Políticas de vivienda en España. El fomento de la promoción y adquisición de vivienda con carácter r

POLITICAS DE VIVIENDA EN ESPAÑA El fomento de la promoción y adquisición de vivienda con carácter regional Antonio García Fernández∗

1. Introducción La realidad del sector de la vivienda y el sector Inmobiliario en España está muy alejada del entorno europeo al que se intenta homologar: menor inversión pública (en 1997 un 1% del PIB con 4507.6 millones de euros frente al 1,5-3, 5 europeos), mayor peso de la ayuda fiscal frente a la directa (70% fiscal, 30% gasto directo con 1322.2 millones de euros), al contrario que en Europa en España solo el 26% del gasto se dedica a vivienda protegida, el resto es para vivienda libre; el 5% para alquiler, y un 5% para rehabilitación. De los 601 millones de euros de los presupuestos generales del estado en vivienda en 1997, el 70% se ha dirigido a subvenciones y subsidios de tipos de interés derivados de compromisos de gastos de planes de vivienda anteriores (faltan por incluir unos 3305.6 millones de euros derivados de planes anteriores al 1992-95 durante los próximos 10 años).

Aquí tenemos la mayor tasa de viviendas vacías y secundarias de Europa (aproximadamente 15% de cada una) y la menor de viviendas en alquiler (10-12% frente a 30-35% europeos) y de viviendas públicas en alquiler; la mayor tasa de esfuerzo para acceder a vivienda (6,5 de media frente a 3,5 a 4 aceptables y 2,5 a 3 de los medios occidentales); rigidez en el sector inmobiliario y falta de diversidad tipológica. No hay una repuesta por parte del mercado y las políticas estatales no cubren la ya existente demanda de vivienda fundamentalmente joven e insolvente (el 85% con ingresos inferiores a 5 veces el S.M.I.-salario mínimo interprofesional) y también demandas por disminución del tamaño de los hogares (que pasarán de 3,3 a 2 personas por hogar, en el país con menor natalidad del mundo) y por mayor consumo de suelo por habitante. De entre un máximo de 200.000 a 300.000 viviendas en construcción de todos los tipos en los últimos años, un 80% son libres, 18%V.P.O en régimen general y especial, y no más de un 2% publicas. <1> ∗

En un país de urbanización reciente, con antiguas ciudades que han crecido muy rápido en los últimos 40 años, donde dos de cada tres españoles viven en áreas urbanas, las políticas de vivienda como aquellas de transporte se aplican sobre un modelo urbano que prioriza la extensión de aglomeraciones urbanas desarrolladas en bloques de vivienda. La estructura de las actuales políticas se sustenta en un modelo caracterizado de neoliberal, tendente a un urbanismo más desregulado, que disminuye el control del espacio colectivo a través del aumento de infraestructuras viarias, no intervención en el mercado de la vivienda al no construir o construir menos viviendas de promoción pública ó alquiler, y liberalizar el mercado del suelo urbanizable ampliando la clasificación del suelo urbanizable.

Esta combinación de infraestructura viaria, flexibilización del mercado del suelo y no intervención, permite extender las áreas urbanas y encontrar vivienda más barata cuanto más alejada de la ciudad central, produciéndose un vaciado residencial de los centros por terciarización, degradación, y obsolescencia de parte de la vivienda existente y de la ciudad misma. Su consecuencia visible más importante es la dispersión de iniciativas constructoras urbanizadoras escasamente controladas, la división social del espacio con una menor eficacia de los equipamientos colectivos que a partir de determinadas densidades son más escasos, y la necesidad del uso extensivo del automóvil con las graves consecuencias medioambientales que provoca. <2> En este contexto hablar en exclusiva de vivienda rural y de las políticas de vivienda en el rural español, como pretendía, se hace difícil. En parte porque España se divide administrativamente en autonomías y estas elaboran su propia política de vivienda, y también porque las políticas de vivienda en España se contemplan mayoritariamente hacia la producción de

Antonio García Fernández. Delegado del CYTED por España en la red XIV-E “vivienda rural y mejora de la calidad de vida en los asentamientos rurales Iberoamericanos”, arquitecto con la especialidad de urbanismo por las universidades de A Coruña-España y Lille-Francia, Master en restauración por el ITG, Master of Science in architecture por la TUDelft-Holanda, y profesor de la Escuela de Arquitectura CESUGA de la UCD-University College Dublín (Irlanda).

Dirección profesional: Rúa General S.Martín, nº5-baixo. 15008. A Coruña. Email: tonigf@mail2.udc.es

vivienda urbana o la repetición de modelos urbanos en gran parte del territorio.

Caracterizándose por el fomento de la promoción y adquisición de vivienda y su carácter regional autonomista, y descontando las políticas en materia de vivienda rural de las autonomías, que suplen y amplían a las exiguas cantidades de inversión y normativas dedicadas al fomento de la vivienda rural por parte del Estado antes del traslado de competencias a las Autonomías, la política general de vivienda en España engloba a todo el territorio sin división rural-urbana y se dice se diseña para las condiciones especificas del momento económico del país y de sus habitantes. En esta situación, este ensayo que se pretendía tratase en exclusiva de las políticas de vivienda rural, habrá de hacer referencia al diseño global de la política estatal de vivienda, a sus programas de vivienda resumidos a partir de la democracia en las VPO y VPT, para terminar hablando de política de vivienda en las Autonomías.

2. Antecedentes El nacimiento de las políticas de vivienda en España tiene su base en una característica común que las asocia a las del resto de Europa a fines del siglo XIX y principios del XX, con una perspectiva higienista, su denominación es de políticas de vivienda social dirigidas a remediar la escasez, en muchos casos inexistencia de vivienda para las clases más pobres, que en el caso español eran con diferencia las más numerosas.

Pero no será hasta la entrada en vigor de la Ley de Casas Baratas de 12 de Junio de 1911, cuando se inauguré verdaderamente la intervención administrativa en el ámbito de la vivienda en España. Esta ley se basaba en la estimulación de la acción privada, sin prejuicio de la acción directa de la propia Administración Pública. Aquí nace la verdadera vocación de la intervención pública en el ámbito de la vivienda en España: el fomento de la promoción de viviendas por la iniciativa privada, sin prejuicio de otras eventuales técnicas de intervención (promoción pública y rehabilitación de viviendas). Continuando con la Ley de 19 de Abril de 1939, por la que se crea el instituto Nacional de Vivienda (INV), centralizando las medidas de fomento de viviendas denominadas “protegidas”, además de constituirse con el

tiempo en un sistema público de promoción directa de vivienda, y paralelo al de la iniciativa privada, siempre mayor cuantitativamente hablando.

El fomento de la promoción y adquisición de vivienda se ha convertido en el hilo conductor en la intervención de la Administración Pública, y núcleo central, aunque no exclusivo, de las políticas de vivienda. Las sucesivas leyes y regímenes jurídicos protectivos que se han ido aprobando desde la Ley de Casas Baratas guardan este espíritu: la Ley Salmón de 1935, la legislación de viviendas protegidas, la relativa a las viviendas de clase media y bonificable, las de renta limitada, el régimen de las viviendas sociales, sistema de las viviendas de protección oficial... Hasta llegar a la actualidad, dentro de un proceso democrático en el que el art.47 de la Constitución española de 1978 establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”, y en acuerdo a este artículo las políticas de vivienda utilizan instrumentos que aún no han sido capaces de resolver de forma absoluta su objetivo de posibilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda. Los tipos de técnicas de intervención utilizadas son: protección de la promoción y adquisición de viviendas, promoción pública de viviendas, protección pública a la rehabilitación de viviendas y la promoción de suelo para la construcción de viviendas protegidas. <3> 3. Programas públicos de vivienda del período democrático VPO-VPT Desde el establecimiento de la Constitución democrática en 1978 España ha vivido un proceso de descentralización gubernamental que ha tendido hacia un diseño de Estado Federal. Gobierno Central, Gobiernos regionales (también llamados Comunidades Autónomas o Autonomías) y Municipios coordinan las diferentes políticas.

En teoría las competencias sobre Vivienda y Urbanismo han sido transferidas a las Autonomías, pero en la práctica el Gobierno Central aún cuenta con un papel decisivo asumiendo el diseño de la legislación general de política de vivienda y su control financiero, siendo también el responsable único de la política fiscal y quien establece las exenciones para la adquisición y alquiler de vivienda.

En algunos casos las Autonomías desarrollan su propia legislación, siempre

en línea con la propuesta por el Gobierno Central. Existen importantes desigualdades económicas entre Autonomías por lo que se ha procurado que cada región aplique la legislación acorde a sus necesidades.

Las autoridades locales, Municipios o Ayuntamientos, son los responsables de promover suelo para la construcción de vivienda dentro de sus términos municipales. Ambos, Gobierno Autónomo y Ayuntamientos establecen legislaciones específicas a sus jurisdicciones, entre ellas figuran el desarrollo de vivienda social para alquiler o venta. Correspondiendo a las Autonomías la planificación territorial y a los Ayuntamientos el control y la descripción en detalle de los usos del suelo compilados en el Plan General Municipal.

La transferencia a las Autonomías de competencias “exclusivas” en materia de vivienda, permitida por el art. 148CE, ha supuesto, fundamentalmente, la gestión de ayudas económicas procedentes de los presupuestos generales del estado y la previsión de ayudas complementarias a los programas estatales y, en menor medida, la programación de fondos propios. A partir del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de Octubre 1978, se manifiesta un abandono al fomento de la promoción de viviendas en favor de ayudas a los adquirientes, en línea con la evolución de las políticas de vivienda de los países occidentales, que a partir de la crisis económica de fines de los 70 disminuyen las políticas públicas de promoción (directa) de viviendas, en beneficio de medidas de protección a la promoción y adquisición de viviendas, incidiendo sobre la protección al adquiriente. La mayor parte de esta promoción directa de viviendas se realiza en suelo urbano y para poblaciones urbanas, dentro de un marco social de abandono del rural y de la agricultura, las ayudas a la adquisición de viviendas que de forma global se ofrecen para todos los españoles, terminan incidiendo mayoritariamente sobre poblaciones urbanas.

Las medidas de promoción y adquisición de viviendas de la legislación de vivienda estatal pasan por medidas de protección fiscal y medidas directas de protección (financiación de la promoción inmobiliaria mediante prestamos cualificados, subvenciones, o ayudas a los promotores; mecanismos de protección para la urbanización o adquisición de terrenos para

la construcción de viviendas; ayudas a la adquisición de viviendas mediante subsidiación de créditos, subvenciones y incentivos fiscales). Estas se completan con las ayudas complementarias que prevén las autonomías, bien aumentando las ayudas previstas, bien protegiendo actuaciones no previstas por la normativa estatal.

De menor relevancia cuantitativa en cuanto al número de viviendas producidas y por el número de productores, son el resto de técnicas de intervención legislativas. La promoción pública de viviendas se ha centrado en los últimos años en la construcción de viviendas para realojo y acceso a vivienda de los más pobres. La protección pública a la rehabilitación de viviendas comienza en España a raíz del Real Decreto-Ley 12/1980, de 26 de Septiembre 1980, y del Real Decreto 2329/1983, de 28 Julio 1983, normativa que cubría la actuación pública ante el deterioro del patrimonio inmobiliario y de calidad del espacio habitado, tanto en el ámbito urbano como rural. La promoción de suelo para la construcción de viviendas protegidas es inmediata a la promoción pública de viviendas, sucede que las viviendas objeto de promoción pública solo se construyen allí donde el precio del suelo lo permite, desde los años 80 el aumento del precio del suelo ha sido causa del gran descenso en la construcción de vivienda protegida. <4> 3.1. Vivienda de Protección Oficial (VPO).

El más popular de los proyectos de vivienda españoles ha sido la vivienda subvencionada o vivienda de protección oficial (VPO). Un edificio es clasificado como VPO antes de su construcción con relación a una normativa en la cual podemos destacar que el área total habitable no superará los 90m2, los materiales usados en la construcción han de cumplir normas estrictas de calidad, y el precio de la vivienda resultante ha de ser más bajo que tres veces el fijado por el Gobierno. El precio de venta de las VPO es generalmente más bajo que el ofrecido en el mercado inmobiliario a igual categoría dependiendo de la zona de España donde se construya.

El sistema de VPO se divide en dos categorías dependiendo de los ingresos familiares:

•

•

de “régimen general”. El préstamo llega a un máximo del 80% de precio máximo de venta, a pagar en 15 años en el caso de propietarios y edificaciones para venta, y 10 años para alquileres.

Cuando el comprador posee unos ingresos muy bajos la ayuda financiera se acoge al llamado “régimen especial”; el préstamo a compradores y constructores llega a un máximo del 80% del precio máximo de venta, a pagar en 25 años.

Cuando los ingresos son bajos o medios la legislación los define como

Familias que reciben subvenciones a la vivienda (% del total de familias) 1980 1985 1990 1993 Alemania 6.00 5.70 6.30 Dinamarca 12.7 15.2 18.5 21.0 España 31.9 27.5 25.4 21.5 Finlandia 15.8 13.7 12.6 15.9 Francia 10.5 21.7 21.3 24.3 Holanda 8.00 13.0 16.0 14.0 Inglaterra 16.0 22.0 17.0 19.0 Irlanda Suecia 13.0 9.00 11.0

1995 22.0 17.8 18.1 26.7 14.1 20.0 8.90 13.0

Ministerio de vivienda, Holanda (1997)

Se pueden distinguir tres periodos desde la aparición del sistema de VPO: • Hasta 1986, sobre el 50% de las nuevas viviendas creadas eran VPO • Desde 1987 la construcción de VPO disminuyó significativamente siendo reemplazada por construcción privada, debido a la reducción de la demanda por aquellos sectores de la población a quienes se destinaban y al alto costo a pagar por el suelo urbanizable. Lo que impidió que en zonas del país se

•

construyesen VPO, al ser imposible para las constructoras mantener los precios y calidades demandadas por VPO. En el plan de vivienda 1992-95 y a continuación se incrementa el libre mercado de vivienda, de esta liberalización resulto la creación de un nuevo tipo de vivienda social subvencionada: la vivienda de precio tasado (VPT).

Evolución de la construcción de VPO y viviendas del mercado privado (x 1.000 unidades) VPO Mercado privado Total Programa de vivienda

1978 – 80 1981 – 83 1984 – 87 1988 – 91 1992 – 95 1996

402.5 420.8 484.3 221.7 231.7 60.30

418.1 285.8 404.2 774.3 714.9 224.3

820.6 706.6 888.5 996.0 946.6 284.5

Ministerio de Fomento. España (1996)

En resumen, podríamos destacar que el VPO, este tipo de vivienda social de la década de los 1980, ha nacido fruto de las características del mercado inmobiliario y la demanda de la población española del momento.

Teóricamente estos dos conceptos han determinado el tipo de intervención del Gobierno. La obtención de vivienda ha sido y continua siendo uno de los principales problemas de las familias españolas. Destacando que el actual significado de “obtención” y “demanda” de vivienda parte del hecho de la tenencia o

residencia en otra vivienda con los mínimos habitacionales garantizados. Lo cual no significa que se haya erradicado la necesidad de acceso a vivienda de los más pobres.

Hoy en España distinguen dos tipos básicos de necesidades de vivienda, la de primera residencia y la de alta calidad. Para aquellos que buscan su primera vivienda los problemas existen debido a su alto costo y a la escasa alternativa en las opciones que no sean la compra en

propiedad. Si a esto añadimos que los demandantes de primera vivienda son generalmente personas de primer empleo y jóvenes, debido a la inestabilidad del mercado laboral su acceso a una vivienda se hace difícil.

En la demanda de vivienda de alta calidad influyen las características del marcado inmobiliario español, que hace más atractiva la adquisición de una vivienda que vivir de alquiler.

Estado de la propiedad de las viviendas (%) 1980 alquiler/ propiedad/ otros

Alemania Bélgica Dinamarca España Finlandia Holanda Inglaterra Irlanda Italia Portugal Suecia

39 41 19 41 25 58 45 24 36 39

61 52 75 47 75 42 55 76 59 52

8 12

5 5

1985

1990

alquiler/ propiedad/ otros

alquiler/ propiedad/ otros

55 41 39 57 38 38

43 53 51 43 62 57

2 6 10 -

5

58 42 18 40 23 55 33 19 30 36

38 51 76 54 77 45 67 81 67 58

4 7 6 6

3 6

Estadísticas de Vivienda. EU-Unión Europea (1992)

3.2. La Vivienda de Precio Tasado (VPT) Durante los años 1990 se ha hecho un esfuerzo gubernamental importante en lo que atiende a la aceleración de reformas pendientes relacionadas con vivienda en general, medidas para la mejora del mercado hipotecario, revisión de la legislación sobre arrendamientos y aprobación del programa de vivienda 199295 (real decreto 1932/31).

El Gobierno Central y el sector financiero establecieron un acuerdo por el que más de 400.000 viviendas hubieron de ser construidas al amparo del programa de vivienda 1992-95 y 157.000 bajo el programa de 1996. Destacando el enfoque hacia nuevos desarrollos de vivienda, compra de vivienda y renovación de las existentes (especialmente la de alquiler).

En suma, las actividades del programa implicaron una transferencia de recursos financieros, públicos y privados, al sector de la construcción.

Estos programas establecen para cada Autonomía un número de viviendas de bajo coste. Dependiendo de sus necesidades, los gobiernos autónomos establecen las cantidades de vivienda, siendo el Gobierno Central quien finalmente decide, a expensas del máximo número de viviendas cualificadas como VPO y VPT dentro del programa de vivienda.

El balance final es resultado de las particularidades políticas económicas y

territoriales. El gasto final resulta de una combinación entre negociaciones políticas y criterios económicos tales como la cantidad de población entre 22-44 años, la cantidad de familias de bajos ingresos, el número de municipios con población mayor de 100.000 hab., y los usos del suelo derivados del ordenamiento urbanístico del territorio.

Las VPO han sido mantenidas hasta el programa de vivienda de 1996, la desaparición de estas y la creación de las VPT, marca el cambio en una definición de propósitos dentro de las políticas públicas en España, basadas genéricamente en la oferta de vivienda o vivienda adecuada para la gente de menos recursos. Sin embargo, los instrumentos usados para alcanzar este objetivo han cambiado con el tiempo. Las ayudas a la construcción han sido reemplazadas por descuentos, lo que se traduce en una reducción en la intervención directa del estado a favor de otras formas que puedan combinarse con las existentes en el actual mercado inmobiliario. Lo que se refleja claramente en el nombre dado a la última de las categorías de vivienda subvencionada: Vivienda de Precio Tasado (VPT).

En las VPT la subvención únicamente se presta a compradores. Como su nombre indica, es una ayuda a la financiación de compras de vivienda para ventas bajo precios prefijados de antemano. Una vivienda nueva o de segunda mano puede

ser considerada como VPT si el área total habitable no supera los 120m2, si no se compra por razones especulativas, y si el precio de la vivienda resultante no excede al fijado por el Gobierno (este lo establece según la población del municipio y los ingresos familiares).

4. Políticas de vivienda Autonómicas La política de vivienda de cada Gobierno Regional (Autonomía) posee su propia dinámica, pese a ello, generalizando, podemos establecer dos grandes etapas en su evolución: • La primera comienza con el traspaso de competencias en materia de vivienda, abierta con el Real Decreto 159/1981, de 9 de Enero 1981, sobre transferencia de servicios del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de patrimonio arquitectónico, edificación y vivienda, hasta el Real Decreto 1926/1985, de 11 de Septiembre 1985, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda. Este período que casi abarca toda la década de los 80 se caracteriza por el control estatal de las políticas de protección a la promoción y adquisición de vivienda, y la gestión de los programas estatales por parte de la Autonomías, sin participación de estas en la definición de las políticas estatales y la inexistencia de políticas propias. Una excepción son las de Euzkadi y Catalunya, la primera establece un sistema normativo alternativo y la segunda medidas complementarias (ayudas a compradores de viviendas no acogidas al régimen de protección oficial, o sobre ayuda para alquileres).

• La segunda etapa se abre con la Sentencia del Tribunal Constitucional 152/1988, de 20 de Julio 1988, que resuelve recursos de inconstitucionalidad relativos a normas estatales y autonómicas de protección a la promoción y adquisición de viviendas.

Esta refuerza las competencias estatales en materia de vivienda, y da lugar a la concertación de las políticas de vivienda del Estado y la mayoría de las autonomías (excepto Navarra y Euzkadi, con un modelo de financiación de recaudación

tributaria directa, mayores competencias que el resto de autonomías y mayor libertad normativa), a través de las conferencias sectoriales de vivienda y los convenios entre Estado y Autonomía. Esta Descentralización compatibiliza las actuaciones estatales relativas a promoción y adquisición de viviendas, con normativas propias y diferenciadas por parte de las Autonomías.

Desde el establecimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional en 1988, además de la competencia de desarrollo de las bases de la planificación económica, todas las Autonomías poseen competencias exclusivas sobre vivienda, pudiendo diseñar medidas de protección propias en relación con las circunstancias socioeconómicas de su territorio, sin que deban atenerse en su configuración a límite alguno por respeto a la norma estatal, ya que esta no establece expresamente criterio de actuación alguno con respecto a la adopción de medidas de fomento por parte de las Autonomías. Además de normas autonómicas sobre promoción pública a la vivienda o la protección a las viviendas rurales, ámbitos sobre los que las Autonomías han normado en práctica ausencia de normativa estatal, se han podido establecer normas y medidas de protección a la promoción de viviendas y a su adquisición no coincidentes con las establecidas por el Estado. <5> Un particular ejemplo en el desarrollo de las competencias en materia de vivienda, y más tratando de vivienda rural, lo encontramos en Euzkadi. Comenzando por el Decreto 349/1985, de 5 de Noviembre 1985, sobre ayudas económicas a la promoción, adquisición y rehabilitación de viviendas en el medio rural (BOPV, nº 323, de 14 Noviembre 1985) y continuando con el Decreto 213/1996 que entre otros establece la modalidad de VPO de baja densidad, con el objeto de adecuar esta modalidad protectora a las peculiaridades de los núcleos de población rural vascos.

Con menores competencias que Navarra y Euzkadi se sitúan el resto de Autonomías, a pesar de una menor riqueza normativa, siguiendo la legislación sobre actuaciones en el medio rural de alguna otra Autonomía, tomaré como ejemplo a Galicia, se ofrece un amplio panorama que ha

enriquecido la normativa estatal y resume la diversidad del estado actual en el diseño de políticas de vivienda rural en España, objetivo inicial de este ensayo.

Políticas autonómicas de vivienda rural en Galicia (Actuaciones en el medio rural): • Rehabilitación.

Se abre la normativa con el Decreto 142/1992, de 5 de Junio 1992, sobre subvenciones a fondo perdido para rehabilitación de viviendas en el medio rural de Galicia, así como su adecuación al medio ó a la tipología propia de cada zona. Considerando a las viviendas unifamiliares de entidades de población menores a 500hab.; en núcleos entre 5001500hab. con planeamiento municipal vigente, siempre que los núcleos sean rurales o de ser urbanos siempre que la ordenanza de planeamiento contemple como compatible el uso de vivienda unifamiliar. Y viviendas unifamiliares en núcleos entre 5001500hab. sin planeamiento municipal siempre que las viviendas tengan un claro carácter rural y no sean características de aglomeraciones o concentraciones urbanas. Pudiendo optar a estas ayudas que alcanzan un 30-40% del presupuesto de obra, los emigrantes gallegos no residentes, todos los residentes por un mínimo de 3 años, y todos los que tengan ingresos que no excedan 2,5 veces el salario mínimo. Y continua la legislación con la Orden del 28 de Julio de 1992 de desarrollo del Decreto 142/1992, de 5 de Junio, sobre subvenciones a fondo perdido para rehabilitación de viviendas familiares en el medio rural.

• Reconstrucción.

Se abre la normativa con el Decreto 226/1992, de 24 Julio 1992, ampliado en la Orden de 22 de Septiembre de 1992, sobre subvenciones a la reconstrucción de viviendas unifamiliares en el medio rural. Este Decreto nace como respuesta a necesidades de conservación de viviendas rurales no cubiertas con las puntuales actuaciones de rehabilitación, al encontrarse que muchas viviendas quedaban fuera de los programas de ayuda estatal y autonómica, obligando a sus propietarios a una nueva construcción, demoliendo o abandonando la

•

anterior, o a actuar de forma clandestina e incontrolada con imprevisibles y negativas repercusiones en la seguridad de la vivienda y en la conservación de la preexistente. Las actuaciones se traducen fundamentalmente en reestructuraciones interiores, reconstrucciones integrales y ampliación de la vivienda. Se pretendía e imponía como condición la conservación de la tipología y elementos significativos de la vivienda original, dentro de la filosofía que mueve a todos estos programas de salvaguardar patrimonio y mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales. Los criterios de elección de las viviendas eran los mismos que para rehabilitación, y la diferencia aquí estaba en que solo podían acceder a estas ayudas las viviendas con al menos 40 años de antigüedad, destinadas a domicilio habitual, con propietarios que no superen 3,5 veces el salario mínimo.

Autoconstrucción.

Se inaugura la normativa con el decreto 107/1992, do 30 de Abril 1992, sobre medidas de financiación cualificada de la autoconstrucción en el medio rural; complementado con la orden del 5 de Junio de 1992 por la que se regula la concesión de ayudas a la autoconstrucción en el medio rural. Hasta este momento no existía una normativa dirigida a la definición y regulación de ayudas a la autoconstrucción de vivienda nueva en el medio rural. Esta nace como intento de orientar la gran cantidad de vivienda nueva que se construía y construye en entornos no urbanos, en muchas ocasiones sin control administrativo, e inclusive sin dirección técnica. En colaboración con el Colegio de Arquitectos se convoco un concurso de tipos arquitectónicos de vivienda en atención a su situación geográfica y se elaboró un catálogo de modelos-tipo a escoger por promotores y propietarios en condiciones con prestamos a bajo interés, créditos y subvenciones. Estas condiciones diferían si los ingresos eran inferiores a 2.5 veces el salario mínimo, o hasta 5.5 veces. Y las modalidades de vivienda eran dos: las que no excedían de 90m2 de superficie útil o de 150m2 útiles.

•

Infravivienda.

Se abre la normativa con el Decreto 343/1992, de 26 de Noviembre de 1992, de ayudas a los ayuntamientos para la infravivienda rural. Estas nacen como complemento a las ayudas para rehabilitación, al dar respuesta a casos de personas que carezcan de posibilidades para aportar parte del presupuesto de la obra, al estar concebidas las ayudas a rehabilitación como subvenciones por el importe de una porcentaje de las obras. Su filosofía es la de poner a disposición de familias sin medios económicos la posibilidad de alcanzar una vivienda digna, manteniendo su integración en la zona geográfica donde se afincan.

Los tipos de actuaciones se dividen en dos: aquellas en infraviviendas o terrenos propiedad de los afectados (rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción), y actuaciones en edificios o terrenos del ayuntamiento (acondicionamiento de edificios para uso de vivienda, y nueva construcción). En 1993 se concedían 10.000.000pts a cada ayuntamiento para infravivienda, de este total la ayuda a cada particular alcanzaba el 80% del presupuesto para ayuntamientos de población inferior a 50.000hab. y 50% en el resto.

He considerado que sería difícil comprender la legislación sobre vivienda rural si no describía la evolución de las políticas estatales de vivienda (que cuantitativamente han tenido más repercusión en ámbitos urbanos que rurales), y ahora con su diseño regional.

Por su mayor interés, este ensayo lo es sobre políticas de vivienda en España, y no en exclusiva sobre políticas de vivienda rural, al considerar que la vivienda en el rural se contemplaba dentro de los planes de vivienda y es en estos últimos quince años de política regional autonómica cuando mayor atención han recibido las políticas de vivienda en el medio denominado rural.

5. Conclusiones Una de las características de las políticas de vivienda españolas es que históricamente han sido dirigidos a la compra de vivienda. Así se explica que el mercado inmobiliario español haya sido tradicionalmente diferente a la mayor parte de mercados europeos, debido a la alta

tasa de viviendas en propiedad en comparación al número de alquileres. La falta de un importante sector privado dedicado a los alquileres no ha sido equilibrada por el sector público, como ha ocurrido en algunos países europeos en los que existe mayor posibilidad de elección.

Los programas de vivienda del período democrático han seguido una tendencia pareja a los deseos reflejados por el mercado inmobiliario. Han delegado la posibilidad de alternativas diferentes a las ofrecidas por el mercado, en pocos casos han permitido investigaciones y nuevas aportaciones tipologicas, no dando solución al acceso de los más jóvenes y determinando la opción de vivienda de los menos pudientes a la compra, a costa de rebajar el precio de compra, y subvencionar al mercado.

La vivienda de carácter público en la España actual se construye bajo los indicadores del mercado inmobiliario, la única cualidad que la distingue frente a cualquier otra construcción es la rebaja en su precio para personas de rentas menores a la media. Cada vez se construyen menos viviendas de promoción pública y allí donde el precio del suelo lo permite, cada vez más alejadas de los centros urbanos y en lugares con baja dotación social, su incidencia en áreas consideradas rurales es aún más baja, siempre deficitaria, y depende de la política que cada autonomía elabora como complemento a la política estatal, casi siempre dirigida al fomento de la promoción y adquisición de vivienda.

Los programas de vivienda en la década de 1990 han sido positivos en sus datos cuantitativos, pero aún persisten problemas tales como la inadecuada relación entre los que desean vivir de alquiler y la renta a pagar, y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda.

Aún teniendo en cuenta la disminución poblacional (España es ahora mismo el País del mundo con menor índice de natalidad) y lo construido, se dice que no se llega a los índices de nº de viviendas de los países europeos (en los años 1960 en España había 253viv x 1000 familias, hoy ha crecido hasta las 300viv., menor que las 453viv. de Alemania, las 398 de Francia o las 338 de Italia), se dice que aún hay necesidad de vivienda y más para personas de rentas baja y media, aunque más que déficit en vivienda construida existe un mal reparto de la existente.

Precios máximos de venta de las viviendas sociales españolas 1996 en pesetas/m2 VPO VPO VPT Area geográfica

Madrid y Barcelona Areas de influencia >1 millón habitantes De 500.000 a 1millón De 100.000-500.000 < 100.000 habitantes

Régimen general

Régimen especial

136.379 116.763 112.092 99.415 87.167 80.963

113.960 97.146 93.410 82.846 72.639 67.444

172.809 158.797 140.115 124.269 108.958 101.166 El autor, según datos de Pareja & San Martín 1996 1 euro = 166,386 pesetas Precio del m2 construido en las 7 ciudades más grandes de España en pesetas/m2 Habitantes Precio m2 1995 Precio m2 1998 ciudad Madrid 2.881.506 207.216 209.091 Barcelona 1.505.581 180.525 200.018 Valencia 739.412 95.198 105.861 Sevilla 701.927 114.095 113.864 Zaragoza 603.367 105.928 115.759 Málaga 528.079 92.127 99.419 Bilbao 358.467 164.902 189.425 Ministerio de Fomento. España 1999 1 euro = 166,386 pesetas Ingresos anuales de los subvencionados en el programa 1992-95 en millones de pts < 1 millón 1-3 3 - 4.3 4.3 – 5.3 > 5.3 Programa

VPO VPT - existentes

16.4 16.6 15.7 17.5

67.6 66.2 64.6 67.8

13.6 15.2 17.1 13.4

1.7 1.7 2.1 1.2

0.6 0.3 0.5 0.2

TOTAL

16.6

66.4

14.9

1.7

0.4

- nuevas

Dirección General dÁccions Concertades, Arquitectura i vivenda. Generalitat de Catalunya Notas <1> Teresa Arenillas, “Datos numéricos de interés sobre vivienda”. Informe IU-Vivienda. <2> Ramón López Lucio, “Modelo de ciudad y patrimonio construido”. Informe IU-Vivienda. <3> Felipe Iglesias González, “Administración Pública y Vivienda”, pag.30-31. <4> Felipe Iglesias González, “Administración Pública y Vivienda”, pag.82. <5> Felipe Iglesias González, “Administración Pública y Vivienda”, pag.268-70.

Bibliografía De Teran, Fernando

1978

García Fernández, Antonio

2003

Iglesias González, Felipe

2000

Martínez Pardo, Maite y otros 1997 Pareja, M. & San Martín, I.

1999

Redondo López, J.A. y otros

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Sambricio, Carlos

2003

“Planeamiento Urbano en la España contemporánea. Historia de un proceso imposible” ISBN: 84-252-0711-8 ED>Gustavo Gili, s.a. Barcelona. 662pp.

“La vivienda Social Hoy. El caso de España” ED>(articulo) Revista Esencia Espacio, nº 19.

IPN-Instituto Politécnico Nacional. México DF. México “Administración pública y vivienda” ISBN: 84-711-391-0 ED>Montecorvo, s.a. Madrid. 439pp.

“Informe sobre vivienda en España” resumen de las ponencias de las “Jornadas de debate sobre vivienda” ED>IU-Federal. Madrid “General trends in financing Social housing in Spain” ED>(articulo) Urban Sudies, vol.36, Nº4, p. 699-714.

“Normativa galega sobre a vivenda” ED>I.G.V.S. Xunta de Galicia. A Coruña. 426pp ISBN: 84-453-1640-0 “Un siglo de vivienda social (1903/2003)” Catalogo de la exposición organizada por el Ministerio de Fomento, Ayto. de Madrid y Consejo economico y social (CES)