Recopilatorio 17 de febrero

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 17 de febrero de 2021

Acuerdos de San Andrés, el horizonte indígena Luis Hernández Navarro - La Jornada - 16 de febrero de 2021

Hace 25 años se abrió un nue­vo horizonte para los pueblos originarios de Mé­xico. Los Acuerdos de San Andrés sobre Derecho y Cultura Indígena se convirtieron en el documento fundacional de una etapa de largo aliento en su lucha emancipadora; en parte medular de su proyecto estratégico e instrumento esencial para su reconstitución. El equivalente, por utilizar un símil histórico, al Programa del Partido Liberal Mexicano en la Revolución de 1910-17.

Pese al paso de los años y del incumplimiento gubernamental de lo pactado, los acuerdos mantienen su actualidad y respaldo. ¿Qué hace esto posible? Primero que todo, la ruta seguida para su elaboración. Como se explica en el documento Punto y seguido, los zapatistas convirtieron lo que pudo haber sido una negociación entre dos partes en un diálogo abierto, inclusivo e incluyente, “de cara a la sociedad y con la participación de las más amplias corrientes de opinión” (https://bit.ly/3dckliY ).

San Andrés fue una sinfonía coral, interpretada en medio de una escenografía espectacular, en la que, convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se escucharon las voces de los más importantes dirigentes e intelectuales indígenas, al lado de religiosos, antropólogos, abogados, historiadores, filósofos y periodistas, que habían caminado al lado de los pueblos originarios durante décadas. Fue tal la convicción de su palabra, que, con frecuencia, los indígenas invitados por el gobierno hicieron eco de sus planteamientos.

La multiplicidad de lenguas que allí se hablaron pudieron haber desembocado fácilmente en la fallida construcción de una nueva torre de Babel. Sin embargo, el resultado final fue el opuesto: una extraordinaria síntesis que recuperó lo sustancial de las incesantes movilizaciones y reflexiones indígenas que sacudieron regiones enteras del país a lo largo de muchos años.

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Un resumen así fue posible por la incuestionable autoridad ético-política de los zapatistas. Ellos fueron el fiel de la balanza para dirimir las más enconadas contradicciones entre sus asesores e invitados. En la negociación, se suscitaron intensos debates entre los convocados sobre temas como el alcance de los derechos humanos, la cuestión de género, las regiones pluriétnicas autonómicas o las formas de representación política. Pero, no obstante el encono que la discusión tuvo por momentos, la autoridad rebelde, sumada a su capacidad de escucha, jerarquización de lo esencial y resumen permitieron aterrizar lo discutido en los acuerdos y en Punto y seguido, con el consenso de la inmensa mayoría de los invitados.

Más allá del mosaico multiétnico del México profundo que se desplegó en toda su riqueza en los diálogos, las reflexiones desde el campo de los asesores rebeldes incorporaron una perspectiva internacional, especialmente latinoamericana. Se pusieron sobre la mesa las enseñanzas y debates por el reconocimiento de los derechos indígenas en la OIT (Convenio 169) y la ONU, así como en varios países americanos (Nicaragua, Colombia, Brasil, Ecuador).

También, las experiencias de procesos de paz en Sudáfrica, Palestina, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia.Los acuerdos no tienen como materia prima elementos exclusivamente nacionales.

Están en sincronía (y en algunos puntos, pasos adelante) con las movilizaciones y reivindicaciones de los pueblos originarios y legislaciones de un ciclo de lucha abierto en la región entre 1984 (primer proceso de paz en Colombia) y 1992 (500 años de resistencia indígena, negra y popular). San Andrés fue una especie de pre-Constituyente para refundar el país. Estableció la necesidad de modificar la Constitución legal de la sociedad mexicana al añadir al principio de los ciudadanos el de los pueblos indígenas. Anunció, a su manera, la inevitabilidad de establecer un Estado plurinacional.

Los acuerdos anticiparon nuevas modalidades de expolio y explotación que perpetrarían el neoliberalismo y el neoindigenismo desarrollista. Buscaron levantar un muro de contención jurídica capaz de brindar protección a los pueblos originarios de la embestida para despojarlos de sus territorios y convertirlos en jornaleros sobrexplotados en las modernas fincas agroexporta2

doras. La expansión incontenible de megaproyectos, concesiones mineras, narcotráfico y agroindustrias desafían hoy su sobrevivencia, como ayer lo hicieron finqueros y terratenientes, grandes ganaderos, compañías madereras, caciques, políticos corruptos, distribuidores de trago y la construcción de grandes presas.

Más allá de la construcción de la autonomía sin pedir permiso que los zapatistas iniciaron en sus territorios, en nombre de los acuerdos, multitud de comunidades indígenas en el país han formado policías comunitarias y reconstituido sistemas de impartición de justicia propios, nombrado autogobiernos municipales al margen de los partidos, recuperado sus sistemas normativos internos, impulsado proyectos de educación alternativos, hecho florecer sus lenguas y culturas y forzado la aprobación de reformas legales.

Pese a que han transcurrido 25 años de su firma, los acuerdos de San Andrés mantienen su actualidad. Han sido y son parte de la sangre que corre por las venas de la insumisión indígena.

A la memoria de Ricardo Robles, el Ronco.

Twitter: @lhan55

Los acuerdos de San Andrés, más que una efeméride

Magdalena Gómez - La Jornada - Martes 16 de febrero de 2021 Hoy se cumplen 25 años de la firma de los que serían primeros acuerdos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el marco de la aún vigente Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, en cuya negociación el EZLN cedió la voz a representantes de los pueblos indígenas del país. Después de firmados, vino la crisis promovida por el gobierno, lo que motivó al zapatismo a declarar la suspensión del diálogo el 4 de septiembre de ese mismo 1996.

Hasta diciembre de 2000 el EZLN fijó condiciones para rea3

nudarlo, una de las cuales fue que se aprobara la iniciativa que había elaborado la Comisión de Concordia y Pacificación. Conocemos el desenlace expresado en la contrarreforma indígena de 2001. Está muy claro que las distorsiones de la misma obedecieron a la continuidad de la visión de rechazar el derecho a la libre determinación y autonomía. En su exposición de motivos, los senadores señalaron su adhesión a la tesis de que el asunto de los pueblos indígenas se refiere ante todo a la pobreza, por ello agregaron el apartado B de continuidad de acciones del indigenismo: “El dictamen es, ante todo, un instrumento para promover la justicia entre y para los mexicanos, partiendo del hecho de aceptar que un grupo amplio de la población del país ha quedado al margen del desarrollo y bienestar al que tienen derecho”.

También sabemos que el EZLN se replegó a la construcción de la autonomía en los hechos y 11 años después, bajo la evocación de que si en 1994 se cubrieron el rostro para ser vistos, el 21 de diciembre de 2012, para ser escuchados, realizó masivas marchas silenciosas en Chiapas, destacando de nuevo la entrada a San Cristóbal de las Casas. En ello el mensaje simbólico fue la pregunta “¿Escucharon?” Con tan impresionante demostración de organización, el EZLN reanudó la presencia pública y el diálogo ciertamente no con el Estado. Luego, el 30 de diciembre, en un comunicado denominado “El EZLN anuncia sus pasos siguientes”, se abordó el propósito de construir puentes con los movimientos sociales y se enfatizó: “Reafirmaremos y consolidaremos nuestra pertenencia al Congreso Nacional Indígena, espacio de encuentro con los pueblos originarios de nuestro país”. Se plasmó el desafío al Estado: “Queda entonces al gobierno federal, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decidir si reincide en la política contrainsurgente que sólo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígena, tal y como establecen los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal en 1996, encabezado entonces por el mismo partido ahora en el Ejecutivo”.

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No los vieron, no los escucharon. La respuesta, días después, fue la transformación de la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en una nueva Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, sin referirse a la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas ni a los acuerdos de San Andrés, mucho menos al EZLN. El gobierno actual no ha abordado los acuerdos, que forman parte de un diálogo suspendido.

No se trataría sólo de modificar la contrarreforma de 2001 de manera unilateral, cuestión por lo demás ajena a las prioridades oficiales y también, hay que reconocer, a los planes anticapitalistas zapatistas en curso.

Para visualizar las razones del incumplimiento a los acuerdos de San Andrés hay que considerar, desde 2001, las numerosas concesiones forestales, mineras, en territorios indígenas y los mecanismos para otorgarlas, incluidos los megaproyectos en curso. En síntesis, en tiempos neoliberales, aún presentes, se ha operado una política de Estado antiautonómica, que hemos caracterizado como neoindigenismo de baja intensidad. Vale preguntarnos: ¿cuáles son los saldos de la nueva institucionalidad, en contraste con la autonomía y libre determinación enunciada en el ar­t ículo 2 constitucional? Es frecuente que a los pueblos indígenas aún se les denomine grupos vulnerables en la lógica del “combate a la pobreza” que se ha constituido en caballo de Troya para dividirlos, para impedir el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios y negar su carácter de entidades de derecho público, hoy tan retóricamente planteado. ¿Cuáles son los datos sobre criminalización de las crecientes movilizaciones de resistencia, al valorar la problemática indígena bajo un es­q uema de seguridad nacional? Tras un año, ¿quién asesinó a Samir Flores? Estas interrogantes son ejemplo de la continuidad de la razón de Estado para sacarle el agua a la autonomía en una lógica contrainsurgente. Esto, bien lo saben los pueblos, sólo se enfrenta escalando la resistencia a nivel mundial.

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Megaproyectos, por encima de mayas y nahuas Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo - 13 de febrero de 2021

¿Para qué sirve el aparato de justicia si los gobiernos federal y estatales ignoran descaradamente los resolutivos judiciales que se han emitido a favor de los pueblos? Existen nueve suspensiones de plano que impiden la operación de la termoeléctrica de Huexca, que es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y al menos seis contra el Tren Maya en la Península de Yucatán. Pero los ignoran descaradamente y las obras continúan avanzando. Ni siquiera la pandemia ha podido detener los planes presidenciales que “van porque van”.

En septiembre de 2020, desde Palacio Nacional se anunció la inminente puesta en marcha de la termoeléctrica que, como muchos de los megaproyectos actuales, está bajo resguardo de la Guardia Nacional. Desde entonces reiniciaron las pruebas que generan un ruido parecido al despegue de un avión, que alcanza 110 decibeles durante el día, cuando debería oscilar entre 55 y 60 en una zona habitacional. A la contaminación auditiva, denuncian desde Huexca, se suma el hallazgo, esta semana, de decenas de peces muertos en la barranca Los Papagayos, cercana a la termoeléctrica.

“Cualquier funcionamiento de la termoeléctrica es ilegal e implicará un robo de nuestra agua”, denuncian el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y los integrantes del Campamento Zapatista. Insisten en que hay vigentes nueve suspensiones de plano que impiden que se disminuya el caudal de agua que disfrutan los ejidos que están abajo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

En la Península de Yucatán sucede lo mismo que en Morelos, donde, advierte Pedro Uc, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, “siguen trabajando en las obras del mal llamado Tren Maya, a pesar de los amparos y las suspensiones que existen contra las obras del megaproyecto, y “usan como trampa que no están construyendo, sino rehabilitando”.

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Lo que ocurre es que se está pasando por encima de los derechos de los nahuas de Morelos y de los mayas de la Península. Todo parece indicar que el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo.

Y entonces, ¿dónde queda la voz de los pueblos originarios que insisten en la defensa de su territorio por la vía legal? desinformemonos.org losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Para la Suprema Corte, los pueblos indígenas son sólo un “accidente” en el territorio nacional Zósimo Camacho - Contralínea - febrero 13, 2021

Este año será de pedir perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades cometidas en su contra hace 500 años. Diversos actores políticos pronunciarán vehementes discursos sobre el genocidio, el despojo, la explotación, el desprecio y el racismo que padecieron.

Pero será también el año en que el Estado mexicano confirmó ese mismo trato medio milenio después. Sólo que ahora desde una perspectiva de conmiseración y lástima, pues en enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al discutir la constitucionalidad de la Ley Minera, tuvo la oportunidad de que, de una vez por todas, los pueblos indígenas adquirieran en las leyes y en los hechos el lugar que sólo los discursos les otorgan. Pero el trato no podía ser más elocuente para reflejar la ignorancia y el menosprecio con que a la fecha son considerados: “población vulnerable” y no sujetos de derecho.

En una agenda política y mediática que invisibiliza a los pueblos indígenas, casi de noche pasaron los sorprendentes argumentos con que los ministros de la SCJN avalaron, el 13 de enero, la “constitucionalidad” de la Ley Minera. Los grandes empresarios 7

del ramo pudieron suspirar tranquilos luego de que quedó en pie una legislación hecha a su gusto, que “regula” el saqueo de los territorios indígenas.

Incluso algunas direcciones jurídicas de dependencias del gobierno federal no dieron crédito a lo que resolvió la SCJN, ya no mencionemos la indignación entre los movimientos sociales y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

El máximo tribunal del país revisó la constitucionalidad de la Ley Minera, luego de que le pueblo masehual o nahua de la Sierra Norte de Puebla iniciara, a principios de 2015, acciones para defender su territorio de las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Llevó un lustro el proceso para que la Corte discutiera el hecho con los resultados señalados.

Los ministros tuvieron que esforzarse para envolver su sentencia en una interpretación técnica, más formal que de fondo.

Calificó su propio trabajo como “concreto” y “objetivo” y “no subjetivo”. Un galimatías para tratar de justificar la aseveración de que la Ley Minera no se relaciona de manera objetiva y directa con los pueblos indígenas ni con la libre determinación y autonomía de los mismos.

Sin embargo, por más malabares discursivos, lo realmente concreto es que la Ley Minera impacta directamente en los pueblos indígenas, toda vez que las concesiones que se otorgan son sobre sus territorios.

La Ley Minera data de 2014, cuando los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) aprobaban la profundización del neoliberalismo en el país. Esta Ley es sobreviviente, en plena “4T ”, del Pacto por México que firmaron los partidos señalados.

Por supuesto, la elaboración de esta Ley no contó con un mecanismo de consulta y participación de los pueblos indígenas aun8

que les afectara claramente. Ello violó lo que la propia Constitución dispone para asuntos que incidan de manera directa en las vidas de los pueblos, tribus y naciones que constituyen México. Para la Corte no se trata de un problema de constitucionalidad, sino de legalidad. Y ese tipo de problemas tendrán que ser resueltos particularmente por tribunales colegiados. Es decir, ante cada concesión minera, cada comunidad deberá iniciar procedimientos engorrosos para que cada caso sea resuelto individualmente por los tribunales colegiados correspondientes. ¿Q uiénes ganan? Las mineras. Y en cierta medida también el Poder Judicial, que tendrá la facultad de aprobar las concesiones mineras a través de los tribunales colegiados. ¿Q uiénes pierden? Ah, los de siempre, los pueblos indígenas.

Se hizo oficial, los originarios de este país sólo son un accidente en el territorio nacional, tal y como las molestas orografías que hay que moldear con dinamita y excavadoras o como las tempestades que vienen y se van con cada temporada de aguas. Pero nada que pueda detener los negocios, privados y públicos. Son molestias a superar por los abnegados inversionistas y especuladores de tierras. Es eso lo que finalmente determinó la Suprema Corte.Vendrán discursos e incluso recursos para “resarcir” a unos pueblos indígenas y condenar a otros.

Bienvenido el enaltecimiento de la aguerrida Tribu Yaqui, pero que no se haga sobre sus hermanos yoremes mayos de Sonora y Sinaloa, que padecieron exactamente las mismas injusticias pero, peor aún, se les quiere desaparecer ya no digamos de las efemérides, sino de la memoria.

V ienen una temporada de ceremonias sobre la “grandeza” de los indios muertos y la “herencia” que nos dejaron. Pero los vivos no tienen certeza de que su siguiente generación podrá conser var sus territorios y, por lo tanto, seguir viva.

A los pueblos indígenas les están cerrando los espacios legales para defender sus territorios, y luego se escandalizarán de los mecanismos de resistencia que deban emprender.

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Las insurrecciones populares no caben en las urnas

Raúl Zibechi - Desinformémonos - En Movimiento - 15 febrero 2021 Aunque los movimientos anti-patriarcales y anti-coloniales han desplegado sus alas en las últimas décadas, los resultados en la cultura política hegemónica aún son muy débiles. Los medios de comunicación no hegemónicos y las izquierdas siguen reflejando, en sus coberturas y discursos, la enorme dificultad para trascender las formas más tradicionales de dominación.

Las recientes elecciones en Ecuador son una prueba de ello. La atención desplegada ante la posibilidad de que Yaku Pérez alcance la presidencia por Pachakutik no se compara con la que obtuvo el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.

Por más que este levantamiento sea un parteaguas en la historia reciente del país andino, las miradas vuelven una y otra vez hacia las urnas, aunque éstas nunca modifican la relación de fuerzas.

La votación de Yaku roza el 20%, siendo la más alta en la historia del movimiento indígena, claro reflejo de la potencia del levantamiento de octubre.

La candidatura de Yaku arrasó en la selva, obteniendo el 50% de los votos en Morona Santiago. En la sierra superó el 40% en Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Bolívar y Azuay, algo que no pudo repetir en Pichincha, Imbabura y Carchi, en la región andina al norte del país. En la costa se impuso Andrés Arauz, el candidato del progresismo, corriente que se volvió hegemónica durante la década de gobierno de Rafael Correa, desplazando la tradicional hegemonía de la vieja derecha.

Una división geográfico-política del país que merece explicación Yaku Pérez encarna la resistencia de las comunidades rurales, y cada vez más de las ciudades medianas, al extractivismo minero que se viene desplegando en la sierra andina y en la selva, pero también a la expansión de la frontera petrolera. También es al10

ternativa al progresismo que se empeñó en un “desarrollismo” anclado en la minería, que judicializó y criminalizó la protesta indígena y popular atacando a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), a los sindicatos y agrupaciones estudiantiles.

Yaku fue uno de los cientos de dirigentes acosados y encarcelados por el gobierno de Correa. Proviene de la resistencia anti minera en la provincia de Azuay, donde las comunidades se vienen movilizando contra la minería aurífera que contamina las nacientes de los ríos y los páramos productores de agua. En 2019 fue elegido prefecto de Azuay y en las recientes elecciones el 81% de los habitantes de Cuenca, capital de la provincia y tercera ciudad del país, se pronunció a favor de detener la actividad minera.

El apoyo de los ecuatorianos a Yaku Pérez no es un cheque en blanco a su persona, sino la forma de canalizar el levantamiento de octubre. Ese mes, durante diez días decenas de miles coparon el centro de Quito para revertir el paquete de medidas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno. Ganaron y esa victoria es lo que permite decir que hubo un quiebre en Ecuador.

Como ya había sucedido en los levantamientos anteriores, desde el primero en 1990, la región costeña se mantuvo al margen y la movilización se concentró en las regiones de mayorías indígenas.

Mientras en éstas predomina la economía agrícola, sostenida por miles de comunidades rurales, en la costa predomina la producción agroexportadora en la cual el banano juega un papel destacado.

Las ciudades son un tema aparte: en Quito, con 3,5 millones y amplia población indígena y mestiza (sólo un 6% se definen blancos), el peso del sector terciario y financiero, con su corolario de masiva economía informal, se está convirtiendo en un bastión de la derecha vinculada al capital financiero.

Por mucho que nos pese, un gobierno de Yaku Pérez, que estuvo al borde de pasar a la segunda vuelta, no habría conseguido sus principales objetivos como frenar la mega minería y dejar atrás el neoli11

beralismo. Con apenas el 20% de los escaños, está obligado a pactar con las demás fuerzas que apoyan fervientemente el extractivismo.

El levantamiento de octubre alcanzó para revertir el paquete neoliberal, pero fue insuficiente para deslegitimar el neoliberalismo. La continuidad de aquel movimiento no puede buscarse en las elecciones, ni en las pasadas, ni en las futuras. El propio levantamiento marcó el rumbo: su principal creación fue el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, donde convergieron más de 180 organizaciones.

“Una Minga por la Vida” fue el programa elaborado por el Parlamento, que en la campaña electoral fue retomado por Yaku Pérez como su plataforma de gobierno.

Aquel Parlamento de abajo no se extinguió. Recorrió parte del país promoviendo el programa alternativo que elaboraron sus integrantes, agrupando movimientos locales y generando debates. Comenzó a recorrer un camino, lento y trabajoso, necesario para organizar a las y los de abajo hasta que la campaña mediático-electoral desplazó los problemas centrales del Ecuador.

El futuro no va a emerger de las urnas sino de la capacidad de los movimientos y de los pueblos de seguir transitando por las brechas abiertas por el levantamiento, profundizarlas hasta neutralizar un modelo de muerte, de expropiación del agua y la tierra.

El legado de la pandemia

Silvia Ribeiro* - La Jornada - Sábado 13 de febrero de 2021 Nadie olvidará el 2020. Nunca antes tantos saludos de cambio de año fueron a propósito de terminar, dejar atrás, salir de ese año como de la peste, literalmente. Excepto varias de las más grandes empresas farmacéuticas, los titanes tecnológicos y unas cuantas

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trasnacionales más que aprovecharon el desastre para cosechar ganancias en volúmenes que la mayoría de la gente no podemos ni imaginar. Basadas, además, en enormes subsidios públicos y en no pagar impuestos, especialmente las plataformas digitales.

Según el informe El virus de la desigualdad (Oxfam, 2021), los milmillonarios que vieron afectadas sus fortunas, recuperaron el nivel previo a la pandemia en apenas nueve meses, mientras la pobreza en el mundo aumentó notoriamente y se sigue profundizando. Para los miles de millones de personas de la población mundial en situación de pobreza, recuperar el escaso poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia tomará más de una década. Algo además incierto (https://tinyurl.com/23zy6zz9).

Desde el inicio de la pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta (siete de ellos dueños de plataformas y empresas digitales) agregaron más de 500 mil millones de dólares a sus abultadas arcas. Oxfam pone el ejemplo de Jeff Bezos, actualmente el segundo individuo más rico del mundo, fundador de la plataforma digital Amazon. Con la fortuna personal que acumuló entre marzo y agosto 2020, podría haber pagado a cada uno de sus 876 mil trabajadores un bono de 105 mil dólares y aún seguiría siendo tan rico como al inicio de la pandemia.

Se hizo patente la destrucción o falta de sistemas de atención de la salud accesibles para las mayorías en muchos países. La educación formal se realizó con grandes limitaciones y en modo virtual en todos los niveles, aumentando en estos sectores también la brecha entre pobres y ricos. La carga de trabajo para las mujeres aumentó mucho más que para los hombres, también la violencia de género.

Al aumento brutal de la desigualdad que ya existía, se sumó el hecho de que las medidas restrictivas para contener los contagios dejaron una importante huella negativa en la interacción social y una ola de contención de las luchas sociales, al no poder participar en forma presencial en protestas, reuniones, etcétera.

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A tono con lo mismo, se enlentecieron e hicieron más injustas (por idioma, zonas horarias, acceso a internet) las discusiones en Naciones Unidas sobre alimentación, cambio climático, biodiversidad, y se limitaron seriamente las posibilidades de participación de la sociedad civil en esos ámbitos. La tendencia de los gobiernos del G-7 hacia el resto de los países es convertir esas discriminaciones en permanentes.

Para las grandes plataformas digitales y empresas tecnológicas, las ganancias han sido indescriptibles, pero no sólo en dinero, también en poder y control. Ya están presentes en todas las industrias –incluso agricultura y alimentación– en el trabajo, educación, salud, comunicación, sistemas de gobierno, redes “sociales”, sistemas financieros.

Todas y todos somos sus presas y el comercio de nuestros datos, sus principales fuentes de ganancia. Prácticamente no están reguladas en ninguna parte y apenas se ha comenzado tímidamente a intentar super visarlas en algunos países, solo en aspectos parciales. No tiene precedente el peso y poder económico y de cabildeo de estas empresas frente a gobiernos nacionales e internacionales, sumado a que tienen control de sus datos e instrumentos.

A las medidas de Twitter de cerrar cuentas de quien considere según su criterio y conveniencia, se suma el reciente anuncio de Facebook e Instagram, de cerrar las cuentas que comenten que las vacunas podrían no ser efectivas o que el virus podría haber sido producto de una manipulación de laboratorio. Más allá de que existe mucha basura en Internet (que las plataformas alientan), de que nos alegre que cancelen los mensajes de Trump o que estemos o no de acuerdo con posiciones críticas sobre las vacunas, el fenómeno de la censura ejercida por los gigantes tecnológicos abre una batería de preocupaciones.

Mientras Facebook – cuyo fundador Mark Zuckerberg es uno de esos 10 hombres más ricos del globo– sostiene que las vacu14

nas son la solución para la pandemia y se arroga determinar qué y quien puede hablar sobre ellas, Oxfam explica en su informe que nueve de cada 10 personas en países pobres no tendrán acceso a las vacunas en este año, aunque varios de los países más ricos han comprado dosis para inocular a toda su población tres veces. El debate de los muchos y diferentes impactos de esta industria es urgente e impostergable.

Pese a la debacle global que la pandemia ha causado, prácticamente nada se ha tocado de sus causas, lo cual afirma las bases para que sigan preparándose próximas pandemias. Por ejemplo, para parar la destrucción de la biodiversidad que aumenta con megaproyectos mineros, de transporte, energía, expansión de la frontera agrícola (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

El panorama sin duda es sombrío. Que muchos aspectos del capitalismo hayan quedado al desnudo, también ayuda a combatirlo. Existe un creciente tejido de debates y acciones entre comunidades, organizaciones y movimientos populares que siguen actuando solidariamente, pensando, cuestionando, construyendo. * Investigadora del Grupo ETC

La muerte

Javier Sicilia - Proceso - 12 de febrero de 2021 Nuestra sociedad, que ha perdido la trascendencia y su tremendo misterio, procura no pensar en ella, apartarla de su conciencia: la muerte les sucede a otros. Sin embargo, desde hace más de 10 años la muerte nos cerca a través de la violencia criminal.

La muerte es terrible. Es la destrucción de nuestro orden natural. La separación violenta de lo más propio de nosotros: nuestros sentidos. Quienes, en nombre de una fe intoxicada de magia, afirman que la muerte es una bendición y no es aterradora, o bien no saben lo que dicen o se niegan a mirar la realidad.

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Incluso para el propio cristianismo, la muerte es, como consecuencia del pecado de origen, espantosa. Supone, decía Iván Illich citando a Santo Tomás, “que nuestra alma, hecha para conocer y amar, a través de un cuerpo, estará sin más ni menos a merced de Dios (de lo conocido desconocido) privada del apoyo de sus sentidos”, de su carne.

Nuestra sociedad, que ha perdido la trascendencia y su tremendo misterio, procura no pensar en ella, apartarla de su conciencia: la muerte les sucede a otros. Sin embargo, desde hace más de 10 años la muerte nos cerca a través de la violencia criminal, y, desde hace un año, de la pandemia. La muerte ha ido ocupando todo. Está en los familiares y los amigos asesinados, desaparecidos, enfermos o intubados; está en los noticiarios, en la conversación cotidiana, en los hospitales, en los tanques de oxígeno, en los cubrebocas, en las superficies, en el confinamiento, en la carne y la presencia de los otros. Está en el pan, la leche, el corazón y la memoria. Nunca, quizá, como ahora, la muerte se ha vuelto una realidad cotidiana; nunca, quizá, ha estado tan mezclada con el acontecer de la vida.

No se trata, por lo mismo, de la muerte que, pese a su injusticia, se espera como consecuencia de haber vivido, sino de lo que Albert Camus definió como “lo arbitrario humano” –la muerte generada por la violencia de los hombres– y “lo arbitrario divino” –aquella que produce el mal que nos sobrepasa: los terremotos, las epidemias–. Ambas son más absurdas que la muerte a la que nuestra propia vida nos destina. Son la irrupción de lo inesperado en el centro mismo de un mundo que lo había limitado mediante leyes, controles, programas de protección. Pensando en ello, Camus escribió una novela conmovedora, La peste. En esa alegoría de lo arbitrario humano y divino, Camus, además de describirnos el sufrimiento y la impotencia frente a lo absurdo, muestra a un puñado de seres luchando contra él, no para erradicar la muerte –es imposible–, sino para contenerla, para disminuir su presencia y su sufrimiento, para volverla otra vez extraordinaria en la cotidianidad de la vida.

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No es otra cosa lo que, en el caso de lo arbitrario humano, han mostrado las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. No otra cosa lo que, ante lo arbitrario divino, hacen el personal de salud y las organizaciones civiles de ayuda. Tiempo atrás, La peste dejó de ser una novela para habitar la realidad.

Por desgracia, la irrupción de lo inesperado tiene hoy una característica ajena a esa resistencia: ha desbordado todo. Las instituciones de seguridad, al menos en nuestro país, no funcionan. Lejos de ello, los gobiernos han reducido hasta la impotencia a las organizaciones civiles que luchan contra el crimen, y su actuación parece estar coludida con quienes producen la muerte. Las instituciones de salud están rebasadas. La ineptitud gubernamental para enfrentar el virus es tan arrogante como criminal. Ha abandonado a su suerte al extenuado personal de salud, cuya mortandad es una de las más altas en el mundo. Ha reducido a la indefensión a la gente, que muere por falta de atención médica, y ha permitido que el propio presidente, víctima de su soberbia e ineptitud, enferme.

Mientras en medio del caos, del comportamiento errático criminal de los gobiernos y de la irresponsabilidad de muchos, luchamos como podemos contra esa doble arbitrariedad, la muerte está allí, cosida a nuestras vidas como nunca antes. ¿Qué podemos hacer cuando, habiendo agotado todas las posibilidades, aparece de manera irremediable? ¿Qué podemos hacer por quienes, aún en nuestra compañía, mueren en la soledad propia de la muerte, que siempre es personal, intransferible, inimaginable para quienes aún vivimos? Pero, sobre todo, ¿qué podemos hacer por quienes, sin poder socorrerlos en forma alguna, mueren en la desolación de una casa de seguridad, de un hospital, de una calle, de un pasillo? ¿Qué podemos hacer incluso contra la conciencia de nuestra propia y posible muerte?

Desde que el ser humano es el ser humano, no conozco otra cosa que la oración. No en el sentido mágico que puerilmente se le atribuye –la petición de un milagro–, sino en el más profundo: el del silencio atento que, al recoger nuestros sentidos, nos fija 17

amorosos en quienes, débiles como nosotros, mueren irremediable y absurdamente. En esos momentos, dejamos el tiempo y la imagen, y, acompañándolos, entramos con ellos en la oscura y terrible luz de lo invisible. Creamos o no en la trascendencia, la oración es, desde tiempo inmemorial, la fuerza de la impotencia ante el fracaso que es la muerte; la intercesora entre la vida humana y el mundo terrible de lo desconocido, entre la miseria de la muerte y el misterio del sepulcro, pero, sobre todo, entre la soledad y la fraternidad.

Sólo una sociedad arrogante puede prescindir de ella y abandonarse y abandonar a otros en la angustiante presencia de lo arbitrario.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos.

Contrainsurgencia 4T

Raúl Zibechi - La Jornada - Viernes 12 de febrero de 2021 Las estrategias contrainsurgentes son flexibles, se adaptan a cada tiempo y lugar, a cada sector de la población que deben combatir. Actúan con modos distintos en áreas urbanas y rurales, ante actores armados o pacíficos, despliegan en cada caso los dispositivos adecuados para cada situación.

Las estrategias contrainsurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina.

Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven “aperturas democráticas” que se reducen a convocar elecciones.

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La contrainsurgencia moderna tiene un sólo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo.

Estamos asistiendo a un despliegue feroz de la contrainsurgencia denominada “guerra de desgaste” en Chiapas, contra la comunidad Nuevo San Gregorio y la región Moisés Gandhi, en total seis comunidades autónomas zapatistas pertenecientes al municipio autónomo Lucio Cabañas del Caracol 10.

Esta guerra decidida bien arriba, se enfrenta a procesos organizativos pacíficos. En estos casos la contrainsurgencia no puede desplegar políticas como la “tierra arrasada” que se instauró en Guatemala contra los pueblos originarios de raíz maya, porque caería en la más completa deslegitimación.

Impedidos, por ahora, de arrasar comunidades a través de un genocidio, ensayan otras estrategias que persiguen exactamente el mismo objetivo, pero de manera lenta, sofocando pueblos para despojarlos y convertir sus bienes comunes en mercancías.

Desde abril de 2019 vienen atacando a las comunidades mencionadas, invadiendo y alambrando las tierras recuperadas por las bases de apoyo zapatistas, robando sus cultivos, materiales de trabajo y tiendas comunitarias. Disparan sus armas durante horas, a veces desde el amanecer hasta la noche, con agresiones físicas y verbales.

El 22 de agosto de 2020 integrantes de Orcao (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) incendiaron la bodega y la tienda comunitarias en el crucero de Cuxuljá, todo ello en el municipio oficial de Ocosingo. Han secuestrado comuneros y comuneras, los amenazan y torturan.

Como documentan las caravanas de solidaridad, integradas por 15 colectivos y acompañadas por el Centro de Derechos Huma19

nos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), a las familias zapatistas se les está haciendo imposible cultivar sus tierras (https:// bit.ly/2NiBaOo).

Esta misma semana la última caravana constató que los paramilitares armados ingresaron a las tierra comunitarias recuperadas para sacar el ganado y quemar su leña. Antes ya habían cercado escuelas, espacios de salud, fuentes de agua y tierras donde pasta el ganado.

Como puede observarse, se trata de microacciones contrainsurgentes que representan una guerra de altísima intensidad para las familias campesinas. Todo esto sucede con el apoyo de las fuerzas armadas, de los gobiernos estatal y federal que no han hecho nada para impedirlo.

Estamos ante una política consolidada para aislar, debilitar y ahogar toda resistencia. No se busca matar de un machetazo como en las masacres de la tierra arrasada del general Ríos Montt, sino con la exasperante gradualidad del goteo criminal, del hambre y la muerte por asfixia. Es una guerra mundial.

El 3 de febrero la comunidad de paz San José de Apartadó (Antioquia, Colombia), emitió un comunicado donde denuncia la complicidad estatal en los acosos, violaciones y asesinatos que suceden cada semana desde hace 23 años. El comunicado es testimonio de que estamos ante una estrategia global contra las y los diferentes (https://bit.ly/3a6T5R2).

Pese a ser un grupo de campesinos sin armas, los paramilitares asesinaron y desaparecieron más de 300 personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños por el delito de resistir la muerte, el desplazamiento y la lógica de la muerte (https://bit.ly/3rG63Li).

“No les bastó con la violencia directa”, luego “impidieron el paso de alimentos para la comunidad”, señala el documento sobre su historia. Con el desgaste hoy quedan 35 familias repartidas en veredas y 35 niños y niñas que asisten a la escuela comunitaria propia.

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En todos los casos son varones armados contra niñas, niños y mujeres, que son la mayoría absoluta de las comunidades.

Debemos comprender el amplísimo abanico de la contrainsurgencia: desde bombardeos aéreos en Turquía, Siria y Palestina, hasta el implacable goteo cotidiano contra comunidades zapatistas, pasando por asesinatos masivos y desapariciones como en Ayotzinapa.

El capital aprendió que los asesinatos masivos generan amplias movilizaciones de repudio, pero mediante el goteo que promueve el terrorismo de Estado progresista, puede avanzar con menos obstáculos, ahogando en vida a las comunidades. Es hora de tomar la palabra para nombrar crímenes y criminales.

Instituciones públicas + crimen organizado = macrocriminalidad Mario Patrón - La Jornada - Jueves 11 de febrero de 2021

En días pasados, la violencia asociada a la impunidad volvió a hacerse presente en el panorama nacional con la noticia del asesinato de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas. Como resultado de las investigaciones, se sabe que la masacre se produjo en el marco del operativo Frontera Chica y en ella estuvieron implicados el Grupo de Operaciones Especiales, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos miembros habrían recibido la orden de asesinar a quienes circulaban en la camioneta donde viajaban los migrantes, tras lo cual se les habría mandado incendiar la camioneta para borrar la evidencia.

Lamentablemente este caso no es inédito, hay que añadirlo a una lista más amplia de hechos en los que las instituciones de seguridad son responsables directas de crímenes y violaciones graves a los derechos humanos. Lo ocurrido en Camargo es un reflejo más de la crisis institucional y de seguridad pública que padece 21

el país, y es expresión también de la histórica colaboración o infiltración de los intereses del crimen organizado en las policías e instituciones públicas.

La tragedia de Camargo confirma que la frontera norte y las rutas de migración son territorios en disputa por los cárteles del crimen organizado y que la institucionalidad del Estado ha sido cooptada por esas organizaciones.

Inevitablemente, las dolorosas imágenes de Camargo nos hacen revivir la tragedia ocurrida hace una década a pocos kilómetros de ahí, cuando 72 migrantes fueron asesinados por el crimen organizado en el poblado de San Fernando, también en Tamaulipas. Las investigaciones de aquel caso nos permitieron conocer que la policía municipal en aquel agosto de 2010 estuvo previamente informada y brindó protección para la consumación de los secuestros. Duele aún más saber que ninguna de las 81 personas señaladas en su momento por tener relación con el caso ha sido condenada por la masacre.

El caso de San Fernando, que debió servir para conjurar posteriores tragedias, ha acabado convirtiéndose en la premonición no sólo de la masacre reciente de los 19 migrantes, sino de la vejación y frecuente muerte de muchos otros que siguen intentando atravesar los territorios fronterizos de México hacia Estados Unidos. Así ha ocurrido porque, mientras la impunidad siga siendo la realidad de nuestros sistemas de justicia, se envía un mensaje de aliento para la reproducción de este tipo de mecanismos de control territorial de bandas criminales que actúan en contubernio con instituciones de los distintos niveles de gobierno. Lamentablemente, no es sólo San Fernando, ni Camargo, sino muchos otros territorios que se encuentran sometidos a entornos de macrocriminalidad, donde los andamiajes del crimen organizado se funden con los de la institucionalidad pública.

Para ilustrar el carácter expansivo de dicho proceso, baste recordar historias que han evidenciado la presencia de la macrocriminali22

dad en otras zonas del país, como el de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, al ser detenidos por policías estatales y luego entregados al crimen organizado; y, desde luego el caso Ayotzinapa, probablemente el hecho más emblemático, pues exhibe las mismas características de colaboración con el crimen organizado de elementos municipales y estatales, e incluso de policías federales e integrantes del propio Ejército Mexicano.

El tema, como hemos señalado antes en este espacio, no es sólo un asunto de seguridad, sino que compromete numerosos ámbitos de la institucionalidad pública y cuestiona profundamente nuestra calidad democrática. La criminalidad fortalecida desde el Estado o macrocriminalidad, ha sido ampliamente estudiada por numerosos teóricos, como el jurista alemán Kai Ambos, que la define como aquella estrategia de control político y territorial que comprende el trabajo conjunto de poderes políticos, económicos y armados. De acuerdo con esto, crimen organizado e instituciones públicas trabajan en conjunto para la consolidación de los intereses de los cárteles en territorios específicos, constituyendo así no sólo una complicidad espontánea entre Estado y organizaciones criminales, sino toda una empresa criminal cuyo trabajo para el control territorial se lleva a cabo de manera premeditada y muy bien articulada.

Así, la conjunción de macrocriminalidad e impunidad se convierte en la clave para entender mejor las dimensiones y la complejidad de la crisis institucional que permite la reproducción de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad. Las estrategias de combate a la inseguridad deben, por tanto, atender de manera estructural e integral las múltiples violencias que aquejan nuestro país, especialmente las que se perpetran sobre las poblaciones más vulnerables, como las personas migrantes.

Tragedias como la ocurrida en Camargo dan cuenta de que la Guardia Nacional como apuesta principal del actual gobierno para contener la violencia en el país, es no sólo insuficiente, sino errada, pues enfatiza un enfoque reactivo de atención a la vio23

lencia como si ésta se tratase de un hecho de generación espontánea y no la consecuencia de la infiltración del poder público y privado por el crimen organizado. En un país de fosas, donde se fabrican verdades y numerosas instituciones han sido cooptadas, una mayor presencia militar en las calles no va a garantizar mayor seguridad. Es necesario repetirlo una vez más: el fortalecimiento de las instituciones acompañado del desmantelamiento de las redes ilícitas tejidas entre poderes políticos, económicos y delincuenciales, debiera ser el punto de partida para recuperar los vastos territorios de nuestro país que hoy se encuentran secuestrados por la macrocriminalidad.

Hablemos de abrir las escuelas

Lydiette Carrión - Pié de Página - La Trama Previa - 14 febrero, 2021 Esta discusión es álgida, despierta pasiones, enojos y miedos de todo tipo: ¿abrir una escuela puede poner en riesgo a un maestro o una familia? Los expertos parecen no ponerse de acuerdo, aunque hay ya algo de evidencia y aprendizaje que se puede aprovechar México está por cumplir un año sin escuela presencial: desde mediados de marzo de 2020 cerraron todos los niveles: desde preescolar hasta universidad. Si bien esto conlleva costos y pérdidas para todos los niveles, aquí me interesa sobre todo examinar qué ocurre con la educación preescolar y primaria, porque es ahí la principal palanca para detener la desigualdad: atender la infancia, desayunos escolares que pueden prevenir la desnutrición infantil, y horas en un espacio seguro y estructurado que permiten a las jefas de familia sobre todo, insertarse en el mercado laboral.

En la escuela también es posible identificar situaciones de abuso o maltrato –o al menos provee a un niño o niña maltratado horas de seguridad–, de seguimiento a cartillas de vacunación.

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No todos los cierres son iguales La mayor parte de las escuelas del mundo hizo lo mismo: cerraron… pero por un tiempo.

En China, y Europa se dio prioridad a abrir lo más pronto posible los niveles preescolar y primaria. Para una niña o niño perder la escuela es perder una parte vital de su mundo. El cierre de primarias es, pues, una tragedia para millones de familia.

Pongo como ejemplo una nota publicada por Pie de Página en julio pasado, sobre una encuesta realizada a niños indígenas en San Cristóbal, Chiapas.

Ahí, los pequeños encuestados advertían que con la pandemia y dejar de ir a la escuela, les daba miedo no comer.

Y es que se trata de una población de niños que tienen acceso a los desayunos escolares, y que por la tarde trabajan.

Cabe recordar que el gobierno mexicano distribuye (o distribuía unos 6 millones de desayunos escolares caliente a nivel preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Sobre la educación a distancia, solo el 18 por ciento de la infancia trabajadora en San Cristóbal tiene internet en su casa, y menos aún una computadora. ¿Cómo tomar clases por televisión cuando en muchas ocasiones, la madre no habla español y por más quiera no puede ayudar?

Resistencia magisterial No todo son malas noticias.

Frente a esta situación insostenible, muchos profesores se organizaron. Destaca la sección 36 de Michoacán, donde elaboraron una serie de cartillas pedagógicas para entregar en las zonas rurales. Ahí, los maestros se propusieron dar seguimiento en clases de regularización al aire libre, o por mensajes de texto, visitar una vez por semana a sus alumnos para no dejarlos a la deriva.

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Estas son experiencias que pueden rescatarse y de las que se puede y debe aprender; pero hasta la fecha no tienen un seguimiento ni análisis por parte de autoridades; mucho menos el apoyo.

Y esa es otra cuestión: profesores, escuelitas, han buscado opciones. Maestras que organizan mini escuelitas controladas con 4 o 5 niños, tanto a nivel comunitario, como en los sectores más privilegiados de la sociedad. Pero todas estas experiencias se han desenvueltos en la marginalidad y debajo del agua; no hay autoridad que sustente estos esfuerzos, que sistematice el aprendizaje, que busque articular mejores respuestas.

Pero aquí regresamos a lo mismo: ¿Cuánto tiempo es sostenible un preescolar o una primaria a distancia?

Los gigantes del mundo privilegiaron la educación básica presencial Encuentro una columna escrita por un experto en educación comparada, Javier M. Valle, que aglutina datos relevantes de los cierres de escuela en el mundo. Adelanto una conclusión: en América Latina se concentran los cierres de escuela más severos, mientras que Europa y países como China, Rusia y EU procuraron mantener la educación primaria y preescolar abiertas.

En concreto: Brasil (con un enorme número de contagios y muertes), Argentina (que por momentos ha alcanzado cifras récord de contagios). Paraguay también cerró de forma general, a pesar de que, explica Valle, había zonas remotas donde no hubo contagios.

Por su parte, Europa gestionó los cierres de escuelas de forma diferente:

como una medida tomada solo durante los momentos más duros de la primera ola de la pandemia y cuando los contagios han arremetido con mayor fuerza. En Pie de Página, la perio26

dista Cynthia Rodríguez narró a lo largo del año como Italia también tuvo uno de los cierres de escuelas más severos, y eso no detuvo los contagios.

Fue hasta que las madres de familia –que cargaron con el trabajo de cuidados y enseñanza de sus hijos– empezaron a protestar, que abrieron las escuelas primarias.

Javier M. Valle advierte: “Actualmente, a pesar de medidas de confinamiento social más o menos estrictas, Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido mantienen sus escuelas abiertas.”

Efectivamente, lo hacen con flexibilidad, así como hacen cierres cuando existe un brote de infección al interior del plantel o hay un alto nivel de transmisión comunitaria.

Hace unos días, lancé la discusión sobre el cierre de escuela públicamente en redes sociales. Como en todo el mundo, como las discusiones actuales en Estados Unidos, hay posturas encontradas: los que están a favor de abrir y los que no.

Un lector envió este tuit: En Estados Unidos abrir o no escuelas también confronta, genera disputas. En concreto, entre los sindicatos de maestros, entre las autoridades federales, entre las madres y padres de familia.

En aquel país han logrado mantener la educación básica parcialmente abierta dejando gran parte de la decisión a cada plantel: aquel que tiene las condiciones de higiene, ventilación y puede invertir en pruebas de detección (y no solo medir la temperatura) tendrá probabilidades de mantenerse por mayor tiempo abierta.

En México, por supuesto no contamos con ninguna de estas herramientas. Pero me pregunto: ¿proteger la infancia no vale lo suficiente como para implementar ya algunas medidas? Pareciera que no, porque ni siquiera hay un plan claro. Otra lec27

tora envía el sitio de la Unicef que ha aglutinado los protocolos de reapertura de escuelas para América Latina y El Caribe.

México no tiene ningún documento contemplado.

No hemos podido medir los impactos que esto ha generado en nuestro país, un lugar que ya era violento contra la infancia.

Sólo una que otra columna de opinión (como esta misma), un informe sobre el cierre de Telesecundarias en el ámbito rural.

Pero este impacto está también sobre las madres de familia.

“La pandemia de covid-19 produjo una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la agencia de Naciones Unidas”, escribió Daniela Pastrana en esta nota.

En el epicentro del contagio En México, y en concreto en la Ciudad de México y las grandes urbes, se suma que la pandemia ha sido devastadora. La directora de Pie de Página, y otras personas me hicieron ver que uno de los grandes problemas en México es que no se trata sólo de las escuelas, sino de los traslados. Nuestras megaciudades son inabarcables y los tiempos de traslado son un riesgo de contagio.

Pienso en esa máxima de las escuelas en los países eslavos: la mejor escuela posible es la escuela pública más cercana a casa –no existen prácticamente las privadas–. Una realidad muy distinta de la que vivimos en México.

A eso se suman otros factores: la edad de los profesores, la infraestructura de las escuelas. ¿Cuántas tendrán una ventilación adecuada para prevenir el enrarecimiento del aire?

Pero de nuevo: ¿qué acaso estamos condenados como país a la 28

inmovilidad? A no poder transformar esta realidad? ¿No nos merecemos mejores escuelas? ¿No nos merecemos una educación pública digna para las niñas y niños mexicanos?

Desde el epicentro de esta tragedia que nos atraviesa a veces olvidamos que hay otras realidades, otras formas de afrontar y gestionar las emergencias. De otro modo, las niñas y niños mexicanos arrastrarán esta desgracia por décadas.

Educación elitista

Kau Sirenio - Pié de Página - Voz de Lluvia - Tatyi Savi 11 febrero, 2021 La pandemia afecta más a los niños indígenas, porque sus papás se convirtieron en sus profesores y algunos padres están ausentes en los campos agrícolas o en Estados Unidos. ¿Q uién va a vigilar a los niños para que cumplan con su tarea?, ¿cómo le van hacer los tutores de los niños para cumplir con la tarea cuando ellos no saben leer ni escribir?

Hace diez años, hice un trabajo periodístico sobre el examen conocido como Evaluación Nacional de L ogros Académicos en Centros Escolares (Enlace), en el municipio de Chilapa, Guerrero. La historia que encontré en ese viaje en esas comunidades no ha cambiado nada, al contrario, la situación ha empeorado ante la ola de violencia que azota la región.

La situación para los niños indígenas es más complicada de lo que uno se puede imaginar, se enfrentan al desmantelamiento de su cosmovisión comunitaria y la posterior asimilación del mundo exterior que le imponen la educación, la religión y los medios de comunicación que después los convierten en consumidores cautivos y los obligan a migrar con sus papás en busca de nuevas oportunidades.

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En ese recorrido encontré a Modesto Ahuejote Hernández, quien cursaba tercer grado de primaria y apenas desayunaba: una taza de café y una tortilla dorada; para el almuerzo en el receso llevaba dos tortillas y moras para untar a la memela; y comía salsa de chile verde y tortilla recalentada. De alimentos nutritivos no tenía ni idea.

La casa donde vivía con su madre, Agustina Hernández, era una lona amarrada de las cuatro esquinas, la pared es de carrizo. L o que supe ese día fue que le pusieron piso firme a la vivienda (programa calderonista), pero esto no cambió en nada la estructura, que permaneció en la misma condición.

“En lugar de piso, le hubieran puesto el techo”, dijo el profesor José Alberto Terrero Pochote, con ironía.

En la misma comunidad Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, me topé con la niña Guadalupe Pozotempa Linares, que vive en la misma situación de alta marginación al igual que Modesto. A esa edad vivía violencia intrafamiliar a causa del alcohol de su padre, un problema que arrastra a las comunidades indígenas. Además de ser la niñera de sus hermanos menores, porque su mamá trabaja para llevar el sustento familiar.

En la vida cotidiana de los niños indígenas, antes de ir a la escuela tienen que ayudar a sus papás, como ir a las leñas; cuando terminan sus clases acarrean agua o llevan a pastar a sus animales, después de cumplir las labores familiares. Aquí, los niños no saben de juguetes, unos cuantos tienen calzados nuevos, otros más andan descalzos, no tienen ratos de diversión o medios necesarios para realizar sus trabajos escolares porque no cuentan con biblioteca, internet o televisión.

Así las cosas, en la montaña de Guerrero, la esperanza de superación es nula, los pobladores viven en carne propia la discriminación, uno por ser pobres y dos por ser indígenas; las oportunidades llegan a cuentagotas, en muchas ocasiones sólo quedan en promesa.

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Por si fuera poco, los conflictos internos de las comunidades impiden el desarrollo social, por los enfrentamientos entre vecinos, por la división comunitaria, por conflictos religiosos y de partidos políticos; los niños viven en un ambiente de inseguridad y desconfianza.

El problema que enfrentan las comunidades indígenas sumergidas en la pobreza extrema muestra cómo los niños de esta zona marginal no pueden competir con los niños de la zona urbana. Las condiciones son distintas, un niño de la zona urbana tiene mayor oportunidad para sus estudios, porque además tiene a su favor el acceso a la tecnología.

La falta de empleo obliga a la familia a emigrar a los campos agrícolas, al corte de jitomate, espárrago, chile, pepino, fresa, mora y uva en los estados del norte, mientras que los niños se quedan sin ningún tutor que se haga cargo de ellos, para que cumplan con la escuela.

De ahí, no se puede medir a la zona indígena en el mismo parámetro que las urbanas, porque las prioridades son otras, en las comunidades rurales los niños, hacen actividades, como ayudar en la casa o en la preparación de la tierra para la siembra. Sin embargo, en la ciudad, los niños sólo piensan en la escuela.

Luego entonces, diez años nos separan de aquella visita a Chilapa y nada ha cambiado, ahora la pandemia afecta más a los niños indígenas, porque sus papás se convirtieron en sus profesores y algunos padres están ausentes en los campos agrícolas o en Estados Unidos. ¿Quién va a vigilar a los niños para que cumplan con su tarea?, ¿cómo le van hacer los tutores de los niños para cumplir con la tarea cuando ellos no saben leer ni escribir?

Mientras existan barreras culturales y el diseño académico esté apegado al pensamiento colonial, la construcción bicultural y multilingüe solo pasará en la historia como propuesta de buena voluntad. Porque hasta ahora la pandemia ha demostrado que la educación en México es elitista y excluyente.

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DENUNCIAS Acción Urgente.

Denuncia comunidades indígenas pertenecientes a Cuatro Venados, Oaxaca.

9 FEBRERO, 2021 A los medios de comunicación A los medios Libres e independientes Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional Nosotras, nosotros, comuneros y vecinos de la localidad el Rebollero, Rio Minas y Paraje los Arquitos, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, nos declaramos en Alerta Máxima.

Este 9 de febrero, aproximadamente 2 de la tarde, unas 20 personas quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del ejercito volvieron atacarnos.

Estas personas descendieron de dos camionetas tipo Pickup, una de color blanco y otra de color rojo, estas camionetas venían en dirección de la comunidad El Carrizal y Tiracoz Cuilapam de Guerrero, el ataque armado duró unos 20 minutos aproximadamente, lo más preocupante es que siguen llegado personas ajenas a nuestra comunidad y están escondidas entre la maleza en el río. Nuestras familias están preocupadas de que pueda haber un baño de sangre en nuestras comunidades, ya que hay rumores que quieren nuevamente atacar a la comunidad como ocurrió el 31 de mayo de 2019. En esta fecha se internaron en nuestros territorios más de 500 personas derribando con trascabos nuestras casas, quemando el maíz y robando nuestro ganado. De la misma forma, todos iban armados con armas de grueso calibre.

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Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, ya que más de una vez, hemos denunciado estos atropellos. Somos originarios de San Pablo Cuatro Venados y las tierras que habitamos pertenecieron a nuestros ancestros. Tenemos el conocimiento que en nuestras tierras se han expedido por lo menos 3 concesiones mineras: estas son: Título 217598, expedido en 2002, ubicada en el Lote Cuatro Venados, con una superficie de 132 hectáreas; Titulo 227548 expedido en el año 2006, ubicada en el Lote la Soledad, con una superficie de 3600 hectáreas; La tercera concesión abarca los municipios de Cuatro Venados y San Miguel Peras, ubicada en el Lote Moisés, que abarca una superficie de 1400 hectáreas, con el titulo 242664, expedido en el año 2013. Estas tres concesiones tienen por objetivo explotar principalmente oro y plata.

Sabemos que quieren neutras tierras para venderlas, de la misma forma el agua. Dejamos claro a los tres niveles de gobierno que vamos a defender la memoria y dignidad de nuestros abuelos que han luchado y defendido este territorio.

Comuneras y comuneros de la Rio Minas y paraje los Arquitos.

localidad

el

Rebollero,

¡Nunca más un México sin nosotros¡

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RECOPILATORIO CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 17 de febrero 2021