Domingo 31 de marzo de 2013 o 11
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Inmujeres especial
En el Senado
Pronto se reflejará nuestro compromiso con las mujeres; no es momento de bajar la guardia ESPECIAL
particularmente difíciles, de cuidados alternativos y de un entorno seguro y protector. Atendemos también, los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo, que llama a reconocer el derecho de pensión a los huérfanos y la asignación de apoyos financiados con fondos públicos. Las niñas, niños y jóvenes en situación orfandad suelen ser más vulnerables y están expuestos a ser víctimas de la violencia, explotación, trata de menores, discriminación y toda clase abusos. Los jóvenes, por su parte, aportan en algunas ciudades del país, hasta el 50 por ciento de los muertos por la guerra entre bandas del crimen organizado. Para ellos, la escuela se puede transformar en una extraordinaria alternativa al garantizarles instrucción, desarrollo de capacidades, movilidad social, formación en valores y ciudadanía cívica. De ahí la importancia de garantizar que, a pesar de la ausencia de sus padres, en este caso, de su madre, estos niños y jóvenes puedan estudiar. Es claro que con este nuevo programa, hacemos efectiva la Legislación Nacional en materia de Derechos del Niño, contenida en el artículo 4º constitucional y en el artículo 25º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este seguro de vida, lleva implícito el reconocimiento de los niños como portadores de derechos, y sobre todo uno fundamental, el derecho a la educación. Esta nueva política pública es producto de la iniciativa y visión de la nueva administración federal, preocupada por el bienestar de aquellos grupos de la población que se encuentran al margen de la protección del Estado, y es también, una muestra palpable del nivel de consensos que se están alcanzando entre las diferentes fuerzas que integran la pluralidad del Congreso, que autorizó el presupuesto suficiente para su puesta en marcha. Hoy, la política social, gracias al diálogo constructivo, a la búsqueda de acuerdos que está emprendiendo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la administración pública se está convirtiendo en un espacio de unidad de todos los mexicanos, como lo está demostrando también la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la que se han sumado autoridades gubernamentales de los tres niveles, el sector empresarial, la sociedad civil y otros muchos actores sociales. El propósito final es uno: mover a México. T *Secretaria de Desarrollo Social
Alejandra Barrales
L
Alejandra Barrales*
os logros de las mujeres para que se revalore su papel en la sociedad y el reconocimiento de nuestros derechos ha sido constante durante décadas, sin embargo este proceso no ha sido equitativo en la sociedad, ni en el país, ni en la región. Lo ideal sería que cada paso hacia adelante que se da por las mujeres comprometidas con el género en el terreno de las políticas de gobierno, ámbito legislativo, empresarial, laboral, académico, el hogar y el espacio público cambiara los viejos esquemas y patrones de comportamiento de imposición, sumisión, control y violencia, pero no ha sido así. Las cifras no mienten, en un informe elaborado por INEGI en el 2012 sobre la Población Económicamente Activa (POE), de los 18 millones 200 mil mujeres que trabajan, el 60 por ciento, es decir, 11 millones lo hacen en la “informalidad” con salarios bajos, sin prestaciones sociales y tampoco derechos laborales. Pero la situación no cesa ahí ya que el resto 7 millones 200 mil mujeres que laboran en la formalidad, se encuentran en los sectores: comercio, de servicios, vendedoras, profesoras, enfermeras y cuidadoras de niños, los cuales son considerados por algunas porciones la sociedad, por desgracia, de baja productividad. En el ámbito social los resultados encienden los focos rojos ya que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, revela que el 47 por ciento de las mujeres han sido víctimas de un incidente de violencia por parte de su novio, compañero o esposo en algún momento de su relación. Las cifras recabadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) concluyeron que durante el pasado sexenio se cometieron 4 mil 112 asesinatos de mujeres en sólo 13 entidades del país. Un informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, durante su visita oficial a México en 2010, concluyó que el acceso a la justicia para las mujeres en nuestro país está en un “limbo judicial”, y esto fue valorado de acuerdo a la información recabada sobre los casos de violencia de género en donde los agentes de las procuradu rías presionaban a las víctimas para que se desistieran de continuar con sus denuncias y resolverlas mediante conciliaciones o mediaciones. Y peor aún, con la medición de la pobreza en México realizada por el Coneval, encontró que 53.7 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza multidimensional,
de los cuales 27.6 millones son mujeres y de esa cifra 6.4 millones viven en una situación de pobreza extrema. Las cifras son alarmantes y desalentadoras, pero no es el momento de bajar la guardia y pensar que el futuro para las mujeres es incierto o poco alentador, todas debemos redoblar los esfuerzos, defender nuestros derechos y reconocer los avances. Si bien es cierto que las oportunidades de trabajo, desarrollo social, acceso a la justicia son desiguales en nuestro país y no responden a lo que las mexicanas verdaderamente aportamos al país, es necesario mantener una tarea permanente para reducir esta brecha de desigualdades. Y cómo se podrá avanzar y ganar en esta lucha, sin duda alguna será generando políticas a favor de la inclusión, igualdad, equidad y mayores sanciones a quienes ejerzan la violencia en contra de las mujeres. Desde el Senado de la República tenemos
un compromiso con las mujeres que pronto veremos reflejado en el diseño de políticas públicas en materia de género, porque queremos que la presencia de las mujeres en espacios de poder incida realmente en la calidad de vida de todas. Por principio de cuentas, hemos detectado la necesidad de complementar aspectos contenidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en lo relativo a la reeducación integral del agresor. No hay razón para la tolerancia ni excusas para que no exista un marco jurídico que tutele el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, en la que los principios rectores sean la libertad, la igualdad y la seguridad. También es conveniente reconocer que se hemos logrado alcanzar importantes triunfos en materia de derechos humanos, pero aún no son suficientes, sin embargo estamos en la dirección correcta. La batalla que hemos dado las mujeres mexicanas ha sido larga, reconocida y con buenos resultados, prueba de ello es que en nuestra ciudad, el Distrito Federal si hace la diferencia a nivel nacional. Aquí las mujeres estamos acostumbradas a levantar la voz para exigir nuestros derechos, denunciar los abusos y arbitrariedades. Con las mujeres, la izquierda ha gobernado la ciudad 15 años con una perspectiva de género, se han creado alrededor de 350 programas sociales, contamos con leyes de avanzada en materia de reproducción y derecho a decidir, institutos que protegen a la mujer y apoyo para madres solteras, entre otros logros. Pero no por ello hay que conformarse, los avances son importantes y los objetivos, son alcanzables, por eso debemos comprometernos las mujeres con las mujeres, contribuir en los cambios de percepción con nuestra generación y las que vienen atrás. De lo que se trata es construir una comunidad que asuma la igualdad y respete la diferencia. No vivimos en el mundo ideal, pero estamos construyendo el andamiaje que permita caminar en un puente de respeto y libertad. T * Senadora del PRD
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