Con el crédito bajo mínimos, el alquiler cobra fuerza como alternativa a la necesidad de vivienda. Sin embargo, el temor de los propietarios a los impagos y la atadura de las “prórrogas forzosas”, y las penalizaciones impuestas a los inquilinos por renunciar al contrato sin respetar el plazo pactado, entre otras cuestiones, no contribuyen a fomentar esta vía.
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uando nos planteamos cambiar de vivienda, aparecen ante nosotros dos opciones claramente diferenciadas: la compra y el alquiler. En nuestro país, la cultura de la propiedad de la vivienda que habitamos está absolutamente arraigada en nuestra forma de vida. De hecho, España es el noveno país de Europa con el mayor porcentaje de viviendas en propiedad, el 83%. Eso quiere decir que, con sólo un 17% de las viviendas en régimen de alquiler, estamos nada menos que 21 puntos por debajo de la media europea, situada en el 38%, y a años luz de países como Suiza, donde hay más viviendas en alquiler que en propiedad. Hasta hace unos años, la facilidad de acceso al crédito, unida a una, quizá exagerada, necesidad de sen-
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tirse seguro en nuestro hogar, propiciarion un incremento espectacular en el número de compraventas. Pero la situación ha cambiado radicalmente: el grifo del crédito se cerró, y no hay perspectivas de que vuelva a fluir a corto plazo, y cada vez son menos ciudadanos quienes pueden permitirse comprar una vivienda. El campo parece abonado, por tanto, para que crezca el alquiler. Sin embargo, y a pesar de que existen casi 3,5 millones de inmuebles vacíos en nuestro país, el mercado de alquiler sigue sin despegar, fundamentalmente por la desconfianza y la falta de seguridad de los propietarios, atemorizados ante la posibilidad de que su inquilino incumpla su obligación de pagar la renta mensual y tengan que embarcarse en un farragoso y larguísimo procedimiento judicial que, en oca-
siones, termina con el desahucio de un arrendatario que se declara insolvente y que, además, destroza la vivienda. La reforma Es evidente que desde 1994, año en el que se aprobó la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, el mercado de la vivienda en nuestro país, así como la propia sociedad española, ha cambiado notablemente, evolución que se ha acentuado, aunque no de forma voluntaria, en los últimos cuatro años. Por ello, el Gobierno ha creido necesario, y probablemente estuviera en lo cierto, reformar la norma que regula los alquileres de vivienda buscando, fundamentalmente, más agilidad, más flexibilidad y más seguridad para ambas partes. ¿Lo habrán conseguido? Desde el pasado 6 de junio, todos