CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 27 de octubre
Protestas afuera de la toma de la CNDH donde compxs feministas subastan pinturas de Madero, Hidalgo, Morelos y Juárez intervenidas. Sep 2020. Foto: El Financiero.
La investidura
Javier Sicilia - Revista Proceso - 19 de octubre de 2021 La investidura es el símbolo de un reconocimiento: la entrega de algo que dota a quien lo recibe de la vestidura interior de un poder. En el Medioevo era el acto por el que un monarca entregaba una dotación de tierras que obligaba a quien la recibía a guardar fidelidad. El gesto se cumplía mediante un doble símbolo: el monarca entregaba al investido un puño de tierra, por ejemplo, y el investido un juramento de lealtad. La modernidad ha preservado su sustancia en muchas ceremonias. En el caso del poder político en México, quien presidirá a la nación es investido por el voto del pueblo en una ceremonia en la que, primero, jura la fórmula redactada en el artículo 87 de la Constitución: la promesa de “guardarla”, es decir, de cuidarla, y, luego, al recibir la banda presidencial de manos del presidente del Congreso –encarnación del pueblo–, la coloca él mismo en su cuerpo. En ese instante, ese hombre ordinario es “investido”, dotado interiormente y de manera cuasisobrenatural del poder del mando. Desde las épocas del viejo PRI, en las que la investidura presidencial era incuestionable, nadie como López Obrador la ha usado de manera tan arbitraria. Al mismo tiempo que la usa para denostar y humillar públicamente a quienes no le agradan, la utiliza para evitar cualquier debate público, como sucedió el 26 de enero de 2020, cuando las víctimas llegamos a Palacio Nacional a pedirle una explicación pública de por qué había traicionado la agenda de Justicia Transicional pactada con él y trabajada con su gobierno para crear una política de Estado de Justicia y Paz. “No voy a manchar la investidura”, dijo después de insultarnos y calificarnos de ser un show. Lo mismo hizo recientemente cuando, ante el llamado de Lilly Téllez a “enfrentar” al “violador serial de la Constitución” durante la entrega de la presea Belisario Domínguez, se negó a asistir porque necesita “cuidar la investidura”. 1
La usa lo mismo para perseguir discrecionalmente la corrupción de sus antecesores, que para proteger la de sus vasallos (su hermano Pío, su fiscal Gertz Manero o al crimen organizado que se mueve a sus anchas por todo el país). Lo mismo para ignorar a las víctimas, que para saludar y rendir deferencia a la familia del Chapo Guzmán. López Obrador cree que la “investidura” es una coraza que lo transfigura y le permite decir o hacer cualquier cosa sin dañar ni dañarse. Como Monsieur Jourdain, de El burgués gentilhombre de Moliere o como Pardavé en El gran Makakikus, la versión mexicana de la obra de Moliere, López Obrador se siente investido de una ridícula omnipotencia. Desde el momento en que la banda presidencial cruzó su pecho y su espalda, se sintió, como Cristo, habitado por una doble naturaleza, un argumento teológico que, después de arduas discusiones para entender la Encarnación, se estableció como dogma en el Concilio de Caledonia en 451, y que más tarde se utilizó en sentido inverso para hablar de los dos cuerpos del rey y legitimar su “divinidad”; un argumento que pervive, junto con el de la “investidura”, como tentación y a veces como acto en quien es investido del poder político de gobernar. Según Jesús Silva-Herzog Márquez, que resume con precisión esa tesis en las primera páginas de su espléndido libro La casa de la contradicción (Tusquets, 2021), el rey, investido por derecho divino, era “un sujeto que, a pesar de tener todas las limitaciones físicas e intelectuales de cualquier ser humano, debía ser tratado como el depositario de la última razón, un ser que ocupaba el espacio de todo el reino y que era incapaz de hacer el mal (…) En el almacén de sus órganos se encontraba el poder. Ahí, la boca de la ley, los brazos de la justicia, la mirada de la moral, el puño del imperio. Toda interrogación política, legal e incluso estética desembocaba en ese cuerpo sobrehumano. Toda pregunta encontraría respuesta en ese lugar (…) los linderos del bien y el mal trazados por una dicción inapelable; el contenido de la justicia manando de una garganta”. Seguramente López Obrador no conoce esta ficción de los dos cuerpos que señoreó el imaginario político de las monarquías en el Medioevo, pero habita en el suyo como en el inconsciente colectivo, 2
diría Jung, vive la idea de la investidura que se lo concede. No importa que se le critique, él marca la agenda, incluso la de la crítica. Él decide qué es la justicia y qué la injusticia, quién es víctima y quién no, qué está bien y qué mal, qué debe debatirse y qué no, y aún ahí es incuestionable en el cuestionamiento. Por eso no enfrenta cara a cara a sus críticos ni habla con ellos. Por eso se resguarda en el Palacio Nacional y en el templete controlado. Nada hay que lo cuestione. En su cuerpo ordinario, pachorrudo y vehemente a la vez, “la ley, el saber, la justicia, la memoria, el sentido del arte”, que le otorgó la sabiduría divina transformada en Pueblo, están salvaguardados. En esta época de tufo apocalíptico, López Obrador, lector rascuache del Evangelio y émulo suyo no menos grotesco, pertenece a aquello de los que, al hablar de tiempos como éste, Cristo dijo: “Vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañará”. El caos que esos seres generan y que antecede a la ruina será por mucho tiempo incontrolable. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
La ira de los violentos
Abel Barrera Hernández - Montaña adentro - Desinformémonos 13 octubre 2021 Por el Covid-19 las muertes maternas entre las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero se han incrementado, sobre todo porque las autoridades de salud no han focalizado su atención para dar seguimiento puntual a las mujeres embarazadas. Se tiene un reporte que sólo el 40% de esta población se encuentra vacunada. 3
Muchas de ellas son hospitalizadas porque se han contagiado del SARS-Cov2. No tuvieron oportunidad para vacunarse debido a que las brigadas de vacunación se concentraron en las cabeceras municipales y en algunas comunidades indígenas de Tlapa, Malinaltepec, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas. La desatención tiene consecuencias fatales porque el único hospital de la Montaña carece de personal médico. Esta institución funciona, siempre y cuando los familiares de las pacientes carguen con todos los gastos de su tratamiento. Solo se proporciona la consulta médica y alguna cama en pésimas condiciones para las enfermas que requieren hospitalización. El desabasto de medicamentos es un problema generalizado en el estado, al grado que la cobertura del cuadro básico está por debajo del 35%. En las regiones pobres como la Montaña las enfermedades desangran la economía de las familias indígenas, sin que las autoridades asuman la responsabilidad de velar por el derecho a la salud. La lucha de las mujeres indígenas contra la violencia ha desencadenado reacciones violentas por parte de sus agresores que compran la justicia tanto en el ámbito comunitario como en la misma Fiscalía que supuestamente protege a las mujeres. Dentro de las comisarías municipales son los hombres que desde los parámetros de la cultura machista dictan castigos a las mujeres que huyen del domicilio de su pareja para poner a salvo su vida. De forma recurrente se les encarcela, se les impone multas impagables por los pagos de los matrimonios forzados, se les obliga a regresar con su agresor. La ausencia de las instituciones del estado, propician estas acciones que atentan contra los derechos y la dignidad de las mujeres. La Fiscalía del estado forma parte de este entramado delincuencial que protege a los hombres violentos. Las violaciones sexuales contra niñas indígenas se han multiplicado y los casos de feminicidios forman parte de los principales delitos de alto impacto. Una parte de las remesas que envían los migrantes la destinan para pagar abogados particulares y a la ministerio público que se colude con los perpetradores, para interponer denuncias contra las 4
mujeres indígenas que han decidido separarse de su pareja y huir de los domicilios, donde son maltratadas y abusadas sexualmente. De las personas jornaleras que son enganchadas por mayordomos de la región, el 49 por ciento lo conforman las niñas y mujeres indígenas. Un gran número son monolingües y han truncado sus estudios básicos ante la imposibilidad de cubrir los gastos que implican para acudir a la escuela. De las mujeres adultas un 25 por ciento son madres solteras que llevan a sus pequeñas hijas a los campos agrícolas. Los hijos que han cumplido 12 años también se contratan en algunos campos agrícolas que no están registrados en la secretaría del trabajo. Las mujeres y las niñas realizan tareas muy pesadas, sobre todo cuando cargan arpillas de 50 kilos de chile serrano, para recibir un pago de 22 pesos por cada viaje. En el corte de tomatillo obtienen 5 pesos por una cubeta de 20 kilos. Su precario sueldo tiene que alcanzar para la compra de comida y el pago de la renta. Es una migración semiesclavizante, que les permite sobrevivir trabajando en los surcos. Las mujeres embarazadas solo descansan uno o dos días después del parto. No hay consideración alguna por su estado de gravidez. A los patrones no les importa que las mujeres tengan sus hijos en las galeras o en el mismo surco. Más bien reproducen su visión racista al calificar estos hechos como parte de las costumbres indígenas y del atraso en que viven. Las mujeres al disputar su derecho a la tierra son mal vistas por los comuneros. Ante la imposibilidad de negarles este derecho, la asamblea en contubernio con las autoridades agrarias, toman el acuerdo de asignarles un cargo que implica mucha responsabilidad, como forma de castigo. Es una medida drástica para evidenciar que las mujeres no son capaces de cumplir con este servicio. Se trata de evitar que otras mujeres reclamen su derecho a poseer la tierra como sucede con los jefes de familia. Si no cumplen con las cooperaciones y los cargos se les castiga con cárcel, dejándolas en la indefensión. La presencia de los grupos criminales en las cabeceras municipales ha incrementado la violencia por la proliferación de negocios 5
ilícitos y la disputa que ejerce en los territorios para el control y trasiego de drogas. Los mismos conflictos agrarios se han transformado en un terreno fértil para la venta de armas, para atizar una confrontación sangrienta. No hay una instancia federal que brinde atención a esta alta conflictividad comunitaria. En el plano estatal se sobrellevan estos problemas con reuniones infructuosas y desgastantes. Se han suscitado incursiones armadas que han ocasionado asesinatos de personas mayores, de madres de familia y hasta de niñas y niños. Se ha dejado crecer el sentimiento de venganza ante la inacción de la Guardia Nacional, que las mismas autoridades comunitarias han exigido para el repliegue de los violentos. La violencia diaria ha roto el tejido comunitario, generando mayor rivalidad entre los pueblos y familias. Se ha profundizado el odio al grado que hay grupos de jóvenes que se atrincheran para balacear a cualquier persona que camine cerca de los terrenos en disputa. Ya no hay denuncias penales porque se filtra la información y se pone en mayor riesgo a las madres de familia que se atreven a pedir justicia. Además de los asesinatos hay personas desaparecidas, varias de ellas mujeres y niñas. Se han dado casos donde queman los cuerpos de las víctimas para causar terror y mayor dolor entre las familias pobres. Tanto la pandemia como el crimen organizado y las mismas autoridades de los tres niveles de gobierno han sido factores que propician las muertes por enfermedad, agresiones y armas de fuego de las mujeres indígenas que luchan por su sobrevivencia y siguen dando la batalla para contener la ira de los violentos.
Más adherentes al litigio contra el Tren Maya
Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo - La Jornada - 24 de octubre de 2021 Organizaciones indígenas y campesinas, centros de derechos humanos, sindicatos, asociaciones medioambientalistas y colectivos de mujeres de diversos estados del país se adhirieron a las voces organizadas de la Península de Yucatán y de Chiapas que exigen 6
al gobierno federal el “efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra el denominado Tren Maya”. El listado nacional de adhesiones al reclamo contra el proyecto estratégico del sexenio, es parte de la radiografía de la resistencia de este país. Los y las firmantes son parte de diversos sectores de la sociedad que, lejos de ser escuchados, han sido descalificados en su lucha por la defensa del territorio, la libre expresión, el respeto a los recursos naturales y las reivindicaciones de las mujeres. El megaproyecto, explicaron en un comunicado, viola derechos humanos ambientales; el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, a la vivienda, a la salud y a la información pública, y por eso los amparos en su contra que, lamentan, luego de 15 meses de iniciados, “siguen a la espera de ser admitidos, puesto que los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro”. Las organizaciones afirman que han hecho sobrevuelos en los tramos previstos en la ruta del tren, “particularmente en diversos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo”, donde se han “observando actividades al margen de la ley, como la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos”, entre otras irregularidades. En los sobrevuelos, aseguran, constataron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que juzgados de distrito y tribunales colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, mismas que obligan a las autoridades ha abstenerse de ejecutar obras nuevas del Tren Maya. Continuar descalificando a los y las guardianas del territorio, e ignorando las leyes que los amparan, no es un camino aceptable. losylasdeabajo@yahoo.com.mx 7
Viejos fantasmas
Sergio Ramírez - La Jornada - 23 de octubre de 2021 Los términos izquierda y derecha nunca han sido tan confusos como hoy en América Latina, pero sobre todo tropezamos con valladares de entendimiento cuando nos referimos a la izquierda, que padece de un síndrome de identidad. Hay una izquierda conservadora metida en el túnel del tiempo que no puede orientarse hacia la salida del siglo XXI porque tiene enfrente de los ojos la enorme piedra filosofal de la añoranza soviética. El partido, duro y monolítico, que guía a las masas hacia un futuro sin mácula, y está la otra, de los viejos guerrilleros ideológicos que ven en la lucha armada un ideal que saben desgastado, pero para el que no encuentran sustituto. Los acuerdos de paz conseguidos en Colombia bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, significaron la renuncia a las armas de las FARC, el más viejo de los movimientos guerrilleros de América Latina, ya cuando la lucha armada como método de toma del poder había perdido todo prestigio. Antes, los acuerdos de paz de Esquipulas, conseguidos bajo el plan impulsado por el presidente Arias de Costa Rica, terminaron con las guerras de la década de los 80 del siglo pasado en Centroamérica: la que se libraba en Nicaragua entre el régimen de guerrilleros sandinistas en el poder respaldados por la Unión Soviética, y los contras financiados por Estados Unidos, y las guerrillas del FMLN en El Salvador, y la URNG en Guatemala, cuyos dirigentes pasaron a la vida política civil. Pero lo que se dio entonces fue una situación de orfandad. Estos procesos de paz de antes del fin del siglo coincidían con la caída del Muro de Berlín. La década de los 90 fue de agonía para la izquierda ortodoxa, que nunca estuvo dispuesta a hacer concesiones, porque sus ideas fundamentales quedaron desmanteladas: 8
el partido único o hegemónico en control del Estado; éste como empresario único; y la democracia proletaria, contraria a la democracia burguesa. Para quienes se negaron a aceptar que aquel mundo, en parte irreal y en parte real –se habló mucho entonces del socialismo real a la hora del derrumbe– había dejado de existir, todo se quedó en una nostalgia viciosa. No vieron, y muchos aún no lo ven desde esa estricta ortodoxia, que la única salida para la izquierda es hacerse parte del sistema democrático sin apellidos, que empiezan por competir por el poder en elecciones, y aceptar que a través de los procesos electorales se gana o se pierde. Pero entonces, antes de empezar el nuevo siglo, el desgaste del sistema democrático en Venezuela, que perdió credibilidad por falta de renovación, le abrió las puertas al fenómeno populista de Chávez, algo que no era nuevo en América Latina –basta recordar a Perón y a Getulio Vargas–, pero que venía insuflado de un nuevo espíritu mesiánico y redentor, y volvió a poner de moda el lenguaje anquilosado de la izquierda tradicional. Es cuando se crean las mayores confusiones acerca de la izquierda, porque detrás del populismo de Chávez, con sus petrodólares benefactores, un viejo ortodoxo como Ortega aparece también como populista en Nicaragua, porque puede disponer de los cerca de 5 mil millones de dólares que le llegan desde Venezuela a lo largo de varios años, y populista es también Evo Morales en Bolivia. Todos, junto con la Cuba de Fidel Castro, que sin la munificencia de Chávez no hubiera sido capaz de sobrevivir. El populismo de izquierda que desangra a Venezuela. Pero entrado el siglo XXI, el populismo pasa a ser también de derecha, un populismo cerrado ideológicamente, el que Trump alienta en Bolsonaro, sectario, intransigente, demagógico. Pero también Maduro, el heredero de Chávez, es un demagogo que erige su discurso altisonante sobre las ruinas de una nación empobrecida al extremo por la corrupción y el dispendio. 9
Y un dirigente político de la vieja guardia de izquierda, como Cerrón en Perú, hasta hace poco seguro en su papel de poder detrás del trono del profesor Castillo, exhibe un discurso homofóbico y misógino, un conservador de izquierda, que se toca con el de Bolsonaro. Y en el mismo saco, las leyes de Ortega que castigan a quienes él juzga que atentan contra la soberanía nacional, son leyes como las de Putin, pero también como las de Mussolini. Los grandes polos políticos en América Latina continuarán siendo los partidos de izquierda y de derecha dispuestos a aceptar la alternancia como la regla fundamental del juego. Una izquierda o una derecha tramposas, que al llegar al poder por la vía electoral asuman el designio de quedarse para siempre, concentrando todo el poder a cualquier costo, son la negación misma de la democracia, y lo único que hacen es crear nuevos ciclos de violencia. El caudillo, sea de izquierda o sea de derecha, es un viejo fantasma que hace sonar sus cadenas de fanatismo, sectarismo, y represión de las ideas y de la libre expresión del pensamiento. Una obsolescencia de nuestra historia, que conspira contra toda posibilidad de modernidad. www.sergioramirez.com · Facebook: escritorsergioramirez Twitter: sergioramirezm · Instagram: sergioramirezmercado
De vida o muerte
Silvia Ribeiro* - La Jornada - 23 de octubre de 2021 En las últimas semanas han ocurrido varios sucesos relevantes en la lucha contra el maíz transgénico y el cancerígeno glifosato que muestran la importancia que tiene el maíz nativo para la población, organizaciones y comunidades en México, pero también el empeño de las trasnacionales para seguir lucrando a costa de la salud de la gente y el ambiente. 10
A principios de octubre se hizo público que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) rechazó por primera vez un maíz transgénico de Bayer-Monsanto para consumo. En años anteriores autorizó decenas de transgénicos de maíz. No para siembra, que es competencia de la comisión de bioseguridad. Casi todo el maíz importado va como forraje al negocio trasnacional de cría industrial de cerdos y pollos, pero este puede llegar a consumo humano intencional o accidentalmente en el trasiego, almacenamiento, procesamiento o en usos alimentarios industriales. Ya se comprobó contaminación transgénica de maíz nativo, que podría tener este origen. Cofepris basó su decisión en el principio de precaución, como debería haber sido siempre, pero antes funcionaba como borrego de las empresas. Bayer (antíquisima fabricante de venenos y ahora propietaria de Monsanto) alegó que la resolución y cuestionamiento al glifosato no tiene “bases científicas”. Probablemente se refiere a los “científicos” pagados por la empresa, una conducta que se demostró y fue clave para que Monsanto perdiera varios juicios en Estados Unidos por daños a la salud. Sabía que el glifosato era potencialmente cancerígeno, pero lo ocultó y pagó a periodistas y “científicos” para escribir informes alegando que no tiene grandes riesgos (https://tinyurl.com/9zzaxtxk). Con más de 100 mil juicios en Estados Unidos contra la empresa, de personas y familiares que sufren cáncer u otros daños por uso de glifosato, luego de haber perdido tres casos emblemáticos por decenas de millones dólares, Bayer anunció que ofrecerá 14 mil 500 millones de dólares para compensaciones. En julio 2021 anunció que ya no venderá este agrotóxico para uso residencial, pero sí para uso agrícola. Al parecer considera que los agricultores son descartables, por lo que pese a las abrumadoras evidencias de daños a la salud, seguirá vendiendo este veneno declarado cancerígeno por la OMS desde 2015. La empresa anunció que apelará de la decisión de Cofepris. Todo muestra la falta de ética de Bayer-Monsanto y su doble rasero: los 11
consumidores y agricultores de México pueden seguir expuestos al tóxico mientras no la lleven a juicio. El evento rechazado por Cofepris es el maíz HT3 Smartstax Pro, según Bayer. Este maíz transgénico es tolerante no sólo a glifosato, también a glufosinato y dicamba, además de incluir genes de varias toxinas de la bacteria Bt, como insecticida. La combinación de tres herbicidas aumenta exponencialmente la toxicidad de este maíz. Dicamba es tan tóxico, que hay más de 100 juicios de agricultores contra Bayer y Basf en EU, porque la deriva de este agroquímico ha matado cultivos y árboles en campos vecinos. Básicamente, lo que defiende la trasnacional es su derecho a envenarnos para aumentar sus ganancias. El rechazo de Cofepris se sumó a otros reveses legales. En mayo, jueces denegaron a Bayer y al Consejo Nacional Agropecuario amparos presentados para no cumplir con el decreto gubernamental de diciembre 2020 que instruye a no autorizar la siembra de maíz transgénico, establecer cuotas de importación y sustitución gradual del glifosato hasta 2024. Ha habido amenazas de usar el T-MEC y 26 amparos de diversas empresas contra este decreto, pese a que es ambiguo y deja abierta la puerta para excepciones si no se consigue sustituir el maíz con glifosato. Greenpeace presentó este mes un documento que muestra que México, basado en tratados internacionales sobre derechos humanos y otros, puede y debe oponerse al maíz transgénico, al glifosato y otros agrotóxicos (https://tinyurl.com/7xrsmc7h). Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó definitivamente a Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow (esas dos ahora fusionadas en Corteva) amparos para no obedecer la suspensión de siembras comerciales de maíz transgénico mientras dura la resolución de la demanda colectiva presentada en 2013 por 53 individuos y 20 organizaciones. La demanda reclama se respeten los derechos a la biodiversidad y a un ambiente sano, lo cual se ha interpretado como herramienta para impedir la siembra de maíz transgénico. Sin duda, la sentencia de 12
SCJN es positiva, pero no altera una sentencia anterior de 2016 que permitió las siembras experimentales de maíz transgénico con fiscalización, algo que las empresas no han usado, pero es un foco abierto a la contaminación de maíces nativos. Justamente Greenpeace y Cemda denunciaron esta semana la siembra ilegal de transgénicos en Campeche, que pese a ser evidente, el gobierno no ha fiscalizado (https://tinyurl.com/dx35x5kc). Frente a todo lo anterior, el secretario de agricultura Víctor Villalobos –operador de las trasnacionales de transgénicos y agrotóxicos en este y gobiernos anteriores– aseguró a su par de Estados Unidos que México seguirá importando maíz transgénico, implícitamente garantizando que el decreto presidencial no será efectivo, ni respecto a la importación de maíz transgénico ni al glifosato (https://tinyurl.com/bhvr278e). Bayer, Villalobos, CNA y similares pueden estar seguros de que la lucha contra los transgénicos y los agrotóxicos seguirá, desde muchos frentes. Nos va la vida en ello. * Investigadora del Grupo ETC
La inconstitucional regulación de la medicina tradicional
Francisco López Bárcenas - La Jornada - 22 de octubre de 2021 En el Senado se encuentra pendiente de dictamen una minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de abril pasado, enviada a la colegisladora ese mismo día. Con ella se propone reformar los artículos 6, fracción VI bis; 13, apartado B, fracción III; 27, fracción VIII; 83, y 112, fracción III y adicionar a los artículos 2 las fracciones IX y X; 13, apartado A, una fracción IV bis; 31 bis; 96, una fracción VII, de la Ley General de Salud, con el objetivo de regular la práctica de las medicinas tradicionales indígenas y complementarias. Se trata de un dictamen que, aunque en su parte de 13
consideraciones toma en cuenta las disposiciones de la Constitución federal y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, particularmente de sus propias medicinas tradicionales, en los artículos a reformar o adicionar los niega. Como es bien sabido, la reforma del 14 de agosto de 2001 reconoció la composición pluricultural de la nación, hecho que ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo en revisión 631/2012) como la necesidad de que el Estado abandone el modelo monocultural de funcionamiento y en su lugar diseñe uno de carácter plural, con instituciones y políticas que puedan responder a la diversidad cultural del país. Atendiendo a estos principios constitucionales, el reconocimiento de la medicina tradicional indígena debería, junto con su reconocimiento, modificar la estructura de la secretaría y el sistema de salud. Pero no es así, lo que la minuta propone, junto al reconocimiento, conservación y utilización de la medicina tradicional indígena, es utilizarla y aprovecharla, es decir, introducirla al mercado, desconociendo su carácter holístico. En efecto, entre la medicina alópata y la medicina tradicional indígena existen diferencias de fondo. Mientras la primera atiende aspectos biomédicos, la segunda incluye prácticas culturales, rituales y espirituales que generan una eficacia natural y simbólica; de la misma manera difieren en la manera de concebir las enfermedades y las maneras de curarlas. Por eso está fuera de contexto la propuesta de desarrollar modelos clínico-terapéuticos para el fortalecimiento de la medicina tradicional indígena o su “orientación”, para lo cual –dice la propuesta de reforma–, “el Sistema Nacional de Salud podrá incorporar los aportes de la medicina tradicional indígena y medicina complementaría de manera integrativa en conjunto con los aportes de la medicina general, no de especialidades médicas, medicina preventiva y rehabilitación”. Esto no es reconocimiento, sino asimilación. Pero el asunto no queda ahí. La minuta también propone que los estados de la República formulen programas locales de salud, in14
corporando en ellos la medicina tradicional indígena y complementaria, “de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo”. Si la medicina tradicional se va a incorporar a la alópata no se le está reconociendo, sino subordinándola a la dominante; además, se propone reconocer como modelos clínico-terapéuticos no convencionales a las medicinas tradicionales indígenas y complementarias, siempre que “cumplan los criterios de seguridad, eficacia comprobada, costo efectividad, adherencia a normas éticas y profesionales y aceptabilidad social”. Es decir, que se ajusten a los diseños del sistema de salud estatal dominante. Todo esto contradice las disposiciones de la Constitución federal y del derecho internacional, particularmente el art ículo 24 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual prescribe que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud”. Vista de esta manera, el reconocimiento de la medicina tradicional indígena incorpora otros derechos ya reconocidos como la autonomía, la identidad, el territorio, los recursos naturales y el desarrollo propio, que también deben ser respetados. Además de estos derechos sustantivos, hay violación a otro de carácter procesal. Las iniciativas que dieron origen a la minuta no fueron consultadas con los pueblos indígenas. Tal omisión violenta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada, un derecho que, también lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe observar antes de aprobar o modificar leyes, lo que la llevó en meses pasados a invalidar parte de la Ley General de Educación. Estamos, pues, ante una minuta que, de ser aprobada en sus términos por el Senado, podría ser invalidada por el Poder Judicial, pues el amplio rechazo que ha generado, permite suponer que sería combatida en esa vía por cualquier indígena que se sienta agraviado. Y dado el carácter colectivo del derecho en juego, agraviados somos todos. 15
La Constituyente, de rodillas
Raúl Zibechi - La Jornada - 22 de octubre de 2021 La declaración de los estados de excepción en Chile y Ecuador es la mejor muestra del fracaso de las mal llamadas democracias. En Ecuador sucede luego de que los Papeles de Pandora revelaron que el presidente Guillermo Lasso tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales y blinda a militares y policías de cualquier juicio por sus actuaciones. En Chile, el presidente Sebastián Piñera envía soldados, tanques y helicópteros de guerra a territorio mapuche, para frenar la recuperación de tierras del movimiento. Este hecho se produce mientras la Convención Constituyente sesiona para redactar un texto que supere la carta heredada del régimen de Pinochet. Lo más objetable es que la mayoría de izquierda de la Constituyente, los movimientos sociales que la integran y el sector de los pueblos originarios que decidieron participar, apenas han hecho declaraciones sin tomar ninguna medida enérgica contra el estado de excepción. Meses atrás dije que la Constituyente sería la tumba de los movimientos (https://bit.ly/3C0mHuT). Estaba equivocado. En realidad, la lucha popular está mostrando los límites del proceso iniciado en noviembre de 2019 para desviar la lucha callejera hacia las instituciones. El 12 de octubre, la Comunidad Autónoma de Temucuicui difundió un comunicado donde nombra la realidad en los términos más claros. “Es la demostración objetiva del fracaso de la Convención Constitucional y los escaños reservados, donde la lucha histórica del pueblo mapuche ha sido relativizada y reducida a una abstracción de “pueblos”; ahora en plena discusión y proclamación del Estado plurinacional se ha declarado oficialmente la militarización y la continuación del genocidio del cual el pueblo mapuche ha sido víctima de manera histórica” (https://bit.ly/3mVgTw8). 16
En un comunicado del 16 de octubre, la Coordinadora Arauco Malleco reafirma su línea histórica de “recuperaciones con base en el control territorial y la transformación de estos lugares, recuperando espacios vitales para la vida mapuche” (https://bit.ly/3jl8eT0). El texto, firmado por decenas de comunidades, agrega que “el enemigo es el gran capital-extractivista inserto en nuestros territorios y no iglesias, ni el campesinado común”, y considera que “la militarización impuesta por este gobierno fascista responde al avance sustantivo del proceso de recuperación político y territoriales”. En los hechos, la declaración del estado de excepción pretende frenar la recuperación de tierras que se viene multiplicando en los dos últimos años. De hecho, en los primeros meses de 2021 se ocuparon cinco veces más fundos que el año anterior y la movilización del pueblo mapuche no hace más que intensificarse. Se pueden sacar algunas conclusiones de esta deriva del Estado de Chile, de la parálisis de la Constituyente y de la persistencia de las comunidades autónomas. La primera es que el gobierno de Sebastián Piñera y el Estado no encuentran más recursos que repetir y profundizar la militarización para resolver un conflicto histórico. A mediano y largo plazo, no conseguirán sus objetivos, como viene sucediendo cada vez que reprimen. Todo lo contrario, conseguirán más apoyo y solidaridad con el pueblo-nación mapuche. La segunda consiste en el fracaso de la Convención Constituyente. Por un lado, está siendo paralizada por la derecha y la extrema derecha que buscan su fracaso. Pero, sobre todo, por la debilidad de las y los constituyentes que responden a la izquierda y a los movimientos sociales, que no atinan a tomar medidas drásticas, por lo menos tan radicales como la decisión del gobierno de enviar al ejército a territorio mapuche. Piñera siguió la onda de los camioneros que paralizaron la circulación en el sur, exigiendo medidas ante el avance del sabotaje 17
mapuche al transporte. Un gremio ultraderechista, que vive del despojo del territorio por el modelo extractivo de grandes plantaciones de pinos para la exportación. Pero el fracaso de la convención es, también, la derrota de la gran maniobra para conducir la lucha de calles al redil de las instituciones, empeño en el que destacó Gabril Boric, el candidato de la izquierda a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre. En rigor, Boric traicionó la lucha de millones de personas contra el modelo pospinochetista, ya que firmó un Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución sin consultar ni siquiera a su propio partido. La tercera conclusión, es la fundamental: como demuestra la amplia movilización del 18 de octubre, en el segundo aniversario de la revuelta, amplios sectores de la juventud chilena están retomando el camino de la calle para expresar su rechazo al neoliberalismo militarista chileno. Hubo dos muertos, pero Boric “condenó tajantemente los destrozos, saqueos y enfrentamientos” (https://bit.ly/3G1gT6L). Es evidente que si llega a la presidencia va a continuar con el extractivismo, seguirá militarizando territorio mapuche y reprimirá con la misma dureza a quienes sigan en las calles.
Chile, entre la rebelión popular, las elecciones y una Constituyente descafeinada
Marcos Roitman Rosenmann - La Jornada - 21 de octubre de 2021 La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en la política chilena. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración. No olvidemos que el llamamiento fue hecho a regañadientes por los partidos del orden y su nuevo aliado el Frente Amplio, cuya cara es Gabriel Boric. El 15 de noviembre de 2019 firmaron el pacto por la “paz y una nueva Cons18
titución” definiendo los límites sobre los cuales podría transitar la nueva Carta Magna. Una redacción capaz de mantener en pie el edificio neoliberal. Para lograrlo, se exigiría una mayoría de dos tercios de los convencionales para dar el visto a cada artículo propuesto. Así, bastaría un tercio de los delegados para rechazar una propuesta rupturista de los principios neoliberales. Las votaciones para la convención arrojaron unos resultados sorprendentes. La derecha obtuvo menos de un tercio de representantes, viéndose la posibilidad de formar consensos progresistas para romper el pacto de la traición. Pero la ilusión se ha ido al traste. Las alianzas en la convención recompusieron el cuadro. Lo impensable se hizo realidad. Los pactos se reditaron cuando los convencionales votaron su reglamento interno y mantener el quórum de los dos tercios. Así, la derecha, la ex concertación, el Frente Amplio, independientes no neutrales, logran el control real y cierran el paso a una redacción con efectos reales para la ciudadanía. Se podrán reconocer derechos, pero la economía de mercado pondrá límites al gasto público y de paso no permitirá la inversión en sanidad, vivienda, educación. Por otro lado, ni pensar que los convencionales determinen que las riquezas del país no puedan ser vendidas a extranjeros. Las trasnacionales tendrán carta blanca para explotar los yacimientos de cobre, litio y de paso repatriar sus beneficios vía tratados de libre comercio. La Constituyente camina desoyendo las voces que dieron lugar a la rebelión popular. La rebelión plantea preguntas que a dos años siguen sin respuesta. La movilización no ha cuajado en un proyecto. La crítica a la corrupción, a los partidos políticos, a la represión del pueblo mapuche, al patriarcado, contra la violencia de género, el cambio climático, la privatización de la educación, la sanidad, la desigualdad social no ha sido suficiente para construir una alternativa; seguramente no era su objetivo. Pero la protesta, debió ser un punto de partida. Tal vez, las esperanzas se centraron en esa candidatura de independientes a la convención constituyente La Lista del Pueblo. Tuvo 24 constituyentes, hoy no existe. Se 19
disolvió víctima de los males que combatía. El personalismo, la corrupción, la mentira, las malas artes políticas. Las protestas en estos dos años, han tenido una constante, el grado de violencia con el cual se han empleado las fuerzas armadas y de carabineros contra los manifestantes. La gravedad de sus actuaciones se acrecienta. El uso indiscriminado del material antidisturbios ha significado decenas de muertos, lesiones oculares, violaciones y miles de detenidos. El Estado chileno no ha tenido límites para ejercer la represión. El mantenimiento del Estado de excepción, la militarización del Wallmapu, la aparición de paramilitares contratados por las empresas madereras para acosar e intimidar al pueblo mapuche, son los síntomas de la degradación y la perdida de legitimidad del gobierno. A pesar de ello, las protestas se han mantenido en medio de la pandemia. No es sólo Santiago, se desarrollan huelgas, paros de sanitarios, profesores, estudiantes, estibadores, pescadores, movimiento feminista y pueblos originarios. Es en toda su geografía. La celebración de la rebelión popular busca mantener el sentido que llevó a millones de chilenos a tomar las calles clamando el fin de la Constitución pinochetista y una sociedad más justa. Hoy se suma a lo dicho, la demanda de libertad para los presos políticos detenidos durante la rebelión popular de 2019. Mientras, el partido del orden y sus nuevos aliados debaten sobre las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, cuyos índices de abstención superan 50 por ciento. A pesar de ello, todo parece indicar que Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad y miembro del Frente Amplio, ocupará una plaza. Lo que se cuestiona es quién lo acompañará en segunda vuelta. La derecha se divide entre Sichel y el nazifascista José Antonio Kast. Por otro lado, está la democristiana Yasna Provoste, quien cuenta con apoyos entre las clases medias y sectores empresariales. En esta disyuntiva, es posible que una parte de la derecha apoye a Provoste para una segunda vuelta. En conclusión, a dos años de la rebelión popular, gane quien gane en las presidenciales, Chile seguirá bajo las leyes del mercado, gracias a una nueva Constitución que avalará su argumentario. 20
Las deudas, capacidades y voluntades del Estado Mario Patrón - La Jornada - 21 de octubre de 2021
Hace un par de meses, en su mensaje inaugural de la asamblea anual del Sistema Universitario Jesuita de México (SUJ), el prepósito general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ, recordó que para los jesuitas no existe educación sin contexto, que éste está al principio y al final del acto educativo entendido como un proceso histórico nunca acabado; y, retomando al rector mártir de la UCA, Ignacio Ellacuría, subrayó que, quizá con mayor urgencia que nunca, la realidad debe ser la principal asignatura del apostolado intelectual de las universidades jesuitas. Bajo ese espíritu, ayer las instituciones agrupadas en el SUJ inauguraron en el campus del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) en Guadalajara, el Foro de Derechos Humanos que esta edición se dedica a abordar la problemática de las deudas, capacidades y voluntades del Estado. Como es bien sabido, a lo largo de su historia las universidades jesuitas han dedicado importantes esfuerzos, tanto educativos como políticos, a acompañar las causas de los grupos y personas más desfavorecidas de nuestra sociedad; para ellas, la defensa y la promoción de la justicia social han sido y son la expresión más exigente del sentido de su vocación y misión educativa. En el contexto de esa convicción característica, desde la década de 1990 se ha impulsado en las universidades jesuitas una agenda para favorecer la presencia transversal de los derechos humanos en sus tareas sustantivas de formación, investigación, vinculación e incidencia, como respuesta ante las crecientes problemáticas sociales y los casos de violaciones a derechos humanos en nuestro país, que han evidenciado de manera cada vez más severa la inefectividad del Estado para procurar la vigencia de condiciones de justicia para toda la población. En ese contexto se creó en 1994 el Foro de Derechos Humanos del SUJ, foro que se celebra bienalmente con la finalidad de visibilizar, reflexionar y dialogar, desde distintas perspectivas, las 21
realidades y problemáticas de los derechos humanos en México y para concebir estrategias para ofrecer un mejor seguimiento y acompañamiento a las víctimas y sus luchas, en búsqueda de procurar una mayor efectividad sobre los marcos de exigibilidad de los derechos humanos en el sistema de justicia del país. El de este año es ya el decimocuarto Foro de Derechos Humanos y en esta ocasión se han organizado los espacios de diálogo con actores sociales y especialistas en torno de tres ejes que corresponden a grandes problemáticas de nuestro contexto actual. El primero es la seguridad, en el que se busca reflexionar en torno de la ola de violencia en el país que no deja de crecer y sobre la fallida estrategia de militarización, que también ha ido en aumento desde 2006, pero que no se ha traducido en la reconstrucción de tejidos sociales, en mejores estrategias de prevención de la violencia y que, definitivamente, no ha abonado para arraigar y construir en nuestra sociedad una auténtica cultura de paz. Este eje de discusión se ha tornado urgente sobre todo en este momento en que la apuesta por un modelo de seguridad de corte militar y no de seguridad ciudadana, pone en riesgo diversos derechos ciudadanos. En el segundo eje de análisis se dialogará en torno a la justicia, tema también de especial importancia frente a una crisis institucional del Estado que tampoco ha dejado de agravarse y que se refleja en la insuficiencia para responder a las demandas ciudadanas, aún en el contexto de la transición en el sistema de justicia del modelo de procuraduría a una fiscalía autónoma que desafortunadamente no ha acreditado su eficacia respecto de las expectativas sociales que se depositaron en esta transformación y sigue en creciente deuda con las víctimas. El énfasis del segundo día de trabajo del foro está puesto en hacer escuchar la voz de las mujeres y hombres que, frente a graves violaciones de los derechos humanos, han acudido a la institucionalidad del Estado buscando verdad, justicia y también memoria. El tercero de los ejes de revisión es la libertad de expresión, cuya relevancia actual se subraya entre el agravamiento de la situa22
ción que para el ejercicio de sus labores enfrentan los activistas e informadores, que han sido sometidos a prácticas de espionaje a través de medios digitales y a un constante hostigamiento; así como a los escandalosos niveles de violencia contra periodistas, que han colocado a México como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. El diálogo y la reflexión, actividades esenciales de la vocación universitaria, están concentrados en este foro a identificar las deudas, capacidades y voluntades del Estado en el ámbito de los derechos humanos en la coyuntura del medio término de la gestión del actual gobierno federal; con el ánimo de evidenciar no sólo los retrocesos sino también los avances y, sobre todo, las oportunidades, de cara a la segunda mitad del sexenio. El Foro de Derechos Humanos del SUJ, está concebido, pues, no sólo como un ejercicio académico, sino mucho más como un espacio de encuentro y vinculación entre iniciativas, proyectos, colectivos y defensores, con la intención de favorecer que se tejan redes ciudadanas de colaboración para exigir la garantía de los derechos humanos. Como cada edición, esta ocasión también se cerrará el foro con la entrega del Premio Tata Vasco a una organización destacada por su labor en la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Este premio busca ser un gesto tanto de reconocimiento de la lucha de los defensores como de posicionamiento político, orientado a visibilizar e impulsar las agendas de las organizaciones que son premiadas. En la difícil coyuntura actual, a nuestro país le urge la acción de una ciudadanía que se involucre activamente en la defensa de los derechos humanos y se comprometa en la construcción de una conciencia social que ejerza su derecho y capacidad de crítica y movilización ante las injusticias y omisiones del Estado. Una sociedad que exija que se no se reproduzcan más, como hasta ahora ha ocurrido sin importar el signo político del gobierno en turno, las dinámicas de violencia y exclusión, y que se garanticen verdaderos procesos de verdad, justicia y reparación. Sirva pues 23
este texto como una invitación a sumarse a las reflexiones y diálogos del decimocuarto Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita iniciado ayer y que continúa hoy y mañana.
Chiapas y el crimen organizado
Raúl Romero* - La Jornada - 20 de octubre de 2021 Durante la segunda mitad del siglo XX mexicano, los empresarios del crimen organizado fueron ganando un lugar significativo en la economía del país, en la estructura administrativa del Estado y también en la sociedad. No se trató sólo de un fenómeno local, sino de uno con alcances globales, y que, visto en esa magnitud, ha merecido la categoría de crimen organizado trasnacional. Los empresarios del crimen organizado manejan una diversidad de negocios que incluye venta de armas, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de recursos naturales, lavado de dinero, tráfico de drogas y una veintena más de delitos. Para realizar todos estos negocios es necesaria una amplia y compleja red de corrupción que abarca diferentes estructuras del aparato de Estado y redes bancarias y empresariales. La información que ha salido a la luz con los Panama Papers y los Pandora Papers es apenas un esbozo del problema que protagonizan élites políticas, empresarios y figuras del e spectáculo. La estrategia militarista y de combate adoptada por el gobierno de Felipe Calderón en 2006, significó expandir una cruenta guerra a todo el territorio mexicano y a todos los sectores sociales. Con la guerra no sólo vino la tragedia y el dolor para millones de familias, sino también vinieron las ganancias para el empresariado criminal: incorporaron a jóvenes empobrecidos a la industria criminal y creció el negocio de las armas ilegales, miles de campesinos abandonaron la siembra de sus cultivos tradicionales y empezaron a sembrar mariguana y amapola, esto a la par de que el mercado de drogas exigía más mercancías y el dinero continuaba lavándose 24
para incrementar las ganancias de las burguesías trasnacionales. La llegada de un nuevo gobierno en 2018 a México abrió la esperanza en muchos para que esta situación cambiara. Sin embargo, a pesar de la aplicación de algunas medidas de inteligencia financiera y de anticorrupción, tanto los empresarios del crimen organizado como los escenarios y situaciones de guerra han continuado extendiéndose con sus asesinatos, sus desplazamientos y sus desapariciones forzadas. Lo que sucede hoy en Chiapas es prueba de ello, pero también pasa en Guerrero, Michoacán, Sonora, Guanajuato… La expansión del empresariado criminal encontró en el corrimiento de las fronteras un incentivo para fortalecer su presencia en Chiapas: al volverse México un país de contención de personas migrantes, Chiapas, el estado por el que ingresan al día miles de personas en su camino hacia Estados Unidos, se volvió un punto clave para la trata de personas. El cártel Jalisco nueva generación, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, los tres grupos que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen presencia en Chiapas, encontraron importantes aliados en cárteles locales y grupos de poder de la región amparados por partidos políticos y estructuras oficiales de gobierno. Asimismo, los empresarios del crimen organizado hallaron un terreno fértil para intereses en un estado en que el Ejército Mexicano financió, entrenó y dio armas a grupos paramilitares para combatir y cercar la rebelión zapatista y a comunidades solidarias y en resistencia. A estos grupos paramilitares se suman otros como la Orcao, grupo que con toda impunidad secuestra, incendia casas y dispara contra comunidades bases de apoyo zapatistas. La violencia narcoparamilitar hoy parece ser la continuación de la misma guerra del pasado, pero reforzada con nuevos actores. Esta enredada amalgama entre empresarios legales e ilegales y aparato de Estado, que ha estado presente en todo el país y que hoy tiene a Chiapas al borde de la guerra civil, se combina con otros elementos como la crisis de las estructuras reales y formales 25
de gobierno, los actos represivos que ha cometido el gobierno de Rutilio Escandón, así como la adelantada disputa por la gubernatura del estado hacia 2024. A este complicado escenario hay que sumar que Chiapas es uno de los estados con mayor presencia de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, lo que no se ha traducido en la disminución del crimen organizado, sino todo lo contrario: los empresarios criminales hoy son capaces de enviar a sus ejércitos de jóvenes precarizados y explotados a desfilar disparando al aire en ciudades como San Cristóbal de las Casas, exhibiendo así su capacidad de movilización y poder de fuego. Militarización, paramilitarización, crimen organizado, represión, impunidad y complicidad son algunos de los problemas que tienen a Chiapas al borde de la guerra. Mientras, los pueblos y sus organizaciones hoy intensifican sus procesos para sobrevivir como personas, como pueblos y como organizaciones, llegando al punto incluso de organizar grupos de autodefensa: su vida está en riesgo y no dudarán en defenderla ante el abandono cómplice de los gobiernos. Chiapas está al borde de la guerra y ojalá, como cantaba Mercedes Sosa, no nos sea indiferente. * Sociólogo. @RaulRomero_mx
Viko ndiì ñuu savi
Kau Sirenio - Pie de Página - Voz de Lluvia - Tatyi Savi 20 octubre, 2021 Empezaron los preparativos para recibir a los familiares que vienen del inframundo en las comunidades indígenas de Guerrero, México, el país donde se le rinde tributo a la muerte a pesar de que se llevó a familiares amigos en esta pandemia En las comunidades indígenas de la Costa-Montaña de Guerrero, empezaron los preparativos para recibir a los familiares que 26
vienen del inframundo. El sábado 16 de octubre, la población celebró la fiesta de la chicha (una bebida fermentada con base en maíz, piña y piloncillo). En esta celebración se nombran los nuevos serviciales comunitarios: Topiles civiles y religiosos. Así como lo han hecho desde hace muchos años. Después de esta fiesta vienen los rezos en el panteón durante nueve días en la madrugada hasta llegar el 1 de noviembre que combina con el olor a copal, a flores que se mezcla en las celebraciones de los Muertos y Fieles Difuntos. Las comunidades ñuu savi viven esta religiosidad más allá de la vida, las tradiciones se conservan a pesar del fenómeno migratorio. Los familiares colocan en el altar de muertos una jícara de chicha, aguardiente, pan de muerto, acompañados por una taza de café y un buen mole de guajolote. El cempasúchil, la pastora y hoja de sanguino, acompañados de varas, son las imágenes que recorren en las calles o en el panteón de los pueblos ñuu savi. En cada plaza comunitaria se instala un puesto improvisado de flores, frutas y velas, para que las mujeres ofrenden a sus muertos. Allá, donde se mezclan los ñuu savi (mixtecos) con los náhuatl y mestizos, es donde nació la Policía Comunitaria. En cada plática se habla de todo, los vecinos hablan de su ofrenda. “Para que los muertos no regresen con las manos vacías, hay que ponerles lo que hay de comida. Mi esposo irá a cazar armadillo, si le va bien vamos a ofrendar eso”, comparten las mujeres. Las plazas comunitarias son pequeñas: a veces hay dos o tres puestos, uno de frutas, otro de flores y otro de velas y copal; apenas se puede comprar lo necesario para los altares. Eso sí, los precios de las frutas son elevados, la flor de cempasúchil quizás es más económica porque son los campesinos quienes llevan a vender. Para alumbrar el camino de los muertos que vienen del inframundo, los ñuu savi utilizan velas, veladoras, incienso y copal. 27
Los vecinos los utilizan para iluminar el altar, así como en las sepulturas que previamente fueron limpiadas para darle vida. Esto es ñuu savi y su panteón, ésta es la vida del campo, del indígena, del soñador viviente que se acerca hasta lo más profundo del alma para recordar a aquellos a quienes algún día tendrán cerca. Mientras que los niños corren con ramos de cempasúchil y una vela en las manos; hombres, a paso lento, cargan una escoba. Es la escena común en los panteones comunitarios de los ñuu savi. Este lugar, durante casi todo el año se queda en silencio, salvo en aquellas ocasiones cuando la gente viene a sepultar a un familiar o a un amigo. “Mami, aquí está nuestra abuela”, dice una niña mientras camina y se reúne con su familia, que llegó cargada de flores y velas para pasar la tarde en el panteón, o hasta que oscurezca. Así se mantienen vivas las tradiciones en los pueblos ñuu savi, pues las personas no olvidan a quienes las precedieron, aunque sea unas cuantas horas, tras adornar las tumbas, donde pasarán el resto de la tarde, hasta que la vela termine de consumirse. Así es México, lleno de colores y sabores que se convierten en fiestas, único en el país dónde se le rinde tributo a la muerte a pesar de que se llevó a familiares amigos en esta pandemia. Sin embargo, hay que visitar este rincón de México desconocido para desaprender la historia.
¿Atrapados en el invernadero?
Silvia Ribeiro - Desinformémonos - El sueño de la razón 20 octubre 2021 “Para ir a la raíz de las injusticias ambientales y climáticas hay que confrontar más de cuatros siglos de imperialismo colonial, opresión ininterrumpida del patriarcado y supremacía blanca, y la actual expansión del capitalismo industrial, neoliberal y globalizado” (https://climatefalsesolutions.org/) 28
Así comienza la introducción del material de formación popular “Engañados en el invernadero”, que elaborado por un amplio grupo de organizaciones de base indígenas, sociales, campesinas, urbanas, ambientales de América del Norte, entre ellas la Red Ambiental Indígena, el Proyecto Global de Justicia Ecológica, la Red por Justicia Energética, la Alianza por una Transición Justa y otras. Hace más de una década se propusieron explicar en lenguaje sencillo la injusticia ambiental y climática, develando las maniobras de las empresas y gobiernos con las llamadas “falsas soluciones”: propuestas tecnológicas, de manipulación de la naturaleza y financieras, que no tienen nada de “soluciones” sino que están diseñadas para lo contrario: evitar exponer, y mucho menos cambiar, las causas de la injusticia ambiental. Y en ese camino inventar nuevos negocios con esos tramposos mecanismos. Este colectivo de organizaciones presenta ahora la tercera edición de un material revisado y aumentado, que es especialmente útil frente a la próxima reunión de la ONU en Glasgow (COP 26 del clima), por la que pronto nos inundarán con titulares catastróficos y engañosos. El fondo del trabajo de las organizaciones es mucho más que la reacción ante propuestas del capitalismo sobre el clima. Como lo dicen desde el comienzo, se plantean una crítica al colonialismo, al patriarcado, al racismo implícito. Como parte de la información que necesitamos para entender y resistir las múltiples trampas del capitalismo, este material colectivo se enfoca en revisar una amplia lista de falsas “soluciones” climáticas. Desde propuestas que ya llevan años, hasta otras más recientes, el libro presenta brevemente de qué se trata cada propuesta o tecnología, los impactos que tiene y por qué debemos resistirlas. Toma los problemas con fijar precios al carbono, las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, la bioenergía, la extracción y quema de gas natural y fracking, la producción de energía a partir de hidrógeno, de rellenos sanitarios, de incineración de residuos, la energía nuclear, energía hidráulica, las técnicas de geoingeniería, captura de 29
carbono y también los problemas de las energías renovables. En este último caso, cuando son llevadas por empresas y no como un recurso de las comunidades y pueblos, en sus propias condiciones y con el conocimiento que tienen del medio. Es un material muy útil en la vorágine de temas en que todas y todos estamos, ya que es sintético pero con información sólida, y nos guía con mano solidaria en la oscuridad que ha generado el teatro de las falsas “soluciones” climáticas. Especialmente cuando la discusión climática sigue creciendo y cada vez hay más términos que están diseñados para que no entendamos lo que realmente está pasando o para hacernos creer que con sus propuestas de alto riesgo se puede resolver el calentamiento global. Como lo llama el colectivo editorial, este libro es un poco como entrar en la caja de Pandora de las propuestas climáticas falsas, diseñadas para lucrar con las crisis, pero es útil para entenderlas y resistirlas. Reflexionan también sobre los años que desde que publicaron la primera edición. “Estamos viendo una alarmante tendencia hacia una “política de la desesperanza”, incluso dentro de algunos movimientos, donde el capitalismo del desastre, junto con la ceguera del reduccionismo del carbono [que reduce todo a medir carbono, en lugar de ver las múltiples crisis] la financiarización de la naturaleza y un creciente utopismo tecnológico, han fomentado la proliferación de esquemas falsos que se benefician económicamente del deterioro climático. Incluso el simbólico Acuerdo de París celebrado en Naciones Unidas en 2015 ha servido en gran medida para habilitar y promover una serie de estafas tecnológicas corporativas, mecanismos del mercado de carbono y de impuestos al carbono.” Pero también agregan “Hoy más que nunca, el centro de gravedad de los movimientos por el clima ha virado hacia una perspectiva basada en la justicia climática, en la cual no distinguimos entre la guerra global contra la biodiversidad emprendida por la avidez de las corporaciones y las guerras contra las culturas, las cosmovisiones, las comunidades y los cuerpos de la gente oprimida en todo el mundo.” 30
Cuando el problema se enmarca bajo la premisa de la justicia climática, la crisis climática deja de reducirse al simple hecho de contabilizar carbono. “Movimientos de base liderados por comunidades de todo el mundo proponen una mirada transversal sobre la economía —sobre la explotación de la tierra, del trabajo y los sistemas vivientes, la erosión de las semillas, el suelo, la historia y el espíritu— y buscan promover soluciones verdaderas a nuestro alrededor, todos los días, en diversas fuentes: desde el conocimiento tradicional indígena, la soberanía alimentaria, la desmercantilización de la tierra, la vivienda y la atención médica, hasta la abolición del complejo militar industrial que pretende extraer hasta la última de gota de combustible fósil de la Madre Tierra. También en la transición justa y la democracia energética, que procuran impulsar energías democratizadas, descentralizadas, no tóxicas y descarbonizadas para alimentar nuestra vida, y en la justicia transformativa, con la cual respondemos al trauma y la violencia.” El libro y videos sobre el tema se pueden descargar en el sitio https:// climatefalsesolutions.org/ , al que se irán sumando otros materiales.
La cárcel, un castigo patriarcal para las desobedientes
Alicia Alonso Merino - Desinformémonos - Ventanas 25 octubre 2021 En nuestra cultura occidental y a lo largo de la historia, las mujeres que han desobedecido los mandatos de género y se han rebelado contra la opresión, con frecuencia, han recibido diferentes tipos de castigos como la soledad, el destierro, la cárcel o la muerte. Desde Lilith y Eva, hasta Milagros Sala, la Machi Francisca Linconao, Marielle Franco, pasando por Manuela Saez o Micaela Bastidas, todas ellas han recibido castigos ejemplarizantes o han cargado con sus culpas durante siglos. 31
En muchos casos, a las mujeres que desobedecían se las tildaba de malas o malvadas. La historia cultural construida sobre la maldad de las mujeres es larga y combina el temor y el control de su sexualidad. Por su función de transmisoras de la cultura, era indispensable tutelar y someter a las mujeres para dominar el mensaje a transmitir. En “Calibán y la bruja”, Silvia Federici llama la atención sobre la importancia que la subordinación de las mujeres ha tenido en la transición del feudalismo al capitalismo, con consecuencias que llegan hasta la sociedad actual. La historia del castigo a los saberes, la autonomía y a la insubordinación femenina a la autoridad patriarcal llevó a la ejecución de cientos de miles de “brujas”. Los cuerpos de las mujeres, su trabajo, el poder de su sexualidad y la reproducción, su capacidad de curar, fueron puestos bajo el control de Estado y de la Iglesia, y se castigaron de forma pública y con gran sadismo innumerables comportamientos femeninos que pasaron a ser vistos como deleznables por la población. En el continente americano, a los instrumentos de control de la supremacía masculina y misoginia del catolicismo se unieron la violencia de la conquista y la colonización. Con el paso de los siglos esta tendencia se ha mantenido a través de un control social informal ejercido por las relaciones familiares, laborales, profesionales o sociales. Cuando el control social informal no es suficiente, entra en escena el sistema de justicia criminal, que pasó a condenar a las mujeres por situaciones específicas. La misma sociedad heteropatriarcal que sobrevaloró la maternidad como institución, penalizó todos aquellos comportamientos no encaminados a la reproducción, reprimiendo la sexualidad no reproductiva, castigando el aborto, el adulterio y la prostitución. La lógica punitiva se enfocó históricamente en criminalizar la pobreza y a las mujeres que se “desviaban” de la moral imperante, a las pecadoras, ociosas, aquellas que vivían fuera del control masculino. Las tesis del positivismo penal y criminológico del siglo XIX de Lombroso y Ferrero, ayudaron a reforzar el sexismo 32
y los estereotipos de género. Según estas concepciones, la mujer delincuente era como un ser monstruoso, dado que no solo trasgredía las leyes sino la expectativa derivada de su rol social de género. Las mujeres que delinquían eran para estos criminólogos especialmente “degeneradas” e insensibles moralmente, ya que no solo violaban las normas legales sino también las normas sociales de su condición femenina. Para estas transgresoras se creó un sistema de encierro que reforzaba los ordenamientos de género ligados a lo doméstico y a la religión. Las cárceles de mujeres, llamadas en origen, Casas de Corrección y gestionadas por congregaciones religiosas tenían como objetivo central redimir a las pecadoras y disciplinar a estas mujeres. Tras el paso por estas cárceles, se esperaba que se incorporasen a la sociedad organizada por las élites, como servidoras de la burguesía y de la fe cristiana. El castigo, en las Casa de Corrección para mujeres, operaba como un agente cultural, que, reforzando la “ideología de la domesticidad”, modelaba la imagen de la mujer madre, trabajadora, eje de hogar. El castigo también trasmitía las virtudes de la moral cristiana. Este sistema de encierro femenino que consolidó los ordenamientos de género ligados a lo doméstico y a la religión, sigue de alguna forma vigente hasta nuestros días, pues sólo hace unas décadas que las religiosas dejaron de tener presencia en estos lugares de detención. Las cárceles actuales no dejan de ser una expresión simbólica del patriarcado donde se intensifican estos sistemas de dominación y discriminación. Los rígidos sistemas de disciplina y sanciones en su interior, son atravesados por prejuicios vinculados a factores de interseccionalidad, tales como la extranjería, la pertenencia a pueblos originarios, la pobreza, las diferentes capacidades o la orientación sexual y expresión o identidad de género. Para las mujeres y disidencias, la prisión es un continuum del control patriarcal, y una herramienta para el castigo y la disciplina. Luchar contra esta forma de castigo es también una forma de luchar contra el patriarcado y el capitalismo. 33
RECOPILATORIO CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 27 de octubre