CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 20 de octubre
Aún es tiempo
Gustavo Esteva - La Jornada - 18 de octubre de 2021 Podemos todavía reaccionar. Debemos aprender en cabeza ajena, antes de que sea demasiado tarde. Nos inocularon primero un temor profundo a una amenaza vagamente definida. En seguida, nos inocularon la convicción de que los gobiernos conocían medidas capaces de protegernos de ese peligro incierto que la ciencia médica sigue tratando de caracterizar. Nos contagiaron así el virus de una obediencia más o menos ciega a las autoridades. En muy poco tiempo, miles de millones de personas obedecieron sin chistar lo que les ordenaron, para protegerse de lo que habían aprendido a temer. Hubo resistencia desde el principio. Las personas más pobres no podían confinarse; era indispensable que salieran de sus casas para sobrevivir. Otras padecieron las múltiples consecuencias negativas del confinamiento hasta que se les hizo imposible seguirlo aceptando. Enchufar a niñas y niños en la pantalla, al cerrarse las escuelas, produjo otras formas de resistencia. Hubo quien consideró que el cubrebocas quitaba carácter humano a nuestras interacciones con los demás. La crisis llegó realmente con la vacuna. Al empezar a acumularse evidencias sobre sus limitaciones y riesgos, muchas personas empezaron a resistir la idea misma de vacunarse, lo cual produjo tensiones y contradicciones de toda índole, incluso en el seno de las familias. Ante estas resistencias, los gobiernos usaron los medios de comunicación, las redes sociales y todas sus herramientas de persuasión. Pronto aumentaron la presión, recurriendo cada vez más a formas de coerción. Finalmente, pasan hoy a dispositivos de control. Italia puede verse en la actualidad como un laboratorio para imponer “democráticamente” la sociedad de control, en lo que sería, en rigor, la liquidación democrática de la democracia. Como se ha hecho ya en otros países, un decreto del gobierno lo libera de 1
cualquier responsabilidad respecto a los daños que provoque la vacuna. En el propio decreto, se excluye a los no vacunados de la vida social e incluso de la posibilidad de trabajar. El decreto se ha llevado ahora al parlamento, para que produzca una ley que haría obligatorio un certificado que permitiría al gobierno controlar y dar seguimiento a todos los movimientos de la gente. Sería necesario exhibir el certificado para ir al restaurante, al cine o incluso a trabajar. En su discurso ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado italiano, el 7 de octubre pasado, Giorgio Agamben subrayó la gravedad del asunto. Se plantea, señaló, “una transformación de las instituciones y paradigmas de gobierno de la sociedad en que nos encontramos”. El modelo que se cancela es “el de las democracias parlamentarias con sus derechos, sus garantías constitucionales”, para instalar en su lugar “un paradigma de gobierno en el cual, en nombre de la bioseguridad y el control, las libertades individuales tendrán crecientes limitaciones”. Agamben no se mordió la lengua. “¿Es posible –se preguntó– que los ciudadanos y una sociedad que pretende ser democrática se encuentren en una situación peor que los ciudadanos de la Unión Soviética bajo Stalin?” Y sí, es desgraciadamente posible. Esa es la circunstancia ante la cual nos encontramos. Por eso comienza a hablarse de que es el fascismo, más que el virus, lo que realmente nos amenaza. Hace tiempo se nos ha ido acostumbrando al uso de dispositivos que traen consigo un control digital virtualmente ilimitado de los comportamientos individuales, que se vuelven cuantificables en un algoritmo. Se ha estado criticando el manejo comercial del mecanismo, así como el uso adictivo de los dispositivos. La espléndida fotografía que publicó La Jornada el 5 de octubre pasado, al suspenderse por unas horas el servicio de tres plataformas digitales – WhatsApp, Facebook e Instagram–, lo cual afectó a la tercera parte de la población mundial, hizo enteramente evidente el punto a que ha llegado la inserción voluntaria en un sistema de control digital. 2
Al reflexionar sobre esta perspectiva en el caso mexicano, debemos considerar que aquí, además, se nos ha estado acostumbrando a aceptar un grado de impunidad que hasta hace poco tiempo parecía inconcebible y que cambia la naturaleza del régimen en que vivimos. Como señalé en este espacio hace 15 días, lo que está ocurriendo en Chiapas implica que en el país se hace posible secuestrar, asesinar y aterrorizar a la población ante la vista indiferente de las autoridades, con su pleno conocimiento y consentimiento. Bajo el manto de la llamada “bioseguridad”, supuestamente para protegernos del bicho, se nos inocula ahora el virus de la obediencia, sometiéndonos a disposiciones que cancelan nuestra libertad de movimiento y toda capacidad autónoma y nos exponen a innumerables despojos, acosos y a gresiones. Aún es posible reaccionar. Con clara conciencia de que la verdadera amenaza que pesa sobre nuestros modos de convivencia se llama capitalismo, podemos apelar a la capacidad auténticamente democrática de gobernarnos por nosotros mismos y resistir organizadamente el empeño de privarnos de toda libertad y autonomía. gustavoesteva@gmail.com
Atsoo. “Mujer indígena” como respuesta Yásnaya Elena A. Gil - El País - 16 Oct 2021
Entre la izquierda que hace un uso fácil de la frase y la derecha que aprovecha para evidenciar su desprecio, las mujeres de muchos pueblos indígenas seguimos resistiendo al racismo y al colonialismo patriarcal Un fenómeno interesante de cuando personas identificadas con la izquierda se incorporan al aparato de gobierno es que el universo léxico que se utilizaba en la lucha contra los anteriores regímenes se comienza a escuchar dentro de las instituciones. En muchas ocasiones significa que los anhelos con los que se relacionan pala3
bras como “descolonizar” o “autonomía” para el caso de los pueblos indígenas han tomado cauces institucionales. No debatiré aquí si esos cauces son los más adecuados pero es verdad que cuando se hacen críticas desde diversas luchas sociales y espacios no gubernamentales a ciertos fenómenos vemos reflejadas en las respuestas palabras con las que también nos identificamos. No estábamos acostumbrados a que se use ese léxico desde una postura oficial. En un debate sobre el uso de la violencia por parte de la policía con una persona que había elegido pasar de la lucha social a la función institucional, mi interlocutor argumentó que mi crítica a los cuerpos policiacos reflejaba “clasismo” contra las personas que integran estas agrupaciones. Dado que me identifico con la lucha en contra del clasismo, el hecho de que la persona con la que establecí la discusión haya utilizado esa palabra, me obligó a detenerme para evaluar ese uso de un léxico que antes no era frecuente en la defensa de las acciones de la policía. De algún modo, las palabras para criticar el comportamiento de un sistema opresivo ahora eran susceptibles de ser utilizadas en defensa de ese mismo sistema, como si súbitamente el hecho de que ese sistema ya estuviera a cargo de la izquierda hubiera suspendido la opresión. Algo semejante sucede cuándo algunas personas defensoras del proyecto gubernamental actual argumentaron a favor de Tlali, la primera opción que se había manejado para sustituir la estatua de Cristóbal Colón, diciendo que su colocación era parte de un proceso de descolonización. El uso de esos elementos léxicos dentro del discurso de funcionarios y defensores del actual gobierno se relaciona también con el hecho evidente de que, desde la derecha, una buena parte de las críticas que se hacen al presidente de la República y a muchas políticas gubernamentales están empapadas de racismo, de clasismo y de un gran desprecio a las clases populares. Sin embargo, este uso en agentes del gobierno del léxico con el que se han identificado movimientos sociales, luchas comunitarias o luchas por defensa del territorio entraña otro peligro: una apropiación que abone a domesticar y a neutralizar, al menos discursivamente, a una oposición y resistencia al gobierno 4
que no es el de la derecha, una oposición de base a los megaproyectos del sexenio, una oposición que no disputa el control del estado sino que apuesta por la defensa del ambiente, de los pueblos indígenas, del territorio y de otras maneras comunales de hacer política. Por esta razón, me sorprende y me preocupa cuando agentes del estado que hablan en contra de la organización que plantea el EZLN utilicen ahora frases como “mandar obedeciendo” para describir sus funciones en el gobierno; por una parte se desprecia la opción que el EZLN y las Juntas de Buen Gobierno plantean a la vez que se hace un uso instrumental de una frase que nació dentro de un planteamiento específico. La frase se desliga del contexto y de la lucha en que tomó sentido y desde la que fue enunciada para servir ahora como eslogan de personas actuando dentro del Estado. Esta situación me hace pensar en cómo es necesario construir y renovar constantemente las frases, palabras y narrativas que dan sustento discursivo y semántico a las luchas que defienden el ambiente, el territorio y otras estructuras sociopolíticas históricamente golpeadas por el modelo del estado-nación. Un mecanismo parecido se pone en marcha cuando, desde los micrófonos oficiales, se utiliza la frase “mujer indígena” como respuesta a distintos conflictos, crisis y problemas que surgen dentro del gobierno. Ante la renuncia de la presidenta del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) en medio de una airada polémica, Andrés Manuel López Obrador planteó que debería elegirse a una mujer indígena como titular de dicho consejo. Una vez que se hizo el anuncio, diferentes redes, colectivas y asociaciones de mujeres indígenas lanzaron comunicados para pedir que el proceso tomara en cuenta sus voces y sus propuestas, muchas de estas colectivas propusieron e impulsaron la candidatura de mujeres de diferentes pueblos indígenas. Por su parte, la Asamblea Consultiva del Conapred postuló a seis candidatas para presidir este organismo mientras que el presidente de la República presentó una terna para el mismo cargo, en sus palabras estas tres mujeres indígenas eran “auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo”. Ha pasado más de 5
un año y la página del Conapred muestra un espacio vacío en el directorio, no hay un nombre en la presidencia del organismo. Meses después, en medio de otra polémica suscitada por el nombramiento de la escritora Brenda Lozano como agregada cultural de México en España, el presidente de la República declaró que en su lugar pediría al canciller mexicano que nombrara para esa agregaduría a una mujer indígena, fuera una poeta zapoteca del Istmo o bien una mujer “mexica” del centro del país (supongo que quería decir mujer nahua). Después de varias semanas, ese nombramiento no se ha concretado. Una vez más, cuando se anunció que la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México sería sustituida, la propuesta oficial fue de nuevo: una mujer indígena. En un primer anuncio, se dijo que sería una escultura de una mujer olmeca “estilizada” con nombre en náhuatl (Tlali) y realizada por el escultor Pedro Reyes; ante las quejas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que sería el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de Ciudad de México quien decidiría la escultura en sustitución. El 12 de octubre de este año, Sheinbaum dio a conocer que sería una réplica de la “Señora de Amajac” la que se colocaría en Paseo de la Reforma, esta pieza fue descubierta este año en Veracruz y está fechada en el posclásico tardío. Ni las mujeres olmecas ni las mujeres huastecas del posclásico tardío fueron, por fortuna, mujeres indígenas. La categoría indígena deriva del orden colonial al que las mujeres de pueblos originarios nos seguimos enfrentando en la actualidad, esta situación presenta retos y opresiones pero también respuestas creativas de resistencia a lo largo de estos últimos cinco siglos, incluyendo las opresiones derivadas del establecimiento del Estado mexicano. Resulta preocupante, por decirlo de algún modo, que la frase “mujer indígena” se utilice como una respuesta fácil cuando se trata de evidenciar que las formas y las ideas de la izquierda en el poder han cambiado con respecto del régimen anterior. Cada vez que se ha enunciado “mujer indígena” sea para Conapred, sea para la agregaduría cultural o para sustituir 6
la estatua de Colón, voces desde la derecha evidencian racismo y desprecio, un racismo que no se cansa de recordarnos que no hay mujeres indígenas que tengan las capacidades y los requerimientos necesarios para ocupar esos cargos. Para quienes participan de luchas en contra del racismo, resulta difícil criticar “mujer indígena” como estrategia discursiva para espacios que les han sido negados estructuralmente, ¿quién que abogue por un mundo más justo se opondría a que sea una mujer indígena la elegida?, quien se oponga podría ser acusado de racista. Sin embargo, es importante desnudar el mecanismo narrativo y evidenciar los problemas de hacer de la frase “mujer indígena” un instrumento discursivo fácil que nos instrumentaliza una vez más en medio de polémicas generadas en espacios oficiales. Entre la izquierda en el poder que hace un uso fácil de la frase “mujer indígena” sin concretar nada y la derecha recalcitrante que aprovecha para evidenciar su racismo y desprecio, las mujeres de muchos pueblos indígenas seguimos, como dice la antropóloga kaqchikel Aura Cumes, resistiendo cotidianamente al racismo y al colonialismo patriarcal.
Comisión de la verdad ¿gubernamental? Jacobo Dayán - Nunca más - Animal Político
La actual administración decidió mantener el control de la comisión de la verdad para investigar los crímenes de Estado cometidos de 1965 a 1990, convirtiéndose en juez y parte en una investigación que abandona a las víctimas del presente. Después del tremendo fracaso del sexenio de Vicente Fox para garantizar verdad y justicia por la “Guerra Sucia”, por fin se tomó la decisión de abordar ese violento pasado de nuestra historia. Las víctimas y sus familiares continuaron con esta demanda por décadas. En días recientes el presidente emitió un decreto para la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento 7
Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990”. Muy sintomático ha sido que el anuncio de la creación de esta comisión haya pasado casi desapercibido para los medios y la opinocracia. Un ejercicio de este tipo debe detonar una pedagogía social importante. La conformación de estos órganos extraordinarios debe ser entendida y discutida, inicialmente con las víctimas. Lo primero que habría que decir es que hay división de opiniones entre víctimas, familiares y colectivos. Largamente esperada, esta comisión queda corta y genera dudas sobre su viabilidad e independencia. Para garantizar procesos sólidos y confiables, las comisiones de la verdad deben contar con absoluta independencia. En este caso, seis de los siete votos recaen en funcionarias y funcionarios de gobierno: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Archivo General de la Nación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. A este grupo se suman “cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional” que solo contarán con un voto. El gobierno decidirá qué, cómo y cuándo. El gobierno investigará los crímenes de Estado. La actual administración decidió mantener el control de la comisión convirtiéndose en juez y parte. La comisión terminará su trabajo a más tardar en septiembre de 2024. Con esta conformación, las y los funcionarios podrían decidir emitir el informe final previo a las elecciones presidenciales de ese año dándole un uso político a este proceso. También preocupa el tema presupuestal. Las cinco personas independientes “ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su participación”. Estos trabajos requieren involucramiento permanente por largo tiempo. Imposible realizarlo en estas condiciones con la dedicación requerida. Tampoco queda claro cómo se financiará la comisión, ya que no hay presupuesto asignado. 8
Estos procesos requieren de la participación de cientos de personas que analicen documentos, realicen cientos y cientos de entrevistas para recolectar testimonios, equipos sólidos periciales y de procesamiento de grandes cantidades de información y equipos de redacción y revisión, entre otros. Sobre la justicia también preocupa que se mantenga la vinculación con la FGR y las Fiscalías locales. Los resultados de estas han estado a la vista. Lo ideal sería la creación de un mecanismo extraordinario de justicia y no una fiscalía especializada. Pero el gobierno tampoco quiere perder el control político de la justicia. Sobre buena parte de la información requerida y las garantías de no repetición se dependerá de la voluntad de las Fuerzas Armadas. Nada que agregar, será casi imposible. Cualquier recomendación irá en el sentido de transparentar, supervisar y llevar a cuentas a los miembros del ejército. La realidad actual apunta exactamente en el sentido opuesto. La búsqueda de personas requerirá de mucho mayor presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda que solo tiene una persona dedicada a la “Guerra Sucia”. De la reparación hay que recordar que la CEAV no tiene titular desde hace más de un año y su fideicomiso de reparaciones ha sido eliminado. ¿Cómo se resolverá todo esto? No queda claro. Estos procesos deben garantizarse de manera transexenal. Son mucho más que emitir un informe. Deben venir acompañados de largos procesos de pedagogía y asimilación social. Otro elemento que preocupa es la temporalidad. El decreto estipula “que el Ejecutivo Federal a mi cargo tiene el compromiso con la sociedad en general y con las víctimas afectadas en sus derechos humanos dentro del periodo de violencia política comprendida de 1965 a 1990, de proveer dentro del marco de la legalidad, elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos ocurridos en dicho periodo”. De inmediato surge la pregunta de si este gobierno no tiene ese mismo compromiso con las víctimas del presente o con las víctimas de los 90. El Estado tiene la obligación de garantizar la verdad y la justicia a todas las 9
víctimas. Es irresponsable abandonar a las víctimas del presente. Cómo hablar de garantías de no repetición en un México con más de 92 mil personas desaparecidas, 350 mil asesinadas y más de 30 mil casos de tortura. Esta comisión gubernamental no es lo que esperaban varias de las víctimas, familiares y colectivos de la Guerra Sucia a los que consulté. Tampoco lo es para algunos funcionarios. Las víctimas del presente siguen en el desamparo.
Poder imperial y nuevo “entendimiento” Carlos Fazio - La Jornada - 18 de octubre de 2021
Los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador lanzaron el 8 de octubre el Entendimiento del Bicentenario, que mediante un proceso de reingeniería de la Iniciativa Mérida buscará delinear un nuevo enfoque de cooperación bilateral en materia de seguridad. Todavía difuso, el “entendimiento” se dio a conocer al final del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), donde participaron el fiscal general, Merrick Garland, y los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional estadunidenses, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas. Antes del encuentro, López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard habían anunciado el fin de la Iniciativa Mérida. Al respecto, conviene recordar, que, integrado de facto desde 2002 al perímetro de seguridad de Estados Unidos (EU), el territorio de Méx ico quedó incluido en la zona bajo control del Comando Norte del Pentágono. A su vez, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o el TLCAN militarizado, 2005), la Iniciativa Mérida (2007) llevaría a una desnacionalización acelerada del sistema de seguridad interna. Desde entonces, EU sería codiseñador de la estrategia de seguridad nacional mexicana, lo que más allá de juegos semánticos significó una cesión de soberanía. 10
Definida por el entonces embajador de EU en México, Antonio Garza, como el proyecto más agresivo jamás impulsado por la Casa Blanca en el hemisferio occidental, la Iniciativa Mérida fue diseñada en función de la agenda de seguridad de Washington. Las prioridades de la administración Bush, fueron: guerra a las drogas y al terrorismo en el territorio mexicano; seguridad fronteriza en los confines norte y sur de México; control sobre la seguridad pública y las distintas policías de México; penetración de las fuerzas armadas locales (Ejército y Marina de Guerra); construcción de instituciones y reglas de ley similares a las de EU (homologación de leyes como parte de la integración silenciosa y subordinada de México). En ese sentido, las contrarreformas calderonistas fueron parte de la agenda militar-policial-judicial-penal de EU, ya que se encaminaron no sólo a la adopción de medidas similares a las del Estado de excepción de la era Bush (Ley Patriota, Comisiones Militares, Ley Marcial), sino que, también, vía la pretendida modificación o derogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, buscaba permitir la proyección del poder militar del Pentágono (aéreo, naval y terrestre, incluyendo las fuerzas especiales), en el territorio nacional y los espacios marítimo y aéreo (lo que luego ocurrió de manera no tan encubierta, drones incluidos), y la creación de bases militares, a la postre denominadas Oficinas Bilaterales de Inteligencia o centros de fusión. Símil del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida se inscribió en la estrategia de intervención imperial en la fase neoliberal. Dicho proceso, que se profundizó durante las dos administraciones de Barack Obama, llevó a una privatización de la guerra y a la corporativización del Estado imperial bajo la tutela de los monopolios financieros, el lobby petrolero-gasero, el complejo industrial-militar y los cárteles mediáticos hegemónicos, que se beneficiaron de los planes intervencionistas vía las guerras de baja intensidad, contra el terrorismo y el narcotráfico, formas específicas del fenómeno privatizador neoliberal. El capitalismo es un régimen donde el móvil central es el lucro; obtener la máxima ganancia a la mayor velocidad posible. Y en 11
virtud de esa tendencia privatizadora, el Pentágono traspasó parte de sus funciones de rutina en materia de seguridad y defensa, a compañías militares privadas (contratistas) y a los consorcios mediáticos −fenómeno conocido como subcontratación, terciarización u outsourcing−, lo que derivó en una mercantilización de las tareas de inteligencia, las operaciones sicológicas con fuerzas especiales y las acciones militares clandestinas. Es decir, en una mercenarización de la guerra y una mercantilización de la (des)información: propaganda negra; campañas de distorsión o intoxicación informativa; fabricación de percepciones en base a mentiras propagadas como rumores (la llamada “guerra cognitiva” [ cognitive warfare] incorporada como una quinta rama por la OTAN en noviembre de 2020 además de la guerra naval, aérea, terrestre y cibernética). Terrorismo mediático que quedó en manos de las grandes cadenas de difusión masiva cartelizadas de Occidente, que generaron el caldo de cultivo para las invasiones imperialistas y neocoloniales de comienzos del siglo XXI (Afganistán, Irak, Libia); golpes de Estado (Venezuela, 2002; Honduras, 2009; Paraguay, 2012; Brasil, 2015; Bolivia, 2019; Haití, 2021); golpes blandos o revoluciones de colores; guerras de cuarta generación, no convencionales, asimétricas o contraterrorista (los medios de comunicación convertidos en los nuevos ejércitos de conquista, el bombardeo militar sustituido por el bombardeo mediático a través de matrices de opinión, consignas e imágenes para el control y la manipulación de la conducta social masiva); políticas de “cambio de régimen” (Siria, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua), y/o guerra a las drogas, como la de Felipe Calderón en México. Los argumentos para la conformación de las fuerzas especiales clandestinas del imperio (Delta Force, SEAL, Boinas Verdes, Ranger) para desestabilizar y derrocar gobiernos urbi et orbi, abrevaron en el mismo fraseo que la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, que, como puede verificarse en Colombia y México vía el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, articularon a amplios sectores de las fuerzas armadas y las policías locales con el paramilitarismo, el mercenarismo y el sicariato, utilizados por 12
el Pentágono, la CIA, la DEA y otras agencias de EU para sus operaciones encubiertas, asesinatos selectivos, ataques simulados, sabotajes y como fuerza de choque. En ese contexto, ¿será creíble un nuevo “entendimiento” entre México y Estados Unidos? Con el dúo Joe Biden/Kamala Harris, ¿cambió la naturaleza del imperio y del Estado paralelo que protege los intereses de la plutocracia? ¿La guerra cognitiva remplazará en parte a la Iniciativa Mérida?
Electricidad: subsidios públicos, ganancias privadas
Luis Hernández Navarro - La Jornada - 19 de octubre de 2021 Nuevamente se anuncia el Apocalipsis. Al igual que sucedió en 1998-2000 con Luis Téllez y Ernesto Zedillo; en 2000 con Vicente Fox; en 2008 con Felipe Calderón y en 2013 con Enrique Peña Nieto, el mundo empresarial y sus profetas neoliberales presagian una especie de fin del mundo si no se da marcha atrás, así sea parcialmente, en la reforma constitucional en materia de la industria eléctrica, que busca recuperar la soberanía estatal sobre el sector. Los viejos y nuevos liquidadores de la empresa pública repiten hoy los mismos fatídicos vaticinios que lanzaron en el pasado. En 1998, Luis Téllez, el entonces flamante secretario de Energía, anunció la inminente catástrofe de la industria eléctrica si no se le abría la puerta a la inversión privada. Los apagones generalizados estaban a la vuelta de la esquina, dijo. En febrero de 1999, el presidente Zedillo anunció la propuesta de reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para privatizar el sector. Su objetivo era promover la introducción de particulares en el sector bajo el supuesto de que el mercado promovería mayor inversión, mejor servicio y menores costos. Sus bravatas naufragaron. Su iniciativa descarriló y la hecatombe no llegó. 13
Casi año y medio después, el presidente Fox comenzó a cabildear en favor de la misma causa. Dijo que el cumplimiento de su promesa de que la economía creciera 7 por ciento dependía de que se apoyara esta reforma. Su subsecretario de Economía, Juan Bueno, afirmó: “Tan graves son los problemas de desabasto que podrían explotar a corto plazo”. El país no creció como lo prometió, pero no por culpa de que no avanzara la desregulación del sector. Calderón, el hombre de Repsol e Iberdrola, notificó que se avecinaban las mismas pesadillas, de no aprobarse su propuesta de reforma energética de abril de 2008. Peña Nieto lo repitió cinco años después, para beneplácito de grandes tiburones empresariales y organismos multilaterales, cuando se ajustició a la industria eléctrica nacionalizada, aprobando un cambio constitucional que pulverizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y liquidó el patrimonio nacional en una venta de garaje. Ahora, ante el anuncio de una reforma que busca recuperar la soberanía energética, quienes obtienen, gracias a la reforma de Peña, ganancias privadas de los subsidios públicos, vaticinan, con poca imaginación, que se precipitarán sobre el país las “siete plagas de Egipto” de siempre. La lista de males que nos aguardan, según ellos, es interminable. Aumentará el costo de la electricidad, se deteriorará irremediablemente la calidad del servicio y se precipitarán en cascadas los apagones. Se enseñorearán la fuga masiva de capitales y la parálisis de inversiones extranjeras directas. El peso se devaluará. Caerá sobre nosotros una terrible catástrofe ambiental. Y, por si fuera poco, el país deberá pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones. Los beneficiarios de la privatización eléctrica ocultan que la participación estatal en el sector eléctrico no es cuestión sólo ideológica, sino producto de la naturaleza misma de la industria: de la llamada excepcionalidad eléctrica. 14
Esta singularidad tiene su origen, entre otras causas, en que la electricidad no puede almacenarse (excepto en pilas y baterías, a un costo altísimo). Por ello, se necesita sincronizar su generación con la demanda. Una vez despachada, se necesitan garantizar ciertas condiciones de operación, como el voltaje y la frecuencia. Oferta y demanda no pueden ser dejadas libremente a la “mano invisible” del mercado. Requieren de vigilancia detallada. La infraestructura para su transmisión y distribución es muy cara; resulta absurdo duplicarla. Son monopolios naturales. Muchos países capitalistas nacionalizaron sus industrias eléctricas a mediados del siglo pasado. Lo hicieron Francia en 1946; Austria y Gran Bretaña en 1947; Italia en 1962, y la provincia de Quebec en 1963. Procedieron así porque la planificación y coordinación gubernamentales les garantizaba grandes beneficios como naciones, que los empresarios privados no podían proporcionar. Los gobiernos tenían la capacidad de invertir muchos recursos para impulsar el crecimiento en el sector y aguantar plazos largos para recobrar los costos de inversión. Podían planificar a largo plazo. Estaban en posibilidad de sacrificar márgenes de ganancia para fomentar el desarrollo de otros sectores o el bienestar de la población. Al calor del neoliberalismo, se impulsó la privatización de los sistemas eléctricos. Los bienes públicos pasaron a corporaciones, muchas trasnacionales, cuyo único objetivo es obtener la mayor ganancia, lo más rápido posible. Chile fue el primer país en cambiar propiedad gubernamental por privada. Le siguió Inglaterra. Entre 1988 y 1993, 2 mil 700 empresas estatales en 95 países pasaron a manos privadas (Sharon Beder, Power Play: The Fight to Control the World’s Electricity). El caso mexicano es paradigma de cómo las promesas de bajar precios con base en la competencia, mejorar el servicio y promover la innovación que acompañaron la privatización del sector, resultaron falsas. Por el contrario, sirvió para que, abusivamente, unos cuantos grupos empresariales obtuvieran beneficios despro15
porcionados a partir de bienes y subsidios públicos. El año pasado, la reforma de Peña costó al país 423 mil mdp. Las grandes ganadoras fueron 239 sociedades de autoabasto. Es mentira que se aproxime el Apocalipsis. Hay que terminar el saqueo de nuestros recursos, recuperar la rectoría del Estado de un sector estratégico y defender la soberanía energética de la nación. Sin movilización social crítica no será posible.
Con las alas rotas
Abel Barrera Hernández* - La Jornada - 15 de octubre de 2021 Joya Real es el nombre de la comunidad Na’ Savi donde Juan Manuel y Concepción sobreviven en una casa de adobe prestada por la tía materna. Los 17 años que llevan conviviendo han sido extenuantes, por el trabajo semiesclavizante que realizan en los campos agrícolas de Michoacán y Sinaloa. Sus hijos e hijas han crecido en los surcos. Juan Manuel, de 16 años, no pudo concluir la primaria, por eso se ha especializado en el corte de limón y chile serrano. Los 120 pesos que gana por día los comparte con sus papás para pagar la renta y la luz. Angélica, la segunda hija, sólo pudo cursar el quinto año de primaria. Sus estudios quedaron truncos porque el papá de Rafael habló con su papá sobre el interés que había de casar a su hijo. Antes de que se inscribiera al sexto año, Rutilio hizo el ofrecimiento de pagar una cantidad para que Angélica se juntara con su hijo de 12 años. No fue una negociación sencilla, porque había reticencias de Juan Manuel y Concepción para que Angélica, que apenas tenía 11 años, se le obligara a casarse. Los 120 mil pesos que pagó Rutilio doblegaron al papá de Angélica. Los golpes y maltratos de Hilaria fueron las marcas del matrimonio forzado de Angélica. La suegra a cada instante le exigía que realizara todas las labores domésticas por el precio que habían pagado. Ante la imposibilidad de cubrir las deudas matrimoniales, Rafael cruzó la frontera para buscar trabajo en Nueva York. 16
Abandonada a su suerte, Angélica tuvo que lidiar también con el suegro. No sólo fue el acoso sexual y las amenazas constantes de hacerle daño, padeció lo indecible, sin poder librarse de esta atrocidad. A sus escasos 15 años tuvo que enfrentar esta monstruosidad. Huyó del lugar para buscar refugio con su abuela Petra, ante la ausencia de sus padres. Este atrevimiento le costó muy caro. La acusaron con la policía comunitaria de Dos Ríos, porque supuestamente se había robado unos huipiles. Con dinero de por medio, procedieron a detener a la abuela y a la nieta. Su libertad tuvo un costo de 5 mil pesos. Ante la indefensión de Angélica, sus padres y hermanitos regresaron por ella, desde Yurécuaro, Michoacán. Rutilio acusó a la abuela Petra de encubrir a Angélica, para que ya no regresara a su casa. Exigía que le reintegraran los 120 mil pesos que había pagado. La opción fue detener a la abuela Petra para obligar a que los padres de Angélica se presentaran ante la policía comunitaria. Fueron tres días de encierro arbitrario. Juan Manuel regresó con su familia para atender la demanda de su consuegro. El 26 de septiembre liberaron a doña Petra y detuvieron a los dos suegros. La policía comunitaria condicionó la libertad de Juan Manuel a cambio de cubrir la deuda que a tres años ascendía a 210 mil pesos. Mientras, Angélica quedaba detenida como garantía. Petra con sus tres nietas permaneció en el corredor de la comisaría para velar por la seguridad de Angélica. Del 30 de septiembre al 10 de octubre estuvo encarcelada. La ausencia de las autoridades alienta la violencia contra las mujeres que las cosifica. La madre de Angélica, además de cargar con esta pena, enfrentaba un embarazo de alto riesgo. Nunca imaginó que en el camino abortaría. Fue en Tlacoachistlahuaca donde expulsó un primer feto. Se sobrepuso al dolor logrando llegar en la madrugada a Ometepec. Abrigaban la esperanza de que pudiera ser atendida en urgencias del hospital general. Nadie les abrió y fue en la casa de un familiar donde Angélica expulsó a otros dos fetos. No sabía que tendría trillizos. Los caminos tortuosos de la Montaña y la tortura de ver a su hija encerrada desencadenaron la expulsión de las trillizas. La foto de doña 17
Concepción, que aparece postrada en un camastro, desencadenó el escándalo por la indolencia de las autoridades y la violencia de hombres que se sienten dueños de la vida de las mujeres. Mientras la mamá perdía a sus trillizos fuera del hospital de Ometepec, sus tres pequeñas hijas con la abuela Petra seguían postradas a un lado de la cárcel de Dos Ríos para acompañar a Angélica, encarcelada por el capricho del suegro y la complicidad de la policía comunitaria de Dos Ríos. A pesar de la solicitud que formalmente planteamos como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de liberar de manera inmediata a Angélica, los coordinadores ignoraron el emplazamiento. Sólo accedieron a que la menor permaneciera retenida en el corredor de la comisaría. El caso de Angélica muestra en toda su dimensión las graves fallas que arrastran las instituciones de justicia del Estado. Los familiares de Angélica acudieron a la agencia del Ministerio Público de Ometepec para interponer la denuncia por la privación ilegal de la libertad de Angélica. Con gran desfachatez e irresponsabilidad, el agente del Ministerio Público Aurelio Cano Galindo se negó atenderlos con el pretexto de que el caso no correspondía a su jurisdicción. El perito interprete de nombre Isaías hizo el trabajo sucio. Acudió al domicilio donde se encontraba los papás de Angélica, para plantearles que abrirían una carpeta de investigación a cambio de que cubrieran la cantidad de 11 mil pesos, especificando que 6 mil serían para el Ministerio Público y 5 mil para el intérprete. En los enclaves pobres como la Montaña y Costa Chica de Guerrero, la justicia es una mercancía muy cara. Lo inaudito fue que el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, Javier Rojas Benito, requirió 4 mil pesos a la tía de Juan Manuel para pagar el combustible. Aclaró que para este viaje ya no contaba con fondos oficiales. Socarronamente pidió otros mil pesos para lavar los vehículos. Los saldos de esta Montaña de injusticias no sólo son las deudas económicas y las amenazas contra Angélica y su familia, sino las brechas de la desigualdad y la exclusión social. La joya real de la Montaña son los matrimo18
nios forzados de niñas indígenas que son condenadas a padecer la violencia patriarcal y a nunca levantar el vuelo por sus alas rotas. * Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Visibilizar la impunidad
Gloria Muñoz - Los de abajo - La Jornada - 16 de octubre de 2021 La toma de la ex Glorieta de Colón (ya sin la estatua de Colón, que fue removida por el gobierno capitalino) por cientos de mujeres que la renombraron Glorieta de las Mujeres que Luchan, y colocaron la silueta de una mujer con el puño en alto en el pedestal, no fue una acción improvisada ni provocadora, sino una iniciativa colectiva que involucra la voluntad de miles de mujeres que exigen el reconocimiento de sus pares como un acto de justicia y reafirmación “de la memoria de la lucha de las mujeres”, explicaron en un comunicado luego del anuncio del gobierno de la ciudad de que colocará ahí una réplica en piedra de La joven de Amajac, escultura de la Huasteca veracruzana perteneciente al periodo posclásico tardío. Pero las mujeres organizadas no están dispuestas a abandonar el emblemático espacio sobre la avenida Reforma, donde, advierten, antes estaban únicamente “las imágenes de algunos personajes y momentos emblemáticos de la historia contada desde el poder”, situación que ha ido cambiando debido a que diversos movimientos sociales decidieron la creación de los llamados “antimonumentos”, levantados para visibilizar la impunidad, la injusticia, el feminicidio y los crímenes de Estado. Otra acción de resignificación del espacio tuvo lugar esta misma semana, al cumplirse un año de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por la comunidad otomí que radica desde hace más de cuatro décadas en la Ciudad de México. El 12 de octubre bajaron las enormes letras del INPI de lo alto del edificio y lo renombraron como la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. 19
La comunidad otomí advirtió, al igual que las mujeres que luchan, que está decidida a no entregar las instalaciones e iniciará el proceso correspondiente para “arrancar este patrimonio a los malos gobiernos para que pase a ser patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas que integran el CNI-CIG (Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno)”, red de pueblos que justo ese día cumplió 25 años de existencia. Mujeres e indígenas están en el frente de batalla. No será fácil seguir ignorándolas. Y no están pidiendo permiso. desinformémonos.org
La Brigada Nacional de Búsqueda removiendo conciencias
R. Aída Hernández Castillo* - La Jornada - 17 de octubre de 2021 Desde el pasado 8 de octubre familiares de personas desaparecidas provenientes de 26 entidades de la República recorren el estado de Morelos en una iniciativa de búsqueda ciudadana, pero también de educación y sensibilización de la sociedad ante la crisis de derechos humanos que implica la existencia de 91 mil desaparecidos en nuestra nación. En el contexto de la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, representantes de 160 colectivos de todo el país están recorriendo 14 municipios morelenses, llevando su testimonio a escuelas, iglesias, centros de adicciones y plazas públicas. Las fuerzas y capacidades se han dividido en distintos ejes: unas con la fuerza de su testimonio y las experiencias de años de lucha, van a escuelas, iglesias y plazas públicas a tratar de sacar a la ciudadanía de su indiferencia. Otras han tomado picos y palas para hacer lo que han venido haciendo a todo lo largo y ancho de la República: buscar a “sus tesoros” en cañadas, arroyos, terrenos baldíos. 20
Han sido ellas, quienes –sin ninguna certificación– se han convertido en expertas forenses y han encontrado muchas de las 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 cuerpos, que reportó recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda. Otro grupo ha concentrado su trabajo en fiscalizar los procesos de identificación humana, que en este estado han sido un ejemplo nacional de ineficiencia y complicidad con las fosas de Jojutla y Tetelcingo https://www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/015a1pol Este movimiento formado mayoritariamente por mujeres, desde 2016, ha realizado seis brigadas en los estados de Veracruz, Sinaloa y Guerrero; convirtiéndose en un espacio de confluencia entre familiares de personas desaparecidas, un movimiento ecuménico de distintas Iglesias y una generación de activistas jóvenes (y no tan jóvenes) que se han articulado como aliados y aliadas haciendo suya la lucha de las familias. Acompañando al eje de sensibilización, pude ver cómo los policías y otros servidores públicos de Jojutla, escucharon a Juan Carlos Trujillo, del colectivo María Herrera, hablarles desde el corazón y apelar a ese ser humano que muchas veces se oculta detrás de un uniforme. Aquí se invitó al alcalde a firmar un compromiso con la búsqueda de los desaparecidos y se puso una placa como recordatorio de estos acuerdos. La voz de las familias retumbó moviendo conciencias en este municipio que se hizo famoso por las fosas clandestinas del estado, donde 84 cuerpos aún esperan ser identificados para regresar con sus familias. En Cuautla pude acompañar la búsqueda en campo en las cañadas y sembradíos, donde se rumora que puede haber cuerpos enterrados clandestinamente. Ahí estas mujeres guerreras, con sus picos y palas se fueron abriendo camino, sin importar los intensos rayos del sol, las dificultades del terreno, ni los olores nauseabundos de los desagües que han contaminado los arroyos de Morelos. Doña Reyna, una madre septuagenaria de Veracruz, pero con una energía de quinceañera, abría camino con su machete. La búsqueda de su hijo Luis Javier, desaparecido hace nueve años, se ha convertido ahora en la búsqueda de todos y todas las desapareci21
das. Viendo cómo las compañeras de Regresando a Casa Morelos, se cuidaban entre ellas y me cuidaban a mí, entendí que aunque ese día no encontraran a nadie, construyeron comunidad. Quedó claro el sentido de la consigna “Buscando nos encontramos”. La construcción de estas redes de sororidad que han cruzado también las murallas de las prisiones. En su visita al Cereso de Atlacholoaya, fueron recibidas por las internas integrantes de la colectiva Hermanas en la Sombra, con poesías y cartas que les prepararon. (https://feministasanticarcelarias.org/). Una de ellas les compartió su dolor de tener también una hija desaparecida, la cual se encontraba bajo custodia del DIF, y sin embargo terminó siendo víctima de redes de trata. Sus lágrimas conmovieron a las madres de los colectivos que le recordaron al unísono: “No estás sola”. Durante estas dos semanas, las familias harán de la pedagogía del amor su mejor herramienta para confrontar la pedagogía del terror que mantiene a muchos inmovilizados ante la violencia y la impunidad. * Doctora en antropología, investigadora del Ciesas
Brasil: crecen la miseria y el hambre
Eric Nepomuceno - La Jornada - 17 de octubre de 2021 Brasil vive una etapa en que lo cotidiano muestra dos caras. Una, la de un mandatario sin rumbo, un gobierno que resbala en promesas incumplidas y que a la vez destroza todo y cualquier aspecto de la vida nacional. La más reciente iniciativa en esa dirección fue imponer un severísimo recorte en el presupuesto destinado a investigaciones científicas, lo que paralizará el sector. La otra, un cuadro cada vez más dramático, que se traduce en una miseria que se propaga con velocidad espeluznante. La manera como el ultraderechista Jair Bolsonaro y su gobierno de ineptos sin remedio tratan de manipular la realidad revela una capacidad creativa asombrosa. 22
Buen ejemplo de esto ocurrió el pasado viernes: una de las páginas digitales de la Secom (Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República brasileña) ostentó un titular de estruendo: “Mil días de un gobierno serio, honesto y trabajador”. Y abajo, donde se esperaba ver los hechos gloriosos hechos por el demencial mandatario, apareció un inmenso vacío. La verdad es que sobraron razones para la suspensión de la página. Primero, no se trata de un gobierno serio porque directamente no hay gobierno. Segundo, porque se multiplican las denuncias, evidencias y pruebas de corrupción no sólo en el gobierno, sino también en la misma familia presidencial, esposa e hijos, inclusive. Y del tercer ítem mencionado, trabajo, mejor ni hablar. Bolsonaro sigue en un incesante desfile por el país, inaugurando desde puentes de 10 metros de largo por cinco de ancho hasta agencias de correo, en una anticipada campaña de las elecciones del año que viene. A cada aparición, a cada declaración, sigue criticando el uso de mascarillas y al mismo tiempo que critica y duda de la eficacia de las vacunas contra Covid-19, reitera su defensa del uso de medicamentos que, además de ineficaces, pueden provocar daños colaterales que llevan a la muerte. De paso, y en una clara muestra de su desequilibrio, se cubre de elogios, recordando que Brasil es el tercer país que más vacunó en el mundo. Como siempre, manipula. Ocupamos, por cierto, el tercer puesto entre los que más vacunaron, pero cuando se trata de números proporcionales a la población, aparecemos en un modestísimo lugar 66. Por el contrario, en número de muertos por Covid-19, ocupamos el segundo, sólo detrás de Estados Unidos. Pero hay otra faz de la realidad que cada día asombra más al país, aunque no al gobierno: la velocidad alucinada y alucinante con que crecen la miseria y el hambre. 23
Desde el gobierno de Michel Temer (2016-2018), quien usurpó la presidencia luego del golpe institucional y jurídico que defenestró a la presidenta Dilma Rousseff, hambre, desempleo y miseria volvieron a lanzar tinieblas sobre nuestro escenario social. Pero desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, y en especial desde el inicio de la pandemia, la velocidad con que se esparcen esas tinieblas se disparó. Cálculos de centros académicos y de investigadores que acompañan el cuadro económico y social del país indican que en los tres primeros años (todavía incompletos) de Bolsonaro, al menos 20 millones de brasileños volvieron al mapa de la miseria que había sido prácticamente eliminado al final de los dos mandatos de Lula da Silva (2003-2010). En los pasados seis meses, esa degradación alcanzó velocidad de vértigo. Se repiten por todo el país –de metrópolis a pequeños municipios– escenas de hileras de personas buscando restos en carnicerías y supermercados, con la esperanza de volver a casa con patas y cuello de pollo o huesos de buey. Para reforzar la crueldad de esas escenas, muchos comerciantes pasaron a vender –¡vender!– lo que hasta ahora iba a la basura. Un kilo de patas de pollo cuesta unos 75 centavos de dólar. De hueso de buey, un dólar. La cantidad de brasileños que en las grandes ciudades pasaron a vivir en las calles se multiplicó por dos desde mediados del año pasado. En San Pablo, mayor metrópolis sudamericana, se calcula que pasaron de alrededor de 90 mil a casi 250 mil. En Río no hay cálculos oficiales, pero a simple vista lo que se observa es una multiplicación desenfrenada, en especial en los barrios de clase media y media-alta. Es dramática la cantidad de niños y adolescentes que no sólo tratan de vender lo que sea en los semáforos, sino que viven con sus familias en frazadas tendidas en las veredas. 24
Ése es el más concreto retrato de los mil y tantos días del gobierno de Bolsonaro, el más absurdo y perverso de la historia de la República. Y sobran indicios de que el único cambio a la vista será para peor.
La reapertura de El Mexe
Lev M. Velázquez Barriga* - La Jornada - 13 de octubre de 2021 Hasta el último minuto, la disposición gubernamental para la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, de El Mexe, Hidalgo, ha sido un campo de contradicciones, lleno de tropiezos y obstáculos. Apenas el 3 de septiembre, las autoridades educativas federales descongelaron la clave escolar que había sido suspendida por largos 17 años; se emitió, entonces, la convocatoria para el ingreso de nuevos estudiantes. El semestre daría inicio de manera formal el pasado domingo 8 de octubre en un acto protocolario, con el compromiso de que habría presencia de la Subsecretaría de Educación Superior y en particular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio; ninguna representación oficial estuvo presente. Sin embargo, se llevó a cabo con el cobijo de las representaciones nacionales de la CNTE –las cuales han sido los interlocutores centrales para la reapertura de la escuela–; de egresados de El Mexe que han tenido un activismo fundamental para este propósito; de la emblemática Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México; pobladores y gobiernos democráticos locales que han apoyado en todo momento a los jóvenes aspirantes que durante dos años han tenido que sacar fuerza de toda la solidaridad nacional para no claudicar durante los momentos más críticos, y organizaciones populares y campesinas, como el Frente Popular en Defensa de la Tierra de la histórica lucha de San Salvador Atenco. El acto simbólico de reapertura, que tuvo lugar en el edificio original de la escuela, estuvo precedido de la suspensión de sala25
rios, con amenaza de cese laboral a dos integrantes de la CNTE Hidalgo, Roberto Azpeitia y Eusebio Quintanar, quienes han encabezado durante años la defensa jurídica y política de la normal; actualmente, ambos son perseguidos por la fiscalía, acusados de robo y allanamiento, después de que los profesores usaron las aulas del edificio histórico de la normal Luis Villarreal, todavía en posesión de la Universidad Politécnica Franciso I. Madero, para dar atención a los jóvenes aspirantes a través de un curso propedéutico; no obstante que, de manera previa, habían demandado la coexistencia del complejo educativo que se instaló con otras instituciones universitarias en un predio de más de 72 hectáreas propiedad de El Mexe, donde la normal rural es la única excluida. Junto al arranque oficial de las clases virtuales, debió presentarse la plantilla de administrativos, directivos y docentes que serían responsables de la dirección escolar y las actividades académicas, al menos una propuesta de integración provisional hasta que se emita la convocatoria formal; pero no fue así, los únicos que estuvieron fueron académicos y directivos sin ninguna remuneración económica, que han llevado a cabo las tareas educativas de manera solidaria durante un semestre y en el curso propedéutico, frente a la negativa constante de la oficialidad para darle vida pedagógica y cultural a la normal. Detrás de esta actitud dilatoria está la intención de entregar la normal a los grupos del sindicalismo patronal de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que acaben con toda secuela de un proyecto educativo para las clases populares. Estos incumplimientos generan incertidumbre sobre el compromiso de las autoridades educativas federales para el reconocimiento del primer semestre, de 24 alumnos provenientes de varias entidades de la República, que durante dos años se han mantenido en actitud inquebrantable y unificados, ante los constantes intentos del grupo para desarticular la lucha por la reapertura del internado integrado al sistema nacional de normales y no a las universidades Benito Juárez. Los jóvenes del comité de lucha por la reapertura de la normal, a pesar de su indudable origen 26
humilde, se han negado a la propuesta del gobierno federal para la asignación de becas personales, porque en la vía de los hechos eso significa ceder a la disolución del sistema de internado y de un proyecto histórico de educación popular. El Mexe reinicia sus labores del primer semestre con 100 alumnos que fueron seleccionados bajo los lineamientos de la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública, pero sin instalaciones escolares y menos en modalidad internado para albergar a los estudiantes; con docentes que estarán ahí de manera solidaria; además, sin ningún presupuesto financiero que la sostenga. Faltan a la verdad quienes aluden al mérito y la buena voluntad del gobierno de la República; la normal reabre en medio de sus trabas e incumplimientos, que hasta el último momento impiden el fortalecimiento de las escuelas formadoras de docentes. Es apenas el primer triunfo de una batalla que ha sido producto de la solidaridad del magisterio, del pueblo y las organizaciones populares que reivindican la educación pública y gratuita, cuya lucha no habrá de culminar hasta que la Escuela Normal Rural Luis Villarreal regrese a su territorio y se abran las puertas de su internado a los hijos más pobres de la patria. *Doctor en pedagogía crítica
Lola
Lydiette Carrión - Pie de Página - La Trama Previa - 16 octubre, 2021 A finales de septiembre, Víctor halló una mariposa a media calle que no podía volar; tenía un ala rota. Moriría pronto. ¿Quién puede pensar que una mariposa y un hombre pueden ser amigos? En este mundo que llamamos Occidente estamos muy orgullosos de la Modernidad: este pedazo de historia que inició con el Renacimiento, luego la Ilustración y de ahí para acá hasta llegar a las orillas inciertas que unos llaman posmodernidad y otros los estertores del capitaloceno. 27
En esa modernidad, el pensamiento por antonomasia es el de Descartes: dudo hasta de mi sombra, dudo hasta de mi existencia, y de lo único que no dudo es de dudar. Dudo, entonces pienso, entonces existo. En ese entonces se habla de alma, un alma que hace privilegiado al hombre (ojo sí, al hombre. Las mujeres están borradas de esa historia); los animales carecen de ella; son pequeñas y grandes maquinarias orgánicas, a las cuales se puede torturar y lastimar porque “no sienten como nosotros”. A imagen y semejanza de ese hombre es que se crea el pensamiento moderno. Un pensamiento que pasa los siglos XVIII, XIX y hasa el XX dudando de si las mujeres, los animales, las plantas sienten algo parecido al privilegio sentir de los hombres. Luego establecen que todo es la “ley de la selva”, se obsesionan con los machos alfa, dan preponderancia a la fuerza. Para el siglo XX hay este imaginario y esta ética construidos sobre la competencia: competitividad, productividad, competencia. Esto también fue plasmado en las ciencias duras (por más que aseguren que la ciencia es completamente dura y objetiva). La vida, nos enseñaron, evoluciona y se mueve bajo las leyes de la competencia. Pero ya desde el siglo pasado una bióloga, Lynn Margulis, demostró que en la evolución la cooperación entre especies era más determinante que la competencia. Ella se dedicó a estudiar cómo evolucionan los microorganismos y cómo se relacionan unos con otros. “Todos somos comunidades de microbios. Cada planta y cada animal en la Tierra es hoy producto de la simbiosis”, escribió alguna vez. *** A finales de septiembre, Víctor halló una mariposa a media calle que no podía volar; tenía un ala rota. ¿Quién puede pensar que una mariposa y un hombre pueden ser amigos? 28
Le puso unos gajos de mandarina, pero la mariposa no comía. Entonces él buscó un tutorial en internet para alimentarla; le adecuó una vieja pecera con bugambilias; la acercó a la ventana para que le diera el sol. “Vi que no comía y mejor le doy néctar; aunque es complicado porque obvio no sabe comer así; entonces hay que esperar a que se calme, y con un palillo desenrollar su lengua (que leí apenas que se llama espiritrompa) y pues acomodarla en el néctar y listo”. Víctor sabía que la mariposa no vivirá mucho. Pero ya le ha puesto un nombre: se llama Lola. Un nombre que recuerda a otro animal que desafió las normas que el humano ha impuesto a otras especies: Lola, la cuerva de Truman Capote, una cuerva que se creía perro y por eso no pudo volar para escapar. Una cuerva que emuló a Emily Dickinson, escribe Capote, quien también se creía poeta. “Como que le gusta que la traiga en la mano”, dice Víctor. Lo que vale la pena de la vida: la cooperación y en ese tránsito conocer al otro. *Lola vivió un poco más que cualquier mariposa, comiendo néctar en la mano de Víctor.
Genealogías
María Teresa Juárez - Pie de Página - 15 octubre, 2021 La genealogía feminista nos ofrece una aproximación distinta a la historia oficial, a la construcción del mapa, al libro de texto o al museo de historia. Urge reconocernos como un país racista, para entonces mover estructuras, ideas y prácticas cotidianas, y trazar así los primeros esbozos de nuestra genealogía Dicen los libros de historia que hace 529 años Cristóbal Colón “descubrió” un nuevo continente. Lo que sabemos es que en 1492 29
Cristóbal Colón llegó a una isla que hoy alberga las Repúblicas de Haití y República Dominicana. Tiempo después, este territorio se “asume” como parte de la Corona Española, Colón la nombra La Hispaniola, una isla habitada por la comunidad taína mucho antes de la llegada de los colonizadores. Es así como los bucaneros ingleses, holandeses y franceses se disputaron lo que los nativos taínos habían nombrado como Ayiti. En enero de 1808, Haití sería el primer país del continente en independizarse de Europa. Algunos historiadores lo consideran la primera república negra. Mediante un articulado movimiento de emancipación, este pueblo inició una imparable lucha hacia su libertad. Algo que no sabíamos es que, para obtener su independencia del colonialismo francés, Haití fue obligado a pagar 150 millones de francos, lo que hoy equivale a más 21 millones de dólares. Si el gobierno haitiano no firmaba este acuerdo, el país no sólo seguiría aislado diplomáticamente, sería bloqueado por una flotilla de buques de guerra dispuestos en la costa haitiana. Para liquidar el pago, Haití solicitó préstamos a bancos europeos, principalmente franceses y alemanes. Así comenzó lo que se conoce como la deuda de la independencia. Desde la perspectiva eurocentrista, es hasta el año de 1947 que Haití terminó de “compensar” a los dueños de las plantaciones de aquella colonia francesa. Le tomó 122 años pagar esta “deuda de Independencia”. En los libros de historia, en los medios de comunicación, seguimos leyendo que Cristóbal Colón “descubrió” América. Desde mediados de los años noventa este relato comienza a fragmen30
tarse con la presencia de movimientos políticos que reivindican otros relatos, como la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y diversos movimientos de pueblos originarios en todo el continente. En el caso de la diáspora afrodescendiente, las historias tienen diversos puntos de partida. El proyecto académico Slave Voyages revela que del año 1525 al año 1866 se realizaron 36 mil viajes trasatlánticos de África al continente americano. Durante este tiempo los colonizadores traficaron con más de 11 millones de seres humanos. Esta iniciativa cuenta con manuscritos, ilustraciones, mapas y una extensa base de datos. En este sitio se puede leer: “Los registros de estos viajes se han encontrado en archivos y bibliotecas a lo largo del mundo atlántico. Estos registros aportan información sobre buques, poblaciones esclavizadas, traficantes y dueños de esclavos, así como rutas comerciales”. Cinco siglos después, seguimos revisitando la historia, interpretando las huellas que han dejado diversas culturas asentadas en el continente. De Alaska a la Tierra de Fuego… hñahñus, wixáricas, mayas, aymaras, mapuches, taínos, nativos del norte del continente continuaron un diálogo de siglos desde distintas geografías, expresiones e idiomas. Historias arrasadas ¿Recuerdan el famoso cuadro de las castas en el Museo del Virreinato en Tepotzotlán, en el Estado de México? Esta pintura es un claro ejemplo de cómo nos contaron la organización de la sociedad colonial. Este relato dominante se asentó en museos, en los libros de historia y sigue reproduciéndose desde las redes sociales dejando una huella de oprobio a la división social de los distintos grupos étnicos y lingüísticos de lo que se consideró la Nueva España. 31
Es aquí donde vale hacer un alto en el camino y revisar el trabajo que realizan desde hace siglos historiadores, feministas y otras voces expertas sobre la historia del continente. En una charla sobre luchas feministas en América Latina, Astrid Yulieth Cuero menciona el poder de las genealogías para reconstruir las narraciones que la historia oficial nos ha borrado. ¿De dónde vienes?, ¿quiénes son tus ancestras?, ¿podrías dibujar un árbol genealógico donde la línea materna sea la guía? Abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, choznas. La genealogía feminista nos ofrece una aproximación distinta a la historia oficial, a la construcción del mapa, el libro de texto… al museo de historia. La propuesta implica un grado de subjetividad y complejidad, una mirada disidente, un relato no lineal de los hechos, una revisión íntima -y en ocasiones dolorosa- a nuestras raíces. Y justo por eso, vale mucho indagar en ello. Luego de 500 años tenemos la posibilidad de unir puntos improbables, reconstruir relatos que habían permanecido en la sombra y develar momentos críticos de nuestro pasado colectivo. Es urgente reconocernos como un país racista, para entonces, mover estructuras, ideas y prácticas cotidianas. Y paralelamente, revisar nuestra historia cotidiana: tatarabuelas, bisabuelas, abuelas, madres, hermanas y trazar así los primeros esbozos de nuestra genealogía.
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RECOPILATORIO CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 20 de octubre