecer la conducta ética, la supervisión interna y la responsabilidad, así como la transparencia, la divulgación de la información financiera y la protección de los “informantes”. Durante sus inspecciones en la década de 1990, la UNSCOM y el OIEA detectaron y desmantelaron amplios programas con capacidad para generar armas prohibidas en las esferas nuclear, química y biológica. En 1998, el Irak solicitó al Consejo que levantara su embargo sobre el petróleo y declaró que ya no poseía armas prohibidas. La UNSCOM declaró que carecía de pruebas para demostrar el pleno cumplimiento por parte del Irak de la resolución 687 (1991). En octubre, el Irak suspendió su cooperación

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con la UNSCOM, que realizó su última misión en diciembre. Ese mismo mes, los Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron ataques aéreos contra el Irak. En diciembre de 1999, mediante la resolución 1284, el Consejo de Seguridad estableció la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) para reemplazar a la UNSCOM y expresó su intención de levantar algunas sanciones económicas, dependiendo de cómo evolucionara la cooperación del Irak con la UNMOVIC y con el OIEA. En noviembre de 2002, el Consejo aprobó su resolución 1411, estableció un régimen de inspección más estricto y ofreció al Irak una última oportunidad para cumplir con sus exigencias. Los inspectores de las Naciones Unidas regresaron al Irak y en reiteradas ocasiones el Presidente Ejecutivo de la UNMOVIC y el Director General del OIEA elevaron informes al Consejo, pero este continuó dividido acerca de cómo asegurar que el país cumpliera con sus obligaciones. Durante las negociaciones, y fuera del marco del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos, el Reino Unido y España dieron plazo al Irak hasta el 17 de marzo de 2003 para desarmarse por completo. Ante la amenaza inminente del comienzo de una acción militar, el 17 de marzo el Secretario General ordenó la retirada del personal internacional de las Naciones Unidas y la suspensión de todas las operaciones. Tres días más tarde comenzó la acción militar por parte de una coalición encabezada por los Estados Unidos y por el Reino Unido. Después de la caída del régimen de Saddam Hussein, en mayo de 2003 el Consejo de Seguridad aprobó su resolución 1483 (2003), en la que destacó el derecho del pueblo iraquí a determinar libremente su futuro político. El Consejo reconoció la autoridad, la responsabilidad y las obligaciones de la Coalición (la “Autoridad”) hasta tanto se instaurara un gobierno reconocido internacionalmente. Asimismo, levantó las sanciones internacionales y estableció un fundamento jurídico para que las Naciones Unidas reanudaran sus operaciones en el país. En agosto de 2003, el Consejo de Seguridad, mediante su resolución 1500, estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Irak (UNAMI) y le confió el mandato de coordinar la asistencia humanitaria y las tareas de reconstrucción y de prestar asistencia en el proceso político para el establecimiento de un gobierno soberano en el país, internacionalmente reconocido. Asimismo, el Consejo acogió con beneplácito el establecimiento del Consejo de Gobierno del Irak como un paso importante en esa dirección. Cinco días más tarde, el 19 de agosto de 2003, la Sede de las Naciones Unidas en Bagdad fue objeto de un

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atentado terrorista, que causó 22 muertos y más de 150 heridos. Quince de las víctimas eran funcionarios de las Naciones Unidas, y entre ellos se encontraba el Jefe de la Misión, Sergio Vieira de Mello. Tras el atentado, el Secretario General retiró a la mayor parte del personal internacional de las Naciones Unidas de Bagdad y mantuvo sólo un equipo pequeño, integrado principalmente por iraquíes, para proporcionar asistencia humanitaria esencial, como la entrega de alimentos y agua y la prestación de atención sanitaria en todo el país. En octubre, el Consejo autorizó a una fuerza multinacional a que tomase todas las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el Irak, y para la seguridad de la UNAMI y las instituciones de la Administración Provisional. En noviembre, el Consejo de Gobierno del Irak y la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) llegaron a un acuerdo para la restauración de la soberanía a finales de junio de 2004. Atendiendo a la solicitud del Consejo de Gobierno del Irak y de la Autoridad Provisional de la Coalición, respecto de que las Naciones Unidas ayudaran en la transición hacia la soberanía, el Secretario General envió un equipo de asistencia electoral con el propósito de evaluar las necesidades para celebrar elecciones fidedignas en enero de 2005. También solicitó a su Asesor Especial para el Irak, que llegó al país en abril de 2004, que cooperara con los iraquíes en esos arreglos. En mayo, el Consejo de Gobierno del Irak nombró Primer Ministro al Sr. Iyad Allawi. El 28 de junio se transfirió oficialmente la soberanía de la Autoridad Provisional de la Coalición al nuevo Gobierno provisional iraquí. En junio de 2004 se constituyó la Comisión Electoral Independiente del Irak, que en poco más de dieciocho meses, con el apoyo de las Naciones Unidas, organizó dos elecciones nacionales y un referéndum constitucional, pese a la situación de seguridad extremadamente frágil. El 31 de enero de 2005, millones de iraquíes participaron en las elecciones para elegir una Asamblea Nacional provisional. La Asamblea Nacional de Transición celebró su primera reunión en marzo de 2005. Su Presidente solicitó oficialmente la ayuda de las Naciones Unidas para redactar una nueva constitución nacional y promover el consenso en torno a ella. En octubre, el proyecto de constitución del Irak fue aprobado en un referéndum nacional. En diciembre se celebraron elecciones parlamentarias, en las que participaron millones de votantes de todas las comunidades, con la presencia de centenares de observadores, agentes y funcionarios electorales. Hacia junio de 2006 ya estaba constituido el nuevo gobierno. Las Naciones Unidas se comprometieron a ayudar al pueblo y al gobierno del Irak a promover el diálogo y la reconciliación nacional.

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Sin embargo, pese al éxito de la transición política, la situación de seguridad siguió deteriorándose y el país fue asolado por olas de violencia sectaria y revanchista. Hacia fines de 2007, alrededor de 2,2 millones de iraquíes habían huido del país y la cifra de desplazados internos ascendía a casi 2,4 millones. Las Naciones Unidas asumieron un papel fundamental en relación con los refugiados y los desplazados. No obstante este escenario, se produjeron algunos acontecimientos positivos. En marzo de 2007, el Pacto Internacional con el Irak inició oficialmente su actividad, y dirigentes de todo el mundo comprometieron miles de millones de dólares para el plan quinquenal de paz y desarrollo del Irak. En junio, el Consejo de Seguridad, expresando su gratitud por las “amplias contribuciones” hechas por la UNMOVIC y el OEIA, puso fin a sus respectivos mandatos en el Irak, y en agosto renovó y extendió el mandato de la UNAMI, preparando el camino para realzar el papel de las Naciones Unidas en áreas clave como la reconciliación nacional, el diálogo regional, la asistencia humanitaria y los derechos humanos. En agosto de 2008, las Naciones Unidas y el Gobierno iraquí firmaron la Estrategia de Asistencia de las Naciones Unidas para el Irak 2008-2010, que definía el apoyo de las Naciones Unidas a la reconstrucción, el desarrollo y las necesidades humanitarias del país durante tres años. En marzo de 2010, con la asistencia de la UNAMI, se celebraron elecciones parlamentarias, en las que participó aproximadamente el 62% de la población. El Tribunal Supremo del Irak validó el resultado en junio, y el Consejo de Seguridad exhortó a todos los actores políticos a participar en un proceso para formar un gobierno representativo con inclusión de todas las tendencias políticas. En noviembre, los principales partidos políticos iraquíes, después de meses de estancamiento, acordaron formar un gobierno, y en diciembre el Parlamento aprobó por unanimidad el nuevo Gobierno de Nouri al-Maliki. La coalición incluye a curdos, chiitas y sunnitas. En mayo de 2010, el Irak y la UNAMI lanzaron el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 2011-2014, a fin de cooperar con el Plan Nacional de Desarrollo de cinco años. En agosto, el Consejo de Seguridad extendió el mandato de la UNAMI por un año más. La India y el Pakistán

Las Naciones Unidas se han comprometido activamente a fomentar las relaciones armoniosas entre la India y el Pakistán, países que desde hace décadas padecen los efectos de la controversia sobre Cachemira. El problema se remonta a los años cuarenta, cuando el Estado de Jammu y

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Cachemira fue uno de los principados que tuvo la opción de adherirse a la India o al Pakistán en virtud del plan de partición y la Ley de Independencia de la India de 1947. El Maharajá hindú de Jammu y Cachemira, cuya población era principalmente musulmana, firmó el instrumento de adhesión de su Estado a la India. El Consejo de Seguridad examinó la cuestión por primera vez en 1948, cuando la India denunció que miembros de diversas tribus y otras personas estaban invadiendo Jammu y Cachemira con el apoyo y la participación del Pakistán y que se estaban produciendo combates. El Pakistán negó las acusaciones y declaró ilegal la adhesión de Jammu y Cachemira a la India. El Consejo recomendó, en consecuencia, varias medidas para poner fin al conflicto, como el envío de observadores militares de las Naciones Unidas. También estableció una comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, que hizo propuestas para la cesación del fuego, la retirada de las tropas y la celebración de un plebiscito para decidir la cuestión. Ambas partes aceptaron las propuestas, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre las modalidades del plebiscito. Desde 1949, tras un acuerdo de cesación del fuego firmado por las partes, el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas entre la India y el Pakistán (UNMOGIP) ha controlado la línea de cesación del fuego en Jammu y Cachemira. Tras un acuerdo firmado en 1972, las partes se comprometieron a solucionar sus diferencias pacíficamente, pero la tensión se ha mantenido. En 2003, el Primer Ministro de la India y el Presidente del Pakistán comenzaron a adoptar una serie de medidas recíprocas destinadas a mejorar las relaciones bilaterales. El Secretario General manifestó su esperanza de que la normalización de las relaciones diplomáticas y el restablecimiento de las comunicaciones por ferrocarril, por carretera y por vía aérea, así como otras medidas de fomento de la confianza, condujesen a la reanudación de un diálogo sostenido. En noviembre, el Pakistán ofreció una cesación del fuego unilateral en la línea de control de Jammu y Cachemira, a lo que la India respondió positivamente. Finalmente, todas estas iniciativas condujeron a una cumbre, que se celebró a comienzos de 2004 en Islamabad (Pakistán) entre el Primer Ministro de la India, Atal Bihari Vajpayee, y el Presidente del Pakistán, Pervez Musharraf, y su Primer Ministro, Zarafullah Khan Jamali. Como elocuente gesto de paz y como oportunidad para volver a reunir a familias que habían permanecido separadas durante casi sesenta años, en 2005 se inauguró un servicio de autobuses a través de la línea de cesación del fuego. Sin embargo, un atentado perpetrado en febrero de 2007 contra el

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tren Friendship Express, que cubre la ruta entre Nueva Delhi y Lahore, arrojó un saldo de 67 muertos y casi 20 heridos. El Secretario General Ban Ki-moon, en una declaración de la que se hizo eco el Consejo de Seguridad, condenó enérgicamente el atentado terrorista y exigió que sus autores fueran llevados ante la Justicia. También expresó su satisfacción por el hecho de que tras el atentado los líderes de la India y el Pakistán hubieran reafirmado su determinación de seguir avanzando por la senda del diálogo. En noviembre de 2008 tuvo lugar una ola de ataques terroristas en Mumbai, el centro financiero de la India, perpetrados por extremistas de Lashkar-e-Taiba, grupo con base en Pakistán. Los ataques, que fueron condenados por la comunidad mundial, se extendieron durante tres días y dejaron 173 muertos y más de 300 heridos. Un operativo de las Fuerzas Armadas de la India tuvo como resultado la muerte de los atacantes en el Hotel Taj Mahal, salvo uno que fue capturado con vida. A pesar de que el Pakistán condenó los ataques, las atrocidades cometidas por los terroristas volvieron a crear una gran tensión en las relaciones entre los dos vecinos. El Consejo de Seguridad y el Secretario General condenaron los ataques e instaron a todos los Estados a cooperar con la India para llevar a juicio a los perpetradores, los organizadores, los financiadores y los patrocinadores de esos actos de terrorismo. En septiembre de 2010, el Secretario General exhortó a que se pusiera fin de inmediato a la violencia en Cachemira, después de haber recibido varios informes que indicaban que desde junio habían sido asesinadas allí docenas de personas. En octubre, afirmó que las Naciones Unidas “están junto a Pakistán para enfrentar el desafío del extremismo terrorista e impulsar la transformación democrática del país”. Tayikistán

Tayikistán obtuvo la independencia en 1991, después de la desintegración de la Unión Soviética. Pronto tuvo que hacer frente a una grave crisis social y económica, a tensiones regionales y políticas y a diferencias entre los laicistas y los tradicionalistas proislámicos, que sumieron al país en una guerra civil que dejó un saldo de más de 50.000 muertos. En 1994, las negociaciones celebradas bajo los auspicios del Representante Especial del Secretario General condujeron a la firma de un acuerdo de cesación del fuego y el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán (MONUT) para ayudar a supervisar el cumplimiento del Acuerdo. En 1997, las negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas culminaron en un acuerdo de paz

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que la MONUT contribuyó a aplicar, en estrecha cooperación con una fuerza de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes (CIS) y con una misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). En febrero de 2000 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias multipartidistas del país. La MONUT se retiró en mayo y fue sustituida por una presencia mucho más pequeña, la Oficina de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Tayikistán (UNTOP), con el mandato de ayudar a consolidar la paz y promover la democracia. La UNTOP finalizó su labor en julio de 2007. El cierre de la UNTOP concluyó un capítulo de la asistencia política de las Naciones Unidas en Asia Central, pero en diciembre de 2007 se abrió una nueva página con la inauguración del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central. Con sede en Ashgabat, la capital de Turkmenistán, el Centro contribuye con los gobiernos de la región a resolver una serie de desafíos y amenazas comunes de manera pacífica y con espíritu de cooperación, en particular el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la delincuencia organizada y la degradación del medio ambiente. El Centro ofrece a los gobiernos su asistencia en varias esferas, como la creación de capacidad para prevenir los conflictos de manera pacífica, la facilitación del diálogo y la catalización del apoyo internacional para proyectos e iniciativas específicos. Asimismo, colabora estrechamente con los programas y organismos existentes de las Naciones Unidas en Asia Central y con las organizaciones regionales. Entre sus prioridades para el período 2009-2011 figuran las amenazas transfronterizas derivadas de actividades ilícitas —como el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas—, la degradación ambiental, el manejo de recursos comunes como el agua y la energía, y las implicaciones derivadas de la precaria situación en el Afganistán. Camboya

Antes de la aplicación del Acuerdo de Paz de París de 1991, logrado con la intermediación de las Naciones Unidas, Camboya se hallaba sumida en un profundo conflicto interno y estaba relativamente aislada. Desde que dejó de ser colonia francesa en los años cincuenta, el país había sufrido no sólo los efectos indirectos de la guerra del Vietnam en los años sesenta y setenta, sino también los conflictos civiles devastadores y el genocida régimen totalitario de Pol Pot. Durante el régimen de los Jemeres Rojos (“Khmer Rouge”), entre 1975 y 1979, casi dos millones de personas perecieron a causa de enfermedades, de inanición o asesinadas,

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muchas de ellas en los tristemente famosos “campos de la muerte” de Camboya. En 1993, gracias a la ayuda de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC), el país celebró sus primeras elecciones democráticas. Desde entonces, organismos y programas de las Naciones Unidas han cooperado con el Gobierno a fomentar la reconciliación y el desarrollo, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Representante Especial del Secretario General han ayudado a promover y proteger los derechos humanos, piedra angular del Estado de derecho y del desarrollo democrático. En 2003 se llegó a un acuerdo con el Gobierno para que las Naciones Unidas ayudaran al país a establecer y gestionar un Tribunal especial encargado de juzgar delitos cometidos durante el período de los Jemeres Rojos. El Tribunal se estableció en 2005 y sus magistrados y fiscales tomaron posesión del cargo en 2006. Doce meses después se aprobó su reglamento interno. A partir de julio, las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya dictaron sus primeros autos de acusación por crímenes de lesa humanidad y órdenes de detención provisional contra varios acusados. En 2008, los camboyanos afectados por los Jemeres Rojos participaron por primera vez en las sesiones del tribunal a través de sus abogados, en lo que la Unidad de Víctimas del Tribunal describió después como “un día histórico en el derecho penal internacional”. Ieng Sary, Ieng Thirith, Khieu Samphan y Nuon Chea —los cuatro miembros de mayor rango del régimen de Kampuchea Democrática— fueron encausados en 2010 y están siendo juzgados por crímenes contra la humanidad, como asesinatos, esclavización, torturas y violación. También se los acusa de genocidio contra los grupos étnicos cham y vietnamita, infracciones graves de la Convención de Ginebra y violaciones del Código Penal camboyano de 1956, incluyendo asesinato, tortura y persecución religiosa. Myanmar

Desde que los dirigentes militares de Myanmar invalidaran los resultados de las elecciones democráticas de 1990, las Naciones Unidas han contribuido a impulsar el retorno a la democracia y a mejorar la situación de los derechos humanos en el país mediante un proceso inclusivo de reconciliación nacional. En 1993, la Asamblea General instó a acelerar el regreso a la democracia y pidió al Secretario General que ayudara al Gobierno de Myanmar en el proceso. El Secretario General interpuso sus buenos oficios para ese fin y designó sucesivamente a tres Enviados Especiales para que entablaran diálogo con todas las partes involucradas.

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La Asamblea ha renovado cada año el mandato de buenos oficios del Secretario General desde 1993. De esa manera las Naciones Unidas tratan de promover avances en cuatro esferas clave: la liberación de los prisioneros políticos, un proceso político más inclusivo, el cese de las hostilidades en las zonas fronterizas y un entorno propicio para la prestación de asistencia humanitaria. Después de que en el período comprendido entre 2004 y 2006 no se celebrara ningún diálogo de alto nivel entre las Naciones Unidas y el Gobierno, la misión de buenos oficios del Secretario General se reanudó en mayo de 2006 mediante dos visitas a Myanmar del Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, designado más tarde por el Secretario General Ban Ki-moon como su Asesor Especial sobre Myanmar. Durante 2007, el Asesor Especial viajó nuevamente en dos oportunidades al país y se reunió con los más altos dirigentes de Myanmar y con la líder de la oposición, detenida, Daw Aung San Suu Kyi, y su partido, la Liga Nacional para la Democracia. Además, mantuvo una serie de consultas con los principales Estados Miembros interesados, en particular de Europa y de Asia. El Consejo de Seguridad emitió una declaración de la Presidencia expresando su “apoyo firme e incondicional” a la misión de buenos oficios del Secretario General. En 2008, el Consejo de Seguridad destacó la necesidad de que el Gobierno “establezca las condiciones y cree una atmósfera conducente a un proceso inclusivo y digno de confianza”, pero ese mismo año el referéndum sobre una nueva constitución, redactada bajo la guía de los militares, que aprobó el proyecto constitucional, fue criticado por la comunidad internacional. El Secretario General visitó el país en 2009, por invitación del Gobierno, y abogó por la liberación de todos los presos políticos, incluida Aung San Suu Kyi, la reanudación de un diálogo sustantivo entre el gobierno y la oposición, y la creación de condiciones que conduzcan a elecciones creíbles y legítimas. Sin embargo, en agosto del mismo año Aung San Suu Kyi fue condenada a tres años de trabajos forzados, aunque después la pena fue conmutada a dieciocho meses de prisión domiciliaria, en un veredicto severamente criticado por el Secretario General. Por invitación del Gobierno, el Relator Especial de las Naciones Unidas, designado en 1992 para observar la situación de los derechos humanos en Myanmar e informar sobre ella, visitó el país por última vez en febrero de 2010. El Gobierno aprobó en marzo de 2010, nuevas leyes electorales. La Ley de registro de los partidos políticos prohibía votar o ser miembro de un partido político a cualquier persona que estuviera cumpliendo una condena, lo que efectivamente impedía a Aung San Suu Kyi tomar

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parte en las elecciones, a menos que se le remitiera la pena de la prisión domiciliaria. El Secretario General señaló entonces que las nuevas leyes electorales no respondían a “las expectativas internacionales sobre lo que se espera de un proceso político incluyente”. En mayo, el delta del Irrawaddy fue devastado por un ciclón que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos. Se estima que entre 1,2 y 1,9 millones de personas fueron afectadas, perdiendo sus hogares y quedando expuestas a los riesgos del hambre y las enfermedades. Organismos de las Naciones Unidas ofrecieron su asistencia, pero el Gobierno sólo autorizó una ayuda muy limitada y dificultó el ingreso de trabajadores de socorro extranjeros. El Secretario General expresó su “profunda preocupación e inmensa frustración ante la respuesta inaceptablemente lenta a la grave crisis humanitaria” y viajó a Myanmar para persuadir al Gobierno de que aceptase la ayuda internacional. Después de varias conversaciones, el Gobierno aceptó el envío de personal humanitario, que empezó a arribar al país a comienzos de junio. También se acordó que el esfuerzo de socorro fuera dirigido por la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), lo que condujo a la formación de un mecanismo tripartito ASEAN-Naciones Unidas-Myanmar. Más adelante ese mismo año, el Presidente de la Asamblea General, después de recibir el informe de la visita del Enviado Especial a Myanmar en agosto, exhortó a mantener el compromiso de “promover la reconciliación nacional, la democracia y el respeto por los derechos humanos en Myanmar, según el mandato de la Asamblea General”. El Secretario General expresó que “la falta de interés de Myanmar es profundamente frustrante” y “contradice sus declaraciones políticas de cooperación con las Naciones Unidas”. En noviembre de 2010, el Secretario General describió las elecciones de ese mes —las primeras en veinte años y las terceras en toda la historia del país con participación de varios partidos— como “insuficientemente inclusivas, participativas y transparentes”, y reclamó la liberación de todos los presos políticos. Nepal

El Acuerdo General de Paz firmado en noviembre de 2006 entre la alianza de partidos políticos en el Gobierno y los insurgentes maoístas, que desde 1996 libraban una lucha armada en Nepal, puso punto final a un conflicto de diez años en este país del Asia meridional. El Acuerdo se produjo seis meses después de que un movimiento popular, coordinado indirectamente por los maoístas, pusiera fin a la monarquía autoritaria de Nepal. En este contexto marcado por profundos cambios

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y sus secuelas, las Naciones Unidas desempeñaron un papel relevante, a petición de Nepal, ayudando al país a mejorar su situación en relación con los derechos humanos y a consolidar la paz. La labor de las Naciones Unidas en Nepal adquirió mayor relieve en 2005, después que se estableció en el país una Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta Oficina desempeñó un papel fundamental en la supervisión de los compromisos en materia de derechos humanos, contenidos en el código de conducta que acompañaba el acuerdo de cesación del fuego y de las disposiciones de derechos humanos incluidas en el acuerdo de paz. Por medio de informes y declaraciones, la Oficina del Comisionado trató activamente de persuadir a las fuerzas de seguridad nepalíes y maoístas para que actuaran con moderación y se abstuvieran de dirigir ataques deliberados contra la población civil. Las Naciones Unidas participaron durante años en las gestiones políticas emprendidas para poner fin a las hostilidades e impulsar una solución política negociada en Nepal. En 2006, atendiendo una solicitud de asistencia de las Naciones Unidas presentada por el Gobierno, el Secretario General envió al país una misión de evaluación inicial. A continuación, el Gobierno y los maoístas remitieron cartas idénticas al Secretario General solicitando la ayuda de las Naciones Unidas para supervisar la aplicación del código de conducta, observar las elecciones para la Asamblea Constituyente, desplegar personal civil a fin de supervisar y verificar el acantonamiento de los combatientes maoístas y sus armas en zonas designadas, y que el ejército permaneciera en sus cuarteles y no intentara tomar las armas. Ese mismo año, el Representante Personal del Secretario General en Nepal contribuyó a encontrar puntos comunes entre las partes sobre algunos aspectos clave, en particular la organización de las elecciones para la Asamblea Constituyente, la gestión de las armas y los ejércitos y el modo de llegar a un consenso sobre el papel de las Naciones Unidas en el proceso de paz. Cuando el Gobierno reiteró la petición de asistencia de las Naciones Unidas, formulada previamente por ambas partes, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1740 (2007), que estableció la Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN). La UNMIN trabajó en varios frentes. Sus supervisores de armas se ocuparon del registro del armamento y de los combatientes maoístas, un proceso que concluyó a finales de 2007. Los expertos electorales de la UNMIN cooperaron con la Comisión Electoral de Nepal proporcionándole apoyo técnico para la planificación, preparación y celebración de las elecciones para la Asamblea Constituyente. Un pequeño equipo de observadores electorales de las Naciones Unidas

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participó en la revisión de todos los aspectos técnicos del proceso electoral y en la preparación de un informe sobre la celebración de los comicios. Entretanto, los oficiales de asuntos civiles de la UNMIN aportaron a la Misión la capacidad de lograr la participación de las comunidades situadas fuera de Katmandú y ayudaron a crear un clima propicio para la celebración pacífica de las elecciones. El Consejo de Seguridad felicitó al pueblo nepalés por el proceso electoral de 2008 y exhortó a todas las partes a respetar la voluntad de la población y a aceptar el imperio de la ley. Después que la Asamblea Nacional se reunió por primera vez y proclamó la República en Nepal y se constituyó un gobierno que incorporaba a las dos partes, el Secretario General aprobó dedicar 10 millones de dólares de asistencia al país, del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz. Sin embargo, en 2009, después de una visita a Nepal, el Secretario General describió la situación interna del país como frágil y, efectivamente, a continuación siguió un período de estancamiento político. No obstante, tras la liberación de alrededor de 3.000 excombatientes maoístas identificados como niños —un punto clave del plan de acción firmado en 2009 por el Gobierno, los maoístas y las Naciones Unidas—, en septiembre de 2010 los grupos políticos opositores llegaron a lo que se denominó Acuerdo de Cuatro Puntos, para completar las tareas pendientes del proceso de paz hasta el 14 de enero de 2011. Acordaron completar para esa fecha la integración y rehabilitación de los excombatientes maoístas. A su vez, el Consejo de Seguridad, mediante su resolución 1939 de 2010, extendió el mandato de la UNMIN hasta el 15 de enero de 2011, fecha en que el mandato expiró. Bougainville y Papua Nueva Guinea

A principios de 1998, tras un decenio de conflictos armados derivados de la cuestión de la independencia de la isla de Bougainville, el Gobierno de Papua Nueva Guinea y los líderes de Bougainville concertaron el Acuerdo de Lincoln, que establecía el marco para iniciar un proceso de paz. En virtud del Acuerdo, el grupo regional encargado de supervisar la tregua, con observadores de Australia, Fiji, Nueva Zelandia y Vanuatu, se transformó en el Grupo de Vigilancia de la Paz. Conforme al Acuerdo de Lincoln, el Gobierno de Papua Nueva Guinea solicitó al Consejo de Seguridad que hiciese suyo ese acuerdo y estableciese una pequeña misión de observadores de las Naciones Unidas. Ambas solicitudes fueron aceptadas. La Oficina Política de las Naciones Unidas en Bougainville (UNPOB), primera misión política de las Naciones Unidas en el Pacífico Sur, inició sus funciones ese mismo año.

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En 2001, tras más de dos años de conversaciones facilitadas y presididas por la UNPOB, las partes firmaron el Acuerdo de Paz de Bougainville, que establecía un plan para la eliminación de armamentos, la autonomía y un referéndum. La Oficina Política encabezó la supervisión del plan para la eliminación de armamentos. Una vez terminada la segunda etapa del plan, como certificó la UNPOB, comenzó el proceso de redacción de una constitución y de elección de un gobierno autónomo para Bougainville. En 2004, consolidada la estabilidad, las Naciones Unidas reemplazaron a la UNPOB por una misión más pequeña, la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Bougainville (UNOMB). Al año siguiente, se celebraron las elecciones para elegir el primer Gobierno autónomo de la provincia de Bougainville en Papua Nueva Guinea. En junio de 2005 tomó posesión el nuevo gobierno autónomo provincial de la isla, incluidos su Presidente y su Cámara de Representantes, circunstancia que marcó la conclusión de la labor de la UNOMB. La guerra en Bougainville pasó casi inadvertida pero fue devastadora, como lo demuestran los 15.000 muertos que se cobró durante los años ochenta y noventa del siglo xx. Entre las gestiones de las Naciones Unidas que propiciaron una solución satisfactoria cabe destacar su participación en las negociaciones, su labor de mediación y la facilitación de la resolución del conflicto. La Organización, asimismo, se encargó de recolectar y destruir alrededor de 2.000 armas, alentó a las partes a cumplir los plazos convenidos antes de las elecciones y facilitó su celebración. Timor-Leste

En 2002, después de varios años de activa participación de las Naciones Unidas en su lucha por la libre determinación, la antigua colonia de Timor Oriental declaró su independencia con el nombre de Timor-Leste. Su Asamblea Constituyente se transformó luego en su Parlamento nacional, y en septiembre de ese año Timor-Leste se convirtió en el 191º Estado Miembro de las Naciones Unidas. Después de su declaración de independencia, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNMISET) para ayudar al nuevo Estado a erigir una infraestructura administrativa básica, mantener provisionalmente el orden público y la seguridad, crear un servicio nacional de policía y contribuir al mantenimiento de la seguridad interna y externa. Una vez concluida su labor en 2005, la UNMISET fue reemplazada por la Oficina de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNOTIL). Durante el año siguiente, la UNOTIL contribuyó al establecimiento de las principales instituciones del Estado, de la policía y la unidad de patrulla

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de frontera, e impartió formación sobre el gobierno democrático y la observancia de los derechos humanos. Sin embargo, la expulsión de casi 600 miembros de las fuerzas armadas timorenses en 2006 desató una crisis violenta, que alcanzó su peor momento en mayo y que se saldó con numerosos muertos. El Gobierno solicitó, y el Consejo de Seguridad aprobó, el despliegue de asistencia internacional, militar y de policía, para garantizar la seguridad en algunos lugares e instalaciones esenciales. El Secretario General despachó a su Enviado Especial para ayudar a neutralizar la crisis y hallar una solución política al conflicto. Tras la celebración de extensas negociaciones entre los interlocutores, en julio se constituyó un nuevo gobierno. En agosto de 2006, el Consejo de Seguridad estableció una operación nueva y ampliada, la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT), para prestar apoyo al Gobierno con miras a “consolidar la estabilidad, fomentar una cultura de gobernabilidad democrática y facilitar el diálogo político entre las partes interesadas de Timor-Leste”. Desde entonces, por lo general, se ha mantenido la estabilidad en el país, y en 2007 las elecciones presidenciales y parlamentarias, respectivamente, se celebraron en un clima de relativa tranquilidad. A comienzos de 2008, un grupo encabezado por un ex militar atacó al Presidente y al Primer Ministro de Timor-Leste. El Consejo de Seguridad condenó los ataques y exhortó a la plena colaboración entre todos los partidos para someter a los responsables a la justicia. El Consejo aprobó la intención del Secretario General de enviar una misión de expertos, que en marzo evaluó las necesidades de la policía nacional y los posibles ajustes a la capacidad policial de la UNMIT. De acuerdo con su informe, la UNMIT tenía problemas de despliegue, de capacidad, sus normas de entrenamiento eran contradictorias y carecía de recursos suficientes, y el marco de tiempo para su mandato era limitado. Otro equipo de las Naciones Unidas visitó Timor-Leste para iniciar la aplicación de las recomendaciones del informe, incluyendo la gradual transferencia de las responsabilidades policiales de la UNMIT a la policía timorense. Más adelante ese mismo año, el Consejo aprobó una declaración presidencial que encomiaba a los dirigentes timorenses por “la manera rápida, firme y responsable” en que habían respondido a los ataques. También reafirmaba la importancia de la revisión y reforma del sector de seguridad y la necesidad del apoyo sostenido de la comunidad internacional para ayudar a Timor-Leste a desarrollar sus instituciones. En 2009, durante el aniversario del referéndum organizado por las Naciones Unidas que condujo a la independencia del país, el Consejo

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alabó al pueblo y el Gobierno de Timor-Leste por sus esfuerzos hacia la paz, la estabilidad y el desarrollo. Al año siguiente, en febrero, el Consejo extendió el mandato de UNMIT por un año, a la vez que apoyó la intención del Secretario General de reconfigurar su componente policial de acuerdo con la gradual transferencia de las responsabilidades policiales a la policía nacional. Europa Chipre

La Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) fue establecida en 1964 para evitar que se reprodujeran los enfrentamientos entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota y para contribuir al mantenimiento y la restauración del orden público y el retorno a la normalidad. En 1974, un golpe de Estado perpetrado por elementos griegos y grecochipriotas partidarios de la unión del país con Grecia fue seguido por una intervención militar de Turquía y por la división de hecho de la isla. Desde 1974, la UNFICYP viene supervisando la cesación del fuego iniciada el 16 de agosto de 1974 y manteniendo una zona de separación entre las líneas de la Guardia Nacional de Chipre y las fuerzas turcas y turcochipriotas. Ante la ausencia de un arreglo político del problema, la UNFICYP continúa en la isla. El Secretario General ha interpuesto sus buenos oficios para tratar de lograr un acuerdo general, patrocinando conversaciones indirectas entre los dos líderes en 1999 y en 2000, y posteriormente mediante conversaciones directas intensivas, a partir de 2002. Asimismo, presentó una propuesta global que intentaba salvar las diferencias entre las partes, pero no fue posible llegar a un acuerdo respecto de someterla a sendas consultas populares con antelación suficiente para que un Chipre reunificado pudiese firmar el Tratado de adhesión a la Unión Europea. Las conversaciones se suspendieron en 2003. En abril, las autoridades turcochipriotas autorizaron la apertura de cruces públicos para que los grecochipriotas pudiesen viajar al norte y los turcochipriotas al sur, por primera vez en casi treinta años. Al tiempo que los ingenieros de las Naciones Unidas trabajaban en la mejora de las carreteras, el Consejo de Seguridad autorizó un aumento del componente policial civil de la UNFICYP para garantizar que personas y vehículos transitaran desde una parte hacia la otra de modo seguro y ordenado. Siete meses más tarde se habían contabilizado unos dos millones de cruces. El Secretario General acogió con satisfacción esa nueva iniciativa, pero insistió en que no podía sustituir a una solución integral. En 2004, dirigentes

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grecochipriotas y turcochipriotas, junto con las naciones garantes —Grecia, el Reino Unido y Turquía—, reanudaron las conversaciones en Nueva York sobre la base de las propuestas detalladas por el Secretario General. Tras seis semanas de negociaciones infructuosas, el Secretario General intervino para completar la “solución general del problema de Chipre”, que exhortaba la creación de una República Unida de Chipre integrada por un Estado grecochipriota y un Estado turcochipriota vinculados por un gobierno federal. El 76% de los votantes del referéndum grecochipriota rechazó el plan, mientras que el 65% de los turcochipriotas lo aceptaron. Al no obtener la aprobación de ambas comunidades, el plan fue descartado, de tal manera que el 1º de mayo Chipre ingresó en la Unión Europea como isla dividida y militarizada. En 2006, los dirigentes grecochipriotas y turcochipriotas celebraron una reunión, junto con el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. En el “conjunto de principios” y la “decisión adoptada por los dos dirigentes” se comprometieron a la unificación de Chipre sobre la base de una federación bizonal y bicomunal y de la igualdad política, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad, así como a emprender el proceso para concretarla. En 2007 se reunieron nuevamente en la residencia oficial del Representante Especial del Secretario General en Chipre y acordaron iniciar el proceso con la mayor celeridad posible. La última ronda de negociaciones se inició después del acuerdo de 2008 entre los dirigentes grecochipriotas y turcochipriotas, quienes decidieron asimismo abrir un cruce público en la calle Ledra, en el centro de la parte vieja de Nicosia, que durante muchos años había sido el símbolo de la división de Chipre. Más adelante, ese mismo año se iniciaron negociaciones y los dirigentes, sus representantes y diversos expertos elaboraron una serie de documentos respecto de las posiciones asumidas sobre los diferentes problemas y los puntos de convergencia y divergencia. Esas negociaciones continuaban en 2011. Georgia

Las relaciones entre Abjasia y Georgia son tensas desde hace decenios. En los años noventa, los nuevos intentos de las autoridades locales de Abjasia (región noroccidental de Georgia) por separarse de la República, que alcanzó su independencia en 1991, se recrudecieron con una serie de enfrentamientos armados registrados en 1992. Cientos de personas murieron y alrededor de 30.000 huyeron a la Federación de Rusia. Un enviado del Secretario General, nombrado en 1993, inició una labor

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de mediación entre las partes, y a finales del año se llegó a un acuerdo de cesación del fuego. Para verificar su cumplimiento, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG). Sin embargo, la lucha se reanudó y desembocó en una guerra civil. En 1994, las partes, reunidas en Moscú, acordaron una nueva cesación del fuego, que sería supervisada por una fuerza de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). La UNOMIG se ocuparía de vigilar el cumplimiento del acuerdo y de observar las operaciones de la fuerza. A lo largo de los años, los sucesivos representantes especiales del Secretario General han mantenido negociaciones y el Consejo de Seguridad ha subrayado la necesidad de arribar a una solución global. Sin embargo, las tensiones entre Georgia y la Federación de Rusia siguieron aumentando y en 2008 alcanzaron las dimensiones de una guerra por Ossetia meridional, a la que siguió la anulación del acuerdo de paz de 1994 y más tarde el retiro de la misión de la Comunidad de Estados Independientes. El serio agravamiento de las hostilidades afectó profundamente la situación en la zona de conflicto entre Abjasia y Georgia y el proceso general de resolución del conflicto. En agosto, las fuerzas separatistas de Abjasia abrieron un segundo frente y ocuparon territorios en Georgia occidental. El Presidente de la Federación de Rusia anunció inmediatamente su intención de detener las operaciones militares en Georgia, pero las tropas permanecieron en Ossetia meridional y en Abjasia, zonas reconocidas como “independientes” por la Federación de Rusia pero que Georgia consideraba como territorios ocupados por aquella. Según cálculos del ACNUR, alrededor de 192.000 personas se vieron forzadas a huir de sus hogares durante el conflicto de agosto de 2008. La UNOMIG concluyó su intervención en junio de 2009, porque en el Consejo de Seguridad no se alcanzó el consenso para la extensión de su mandato. Sin embargo, otros organismos de las Naciones Unidas han continuado prestando asistencia a los desplazados por los conflictos. Los Balcanes

La ex Yugoslavia. La República Federativa de Yugoslavia fue Miembro fundador de las Naciones Unidas. En 1991, dos repúblicas de la Federación, Eslovenia y Croacia, se declararon independientes. Los serbios de Croacia, con el apoyo del ejército nacional, se opusieron a la independencia y estalló la guerra entre Serbia y Croacia. En 1992, a fin de crear las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo, el Consejo de Seguridad estableció la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

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(UNPROFOR), inicialmente en Croacia. Pero la guerra se extendió a Bosnia y Herzegovina, que también se había declarado independiente con el apoyo de los croatas y los musulmanes de Bosnia, pero con la oposición de los serbios de Bosnia. Se produjo la intervención de los ejércitos serbio y croata y el Consejo de Seguridad impuso sanciones económicas a la República Federativa de Yugoslavia, formada por entonces por Serbia y Montenegro. La guerra recrudeció y se produjo la mayor crisis de refugiados registrada en Europa desde la segunda guerra mundial. En vista de las denuncias generalizadas de “depuración étnica”, en 1993 el Consejo de Seguridad creó por primera vez un tribunal internacional para juzgar crímenes de guerra. También declaró “zonas seguras” en determinados lugares, para tratar de aislarlos de los combates. La UNPROFOR intentó proteger la entrega de ayuda humanitaria en Bosnia y defender Sarajevo, la capital, así como otras “zonas seguras”. Sin embargo, aunque los mandos de las fuerzas de mantenimiento de la paz habían solicitado 35.000 efectivos, el Consejo de Seguridad sólo autorizó 7.600. Para poner fin a los continuos ataques contra Sarajevo, en 1994 la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) autorizó incursiones aéreas a petición del Secretario General. Las fuerzas serbias de Bosnia retuvieron a unos 400 observadores de la UNPROFOR y utilizaron a algunos de ellos como “escudos humanos”. Los combates se intensificaron en 1995 y Croacia lanzó grandes ofensivas contra sus zonas de población serbia. La OTAN respondió con intensos ataques aéreos al bombardeo constante de Sarajevo por la artillería de los serbios de Bosnia. Las fuerzas serbias ocuparon las “zonas seguras” de Srebrenica y Zepa y dieron muerte a cerca de 7.000 hombres y niños desarmados en Srebrenica, en la peor matanza conocida en Europa desde la segunda guerra mundial. En un informe de 1999, el Secretario General reconoció los errores cometidos por las Naciones Unidas y los Estados Miembros en su respuesta a la campaña de depuración étnica que culminó en los sucesos de Srebrenica, y afirmó que la tragedia “ensombrecerá para siempre la historia de la Organización”. En 1995 se alcanzó un acuerdo entre Bosnia y Herzegovina, Croacia y Yugoslavia, que puso fin a 42 meses de guerra. A fin de velar por el cumplimiento del acuerdo, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una fuerza multinacional dirigida por la OTAN e integrada por 60.000 efectivos. El Consejo estableció además una fuerza internacional de policía de las Naciones Unidas, que posteriormente pasó a formar parte de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH),

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de mayores proporciones. La Misión facilitó el regreso de los refugiados y desplazados, fomentó la paz y la seguridad, y ayudó a crear instituciones estatales. En 1996, el Consejo estableció la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP) para supervisar la desmilitarización de la península de Prevlaka, zona estratégica situada en Croacia y reclamada por Yugoslavia. La UNMIBH y la MONUP concluyeron su labor a finales de 2002. En mayo de 2006, la población de Montenegro se declaró a favor de la independencia en un referéndum, y al mes siguiente el país se declaró independiente y se convirtió en el 192º Miembro de las Naciones Unidas. Ese mismo mes, tras el referéndum de Montenegro, el Parlamento serbio declaró que la República de Serbia era el sucesor legal del Estado unido de Serbia y Montenegro, que ya era miembro de las Naciones Unidas. Kosovo. En 1989, la República Federativa de Yugoslavia revocó la autonomía local de Kosovo, provincia del sur de Yugoslavia, de importancia histórica para los serbios, y con más del 90% de la población de origen albanés. Los albaneses de Kosovo se opusieron a esa medida y boicotearon las instituciones estatales y la autoridad de Serbia, en un intento por lograr un gobierno autónomo. Las tensiones aumentaron y en 1996 nació el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), con la intención de alcanzar la independencia por medio de la rebelión armada. El ELK atacó a funcionarios serbios y a los albaneses que colaboraban con ellos, y las autoridades serbias respondieron con detenciones masivas. En marzo de 1998 estallaron los combates cuando la policía serbia rastreó la región de Drenica aparentemente buscando a miembros del ELK. El Consejo de Seguridad impuso un embargo de armas a Yugoslavia, incluida Kosovo, pero la situación se agravó y desembocó en una guerra abierta. Tras varias advertencias hechas a Yugoslavia, y con la ofensiva serbia en Kosovo como telón de fondo, la OTAN inició ataques aéreos contra Yugoslavia en marzo de 1999. El Secretario General lamentó el trágico fracaso de la diplomacia y destacó que en ocasiones “el empleo de la fuerza puede ser legítimo en la búsqueda de la paz”, por lo que el Consejo de Seguridad debía tomar parte en ese tipo de decisiones. Yugoslavia lanzó una gran ofensiva contra el ELK y comenzó a deportar de Kosovo en forma masiva a las personas de origen albanés, lo que causó una corriente de refugiados sin precedentes (alrededor de 850.000 personas). El ACNUR y otros organismos humanitarios se apresuraron a asistir a los refugiados en Albania y en la ex República Yugoslava de Macedonia. En junio, Yugoslavia aceptó el plan de paz propuesto por el Grupo de

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los Ocho (formado por las siete naciones occidentales industrializadas más Rusia). El Consejo de Seguridad lo hizo suyo y autorizó a los Estados Miembros a crear una fuerza para poner fin a las hostilidades, desmilitarizar el ELK y facilitar el regreso de los refugiados. También pidió al Secretario General que estableciera una administración civil internacional de carácter provisional para que la población de la provincia pudiera disfrutar de un grado considerable de autonomía y autogobierno. Las fuerzas yugoslavas se retiraron, la OTAN suspendió sus bombardeos y una fuerza multinacional, La Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR), de 50.000 efectivos llegó a la provincia para velar por la seguridad. La Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) se estableció de inmediato sobre el terreno para emprender una labor sin precedentes por su complejidad y alcance. El Consejo de Seguridad otorgó a la UNMIK autoridad sobre el territorio y la población de Kosovo, y todo el poder legislativo y ejecutivo, así como la administración del poder judicial. Al menos 841.000 de los aproximadamente 850.000 refugiados que habían huido durante la guerra regresaron a Kosovo y se dio prioridad a la tarea de equiparlos para los rigores del invierno que se acercaba. Cumplida esa tarea, la UNMIK avanzó significativamente hacia el restablecimiento de la vida normal y la reconstrucción económica a largo plazo. La desmilitarización del ELK concluyó en septiembre de 1999 y sus miembros se reintegraron en la sociedad civil. En los meses posteriores, cuando unos 210.000 kosovares de origen no albanés partieron de Kosovo hacia Serbia y Montenegro, un comité mixto les facilitó el regreso seguro. Las minorías no albanesas que permanecieron en el territorio vivían en varios enclaves aislados, protegidas por la KFOR. En 2001, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acusó a su ex Presidente Slobodan Milosevic y a otras cuatro personas de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad en un “ataque sistemático dirigido contra la población civil de origen albanés de Kosovo”. Cuando la defensa prácticamente había concluido su labor, Milosevic falleció por causas naturales, en 2006, en el centro donde se encontraba detenido. Se enfrentaba a 66 cargos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Croacia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. En 2001, el Consejo de Seguridad levantó el embargo de armas. En noviembre, Kosovo eligió a los 120 miembros de una Asamblea que a su vez eligió al primer presidente y primer ministro de la provincia, en marzo de 2002. En diciembre, la UNMIK terminó de transferir las

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responsabilidades a las instituciones locales provisionales, aunque conservó el control de la seguridad, la energía, las relaciones exteriores y la protección de los derechos de las minorías hasta tanto se determinase el estatuto definitivo de la provincia. En 2006, el Enviado Especial del Secretario General celebró cuatro rondas de negociaciones directas entre las partes y la primera reunión de alto nivel entre los principales líderes serbios y kosovares, pero el Gobierno de Kosovo —de origen albanés— y Serbia seguían enfrentados. En febrero de 2007, el Enviado Especial presentó su plan de estatuto definitivo como “una propuesta de compromiso”, pero las partes no cedieron. Posteriormente, el Enviado Especial señaló que la independencia era la única opción viable para Kosovo, una posición que Serbia había rechazado en forma sistemática. En agosto del mismo año, el Secretario General Ban Ki-moon celebró la firma de un acuerdo para que una troika integrada por la Unión Europea, la Federación de Rusia y los Estados Unidos se ocupara de dirigir las negociaciones respecto del estatuto futuro de Kosovo (véase www.unmikonline.org). En 2008, la Asamblea de Kosovo aprobó una declaración de independencia. En 2010, el Tribunal Penal Internacional emitió una opinión consultiva sobre la declaración afirmando que no violaba el derecho internacional. Hacia septiembre, Kosovo había sido reconocido como Estado independiente por 70 de los 192 Miembros de las Naciones Unidas, mientras que Serbia todavía lo consideraba parte de su territorio. Al mismo tiempo, el Secretario General reafirmó la disposición de las Naciones Unidas a contribuir al proceso de diálogo entre Belgrado y Pristina, en estrecha coordinación con los Estados Unidos. Desarme

Desde la fundación de las Naciones Unidas, las metas del desarme multilateral y la limitación de armamentos han sido fundamentales para desarrollar su labor de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (www.un.org/disarmament). La Organización ha dado máxima prioridad a la reducción y futura eliminación de las armas nucleares, la destrucción de las armas químicas y el endurecimiento de la prohibición relativa a las armas biológicas, ya que todas ellas representan la principal amenaza para la humanidad. Si bien esos objetivos se han mantenido a lo largo de los años, el alcance de las deliberaciones y las negociaciones ha ido cambiando según la evolución de la realidad política y la situación internacional. Hoy en día la comunidad internacional centra su atención

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en la desestabilizadora proliferación de armas pequeñas y ligeras, y se ha movilizado para combatir el sembrado masivo de minas terrestres, fenómenos ambos que ponen en peligro el entramado económico y social de los países y causan muertes y mutilaciones entre la población civil, con una incidencia preponderante en las mujeres y los niños. También se estudia la necesidad de promulgar normas negociadas a nivel multilateral para impedir la difusión de la tecnología de los misiles balísticos, así como para abordar el problema de los restos explosivos de guerra y la influencia de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la seguridad internacional. Los trágicos acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001 y los atentados terroristas perpetrados desde entonces en distintos países han puesto de relieve el peligro que entrañaría que esas armas de destrucción masiva cayeran en manos de agentes no estatales. Los ataques habrían tenido consecuencias aún más devastadoras si los terroristas hubiesen logrado adquirir y utilizar armas químicas, biológicas o nucleares. Haciéndose eco de estas preocupaciones, la Asamblea General aprobó por primera vez en 2002 una resolución (57/83) con medidas tendientes a impedir que terroristas adquirieran armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores. En 2004, el Consejo de Seguridad adoptó su primera decisión oficial respecto del peligro de la proliferación de las armas de destrucción masiva y, en particular, de su uso por parte de agentes no estatales. En 2004, en virtud de las disposiciones coercitivas de la Carta, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 1540 (2004), que obliga a los Estados a abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores. La resolución impone obligaciones de gran alcance a todos los Estados a fin de que adopten medidas internas tendientes a prevenir la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores, incluso mediante el establecimiento de controles adecuados de los materiales conexos. Posteriormente, la Asamblea General aprobó el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, que entró en vigor en 2007. Además de su papel en el desarme efectivo y el control de su cumplimiento, las Naciones Unidas desempeñan una función decisiva en el desarme multilateral, ayudando a los Estados Miembros a establecer nuevas normas y a afianzar y consolidar los acuerdos existentes. Uno de los medios más eficaces para impedir que los terroristas utilicen armas

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de destrucción masiva o amenacen con utilizarlas es reforzar los regímenes multilaterales ya existentes para prohibir esas armas y evitar su proliferación. El mecanismo de desarme

La Carta de las Naciones Unidas confiere a la Asamblea General la responsabilidad principal de considerar “los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos” (Artículo 11). La Asamblea cuenta con dos órganos subsidiarios que se ocupan de las cuestiones del desarme: la Primera Comisión (Desarme y seguridad internacional), que se reúne durante los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea y se encarga de todas las cuestiones atinentes al desarme que figuren en su programa, y la Comisión de Desarme, órgano deliberante especializado que se encarga de temas concretos y se reúne todos los años durante tres semanas. La Conferencia de Desarme es el único foro multilateral de la comunidad internacional encargado de negociar acuerdos en la materia. La Conferencia concertó satisfactoriamente tanto la Convención sobre las Armas Químicas como el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Puesto que se ocupa de cuestiones que afectan los intereses de seguridad nacional de los Estados, funciona estrictamente por consenso. La Conferencia cuenta con un número limitado de 65 miembros y mantiene una relación singular con la Asamblea. Aunque la Conferencia define sus propias normas y elabora su propio programa, tiene en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General y eleva a su consideración informes anuales. Desde 1997 no ha logrado acordar un programa de trabajo sustantivo debido a la falta de consenso de sus miembros sobre las prioridades en materia de desarme. La Oficina de Asuntos de Desarme aplica las decisiones de la Asamblea en cuestiones de desarme. El Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) lleva a cabo investigaciones independientes sobre el tema y los problemas conexos, en especial las cuestiones de seguridad internacional. La Junta Consultiva en Asuntos de Desarme asesora al Secretario General sobre temas relacionados con la limitación de armamentos y el desarme y actúa como Junta de Consejeros del UNIDIR. También asesora sobre la aplicación de las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas de Información sobre Desarme.

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Armas de destrucción en masa Armas nucleares

Gracias a un esfuerzo continuo, la comunidad mundial ha alcanzado numerosos acuerdos multilaterales cuyo objetivo es reducir los arsenales nucleares, impedir su despliegue en ciertas regiones y lugares (como el espacio exterior y los fondos oceánicos), limitar su proliferación y poner fin a la práctica de los ensayos. Pese a estos logros, las armas nucleares y su proliferación siguen constituyendo una seria amenaza para la paz y un gran desafío para la comunidad internacional. Entre las cuestiones cruciales en el ámbito de las armas de destrucción masiva figuran, en particular, la necesidad de reducir las armas nucleares, mantener la viabilidad del régimen de no proliferación e impedir el desarrollo y la proliferación de misiles balísticos y sistemas de defensa antimisiles. Acuerdos bilaterales sobre armas nucleares. Mientras continúan en diversos foros las gestiones internacionales para limitar las armas nucleares, se ha generalizado la opinión de que la responsabilidad de mantener un entorno internacional estable en materia de seguridad recae especialmente en las potencias poseedoras de ese tipo de armas. Los acuerdos concertados por las dos principales potencias nucleares durante la guerra fría y después de ella han reducido en gran medida la amenaza de una guerra nuclear. Acuerdos multilaterales sobre armas nucleares y no proliferación. El Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), el más universal de todos los tratados multilaterales relativos al desarme, se abrió a la firma por primera vez en 1968 y entró en vigor en 1970. El TNP es la piedra angular del régimen mundial de no proliferación y la base fundamental para llevar a cabo el desarme nuclear. En la Conferencia de las Partes encargada del examen del TNP, celebrada en 2000, se aprobó un documento final en el que los Estados poseedores de armas nucleares contrajeron “un compromiso inequívoco [...] de eliminar totalmente sus arsenales nucleares”. La Conferencia convino en que debería haber mayor transparencia respecto de la capacidad de los Estados en materia de armas nucleares y que estas debían desempeñar un papel cada vez menor en las políticas de seguridad. La decisión de la República Popular Democrática de Corea de retirarse del Tratado en enero de 2003 —primera decisión de este tipo desde su entrada en vigor 33 años antes— implicó una seria preocupación para la comunidad internacional. Los participantes en la Conferencia de examen de 2005 fueron incapaces de alcanzar un acuerdo sobre un documento final sustantivo.

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Acuerdos multilaterales de desarme y regulación de armamentos Cronología de las principales medidas internacionales sobre desarme y regulación de armamentos negociadas en foros multilaterales y regionales: • 1925 - Protocolo de Ginebra: Prohíbe el uso por primera vez de armas químicas y biológicas. • 1959 - Tratado Antártico: Desmilitariza ese continente y prohíbe los ensayos de cualquier tipo de armas en su territorio. • 1963 - Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua (Tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares): Limita la realización de ensayos nucleares a emplazamientos subterráneos. • 1967 - Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco): Prohíbe los ensayos, el empleo, la fabricación, el almacenamiento o la adquisición de armas nucleares por los países de la región. • 1967 - Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes (Tratado sobre el espacio ultraterrestre): Dispone que el espacio ultraterrestre se utilice solamente con fines pacíficos y que no se emplacen ni ensayen en él armas nucleares. • 1968 - Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP): Los Estados no poseedores de armas nucleares se comprometen a no adquirirlas nunca, y a cambio se les promete acceso a la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos y asistencia para ello. Los Estados poseedores de armas nucleares se comprometen a negociar la cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear y a no colaborar en forma alguna con el traspaso de armas nucleares a los Estados que no las posean. • 1971 - Tratado sobre la prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en los fondos marinos y oceánicos y en su subsuelo (Tratado sobre los Fondos Marinos): Prohíbe el emplazamiento de armas nucleares, o cualquier otra arma de destrucción masiva, en los fondos marinos y oceánicos. • 1972 - Convención sobre las armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas: Prohíbe el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y establece disposiciones para la destrucción de esas armas y de sus sistemas vectores. • 1980 - Convención sobre ciertas armas convencionales: Prohíbe ciertas armas convencionales que se consideran excesivamente nocivas o de

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efectos indiscriminados. El Protocolo I prohíbe las armas que estallan en fragmentos no localizables con rayos X en el cuerpo humano, el Protocolo II Enmendado (1995) limita el empleo de ciertos tipos de minas, armas trampa y otros artefactos, el Protocolo III prohíbe las armas incendiarias, y el Protocolo IV prohíbe el empleo de armas láser cegadoras. • 1985 - Tratado sobre la zona desnuclearizada del Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga): Prohíbe el emplazamiento, la adquisición o el ensayo de artefactos explosivos nucleares y el vertido de desechos nucleares dentro de la zona. • 1990 - Tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa: Limita la cantidad de diversas armas convencionales en una zona que va del Océano Atlántico a los montes Urales. • 1992 - Tratado de Cielos Abiertos: Permite a los Estados partes sobrevolar y observar sus respectivos territorios sobre la base de los principios de cooperación y transparencia; se ha utilizado para verificar varios acuerdos de control de armamentos y otros mecanismos de supervisión. • 1993 - Convención sobre las armas químicas: Prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y exige su destrucción. • 1995 - Tratado de creación de la zona libre de armas nucleares en el Asia Sudoriental (Tratado de Bangkok): Prohíbe el desarrollo o emplazamiento de armas nucleares en los territorios de los Estados partes. • 1996 - Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en África (Tratado de Pelindaba): Prohíbe el desarrollo o emplazamiento de armas nucleares en el continente africano. • 1996 - Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE): Prohíbe los ensayos nucleares de todo tipo y en cualquier lugar. • 1997 - Convención sobre las minas antipersonal: Prohíbe el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal y dispone su destrucción. • 2005 - Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (Convención sobre el terrorismo nuclear): Describe actos concretos de terrorismo nuclear, trata de proteger una amplia gama de posibles objetivos, llevar a sus autores ante la justicia y fomentar la cooperación entre los países. • 2006 - Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en el Asia central: Comprende los cinco Estados del Asia central: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. • 2008 - Convenio sobre municiones en racimo: Prohíbe el uso, el desarrollo, la producción, la adquisición, el almacenamiento, la retención o la transferencia de las municiones de este tipo.

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• 2010 - Convenio del África central para el control de las armas pequeñas y ligeras (Convenio de Kinshasha): Limita la fabricación, la transferencia entre Estados y la posesión por civiles de armas pequeñas y ligeras; exige que las armas estén marcadas y que los Estados regulen las actividades de tráfico y los traficantes a fin de limitar el número de puntos de entrada de armas en su territorio nacional. (Puede consultarse el estado en que se encuentra la ratificación de estos acuerdos en www.unhq-appspub-01.un.org/UNODA/TreatyStatus.nsf.)

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del TNP se exige a los Estados partes que acepten las salvaguardias nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). A finales de 2010 había acuerdos de salvaguardias en vigor con más de 170 Estados. Además del TNP, los Tratados de Bangkok, Pelindaba, Rarotonga y Tlatelolco exigen a los Estados no poseedores de armas nucleares que apliquen las salvaguardias del OIEA. En 1996, la Asamblea General, por mayoría abrumadora, aprobó el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE), para prohibir estos ensayos en todo el mundo. Sancionado originalmente en 1954, el Tratado tardó cuatro decenios en ser aprobado, y en 1963 extendió la prohibición parcial a todos los entornos. El Tratado no ha entrado todavía en vigor. En 1996 se abrió a la firma en Nueva York, cuando fue suscrito por 71 Estados, incluidos cinco de los ocho países que en aquel momento disponían de capacidad nuclear. Al término de 2010, el TPCE había sido ratificado por 153 Estados y otros 29 lo habían firmado pero no lo habían ratificado. El Tratado debía entrar en vigor 180 días después de que lo hubieran ratificado los 44 países enumerados en su Anexo II. Esos Estados habían participado en las negociaciones del TPCE entre 1994 y 1996, y en esa época poseían reactores de energía nuclear o reactores de investigación. En 2010, nueve de los Estados del Anexo II permanecían fuera del Tratado: la China, Egipto, la India, Indonesia, Irán, Israel, Pakistán, la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos. El Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario del Tratado, ha convocado una serie de conferencias para facilitar la entrada en vigor del tratado, celebradas respectivamente en 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009. En la última de ellas, los Estados acordaron “no escatimar esfuerzos y utilizar todas las vías […] para fomentar la firma y ratificación del Tratado”.

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Acuerdos bilaterales de desarme El Tratado sobre la limitación de los sistemas de proyectiles antibalísticos, de 1972, limitó la cantidad de sistemas antimisiles balísticos de los Estados Unidos y la Unión Soviética a uno por país. Un acuerdo de “demarcación” suscrito en 1997 entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia distingue entre los misiles antibalísticos “estratégicos” o de largo alcance, que están prohibidos, y los “no estratégicos” o de corto alcance, que no lo están. El Tratado prescribió el 13 de junio de 2002, cuando los Estados Unidos se retiraron de él. El Tratado entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la eliminación de sus misiles de alcance intermedio y de menor alcance (Tratado sobre las fuerzas nucleares de alcance intermedio), firmado en 1987, eliminó una categoría entera de armas nucleares, que incluía todos los misiles balísticos y de crucero con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. A finales de 1996 se habían eliminado todas las armas cuya destrucción estaba prevista en este Tratado. El Tratado entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la reducción y limitación de las armas estratégicas ofensivas (START I), firmado en 1991, impuso a cada una de las partes un límite máximo de 6.000 ojivas en 1.600 misiles nucleares de largo alcance, desplegados hacia el año 2001, reduciendo así en un 30% las existencias con que contaban en 1991. En el Protocolo de Lisboa del Tratado START I (1992), Belarús, la Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania, como Estados sucesores de la ex Unión Soviética, se comprometieron a respetar el Tratado START I; además, Belarús, Kazajstán y Ucrania debían adherirse al Tratado sobre la no proliferación en calidad de Estados no poseedores de armas nucleares. En 1996, estos tres Estados habían retirado ya todas las armas nucleares de sus territorios. En el Tratado sobre ulteriores reducciones y limitaciones de las armas estratégicas ofensivas (START II), de 1993, los Estados Unidos y la Federación de Rusia se comprometieron a reducir para 2003 a 3.500 la cantidad de ojivas de sus misiles nucleares de largo alcance, y a eliminar los misiles balísticos intercontinentales con vehículos de reentradas múltiples dirigidas independientes. Un acuerdo de 1997 prorrogó el plazo para destruir los sistemas vectores (silos de misiles, bombarderos y submarinos) hasta finales de 2007.

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En 2002, los Presidentes de la Federación de Rusia y de los Estados Unidos firmaron el Tratado sobre reducciones de las armas estratégicas ofensivas, también conocido como Tratado de Moscú, en el cual ambos países acordaron limitar sus ojivas nucleares estratégicas desplegadas a un número comprendido entre 1.700 y 2.200. El Tratado permanecerá en vigor hasta diciembre de 2012 y podrá ser prorrogado o sustituido previo acuerdo de las partes. En febrero de 2011, la Federación de Rusia y los Estados Unidos ratificaron un nuevo Tratado START, por el cual se comprometieron a reducir sus ojivas nucleares estratégicas desplegadas a no más de 1.550 en siete años: hasta un 30% menos que en el Tratado de Moscú de 2002. El Tratado limita a cada una de las partes a 700 misiles y bombarderos estratégicos desplegados y establece reglas de verificación, que no existían desde que START I expiró en 2009, que les permiten controlar recíprocamente sus arsenales.

No menos de 182 Estados signatarios participan en la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (PCCTBTO), con sede en Viena. La Secretaría Técnica Provisional, establecida en 1997, trabaja para asegurar que el sistema internacional de vigilancia esté en funcionamiento cuando el Tratado entre en vigor. En 2000 se firmó el Acuerdo de relación entre las Naciones Unidas y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Zonas libres de armas nucleares. Un acontecimiento que dio nuevo impulso al control regional de armamentos fue la firma, en 1967, del Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), en el que por primera vez se estableció una zona libre de armas nucleares en una región poblada del planeta. Con el instrumento de ratificación de Cuba, depositado en 2002, se consolidó la zona libre de armas nucleares en la América Latina y el Caribe, que ya incluye a todos los Estados de la región. Desde entonces se han establecido otras cuatro zonas libres de armas nucleares: el Pacífico meridional (Tratado de Rarotonga, 1985), el Asia sudoriental (Tratado de Bangkok, 1995), África (Tratado de Pelindaba, 1996) y el Asia central (Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en el Asia central, 2006). También se han hecho propuestas para establecer zonas libres de armas nucleares en Europa central y en el Asia meridional y para crear una zona libre de armas de destrucción en masa en el Oriente Medio. La comunidad

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internacional reconoció en 1998 el concepto de Estado libre de armas nucleares cuando la Asamblea General apoyó la decisión de Mongolia de declarar su territorio como zona libre de armas nucleares. Prevención de la proliferación nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (www.iaea.org) desempeña una función esencial en las gestiones internacionales para prevenir la proliferación de las armas nucleares, y es el órgano de inspección mundial encargado de vigilar la aplicación de las salvaguardias nucleares y las medidas de verificación a que están sometidos los programas nucleares civiles. En virtud de los acuerdos suscritos con cada Estado, los inspectores del OIEA visitan periódicamente las instalaciones nucleares a fin de verificar los datos sobre el lugar donde se encuentra el material nuclear, controlar el funcionamiento del equipo de vigilancia y los instrumentos instalados por el OIEA y confirmar los inventarios de material nuclear. En conjunto, estas y otras medidas de salvaguardia proporcionan una verificación internacional independiente de que los gobiernos cumplen sus compromisos de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Para verificar la aplicación de los acuerdos de salvaguardias que se encuentran en vigor en cerca de 170 Estados, los expertos del OIEA realizan cada año centenares de inspecciones con la finalidad de asegurar que el material nuclear para usos pacíficos legítimos, que existe en alrededor de 900 instalaciones nucleares en más de 70 países, no sea desviado hacia usos militares. Mediante esas inspecciones anuales, el OIEA contribuye a la seguridad internacional y fortalece las actividades encaminadas a detener la proliferación de armamentos y avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares. Pueden concertarse varios tipos de acuerdos de salvaguardias con el OIEA. Los relativos al TNP, el Modelo de Protocolo Adicional a los acuerdos de salvaguardias existentes, así como los relacionados con el Tratado de Tlatelolco, el Tratado de Pelindaba y el Tratado de Rarotonga, obligan a los Estados no poseedores de armas nucleares a someter todas sus actividades relacionadas con el ciclo del combustible nuclear a las salvaguardias del OIEA. Otros tipos de acuerdos de salvaguardias se refieren a una sola instalación. Las salvaguardias del OIEA que se estipulan en el TNP son parte integrante del régimen internacional de no proliferación y desempeñan una función indispensable en la aplicación del Tratado. En 2010, el Consejo de Seguridad impuso más sanciones a Irán por no cumplir sus resoluciones anteriores orientadas a asegurar la natura-

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leza pacífica de su programa nuclear. El Consejo amplió un embargo de armas e intensificó las restricciones a las empresas financieras y de transporte relacionadas con “actividades sensibles a la proliferación”. Además, solicitó al Secretario General que creara un panel de expertos para supervisar la aplicación de las sanciones. En 2009, el Consejo de Seguridad había impuesto sanciones similares a la República Popular Democrática de Corea por haber realizado un ensayo nuclear subterráneo y pruebas balísticas. Se han establecido dos comités de sanciones para supervisar las sanciones. Eliminación de la amenaza de las armas químicas y biológicas

La entrada en vigor en 1997 de la Convención sobre las armas químicas puso fin a un proceso que había comenzado en 1925, cuando el Protocolo de Ginebra prohibió el empleo de armas con gases venenosos. La Convención estableció, por primera vez en la historia del control internacional de armamentos, un sistema estricto de verificación internacional que incluía la recopilación de información sobre instalaciones químicas e inspecciones periódicas en todo el mundo para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (www.opcw.org), establecida para ese fin en La Haya (Países Bajos), es muy activa. Hacia fines de 2010 formaban parte de ella 188 naciones, que representan el 98% de la población mundial. Durante ese año, la Organización informó de la destrucción de alrededor de 43.131 toneladas de agentes químicos, equivalentes al 60,58% de las existencias mundiales declaradas de 71.194 toneladas, así como de 3,95 millones (45,56%) de municiones químicas y sus contenedores de los 8,67 millones existentes. Asimismo, desde abril de 1997, se habían llevado a cabo 4.166 inspecciones en 195 plantas relacionadas con armas químicas y 1.103 instalaciones industriales en 81 países. En conjunto, 4.918 plantas industriales de todo el mundo podían ser inspeccionadas antes de fines de 2010. En el año 2000 se firmó el Acuerdo sobre las relaciones entre las Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. A diferencia de la Convención sobre las armas químicas, la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas (www.opbw.org), de 1972, que entró en vigor en 1975, no establece mecanismos de verificación. Sin embargo, como medida de fomento de la confianza, los Estados partes intercambian anualmente información detallada sobre cuestiones tales como sus instalaciones de investigación biológica de alto riesgo. En 2006, la Sexta Conferencia de Examen de los Estados partes en la Convención

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sobre las armas biológicas decidió establecer una Dependencia de Apoyo a la Aplicación, para ayudar a los Estados partes a impulsar la aplicación de la Convención. A diferencia de los tratados sobre la no proliferación de las armas nucleares y sobre las armas químicas, que reciben el apoyo del OIEA y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, respectivamente, no había ningún tipo de apoyo institucional en lo que respecta a las armas biológicas. La Dependencia inició su actividad en 2007 en Ginebra, como parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, y se financiará con las aportaciones de los Estados partes en la Convención. Los Estados signatarios de la Convención se reúnen periódicamente en las Naciones Unidas. La comunidad internacional tiene ante sí la ingente tarea de universalizar y aplicar plenamente la Convención sobre las armas biológicas y la Convención sobre las armas químicas, así como impedir la proliferación de estas armas. Además, un grupo de expertos gubernamentales establecido en virtud de una resolución de la Asamblea General ha estudiado la cuestión de los misiles en todos sus aspectos. Armas convencionales, fomento de la confianza y transparencia

Armas pequeñas, armas ligeras y cuestiones prácticas en materia de desarme. Tras la finalización de la guerra fría, la comunidad internacional se encontró ante el estallido de diversos conflictos intraestatales en diferentes partes del mundo, en los que las armas más utilizadas eran las pequeñas y ligeras. Si bien estas armas no eran la raíz de los conflictos, exacerbaban la violencia, facilitaban la utilización de niños combatientes, dificultaban la prestación de asistencia humanitaria y retrasaban la reconstrucción y el desarrollo posteriores a los conflictos. En el mundo hay cientos de millones de armas de fuego registradas. Alrededor de dos terceras partes de ellas están en manos de la sociedad civil, mientras que el resto pertenece a las fuerzas armadas de los Estados y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sigue siendo difícil estimar el número de otros tipos de armas pequeñas y ligeras en circulación. El comercio legal de este tipo de armas supera varios miles de millones de dólares anuales, mientras que el comercio ilícito se calcula que alcanza la cifra de 1.000 millones de dólares anuales. Por ello es necesario controlar la proliferación de las armas ilegales, a fin de mejorar el control internacional, regional o nacional de todos los aspectos que entraña este problema. En 2001 se celebró en las Naciones Unidas una Conferencia internacional sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

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De conformidad con el programa de acción resultante, los participantes acordaron velar por que los fabricantes autorizados aplicaran marcas fiables a cada arma pequeña y ligera como parte del proceso de producción; mantener un registro preciso y completo sobre la fabricación, tenencia y transferencia de armas de ese tipo; reforzar su capacidad de cooperar para identificar y rastrear las armas pequeñas y ligeras ilícitas, y garantizar que todas las armas pequeñas y ligeras confiscadas, decomisadas e incautadas sean destruidas. Como resultado de ello se produjo un gran incremento de las actividades gubernamentales de lucha contra el tráfico de armas. En los cinco años siguientes a la aprobación del programa, casi 140 países informaron sobre el tráfico ilícito de armas, y una tercera parte de los Estados involucrados hizo un esfuerzo por confiscar las armas pertenecientes a quienes legalmente no tuvieran derecho a tenerlas. También se intensificó la cooperación interna en las regiones y entre ellas, para frenar la corriente de armas ilícitas a través de las fronteras nacionales. En 2006, más de 2.000 representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y regionales y de la sociedad civil participaron en una serie de reuniones celebradas en la Sede de las Naciones Unidas durante dos semanas, para examinar la aplicación del programa de acción. Otra conferencia de revisión del programa de acción está planeada para 2012. Puesto que la proliferación incontrolada de armas pequeñas ilícitas repercute en muchos aspectos de la labor de las Naciones Unidas, desde los niños hasta la salud, los refugiados o el desarrollo, en 1998 se estableció el mecanismo “Medidas de coordinación en relación con las armas pequeñas” a fin de que el sistema de las Naciones Unidas pudiera abordar de forma coordinada las múltiples facetas del control de las armas pequeñas. También ha habido un intento mundial y de gran alcance, iniciado y apoyado por la sociedad civil, para tratar de morigerar al azote de la utilización ilegal de armas pequeñas mediante la investigación, la promoción de medidas nacionales coordinadas y las actividades de presión a nivel mundial para que se apruebe una convención internacional sobre el tráfico de armas. Minas antipersonal. La creciente proliferación y el empleo indiscriminado de minas terrestres antipersonales en todo el mundo ha sido objeto de especial atención por parte de las Naciones Unidas. En 1995, un examen de la Convención sobre ciertas armas convencionales (denominada Convención sobre armas inhumanas) dio lugar a la aprobación del Protocolo II Enmendado, que entró en vigor en 1998, para reforzar las

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La lucha contra las minas terrestres Las Naciones Unidas se ocupan de los problemas que plantean los millones de minas terrestres sembradas en más de 70 países, y que cada año matan a centenares de miles personas, la mayoría de ellas niños, mujeres y ancianos. Quienes no pierden la vida suelen sufrir graves mutilaciones. Años e incluso décadas después de la finalización de un conflicto, las minas terrestres siguen ocasionando estragos entre la población civil. Y a pesar de ello siguen siendo utilizadas como armas de guerra. La Convención sobre ciertas armas convencionales (a veces conocida como Convención sobre las armas inhumanas) (1980), patrocinada por las Naciones Unidas, se reforzó en 1996 para incluir la utilización de las minas en conflictos internos y exigir que todas fueran detectables. La histórica Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, prohibió la producción, el empleo y la exportación de este tipo de armas. Sobre el terreno, 14 organismos, programas, departamentos y fondos de las Naciones Unidas prestan activamente servicios relacionados con las minas. Localizan y destruyen minas terrestres y restos explosivos de guerra, prestan ayuda a las víctimas, enseñan a la gente técnicas para mantener la seguridad en zonas minadas, destruyen existencias y fomentan la participación universal en acuerdos internacionales, como la Convención sobre la prohibición del empleo de minas antipersonal. El Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (www.mineaction.org) coordina todas las actividades relativas a las minas del sistema de las Naciones Unidas. Elabora políticas y normas, realiza constantemente actividades de evaluación y vigilancia de la amenaza que representan las minas y los artefactos explosivos sin detonar, reúne y difunde información, moviliza recursos y participa en las labores de promoción en apoyo de la prohibición mundial de las minas antipersonal. También se encarga de prestar asistencia a las actividades relativas a las minas, en situaciones de emergencia humanitaria, y a las operaciones de mantenimiento de la paz.

restricciones de determinados usos, transferencias y tipos (con mecanismo de autodestrucción y detectables) de minas terrestres antipersonales. Hasta 2010 eran 96 los Estados que se habían adherido a este Protocolo. La Convención tiene cinco protocolos que, además de prohibir las minas terrestres y las bombas trampa, prohíben también los fragmentos no detectables, las armas láser cegadoras y los restos explosivos de guerra.

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Un grupo de Estados con ideas afines, descontentos con lo que creían era una respuesta insuficiente a una grave crisis humanitaria, negociaron un acuerdo sobre la prohibición total de todas las minas terrestres antipersonal, la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, que quedó abierta a la firma en diciembre de 1997 y entró en vigor en 1999. En 2010, 156 Estados habían pasado a ser parte en ella. La aplicación de ambos instrumentos condujo a la destrucción de arsenales y a la remoción de minas en los países afectados, con lo cual se redujeron las víctimas. Si bien todavía en 2009 casi 4.000 muertes habían sido causadas por las minas, esa cifra representa una continuación de la tendencia descendente de los últimos años (véase www.icbl.org). Restos de explosivos de guerra y minas distintas de las minas antipersonal. Si bien se han adoptado importantes medidas para resolver el problema de las minas antipersonal, muchos civiles resultan muertos o heridos por otras municiones explosivas que suponen un riesgo potencial para la población, ya sea porque entran en contacto con ellas sin darse cuenta o porque las manipulan deliberadamente sin conocimiento y sin comprender bien el peligro que representan. Las minas distintas de las minas antipersonal pueden causar graves daños, aunque sean escasas: una sola de estas puesta en un lugar estratégico puede causar el cierre de una carretera y perturbar las actividades cotidianas. Esto, junto con otras características posibles de esas minas, como los dispositivos antimanipulación y su contenido metálico mínimo, hace que puedan tener consecuencias muy graves desde el punto de vista humanitario. De acuerdo con el Protocolo V de la Convención sobre armas inhumanas, los Estados participantes en conflictos armados tienen la obligación de actuar para limpiar, eliminar o destruir los restos de guerra explosivos, así como registrar, conservar y transmitir toda información referente al uso o abandono de materiales explosivos. Además, están obligados a tomar todas las precauciones posibles para la protección de la población civil y de las misiones y organizaciones humanitarias. Los Estados partes en condiciones de hacerlo deben prestar su cooperación y asistencia para señalar, limpiar, eliminar y destruir los materiales peligrosos y ayudar a las víctimas. El Protocolo V entró en vigor en 2006. Registro de Armas Convencionales. A fin de contribuir al fomento de la confianza y la seguridad entre los Estados, en 1991 la Asamblea General estableció el Registro de Armas Convencionales de las Naciones

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Unidas (www.disarmament.un.org/un_register.nsf), operado y mantenido por la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas. Este mecanismo de presentación voluntaria de informes permite a los gobiernos participantes facilitar información sobre la exportación e importación de las siete principales categorías de sistemas de armas convencionales: naves de guerra, incluidos los submarinos; carros de combate; vehículos blindados de combate; aviones de combate; helicópteros de ataque; sistemas de artillería de gran calibre, y misiles y lanzamisiles, incluidos los sistemas de defensa antiaérea portátiles de corto alcance. A través de este mecanismo se invita a los Estados Miembros a que proporcionen datos sobre las transferencias de armas pequeñas y armas ligeras, las adquisiciones de material mediante la producción nacional y sus existencias de material bélico. Las Naciones Unidas reúnen y publican anualmente esa información en documentos oficiales de distribución general, así como a través de su página web. En 2010 eran 173 Estados los que habían presentado información al Registro en una o más oportunidades desde su apertura en 1991. Se calcula que el Registro refleja más del 95% del comercio mundial de las armas convencionales más importantes. Transparencia del gasto militar. Otro mecanismo mundial para promover la transparencia de los asuntos militares es el Sistema de las Naciones Unidas para la normalización de los informes sobre gastos militares (www.unclef.com/disarmament/convarms/Milex/html/MilexIndex.shtml), que se creó en 1980. Este mecanismo para la presentación voluntaria de informes abarca los gastos nacionales en personal, operaciones y mantenimiento, contratación y construcción e investigación y desarrollo en el ámbito militar. Las Naciones Unidas colectan esa información y la hacen pública. A finales de 2010, alrededor de 124 Estados habían presentado información a este mecanismo al menos una vez. Prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. En los foros internacionales se han examinado dos vertientes de las cuestiones relacionadas con el espacio ultraterrestre: las aplicaciones de la tecnología espacial con fines pacíficos y la prevención de la carrera armamentística en ese entorno. Estas cuestiones se han discutido en la Asamblea General, en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y sus órganos subsidiarios y en la Conferencia de Desarme. Los debates han contribuido a concertar diversos acuerdos internacionales sobre ciertos aspectos de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y militares. Haciéndose eco de la importancia de impedir que se militarice el espacio ultraterrestre,

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la Asamblea General, en su primer período extraordinario de sesiones dedicado al desarme (1978), solicitó que se celebraran negociaciones internacionales sobre esta cuestión. Desde 1982, la Conferencia de Desarme incluye en su agenda el tema titulado “Prevención de la carrera armamentística en el espacio ultraterrestre”, aunque hasta ahora ha habido pocos avances en la negociación de un acuerdo multilateral, debido a las discrepancias entre sus miembros. Relación entre el desarme y el desarrollo. Los Estados Miembros han debatido largamente la cuestión de cómo promover el progreso social y económico, especialmente en los países menos adelantados, utilizando los recursos liberados gracias a un desarme general efectuado con un sistema de control internacional eficaz. Finalmente, en 1987 se celebró una conferencia internacional sobre la relación entre el desarme y el desarrollo. La Asamblea General instó a la comunidad internacional a destinar al desarrollo económico y social una parte de los recursos liberados de resultas de la aplicación de acuerdos sobre desarme y limitación de armamentos, con miras a reducir la disparidad cada vez mayor entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Iniciativas regionales de desarme. Las Naciones Unidas respaldan diversas iniciativas adoptadas a nivel regional y subregional en pro del desarme, promoviendo medidas de seguridad y fomento de la confianza entre Estados de la misma región y ayudándolos a aplicar las directrices y recomendaciones referentes a los enfoques regionales aprobadas por la Comisión de Desarme en 1993. Para promover el desarme regional, las Naciones Unidas colaboran con organizaciones y acuerdos gubernamentales como la Unión Africana, la Unión Europea, el Consejo de la Asociación Euroatlántica, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de los Estados Americanos, la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Pacto de Estabilidad de Europa Sudoriental, así como también con organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales y locales. Actividades de educación e información sobre desarme. Las Naciones Unidas llevan a cabo actividades informativas y educativas sobre cuestiones multilaterales de desarme en el marco de su Programa de Información sobre Desarme, por medio de publicaciones, actos especiales, reuniones, seminarios, mesas redondas, exposiciones y su exhaustiva página web. El Programa de las Naciones Unidas de becas sobre el desarme, que inició la Asamblea General en 1978, ha impartido capacitación a más

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de 600 funcionarios públicos de 150 países, muchos de los cuales ocupan puestos de responsabilidad relacionados con el desarme dentro de sus propios gobiernos. (Para más información sobre la participación de las Naciones Unidas en cuestiones de desarme y la difusión de recursos educativos véase www.un.org/disarmament/education y www.cyberschoolbus.un.org.) Incorporación de la perspectiva de género en las actividades de desarme. El rostro de la guerra ha cambiado en los últimos años y las mujeres y las niñas cada vez se han visto más afectadas por los conflictos, tanto sufriéndolos como participando en ellos. Las Naciones Unidas procuran que se comprenda la importancia de la perspectiva de género en todos los aspectos del desarme, ya sea la reunión y destrucción de las armas, la remoción de minas, las misiones de determinación de hechos o la participación en la toma de decisiones y en los procesos de paz. Al examinar con una perspectiva de género, por ejemplo, la cuestión de las armas pequeñas, podría estudiarse cómo afecta su proliferación en particular a las mujeres y qué podría hacerse al respecto. Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

Las Naciones Unidas procuran que el espacio ultraterrestre sea utilizado con fines pacíficos y que todas las naciones compartan los beneficios de las actividades espaciales. El interés de la Organización por la utilización pacífica del espacio ultraterrestre surgió poco después del lanzamiento por parte de la ex Unión Soviética, en 1957, del Sputnik, el primer satélite artificial, y ha evolucionado a la par que los avances de la tecnología espacial. Las Naciones Unidas han desempeñado un importante papel desarrollando legislación internacional sobre el espacio y promoviendo la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología espaciales. El principal órgano intergubernamental en esta esfera en las Naciones Unidas es la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (www.unoosa.org), la cual examina el alcance de la cooperación internacional en la utilización pacífica del espacio ultraterrestre, crea programas y dirige las actividades de cooperación técnica de las Naciones Unidas, fomenta la investigación y la difusión de información y contribuye a la elaboración de legislación internacional sobre el espacio. La Comisión, creada por la Asamblea General en 1959, está integrada por 69 Estados Miembros. Varias organizaciones internacionales, tanto intergubernamentales como no gubernamentales, tienen la condición

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de observadoras ante la Comisión. La Comisión cuenta con dos subcomisiones: la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, que coordina la cooperación internacional en materia de investigación y tecnología espaciales, y la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que se ocupa de elaborar un marco jurídico que se adapte a la rápida evolución tecnológica de las actividades espaciales. La Comisión y sus dos subcomisiones se reúnen una vez al año para examinar las cuestiones que les asigna la Asamblea General, los informes que se le presentan y las cuestiones planteadas por los Estados Miembros. La Comisión, que actúa por consenso, presenta recomendaciones a la Asamblea General. Instrumentos jurídicos

Gracias a la labor de la Comisión y de su Subcomisión de Asuntos Jurídicos, la Asamblea General ha aprobado los siguientes instrumentos jurídicos, actualmente en vigor: • El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes (Tratado sobre el espacio ultraterrestre), de 1966, que establece que la exploración espacial debe beneficiar a todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo. Su propósito es que el espacio ultraterrestre siga siendo patrimonio de la humanidad y no se convierta en propiedad de ningún país concreto. • El Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre (Acuerdo sobre salvamento), de 1967, que dispone que se dará auxilio a la tripulación de naves espaciales en caso de accidente o aterrizaje de emergencia y establece procedimientos para restituir a la autoridad responsable del lanzamiento de los objetos espaciales encontrados fuera del territorio de dicha autoridad. • El Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales (Convenio sobre responsabilidad), de 1971, que establece que el Estado que efectúe el lanzamiento será responsable de los daños causados por sus objetos espaciales en la superficie de la Tierra, a aeronaves en vuelo y a los objetos espaciales de otro Estado, o a las personas o los bienes que se encuentren a bordo de esos objetos. • El Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre (Convenio sobre el Registro), de 1974, que determina que los Estados que efectúen los lanzamientos mantendrán un registro de obje-

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tos espaciales y proporcionarán a las Naciones Unidas información sobre cada objeto lanzado. Conforme a este Convenio, la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre mantiene el Registro de las Naciones Unidas sobre los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, al que todos los Estados y organizaciones que efectúan lanzamientos suministran información. Esa Oficina mantiene en su sitio en la web (www.oosa.unvienna.org) un índice informatizado de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, que permite realizar búsquedas en línea. • El Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes (Acuerdo sobre la Luna), de 1979, que explicita los principios relativos a la Luna y otros cuerpos celestes contenidos en el Tratado de 1966 y establece los principios básicos para la futura exploración y explotación de los recursos naturales que contuviesen dichos cuerpos celestes. A partir de la labor de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de su Subcomisión, la Asamblea General ha aprobado varias series de principios sobre la realización de actividades espaciales. Por ejemplo: • Principios que han de regir la utilización por parte de los Estados de satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones internacionales directas por televisión (1982), que establecen que, dadas sus consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales en el plano internacional, tales actividades deberán promover la difusión y el intercambio de información y conocimientos, fomentar el desarrollo y respetar los derechos soberanos de los Estados, incluido el principio de no intervención. • Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio (1986), que establecen que las actividades de este tipo deberán beneficiar a todos los países, respetando la soberanía de todos los Estados y pueblos sobre sus propios recursos naturales, así como los derechos e intereses de otros Estados. La teleobservación deberá utilizarse para proteger el medio ambiente y mitigar las consecuencias de los desastres naturales. • Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre (1992), donde se reconoce que dichas fuentes son esenciales para algunas misiones espaciales pero que su utilización debe basarse en una minuciosa evaluación de su grado de seguridad. Los Principios ofrecen directrices para el uso seguro de las fuentes de energía nuclear y para notificar posibles defectos de funcionamiento

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de un objeto espacial cuando haya riesgo de reentrada de material radiactivo a la Tierra. • Declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo (1996), que dispone que los Estados tienen libertad para determinar todos los aspectos de su participación en la cooperación espacial internacional en condiciones de igualdad mutuamente aceptables, y que dicha cooperación deberá llevarse a cabo en la forma que los países interesados consideren más eficaz y adecuada. Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre

La Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio Ultraterrestre (www.oosa.unvienna.org), con sede en Viena, actúa como Secretaría de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y sus subcomisiones y ayuda a los países en desarrollo a utilizar la tecnología espacial para su desarrollo. La Oficina difunde entre los Estados Miembros información relacionada con el espacio a través de su sistema de información espacial internacional y mantiene el Registro de las Naciones Unidas de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Mediante el Programa de las Naciones Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial, la Oficina trabaja para mejorar el uso de la ciencia y la tecnología espaciales para el desarrollo económico y social de todas las naciones, en especial de los países en desarrollo. La Oficina también presta servicios de asesoramiento técnico a los Estados Miembros para la realización de proyectos piloto y organiza programas de capacitación y becas en materias como teleobservación, comunicación y meteorología a través de satélite, navegación con ayuda de satélites, ciencia espacial básica y derecho espacial. También coopera con la Carta internacional sobre el espacio y los grandes desastres, mecanismo a través del cual los organismos de las Naciones Unidas pueden solicitar imágenes de satélite que ayuden a elaborar su respuesta frente a casos de desastre. La Oficina también hace las veces de secretaría del Comité Internacional sobre los sistemas mundiales de navegación por satélite, órgano oficioso encargado de promover la cooperación en cuestiones relacionadas con los servicios civiles de determinación de la posición, navegación, cronometría por satélite y otros servicios de valor añadido, así como la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas mundiales de navegación por satélite, y de aumentar al

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mismo tiempo su utilización en favor del desarrollo sostenible, en particular en los países en desarrollo. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre gestiona la Plataforma de las Naciones Unidas de información obtenida desde el espacio para la gestión de desastres y la respuesta de emergencia (ONU-SPIDER). Establecida por la Asamblea General en diciembre de 2006, la Plataforma tiene por objeto proporcionar a los países y a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes el acceso universal a todo tipo de información y servicios basados en la tecnología espacial, con miras a apoyar el ciclo completo de la gestión de desastres. También contribuye a incrementar el número de países que reciben asistencia en materia de planificación de la gestión de desastres, la reducción de riesgos y la respuesta a las emergencias mediante el empleo de información obtenida desde el espacio, y elabora políticas sobre el uso de la tecnología espacial. La Oficina presta asistencia técnica a los centros regionales de formación en ciencia y tecnología espaciales y a la Red de instituciones de formación e investigación en ciencia y tecnología espaciales afiliadas a las Naciones Unidas. Los centros colaboran con los Estados Miembros para mejorar su capacidad en materia de ciencia y tecnología espaciales y ayudan a los científicos y a los investigadores a desarrollar conocimientos relativos al empleo de la ciencia y la tecnología espaciales en pro del desarrollo sostenible. En la actualidad, existen cuatro centros regionales en África: en Marruecos y Nigeria; el centro regional para Asia y el Pacífico, en la India; y en América Latina y el Caribe, en México y en Brasil. La tecnología espacial y sus aplicaciones se utilizan cada vez más en el sistema de las Naciones Unidas. La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre presta servicios de secretaría a la Reunión interinstitucional sobre las actividades relativas al espacio ultraterrestre, que se celebra anualmente desde 1975, con el propósito de intensificar la cooperación sobre cuestiones relacionadas con el espacio entre los órganos de las Naciones Unidas, coordinar actividades, crear sinergias y considerar nuevas iniciativas. La Reunión también se encarga de elaborar el informe del Secretario General sobre la coordinación de las actividades relativas al espacio ultraterrestre del sistema de las Naciones Unidas y publica materiales de extensión, como el folleto titulado “Soluciones espaciales a los problemas del mundo: uso que el sistema de las Naciones Unidas da a la tecnología espacial en pro del desarrollo sostenible” (www.oosa.unvienna.org/pdf/publications/IAM2006E.pdf).

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UNISPACE: La utilización del espacio para desarrollar y ayudar Las Naciones Unidas han organizado tres grandes conferencias sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, todas celebradas en Viena. En la primera conferencia (1968) se examinaron los beneficios prácticos de la investigación y exploración espaciales, y en qué medida los países que no se dedicaban a estas actividades, en particular los países en desarrollo, podrían aprovecharlos. La segunda conferencia (UNISPACE 82) reflejó la creciente participación de todas las naciones en las actividades del espacio ultraterrestre y analizó el estado de la ciencia y la tecnología espaciales, las aplicaciones de la tecnología espacial al desarrollo y la cooperación internacional relacionada con el espacio. En la tercera conferencia (UNISPACE III, 1999) se propuso una amplia variedad de medidas para proteger el medio ambiente mundial y administrar los recursos naturales; hacer un uso mayor de las aplicaciones de la tecnología espacial que contribuya a la seguridad, el desarrollo y el bienestar humanos; proteger el medio ambiente espacial; dar a los países en desarrollo mayor acceso a la ciencia espacial y sus beneficios, y mejorar las oportunidades de capacitación y formación, en especial para los jóvenes. En la UNISPACE III también se pidió que se aplicara un sistema mundial de mitigación, alivio y prevención de los desastres naturales, que se mejoraran los programas educativos y la infraestructura de transmisión por satélite a fin de promover la alfabetización, y que se coordinaran a nivel internacional las actividades relacionadas con los objetos cercanos a la Tierra. En 2004, la Asamblea General realizó un examen quinquenal del progreso alcanzado en la aplicación de las recomendaciones de la UNISPACE III. En el plan de acción aprobado por la Asamblea se solicita la adopción de nuevas medidas relativas al uso del espacio, en apoyo de los programas mundiales de desarrollo sostenible. Las recomendaciones de la UNISPACE III están siendo aplicadas por distintos mecanismos. Entre los frutos de su labor cabe destacar el establecimiento de la Plataforma de las Naciones Unidas de información obtenida desde el espacio para la gestión de desastres y la respuesta de emergencia (ONU-SPIDER) y el Comité Internacional sobre los sistemas mundiales de navegación por satélite.

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La niña aguadora Una niña de Côte d’Ivoire llena una tinaja de barro con agua para la familia, desde un pozo reacondicionado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El pozo proporciona agua potable a toda la aldea (10 de marzo de 2008). (Foto: Naciones Unidas/Ky Chung)

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unque la mayoría de las personas asocian a las Naciones Unidas con las cuestiones de la paz y la seguridad, la realidad es que la Organización dedica la mayor parte de sus recursos a cumplir el compromiso de la Carta de “promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social”. Las iniciativas de desarrollo de las Naciones Unidas han influido profundamente en la vida y el bienestar de millones de personas en todo el mundo. La convicción de que la paz y la seguridad internacionales duraderas sólo son posibles si se asegura el bienestar económico y social en todas partes guía los esfuerzos de la Organización. La labor de las Naciones Unidas ha influido considerablemente en la orientación y la configuración de muchas de las transformaciones económicas y sociales que se han producido en el mundo desde 1945. Como centro mundial donde se forjan consensos, las Naciones Unidas han establecido prioridades y metas en materia de cooperación internacional para ayudar a los países a potenciar su desarrollo y fomentar un clima económico mundial propicio. Desde los años noventa las Naciones Unidas, a través de una serie de conferencias mundiales, han ofrecido una plataforma para formular e impulsar a escala internacional nuevos objetivos fundamentales en materia de desarrollo. También han expresado claramente la necesidad de incorporar al paradigma de desarrollo cuestiones como el adelanto de la mujer, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el buen gobierno. Ese consenso mundial se plasmó en una serie de decenios internacionales para el desarrollo, el primero de ellos iniciado en 1961. En las declaraciones generales de políticas y metas formuladas para cada decenio no sólo se ha hecho hincapié en las cuestiones de interés particular del momento, sino que se ha subrayado sistemáticamente la necesidad de avanzar en todos los aspectos del desarrollo, tanto en el social como en el económico, y la importancia de reducir las disparidades entre los países industrializados y los países en

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desarrollo. A medida que el siglo xx se acercaba a su fin fue adquiriendo preponderancia la idea del cumplimiento integrado y coordinado de estos compromisos. En la Cumbre del Milenio, celebrada en el año 2000, los Estados Miembros adoptaron la Declaración del Milenio, que contenía un conjunto de objetivos de amplio alcance para el curso futuro de las Naciones Unidas. La Declaración se tradujo en una hoja de ruta que incluyó ocho objetivos y metas medibles que lograr hasta el año 2015, conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM están encaminados a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. La comunidad internacional volvió a comprometerse con estos objetivos durante la Cumbre Mundial de 2005. En septiembre de 2010, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODM (conocida oficialmente como Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio) concluyó con la adopción de un plan de acción global para alcanzar los ocho objetivos de lucha contra la pobreza en la fecha prevista de 2015 y con el anuncio de nuevos compromisos esenciales con la salud de las mujeres y los niños y otras iniciativas contra la pobreza, el hambre y las enfermedades. El Secretario General Ban Ki-moon exhortó a los países más ricos a continuar proporcionando ayuda a los pobres, a pesar de sus problemas presupuestarios. Cada vez más, las deliberaciones internacionales sobre las cuestiones económicas y sociales se han hecho eco del interés común, tanto de los países ricos como de los pobres, en la solución de numerosos problemas que trascienden las fronteras nacionales. Cuestiones como las poblaciones de refugiados, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, el SIDA y el cambio climático se consideran problemas mundiales que exigen medidas coordinadas. La pobreza y el desempleo persistentes en una región pueden repercutir rápidamente en otra, en especial por efecto de la migración, los disturbios sociales y los conflictos. Asimismo, en esta era de globalización económica la inestabilidad financiera en un país incide casi inmediatamente en los mercados de los demás. Asimismo, se ha consolidado el consenso acerca de la importancia de la democracia, los derechos humanos, la participación popular, el buen gobierno y el empoderamiento de la mujer en el fomento del desarrollo económico y social.

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Objetivo: que la globalización beneficie a todos En la Declaración del Milenio, aprobada en septiembre de 2000, los líderes del mundo destacaron que la tarea fundamental a la que se enfrentaba la comunidad internacional era conseguir que la globalización se convirtiera en una fuerza positiva para todos. En su informe presentado a la Cumbre del Milenio, titulado Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI, el Secretario General afirmó que para que el proceso de globalización tuviera éxito las personas deberían sentirse incluidas en él. Los beneficios de la globalización—un crecimiento más rápido, niveles de vida más elevados y nuevas oportunidades para los países y las personas— son evidentes. Sin embargo, esos beneficios se distribuyen en forma desigual. Las empresas que operan a nivel mundial deben guiarse por el concepto del “civismo empresarial” y aplicar buenas prácticas dondequiera que realicen sus actividades, promoviendo normas laborales equitativas, el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. La Cumbre del Milenio fue seguida en 2005 y 2010 por otras cumbres que reafirmaron la Declaración de 2000. Las Naciones Unidas se esfuerzan por forjar coaliciones para el cambio, asegurando la participación de los muchos agentes que participan en el proceso de globalización: la sociedad civil, el sector privado, los parlamentarios, las autoridades locales, las asociaciones científicas y las instituciones educativas. Las Naciones Unidas luchan por asegurar que la globalización traiga beneficios para todos y que existan oportunidades no sólo para algunos privilegiados sino para todos los seres humanos.

Coordinación de las actividades de desarrollo

Pese a los avances logrados en numerosos frentes, la estructura económica y social del mundo se sigue caracterizando por las enormes disparidades en los niveles de riqueza y bienestar. La reducción de la pobreza y la eliminación de las desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos, siguen siendo metas fundamentales de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas promueve sus metas económicas y sociales de muchas maneras: elabora análisis políticos y enfrenta problemas globales presentes o previsibles, asesora a los gobiernos respecto de sus planes y estrategias de desarrollo, establece normas y criterios internacionales y moviliza fondos para programas de desarrollo. Mediante la labor de sus diferentes fondos y programas y de su sistema de organismos

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especializados, las Naciones Unidas influyen en la vida de la gente de todo el mundo en esferas tan diversas como la educación, la seguridad aérea, la protección del medio ambiente y las condiciones laborales. En 2008, el sistema de las Naciones Unidas destinó 18.300 millones de dólares a la ejecución de actividades operacionales para el desarrollo, el 62% de los cuales correspondió a tareas relacionadas con el desarrollo y el 38% a asistencia de tipo humanitario. Además, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) también distribuyen miles de millones de dólares cada año en donaciones y préstamos que contribuyen a la erradicación de la pobreza, el fomento del desarrollo y la estabilización de la economía mundial. El Consejo Económico y Social (ECOSOC) (www.un.org/en/ecosoc) es el principal órgano encargado de coordinar la labor económica y social de las Naciones Unidas y de sus organismos operacionales. Es también el principal foro para el examen de las cuestiones económicas y sociales internacionales, y para la elaboración de recomendaciones en cuestiones de índole política. Entre las responsabilidades del Consejo figuran promover mejores niveles de vida, el pleno empleo y el progreso económico y social; identificar soluciones para problemas económicos, sociales y de salud; facilitar la cooperación cultural y educacional, y estimular el respeto universal por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dentro del Consejo Económico y Social, el Comité de Políticas de Desarrollo, integrado por 24 expertos que actúan a título personal, funciona como órgano consultivo en cuestiones económicas, sociales y ambientales incipientes. Asimismo, el Consejo establece los criterios para designar a los países menos adelantados y revisa la lista de naciones incluidas en esa categoría. El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (www.undg.org) reúne los 32 fondos, programas, órganos, departamentos y oficinas de la Organización que intervienen en la administración y coordinación de la labor de las Naciones Unidas en materia de desarrollo. Este órgano ejecutivo tiene como meta mejorar la cooperación entre las entidades que determinan las políticas y los diferentes programas operacionales. El Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales (www.un.org/esa/ecesa), compuesto por varios órganos de la Secretaría y por las comisiones regionales, es también un instrumento de elaboración y gestión de políticas. Su objetivo es dar coherencia y enfoques comunes a las entidades de las Naciones Unidas que realizan trabajo normativo, analítico y técnico en el campo económico y social.

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Las ventajas competitivas de las Naciones Unidas En la promoción del desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas cuenta con las siguientes ventajas singulares: • Su universalidad: Todos los países tienen voz cuando se toman decisiones de política. • Su imparcialidad: No representa ningún interés nacional o comercial en particular y puede, por lo tanto, desarrollar relaciones de confianza con los países y su población a fin de suministrar asistencia, sin por ello imponer condiciones. • Su presencia mundial: Tiene la mayor red mundial de oficinas en los países para prestar asistencia al desarrollo. • Su amplio mandato: Contempla el desarrollo, la seguridad, la asistencia humanitaria, los derechos humanos y el medio ambiente. • Su dedicación a “los pueblos de las Naciones Unidas”.

Dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (www.un.org/esa/desa) ayuda a los países a enfrentar sus retos económicos, sociales y ambientales. Opera dentro de un marco de metas acordadas en el ámbito internacional, conocido como Agenda de desarrollo de las Naciones Unidas. Dentro de ese marco, el Departamento ofrece apoyo analítico, lleva a cabo tareas de análisis y coordinación de políticas, y brinda apoyo sustantivo y técnico a los Estados Miembros en el ámbito social, económico y ambiental. Coopera con los Estados Miembros para establecer normas y criterios y para acordar planes comunes a fin de dar respuesta a los problemas mundiales. El Departamento representa un nexo muy importante entre las políticas mundiales y la acción en el ámbito nacional y entre las actividades normativas, operacionales y de investigación. Las cinco comisiones regionales facilitan intercambios similares de información económica y social y análisis de políticas en las regiones de África (CEPA) (www.uneca.org), Asia y el Pacífico (CESPAP) (www.unescap.org), Europa (CEE) (www.unece.org), América Latina y el Caribe (CEPAL) (www.cepal.org) y Asia occidental (CESPAO) (www.escwa.org). Muchos fondos y programas de las Naciones Unidas se ocupan de las actividades operacionales para el desarrollo en los países donde se ejecutan esos programas, mientras que varios organismos especializados de la Organización ofrecen apoyo y asistencia a las iniciativas de desarrollo de los países. En la actualidad, cuando los recursos humanos y financieros son

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cada vez más limitados, es esencial mejorar la coordinación y la cooperación entre los diversos componentes del sistema para alcanzar las metas de desarrollo. Desarrollo económico

En los últimos decenios se ha producido en el mundo un sustancial desarrollo económico. Sin embargo, la riqueza y la prosperidad se han generado de manera muy desigual; tanto, que se considera que los desequilibrios económicos exacerban los problemas sociales y la inestabilidad política en prácticamente todas las regiones del mundo. El fin de la guerra fría y la rápida integración de la economía mundial no han resuelto los problemas persistentes de la pobreza extrema, el endeudamiento, el subdesarrollo y los desequilibrios comerciales. Uno de los principios de las Naciones Unidas desde su fundación ha sido la convicción de que el desarrollo económico de los pueblos es el mejor modo de lograr la seguridad política, económica y social. Principalmente, preocupa a la Organización que casi la mitad de la población mundial tenga que subsistir con menos de dos dólares diarios, especialmente en África, Asia y América Latina y el Caribe. En 2009 se calculaba que alrededor de 212 millones de trabajadores en el mundo se encontraban desempleados, mientras que el número de “trabajadores pobres” —los que ganan menos de dos dólares por día— alcanzaba los 2.100 millones. El número de personas subalimentadas en los países en desarrollo se estimaba en alrededor de 1.000 millones en 2009; esa cifra disminuyó ligeramente a 925 millones en 2010. Las Naciones Unidas siguen siendo la única institución dedicada a encontrar formas de velar por que la expansión económica y la globalización se rijan por políticas que garanticen el bienestar del ser humano, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, el comercio justo y la reducción de la abrumadora deuda externa. Las Naciones Unidas propugnan la adopción de políticas macroeconómicas que subsanen los desequilibrios actuales, sobre todo en relación con la desigualdad cada vez mayor entre el Norte y el Sur, al igual que los persistentes problemas de los países menos adelantados y las necesidades sin precedentes de los países en transición desde una economía centralizada hacia una economía de mercado. Los programas de asistencia de las Naciones Unidas en todo el mundo fomentan la reducción de la pobreza, la supervivencia infantil, la protección del medio ambiente, el adelanto de la mujer y los derechos humanos. Para millones de personas de los países pobres esos programas son las Naciones Unidas.

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Asistencia oficial para el desarrollo

Mediante sus políticas y préstamos, las instituciones de crédito del sistema de las Naciones Unidas ejercen colectivamente gran influencia en las economías de los países en desarrollo. Esta influencia se hace sentir en especial en los países menos adelantados, un grupo de 49 naciones marginadas del crecimiento y el desarrollo mundiales a causa de su pobreza y endeudamiento extremos. Esas naciones, 33 de las cuales pertenecen al continente africano, son la prioridad de varios programas de asistencia de las Naciones Unidas. Los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países con economías en transición también sufren problemas críticos merecedores de atención especial por parte de la comunidad internacional. Ellos tienen prioridad en los programas de asistencia del sistema de las Naciones Unidas y en la asistencia oficial para el desarrollo de los Estados Miembros de la Organización. De los 33 países en desarrollo sin litoral, 16 son menos adelantados. De los 38 pequeños Estados insulares en desarrollo, 12 son países menos adelantados. En 1970, la Asamblea General estableció como meta de la asistencia oficial para el desarrollo dedicar el 0,7% del producto nacional bruto, actualmente denominado ingreso nacional bruto (el producto interno bruto es la suma del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un año; el ingreso nacional bruto se obtiene de la suma del producto interno bruto y las entradas netas de ingresos primarios procedentes del exterior). Durante años, la aportación colectiva de los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) —actualmente integrada por 34 países industrializados— rondó la mitad de esa cifra. En los años noventa, la asistencia oficial para el desarrollo cayó bruscamente hasta su nivel más bajo. No obstante, de la suma total reducida, la mayor cantidad de recursos se destinó a los servicios sociales básicos: del 4% de la asistencia oficial para el desarrollo en 1995 pasó al 14% en el año 2000, es decir, un aumento de casi 4.000 millones de dólares. Por otra parte, más del 80% de la asistencia dejó de estar vinculado a la adquisición de bienes y servicios en el país donante. Entre los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo, el total de la asistencia ascendió en 2009 al 0,31% del ingreso nacional bruto combinado, equivalente a 119.600 millones de dólares. Hasta la fecha, sólo cinco países —Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia— habían alcanzado y mantenido el objetivo de dedicar el 0,7%. En 2010, los países que hicieron las mayores donaciones en volumen fueron los Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido y el Japón.

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Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (www.un.org/spanish/conferences/ffd) se celebró en Monterrey (México) en 2002. Esta Conferencia sobre importantes cuestiones financieras y de desarrollo, auspiciada por las Naciones Unidas, contó con la asistencia de 50 Jefes de Estado y de Gobierno, más de 200 ministros y líderes del sector privado, de la sociedad civil y de las principales organizaciones intergubernamentales del ámbito financiero, comercial, económico y monetario. La Conferencia de Monterrey también representó el primer intercambio cuatripartito de opiniones entre los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad empresarial y las instituciones interesadas en cuestiones económicas de alcance mundial. En los debates participaron más de 800 asistentes, agrupados en 12 mesas redondas, copresididas por Jefes de Gobierno, personal de alto nivel del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y de los bancos regionales de desarrollo, así como por ministros de Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores. El documento final de la Conferencia —conocido como el Consenso de Monterrey— refleja el nuevo planteamiento mundial de la financiación del desarrollo. Posteriormente, la Asamblea General decidió dar seguimiento a la Conferencia, con la celebración de reuniones en los años impares a partir de 2003, en los que también se tratarían cuestiones de política relacionadas con la aplicación de los resultados de la Conferencia y con la coherencia de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales para respaldar el desarrollo. Una reunión importante de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo se celebró en Doha (Qatar) en 2008, y dio como resultado la Declaración de Doha. En marzo de 2010, la Asamblea celebró su cuarto Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo. En septiembre, la Asamblea reafirmó el Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha y solicitó a los países desarrollados que cumplieran sus promesas para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey (México) en 2002, se alentó a los donantes principales a comprometerse a aumentar su asistencia oficial para el desarrollo como primera medida para revertir el descenso registrado en los años noventa. También se procuró destinar la asistencia en mayor medida a la reducción de la pobreza, la educación y la salud.

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Dos son las fuentes de la asistencia oficial para el desarrollo de las Naciones Unidas: los subsidios otorgados por los organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas, y los préstamos de las instituciones de crédito del sistema de las Naciones Unidas, como el Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). En el ejercicio económico de 2009, el Banco Mundial comprometió 58.800 millones de dólares, un aumento del 54% con respecto a 2008 y un récord para el Banco. Entre 1978 y 2010, el FIDA invirtió 11.500 millones de dólares en proyectos y programas, que alcanzaron a unos 350 millones de habitantes de zonas rurales. Los gobiernos y otras fuentes de financiamiento en los países receptores aportaron 10.100 millones de dólares, y donantes multilaterales, bilaterales y otros contribuyeron aproximadamente con otros 8.200 millones de dólares en cofinanciación. En 2009, el total de contribuciones a las actividades operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluida la asistencia humanitaria, se estimaba entre 21.500 y 22.000 millones de dólares. Se calcula que alrededor del 65% de esas contribuciones estuvo relacionado con el desarrollo, mientras que el 35% fue asignado a la asistencia humanitaria. La asistencia para el desarrollo de los órganos, fondos y programas de las Naciones Unidas se distribuye ampliamente entre los muchos países necesitados. Promoción del desarrollo en todo el mundo

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (www.undp.org) se ha comprometido a contribuir de manera decisiva a reducir a la mitad los niveles actuales de pobreza en el mundo antes de 2015. El PNUD proporciona asesoramiento sobre políticas idóneas y ayuda a crear la capacidad institucional necesaria para generar un crecimiento económico equitativo. El PNUD, con una red mundial de 160 oficinas en los países, trabaja sobre el terreno para ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. Se centra en cooperar con los países para construir y compartir soluciones a problemas como la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; la gobernabilidad democrática, incluidas las respuestas al VIH/SIDA; la prevención de las crisis y la recuperación posterior a ellas, y el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En todos estos ámbitos, el PNUD aboga por la protección de los derechos humanos y por el empoderamiento de la mujer.

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La mayor parte de los fondos de los programas centrales se destina a los países donde viven los más pobres del mundo. El número de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza internacional cayó de 1.800 millones en 1990 a 1.400 millones en 2005. Pero el progreso no es igual en todas las regiones. La estimación del aumento del número de habitantes que vivían en la pobreza como consecuencia de la crisis económica en 2009 oscilaba entre los 53 millones (con menos de 1,25 dólares diarios) y los 64 millones (con menos de 2 dólares diarios). Se estimaba, asimismo, que los precios de los alimentos, que en 2009-2010 seguían siendo altos en la mayoría de los mercados nacionales, combinados con los efectos de la crisis económica, habían ocasionado un incremento del número de personas con hambre en el mundo, que ascendía a unos 1.020 millones en 2010. En 2009, el gasto del PNUD en actividades de desarrollo fue de alrededor de 4.100 millones de dólares. Las contribuciones al Programa son voluntarias y provienen de casi todos los gobiernos del mundo. Los países que reciben fondos administrados por el PNUD ayudan a sufragar los gastos de los proyectos, aportando personal, instalaciones, equipo y material. A fin de aprovechar al máximo los recursos mundiales para el desarrollo, el PNUD coordina sus actividades con otros fondos y programas de las Naciones Unidas y con instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el FMI. Además, en los programas del PNUD de ámbito regional y nacional se considera la capacidad de los ciudadanos de los países en desarrollo y de las organizaciones no gubernamentales. El 75% de los proyectos apoyados por el PNUD son ejecutados por organizaciones locales. A nivel nacional, el PNUD fomenta un enfoque integrado de la prestación de la asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo. En varios países en desarrollo se ha establecido un Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) integrado por equipos de las Naciones Unidas dirigidos por el coordinador residente local de la Organización, que en muchos casos es el Representante Residente del PNUD. Los marcos de asistencia permiten ofrecer una respuesta coordinada a los principales problemas para el desarrollo que los gobiernos comunican a las Naciones Unidas. Los coordinadores residentes coordinan la asistencia humanitaria en los casos de desastres causados por el hombre, en los desastres naturales y en situaciones complejas de emergencia.

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Además de sus programas ordinarios, el PNUD administra varios fondos con propósitos especiales. El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) ofrece una combinación de capital de inversión, creación de capacidad y servicios de asesoramiento técnico para promover las microfinanzas y el desarrollo local en los países menos desarrollados. El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) (www.unv.org) es el punto focal de la Organización para impulsar y dirigir el trabajo voluntario al servicio del desarrollo efectivo. En 2008 había más de 7.700 VNU, procedentes de más de 150 países, desplegados por todo el mundo. El mandato del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), que trabajaba por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles de planificación del desarrollo y su puesta en práctica, fue subsumido en 2010 por una nueva entidad, ONU-Mujeres (www.onumujeres.org). Junto con el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el PNUD es uno de los socios gestores del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Además, es uno de los patrocinadores del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Préstamos para el desarrollo

El Banco Mundial (www.worldbank.org) comprende dos instituciones singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), y trabaja en más de 100 países en desarrollo aportando competencia financiera o técnica para contribuir a reducir la pobreza. Su actual cartera de proyectos abarca América Latina y el Caribe, el Oriente Medio y África del Norte, Europa y Asia central, Asia oriental y el Pacífico, África y Asia meridional. El Banco participa actualmente en más de 1.800 proyectos ejecutados en casi todos los sectores y países en desarrollo. Como una de las principales fuentes de asistencia para el desarrollo en todo el mundo, el Banco ayuda a los gobiernos de los países en desarrollo a construir escuelas y centros de salud, abastecer de agua y electricidad, combatir las enfermedades y proteger el medio ambiente, y lo hace mediante la concesión de préstamos amortizables. En 2009, el Banco prestó 46.900 millones de dólares a 303 proyectos en países en desarrollo en todo el mundo. También ayudó a reconstruir Haití después del devastador terremoto que asoló el país en enero de 2010.

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África, prioridad de las Naciones Unidas Las Naciones Unidas, reflejando la inquietud de la comunidad internacional, han hecho de la crítica situación económica y social de África una preocupación prioritaria. Afirmando su compromiso de fomentar el desarrollo de la región, han creado programas especiales con el objeto de hallar soluciones duraderas a los problemas de la deuda externa y el servicio de la deuda, de aumentar la inversión extranjera directa, de impulsar la creación nacional de capacidades, de enfrentar la escasez de recursos internos para el desarrollo, de facilitar la integración de los países africanos al comercio internacional, y de combatir el VIH-SIDA. En 1966, la Asamblea General lanzó la Iniciativa Especial del Sistema de las Naciones Unidas para África, un programa de acciones concretas por valor de miles de millones de dólares basado en las prioridades de desarrollo determinadas por los dirigentes africanos. En 2002 se dio por concluida la Iniciativa después de un examen por la Asamblea, que a continuación aprobó la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD (www.nepad.org), iniciativa creada en 2001 y dirigida por la Organización de Unidad Africana (ahora Unión Africana), como marco para los esfuerzos internacionales para el desarrollo de ese continente. En 2008, la Asamblea aprobó una declaración política con motivo de la Reunión de Alto Nivel sobre las necesidades de desarrollo de África, donde los participantes reafirmaron su apoyo a la NEPAD, así como la aplicación de los diversos compromisos asumidos en ese sentido. Las Naciones Unidas participan en el ámbito nacional, regional y global a través de empeños como el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y mediante programas guiados por la Comisión Económica para África, que ofrecen un marco para impulsar la coordinación subregional y regional. La Oficina del Asesor Especial para África (OSAA) (www.un.org/africa/osaa) informa sobre el apoyo proporcionado por el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional y coordina la acción internacional en apoyo de NEPAD. La Oficina del Asesor Especial para África, NEPAD y la OCDE trabajan juntas y en estrecha colaboración. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) ha intensificado su campaña contra el VIH/SIDA en África. Buscando una base lo más amplia posible para su campaña, ONUSIDA ha reunido a gobiernos, organismos regionales, organismos de desarrollo, organizaciones

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no gubernamentales y el sector privado, incluidas empresas farmacéuticas, en un grupo conocido como Asociación Internacional contra el SIDA en África. El Secretario General y varios organismos de las Naciones Unidas han pedido a los países industrializados que ayuden a aliviar las dificultades económicas de África negociando su deuda, rebajando los aranceles que gravan las exportaciones africanas y aumentando la asistencia oficial para el desarrollo. Los esfuerzos de las Naciones Unidas están vinculados, además, a otros esfuerzos de desarrollo, como la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados y la Alianza para la Industrialización de África.

El Banco Mundial concede dos tipos de préstamos. Uno de ellos está dirigido a países en desarrollo de ingresos elevados que pueden pagar tasas de interés prácticamente iguales a las del mercado o que pueden conseguir préstamos de fuentes comerciales. Estos países reciben préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que tiene el objetivo de reducir la pobreza en los países de ingresos medianos y en los más pobres acreedores de crédito impulsando el desarrollo sostenible mediante préstamos, garantías, productos de gestión de riesgo y servicios de análisis y asesoramiento. El BIRF les concede plazos de amortización más largos que los bancos comerciales: de quince a veinte años, con un período de gracia de tres a cinco años, antes de empezar a amortizar el principal. Los préstamos están orientados a programas específicos de apoyo a la reducción de la pobreza, la prestación de servicios sociales, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. En el ejercicio económico de 2009, el BIRF concedió préstamos por un valor récord de 32.900 millones de dólares a 126 proyectos en países de ingresos medianos y de ingresos bajos acreedores de crédito —un aumento de 144% sobre los 13.500 millones de dólares de 2008— y se aprestaba a establecer otro récord, con 44.000 millones de dólares en 2010. El Banco, que tiene una clasificación crediticia AAA, recauda casi todos sus fondos de la venta de sus bonos en los mercados financieros mundiales. El otro tipo de préstamo se ofrece a los países más pobres, que generalmente no pueden tener acceso a los mercados financieros internacionales y no pueden pagar tasas de interés similares a las del mercado. La Asociación Internacional de Fomento (AIF), filial del Banco Mundial, se encarga de los préstamos para los países más pobres e intenta reducir la pobreza ofreciendo financiación mediante donaciones y créditos para programas que impulsen el crecimiento económico, reduzcan las desigualdades y mejoren las condiciones de vida de la población. La AIF se financia en su

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mayor parte con contribuciones de 40 países miembros ricos. Sus “créditos” son en realidad préstamos sin interés, a un plazo de treinta y cinco o cuarenta años y con un período de gracia de diez años. En el ejercicio fiscal de 2009, la AIF aportó casi 15.000 millones de dólares para financiar actividades de desarrollo en los 79 países menos desarrollados. Como parte del esfuerzo de reconstrucción después del terremoto de enero de 2010 en Haití, alrededor de 210.000 niños recibieron diariamente comida a través de la AIF. Según su reglamento, el Banco Mundial sólo puede conceder préstamos a los gobiernos. No obstante, el Banco, cuyos proyectos tienen por finalidad ayudar a los sectores más pobres de la población, colabora estrechamente con las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Para que el desarrollo resulte exitoso es preciso que las comunidades y los gobiernos sientan como suyos estos proyectos. El Banco alienta a los gobiernos a colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil a fin de fortalecer la participación de los beneficiarios de los proyectos que financia. Las organizaciones no gubernamentales con sede en los países que reciben préstamos colaboran en aproximadamente la mitad de esos proyectos. El Banco Mundial alienta al sector privado promoviendo políticas económicas estables, finanzas gubernamentales racionales y un gobierno abierto, honrado y responsable, y presta su apoyo en numerosas esferas, en las que el desarrollo impulsado por el sector privado experimenta un rápido avance, como las finanzas, la producción de energía, las telecomunicaciones, la tecnología de la información, el petróleo, el gas y la industria. En virtud de su reglamento, el Banco no puede otorgar préstamos directamente al sector privado, aunque tiene una filial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), creada expresamente para promover las inversiones de ese sector en zonas y países de alto riesgo. Otra filial del Banco, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), facilita un seguro contra el riesgo político (garantías) a quienes invierten en países en desarrollo, o les concede préstamos. Pero el Banco Mundial hace mucho más que prestar dinero, ya que normalmente la asistencia técnica es parte de los proyectos que financia. Esa asistencia abarca desde el asesoramiento en cuestiones como el monto total del presupuesto de un país y las partidas a las que deberían asignarse los fondos disponibles, hasta la planificación de la apertura de clínicas en las aldeas o el tipo de equipo necesario para construir una carretera. El Banco financia cada año algunos proyectos dedicados exclusivamente al asesoramiento y la capacitación especializados. Además, entrena y forma a personas de los países prestatarios para elaborar y ejecutar programas de desarrollo. En la última década, la AIF capacitó

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a más de tres millones de maestros y proporcionó aulas nuevas o reacondicionadas a más de 105 millones de niños. El BIRF apoya proyectos de desarrollo sostenible en esferas como la reforestación, el control de la contaminación y la ordenación de la tierra; el agua, el saneamiento y la agricultura, y la conservación de los recursos naturales. Es la principal fuente de financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el mayor financiador de proyectos para mejorar el medio ambiente mundial. El BIRF y la AIF también apoyan la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (HIPC), orientada a reducir la deuda externa de los países más pobres del mundo, los más altamente endeudados. En el ejercicio de 2009 se condonaron 76 millones de dólares en créditos para el desarrollo y 10 millones de dólares de cargos como alivio de la deuda, en el marco de la condonación parcial del servicio de la deuda con la AIF. En su reunión cumbre de julio de 2005, los dirigentes del “Grupo de los Ocho” países desarrollados propusieron la cancelación del total de lo adeudado a la AIF, al FMI y al Fondo de Desarrollo para África por algunos de los países más pobres del mundo, principalmente de África y de América Latina. A partir de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), en el ejercicio de 2010 se condonaron 1.100 millones de dólares de créditos para el desarrollo, a cuatro países que habían alcanzado su punto de culminación HIPC. En conjunto, gracias a la Iniciativa MDRI, hacia junio de 2010 se habían condonado 34.500 millones de dólares de créditos para el desarrollo. Préstamos para fomentar la estabilidad

Muchos países recurren al Fondo Monetario Internacional (FMI) (www.imf.org), organismo especializado de las Naciones Unidas, cuando factores internos o externos afectan gravemente la posición de su balanza de pagos, su estabilidad fiscal o su capacidad para cumplir las obligaciones relativas al servicio de la deuda externa. El FMI presta asesoramiento y hace recomendaciones en materia de políticas para superar esos problemas y a menudo ofrece a sus países miembros recursos financieros destinados a programas de reforma económica. Los miembros que enfrentan problemas de balanza de pagos generalmente obtienen recursos financieros del FMI mediante la “compra” de activos de reserva, en divisas de otros miembros o en forma de “derechos especiales de giro”, con una cantidad equivalente de sus propias divisas. El Fondo cobra una comisión por esos préstamos y exige a los miembros que salden la deuda mediante la recompra de sus propias divisas dentro de un plazo determinado. En 2010, el FMI mejoró su apoyo a los países de bajos ingresos teniendo en cuenta la variabilidad de las condiciones económicas en esos países y el aumento de los factores de vulnerabilidad debido a los efectos de la crisis económica

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mundial. Los recursos disponibles para los países de bajos ingresos se duplicarán con creces, hasta alcanzar los 17.000 millones de dólares hacia finales de 2014. Como parte de una reforma más amplia, tendiente a flexibilizar el apoyo financiero y adaptarlo mejor a los diversos países de ingreso bajo, el FMI creó un nuevo Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que brinda asistencia a través de tres nuevos servicios —el Servicio de Crédito Ampliado, el Servicio de Crédito Contingente y el Servicio de Crédito Rápido—, que iniciaron sus operaciones en enero de 2010. Los principales servicios del FMI son: • Acuerdos de derecho de giro. Creados para prestar asistencia a mediano plazo cuando un déficit de carácter temporal o cíclico afecta la balanza de pagos. La amortización debe realizarse entre un plazo de 39 meses y 5 años. • Línea de Crédito Flexible, instrumento flexible ideado para responder a las necesidades de la balanza de pagos, presentes o previsibles, que debe ser amortizado en un plazo de 3¼-5 años. • Línea de Crédito Precautoria. Dedicada a la prevención de crisis, planeada para responder a las necesidades de países con fundamentos económicos sólidos y marcos de política institucional sanos pero que sufren de ciertas vulnerabilidades también que les impiden acceder a la línea de crédito flexible. Estos créditos deben ser amortizados en un plazo de entre 39 meses y 5 años. • Servicio ampliado del Fondo. Planeado para proporcionar asistencia financiera a más largo plazo a los países con problemas de balanza de pagos prolongados o derivados de problemas macroeconómicos o estructurales. Estos créditos deben ser amortizados en un plazo entre 54 meses y 10 años. • Servicio de crédito ampliado. Proporciona asistencia financiera a largo plazo a los países con problemas prolongados de balanza de pagos de naturaleza estructural, con la finalidad de mantener la reducción de la pobreza. Los miembros que reúnen los requisitos establecidos pueden recibir préstamos por hasta el 100% de su cuota (y hasta el 300% en total), con un acuerdo de tres años. Los préstamos no tienen tasa de interés anual y comienzan a amortizarse al cabo de cinco años y medio, con un plazo máximo de amortización de 10 años. • Servicio de crédito contingente. Un servicio nuevo que proporciona asistencia financiera flexible a los países de bajos ingresos con necesidades de financiamiento o de ajuste causadas por conmociones internas

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o externas o por problemas políticos. La financiación tiene un interés nulo y la amortización comienza a los 4 años y termina a los 8 años. • Servicio de crédito rápido. Nueva modalidad que proporciona asistencia financiera rápida con condicionalidad limitada, en un solo desembolso directo, para los países de bajos ingresos que enfrentan una necesidad urgente de balanza de pagos, derivada de impactos como desastres naturales, variaciones en los precios de los productos básicos o crisis en los países vecinos. El servicio permite también múltiples desembolsos para países que emergen de un conflicto u otras situaciones frágiles. Esta financiación tiene un interés nulo y la amortización se inicia a los cinco años y medio y termina a los 10 años. • Asistencia de emergencia, que proporciona ayuda para la balanza de pagos relacionados con desastres naturales o situaciones posteriores a conflictos, como ocurre después de disturbios civiles, inestabilidad política o conflicto armado internacional. Los préstamos de emergencia están sujetos a la tasa de cargos básica (las bonificaciones de intereses están disponibles para algunos países sujetas a la disponibilidad de recursos) y deben ser reembolsados dentro de los 3 ¼ a 5 años posteriores al desembolso. Para contribuir a aliviar la deuda de los países pobres altamente endeudados que aplican políticas sensatas y que reúnen los requisitos, el FMI y el Banco Mundial prestan conjuntamente asistencia excepcional en el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, cuya finalidad es reducir la carga de su deuda externa a un nivel sostenible. Asimismo, el FMI y el Banco Mundial han unido fuerzas para apoyar la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral, establecida como complemento de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados. El FMI evalúa las políticas cambiarias de sus miembros mediante un proceso de supervisión que entraña un análisis global de la situación económica general y de las políticas de cada miembro. El FMI realiza esa supervisión por medio de consultas anuales con cada país, y bianuales si se trata de varios países; para la supervisión regional se celebran reuniones con grupos regionales. Además, existen acuerdos de carácter precautorio y medidas de supervisión reforzada y de seguimiento de los programas, lo cual permite al FMI vigilar la situación en los países aunque no hayan recibido recursos de él. El FMI presta asistencia técnica a sus miembros en esferas como la formulación y aplicación de políticas fiscales y monetarias; la creación de

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instituciones, como desarrollo de bancos o tesorerías centrales; y la recopilación y selección de datos estadísticos. Además, ofrece capacitación a los funcionarios de los países miembros en su sede central de Washington, DC, y en sus centros regionales de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Brasilia, Dalian (China), Pune (India), Singapur, Túnez y Viena. Inversión y desarrollo

A medida que la inversión extranjera directa ha ido creciendo de manera espectacular, los países en desarrollo han abierto cada vez más sus economías a esas inversiones, a la vez que han empezado a invertir más en otros países en desarrollo. Diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas, como la FAO, el PNUD y la ONUDI, supervisan y evalúan la evolución y ayudan a los gobiernos de los países en desarrollo a atraer inversiones. Dos filiales del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, contribuyen al fomento de las inversiones en los países en desarrollo. Mediante su labor de asesoramiento, la Corporación Financiera Internacional (CFI) (www.ifc.org) ayuda a los gobiernos a crear las condiciones necesarias para estimular las corrientes de inversión y ahorro privado, tanto nacionales como extranjeras. La Corporación estimula y moviliza la inversión privada en los países en desarrollo demostrando que puede ser rentable. En el ejercicio económico de 2010 la CFI invirtió la cantidad récord de 18.000 millones de dólares en 528 proyectos, en 103 países. Desde su fundación en 1956 y hasta ese año, había invertido más de 75 millones de dólares de sus propios fondos y organizado la inversión de más de 30.000 millones de dólares mediante la formación de consorcios para más de 4.000 compañías en 142 países. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) es una filial del Banco Mundial encargada de asegurar las inversiones. Su meta es facilitar las corrientes de inversiones privadas para fines productivos hacia los países miembros en desarrollo, ofreciendo a los inversores seguros contra riesgos políticos a largo plazo —es decir, seguros contra los riesgos de expropiación, transferencia monetaria, guerra y disturbios civiles— y servicios de asesoramiento. El OMGI ejecuta programas de promoción, difunde información sobre oportunidades de inversión y presta asistencia técnica para mejorar la capacidad de promoción de las inversiones de los países. Durante el ejercicio fiscal de 2010, el OMGI ha concedido garantías de inversión (seguros) a 19 proyectos en países en desarrollo, por un valor de 1.500 millones de dólares. Desde su creación en 1988, el OMGI ha concedido 980 garantías para proyectos en más de 100 países, por un valor superior a los 22.400 millones de dólares.

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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ayuda a los países en desarrollo y a los países con economías en transición a fomentar la inversión extranjera directa y a mejorar el clima de inversión. También ayuda a los gobiernos a entender las implicaciones políticas de la inversión extranjera directa y a formular y aplicar políticas en consecuencia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo promueve la comprensión de los vínculos entre la inversión, el comercio, el desarrollo empresarial y la creación de capacidad tecnológica y realiza investigaciones sobre las tendencias mundiales de la inversión extranjera directa. Los resultados de su actividad los recogen las publicaciones anuales Informe sobre las inversiones en el mundo, Investment Policy Reviews y World Investment Directory, además de otros estudios. Comercio y desarrollo

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (www.unctad.org) se encarga de asegurar la integración de todos los países al comercio mundial. Como punto focal de las Naciones Unidas para tratar las cuestiones relacionadas con el desarrollo en los ámbitos del comercio, las finanzas, la tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible, la UNCTAD trabaja para maximizar las oportunidades de comercio, inversión y desarrollo de los países en desarrollo y los ayuda a enfrentar los desafíos derivados de la globalización y a integrarse a la economía mundial sobre bases equitativas. Esos objetivos los persigue a través de la investigación y el análisis político, las deliberaciones intergubernamentales, la cooperación técnica y la interacción con la sociedad civil y el sector empresarial. En particular, la UNCTAD: • Examina las tendencias de la economía mundial y evalúa su efecto en el desarrollo. • Ayuda a los países en desarrollo, en especial a los menos adelantados, a incorporarse al sistema comercial internacional y a tomar parte activa en las negociaciones comerciales internacionales. • Examina las tendencias mundiales de las corrientes de inversión extranjera directa y su efecto en el comercio, la tecnología y el desarrollo. • Ayuda a los países en desarrollo a atraer inversiones. • Ayuda a los países en desarrollo a promover la actividad y la capacidad empresarial. • Ayuda a los países en desarrollo y a los países con economías en transición a mejorar la eficacia de sus servicios de apoyo al comercio.

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Inversión extranjera directa y desarrollo La inversión extranjera directa sigue siendo uno de los motores de la economía mundial. La expansión de las corrientes de inversión pone de manifiesto el papel central que desempeñan las empresas transnacionales, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. Según la publicación de la UNCTAD World Investment Report de 2010: • Las entradas de inversión extranjera directa cayeron un 37% entre 2008 y 2009, hasta alcanzar 1,1 billones de dólares, si bien tuvieron una modesta recuperación en la primera mitad de 2010. Se espera que en todo el mundo esas entradas totalicen 1,2 billones de dólares en 2010, entre 1,3 y 1,5 billones de dólares en 2011, y de 1,6 a 2 billones de dólares en 2012. • Las economías en desarrollo y en transición, que encabezaron la recuperación de las inversiones extranjeras directas, recibieron un cuarto de los flujos mundiales de inversión, invirtieron un cuarto de los flujos mundiales y siguieron siendo destinos favorables para las inversiones extranjeras directas en 2010. • Las empresas transnacionales son a la vez grandes emisoras de carbono y grandes inversoras en actividades con baja emisión de carbono, y por eso constituyen tanto el problema como la solución al cambio climático. El 40% de los proyectos de bajas emisiones de carbono con inversión extranjera directa estaban radicados en países en desarrollo durante el período 2003-2009, y había potencial para que aumentaran los flujos de inversión extranjera directa “verde” hacia los países en desarrollo. • Se estimaba que la inversión extranjera directa en actividades con bajas emisiones de carbono había alcanzado un nivel significativo, con flujos de 90.000 millones de dólares en 2009. Las empresas transnacionales establecidas eran los principales inversores, pero estaban apareciendo nuevos jugadores, inclusive del Sur y de otras transnacionales. • Las economías en desarrollo y en transición albergaban a la mayoría de la fuerza de trabajo de las filiales extranjeras y en 2008 contaban con el 28% de las 82.000 empresas transnacionales del mundo. En 2009, la oferta de empleo en el extranjero de las empresas transnacionales aumentó a 80 millones de trabajadores. • Empezaba a hacerse visible una dicotomía en las tendencias de las políticas de inversión que se caracterizaba por medidas tendientes a aumentar la liberalización y la promoción, por un lado, y, por el otro, a regular la inversión en función de las objeciones de la política pública.

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Flujos mundiales de inversión extranjera directa, 2002-2009, y proyecciones para 2010-2012 (en miles de millones de dólares) 2.500

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1.000

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2003

2004

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Estimación base

2006

2007

2008

Optimista

2009

2010

2011

2012

Pesimista

Fuente: UNCTAD, World Investment Report, 2010.

La labor de la UNCTAD contribuye a aclarar las tendencias y a orientar los planteamientos y políticas en lo que respecta a las relaciones entre comercio y desarrollo, en el contexto de la globalización. Asimismo, permite a los países en desarrollo tomar parte efectiva en el comercio internacional de bienes, servicios y productos básicos. La UNCTAD fue uno de los principales artífices del concepto de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y destacado promotor de su incorporación en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y posteriormente en la Organización Mundial del Comercio. Es también la instancia encargada de coordinar la logística comercial en el sistema de las Naciones Unidas. Al aportar soluciones institucionales, jurídicas y operacionales para reducir los gastos de las transacciones y aumentar la interconectividad de los transportes, contribuye a la mejora del acceso de los países en desarrollo a los mercados mundiales. La UNCTAD promueve el desarrollo de empresas, en particular el de empresas medianas y pequeñas, a través de conversaciones intergubernamentales periódicas y de la cooperación técnica. La UNCTAD lleva

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a cabo alrededor de 300 proyectos de cooperación técnica en casi 100 países. Las actividades incluyen: • El Sistema automatizado de datos aduaneros (www.asycuda.org), que utiliza la tecnología más avanzada para ayudar a los gobiernos a modernizar la gestión y los procedimientos aduaneros. En 2010, 89 países utilizaban ese sistema, que se está convirtiendo rápidamente en la norma internacionalmente aceptada en materia de automatización de los servicios de aduana. Es también un instrumento de mejora de la gestión económica. • El Programa EMPRETEC (www.unctadxi.org/templates/Startpage_7428.aspx) fomenta el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas, y una red de información ofrece acceso a bases de datos pertinentes a los empresarios. El Centro de Comercio Internacional de la UNCTAD­/Organización Mundial del Comercio (CCI) (www.intracen.org) es el encargado, dentro del sistema de las Naciones Unidas, de la cooperación técnica con países en desarrollo en materia de promoción del comercio. Trabaja con países en desarrollo y países con economías en transición para establecer programas de promoción del comercio, con miras a ampliar sus exportaciones y mejorar sus operaciones de importación. El Centro de Comercio Internacional ha enfrentado con éxito la integración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en sus programas. Los ODM funcionan como un punto de referencia esencial para el CCI, en sus esfuerzos por reducir la pobreza y mejorar la competitividad de empresas de comunidades pobres, impulsando su integración en la cadena de valor mundial. El Centro lleva a cabo programas en seis esferas: desarrollo de productos y mercados, desarrollo de servicios de apoyo al comercio, información comercial, desarrollo de recursos humanos, gestión de las compras y del suministro a nivel internacional, y evaluación de necesidades y diseño de programas para la promoción del comercio. Los especialistas del Centro ejecutan los proyectos de cooperación técnica de la institución en estrecha colaboración con funcionarios locales encargados de cuestiones comerciales. Los proyectos nacionales suelen adoptar la forma de un paquete de servicios amplio, tendiente a aumentar las exportaciones del país y mejorar sus operaciones de importación.

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Promoción del comercio equitativo en aras de un desarrollo incluyente Las negociaciones intergubernamentales, las investigaciones y la asistencia técnica auspiciadas por la UNCTAD han dado como resultado: • Un acuerdo sobre el Sistema generalizado de preferencias, adoptado por la UNCTAD en 1968, que facilita el trato preferencial a las exportaciones de los países en desarrollo hacia los países industrializados. • Un acuerdo sobre el Sistema global de preferencias comerciales entre países en desarrollo, en vigor desde 1989, que concede preferencias arancelarias y no arancelarias a sus miembros. • Varios acuerdos internacionales sobre productos básicos, tendientes a estabilizar los precios de ciertos productos de exportación de gran importancia para países en desarrollo, como el cacao, el café, el azúcar, el caucho, el yute y sus derivados, las maderas tropicales, el estaño, el aceite de oliva y el trigo. • La creación del Fondo Común para los Productos Básicos, institución financiera internacional que ayuda a los países en desarrollo que dependen de productos básicos a mejorar y diversificar la producción y la comercialización de sus productos. • La aprobación por la Asamblea General en 1980 del único código voluntario sobre competencia de aplicación universal, el Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas, que es revisado cada cinco años. • La creación en 2007 de la Norma Orgánica de África Oriental, que será la segunda norma orgánica regional del mundo después de la Unión Europea. • El Sistema de Análisis e Información Comercial, que es la base de datos internacionales más completa de dominio público en lo relativo al comercio, los aranceles y las medidas no arancelarias (www.wits.worldbank.org/wits).

Desarrollo agrícola

La mayor parte de la población del planeta vive todavía en zonas rurales y, de forma directa o indirecta, se gana el sustento fundamentalmente mediante la agricultura. En los últimos decenios se ha propagado y agudizado la pobreza rural, al tiempo que la búsqueda de una industrialización acelerada ha provocado que la inversión en el

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sector agrícola sea insuficiente. Las Naciones Unidas están tratando de corregir ese desequilibrio de diversas maneras. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (www.fao.org) es el principal organismo en materia de agricultura, silvicultura, pesca y desarrollo rural. Presta ayuda práctica a los países en desarrollo mediante una amplia gama de proyectos de asistencia técnica. Una de sus prioridades es el fomento del desarrollo rural y la agricultura sostenible, con una estrategia a largo plazo encaminada a incrementar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria a la vez que se conservan y ordenan los recursos naturales. Para fomentar el desarrollo agrícola sostenible, la FAO promueve un enfoque integrado que incorpora consideraciones de índole ambiental, social y económica en la elaboración de proyectos de desarrollo. En algunas zonas, por ejemplo, determinadas combinaciones de cultivos pueden mejorar la productividad agrícola, suministrar leña a los lugareños, mejorar la fertilidad de los suelos y reducir los efectos de la erosión. La FAO coordina más de 1.000 proyectos sobre el terreno en todo el mundo, que van desde la ordenación integrada de las tierras y respuestas de emergencia hasta asesoramiento a los gobiernos en materia de políticas y planificación en esferas tan diversas como la silvicultura y las estrategias de comercialización. Normalmente, la FAO desempeña una de las siguientes funciones: ejecutar programas propios, ejecutar programas en nombre de otros organismos y donantes, o brindar asesoramiento y asistencia a proyectos nacionales en materia de gestión. En colaboración con las instituciones financieras internacionales, el Centro de Inversiones de la FAO ayuda a los países en desarrollo a preparar operaciones de inversión en desarrollo agrícola y rural. Cada año, el Centro envía a todo el mundo más de 700 misiones sobre el terreno. Desde 1964, el Centro y las instituciones financieras internacionales asociadas a él han facilitado inversiones en agricultura y desarrollo agrícola por más de 89.000 millones de dólares. De ese monto, alrededor de 53.000 millones de dólares fueron financiados por las instituciones internacionales. La FAO trabaja en el desarrollo terrestre y acuático; la producción de plantas y alimentos; la silvicultura; la pesca; las políticas de seguridad económica, social y alimentaria; la inversión; la alimentación; la generación de normas de seguridad alimentarias, y productos básicos para el comercio. Por ejemplo:

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• En 2010, la FAO y el Ministerio de Agricultura de Haití distribuyeron ayuda agrícola a 72.000 familias campesinas en zonas rurales y afectadas por el terremoto, a tiempo para la esencial siembra de primavera, responsable del 60% de la producción agrícola del país. Esa asistencia permitió producir y consumir sus propios productos a más de 360.000 personas, así como vender el excedente para cubrir gastos de salud y educación. • “Njaa Marufuku Kenya”, un programa de diez años del gobierno de Kenia que la FAO ayudó a crear, apunta a aumentar la disponibilidad de alimentos y a reducir el hambre crónica. Inicialmente estaba enfocado en la creación de capacidades en la comunidad, programas de alimentación escolar y actividades de alimentos por trabajo, en apoyo de la conservación de recursos naturales. Entre junio de 2005 y diciembre de 2010, 2.593 comunidades, que representaban más de 77.000 agricultores en pequeña escala recibieron donaciones por un total de 89,3 millones de dólares. Además, 854 facilitadores de grupos comunitarios recibieron capacitación y se sumaron a los grupos beneficiados para incrementar su capacidad técnica. • Desde su creación en 1976, el Programa de Cooperación Técnica de la FAO ha financiado alrededor de 8.800 proyectos por un valor de más de 1.100 millones de dólares. El Programa se encarga también del Premio Edouard Saouma, destinado a las instituciones nacionales o regionales que se muestran particularmente eficaces en la ejecución de proyectos financiados por el Programa. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (www.ifad.org) financia programas y proyectos de desarrollo agrícola que capacitan a la población rural para superar la pobreza. El FIDA concede préstamos y donaciones que promueven el adelanto económico y la seguridad alimentaria de los pobres rurales. Las iniciativas a las que el FIDA presta apoyo permiten a esas personas acceder a las tierras, el agua, los recursos financieros, las tecnologías y los servicios agrícolas necesarios para cultivar de forma productiva y poder acceder a los mercados y a oportunidades empresariales que incrementen sus ingresos. También trabaja para impulsar el conocimiento, las destrezas y las organizaciones de los pobres rurales. Los programas y proyectos del FIDA benefician a las personas más pobres del mundo: pequeños agricultores, campesinos sin tierra, pastores nómadas, comunidades pesqueras artesanales, poblaciones indígenas y, en todos los grupos, las mujeres rurales pobres. La mayoría de los recursos

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del FIDA se destina a los países pobres, en condiciones sumamente favorables: el período de amortización es de cuarenta años, incluido un período de gracia de diez años, y la comisión por concepto de servicios es del 0,75% anual. En especial, el FIDA está comprometido a alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas con hambre y extremadamente pobres, para 2015. Desde que inició sus actividades en 1978, el FIDA ha invertido 11.500 millones de dólares en 838 proyectos y programas, llegando a alrededor de 350 millones de pobres rurales en más de 100 países y territorios. Los gobiernos y otras fuentes de financiación en los países receptores, incluidos los participantes en los proyectos, aportaron 10.100 millones de dólares, mientras que organismos de financiación externos —en particular donantes bilaterales y multilaterales, entre otros— aportaron 8.200 millones de dólares adicionales en cofinanciación. Esto representa una inversión total de aproximadamente 29.800 millones de dólares y significa que por cada dólar invertido por el FIDA, el Fondo logró movilizar casi dos dólares en recursos adicionales. En diciembre de 2010, el Fondo publicó su Rural Poverty Report, 2011, que ofrece un panorama general de la pobreza rural, sus consecuencias mundiales y las perspectivas para su erradicación. Desarrollo industrial

La globalización de la industria ha creado desafíos y oportunidades sin precedentes para los países en desarrollo y con economías en transición. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (www.unido.org) es el organismo especializado que presta asistencia a esos países para que logren un desarrollo industrial sostenible en el nuevo entorno mundial. La ONUDI ha alcanzado un papel muy importante en la agenda mundial de desarrollo, enfocando sus actividades en la reducción de la pobreza, la globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental. Sus servicios se basan en dos funciones centrales: como foro global, genera y difunde conocimientos relacionados con la industria, y como organismo de cooperación técnica proporciona apoyo técnico y realiza proyectos. Los programas de cooperación técnica de la ONUDI se concentran en las siguientes tres prioridades temáticas, que responden directamente a prioridades de desarrollo mundiales: • La reducción de la pobreza mediante actividades productivas, para lo cual ofrece diversos servicios, desde asesoramiento sobre política industrial a empresarios y desarrollo de pequeñas y medianas

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empresas, difusión de tecnologías para el desarrollo sostenible y provisión de energía rural para usos productivos. • La creación de capacidad comercial, ofreciendo servicios de desarrollo relacionados con el comercio, así como asesoramiento y asistencia técnica integrada en materias como competitividad, políticas comerciales, modernización y mejoramiento industriales, y cumplimiento de las normas del comercio, métodos de prueba y metrología. • El medio ambiente y la energía, promoviendo patrones sostenibles de producción y consumo industrial y ayudando a los clientes a aplicar acuerdos ambientales multilaterales, al tiempo que alcanzan sus propios objetivos económicos y ambientales. La ONUDI presta asistencia a los gobiernos, las asociaciones empresariales y la industria privada mediante una serie de servicios que ponen en práctica sus funciones básicas y sus prioridades temáticas. Las 13 oficinas de promoción de las inversiones y las tecnologías de la ONUDI, financiadas por los países donde están establecidas, promueven los contactos empresariales entre los países industrializados, los países en desarrollo y los países con economías en transición. Asuntos laborales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (www.ilo.org), que se ocupa tanto de los aspectos económicos del desarrollo como de los sociales, es uno de los pocos organismos especializados previos a la fundación de las Naciones Unidas, ya que fue creada en 1919. La OIT se ocupa de establecer normas laborales y vigilar su aplicación y es el único organismo tripartito que reúne a representantes de los gobiernos, de los patrones y de los trabajadores para elaborar políticas y programas que promuevan trabajo decente para todos. Los principales objetivos de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo sobre todos los asuntos relacionados con el trabajo. La OIT ha elaborado un marco de normas y pautas para el mundo laboral que casi todos los países han incorporado a su legislación nacional. La OIT se guía por el principio de que la estabilidad y la integración sociales sólo pueden sostenerse si se basan en la justicia social, sobre todo en lo que respecta al derecho al empleo con remuneración equitativa y en lugares de trabajo saludables. Durante muchos decenios, la OIT ha ayudado a crear normas laborales de importancia histórica, como la

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jornada de trabajo de ocho horas, la protección de la maternidad, las leyes sobre el trabajo infantil y una amplia gama de políticas que promueven la seguridad en el lugar de trabajo y las relaciones laborales armoniosas. Concretamente, la OIT se ocupa de lo siguiente: • Formula políticas y programas internacionales para promover los derechos humanos básicos, mejorar las condiciones de trabajo y de vida y aumentar las oportunidades de empleo. • Elabora normas laborales internacionales que sirven de directrices para que las autoridades nacionales pongan en práctica políticas laborales racionales. • Lleva a cabo un amplio programa de cooperación técnica, elaborado y puesto en práctica en colaboración con los beneficiarios, para ayudar a los países a aplicar esas políticas. • Realiza actividades de capacitación, educación, investigación e información para impulsar su labor en las esferas mencionadas. La principal finalidad de la OIT consiste en promover oportunidades de trabajo decente para todas las personas. Para alcanzar esta meta fundamental, la Conferencia Internacional del Trabajo tiene cuatro objetivos estratégicos: • Promover y realizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo. • Crear más oportunidades de empleo e ingresos decentes para las mujeres y los hombres. • Aumentar la cobertura y eficacia de la protección social de todas las personas. • Fortalecer el diálogo entre los gobiernos, los trabajadores y los empresarios. Para ello, la labor de la OIT se centra en esferas como la supresión progresiva del trabajo infantil, la salud y la seguridad en el trabajo, la seguridad socioeconómica, la promoción de las empresas pequeñas y medianas, la creación de capacidad y conocimientos adecuados para encontrar empleo, la eliminación de la discriminación y la desigualdad de género, y la promoción de la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1998. La cooperación técnica de la OIT se centra en el apoyo a la democratización, el alivio de la pobreza mediante la creación de empleos y la protección de los trabajadores. La OIT ayuda a los países a elaborar su

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legislación laboral y a tomar medidas prácticas para aplicar las normas que ella dicta; por ejemplo, mediante la creación de departamentos de salud y seguridad en el trabajo, sistemas de seguridad social y programas de educación para los trabajadores. Los proyectos se ejecutan mediante la colaboración estrecha entre los países receptores, los donantes y la OIT, que tiene una red de oficinas zonales y regionales en todo el mundo. La OIT lleva a cabo más de 1.000 programas de cooperación técnica en más de 80 países. En el último decenio, la organización ha invertido un promedio de 130 millones de dólares anuales en proyectos de cooperación técnica. El Centro Internacional de Formación de la OIT (www.itcilo.org/en), situado en Turín (Italia), capacita a administradores superiores y de categoría media de empresas privadas y públicas, dirigentes de organizaciones de trabajadores y de empleadores, funcionarios gubernamentales y autoridades encargadas de la formulación de políticas. Cada año organiza más de 450 programas y proyectos que se imparten a alrededor de 11.000 personas de más de 180 países. El Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT (www.ilo.org/public/english/ bureau/inst), con sede en Ginebra, promueve las investigaciones de políticas y debates públicos sobre nuevas cuestiones de interés para la Organización. Su labor se centra en el estudio de la relación entre las instituciones laborales, el crecimiento económico y la equidad social. El Instituto, que desempeña la función de foro mundial sobre política social, mantiene redes internacionales de investigación y lleva a cabo programas de educación. Aviación civil internacional

Se calcula que 2.300 millones de pasajeros viajaron durante el año 2009 en 25 millones de vuelos aproximadamente, y que se transportaron por vía aérea 38 millones de toneladas de carga. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (www.icao.int) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que sirve de foro mundial para la cooperación entre los Estados Miembros y con la comunidad mundial de la aviación. Su misión es fomentar un sistema mundial de aviación civil que opere constante y uniformemente con la máxima eficiencia y ofrezca seguridad y sostenibilidad óptimas. Las actividades de la OACI se guían por sus objetivos estratégicos para el período 2011-2013, centrados en tres áreas principales: la seguridad, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del transporte aéreo. Para alcanzar esos objetivos, la OACI:

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• Aprueba normas internacionales y recomendaciones relativas al diseño y el funcionamiento de las aeronaves y de gran parte de su equipo, así como al trabajo de los pilotos, las tripulaciones, los controladores aéreos, el personal de tierra —incluido el de mantenimiento—, y a los requisitos y procedimientos de seguridad en los aeropuertos internacionales. • Elabora las normas de vuelo visual o con instrumentos, así como los mapas aeronáuticos utilizados para la navegación internacional, y es responsable de los sistemas de telecomunicación de las aeronaves, de las radiofrecuencias y de los procedimientos de seguridad. • Trata de reducir al mínimo el impacto ambiental de la actividad aérea estableciendo límites para las emisiones de las aeronaves, incluido el control de la contaminación acústica. • Facilita el movimiento de aeronaves, pasajeros, tripulantes, equipaje, carga y correspondencia a través de las fronteras internacionales mediante la normalización de los trámites de aduanas, inmigración, salud pública y demás formalidades. Dado que los actos de injerencia ilícita continúan representando una seria amenaza para la seguridad de la aviación civil internacional, la OACI ejecuta políticas y programas preventivos. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, la OACI elaboró un plan de acción para la seguridad en la aviación que incluye un programa universal de auditorías, para evaluar el cumplimiento de las normas de seguridad y recomendar medidas de corrección cuando sea necesario. En su trigésima séptima asamblea, celebrada en el otoño de 2010, la OACI elaboró nuevos acuerdos y declaraciones sobre los retos y las prioridades del transporte aéreo. Los participantes en la asamblea aprobaron el enfoque de la OACI sobre la seguridad de las pistas y una resolución histórica sobre la reducción del impacto de las emisiones de las aeronaves en el cambio climático, la cual orientará las actividades de sus Estados Miembros sobre el tema hasta el año 2050. La OACI atiende las peticiones de asistencia de los países en desarrollo que buscan mejorar sus sistemas de transporte aéreo y capacitar a su personal de aviación civil y ha apoyado el establecimiento de centros regionales de capacitación en varios de esos países. Para definir qué tipo de asistencia aplicar, la OACI se basa en las necesidades de los países, con la finalidad de dotar de seguridad y eficacia a la aviación civil, de conformidad con las normas y prácticas recomendadas por ella.

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La OACI coopera estrechamente con organismos especializados de las Naciones Unidas, como la OMI, la UIT y la OMM. También participan en sus reuniones la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, el Consejo Internacional de Aeropuertos y la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolíneas, entre otras organizaciones internacionales. Transporte marítimo internacional

Cuando la Organización Marítima Internacional (OMI) (www.imo.org) celebró su primera Asamblea en 1959 contaba con menos de 40 Estados miembros. Hoy la componen 169 Estados miembros (168 Estados Miembros de las Naciones Unidas más las Islas Cook) y tres Miembros asociados. Más del 98% de las flotas mercantes del mundo (por tonelaje) se han adherido a las convenciones internacionales fundamentales elaboradas por la OMI. La función más conocida de la OMI es la aprobación de legislación marítima. Desde su fundación ha aprobado cerca de 40 convenciones y protocolos —la mayoría relacionados con cambios en el transporte marítimo mundial— más unos 1.000 códigos y recomendaciones relativos a la seguridad marítima, la prevención de la contaminación y a asuntos conexos. A los objetivos de la OMI de mejorar la seguridad del transporte marítimo internacional y prevenir la contaminación marina causada por los buques se ha añadido el de la protección marítima. Entre los problemas fundamentales para el medio ambiente sobre los que la OMI toma medidas figuran el acarreo pasivo de organismos acuáticos nocivos en el agua de lastre y por los sedimentos, la emisión de gases de efecto invernadero por los buques y el reciclaje de buques. Cuando la OMI inició sus actividades, su principal tarea era la elaboración de tratados internacionales y otros textos legislativos relacionados con la seguridad y la prevención de la contaminación marina. Actualmente, la OMI se centra en la aplicación de las normas internacionales, si bien continúa su labor para modificar y actualizar la legislación existente y subsanar las lagunas que surgen en el marco reglamentario. Durante 2010, entre los asuntos clave en la agenda de la OMI se cuentan: dar respuesta al flagelo de la piratería moderna, en particular en las aguas frente a las costas de Somalia y en el golfo de Adén; buscar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y mantener su actuación centralizada en la seguridad de la vida en el mar y el elemento humano, especialmente los marinos.

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Entre los principales tratados de la OMI sobre seguridad marítima y la prevención de la contaminación marítima causada por los buques, actualmente vigentes en todo el mundo, se cuentan los siguientes: el Convenio internacional sobre líneas de carga (1966); el Reglamento internacional para prevenir las colisiones en el mar (1972); el Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (1972); el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973, modificado por el Protocolo de 1978; el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) (1974); el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW) (1978), y el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos (1979). Numerosos códigos, algunos de los cuales son de cumplimiento obligatorio, se refieren a cuestiones específicas como el transporte de mercancías peligrosas y las embarcaciones de gran velocidad. El Código Internacional de gestión de la seguridad, aprobado en 1994 y vinculante tras la modificación del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, hace referencia a las personas que explotan o manejan buques. Se ha prestado especial atención a las normas relativas a la tripulación, aun mediante la revisión completa en 1995 del Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, de 1978, que por primera vez encomendó a la OMI la tarea de supervisar el cumplimiento del Convenio. La seguridad de la vida humana en el mar sigue siendo uno de los objetivos fundamentales de la OMI. En 1999 entró plenamente en vigor el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos, gracias al cual todo buque que afronta una emergencia en cualquier parte del mundo tiene asegurada la asistencia, aun cuando su tripulación no alcance a pedir socorro por radio, ya que se transmite automáticamente un mensaje de emergencia. Una serie de instrumentos de la OMI estipulan las cuestiones referidas a responsabilidad e indemnización. Entre ellos cabe destacar el Protocolo de 1992 del Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, de 1969, y el Protocolo de 1992 del Convenio internacional de constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos (Fondo IOPC), de 1971, los cuales aseguran una indemnización para las víctimas de la contaminación por hidrocarburos. El Convenio de Atenas, relativo al transporte por mar de pasajeros y sus equipajes, de 1974, fija los límites de las indemnizaciones que han de pagarse a los pasajeros de buques.

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En 2002, la OMI aprobó el Código internacional para la protección de los buques y las instalaciones portuarias, que fija nuevas medidas encaminadas a proteger a los buques contra ataques terroristas. El Código, aprobado mediante las enmiendas correspondientes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, entró en vigor en 2004. En 2005, la OMI aprobó enmiendas al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, de 1988, y de su Protocolo, en virtud de las cuales se preveía el derecho de un Estado parte a abordar una embarcación que enarbolara pabellón de otro Estado Parte cuando la parte solicitante tuviera motivos fundados para sospechar que la embarcación o una persona a bordo de ella estuviese tomando parte, hubiera tomado parte o estuviera a punto de tomar parte en la comisión de un delito prescrito por el Convenio. Los programas de cooperación técnica de la OMI tienen por finalidad velar por la aplicación de las normas y reglamentos internacionales, en particular en los países en desarrollo, y prestar asistencia a los gobiernos para una gestión adecuada de la industria del transporte marítimo. La OMI asigna suma importancia a la capacitación, y por ello auspicia la Universidad Marítima Mundial, establecida en Malmö (Suecia), el Instituto de Derecho Marítimo Internacional, en Malta, y la Academia Marítima Internacional, en Trieste (Italia). Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones han llegado a ser la clave de la prestación de servicios a nivel mundial. El sector bancario, el turismo, el transporte y la industria de la información dependen de telecomunicaciones rápidas y fiables a escala mundial. El sector está en una etapa de eclosión debido a la acción de tendencias poderosas, como la globalización, la desregulación, la reestructuración, los servicios de red de valor añadido, las redes inteligentes y los acuerdos regionales. De ser un simple servicio público, las telecomunicaciones han pasado a estar fuertemente vinculadas al mundo de los negocios y el comercio. Se prevé que este mercado mundial alcanzaría a 3.000 billones de dólares en 2010. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (www.itu.int) es la organización intergubernamental más antigua, pues se fundó en 1865. Su misión consiste en auspiciar el crecimiento y el desarrollo sostenido de redes de telecomunicaciones y de información y en facilitar el acceso universal, de manera que personas de todo el mundo puedan participar en la sociedad de la información y en la economía global y beneficiarse de ello. Una prioridad esencial consiste en salvar la brecha digital, es decir, la

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brecha entre quienes tienen acceso efectivo a la tecnología digital y de información y quienes tienen un acceso limitado o nulo. La UIT se esfuerza, asimismo, por fortalecer las comunicaciones de emergencia para la prevención y la mitigación de desastres. Para alcanzar esos objetivos, la UIT coordina el sector público y el privado, a fin de proporcionar redes y servicios mundiales de telecomunicaciones. Concretamente, la UIT se ocupa de lo siguiente: • Elabora normas para facilitar la interconexión de las infraestructuras nacionales de comunicaciones, para formar redes mundiales que permitan el intercambio mundial ininterrumpido de información, ya sean datos electrónicos, faxes o llamadas telefónicas. • Se esfuerza por integrar nuevas tecnologías a la red mundial de telecomunicaciones, de manera de desarrollar nuevas aplicaciones, como Internet, el correo electrónico, los medios de comunicación múltiples y el comercio electrónico. • Aprueba reglamentos y tratados internacionales que rigen la distribución entre los distintos usuarios del espectro de frecuencias radiales y de órbitas de satélites geoestacionarios, que son recursos naturales finitos utilizados por una amplia gama de equipos, entre ellos, las transmisiones de radio y televisión, los teléfonos móviles, los sistemas de comunicaciones basados en satélites, los sistemas de navegación y seguridad aérea y marítima, y los sistemas informáticos inalámbricos. • Se esfuerza por ampliar y mejorar las telecomunicaciones en el mundo en desarrollo por medio del asesoramiento en materia de políticas, la asistencia técnica, los programas de gestión de proyectos y capacitación, y el fomento de la colaboración entre las administraciones de telecomunicaciones, los organismos de financiación y las organizaciones privadas. Como organismo de las Naciones Unidas especializado en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la UIT desempeñó el papel empresarial más importante en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), celebrada en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005. En la Cumbre se aprobó una Declaración de Principios y un Plan de Acción para lograr una sociedad de la información centrada en las personas, incluyente y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento. Tomando la iniciativa en las actividades para la consecución de los objetivos de la Cumbre CMSI, la UIT organizó en 2007 en Kigali (Rwanda)

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la cumbre “Conectando a África”, a la que asistieron gobiernos, el sector privado y organismos de financiación, con el objeto de invertir en la infraestructura de la tecnología de la información y las comunicaciones en África. Los participantes en la cumbre de Kigali se comprometieron a destinar 55.000 millones de dólares para alcanzar la meta de que todas las ciudades africanas estén conectadas hacia 2012. La UIT además mantiene la base de datos de la CMSI, sistema de acceso público que ofrece información sobre iniciativas y proyectos relacionados con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, en línea con la aplicación de las decisiones de la Cumbre. La Plataforma de Inventario de la CMSI es un portal único que presenta las TIC relacionadas con los proyectos e iniciativas en línea con la ejecución de la CMSI. Los gobiernos y las organizaciones privadas miembros de la UIT tienen una oportunidad singular de realizar una rica e importante contribución a las innovaciones que tan rápidamente están cambiando el mundo. Los miembros de la UIT representan a un variado grupo de agentes de la industria de la tecnología de las telecomunicaciones y de la información, desde los principales fabricantes mundiales hasta los pequeños agentes más recientes e innovadores, que desarrollan su labor en ámbitos como el de las redes de protocolos de Internet. Además de sus 192 Estados miembros (191 Estados Miembros de las Naciones Unidas y la Santa Sede), la UIT cuenta con más de 700 miembros y asociados, que representan a compañías científicas e industriales, operadores y transmisores públicos y privados, y organizaciones regionales e internacionales. Basada en el principio de la cooperación internacional entre los gobiernos y el sector privado, la UIT constituye un foro global en el cual los gobiernos y la industria pueden trabajar en forma consensuada sobre una amplia gama de asuntos que afectan el futuro de este sector, cuya importancia crece constantemente. Servicios postales internacionales

Más de cinco millones de trabajadores postales de todo el mundo tramitan y distribuyen 435.000 millones de cartas al año, así como 6.000 millones de paquetes, nacionales o internacionales, y ofrecen una variedad de servicios electrónicos y financieros. Existen más de 665.000 centros en todo el mundo que proveen servicios postales. El organismo especializado de las Naciones Unidas que reglamenta este servicio es la Unión Postal Universal (UPU) (www.upu.int). En la UPU, los países se agrupan en un territorio postal único para el intercambio de correspondencia. Cada Estado miembro conviene en

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transmitir la correspondencia de todos los demás miembros a través de los mejores medios utilizados para su propia correspondencia. La UPU, principal vehículo de cooperación entre los servicios postales nacionales, se esfuerza por mejorar la organización de los servicios postales internacionales y por ofrecer a los usuarios de todos los países procedimientos armonizados y simplificados para la correspondencia internacional, además de una red mundial de productos y servicios actualizados. La UPU fija tarifas orientadoras, los límites de peso y de tamaño de los paquetes postales y las condiciones de aceptación de la correspondencia (cartas, aerogramas, tarjetas postales, impresos y paquetes pequeños), ya se trate de correo urgente o no, y establece los métodos para calcular y cobrar los gastos de tránsito (correspondientes al material postal que pasa por uno o más países) y los gastos terminales (diferencias de liquidación de los franqueos). Además, establece reglamentos aplicables a la correspondencia certificada y aérea y a objetos que requieren precauciones especiales, como las sustancias infecciosas y radiactivas. Gracias a la UPU se han integrado nuevos productos y servicios a la red postal internacional, y así se han puesto a disposición de la inmensa mayoría de los ciudadanos servicios como la correspondencia certificada, los giros postales, los cupones de respuesta internacional, los envíos pequeños, los paquetes postales y los servicios postales rápidos. La UPU desempeña una función directiva en actividades como la utilización de la tecnología de intercambio electrónico de datos por las administraciones postales de los Estados miembros y el control de calidad de los servicios a escala mundial. Además, la UPU presta asistencia técnica mediante proyectos multianuales para la optimización de los servicios postales nacionales. También realiza proyectos a corto plazo, como ciclos de estudios, becas de capacitación y el envío de expertos en desarrollo para estudiar sobre el terreno cuestiones relativas a la capacitación, la gestión o las operaciones postales. La UPU ha incrementado la conciencia de las instituciones financieras internacionales acerca de la necesidad de invertir en los servicios postales. Los servicios postales realizan esfuerzos decididos en todo el mundo para revitalizar el sector. Como parte integrante de un mercado de las comunicaciones que experimenta un crecimiento explosivo, los servicios postales tienen que adaptarse a circunstancias en rápida evolución, para lo cual deben transformarse en empresas más independientes y autofinanciadas capaces de prestar una gama más amplia de servicios. La UPU promueve activamente esta revitalización.

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Propiedad intelectual

La propiedad intelectual en diversas formas —ya sea de libros, películas de largo metraje, cualquier tipo de grabaciones o programas informáticos— ha llegado a ser un tema central en las relaciones comerciales internacionales. Millones de patentes, marcas registradas y dibujos o modelos industriales registrados están en vigor en todo el mundo. En la actual economía fundada en el conocimiento, la propiedad intelectual es una herramienta para promover la creación de riqueza y el desarrollo económico, social y cultural. Un organismo especializado de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (www.wipo.int), es responsable de promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre Estados. La OMPI también administra diversos tratados internacionales relacionados con los aspectos jurídicos y administrativos del tema. La propiedad intelectual abarca dos ramas: la propiedad industrial (invenciones, marcas registradas, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen) y los derechos de autor, es decir, los relativos principalmente a obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales. La OMPI administra 24 tratados que cubren todos los aspectos de la propiedad intelectual. Algunos de ellos se remontan al decenio de 1880. Los dos pilares básicos del sistema internacional de propiedad intelectual son la Convención de París para la protección de la propiedad industrial (1883) y la Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas (1886). En 2006, los Estados miembros de la OMPI concertaron el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. El enfoque basado en los tratados que se usa para la determinación de normas jurídicas internacionales es complementado por la política de la OMPI de formular recomendaciones sobre temas como la protección de las marcas notoriamente conocidas (1999), las licencias de marcas (2000) y las marcas en Internet (2001). El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI presta asistencia a particulares y a empresas de todo el mundo para resolver sus controversias, en particular las relacionadas con la tecnología, la industria del ocio y otros temas relacionados con la propiedad intelectual. El Centro es también el principal proveedor de servicios de resolución de controversias relativas al registro y uso abusivos de los nombres de dominio en Internet, práctica conocida como “ciberocupación”. El Centro presta servicios tanto en relación con los nombres de dominio en los dominios genéricos del nivel superior de Internet (por ejemplo, .com, .net, .org e .info) como

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en relación con algunos dominios de códigos de países. El mecanismo de resolución de controversias de la OMPI es mucho más acelerado y barato que la presentación de litigios en tribunales: los casos relativos a nombres de dominio suelen resolverse en línea en el plazo de dos meses. La OMPI coopera con los países para fortalecer su infraestructura, sus instituciones y sus recursos humanos en el ámbito de la propiedad intelectual, al tiempo que promueve el desarrollo progresivo del derecho internacional en esa esfera. Ofrece también un foro para formular políticas en atención a las demandas que surgen y celebra encuentros internacionales en los que se debate sobre la propiedad intelectual en relación con los conocimientos tradicionales, el folclore, la diversidad biológica y la biotecnología. Por otra parte, la OMPI ofrece a los países en desarrollo asesoramiento especializado para ampliar su capacidad de aprovechar de forma estratégica la protección de la propiedad intelectual y promover así el desarrollo económico, social y cultural. También presta asistencia jurídica y técnica, que abarca la asesoría y el suministro de conocimientos técnicos para redactar y revisar la legislación nacional y organiza programas de capacitación para encargados de formular políticas, funcionarios y estudiantes. El centro encargado de organizar la capacitación ofrecida por la OMPI es su Academia Mundial (véase www.wipo.int/academy/es). La OMPI también ofrece servicios a la industria y al sector privado para facilitar el proceso de obtención sencilla, eficaz y económica de derechos de propiedad intelectual en varios países. Esto incluye los servicios contemplados en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, el Sistema de La Haya para el registro internacional de diseños industriales, el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su Registro Internacional, y el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos. Los ingresos derivados de la prestación de estos servicios constituyen cerca del 95% de los recursos de la OMPI. Estadísticas mundiales

Los gobiernos, las instituciones públicas y el sector privado dependen en gran medida de la disponibilidad de estadísticas pertinentes, precisas, comparables y oportunas a nivel nacional y mundial. Desde su fundación, las Naciones Unidas han sido un centro de coordinación mundial en materia de estadísticas.

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La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, órgano intergubernamental integrado por 24 Estados Miembros, es el órgano de mayor rango encargado de la toma de decisiones en cuanto a las actividades estadísticas internacionales. La Comisión supervisa la labor de la División de Estadística de las Naciones Unidas (www. unstats.un.org/unsd), que compila y difunde información estadística mundial, elabora normas y pautas para las actividades estadísticas y contribuye con los esfuerzos de los países tendientes a fortalecer sus sistemas estadísticos nacionales. Además, la División facilita la coordinación de las actividades estadísticas internacionales y apoya el funcionamiento de la Comisión. La División de Estadística ofrece una amplia gama de servicios a los productores y usuarios de estadísticas, entre ellos, el portal Un-data (www.data.un.org), el Statistical Yearbook, Monthly Bulletin of Statistics, World Statistics Pocketbook, la base oficial de datos de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Demographic Yearbook y UN Comtrade. Sus publicaciones especializadas abarcan temas como las estadísticas demográficas, sociales y de habitación, las cuentas nacionales, las clasificaciones económicas y sociales, la energía, el comercio internacional, el medio ambiente y la información geoespacial. La División tiene por objetivo mejorar las capacidades nacionales de los países en desarrollo, proporcionando servicios de asesoramiento técnico, programas de capacitación y cursos sobre diversos temas, que organiza por todo el mundo. Administración pública

Puede decirse que el sector público de un país es el componente más importante para la aplicación satisfactoria de sus programas nacionales de desarrollo. Las nuevas oportunidades nacidas de la globalización, la revolución de la información y la democratización han tenido consecuencias trascendentales para el Estado y su funcionamiento. En la presente etapa de cambios constantes, la gestión del sector público se ha convertido en un difícil reto para quienes se ocupan de la toma de decisiones, la elaboración de políticas y la administración pública en cada país. Las Naciones Unidas, mediante su Programa en materia de administración y finanzas públicas (www. unpan.org/dpadm), ayudan a los gobiernos a fortalecer y mejorar sus sistemas de gobierno y sus instituciones administrativas y a enfrentar las emergencias de un mundo globalizado. El Programa, a cargo de la División de Administración Pública y de Gestión del Desarrollo, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, ayuda a los gobiernos a garantizar que las instituciones económicas,

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administrativas y financieras públicas funcionen de modo eficaz, sensible y democrático, y en beneficio de los pobres. La asistencia ofrecida a los gobiernos engloba tres áreas principales: el desarrollo de capacidad institucional y humana, el desarrollo del gobierno móvil y del gobierno en línea (por Internet) y la gestión del desarrollo mediante la participación de los ciudadanos. El Programa lleva a cabo tareas de investigación y análisis, servicios de asesoramiento y asistencia técnica, capacitación y creación de herramientas como el Centro de Capacitación UNPAN, y actividades de promoción, como son los diálogos entre las partes interesadas y plataformas de intercambio de conocimientos, como el Premio del Día del Funcionario Público y el Foro y la Red de las Naciones Unidas de Administración Pública (UNPAN) (www.unpan.org). Ciencia y tecnología para el desarrollo

Desde el decenio de 1960, las Naciones Unidas promueven la aplicación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de sus Estados Miembros. La Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, de la UNCTAD (www.unctad.org/cstd), integrada por 43 miembros, se creó en 1992 para examinar cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología y sus consecuencias para el desarrollo, promover el conocimiento de las políticas científicas y tecnológicas respecto de los países en desarrollo y formular recomendaciones sobre temas científicos y tecnológicos dentro del sistema de las Naciones Unidas. La Comisión se encarga, asimismo, de la coordinación de las actividades del Consejo Económico y Social —organismo del que depende— en relación con el seguimiento en todo el sistema de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. En su período de sesiones de 2010, la Comisión emprendió una revisión de los progresos hechos en cinco años en lo que se refiere a la aplicación de los resultados de la Cumbre. Además, consideró dos temas prioritarios: “Mejoras e innovaciones en los mecanismos financieros existentes” y “Tecnologías nuevas y emergentes”. La UNCTAD presta apoyo sustantivo y de secretaría a la Comisión. La UNCTAD también promueve políticas que favorezcan el fomento de la capacidad tecnológica, la innovación y el acceso de los países en desarrollo a la tecnología y ayuda a esos países a revisar sus políticas en materia de ciencia y tecnología, promueve el establecimiento de redes científicas Sur-Sur y proporciona asistencia técnica en el ámbito de las tecnologías de la información.

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La FAO, el OIEA, la OIT, la OMM, la ONUDI y el PNUD se ocupan de cuestiones científicas y tecnológicas en el marco de sus respectivos mandatos. La ciencia para el desarrollo es también un elemento importante de la labor de la UNESCO. Desarrollo social

El desarrollo social, estrechamente ligado al desarrollo económico, ha sido uno de los pilares de la labor de las Naciones Unidas desde su fundación. En los decenios transcurridos desde entonces, la Organización ha hecho hincapié en los aspectos sociales del desarrollo para garantizar que la meta central de los esfuerzos al respecto siga siendo el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. En sus primeros años de existencia, las Naciones Unidas organizaron actividades innovadoras en materia de investigación y acopio de datos sobre población, salud y educación, que culminaron en la compilación, en muchos casos por primera vez, de datos fiables sobre indicadores sociales a escala mundial. Preocupada por la vulnerabilidad de ciertas sociedades ante los rápidos procesos de cambio, la Organización también hizo todo lo posible por preservar el patrimonio cultural, desde los monumentos arquitectónicos hasta las lenguas. La Organización ha desarrollado una labor pionera de apoyo a los esfuerzos de los gobiernos por extender a toda la población los servicios sociales de salud, educación, planificación de la familia, vivienda y saneamiento. Además de elaborar modelos para programas sociales, las Naciones Unidas han contribuido a la integración de los aspectos económicos y sociales del desarrollo. Sus políticas y programas siempre han tenido presente la idea de que todos los componentes del desarrollo —sociales, económicos, ambientales y culturales— están vinculados entre sí y no pueden abordarse por separado. La globalización y la liberalización generan nuevos problemas para el desarrollo social. Existe un deseo cada vez más generalizado de alcanzar una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización. En la esfera social, las Naciones Unidas adoptan un enfoque centrado en las personas, por lo cual estas, las familias y las comunidades son el principal objetivo de las estrategias de desarrollo. Las Naciones Unidas hacen especial hincapié en el desarrollo social y en dar respuesta a cuestiones sociales como la salud, la educación y la población de grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas de edad avanzada.

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Grandes conferencias mundiales desde 2000 • Cumbre del Milenio, 2000 (Nueva York). • Foro Mundial sobre Educación, 2000 (Dakar). • Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, 2001 (Bruselas). • Conferencia Mundial contra el Racismo, 2001, Durban, y 2009 (Ginebra). • Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, 2002 (Roma). • Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 2002 (Monterrey), y 2008, Doha (Qatar). • Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 2002 (Madrid). • Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 2002 (Johannesburgo). • Conferencia Ministerial Internacional de Países en Desarrollo sin Litoral y de Tránsito y de Países Donantes y de las Instituciones Internacionales Financieras y de Desarrollo sobre la Cooperación en materia de Transporte de Tránsito, 2003, Almaty (Kazajstán). • Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 2005, Kobe (Japón). • Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 2003 (Ginebra) y 2005 (Túnez). • Cumbre Mundial, 2005 (Nueva York). • Conferencia Mundial sobre el Diálogo, 2008 (Madrid). • Conferencia sobre Seguridad Alimentaria Mundial: Los desafíos del cambio climático y la bioenergía, 2008 (Roma). • Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible: Entrando en la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas, 2009, Bonn (Alemania). • Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y revisión diez años después, 2010 (Nueva York). Las sesiones especiales de la Asamblea General han pasado revista a los avances conseguidos cinco años después de las conferencias de las Naciones Unidas sobre la mujer (2000), el desarrollo social (2000), los asentamientos humanos (2001), la infancia (2002), la Declaración del Milenio (2005 y 2010) y las armas pequeñas (2006). En 2001 se celebró un período extraordinario de sesiones para tratar los problemas relacionados con el VIH/SIDA (y otro en 2006 para pasar revista al tema).

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Las Naciones Unidas luchan por fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo social, en particular en las esferas de la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y productivo, y la inclusión social de las personas mayores, los jóvenes, las familias, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y todos los marginados de la sociedad y del desarrollo. Muchas de las conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas se han centrado en estas cuestiones. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995, fue la primera ocasión en que la comunidad internacional se reunió para impulsar la lucha contra la pobreza, el desempleo y la desintegración social. La Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y sus diez compromisos representan un contrato social a escala mundial. El desarrollo social en todos sus aspectos representa un desafío tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados. En diferentes grados, todas las sociedades afrontan problemas de desempleo, fragmentación social y pobreza persistente. Una creciente cantidad de problemas sociales, como la migración forzosa o el uso indebido de drogas, la delincuencia organizada y la propagación de enfermedades, sólo pueden ser abordados de manera eficaz con medidas internacionales concertadas. Las Naciones Unidas analizan las cuestiones relativas al desarrollo social en la Asamblea General y en el Consejo Económico y Social, donde se fijan las políticas y prioridades de todo el sistema y se aprueban sus programas. Uno de los seis principales comités de la Asamblea General, el Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, examina los temas del programa relativos al sector social. En el Consejo Económico y Social, el principal órgano intergubernamental que se ocupa de los asuntos sociales es la Comisión de Desarrollo Social (www.un.org/esa/socdev/csd). La Comisión, en la que participan 46 Estados Miembros, asesora al Consejo y a los gobiernos sobre política social y sobre los aspectos sociales del desarrollo. El tema prioritario durante su período de sesiones de 2010 fue la erradicación de la pobreza. En la Secretaría, la División de Política Social y Desarrollo Social (www. un.org/esa/socdev) del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales presta a los órganos intergubernamentales servicios de investigación, análisis y asesoramiento de expertos. En todo el sistema de las Naciones Unidas, numerosos organismos, fondos, programas y oficinas especializados se ocupan de diferentes aspectos del desarrollo social.

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Progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York, 189 dirigentes mundiales aprobaron la Declaración del Milenio, por la cual se comprometían a forjar una nueva asociación mundial para reducir la pobreza extrema y construir un mundo más seguro, más próspero y más equitativo. La Declaración se tradujo después en un mapa de ruta que establecía ocho objetivos, que debían ser alcanzados antes de 2015, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (www.un.org/millenniumgoals). La Cumbre de 2010 sobre los ODM concluyó en la adopción de un plan de acción mundial, denominado “Cumpliendo la promesa: unidos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, que prevé alcanzar los ocho objetivos contra la pobreza en la fecha límite de 2015. También se anunciaron nuevos compromisos relacionados con la salud de las mujeres y los niños y otras iniciativas contra la pobreza, el hambre y las enfermedades. Pobreza extrema y hambre. En 1990, más de 1.800 millones de personas vivían en condiciones de pobreza extrema, con menos de 1,25 dólares diarios. Hacia 2005, la proporción había descendido a 1.400 millones, según el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010, pero los progresos eran desiguales. Mientras que en la primera mitad del decenio un crecimiento sostenido en las regiones en desarrollo redujo el número de personas en la pobreza extrema del 46% al 27%, la crisis económica y financiera mundial de 2008, que se inició en las economías adelantadas de América del Norte y Europa, provocó bruscas reducciones de las exportaciones y de los precios de los productos básicos y redujo el comercio y la inversión, restando velocidad al crecimiento de los países en desarrollo. A pesar de esos contratiempos, se esperaba que para 2015 la tasa de pobreza en todo el mundo disminuyera al 15%, lo que indicaría que el ODM de reducir a la mitad entre 2000 y 2015 la cantidad de pobres en todo el mundo era efectivamente alcanzable. Se estimaba que hacia 2015 vivirían por debajo del nivel de pobreza alrededor de 920 millones de personas —la mitad de la cifra de 2000—, sin embargo, los efectos de la crisis probablemente se harán sentir mucho más allá de 2015. Las reducciones más notables de la pobreza siguieron registrándose en el Asia oriental. Regiones en desarrollo como el África subsahariana, el Asia oriental y partes de la Europa Oriental y del Asia central seguían siendo motivo de preocupación. Desde 1990, las regiones en desarrollo han concretado algunos progresos hacia el ODM de reducir a la mitad la población que padece hambre. La proporción de poblaciones subalimentadas disminuyó un 20% en el

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Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social La histórica Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995) fue una de las conferencias mundiales celebradas por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre diversos temas importantes, mediante la cooperación de los Estados Miembros y la participación de otros agentes del desarrollo. Alrededor de 117 Jefes de Estado o de Gobierno, junto con ministros de otros 69 países, aprobaron la Declaración y el Programa de Acción de Copenhague sobre Desarrollo Social. Los gobiernos se comprometieron a enfrentar los graves problemas sociales del mundo abordando tres cuestiones fundamentales que interesaban a todos los países: la erradicación de la pobreza, la promoción del pleno empleo y el fomento de la integración social, particularmente de los grupos desfavorecidos. La Cumbre representó el surgimiento de una voluntad colectiva de convertir el desarrollo social en una de las principales prioridades de las políticas nacionales e internacionales y de situar al ser humano en el centro de las actividades de desarrollo. Cinco años más tarde, durante un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General celebrado en Ginebra en 2000, se reafirmó la importancia de estos principios y se acordaron nuevas iniciativas para promoverlos. Entre ellas, la elaboración de una estrategia internacional coordinada de empleo y la creación de fuentes innovadoras de financiación pública y privada para los programas de desarrollo social y erradicación de la pobreza. Por primera vez se estableció como objetivo mundial la reducción a la mitad, antes de finales de 2015, de la proporción de la población que vive en condiciones de extrema pobreza, tema recogido posteriormente por los objetivos de desarrollo del Milenio.

período 1990-1992, llegando al 16% en el de 2005-2007. En la segunda parte del decenio, el progreso se detuvo debido a que los precios de los alimentos experimentaron un pico inflacionario en 2008. El número de personas subalimentadas superó los 1.000 millones en 2009, pero cayó de nuevo a 925 millones en 2010. Educación primaria universal. Hacia 2008, en el mundo en desarrollo la inscripción en la escuela primaria había aumentado al 89%, del 82% en 1999, y en muchas regiones había habido avances importantes. El África subsahariana siguió registrando la cifra de inscritos más baja del mundo; sin embargo, esta aumentó del 58% al 76% entre 1999 y 2008. También se registraron progresos en el Asia meridional y en el norte de África, donde el número de inscritos aumentó 11 y 8 puntos porcentuales, respectivamente, en el último decenio.

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Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. La brecha de género en la población fuera de la escuela se estrechó, ya que la proporción de niñas en ese grupo disminuyó de 57% a 53% en todo el mundo, entre 1999 y 2008. Sin embargo, esa proporción es mayor en algunas regiones, como el norte de África, donde el 66% de la población juvenil que no asiste a la escuela son niñas. VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades. La difusión del VIH se ha estabilizado en la mayoría de las regiones y más personas sobreviven durante más tiempo. En el mundo, la difusión del VIH llegó al nivel máximo en 1996, cuando se produjeron 3,5 millones de nuevas infecciones. Hacia 2008 esa cifra había caído, a 2,7 millones. La mortalidad relacionada con el VIH/SIDA llegó a 2,2 millones de muertes en 2004, pero en 2008 había caído de nuevo a 2 millones. En la mayoría de las regiones, la epidemia se había estabilizado, aunque la prevalencia continúa en ascenso en la Europa Oriental, el Asia central y otras partes del Asia, debido a las altas tasas de nuevas infecciones. El África subsahariana sigue siendo la región más gravemente afectada, con el 72% de las nuevas infecciones producidas por VIH en 2008. No obstante, aun cuando el número de nuevas infecciones haya aumentado, también es cierto que la cantidad de personas que viven portadoras del virus que sobreviven continúa en aumento, debido principalmente a los tratamientos con antirretrovirales. En 2008, se calculaba que 33,4 millones de personas vivían con el VIH, y 22,4 millones de ellas estaban en el África subsahariana. Una pieza clave para evitar la infección es entender la transmisión del VIH. Esto es sumamente importante para los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, que en 2008 representaron el 40% de las nuevas infecciones a escala mundial. En el África subsahariana y en otras regiones el conocimiento sobre el VIH y el uso del condón aumentaba en proporción a la riqueza y la vida en áreas urbanas. En la lucha contra el paludismo y otras enfermedades graves, que siguen ocupando un lugar destacado en la agenda de las Naciones Unidas, se han alcanzado progresos importantes. Aumentos significativos de la financiación y un mayor compromiso para controlar el paludismo han acelerado las intervenciones contra la enfermedad. En todo el continente africano, más comunidades se benefician de la protección de mosquiteros, y más niños reciben tratamiento con drogas efectivas. La producción mundial de mosquiteros se ha quintuplicado desde 2004, salvando muchas vidas. La tuberculosis sigue siendo la segunda causa mayor de muerte después del VIH. En 2008 murieron de tuberculosis alrededor de 1,8 millones de personas, pero la mitad de ellas estaba infectada con el VIH.

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Muchas de esas muertes se debieron a la falta de terapia antirretroviral por la pobreza. La carga mundial de tuberculosis está disminuyendo lentamente. Después de un máximo de 143 casos por cada 100.000 personas en 2004, en 2008 esa incidencia había caído a 139 casos. Sostenibilidad ambiental. La deforestación continúa a un ritmo alarmante: alrededor de 13 millones de hectáreas por año en el último decenio, en comparación con los 16 millones de hectáreas en el de 1990. Sin embargo, la pérdida neta de área forestal ocurre más lentamente. Programas de plantación de árboles en varios países, combinados con la expansión natural de las selvas en algunas regiones, han agregado más de 7 millones de hectáreas de selva nueva cada año. En consecuencia, la pérdida neta de área forestal en 2000-2010 se redujo a 5,2 millones de hectáreas por año, en comparación con los 8,3 millones de hectáreas anuales durante 1990-2000. El uso de la energía se ha optimizado en la mayoría de las regiones, pero las emisiones de dióxido de carbono a escala mundial continúan aumentando, llegando a 30.000 millones de toneladas en 2007. El Protocolo de Montreal, que establece un control internacional coordinado de las sustancias que agotan la capa de ozono, con la finalidad de proteger la salud pública y el medio ambiente de los efectos adversos del agotamiento del ozono en la estratósfera, es el primer tratado que alcanza la ratificación universal. En consecuencia, ahora todos los Estados están legalmente obligados a eliminar gradualmente esas sustancias. El año 2010 marcó el comienzo de un mundo prácticamente libre de las sustancias más ampliamente utilizadas que agotan la capa de ozono. Alrededor de 1.600 millones de personas obtuvieron acceso a agua potable entre 1990 y 2010, pero en ese último año todavía alrededor de 2.500 millones de habitantes —casi la mitad de ellos en los países en desarrollo— carecían de saneamiento adecuado. En 2010, por primera vez en la historia, la mayoría de la población mundial vivía en áreas urbanas, con el consiguiente incremento de las poblaciones hacinadas en barrios marginales (un total estimado en 1.000 millones de personas) y desafíos tales como amenazas extremas a la salud, la mortalidad infantil, la desigualdad de género y el analfabetismo generalizado. El mejoramiento de los barrios marginales, aunque ha sido considerable, no alcanza a igualar el ritmo de crecimiento de su población. En el mundo en desarrollo, la proporción de la población urbana que reside en barrios de ese tipo cayó del 39% en 2000 al 33% en 2010, pero el número de personas residentes en barrios marginales va en aumento: en 2010 esa población se estimaba en alrededor de 828 millones, en comparación con los 657 millones en 1990 y los 767 millones en 2000.

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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y metas relacionadas con la pobreza, las enfermedades, el medio ambiente y el desarrollo Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos de menos de un dólar por día y la proporción de personas que padecen hambre, alcanzar empleo pleno, decente y productivo para todos, incluyendo a las mujeres y los jóvenes. Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal Asegurar que hacia 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan completar el ciclo de la escuela primaria. Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer Eliminar la disparidad de género en la enseñanza primaria y secundaria, a ser posible hasta 2005, y en todos los niveles de la educación no más allá de 2015. Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil Reducir en dos tercios, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. Objetivo 5: Mejorar la salud materna Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna; alcanzar el acceso universal a la salud reproductiva hacia 2015. Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades Detener y revertir la difusión del VIH/SIDA hacia 2015, alcanzar el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA para todos los que lo necesiten hacia 2010, detener y revertir la incidencia del paludismo y otras enfermedades hacia 2015. Objetivo 7: Asegurar la sostenibilidad ambiental Integrar principios de desarrollo sostenible a las políticas y programas de los países y revertir la pérdida de recursos ambientales; reducir la pérdida de biodiversidad, logrando una reducción significativa de la tasa de pérdida hacia 2010; reducir a la mitad, hacia 2015, la proporción de la población sin acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico; alcanzar una mejora significativa de la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de barrios marginales, hacia 2020. Objetivo 8: Desarrollar una asociación mundial para el desarrollo Desarrollar más un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas y predecible; responder a las necesidades especiales de los países menos adelantados, los países sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo; abordar el problema de endeudamiento de los

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países en desarrollo; en colaboración con las compañías farmacéuticas, ofrecer acceso a los medicamentos esenciales a precios accesibles en los países en desarrollo; en colaboración con el sector privado, poner a disposición de todos, los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente de la información y las comunicaciones.

Asociación mundial para el desarrollo. En el último decenio, los países en desarrollo y los menos adelantados han ganado acceso a los mercados de los países desarrollados. La proporción de las importaciones de los países en desarrollo los países desarrollados (con excepción de las armas y el petróleo), admitidas libres de impuestos alcanzó en 2008 casi el 80%; un 54% más que en 1998. Los países menos adelantados continúan beneficiándose de mayores reducciones arancelarias, especialmente para sus productos agrícolas. Además, la carga de la deuda se ha aligerado para los países en desarrollo, y se mantiene muy por debajo de los niveles históricos. En 2009, los desembolsos netos de ayuda oficial para el desarrollo ascendieron a 119.600 millones de dólares, con un ligero aumento en términos reales en relación con 2008. Pero aun cuando la ayuda continúa aumentando, África sigue experimentando la peor situación. Sólo cinco países han alcanzado el objetivo de las Naciones Unidas de dedicar el 0,7% del producto nacional bruto. Se calcula que África recibirá apenas alrededor de 11.000 millones de dólares del aumento de 25.000 millones de dólares contemplado en 2005, principalmente debido a que los donantes europeos no han cumplido sus obligaciones. Además, la ralentización económica ha repercutido en los presupuestos de los países desarrollados. La telefonía móvil continúa en expansión en el mundo en desarrollo y se utiliza cada vez más para las operaciones bancarias, la gestión de los desastres y otras aplicaciones distintas de las habituales. A finales de 2009, el número de contratos de teléfonos celulares había alcanzado el 50% por cada 100 personas. Las instituciones financieras internacionales del sistema de las Naciones Unidas desempeñan un papel central en la financiación de numerosos programas centrados en los aspectos sociales de la erradicación de la pobreza y el apoyo a los ODM. Por ejemplo, en septiembre de 2010, el Banco Mundial prometió centrarse en 35 países que enfrentaban dificultades para alcanzar sus ODM debido a su elevada fertilidad, la desnutrición materna e infantil y diversas enfermedades.

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En 2010, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio (www.un.org/en/mdg/summit2010) se lanzó la Estrategia mundial para la salud de las mujeres y los niños. Con promesas de reunir más de 40.000 millones de dólares en un período de cinco años, la Estrategia podría salvar la vida de más de 16 millones de mujeres y niños, impedir 33 millones de embarazos no deseados, proteger a 120 millones de niños contra la neumonía y a 88 millones de niños contra el retardo del crecimiento, impulsar el control de enfermedades mortales como el paludismo y el VIH/SIDA, y asegurar, a las mujeres y a los niños, el acceso a instalaciones sanitarias de calidad y a trabajadores de la salud especializados. Reducción de la pobreza

El sistema de las Naciones Unidas asignó a la reducción de la pobreza un lugar prominente en la agenda internacional cuando proclamó al período comprendido entre 1997 y 2006 Decenio Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En diciembre de 2007, la Asamblea General proclamó el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza, entre 2008 y 2017, reiterando que este es el mayor desafío que enfrenta el mundo y un requisito esencial para lograr el desarrollo sostenible, especialmente para los países en desarrollo. El plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas en el segundo decenio es “Pleno empleo y trabajo decente para todos”. En la Cumbre de las Naciones Unidas de 2010 sobre los ODM, los dirigentes mundiales renovaron su compromiso de aplicar esos objetivos hacia 2015, incluidas la reducción a la mitad del número de personas que viven con menos de un dólar al día y las metas establecidas en la lucha contra la pobreza y la enfermedad. Un agente esencial en esos esfuerzos es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha hecho de la mitigación de la pobreza su principal prioridad. El PNUD trabaja para fortalecer la capacidad de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en toda la gama de factores que contribuyen a la generación de pobreza. Entre estos se cuentan: aumentar la seguridad alimentaria; generar oportunidades de empleo; mejorar el acceso a la tierra, el crédito, la tecnología, la capacitación y los mercados; mejorar la disponibilidad de viviendas y servicios básicos, y permitir que las personas intervengan en los procesos políticos que determinan sus vidas. El núcleo de la labor del PNUD contra la pobreza consiste en empoderar a los pobres.

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La lucha contra el hambre

Desde la fundación de las Naciones Unidas en 1945, la producción de alimentos ha aumentado a un ritmo sin igual. En el período 1990-1997, el número de personas que padecen hambre descendió notoriamente, pasando de 959 millones a 791 millones. Sin embargo, la cifra ha vuelto a aumentar, y actualmente las personas que no reciben suficiente alimento son alrededor de 1.000 millones. Y eso a pesar de que en el mundo hay actualmente comida suficiente para alimentar a todos los hombres, mujeres y niños y permitirles llevar una vida sana y productiva. Casi todos los órganos de las Naciones Unidas orientados a combatir el hambre han establecido importantes programas sociales para promover la seguridad alimentaria de los sectores más pobres de la población, particularmente en las zonas rurales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (www.fao.org) trabaja desde su creación para aliviar la pobreza y el hambre mediante la promoción del desarrollo agrícola, la mejora de la nutrición y la búsqueda de la seguridad alimentaria, es decir, el acceso físico y económico de todas las personas y en todo momento a alimentos sanos, nutritivos y suficientes para satisfacer sus necesidades dietéticas y sus preferencias alimentarias, de modo que puedan llevar una vida activa y saludable. En 2009, el número de personas que padecen hambre en todo el mundo aumentó a 1.000 millones debido, en parte, a la alza en los precios de los alimentos y a la crisis financiera. La FAO lanzó una campaña para reflejar la atrocidad moral de la situación. El proyecto “Mil millones de hambrientos” llega a muchas personas a través de las redes sociales y las invita a firmar la petición contra el hambre (www.1billionhungry.org). El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO se encarga de la vigilancia, la evaluación y el asesoramiento respecto de la seguridad alimentaria internacional. El Comité analiza las causas del hambre y la escasez de alimentos, evalúa la disponibilidad y vigila los niveles de reservas, y supervisa las políticas encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria. Mediante su Sistema de Información y Alerta Anticipada, la FAO aplica un amplio dispositivo de seguimiento, que emplea satélites meteorológicos y de otro tipo para observar la evolución de los factores que afectan la producción de alimentos y advierte a los gobiernos y a los donantes sobre cualquier posible amenaza para el abastecimiento de alimentos. El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria es la iniciativa emblemática de la FAO para cumplir la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas que padecen

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hambre de todo el mundo hacia 2015. Mediante proyectos ejecutados en más de 100 países, promueve soluciones efectivas para erradicar el hambre, la desnutrición y la pobreza. Se propone alcanzar la seguridad alimentaria ayudando a los gobiernos a ejecutar en el país los programas de seguridad alimentaria centrados en objetivos concretos y colaborando con las organizaciones económicas regionales en la creación de condiciones regionales óptimas para la política comercial. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996), patrocinada por la FAO, 186 países aprobaron la Declaración y Plan de Acción sobre Seguridad Alimentaria Mundial, cuyo objetivo era reducir un 50% el hambre antes de finales de 2015 y determinar medidas idóneas para alcanzar la seguridad alimentaria universal. Los participantes en la Cumbre renovaron seis años después (Roma, 2002) ese compromiso —es decir, reducir el número de personas que pasan hambre a unos 400 millones hacia finales de 2015—. La Cumbre encomendó a la FAO elaborar las directrices de apoyo al logro progresivo del derecho a una alimentación adecuada, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. El Consejo de la FAO aprobó en 2004 esas directrices voluntarias, también conocidas como Directrices sobre el derecho a la alimentación. En 2009, la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria aprobó una declaración por la cual todas las naciones se comprometieron a erradicar el hambre lo antes posible. También prometieron aumentar sustancialmente la ayuda a la agricultura en los países en desarrollo, confirmaron la meta de 2015 y acordaron enfrentar los desafíos a la seguridad alimentaria planteados por el cambio climático. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (www.ifad.org) proporciona financiación para el desarrollo a fin de combatir la pobreza rural y el hambre en las regiones más pobres del mundo. La mayoría de la población más pobre —personas que viven con menos de un dólar al día— vive en países en desarrollo y basa su subsistencia en la agricultura y en actividades conexas. Para asegurarse de que la asistencia al desarrollo llegue realmente a quienes más la necesitan, el FIDA fomenta la participación de la población rural pobre de ambos sexos en su propio desarrollo y colabora con ella y con sus organizaciones en la creación de oportunidades que les permitan prosperar económicamente en su propia comunidad. Las iniciativas a las que el FIDA presta apoyo permiten a la población rural pobre acceder a las tierras, el agua, los recursos financieros y las tecnologías y servicios agrícolas necesarios para practicar una agricultura

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productiva y acceder a los mercados y a oportunidades empresariales. Además, el FIDA los ayuda a ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos y a mejorar sus organizaciones para que puedan tomar las riendas de su propio desarrollo e influir en las decisiones y políticas que afectan sus vidas. Desde su establecimiento en 1978, el FIDA ha invertido 11.500 millones de dólares en 838 programas y proyectos, que han beneficiado a alrededor de 350 millones de pobres rurales en más de 100 países y territorios, mientras que sus asociados han aportado 18.300 millones de dólares de cofinanciación. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) (www.wfp.org) es el organismo puntero de las Naciones Unidas en la lucha contra el hambre mundial. En 2010, la asistencia alimentaria del PMA llegó a más de 100 millones de personas, en más de 70 países. Con alrededor de la mitad de las donaciones recibidas en efectivo, el Programa pudo comprar tres cuartos de los alimentos en países en desarrollo. Para fortalecer las economías locales, el PMA adquiere más bienes y servicios en países en desarrollo que ningún otro organismo o programa de las Naciones Unidas. Además, el PMA ofrece transporte aéreo de pasajeros a toda la comunidad de asistencia humanitaria mediante el Servicio Aéreo Humanitario, que vuela a más de 200 lugares en todo el mundo. El PMA, que desde 1962 atiende a quienes padecen hambre en el mundo, se esfuerza por combatir este problema esencial y se centra en la asistencia, el socorro y la rehabilitación de emergencia, la ayuda para el desarrollo y las operaciones especiales. En las situaciones de emergencia, suele ser el primero en acudir con ayuda alimentaria para las víctimas de guerras, conflictos civiles, sequías, inundaciones, terremotos, huracanes, malas cosechas y desastres naturales. Cuando la emergencia declina, el PMA utiliza la asistencia alimentaria para ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas y sus medios de vida. En 2010, alrededor del 60% de los gastos del PMA se destinaron a crisis prolongadas, lo que demuestra tanto su compromiso sostenido en ayudar a romper el ciclo de la pobreza en esos países, como que la ayuda humanitaria no sólo salva vidas sino que opera como una inversión fundamental para la seguridad alimentaria a largo plazo y el desarrollo. La asistencia alimentaria y conexa constituye una de las armas más eficaces contra el círculo vicioso de hambre y pobreza en que se ve atrapada gran parte de la población de los países en desarrollo. Los proyectos de desarrollo del PMA se centran en la nutrición, especialmente de las madres y los niños, mediante programas diversos, como la alimentación

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escolar. En 2008, 22,6 millones de niños y niñas se beneficiaron con el programa de alimentación escolar, en todos los continentes. Además, unos 2,7 millones de niñas y 1,6 millones de niños recibieron raciones adicionales para llevar a sus casas, como incentivo para que las familias los enviaran a la escuela y no los hicieran trabajar en los campos. El PMA se ocupa también de fomentar la capacidad y la infraestructura a escala nacional, a fin de ayudar a los gobiernos y a la población en diversos ámbitos, como la mitigación de catástrofes. Para superar el círculo vicioso del hambre es preciso que las respuestas humanitarias incluyan medidas duraderas encaminadas a resolver las causas últimas de las crisis. Para ello, el PMA ha elaborado programas centrados en determinados sectores vulnerables de la sociedad. Se trata de programas de alimentos y nutrición, como el de alimentación escolar; programas de apoyo a los medios de subsistencia, como alimentos por capacitación y alimentos por trabajo; programas orientados a romper el ciclo intergeneracional del hambre, como la nutrición materno-infantil, y apoyo nutricional a las víctimas del VIH/SIDA. El PMA depende enteramente de las contribuciones voluntarias para financiar sus proyectos humanitarios y de desarrollo. Su principal fuente de financiación son los gobiernos, si bien algunos asociados del mundo empresarial realizan contribuciones cada vez más importantes a su misión. Hacia diciembre de 2010, el PMA había recibido 3.600 millones de dólares de 78 fuentes de financiamiento, incluidos 71 gobiernos. Los niveles de financiación de 44 gobiernos donantes estuvieron por encima de los promedios recientes, demostrando que el apoyo continúa y que el compromiso con las operaciones del PMA es cada vez mayor. El PMA también trabaja con alrededor de 2.840 organizaciones no gubernamentales, cuyos conocimientos técnicos y relación directa con la gente son decisivos para determinar cómo hacer más efectiva la asistencia alimentaria a las personas que más la necesitan. Salud

En casi todo el mundo, la longevidad ha aumentado, la mortalidad infantil está disminuyendo y las enfermedades están más controladas gracias al creciente número de personas con acceso a los servicios de salud básicos, a la inmunización, al agua potable y al saneamiento. Las Naciones Unidas han participado en muchos de esos adelantos de un modo activo, sobre todo en los países en desarrollo, apoyando los servicios de asistencia sanitaria suministrando medicinas esenciales, mejorando la salubridad de las ciudades, prestando asistencia médica en casos de emergencia y

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luchando contra las enfermedades infecciosas. La Declaración del Milenio comprende una serie de objetivos cuantificables que los países deben alcanzar en 2015 en los ámbitos de la nutrición, el acceso al agua potable, la salud materno-infantil, el control de las enfermedades infecciosas y el acceso a medicamentos esenciales. Las diversas dolencias, la discapacidad y la muerte provocadas por enfermedades infecciosas tienen una repercusión enorme en los planos social y económico. Las enfermedades nuevas, como la gripe aviar y el “síndrome respiratorio agudo y grave” (SARS), hacen que revista mayor urgencia la necesidad de controlar las epidemias. Ahora bien, las causas de la mayor parte de las enfermedades infecciosas y su tratamiento se conocen, y en la mayoría de los casos la enfermedad y la muerte pueden evitarse a un costo razonable. Las principales enfermedades infecciosas son el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. Detener y revertir la propagación de estas enfermedades es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más importantes. Durante decenios, el sistema de las Naciones Unidas ha estado a la vanguardia de la lucha contra las enfermedades mediante la elaboración de políticas y sistemas que abordan las dimensiones sociales de los problemas de salud. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se centra en la salud materno-infantil, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lo hace en la salud reproductiva y en la planificación familiar. El organismo especializado que coordina la acción mundial contra las enfermedades es la Organización Mundial de la Salud (OMS) (www.who.int), que ha fijado metas ambiciosas para lograr la salud para todos, facilitando el acceso a la salud reproductiva, fomentando la colaboración y promoviendo estilos de vida y entornos sanos. La OMS ha impulsado campañas que han permitido conseguir varios logros históricos, como la erradicación mundial de la viruela en 1979 después de una campaña de diez años de duración. En colaboración con otros asociados, eliminó la poliomielitis en América en 1994 y prosigue la labor encaminada a erradicar por completo esta enfermedad. Otro órgano de las Naciones Unidas, la FAO, fue la fuerza impulsora de la erradicación de la peste bovina en octubre de 2010. Esa enfermedad, que permanecía en el campo sin ser detectada desde 2001, será la primera enfermedad animal eliminada en la historia. Sería pues, la segunda vez que se erradicaría por entero una enfermedad, después de la viruela en el organismo humano.

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A punto de tener un mundo sin poliomielitis Cuando en 1988 comenzó la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis (www.polioeradication.org) había 350.000 casos en todo el mundo y cada día la enfermedad atacaba a cerca de 1.000 niños en más de 125 países en los cinco continentes. Tras la vacunación de millones de niños menores de cinco años, en el marco de una campaña concertada que propició la celebración de días nacionales de inmunización, la incidencia de la poliomielitis se redujo a 1.951 casos en 2005, a 1.606 en 2009 y finalmente a apenas 767 casos en 2010. La enfermedad sigue siendo endémica sólo en cuatro países: Afganistán, la India, Nigeria y el Pakistán. En la actualidad, más de cinco millones de personas de los países en desarrollo que podrían haber tenido parálisis caminan gracias a que fueron inmunizadas contra la poliomielitis. Se ha impartido capacitación a decenas de miles de trabajadores de la salud pública y a millones de voluntarios y se han reforzado los sistemas de transporte y comunicaciones necesarios para las campañas de inmunización. Desde el lanzamiento de la Iniciativa hace unos 22 años, más de 2,5 millones de niños en todo el mundo han sido inmunizados. Estos logros han sido posibles gracias a una alianza sin precedentes en pro de la salud impulsada por la OMS, el UNICEF, los diferentes centros de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos y Rotary Club International. Los principales donantes del sector privado, el Rotary Club Internacional y la Fundación Bill y Melinda Gates han aportado cientos de millones de dólares al esfuerzo. También han tomado parte en ello ministerios de Salud, gobiernos donantes y diversas fundaciones, empresas, personalidades, filántropos, trabajadores sanitarios y voluntarios. Se calcula que, una vez que concluyan las campañas de inmunización y quede erradicada la polio, los servicios de salud pública ahorrarán unos 1.500 millones de dólares anuales.

Otro importante logro fue la aprobación de un tratado innovador sobre la salud pública para controlar el suministro y el consumo de tabaco. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco abarca los impuestos sobre el tabaco, la prevención y el tratamiento del tabaquismo, el comercio ilícito, la publicidad, el patrocinio y la promoción y la regulación de los productos. El Convenio, aprobado unánimemente por los Estados miembros de la OMS en 2003, adquirió carácter de legislación internacional vinculante en 2005 y constituye una parte fundamental de la estrategia mundial de reducción del tabaquismo, que mata

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a casi cinco millones de personas cada año. La OMS también desempeña un papel central en la acción para combatir la obesidad, problema de salud mundial que afecta a un número cada vez mayor de personas. En 2008 había 500 millones de personas obesas. Según proyecciones de la OMS, hacia 2015 alrededor de 2.300 millones de adultos tendrán exceso de peso y más de 700 millones serán obesos. Entre 1980 y 1995, como resultado de un programa conjunto del UNICEF y la OMS, se logró aumentar del 5% al 80% la cobertura mundial de inmunización contra seis enfermedades mortales (poliomielitis, tétanos, sarampión, tos ferina, difteria y tuberculosis), lo que permitió salvar las vidas de alrededor de 2,5 millones de niños cada año. Una iniciativa similar es la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI) (www.gavialliance.org). Hacia finales de 2009, la Alianza había ayudado a prevenir 5,4 millones de posibles muertes a través de inmunizaciones de rutina contra la hepatitis B, la Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y la tos ferina, y a través de inversiones extraordinarias en inmunización contra el sarampión, la poliomielitis y la fiebre amarilla. La Alianza Mundial, que inició sus actividades en 1999 con fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates, está integrada actualmente por la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y diversos asociados del sector privado. La incidencia de la dracunculiasis ha disminuido radicalmente gracias a los nuevos métodos perfeccionados de tratamiento. La lepra también empieza a quedar atrás gracias a los suministros gratuitos de terapias que emplean múltiples medicamentos. La oncocercosis ha sido prácticamente erradicada en los 11 países del África Occidental afectados, lo cual ha beneficiado a millones de personas. La OMS tiene la intención de centrarse ahora en suprimir la elefantiasis de la lista de problemas de salud pública. Las prioridades de la OMS en cuanto a las enfermedades contagiosas son las siguientes: reducir la incidencia del paludismo y la tuberculosis mediante la colaboración mundial; fortalecer la vigilancia, la supervisión y la capacidad de respuesta en relación con las enfermedades contagiosas; mitigar los efectos de las enfermedades intensificando la aplicación periódica de medidas de prevención y control, y generar nuevos conocimientos, nuevos métodos de intervención, estrategias de aplicación y capacidad de investigación para su utilización en los países en desarrollo. La OMS desempeña, asimismo, un papel clave en la promoción de la atención primaria de la salud, el suministro de medicamentos esenciales, la mejora de la salubridad de las ciudades, la promoción de entornos y estilos de vida sanos y el tratamiento de situaciones de urgencia sanitaria, como los brotes de fiebre hemorrágica del Ébola.

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Las Naciones Unidas y la lucha contra el VIH/SIDA El número de personas que mueren debido a enfermedades relacionadas con el SIDA ha descendido un 19% desde 2004, gracias a los efectos de los antirretrovirales, que prolongan la vida, y a las campañas y medidas de prevención contra el VIH, según el informe de 2010 del ONUSIDA sobre la epidemia. Si bien se calcula que el número de personas infectadas con el VIH en todo el mundo llegó a 33,3 millones, la epidemia ha perdido virulencia e incluso se ha revertido. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) (www.unaids.org) informa que casi 60 países han conseguido estabilizar o han logrado reducciones significativas en la tasa de nuevas infecciones por VIH. En 2009, alrededor de 1,2 millones de personas recibieron terapia antirretroviral por primera vez, lo que representa un aumento del 30% en el número de tratamientos en un año. En 15 de los países más gravemente afectados, la tasa de HIV ha caído más del 25% entre los jóvenes a medida que estos han adoptado prácticas sexuales más seguras. Sin embargo, a pesar de que más de cinco millones de personas de los países más pobres recibieron las medicinas que necesitaban para salvar sus vidas, todavía hay otros 10 millones de personas que no tienen acceso a ellas. Grupos marginados como los drogadictos y los trabajadores sexuales tienen menor probabilidad de obtener ayuda que otros. Los prejuicios, la discriminación y ciertas leyes continúan creando obstáculos para las personas que viven con el VIH y los marginados. Además, una de cada cuatro muertes por sida fue causada por la tuberculosis, una enfermedad evitable y curable. En el África subsahariana, la región más duramente afectada tanto por el VIH como por el SIDA, hubo 1,3 millones de muertes relacionadas con la enfermedad en 2009, y se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones. ONUSIDA, el principal defensor de la respuesta mundial a la epidemia del sida, constituye en realidad el esfuerzo combinado de diez organismos de las Naciones Unidas: el ACNUR, el FNUAP, la OIT, la OMS, la UNODD, el PMA, el PNUD, la UNESCO, el UNICEF y el Banco Mundial. Sus prioridades son el liderazgo y la promoción, la preparación de información, la evaluación de la efectividad de los compromisos sobre políticas y las respuestas nacionales, la movilización de recursos, y la promoción de asociaciones mundiales, regionales y nacionales entre personas con sida, la sociedad civil y los grupos de alto riesgo. El Programa ha negociado reducir los precios de las medicinas en los países en desarrollo con las compañías farmacéuticas

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y colabora estrechamente con esos países para ayudarlos a alcanzar el acceso universal a la prevención, la atención y el tratamiento contra el VIH. ONUSIDA desempeñó un papel de gran importancia en la sesión especial sobre el VIH/SIDA de la Asamblea General en 2001, que produjo la Declaración de Compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA (www.worldaidscampaign.info). Además, se encarga de gestionar la Campaña Mundial contra el SIDA y puso en marcha la Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA (womanandaids.unaids.org). En su Declaración del Milenio de 2000, los dirigentes de todo el mundo se comprometieron a defender y revertir hasta el 2015 la propagación del VIH/SIDA y prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa de la enfermedad. Desde el inicio de la epidemia a comienzos del decenio de 1980, más de 60 millones de personas se han infectado con VIH y casi 30 millones han muerto por causas relacionadas con este.

La Visión y Estrategia de Inmunización Universal de la OMS y el UNICEF (2006-2015) tiene por meta reducir un 90% las muertes por sarampión en todo el mundo para finales de 2010 y el 95% en 2015. Desde 1999, el programa ha vacunado a alrededor de 686 millones de niños, y gracias a ello se ha salvado la vida de 4,3 millones. La OMS combate el paludismo desde hace decenios. A fin de 2010, la Organización planeaba distribuir más de 700 millones de mosquiteros impregnados de insecticida, la mitad de ellos en África; más de 200 millones de dosis de tratamiento efectivo y alrededor de 1.500 millones de pruebas de diagnóstico al año. Fuerza propulsora de la investigación sanitaria. En colaboración con sus asociados en las actividades de investigación para la salud, la OMS recopila datos sobre condiciones y necesidades actuales, particularmente en los países en desarrollo. Sus actividades van desde la investigación epidemiológica en remotas selvas tropicales hasta la supervisión de los avances de la investigación genética. Su programa de investigación de las enfermedades tropicales se ha centrado en el estudio de la resistencia del parásito del paludismo a los medicamentos de uso más habitual y en el fomento del desarrollo de nuevos medicamentos y métodos de diagnóstico para esas enfermedades infecciosas. Su investigación también permite mejorar la supervisión nacional e internacional de las epidemias y elaborar estrategias preventivas contra enfermedades nuevas o emergentes. Establecimiento de normas. La OMS establece normas internacionales sobre productos biológicos y farmacéuticos y ha elaborado el concepto de “medicamentos esenciales” como elemento básico de la atención primaria de la salud.

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El paludismo y la tuberculosis La Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo (www.rollbackmalaria.org), patrocinada por la OMS, comenzó en 1998, con la meta declarada de reducir la incidencia de la enfermedad en el mundo hacia finales de 2010. Las organizaciones fundadoras de la Alianza (el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y la OMS) se esfuerzan por hacer realidad un mundo en el que el paludismo ya no sea una causa de mortalidad destacada ni un obstáculo al desarrollo social y económico. En virtud de su expansión exponencial, la Alianza abarca en la actualidad países en los que el paludismo es endémico, asociados bilaterales y multilaterales para el desarrollo, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, fundaciones e instituciones académicas y de investigación. Casi dos millones de personas mueren al año de tuberculosis, una enfermedad tratable. La iniciativa de la OMS denominada Asociación Mundial Alto a la Tuberculosis (www.stoptb.org), reúne a más de 1.200 asociados, incluyendo organizaciones internacionales, países, donantes del sector público y privado y organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. En ella se originó el Plan Mundial para Detener la Tuberculosis, de 2001, de cinco años de duración, cuya estrategia sanitaria se basa en el tratamiento breve bajo observación directa, conocida como estrategia DOTS (tratamiento de observación directa y corta duración). En los 15 años comprendidos entre 1995 y 2009, unos 49 millones de pacientes con tuberculosis recibieron tratamiento bajo esa estrategia sanitaria, que ha sido exitosa en 41 millones de casos. La incidencia de la tuberculosis llegó a su apogeo en 2004. Desde enconces ha decaído. En 2009, la tasa de mortalidad mundial había descendido un 35% en relación con los niveles de 1990. Con base en los logros de los últimos quince años, la estrategia DOTS, como parte de la Asociación Mundial “Alto a la Tuberculosis” (2011-2015), intenta mejorar aún más el control de la tuberculosis, llegar a más personas afectadas y lograr tasas más elevadas de éxito del tratamiento. La Asociación Mundial “Alto a la Tuberculosis” se propone reducir a la mitad para el 2015 la prevalencia de la enfermedad y las defunciones debidas a ella, en comparación con los niveles de 1990. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo (www.theglobalfund.org) contribuye de forma destacada con todas estas actividades.

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La OMS colabora con los países para garantizar el suministro equitativo de medicamentos seguros y eficientes al menor costo posible y con la utilización más efectiva posible. Con dicha finalidad, ha preparado una “lista modelo” de varios cientos de medicamentos y vacunas considerados fundamentales para contribuir a la prevención o el tratamiento de más del 80% de los problemas de salud. Alrededor de 160 países han adaptado a sus necesidades esa lista, que se actualiza cada dos años. La OMS también coopera con los Estados, con la sociedad civil y la industria farmacéutica para elaborar nuevos medicamentos esenciales para el tratamiento de los problemas de salud que son prioritarios en los países pobres y de ingresos medianos, y para seguir produciendo los medicamentos considerados esenciales. Gracias al acceso internacional de que disfrutan las Naciones Unidas, la OMS supervisa la recopilación de información mundial sobre enfermedades transmisibles, prepara estadísticas comparativas sobre salud y enfermedades, estipula normas internacionales para la salubridad de los alimentos, y dicta guías para los productos biológicos y farmacéuticos. Además, es no sólo la entidad que ha evaluado con mayor precisión los posibles efectos carcinógenos de ciertos contaminantes, sino que sus directrices para la lucha mundial contra el VIH/SIDA han sido aceptadas por todos los países. Asentamientos humanos

En 1950, la ciudad de Nueva York era la única zona metropolitana con más de 10 millones de habitantes, y sólo el 30% de la población mundial era urbana. En 2010 había 25 “megaciudades” —salvo seis, todas en países en desarrollo o en transición— y más de la mitad de los 7.000 millones de habitantes del planeta reside en centros urbanos. Casi 1.000 millones de personas viven en barrios marginales; en los países en desarrollo más de un tercio de la población urbana vive en esos barrios. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) (www.unhabitat.org) es el principal organismo del sistema de las Naciones Unidas que se ocupa de esta situación. La Asamblea General le asignó el mandato de promover la creación de centros urbanos sostenibles desde el punto de vista social y ecológico, con el objetivo de proporcionar una vivienda adecuada para todos. Para ese fin, el programa ejecuta docenas de proyectos y programas técnicos en múltiples países, sobre todo en los menos desarrollados. En 1996, la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, conocida como Hábitat II, aprobó el Programa de Hábitat,

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plan de acción mundial en el que los gobiernos se comprometieron a alcanzar los objetivos de una vivienda adecuada para todos y un desarrollo urbano sostenible. ONU-Hábitat es el encargado de coordinar la ejecución del Programa, evaluar su aplicación y vigilar las tendencias y condiciones mundiales. ONU-Hábitat coordina dos grandes campañas mundiales: la Campaña mundial en pro de la buena gestión de los asuntos urbanos y la Campaña mundial por la tenencia segura: • Campaña mundial en pro de la buena gestión de los asuntos urbanos. En muchas ciudades, la mala gestión pública o las políticas inadecuadas han provocado el deterioro del medio ambiente, el aumento de la pobreza, el escaso crecimiento económico y los problemas de exclusión social. Esta campaña tiene el objeto de aumentar la capacidad local de gestión pública urbana, es decir, de dar una respuesta eficiente y eficaz a los problemas urbanos mediante la acción de gobiernos locales elegidos democráticamente y responsables, en colaboración con la sociedad civil. • Campaña mundial por la tenencia segura. Esta campaña parte de la idea de que la seguridad de la tenencia es fundamental para una estrategia sostenible en materia de vivienda y para la promoción de los derechos relativos a la vivienda. Con ella se pretende lanzar una estrategia de vivienda que promueva los derechos e intereses de los pobres, y en particular los derechos y el papel de la mujer en la elaboración de una política de vivienda eficaz. Aplicando diversas medidas, el organismo se centra en una serie de cuestiones y proyectos especiales que ayuda a ejecutar. Junto con el Banco Mundial, puso en marcha la iniciativa Alianza de Ciudades, con la que se pretende mejorar las condiciones de vida en los barrios marginales (véase www.citiesalliance.org). Otras iniciativas se han centrado en la ordenación del territorio y la reconstrucción después de un conflicto en países devastados por la guerra o los desastres naturales y en la incorporación de los derechos de la mujer y las cuestiones de género en las políticas de desarrollo y gestión urbanas. El programa contribuye asimismo a estrechar los vínculos entre las zonas rurales y urbanas y a reforzar el desarrollo de infraestructuras y la prestación de servicios públicos. ONU-Hábitat también ejecuta, entre otros, los siguientes programas:

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• Programa de promoción de mejores prácticas y formación de dirigentes locales, red mundial de organismos gubernamentales, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil dedicada a la búsqueda y difusión de prácticas tendientes a mejorar el entorno de vida y a la aplicación de la experiencia adquirida para elaborar políticas e impulsar la creación de capacidad. • Programa sobre el Derecho a la Vivienda, iniciativa conjunta de ONU-Hábitat y del ACNUDH para ayudar a los Estados y otros interesados a cumplir los compromisos asumidos en el Programa de Hábitat, a efectos de lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una vivienda adecuada, con arreglo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales. • Observatorio Mundial Urbano, que supervisa el progreso mundial en la aplicación del Programa de Hábitat, y vigila y evalúa las condiciones y tendencias urbanas. Su meta es mejorar el conocimiento urbano en todo el mundo, brindando apoyo a los gobiernos, las autoridades locales y la sociedad civil para la elaboración y aplicación de indicadores urbanos, estadísticas y todo tipo de información del sector. • Programa de Ciudades Viables, iniciativa conjunta de ONU-Hábitat y el PNUMA encaminada a fomentar la capacidad en materia de gestión y planificación del medio urbano. Junto con su programa análogo de aplicación local del Programa 21, actualmente se ejecuta en más de 30 ciudades de todo el mundo. • Programa de adaptación local del Programa 21, que promueve el plan de acción mundial para el desarrollo sostenible aprobado en la Cumbre para la Tierra de 1992 (el Programa 21), traduciendo en medidas locales sus aspectos relativos a los asentamientos humanos y promoviendo iniciativas conjuntas en una serie de ciudades de tamaño mediano. • Programa de ciudades más seguras, puesto en marcha en 1996 a instancias de alcaldes de ciudades africanas con la finalidad de fomentar la elaboración a escala municipal de estrategias que aborden y en última instancia prevengan la delincuencia y la violencia urbanas. • Programa de Gestión Urbana, actividad conjunta de ONU-Hábitat, el PNUD y organismos de apoyo externo. La meta de esta red de más de 40 instituciones de base o asociadas, que operan en 140 ciudades de 58 países, es fortalecer la contribución de los centros

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urbanos de los países en desarrollo al crecimiento económico, el desarrollo social y la mitigación de la pobreza. • Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, cuyo fin es mejorar el acceso al agua potable y contribuir al abastecimiento de un saneamiento aceptable de millones de habitantes urbanos de bajos ingresos, así como medir los efectos obtenidos. Este Programa favorece el cumplimiento de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de “reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”, y la meta de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 de “reducir a la mitad, antes del año 2015, el porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento”. Educación

En los últimos años se han realizado grandes progresos en la esfera de la educación, marcados por un significativo aumento del número de niños escolarizados. Sin embargo, en 2010, alrededor de 67,4 millones de niños no pudieron acceder a la educación primaria, y muchos que empezaron a asistir a la escuela tuvieron que abandonarla debido a la pobreza, a presiones familiares o sociales o a la tradición. En algunos países, también dificultaron la asistencia a la escuela contiendas civiles, actos de terrorismo o de insurgencia. Pese a los enormes esfuerzos de alfabetización realizados, todavía hay 796 millones de adultos analfabetos, dos tercios de ellos mujeres. El Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización (2003-2012) intenta llamar la atención sobre esta urgente necesidad. Diversas investigaciones han demostrado que existe una relación estrecha entre el acceso a la educación y el mejoramiento de los indicadores sociales. La escolarización de las mujeres tiene un efecto multiplicador: una mujer instruida en general gozará de mejor salud, tendrá menos hijos y más oportunidades de aumentar los ingresos del hogar. Sus hijos, a su vez, tendrán tasas de mortalidad más bajas, mejor nutrición y mejor salud general. Por esa razón, los programas de educación de muchos de los organismos de las Naciones Unidas se centran en las niñas y en las mujeres. Como la educación involucra una multiplicidad de factores, son muchas las entidades del sistema de las Naciones Unidas que participan en la financiación y elaboración de programas de educación y capacitación de diversa índole. La gama incluye desde la enseñanza básica tradicional hasta la formación técnica para el desarrollo de los recursos humanos en esferas como la administración pública, la agricultura y los servicios de salud, así como campañas de concienciación para educar a la población sobre el

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VIH/SIDA, el uso indebido de estupefacientes, los derechos humanos, la planificación familiar y numerosas otras cuestiones. El UNICEF, por ejemplo, dedica anualmente más del 20% de su presupuesto para programas a actividades de educación, prestando especial atención a las niñas. El principal organismo en la esfera de la educación es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (www.unesco.org). Junto con otros asociados, esta Organización trabaja para conseguir la matriculación de todos los niños, en escuelas adecuadas y con maestros formados para impartir una educación de calidad. La UNESCO proporciona servicios de secretaría para la campaña interinstitucional más ambiciosa jamás iniciada por las Naciones Unidas, a fin de lograr una educación primaria universal de calidad a más tardar en 2015. Ese objetivo se basa en el Marco de Acción aprobado por más de 160 países en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en 2000 en Dakar (Senegal) y confirmado por dirigentes mundiales en la Declaración del Milenio, en septiembre de ese año. En el Foro, los gobiernos se comprometieron a lograr una educación de calidad para todos, con especial hincapié en las niñas y en grupos como los niños que trabajan y los afectados por la guerra. Los países y las instituciones donantes aseguraron que ningún país que se comprometiera a difundir la enseñanza básica vería frustrados sus esfuerzos por falta de recursos. El Foro tomó como referencia los resultados de seis conferencias regionales de alto nivel y del inventario sobre educación más amplio, exhaustivo y estadísticamente riguroso que se haya efectuado en la historia, la “Evaluación de la Educación para Todos”, de dos años de duración. El sector de la educación de la UNESCO se centra en el acceso universal a todos los niveles de la enseñanza, en la prosperidad de los sectores marginados de la población y con necesidades especiales, la formación de maestros, el fomento de la capacidad de la fuerza de trabajo, la prosperidad mediante la enseñanza, la oferta de oportunidades de aprendizaje extraacadémico y permanente, y la ampliación de las oportunidades de educación. Estas actividades se realizan en el contexto del Marco de Acción de Dakar, del Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización 2003-2012, del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014, y de la Iniciativa Mundial de Educación Preventiva contra el VIH/SIDA. La UNESCO contribuye también a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de lograr que todos los niños y niñas terminen un ciclo completo de enseñanza primaria y de eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria hacia 2015.

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Juventud y escolarización Además de establecer la educación primaria universal como segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio, las Naciones Unidas han lanzado numerosas iniciativas en el campo de la educación. El Ciberbús Escolar de las Naciones Unidas (cyberschoolbus.un.org) es una página de Internet que fue premiada y en la que estudiantes de enseñanza primaria y secundaria pueden: • Aprender sobre el origen, el propósito y la organización de las Naciones Unidas. • Obtener información sobre los Estados Miembros. • Conocer cuáles son los asuntos mundiales que se están tratando y por qué, desde los derechos humanos a la paz, y desde la seguridad al cambio climático. • Participar en la búsqueda de soluciones para problemas mundiales. • Interactuar con diplomáticos o expertos de las Naciones Unidas sobre una amplia gama de temas a través de videocharlas en vivo. • Participar en concursos artísticos. • Seguir eventos en la Sede central de las Naciones Unidas que interesen a niños y jóvenes. Los maestros pueden encontrar planes de estudio sobre todo el abanico de asuntos mundiales destinado a los alumnos de ese grupo etario y colaborar con otras aulas de todo el mundo en proyectos educativos relacionados con temas del programa de las Naciones Unidas. El Ciberbús Escolar llega a más de 200 países y territorios en todo el mundo y se ofrece en español, francés, inglés y ruso. La juventud representa una de las principales prioridades de las Naciones Unidas y una nueva generación de apoyo al trabajo de la Organización. Cada año se organizan ciertas conferencias modelo de las Naciones Unidas en todos los niveles de la educación, desde la escuela primaria hasta la universidad, en muy variadas configuraciones, incluyendo la Conferencia Mundial Modelo de las Naciones Unidas (un.org/gmun). Muchos de los actuales dirigentes en el ámbito del derecho, el gobierno, los negocios y las artes participaron de jóvenes en esas conferencias. Esos programas permiten comprender la labor de las Naciones Unidas y ofrecen una oportunidad de desarrollar habilidades en la diplomacia y en la resolución de conflictos al poner a jóvenes de todo el mundo en contacto con las complejidades de los asuntos internacionales. Los estudiantes actúan como diplomáticos extranjeros y participan en simulacros

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de sesiones de la Asamblea General y de otros organismos multilaterales del sistema de las Naciones Unidas. La preparación para esas conferencias ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de liderazgo, investigación, redacción, oratoria y resolución de problemas, que utilizarán durante toda la vida. Cada año, se celebran videoconferencias para estudiantes de enseñanza media en conmemoración de cuatro fechas consagradas por las Naciones Unidas: el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos (25 de marzo), el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), el Día Internacional de la Paz (21 de septiembre) y el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Durante esos eventos conmemorativos, estudiantes de todo el mundo participan mediante videoconferencias y están en contacto con otros jóvenes y con la comunidad de las Naciones Unidas en Nueva York. Todos los eventos se transmiten por Internet en vivo, y los estudiantes tienen además la oportunidad de hacer preguntas y comentarios en tiempo real a través de la página del Ciberbús Escolar de las Naciones Unidas.

A finales de 2010, más de 8.500 escuelas en 180 países participaban en el Proyecto de Escuelas Asociadas de la UNESCO, red internacional que busca potenciar el papel de la educación como medio para aprender a convivir en una comunidad mundial. Unos 3.700 clubes, centros y asociaciones de la UNESCO en más de 100 países, integrados principalmente por maestros y alumnos, realizan una amplia gama de actividades educativas y culturales. Investigación y capacitación

Varias organizaciones especializadas de las Naciones Unidas realizan tareas de investigación y capacitación de nivel universitario a fin de promover una mejor comprensión de los problemas mundiales y fortalecer los recursos humanos necesarios para abordar los aspectos más técnicos del desarrollo económico y social, y el mantenimiento de la paz y la seguridad. La Universidad de las Naciones Unidas (www.unu.edu) contribuye, mediante su labor de investigación y creación de capacidad, con los esfuerzos encaminados a resolver problemas mundiales acuciantes, que son motivo de preocupación para las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y sus pueblos. La UNU actúa como puente entre las Naciones Unidas y la comunidad académica internacional, como equipo de expertos que presta sus servicios al sistema de las Naciones Unidas y se dedica al fomento de la capacidad, particularmente en los países en desarrollo, y como plataforma para el diálogo y la generación de nuevas ideas originales. La UNU está vinculada a más de 40 entidades de las Naciones Unidas y a cientos de instituciones de investigación asociadas de todo el mundo.

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La Iniciativa Impacto Académico La Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas (academicimpact. org/engpage.php) es una iniciativa mundial en la que instituciones de enseñanza superior se alinean con las Naciones Unidas en el apoyo a diez principios universalmente aceptados en los campos de los derechos humanos, la alfabetización, la sostenibilidad y la resolución de conflictos. Intenta colocar el potencial reconocido de la educación superior al servicio de la paz mundial y del desarrollo económico y social. Al dar formalmente su apoyo a los diez principios de la Iniciativa Impacto Académico, las instituciones se comprometen con: • Los principios expresados en la Carta de las Naciones Unidas como valores que la educación busca impulsar y ayudar a realizar. • Los derechos humanos, entre ellos la libertad de investigación, de opinión y de expresión. • Las oportunidades educativas para todos, sin distinción de género, raza, religión o etnia. • La oportunidad de adquirir las destrezas y los conocimientos necesarios para acceder a la educación superior, para todos los individuos interesados. • La construcción de capacidad en sistemas de educación superior en todo el mundo. • El fomento de la ciudadanía global a través de la educación. • La promoción de la paz y la resolución de conflictos mediante la educación. • El tratamiento de los problemas provocados por la pobreza, por medio de la educación. • La promoción de la sostenibilidad a través de la educación. • La promoción del diálogo y la comprensión interculturales, y el “desaprendizaje” de la intolerancia, mediante la educación. La Iniciativa Impacto Académico exige a los colegios y universidades participantes que, como mínimo, den una prueba al año de su adhesión a por lo menos uno de estos compromisos.

En su contribución al desarrollo mundial sostenible, las actividades de la UNU se centran en cinco esferas: paz, seguridad y derechos humanos; desarrollo socioeconómico y humano y buen gobierno; salud global, población y formas de vida sostenibles; cambio global y desarrollo sostenible; y ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Las actividades

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académicas se llevan a cabo en la Sede de la Universidad en Tokio y en centros y programas de investigación y capacitación establecidos en distintas partes del mundo, entre ellos los siguientes: • UNU BIOLAC (Programa de Biotecnología para América Latina y el Caribe) en Caracas (Venezuela): biotecnología y sociedad. • UNU-CRIS (Programa sobre estudios comparativos de integración regional), Brujas (Bélgica): gobierno local y global, integración regional. • UNU-EHS (Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana), Bonn (Alemania) medio ambiente y seguridad humana. • UNU-FNP (Programa de alimentación y nutrición para el desarrollo humano y social), Ithaca, Nueva York (Estados Unidos de América): fomento de la capacidad en materia de alimentos y nutrición. • UNU-FTP (Programa de capacitación pesquera), Reykjavik (Islandia): estudios de posgrado en investigación y desarrollo pesqueros. • UNU-GTP (Programa de capacitación sobre energía geotérmica), Reykjavik (Islandia): investigación, exploración y desarrollo en el ámbito de la energía geotérmica. • UNU-IAS (Instituto de Estudios Avanzados), Yokohama (Japón): enfoques estratégicos del desarrollo sostenible. • UNU-IIGH (Instituto Internacional para la Salud Mundial), Kuala Lumpur (Malasia): eficiencia de los sistemas de salud, enfermedades surgidas o resurgidas recientemente, políticas de control de enfermedades no contagiosas, tecnología de la información en materia de salud, y cambio climático y salud. • UNU-IIST (Instituto Internacional de Tecnología de Programas de Computadoras), Macao (China): tecnologías de programas informáticos para el desarrollo. • UNU-INRA (Instituto de Recursos Naturales de África), Accra (Ghana): gestión de los recursos naturales. • UNU-INWEH (Red internacional sobre el agua, el medio ambiente y la salud), Hamilton, Ontario (Canadá): agua, medio ambiente y salud humana. • UNU-ISP (Instituto para la Sostenibilidad y la Paz), Tokio (Japón): sostenibilidad, paz y cooperación internacional. • UNU-LRT (Programa de capacitación en recuperación de tierras), Reykjavic (Islandia): manejo sostenible de la tierra y recuperación de tierras degradadas.

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• UNU-MERIT (Centro de investigación y capacitación económica y social sobre innovación y tecnología), Maastricht (Países Bajos): efectos sociales y económicos de las nuevas tecnologías. • UNU-WIDER (Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo), Helsinki (Finlandia) desarrollo económico y social. • UN-WDPC (Programa para el desarrollo de capacidad de la década del agua), Bonn (Alemania) organizaciones y programas de las Naciones Unidas en cooperación con el mecanismo interinstitucional ONU-Agua. El Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) (www.unitar.org), con sede en Ginebra, tiene por finalidad mejorar la eficacia de la labor de las Naciones Unidas mediante la formación profesional y la investigación. El Instituto organiza programas de formación y fomento de la capacidad en materia de diplomacia multilateral y cooperación internacional para diplomáticos acreditados ante las Naciones Unidas y funcionarios nacionales que se ocupan de asuntos internacionales. También lleva a cabo una amplia gama de programas de formación en los ámbitos del desarrollo social y económico y el mantenimiento de la paz y la seguridad. El UNITAR realiza cada año investigaciones sobre metodologías de capacitación y sistemas de conocimiento que abarcan el fomento de la capacidad, el aprendizaje electrónico y la capacitación de adultos. También prepara materiales didácticos, incluidos implementos para el aprendizaje a distancia, libros de texto, programas informáticos y material audiovisual. El UNITAR se financia enteramente mediante contribuciones voluntarias, principalmente de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y fundaciones. La Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC) (www.unssc.org), ubicada en Turín (Italia), ayuda al personal de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a desarrollar las destrezas y competencias necesarias para responder a los desafíos globales que enfrentan las Naciones Unidas. Lo hace fortaleciendo la colaboración entre los distintos organismos; impulsando una cultura de gestión coherente; apoyando el desarrollo y la educación continuos del personal y fomentando el liderazgo estratégico. Entre las áreas temáticas de su trabajo figuran el liderazgo, la coherencia de las Naciones Unidas a nivel de país, la supervisión y evaluación, el desarrollo económico y social, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, la seguridad del personal, la orientación del personal, métodos de aprendizaje y administración del conocimiento, y comunidades de práctica.

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El Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) (www.unrisd.org), con sede en Ginebra, se dedica a la investigación multidisciplinaria de las dimensiones sociales del desarrollo contemporáneo. A través de una red mundial de institutos e investigadores, el Instituto ayuda a los gobiernos, los organismos de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas académicos a comprender la manera en que las políticas y procesos relacionados con el desarrollo afectan a distintos grupos sociales. Entre los temas de investigación de los que se ha ocupado recientemente se cuentan: igualdad de género, política social, reducción de la pobreza, gobierno y política, y responsabilidad social de las empresas. Población y desarrollo

Según estimaciones de las Naciones Unidas, pese a la acusada disminución de la fecundidad a medida que aumenta el uso de anticonceptivos en la mayoría de los países, la población mundial sigue incrementando aproximadamente a un ritmo del 1,18% anual. Y lo más significativo es que se espera que la población mundial pase de 7.000 millones en 2011 a más de 9.000 millones en 2050, con la mayoría de la población adicional en los países en desarrollo. El rápido crecimiento de la población constituye una carga muy pesada para los recursos y el medio ambiente del planeta y a menudo desborda las iniciativas de desarrollo. Las Naciones Unidas han abordado la relación entre población y desarrollo de muchas maneras, con especial hincapié en la promoción de los derechos y la situación de la mujer, que se considera clave para el progreso social y económico. Además, las pautas se modifican, lo cual genera nuevas necesidades. Por ejemplo, se espera que el número de personas mayores de 60 años —el segmento de la población que crece más rápido— pase de 737 millones en 2009 a más de 2.000 millones en 2050, momento en que el número de personas de edad avanzada superará el de niños por primera vez en la historia. Sin embargo, la población de los países en desarrollo todavía es joven. Por eso, mientras que en las regiones más desarrolladas se espera que la población en edad de trabajar —es decir entre 25 y 59 años— llegue a su máximo en el próximo decenio y luego empiece a disminuir, llegando a 528 millones en 2050, en las regiones menos desarrolladas continuará en aumento, hasta alcanzar los 3.600 millones en 2050. Actualmente, y también por primera vez en la historia, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades.

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Las Naciones Unidas vienen trabajando en numerosos países en desarrollo en respuesta a las tendencias demográficas. Varias entidades de la Organización han colaborado para crear oficinas de estadística, efectuar censos, realizar previsiones y difundir datos fiables. Las Naciones Unidas han realizado una labor cuantitativa y metodológica de vanguardia, y sus fidedignas estimaciones y previsiones sobre el tamaño y los cambios de la población han generado un aumento significativo de la capacidad de las naciones para hacer planes a futuro, incorporar políticas de población a sus planes de desarrollo y tomar decisiones económicas y sociales sensatas. La Comisión de Población y Desarrollo, integrada por 47 Estados Miembros, se encarga de estudiar los cambios demográficos y su incidencia en las condiciones económicas y sociales, así como de asesorar al Consejo Económico y Social al respecto, y es la principal responsable de examinar la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 1994. La División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (www.un.org/esa/population) actúa como secretaría de la Comisión, proporciona a la comunidad internacional información actualizada y científicamente objetiva sobre población y desarrollo y realiza estudios sobre el volumen y las tendencias de la población, estimaciones y previsiones demográficas y análisis de las políticas relativas a la población y el vínculo entre esta y el desarrollo. La División mantiene importantes bases de datos, como la Base de datos sobre población, recursos, medio ambiente y desarrollo, Perspectivas de la población mundial, Políticas mundiales de población y Perspectivas mundiales de urbanización. Además, coordina la Red de Información sobre Población (POPIN), que promueve el uso de Internet para facilitar el intercambio de información demográfica a nivel mundial. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (www.unfpa.org) es el principal responsable de las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas en este campo, y ayuda a los países en desarrollo y con economías en transición a resolver sus problemas demográficos. También presta asistencia a los Estados para mejorar los servicios de salud reproductiva y planificación familiar y para formular políticas de población que contribuyan al desarrollo sostenible. Asimismo, difunde información sobre los problemas demográficos y colabora con los gobiernos a abordarlos del modo más adecuado a las necesidades de cada país. De acuerdo con su “declaración de misión”, el UNFPA “promueve el derecho de todas las mujeres, hombres y niños a disfrutar de la vida con salud e igualdad de oportunidades. Apoya a los países para que utilicen datos demográficos

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para las políticas y los programas tendientes a reducir la pobreza y asegurar que todos los embarazos sean deseados, que todos los partos sean seguros, que todos los jóvenes estén libres del VIH/SIDA y que todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto”. En cumplimiento de esta misión, el UNFPA ofrece financiación para proyectos y programas sobre población, que ejecutan los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. Sus principales esferas de actuación son las siguientes: • Salud reproductiva: Ayuda a los gobiernos a proporcionar atención de salud sexual y reproductiva durante todo el ciclo de vida de la mujer, enfocado especialmente en el mejoramiento de la salud materna. • Igualdad de género: Íntimamente ligada al mejoramiento de la salud de la madre y el recién nacido y al control de la difusión del VIH/SIDA; entre los factores críticos están la educación de las niñas, el empoderamiento económico de las mujeres, la participación social de las mujeres y el equilibrio de los papeles reproductivo y productivo. • Estrategias de población y desarrollo: Ayudan a los países a reunir la información adecuada sobre la dinámica y las tendencias de la población, con la finalidad de crear y gestionar políticas sensatas y generar la voluntad política de enfrentar las necesidades, presentes o futuras, especialmente en relación con la migración, el envejecimiento, el cambio climático y la urbanización. El UNFPA no ofrece apoyo a servicios de aborto. Más bien procura prevenirlo contribuyendo a aumentar el acceso a la planificación familiar. Se ocupa también de las necesidades de los adolescentes en materia de salud reproductiva ofreciendo programas para prevenir los embarazos en adolescentes, prevenir y tratar las fístulas obstétricas, prevenir el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, reducir el recurso al aborto y mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva y a la información pertinente. La capacidad de los padres para decidir el número de hijos y el momento en que desean tenerlos es un componente esencial de la salud reproductiva y un derecho humano básico y reconocido internacionalmente. Se calcula que hay por lo menos 200 millones de mujeres que desearían utilizar métodos seguros y eficaces de planificación familiar pero que no pueden hacerlo porque no tienen acceso a información y servicios o porque sus maridos y comunidades no las apoyan. El UNFPA colabora con los

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gobiernos, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales para satisfacer las necesidades de planificación familiar de la población. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer

La promoción de la igualdad entre los hombres y las mujeres y el empoderamiento de la mujer es fundamental en la labor de las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros no sólo es una meta en sí misma, sino que también se reconoce como medio esencial para alcanzar todos los demás objetivos de desarrollo, entre ellos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La erradicación de la pobreza y el hambre, el logro de la universalidad de la enseñanza primaria y la salud para todos, la lucha contra el VIH/SIDA y la promoción del desarrollo sostenible exigen prestar atención sistemática a las necesidades, las prioridades y la contribución de las mujeres y de los hombres. Las Naciones Unidas promueven activamente los derechos humanos de las mujeres y procuran erradicar el flagelo de la violencia de género, incluidas las situaciones de conflicto armado y la trata de personas. Por otra parte, adoptan normas y reglamentos de ámbito mundial y dan apoyo a su seguimiento y aplicación a escala nacional, en particular mediante sus actividades de asistencia para el desarrollo. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que depende del Consejo Económico y Social, se encarga de vigilar los progresos hacia la igualdad entre los géneros en todo el mundo, examinando la aplicación de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). La Comisión formula recomendaciones sobre posibles medidas ulteriores para promover los derechos de la mujer y hacer frente a la discriminación y a la desigualdad en todos los ámbitos. Entre las principales contribuciones de la Comisión, integrada por 45 miembros, durante sus más de 60 años de actividad, cabe mencionar la preparación y el seguimiento de cuatro conferencias mundiales sobre la mujer y la preparación del tratado sobre los derechos humanos de la mujer: la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) supervisa el cumplimiento de la Convención. El Comité tiene 23 miembros y mantiene diálogos constructivos con los Estados signatarios acerca de la aplicación de la Convención, sobre la base de los informes presentados por los propios Estados. Sus recomendaciones han contribuido a una mejor comprensión de los derechos de las mujeres y de los medios para asegurar el goce de esos derechos y la erradicación de la discriminación contra la mujer.

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Conferencias mundiales sobre la mujer Aprovechando el impulso de los movimientos de mujeres de cada país, las conferencias de las Naciones Unidas celebradas en México, D.F. (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995) han galvanizado la comprensión, el interés y la acción en relación con la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en todo el mundo. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), representantes de 189 gobiernos aprobaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, cuyo objetivo era hacer frente a la discriminación y la desigualdad y garantizar el empoderamiento de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada. En la Plataforma se establecen 12 esferas de interés especial: • La carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre las mujeres. • El acceso desigual a la enseñanza y la insuficiencia de oportunidades educacionales. • Las desigualdades en materia de salud, el acceso desigual a los servicios de atención médica y su insuficiencia. • La violencia contra la mujer. • Las consecuencias especiales de los conflictos para la mujer. • La desigualdad de la participación de la mujer en la definición de las estructuras y políticas económicas y en el proceso de producción. • La desigualdad en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. • La falta de mecanismos suficientes para promover el adelanto de la mujer. • La falta de conciencia y respeto de los derechos humanos de la mujer, reconocidos a nivel internacional y nacional. • La insuficiente movilización de los medios informativos para promover la contribución de la mujer a la sociedad. • La falta de reconocimiento y apoyo a la contribución de la mujer a la administración de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. • Las niñas. En 2010, la conferencia de revisión Beijing+15 observó con satisfacción los progresos realizados hacia la igualdad de los géneros, destacando a la vez la necesidad de aplicar la Declaración y Plataforma para la Acción para alcanzar metas de desarrollo aprobadas internacionalmente, incluyendo las contenidas en la Declaración del Milenio.

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ONU-Mujeres (www.unwomen.org) es la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, resultado de la fusión, en 2010, de la Oficina de la Asesora Especial del Secretario General en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). ONU-Mujeres trabaja por la eliminación de la discriminación contra mujeres y niñas, el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres como socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, la acción humanitaria, la paz y la seguridad. ONUMujeres apoya a organismos intergubernamentales, como la Comisión sobre la Situación General de la Mujer, en la formulación de políticas, criterios y normas globales; ayuda a los Estados Miembros a aplicar esos criterios dando apoyo técnico y financiero adecuado a los países que lo solicitan y forjando asociaciones efectivas con la sociedad civil, y auxilia al sistema de las Naciones Unidas en su compromiso con la igualdad de géneros, incluso inspeccionando periódicamente los progresos hechos en todo el sistema. Desde la Secretaría en adelante, todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se ocupan de asuntos relacionados con la mujer y el género en sus políticas y programas. Además, el empoderamiento de la mujer es un punto esencial entre los ODM. Promoción de los derechos del niño

Cada año mueren aproximadamente 10 millones de niños antes de cumplir los cinco años debido a enfermedades prevenibles, y decenas de millones quedan discapacitados física o mentalmente por no disponer de lo necesario para sobrevivir y prosperar. Ya se deba a enfermedades o a los efectos perniciosos de la pobreza, la ignorancia, la discriminación y la violencia, este hecho lamentable representa una pérdida terrible para las familias, las comunidades, las naciones y el mundo en general. Superada la infancia, los jóvenes siguen sometidos a fuerzas que ponen en peligro su vida y su bienestar. Su vulnerabilidad aumenta porque a menudo se les niegan sus derechos, incluido el derecho a la educación, a participar y a ser protegidos de cualquier daño. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (www.unicef.org) se encarga de proteger los derechos del niño a la supervivencia, la protección y el desarrollo. Promueve la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 191 países, el UNICEF trabaja junto a los gobiernos, las organizaciones internacionales,

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la sociedad civil y los jóvenes para superar los obstáculos que enfrentan los niños, entre ellos la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación. Las prioridades del UNICEF son la supervivencia y el desarrollo de los niños, la educación básica y la igualdad de género; el VIH/SIDA y los niños; la protección de los niños; y la proposición y defensa de políticas y asociaciones. Esos objetivos son congruentes con los ODM y con las metas expresadas en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia, celebrado en 2002, titulado “Un mundo apropiado para los niños”. El Fondo interviene ampliamente en todos los aspectos de la salud infantil, desde antes del nacimiento hasta la adolescencia; trabaja con la finalidad de asegurar que las mujeres embarazadas tengan acceso a una atención adecuada antes y durante el parto, aumenta la capacidad de las familias para tratar las enfermedades infantiles en el hogar y orienta a las comunidades sobre cómo obtener la mejor atención médica posible. El UNICEF intenta reducir los riesgos que el VIH/SIDA entraña para los jóvenes compartiendo información que garantice su seguridad, dirige sus esfuerzos a que los niños que hayan perdido a sus padres a causa del esta enfermedad reciban el mismo tipo de atención que el resto. Asimismo, ayuda a las mujeres y a los niños afectados por el virus a llevar una vida digna. El UNICEF participa en campañas de inmunización en todo el mundo, desde la adquisición y distribución de las vacunas hasta la inoculación en condiciones de seguridad. Es líder mundial en suministro de vacunas, ya que alcanza al 40% de los niños del mundo. Junto con la OMS, el UNICEF ha trabajado para alcanzar la Inmunización Infantil Universal con las seis vacunas del Programa Ampliado de Inmunización: contra la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tos ferina y el sarampión. En 2008 se alcanzó la cifra récord de 106 millones de niños inmunizados, y la tasa global de inmunización está en el nivel más alto de toda la historia (82% ese mismo año). El Fondo aprovecha la oportunidad de la vacunación para prestar otros servicios tendientes a salvar vidas, como la provisión periódica de vitamina A y los mosquiteros tratados con insecticidas para proteger a las familias contra el paludismo, entre otras intervenciones apropiadas a cada lugar. Para apoyar las diferentes iniciativas destinadas a educar a los niños desde la etapa preescolar hasta la adolescencia, el UNICEF moviliza a los profesores, matricula a los niños, prepara centros escolares y organiza planes de estudios, a veces reconstruyendo los sistemas educativos desde la base. También se asegura de que los niños tengan ocasión de jugar

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Un mundo apropiado para los niños En 2002 se celebró un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, para examinar los progresos conseguidos desde la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 y dar nuevo impulso al compromiso mundial con los derechos del niño. Ese período extraordinario de sesiones marcó un hito, ya que fue el primero que se dedicó exclusivamente a la infancia y que contó con la participaron de niños como delegados oficiales. El período extraordinario de sesiones culminó con la aprobación de su documento final, Un mundo apropiado para los niños, por unos 180 países. El nuevo programa en favor de los niños del mundo, preparado con su participación, comprendía 21 objetivos y metas específicos para el próximo decenio y se centraba en cuatro esferas prioritarias y esenciales: promoción de una vida sana; acceso a una educación de calidad para todos; necesidad de proteger a los niños de los malos tratos, la explotación y la violencia, y lucha contra el VIH/SIDA. En una declaración adjunta, los líderes de todo el mundo se comprometieron a ultimar el programa inconcluso de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 y a lograr otras metas y objetivos, en particular los de la Declaración del Milenio. También se reafirmó la obligación de los dirigentes de promover y proteger los derechos de todos los niños, reconociendo la validez de las normas jurídicas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos de 1989. En el Plan de Acción se establecen tres metas que es necesario conseguir: el mejor comienzo posible en la vida para los niños; el acceso a una enseñanza básica de calidad, incluida la educación primaria obligatoria y gratuita, y numerosas oportunidades para que los niños y los adolescentes desarrollen sus capacidades individuales. Para alcanzar esas metas, el Plan apoya el objetivo global de que los países industrializados destinen el 0,7% de su producto nacional bruto (PNB) a la asistencia oficial para el desarrollo. En 2007, la Asamblea General volvió a reunirse para examinar los progresos hechos. Su informe señalaba que si no se alcanzaban las metas originales ello minaría los esfuerzos por realizar las aspiraciones de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo que llamaba a los gobiernos a intensificar los esfuerzos por maximizar sus capacidades, y a la comunidad internacional para aumentar su apoyo. En su informe de seguimiento de 2010 sobre las sesiones especiales de 2002, el Secretario General afirmó que la crisis económica mundial de 2009

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amenazaba con detener o revertir los progresos logrados en la consecución de los objetivos expresados en “Un mundo apropiado para los niños”. Sin embargo, las asociaciones con fundaciones, ONG y programas globales se habían ampliado, ofreciendo oportunidades de hallar más financiación para los niños en todo el mundo.

y aprender incluso en épocas de conflicto, ya que los deportes y el entretenimiento son igualmente importantes para su desarrollo. Además, fomenta una nutrición adecuada de las madres embarazadas y la lactancia materna después del parto y mejora las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en los jardines de infancia y en las guarderías. El UNICEF ayuda a crear ambientes que protejan a los jóvenes. Fomenta la adopción de leyes que prohíban el trabajo infantil, condena la mutilación genital femenina y procura evitar la explotación de los niños con fines sexuales y económicos. También organiza campañas de sensibilización sobre el peligro que entrañan las minas terrestres y ayuda a desmovilizar a los niños soldados. Integración social

Las Naciones Unidas han determinado que varios grupos sociales merecen especial atención, entre ellos los jóvenes, las personas de edad, los pobres, las personas con discapacidad, las minorías y las poblaciones indígenas. La Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Desarrollo Social se ocupan de los intereses de estos grupos. Los programas dedicados específicamente a estos grupos son parte de la responsabilidad del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (www.un.org/esa/socdev). Las Naciones Unidas han contribuido a la definición y defensa de los derechos humanos de los grupos vulnerables, así como a la formulación de reglamentos, normas y recomendaciones internacionales para la adopción de medidas relativas a esos grupos. También procuran difundir sus problemas mediante la investigación y la reunión de datos y celebrando años y decenios especiales destinados a crear conciencia e impulsar la adopción de medidas apropiadas en el plano internacional. Las familias

Las Naciones Unidas consideran que la familia es la unidad básica de la sociedad. En los últimos sesenta años, la familia ha sufrido grandes transformaciones resultantes de los cambios en su estructura (hogares más pequeños, aplazamiento del matrimonio y de la procreación y aumento

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de las tasas de divorcio y del número de familias monoparentales), de las tendencias mundiales de la migración, del fenómeno del envejecimiento demográfico, de la pandemia del VIH/SIDA y de las repercusiones de la globalización. Estas fuerzas sociales dinámicas han afectado visiblemente la capacidad de las familias para desempeñar funciones como la socialización de los niños y la atención a sus miembros más jóvenes y a los de más edad. La celebración del Día Internacional de la Familia el 15 de mayo de cada año tiene la finalidad de crear conciencia sobre los problemas relativos a la familia y estimular acciones apropiadas. El Programa de las Naciones Unidas para la Familia (www.un.org/esa/ socdev/family) ofrece servicios sustanciales a organismos intergubernamentales de la Organización en materia de familia y política familiar; promueve la realización de los objetivos del Año Internacional de la Familia (1994), así como la integración de una perspectiva familiar en la determinación de políticas nacionales, regionales e internacionales; fomenta el intercambio de habilidades y experiencias difundiendo información y apoyando la construcción de redes sobre asuntos relacionados con la familia; contribuye a la investigación y a los estudios diagnósticos sobre la familia; estimula y apoya la coordinación en los gobiernos y en el sistema de las Naciones Unidas de las políticas y los programas sobre la familia; brinda asistencia técnica a gobiernos de países en desarrollo y apoya su creación de capacidad, y sirve de enlace entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en asuntos relativos a la familia. La juventud

La Asamblea General ha aprobado resoluciones y realizado campañas dedicadas específicamente a los jóvenes —entendidos como la población de entre 15 y 24 años de edad—, y la Secretaría ha supervisado los programas y campañas de información conexos. El Programa de las Naciones Unidas para la Juventud (www.un.org/youth) es el punto focal de atención a los jóvenes dentro del sistema de las Naciones Unidas. Su objetivo es generar mayor conciencia sobre la situación mundial de los jóvenes; promover sus derechos y sus aspiraciones y aumentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones como medio para lograr la paz y el desarrollo. Normalmente, los gobiernos incluyen jóvenes en sus delegaciones oficiales ante la Asamblea General y en otras reuniones de las Naciones Unidas. En 1999, la Asamblea General declaró que el 12 de agosto de cada año se conmemoraría el Día Internacional de la Juventud y recomendó

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organizar actividades de información pública en apoyo de ese Día a fin de fomentar el conocimiento del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, adoptado en 1995 como marco político y conjunto de lineamientos prácticos para la acción nacional y el apoyo internacional, con miras a mejorar la situación de los jóvenes en todo el mundo. Para promover los ideales de paz, libertad, progreso y solidaridad para el desarrollo de la juventud y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Asamblea proclamó el año que comenzaría el 12 de agosto de 2010, como Año Internacional de la Juventud: Diálogo y comprensión mutua. La Red de Empleo para los Jóvenes (www.ilo.org/yen) es una iniciativa conjunta de las Naciones Unidas, la OIT y el Banco Mundial para traducir en acciones concretas los compromisos de la Cumbre del Milenio de 2000 de “elaborar y aplicar estrategias que den a los jóvenes de todas partes una verdadera oportunidad de encontrar trabajo decente y productivo”. Las personas mayores

El mundo se encuentra en medio de un proceso de transición demográfica irreversible y único en la historia debido a la caída de las tasas de natalidad y de mortalidad, que tendrá como resultado el envejecimiento de la población en todo el mundo. Hacia 2050, una de cada cinco personas tendrá 60 años o más. La comunidad mundial ha debido reconocer la necesidad de integrar el nuevo proceso de envejecimiento mundial en el contexto general del desarrollo y formular políticas aplicables a un ciclo vital más prolongado y a toda la sociedad. Crear una nueva arquitectura para el envejecimiento, trasmitirla a la escena mundial y traducirla en políticas concretas es el objetivo del Programa de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento (www.un.org/esa/socdev/ageing). En respuesta a los desafíos y las oportunidades que plantea el envejecimiento mundial, las Naciones Unidas han tomado varias iniciativas: • La Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Viena, 1982) aprobó el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que recomendaba medidas en ámbitos como el empleo y la seguridad económica, la salud y la nutrición, la vivienda, la educación y el bienestar social, y consideraba a las personas de edad como un grupo de población variado y activo, con aptitudes muy diversas y en ocasiones con necesidades de salud especiales. • Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados por la Asamblea General en 1991, establecieron normas

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universales referentes a la condición de las personas mayores en cinco ámbitos: independencia, participación, atención, realización personal y dignidad. • La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002), formuló una política internacional para el siglo XXI. Además, la Asamblea aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, por el cual los Estados Miembros se comprometieron a actuar en tres esferas prioritarias: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar de las personas mayores, y la existencia de entornos propicios y favorables. Cuestiones indígenas

Más de 370 millones de indígenas habitan en cerca de 70 países y con frecuencia son objeto de discriminación y excluidos del poder político y económico. Los indígenas están representados en forma desproporcionada entre los más pobres, los analfabetos y los indigentes del mundo. A menudo han sido desplazados por guerras y desastres ambientales, expulsados de sus tierras ancestrales y privados de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural. Además han visto sus saberes tradicionales patentados y comercializados sin su consentimiento o participación. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (www.un.org/esa/ socdev/unpfii), creado por el Consejo Económico y Social en 2000, estudia las cuestiones relacionadas con el desarrollo socioeconómico, la cultura, la educación, el medio ambiente, la salud y los derechos humanos de los pueblos indígenas. El Foro ofrece asesoramiento especializado y hace recomendaciones al Consejo y por su conducto a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas. Su objetivo es crear conciencia, promover la integración y la coordinación de las actividades relativas a los indígenas en el sistema de las Naciones Unidas y difundir información sobre esas cuestiones. Además, el Foro busca las mejores formas de promover las cuestiones indígenas en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puesto que en numerosos países la atención prestada a las comunidades indígenas contribuirá directamente al logro del objetivo de reducir a la mitad la pobreza extrema antes de finales de 2015. La Asamblea General ha declarado al período comprendido entre 2005 y 2015 Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Sus principales objetivos son los siguientes:

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• El fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos indígenas en la elaboración, aplicación y evaluación de la legislación, las políticas, los recursos, los programas y los proyectos. • El fomento de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus estilos de vida, sus tierras y territorios tradicionales, su integridad cultural, sus derechos colectivos y cualquier otro aspecto de sus vidas. • La redefinición de las políticas de desarrollo que no incluyan una visión de equidad, como el respeto por la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas. • La adopción de políticas, programas, proyectos y presupuestos para el desarrollo de los pueblos indígenas, con inclusión de parámetros concretos e insistiendo en particular en las mujeres, los niños y los jóvenes indígenas. • La creación de mecanismos de supervisión estrictos y la mejora de la rendición de cuentas en todos los niveles en cuanto a la aplicación de los marcos jurídicos, normativos y operacionales para la protección de los pueblos indígenas y el mejoramiento de sus vidas. La Asamblea General aprobó en 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la que se establecen sus derechos individuales y colectivos, incluidos el derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. En la Declaración se subraya el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Se prohíbe discriminarlos y se promueve su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernan, así como su derecho a seguir siendo distintos y a perseguir su propia visión del desarrollo económico y social. Personas con discapacidad

Las personas con discapacidades con frecuencia se ven excluidas de la sociedad. La discriminación adopta diversas formas, desde las más extremas, como la negación de oportunidades educativas, hasta otras no menos perjudiciales, como la segregación y el aislamiento derivados de la imposición de barreras físicas y sociales. Esa situación afecta también a la sociedad, ya que la pérdida del enorme potencial de las personas con discapacidades empobrece a toda la humanidad. Para que se produzcan cambios en la percepción de la discapacidad y los conceptos relacionados con ella es necesario que cambien los valores y aumente la comprensión

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en todos los ámbitos de la sociedad. Desde su fundación, las Naciones Unidas han tratado de mejorar la situación de las personas con discapacidades y sus condiciones de vida. La preocupación de la Organización por el bienestar y sus derechos arraiga en sus principios fundacionales, que se basan en los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de todos los seres humanos. Después de tres decenios de promoción y establecimiento de normas para el tratamiento igualitario y el acceso a servicios por parte de las personas discapacitadas, en 2006 la Asamblea General aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, instrumentos de derechos humanos con una dimensión explícita sobre el desarrollo social. La Convención, que entró en vigor en 2008, codificó todas las categorías de derechos humanos y libertades fundamentales aplicables a las personas con discapacidad. La Convención se basa en los principios de respeto por la dignidad inherente y la autonomía de cada individuo, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, y el respeto por las facultades en evolución de los niños y las niñas con discapacidades y por su derecho a preservar su identidad. La Convención presta especial atención a los casos en que se han violado derechos y en que es necesario reforzar la protección y hacer adaptaciones para que esas personas puedan ejercer sus derechos, e impone a los Estados la obligación de vigilar su aplicación estableciendo puntos focales dentro del gobierno, así como mecanismos de supervisión independientes, normalmente en forma de instituciones de derechos humanos independientes. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrado por 18 expertos, vigila la aplicación de la Convención. De conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención, los Estados Partes reconocen la competencia del Comité para considerar las quejas relacionadas con supuestas violaciones de la Convención por parte de cualquiera de los Estados firmantes del Protocolo. La sociedad incivil: delincuencia, drogas ilícitas y terrorismo

La delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo se han convertido en fuerzas sociales, políticas y económicas capaces de alterar el destino de países y regiones enteras. Prácticas como el soborno generalizado de funcionarios públicos, el crecimiento

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de las “multinacionales del delito”, la trata de personas y la utilización del terrorismo para intimidar a comunidades grandes y pequeñas y para sabotear el desarrollo económico son amenazas que exigen una cooperación internacional eficaz. Para hacer frente a estas prácticas que ponen en peligro el buen gobierno, la equidad social y la justicia para todos, las Naciones Unidas organizan una respuesta a escala mundial. La Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) (www. unodc.org), con sede en Viena, encabeza el esfuerzo internacional de lucha contra el tráfico y el uso indebido de drogas, la delincuencia organizada y el terrorismo internacional, lo que se ha denominado elementos “inciviles” de la sociedad. La Oficina consta de un programa contra el delito, que también se ocupa del terrorismo y su prevención, y de un programa contra la droga. Tiene 21 oficinas locales y oficinas de enlace en Nueva York. Fiscalización de drogas

Cerca de 250 millones de personas en el mundo consumen drogas ilícitas, y entre 16 y 38 millones son drogadictos o “consumidores problemáticos”. Esto provoca la pérdida de ingresos, un incremento desmesurado de los gastos de salud, la desintegración de familias y el deterioro de las comunidades. El uso de drogas inyectables, en particular, impulsa la propagación rápida del VIH/SIDA y la hepatitis en muchas partes del mundo. Existe una relación directa entre las drogas y el aumento de la delincuencia y la violencia. Las organizaciones de narcotraficantes minan los gobiernos e introducen la corrupción en negocios lícitos. Los ingresos procedentes del tráfico ilícito de drogas financian algunos de los conflictos armados más devastadores. El costo financiero es abrumador. Se invierten enormes sumas para reforzar los cuerpos de policía, los sistemas judiciales y los programas de tratamiento y rehabilitación. Y los costos sociales no son menos elevados: violencia callejera, guerras entre bandas, miedo, deterioro urbano y vidas destrozadas. Las Naciones Unidas abordan el problema mundial de la droga en varios planos. La Comisión de Estupefacientes, comisión orgánica del Consejo Económico y Social, es la principal instancia intergubernamental de adopción de políticas y de coordinación en materia de fiscalización internacional de las drogas. La Comisión, formada por 53 Estados Miembros, estudia el problema del uso indebido y el tráfico de drogas en el mundo y formula propuestas para reforzar la fiscalización. También vigila la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización de las drogas y el respeto de los principios rectores y las medidas aprobados por la Asamblea General.

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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB) (www.incb.org) es un órgano independiente y semijudicial compuesto por 13 miembros, que supervisa el cumplimiento por parte de los gobiernos de los tratados internacionales de fiscalización de las drogas y les presta apoyo al respecto. La Junta procura garantizar que las drogas se destinen a fines médicos y científicos y a impedir su desviación hacia cauces ilegítimos. Envía misiones de investigación y visitas técnicas a los países afectados por el problema de la droga e imparte programas de capacitación a los administradores encargados de la fiscalización de estupefacientes, en particular en los países en desarrollo. Una serie de tratados aprobados con los auspicios de las Naciones Unidas exige a los gobiernos fiscalizar la producción y distribución de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, luchar contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas y presentar informes a los organismos internacionales sobre las medidas adoptadas. Esos tratados son: • La Convención Única sobre Estupefacientes (1961), que tiene por finalidad limitar exclusivamente a usos médicos y científicos la producción, distribución, posesión, utilización y comercio de drogas, y obliga a los Estados Partes a adoptar medidas especiales en relación con determinadas drogas, como la heroína. En su Protocolo de 1972 se subraya la necesidad de que los toxicómanos reciban tratamiento y rehabilitación. • El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) establece un sistema de fiscalización internacional de esas sustancias. Fue aprobado en respuesta a la diversificación y el aumento de los tipos de drogas e introdujo los controles sobre ciertas drogas sintéticas. • La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988) establece medidas generales contra el tráfico de drogas, como disposiciones contra el blanqueo de dinero y la desviación de precursores químicos. Se trata del principal instrumento de cooperación internacional contra el tráfico de drogas y prevé la localización, congelación y confiscación de los ingresos y propiedades procedentes de esta actividad, la extradición de los traficantes y el traslado de las actuaciones penales. Los Estados Partes se comprometen a eliminar o reducir la demanda de drogas. A la cabeza de todas las actividades de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, la UNODC adopta un enfoque multifacético de este problema mundial trabajando con ONG y la sociedad civil, incluso a

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través de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de base comunitaria, y la provisión de nuevas oportunidades económicas a las comunidades que dependen de cultivos ilícitos. Los órganos de imposición de las leyes se tornan cada vez más eficaces gracias a la capacitación y los avances tecnológicos para frenar el tráfico, al tiempo que también mejora la cooperación judicial entre los países, y la asistencia a empresas y a ONG ayuda a crear programas para contener la producción y el consumo ilícitos. Prevención del delito

La delincuencia tiene cada vez mayor alcance, intensidad y complejidad; constituye una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de todo el mundo y un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de los países. La globalización ha dado lugar a nuevas formas de delincuencia transnacional. La delincuencia organizada multinacional ha ampliado el ámbito de sus operaciones, que ahora abarcan desde el tráfico de armas y drogas hasta el blanqueo de dinero. Las redes de trata de personas transportan cada año millones de migrantes ilegales, lo que genera muchos miles de millones de dólares de ganancias. Un país donde impera la corrupción tiene menos probabilidades de atraer inversiones que otro relativamente poco corrupto, con lo cual su crecimiento económico disminuirá. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en la que participan 40 Estados Miembros, es una comisión orgánica del Consejo Económico y Social que formula políticas internacionales y coordina actividades en materia de prevención del delito y justicia penal. Mediante su Programa contra el Delito, la UNODC cumple el mandato determinado por la Comisión, y es la oficina de las Naciones Unidas encargada de la prevención del delito, la justicia penal y la reforma del Derecho Penal. Presta especial atención a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el terrorismo y la trata de personas. Su estrategia se basa en la cooperación internacional y la asistencia a las iniciativas internacionales. También promueve una cultura basada en la integridad y el respeto por la ley, así como la participación de la sociedad civil en la lucha contra el delito y la corrupción. La Oficina respalda la creación de nuevos instrumentos jurídicos internacionales para hacer frente a la delincuencia mundial, entre ellos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos, que entraron en vigor en 2003, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en 2005. Asimismo, ayuda a los Estados a aplicar esos instrumentos

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y suministra cooperación técnica para reforzar la capacidad de los gobiernos de modernizar sus sistemas de justicia penal. Su Unidad contra la Delincuencia Organizada y de Imposición de la Ley ayuda a los Estados a tomar medidas prácticas y efectivas para combatir la delincuencia organizada, en línea con la Convención contra la Corrupción. La Oficina promueve y facilita la aplicación de las Normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, como piedras angulares de sistemas de justicia penal humanos y eficaces, requisitos básicos para combatir la delincuencia nacional e internacional. Más de 100 países se han basado en esas normas para elaborar las leyes y políticas nacionales. Además, la UNODC analiza las nuevas tendencias en materia de delincuencia y justicia, crea bases de datos, publica estudios mundiales y reúne y difunde información, al igual que realiza evaluaciones de las necesidades concretas de los países y establece medidas de alerta temprana, por ejemplo, con respecto a la escalada del terrorismo. En 2003, la UNODC amplió sus actividades de cooperación técnica para fortalecer el régimen legal contra el terrorismo, brindando asistencia técnica y legal a los países para que se adhieran a los instrumentos universales de lucha contra el terrorismo y los apliquen. La UNODC colabora con el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, creado por el Secretario General en 2005 para mejorar la coordinación y la coherencia de los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Los grupos de trabajo de este equipo están formados por 30 entidades internacionales que por su labor están interesadas en combatir el terrorismo. Se ocupan de prevenir y resolver conflictos, dar apoyo a las víctimas del terrorismo, impedir los ataques terroristas que involucren armas de destrucción masiva y responder a ellos, enfrentar la financiación del terrorismo, enfrentar el uso de Internet para fines terroristas, reforzar la protección de blancos vulnerables y proteger los derechos humanos mientras se lucha contra el terrorismo. El Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero ayuda a los gobiernos a combatir a los delincuentes que utilizan el sistema financiero internacional para blanquear el dinero proveniente de actividades delictivas. En estrecha cooperación con las organizaciones internacionales contra el blanqueo de dinero, el Programa proporciona a los gobiernos, a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y a los servicios de investigación financiera planes para combatir el blanqueo, los asesora para optimizar las políticas bancarias y financieras, y presta asistencia a los servicios nacionales de investigación financiera.

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En 2007, la UNODC puso en marcha la Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Luchar contra la Trata de Personas (UN.GIFT) (www.ungift.org), concebida para propiciar un punto de inflexión en el movimiento mundial de lucha contra este delito. El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) (www.unicri.it) es un organismo de investigación interregional estrechamente vinculado con el Programa contra el Delito, de la Oficina contra la Droga y el Delito, que realiza y promueve investigaciones orientadas a prevenir la delincuencia, tratar a los delincuentes y formular mejores políticas. Por decisión de la Asamblea General, cada cinco años se celebra el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, como foro para intercambiar políticas y estimular el progreso en la lucha contra la delincuencia. En estos congresos participan en ellos criminólogos, especialistas en Derecho Penal y altos funcionarios policiales, así como expertos en Derecho Penal, derechos humanos y rehabilitación. El 12º Congreso se celebró en abril de 2010 en Salvador de Bahía (Brasil), para tratar el tema “Estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución”. Ciencia, cultura y comunicaciones

Las Naciones Unidas consideran que tanto los intercambios culturales y científicos como las comunicaciones contribuyen al adelanto de la paz y el desarrollo internacionales. Varios organismos de las Naciones Unidas trabajan en esas áreas. Además de su labor central en materia de educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (www.unesco.org) realiza actividades en los campos de la ciencia y la cultura y fomenta el avance y la transferencia del conocimiento. Ciencias naturales, sociales y humanas

Los programas internacionales e intergubernamentales de la UNESCO en las ciencias naturales incluyen el Programa del Hombre y la Biosfera, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales, el Programa Hidrológico Internacional, el Programa Internacional de Ciencias Fundamentales y el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra. A través de sus iniciativas de enseñanza y formación en ciencias, la UNESCO contribuye también al aumento de la capacidad científica de los países en desarrollo en aras de su desarrollo sostenible.

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Después de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 1997, primer instrumento internacional sobre la ética de las investigaciones genéticas, la Conferencia General de la UNESCO aprobó en 2003 la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y en 2005, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. En sus esfuerzos por facilitar transformaciones sociales favorables a los valores universales de justicia, libertad y dignidad humana, la UNESCO se centra en la investigación en filosofía y ciencias sociales, como la ética de la ciencia y la tecnología; la promoción y la enseñanza de los derechos humanos y la democracia; el combate de todas las formas de discriminación, incluidas las relacionadas con enfermedades como el VIH/SIDA, y el mejoramiento de la situación de las mujeres. En el trabajo de la UNESCO sobre estos temas es fundamental su Programa Intergubernamental sobre la Gestión de Transformaciones Sociales. En 2005, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención Internacional contra las Drogas en el Deporte, que busca eliminar el uso de drogas en el deporte y favorecer sus posibilidades como medio de impulsar la educación, la salud, el desarrollo y la paz. Cultura y desarrollo

Las actividades culturales de la UNESCO se centran en la promoción del patrimonio, tangible e intangible, para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible y la cohesión social; la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y el diálogo entre culturas, con miras a impulsar una cultura de paz, y en la consolidación de factores culturales como base para la reconciliación y la reconstrucción de países que emergen de conflictos o desastres naturales. En 2003, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Declaración de la UNESCO sobre la destrucción intencional del patrimonio cultural, esencialmente en respuesta a la trágica destrucción de los Budas de Bamiyan (Afganistán) en 2001. La Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003 abarca las tradiciones orales, las costumbres, los idiomas, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los saberes tradicionales, las técnicas artesanales tradicionales, la protección de los idiomas en peligro de desaparición y la promoción de la diversidad lingüística. La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 2005, que reconoce los bienes y servicios culturales como portadores de identidades y valores, aspira a fomentar su crea-

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ción, producción, distribución y disfrute de estos bienes y servicios, en particular prestando apoyo a las industrias conexas de los países en desarrollo. Deporte para el desarrollo y la paz

La Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (UNOSDP) (www.un.org/wcm/content/site/sport/), con sede en Ginebra, asiste al Asesor Especial del Secretario General sobre deporte y actúa como instrumento para promover el desarrollo y la paz en sus actividades en todo el mundo como defensor, facilitador y representante de los propósitos sociales del deporte. La Oficina propicia la unión del deporte con el desarrollo, sobre todo invitando a participar a organizaciones deportivas y de la sociedad civil, a deportistas y atletas y al sector privado. A través del diálogo, el intercambio de información y la formación de asociaciones, la UNOSDP estimula los intercambios transversales e interdisciplinarios entre todos los interesados en utilizar el deporte como herramienta para la educación y la salud. Tanto la Oficina como el Asesor Especial trabajan para crear conciencia respecto de la función de la actividad física para impulsar el desarrollo y la paz, incluso en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la promoción de la igualdad de los géneros y la lucha contra el VIH/SIDA. En la preparación y durante la realización de los mayores eventos deportivos mundiales, como la Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos, la UNOSDP fomenta la coordinación y la representación de todo el sistema de las Naciones Unidas. Comunicación e información

La UNESCO promueve la libertad de prensa y los medios de comunicación pluralistas e independientes. Trabaja para favorecer el libre flujo de las ideas, especialmente fortaleciendo las capacidades de comunicación de los países en desarrollo y su acceso a la información y el conocimiento. Ayuda a los Estados Miembros a adaptar sus leyes relativas a las comunicaciones a pautas democráticas y a buscar la independencia editorial en los medios públicos y privados. Cuando se producen violaciones de la libertad de prensa, el Director General de la UNESCO interviene por la vía diplomática o a través de declaraciones públicas. Por iniciativa de la UNESCO, el 3 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El Día Mundial de la Sociedad de la Información se celebra el 17 de mayo, por iniciativa de la Unión

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Internacional de Telecomunicaciones, para impulsar la visión de una sociedad de la información centrada en las personas, incluyente y orientada al desarrollo. Para reforzar la infraestructura y los recursos humanos en el sector de las comunicaciones de los países en desarrollo, la UNESCO proporciona capacitación y conocimientos técnicos y ayuda a elaborar proyectos nacionales y regionales relativos a los medios de comunicación, en especial mediante su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están ampliando el principio de la libre circulación de las ideas, al multiplicar las posibilidades de producir, difundir y recibir información en una escala sin precedentes. La UNESCO intenta asegurar que el mayor número de personas se beneficie de esas oportunidades. Además, estudia las repercusiones sociales y culturales de esas nuevas tecnologías y los enfoques normativos para abordar las cuestiones jurídicas y éticas relativas al ciberespacio. En 2006, las Naciones Unidas pusieron en marcha la Alianza Mundial para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Desarrollo (www.un-gaid.org). Como red de gobiernos, del sector privado, la sociedad civil, las comunidades técnicas y de Internet y el mundo académico, la Alianza es una respuesta directa a la demanda de un foro mundial inclusivo y de una plataforma para el diálogo entre los sectores sobre el uso de las nuevas tecnologías, de modo de alcanzar metas de desarrollo mundialmente acordadas, en particular, la reducción de la pobreza. Entre los objetivos de la Alianza Mundial se cuentan: incorporar el programa mundial sobre las nuevas tecnologías el programa más amplio posible de las Naciones Unidas para el desarrollo; agrupar a las principales organizaciones que trabajan sobre las nuevas tecnologías para el desarrollo (ICT4D) a fin de mejorar la colaboración entre ellas y su eficacia; aumentar la conciencia de los creadores de política sobre los aspectos de las ICT4D; facilitar la identificación de soluciones tecnológicas para objetivos de desarrollo específicos y las asociaciones pertinentes; crear un ambiente estimulante y modelos empresariales innovadores para las inversiones favorables a los pobres y el crecimiento y para empoderar a las personas para vivir en libertad, y actuar como equipo de expertos sobre temas relacionados con las ICT4D y como grupo asesor del Secretario General. El Foro de Gobierno de Internet (www.intgovforum.org) reúne a gobiernos, representantes del sector privado, ONG y las comunidades técnica y académica, para examinar aspectos de la gobernabilidad de Internet.

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La Alianza de Civilizaciones En 2005, el Secretario General Kofi Annan anunció una nueva iniciativa: la Alianza de Civilizaciones (www.unaoc.org). Propuesta inicialmente por el Presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, con el copatrocinio de Recep Tayyip Erdogan, Primer Ministro de Turquía, la Alianza nació como respuesta a la inquietud suscitada por el hecho de que los extremistas se beneficiaban con la sensación de divergencia creciente entre la sociedad islámica y la occidental. La Alianza fue establecida como una coalición con el propósito de promover el respeto mutuo de las diferentes creencias y tradiciones religiosas y de reafirmar la interdependencia cada vez mayor de la humanidad en todos los ámbitos. La Alianza representa un esfuerzo mundial serio por salvar las distancias y superar los prejuicios, los errores conceptuales, las falsas impresiones y las polarizaciones que ponen en peligro la paz mundial. Para orientar la labor de la Alianza se creó un grupo de alto nivel de personalidades destacadas, compuesto por teólogos de renombre, como el Arzobispo Desmond Tutu, de Sudáfrica; la autora Karen Armstrong, del Reino Unido; el Rabino Arthur Schneier, de los Estados Unidos, y el Profesor Mehmet Aydin, de Turquía, así como directores de instituciones culturales, como Ismail Serageldin, de la Biblioteca Alejandrina de Egipto. La Alianza es copresidida por el Sr. Aydin y el Sr. Federico Mayor, antiguo Director General de la UNESCO. En el primer informe del grupo de alto nivel, publicado en 2006, se analizaba el estado de las relaciones entre las sociedades musulmanas y las occidentales y se presentaba una serie de propuestas en materia de educación, medios de comunicación, juventud y migración, con la finalidad de tender puentes y promover la cultura del respeto. También se recomendaba nombrar a un alto representante que ayudase a controlar las crisis que surgen en la intersección entre cultura y política y que adoptase medidas para reactivar el proceso de paz en el Oriente Medio y fomentase el pluralismo político en los países musulmanes. En 2007, el Secretario General Ban Ki-moon nombró al Sr. Jorge Sampaio, ex Presidente de Portugal, primer Alto Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. En 2010, la Alianza celebró su tercer foro anual en Río de Janeiro, con la intención de desarrollar asociaciones para promover la comprensión intercultural a nivel mundial.

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Desarrollo sostenible

En los primeros decenios de existencia de las Naciones Unidas, las cuestiones relacionadas con el medio ambiente apenas figuraban entre las preocupaciones de la comunidad internacional. La labor de la Organización en ese ámbito se centraba en la exploración y la utilización de los recursos naturales y en tratar de asegurar que los países en desarrollo, en particular, mantuviesen el control de sus propios recursos. En los años sesenta se concertaron varios acuerdos sobre la contaminación marina, especialmente respecto de los derrames de petróleo. Desde entonces, ha sido cada vez más evidente que el medio ambiente se deteriora a escala mundial, y la comunidad internacional se ha mostrado cada vez más alarmada por los efectos del desarrollo en la ecología del planeta y en el bienestar de la humanidad. Las Naciones Unidas han sido uno de los principales defensores del medio ambiente y un destacado impulsor del “desarrollo sostenible”. La relación entre el desarrollo económico y la degradación del medio ambiente se incluyó por primera vez en el temario internacional en 1972, con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Después de la Conferencia, los gobiernos crearon el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (www.unep.org), que hasta el día de hoy sigue siendo el principal organismo mundial en la materia. En 1973 se estableció la Oficina de las Naciones Unidas para la Región Sudanosaheliana, actualmente conocida bajo la denominación de Centro del PNUD para el Desarrollo de las Zonas Áridas, con el fin de impulsar la lucha contra la expansión de la desertificación en África occidental. Posteriormente, se le encomendó un mandato de alcance mundial. La entrada en vigor en 1996 de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África imprimió un impulso renovado a las actividades del Centro. En los años ochenta, los Estados Miembros mantuvieron negociaciones históricas sobre cuestiones ambientales, como las relativas a los tratados para la protección de la capa de ozono y el control de los traslados de desechos tóxicos. Gracias a la labor de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada en 1983 por la Asamblea General, se comprendió que era necesario lograr urgentemente un nuevo tipo de desarrollo que asegurara el bienestar económico de las generaciones actuales y futuras protegiendo a la vez los recursos ambientales de los

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que depende todo desarrollo. En el informe presentado por la Comisión a la Asamblea General en 1987, se introdujo el concepto de desarrollo sostenible como enfoque alternativo al desarrollo basado simplemente en un crecimiento económico sin restricciones. Después de examinar el informe, la Asamblea General decidió celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo —conocida como la Cumbre para la Tierra—, en Río de Janeiro (Brasil), en 1992. La Cumbre para la Tierra fue un acontecimiento sin precedentes por sus dimensiones, su alcance y su influencia, y vinculó el desarrollo sostenible con problemas de derechos humanos, población, desarrollo social y asentamientos humanos. En la actualidad, la conciencia acerca de que es necesario preservar y mantener el medio ambiente se refleja en prácticamente todos los ámbitos de intervención de las Naciones Unidas. La dinámica colaboración establecida entre la Organización y los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica y el sector privado ha generado nuevos conocimientos y medidas concretas para solucionar los problemas ambientales que afectan a todos los países. Para las Naciones Unidas, el desarrollo económico y social está inextricablemente unido a la protección del medio ambiente. Para alcanzar el desarrollo sostenible es preciso integrar las preocupaciones económicas, ambientales y sociales en todos los niveles. Programa 21

Los gobiernos dieron un histórico paso para asegurar el futuro del planeta cuando en la Cumbre para la Tierra aprobaron el Programa 21, plan integral de acción mundial en todos los aspectos del desarrollo sostenible. La aplicación del Programa y otros compromisos relacionados con ello fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), en 2002. En el Programa 21, los gobiernos trazaron pautas de acción para que el mundo pudiera abandonar el modelo de crecimiento económico no sostenible, en favor de actividades que protejan y renueven los recursos ambientales, de los que dependen el crecimiento y el desarrollo. Los ámbitos de acción incluyen la protección de la atmósfera; la lucha contra la deforestación, la destrucción del suelo y la desertificación; la prevención de la contaminación del aire y el agua; el fin de la explotación agotadora de las poblaciones de peces, y la promoción de la gestión segura de los desechos tóxicos.

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El Programa 21 aborda, asimismo, las pautas de desarrollo que suponen una carga excesiva para el medio ambiente, como la pobreza y la deuda externa de los países en desarrollo, las modalidades insostenibles de producción y consumo, la presión demográfica y la estructura de la economía internacional. En el Programa de Acción se recomiendan modos para fortalecer la intervención de nueve grupos principales de población —las mujeres, los sindicatos, los agricultores, los niños y los jóvenes, los pueblos indígenas, la comunidad científica, las autoridades locales, las empresas, la industria y las organizaciones no gubernamentales— a fin de alcanzar el desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas han adoptado medidas para integrar el concepto de desarrollo sostenible en todas las políticas y programas pertinentes, mientras que en los proyectos de generación de ingresos cada vez se tienen más en consideración las consecuencias para el medio ambiente. Los programas de asistencia para el desarrollo están dirigidos principalmente a las mujeres, habida cuenta de la función esencial que desempeñan como productoras de bienes, servicios y alimentos, y como personas que cuidan el medio ambiente. Asimismo, se confiere especial prioridad a los imperativos morales y sociales del alivio de la pobreza, al reconocer que su erradicación está hermanada con la calidad ambiental. Para asegurar el pleno apoyo al Programa 21, la Asamblea General estableció en 1992 la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Esta comisión orgánica del Consejo Económico y Social, constituida por 53 miembros, supervisa la ejecución del Programa 21 y demás acuerdos derivados de la Cumbre de la Tierra, así como de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2002. Además, se ocupa de problemas transversales en el contexto del desarrollo sostenible, como los relacionados con la erradicación de la pobreza, la modificación de los patrones de consumo y producción, la protección y administración de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social, la globalización, la salud, los pequeños Estados insulares en desarrollo, África, la igualdad de los géneros y la educación. La División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (www.un.org/esa/dsd) actúa como Secretaría de la Comisión y ofrece servicios técnicos para el fomento de la capacidad para el desarrollo sostenible y servicios de análisis e información.

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Cumbres para el desarrollo sostenible En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), conocida también como Cumbre para la Tierra, se convino que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social eran esenciales para lograr el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los “Principios de Río”. Para conseguirlo, los líderes de todo el mundo aprobaron un plan general, titulado Programa 21, un plan de acción para que el mundo abandone el modelo de crecimiento económico insostenible y adopte otro basado en la protección y renovación de los recursos ambientales. En 1997, la Asamblea General celebró un período extraordinario de sesiones dedicado a la ejecución del Programa 21 (Cumbre para la Tierra+5). Si bien se destacó que es urgente llevar a la práctica el Programa 21, los Estados Miembros disentían sobre cómo financiar el desarrollo sostenible. En el documento final del período de sesiones se recomendó la adopción de las siguientes medidas: fijar objetivos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático; avanzar con más decisión hacia modalidades sostenibles de producción, distribución y utilización de la energía, y centrarse en la erradicación de la pobreza como requisito previo para el desarrollo sostenible. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) se pasó revista a los progresos conseguidos desde la Cumbre para la Tierra. En la Declaración de Johannesburgo y en su Plan de Aplicación, de 54 páginas, figuraban compromisos relativos a objetivos con plazos fijos en materia de saneamiento, utilización y producción de sustancias químicas, mantenimiento y restauración de las poblaciones de peces y reducción de la degradación de la diversidad biológica. Además, se prestó particular atención a las necesidades especiales de África y de los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como a cuestiones nuevas, como las pautas sostenibles de producción y consumo, energía y minería. En 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o “Río+20”, tendrá lugar en Río de Janeiro.

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 —celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) para realizar un balance de los logros, los problemas y las nuevas cuestiones surgidas desde la Cumbre para la Tierra de 1992— fue una cumbre de “ejecución”, destinada a traducir en acciones tangibles los objetivos, las promesas y los compromisos del

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Programa 21. En ella participaron más de 22.000 personas, incluidos 100 Jefes de Estado, más de 8.000 representantes de ONG, empresas y otros grupos importantes, y 4.000 periodistas. Un número incluso superior asistió a actos paralelos conexos. Los Estados Miembros aprobaron la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y un Plan de Aplicación, de 54 páginas, en el que se detallaban las acciones prioritarias. La Cumbre reafirmó que el desarrollo sostenible es un elemento central del programa internacional y destacó los vínculos entre el desarrollo económico y social y la conservación de los recursos naturales, sentando las bases para adoptar medidas sostenidas que ayuden a solucionar los problemas más urgentes de ámbito mundial. Los compromisos acordados a nivel mundial se complementaron con varias iniciativas voluntarias de colaboración en pro del desarrollo sostenible. Financiación del desarrollo sostenible

En la Cumbre para la Tierra de 1992 se acordó que la mayor parte de la financiación del Programa 21 procedería de los sectores público y privado de cada país. Sin embargo, se consideró que también hacían falta nuevos fondos externos para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo, a fin de aplicar prácticas de desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente mundial. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) (www.thegef.org/gef), creado en 1991, ayuda a los países en desarrollo a financiar proyectos que protejan el medio ambiente mundial y promuevan medios de vida sostenibles en las comunidades locales. Con el correr de los años ha aportado subvenciones por más de 9.200 millones de dólares y ha reunido más de 40.000 millones de dólares en concepto de cofinanciación con gobiernos beneficiarios, organismos internacionales de desarrollo, la industria privada y las ONG para financiar 2.700 proyectos en 165 países en desarrollo y de economía en transición. Los fondos del FMAM son el principal medio para alcanzar las metas de las convenciones sobre la diversidad biológica, el cambio climático, la desertificación y los contaminantes persistentes. En línea con esos objetivos, los proyectos del FMAM —realizados principalmente por el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial— tienen por finalidad conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica, hacer frente al cambio climático mundial, remediar la degradación de las aguas internacionales, eliminar paulatinamente las sustancias que agotan la capa de ozono, luchar contra la degradación del suelo y la sequía, y reducir y erradicar la producción y utilización de ciertos contaminantes orgánicos persistentes.

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Los siguientes organismos contribuyen a la gestión y ejecución de los proyectos del FMAM: el Banco Africano de Desarrollo (www.afdb.org), el Banco Asiático de Desarrollo (www.adb.org), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (www.ebrd.org), la FAO (www.fao.org), el Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (www.ifad.org) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (www.onudi.org.mx). Medidas en favor del medio ambiente

Aunque todo el sistema de las Naciones Unidas participa de distintas maneras en la protección del medio ambiente, el principal organismo en este ámbito es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (www.pnuma.org). Como conciencia ecológica del sistema de las Naciones Unidas, el PNUMA se ocupa de evaluar el estado del medio ambiente mundial y determinar qué cuestiones requieren cooperación internacional; también ayuda a formular legislación internacional sobre medio ambiente y a integrar las cuestiones ambientales en los programas y políticas sociales y económicos del sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA, cuyo lema es “El medio ambiente al servicio del desarrollo”, ayuda a resolver los problemas que los países no pueden solucionar por sí solos y ofrece un foro para el consenso y la concreción de acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, trata de fomentar la participación de las empresas y la industria, la comunidad científica y académica, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios y otros agentes en el logro del desarrollo sostenible. El Programa tiene seis áreas prioritarias: el cambio climático, desastres y conflictos, gestión del ecosistema, gobernabilidad ambiental, sustancias tóxicas y eficiencia en el uso de los recursos. La investigación científica promovida y coordinada por el PNUMA ha generado numerosos informes sobre el estado del medio ambiente. Informes como el Global Environment Outlook (www.unep.org/geo) han creado conciencia en todo el mundo respecto de los nuevos problemas ambientales, e incluso han dado lugar a negociaciones internacionales en torno a convenciones sobre el medio ambiente. El PNUMA cuenta con una red creciente de centros de excelencia, como el Centro Mundial del PNUMA de Vigilancia de la Conservación, la Base de Datos sobre Recursos Mundiales; el Centro Risø sobre Energía, Clima y Desarrollo Sostenible; el Centro del PNUMA de Colaboración en Materia de Agua y Medio Ambiente, la Global Reporting Initiative (GRI), y el Convenio de Basilea para la Energía Sostenible.

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Cambios en el comportamiento humano Para alcanzar el desarrollo sostenible en todo el mundo es indispensable modificar las pautas de producción y consumo, es decir, qué producimos, cómo lo hacemos y cuánto consumimos. Las Naciones Unidas trabajan para apoyar los esfuerzos necesarios, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo, para crear y aplicar políticas al respecto; para promover la producción más limpia; para crear más conciencia e intensificar la responsabilidad individual y empresaria. Estos temas necesitan ser discutidos por las empresas y la industria, los gobiernos, las organizaciones de consumidores, los organismos internacionales, la comunidad académica y las organizaciones no gubernamentales. Utilizar menos recursos y reducir el despilfarro es además un buen negocio. Se ahorra dinero y se generan más beneficios, a la vez que se protege el medio ambiente. Conservando los recursos naturales y causando menos contaminación se promueve una mejor salud y se preserva el planeta para las futuras generaciones.

La División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA (www.unep.org/ resources/business/DTIE) participa de los esfuerzos de las Naciones Unidas para estimular a los responsables de tomar decisiones en los gobiernos, la industria y las empresas a que adopten políticas, estrategias y prácticas más limpias y seguras, a utilizar en forma más eficiente los recursos naturales y a reducir los riesgos de contaminación para las personas y el medio ambiente. La División facilita la transferencia de tecnologías más seguras, más limpias y más respetuosas con el medio ambiente, especialmente en relación con la gestión de las ciudades y del agua potable; ayuda a los países a crear capacidad para la gestión adecuada de las sustancias químicas y para mejorar la seguridad en relación con la química en todo el mundo; apoya la paulatina eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono en los países en desarrollo y con economías en transición; brinda asistencia a los encargados de decidir para que tomen sus decisiones en materia de energía mejor y con más información, y trabaja con los gobiernos y el sector privado para integrar consideraciones ambientales en todas las actividades, prácticas, productos y servicios. La Secretaría Técnica de Productos  Químicos (www.chem.unep.ch) —rama química de la División de Tecnología— del PNUMA ofrece a los países acceso a información sobre sustancias químicas tóxicas; ayuda a crear capacidad para producir, utilizar y deshacerse de sustancias

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químicas de forma segura, y apoya acciones regionales e internacionales para reducir o eliminar los peligros químicos. En 2001, el PNUMA facilitó la realización de la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, un tratado para reducir y eliminar las emisiones de las sustancias químicas capaces de persistir intactas en el ambiente por largos períodos, de diseminarse en vastas áreas geográficas, de acumularse en los tejidos grasos de organismos vivos, y que son altamente tóxicas para las personas y la fauna salvaje. Algunas de ellas son plaguicidas, sustancias químicas empleadas en la industria y productos secundarios sumamente móviles, que se acumulan en la cadena alimentaria. A lo largo de los años, el PNUMA ha actuado como catalizador de las negociaciones de acuerdos internacionales que constituyen la piedra angular de los esfuerzos de las Naciones Unidas para detener e invertir el daño al planeta. El histórico Protocolo de Montreal de 1987 y sus subsiguientes enmiendas intentan conservar la capa de ozono de la estratosfera. El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, de 1989, ha reducido el peligro de contaminación por desechos tóxicos. En colaboración con la FAO, el PNUMA facilitó en 1998 la negociación del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, que otorga a los países importadores el poder de decidir qué sustancias químicas quieren recibir y excluir las que no puedan manejar con seguridad. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres de 1973, es universalmente reconocida por su contribución al control del comercio de especies animales y vegetales silvestres. El PNUMA brindó asistencia a los gobiernos africanos para la elaboración del Acuerdo de Lusaka sobre operaciones conjuntas de represión del comercio ilícito de fauna y flora silvestres, de 1994. La Convención de la Diversidad Biológica de 1992 y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de 2000 buscan conservar y alentar el uso sostenible y equitativo de la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos del planeta. El PNUMA ha contribuido, también, a negociar y aplicar convenios sobre la desertificación y el cambio climático. Cambio climático y calentamiento de la Tierra

Desde el inicio de la era industrial, en forma constante, y en la actualidad peligrosa, se han acumulado en la atmósfera “gases de efecto invernadero”, lo cual incrementa permanentemente la temperatura en la Tierra. Cuando se queman combustibles fósiles para generar energía o cuando se talan y

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queman los bosques se libera dióxido de carbono, que va a la atmósfera. La acumulación de esos gases —como el metano y el óxido nitroso, entre otros— ha llegado a tal extremo que el planeta corre peligro de sufrir enormes consecuencias potencialmente destructivas. El sistema de las Naciones Unidas está respondiendo frontalmente a este problema a través de su trabajo sobre el cambio climático (véase www.un.org/climatechange). En 1988, cuando las investigaciones empezaban a indicar la posible gravedad del problema, dos órganos de las Naciones Unidas, el PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), unieron fuerzas para crear el Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (www.ipcc.ch) con el objeto de consolidar los conocimientos referidos al cambio climático y trazar un plan hacia el futuro. El Grupo es una red mundial de 2.500 científicos y expertos eminentes que contribuyen en forma voluntaria a estudiar las investigaciones científicas sobre la materia con la finalidad de elaborar un enfoque coordinado del problema y jurídicamente vinculante. En reconocimiento a su labor, el Grupo recibió en 2007 el Premio Nobel de la Paz, compartido con el ex Vicepresidente de los Estados Unidos Albert Arnold (Al) Gore Jr. En atención a las advertencias de científicos de todo el planeta, los países del mundo se reunieron en Río de Janeiro para suscribir en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (www.unfccc.int). Hasta la fecha, 194 países se han adherido a este tratado internacional, por el cual los países desarrollados acordaron reducir a los niveles de 1990 las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera. También acordaron transferir a los países en desarrollo la tecnología y la información necesarias para ayudarlos a hacer frente a los problemas derivados del cambio climático. En 1995, las pruebas presentadas por los científicos del Grupo dejaron en claro que los objetivos de 1992 no serían suficientes para evitar ni el calentamiento de la Tierra ni los problemas concomitantes. Por ello, los países que habían ratificado la Convención se reunieron en Kyoto (Japón) en 1997 y acordaron un protocolo jurídicamente vinculante en virtud del cual los países desarrollados debían reducir en un 5,2% sus emisiones colectivas de seis gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. Hasta la fecha, 192 Estados se han adherido al Protocolo de Kyoto, en el que también se establecieron varios “mecanismos” innovadores para hacer menos costosa la reducción de las emisiones.

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Informe de síntesis sobre el cambio climático El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó en 2007 un informe de síntesis que exponía una serie de descubrimientos importantes sobre este problema de importancia vital para todo el mundo, incluidos los siguientes: • “El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como ya es evidente por el aumento observado del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos polares y el aumento del promedio mundial del nivel del mar […]. Este aumento de temperatura está distribuido por todo el planeta y es más acentuado en las latitudes septentrionales superiores”. • “Las emisiones mundiales de GEI [gases de efecto invernadero] por efecto de actividades humanas han aumentado desde la era preindustrial en un 70% entre 1970 y 2004 […]. Hay un alto nivel de coincidencia y abundante evidencia respecto a que, con las políticas actuales de mitigación de los efectos del cambio climático y con las prácticas de desarrollo sostenible que esas políticas acarrean, las emisiones mundiales de GEI seguirán aumentando en los próximos decenios”. • “De proseguir las emisiones de GEI al ritmo actual o a un ritmo mayor, el calentamiento se intensificaría y provocaría numerosos cambios en el sistema climático mundial durante el siglo xxi […]. El calentamiento antropógeno podría producir impactos abruptos o irreversibles”. • “Hay pruebas nuevas y más claras del impacto evidente del cambio climático en sistemas singulares y vulnerables (por ejemplo, las comunidades y ecosistemas polares y de alta montaña); el impacto es más adverso cuanto más aumenta la temperatura”. • “Ya hay un grado mayor de certidumbre de que aumentarán las sequías, las olas de calor y las inundaciones, así como sus impactos adversos”. • “Cada vez hay más evidencia de la mayor vulnerabilidad de determinados grupos, como los pobres o los ancianos, no sólo en los países en desarrollo sino también en los desarrollados. Es claramente evidente que las áreas de baja latitud y las menos desarrolladas suelen estar expuestas a mayores riesgos, por ejemplo en las zonas secas y en los grandes deltas [...]. El aumento del nivel del mar por efecto del calentamiento es inevitable”. • “Los gobiernos disponen de una gran diversidad de políticas e instrumentos para crear incentivos para aplicar medidas de mitigación [...]. Hay un

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acuerdo muy amplio y abundante demostración de que el establecimiento de una respuesta mundial al cambio climático, el estímulo de políticas nacionales y la creación de un mercado internacional del carbono y de nuevos mecanismos institucionales al respecto son logros notables de la Convención sobre el Cambio Climático y de su Protocolo de Kyoto, que podrían sentar las bases de los futuros esfuerzos de mitigación”.

El Protocolo de Kyoto entró en vigor en 2005. De los seis gases que se pretende controlar, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso están presentes en forma natural en la atmósfera, pero las actividades humanas han elevado su nivel drásticamente. El hexafluoruro de azufre es un gas sintético que tiene efectos devastadores en la atmósfera (un kilogramo de hexafluoruro equivale a 22.000 kilogramos de dióxido de carbono). En cuanto a los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos, también sintéticos, un kilogramo de una u otra sustancia equivale a muchas toneladas de dióxido de carbono a efectos del calentamiento por efecto invernadero. A través del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo (www.cdmbazaar.net) los proyectos que reduzcan las emisiones de gases de invernadero en los países en desarrollo y contribuyan al desarrollo sostenible pueden ganar créditos por la reducción de emisiones, que los países desarrollados pueden comprar para cubrir una parte de sus compromisos de reducción de emisiones. Cuando las Naciones Unidas comenzaron a movilizar a la opinión pública para hacer frente a la amenaza representada por el cambio climático, muchos aún pensaban que se trataba de una teoría no demostrada. Las diferencias entre las distintas opiniones científicas, aun siendo mínimas, se expresaban con fuerza, y los medios necesarios para crear modelos predictivos todavía estaban en proceso de perfeccionamiento. Sin embargo, a principios de 2007 el Grupo, aprovechando avances fundamentales en la preparación de modelos climáticos y en la reunión y análisis de los datos, y basándose en un examen de los estudios científicos más recientes verificados por homólogos, afirmó con un 90% de certeza que la Tierra se estaba calentando en forma apreciable y que el calentamiento iba en aumento a un ritmo que cabía atribuir directamente a la actividad humana y que empeoraría de no adoptarse medidas correctivas enérgicas. El informe —Informe de síntesis sobre el cambio climático, 2007— representa el consenso de científicos y expertos en climatología de 40 países y ha sido refrendado por 113 gobiernos, e indica que el mundo deberá enfrentar un aumento de la temperatura de alrededor de tres grados centígrados hacia finales de este siglo si las emisiones de gases

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de efecto invernadero siguen al mismo ritmo. Eso tendría como consecuencias temperaturas más extremas, olas de calor, modificaciones en la circulación de los vientos, sequías peores en algunas partes, mayores precipitaciones en otras, deshielos de glaciares y de la capa de hielo ártica, y aumentos del nivel del mar en todo el mundo. Aunque está previsto que disminuya el número de ciclones tropicales (tifones y huracanes), se estima que ganarán en intensidad conforme los vientos alcancen velocidades máximas superiores y se intensifiquen las precipitaciones como consecuencia del calentamiento de las aguas de los océanos. El Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, aprobado por 168 países en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de los Desastres, celebrada en Kobe (Japón, 2005), incluye recomendaciones que pueden contribuir a la reducción de los riesgos de desastre derivados de las condiciones climáticas, pero en última instancia lo único que puede surtir efecto es contrarrestar los efectos del calentamiento del planeta devolviendo la sostenibilidad a la atmósfera. Por fortuna, ya se han descrito los medios para alcanzar este objetivo, que será viable siempre y cuando las naciones y los pueblos de todo el mundo colaboren en su consecución. Además de las medidas de ámbito nacional previstas en la Convención sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, las Naciones Unidas reconocen que es necesaria la intervención de particulares, municipios y organizaciones no gubernamentales, entre otros órganos. Por ejemplo, la campaña “Plantemos para el planeta 1.000 millones de árboles”, lanzada por el PNUMA en 2006 para contribuir a mitigar la acumulación de dióxido de carbono, dio como resultado más de 7.400 millones de árboles plantados a finales de 2009. En 2007, la Fundación de las Naciones Unidas y Sigma XI, sociedad de investigación científica, publicaron el informe Confronting Climate Change: Avoiding the Unmanageable and Managing the Unavoidable [Enfrentando el cambio climático: evitar lo no gestionable y gestionar lo inevitable], que concluía que en los próximos decenios la comunidad mundial podría aminorar considerablemente, y más adelante reducir, el volumen mundial de emisiones de gases de efecto invernadero aplicando políticas eficaces en función de los costos y empleando tecnologías establecidas o emergentes. Entre sus recomendaciones de política figuraban la fijación de normas sobre eficiencia de los vehículos, el establecimiento de impuestos